Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01665-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01665-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-01665-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
25 de julio de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01665-01
Demandante: Álvaro Manuel Gómez Armella y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D. C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-01665-01
Demandante ÁLVARO MANUEL GÓMEZ ARMELLA Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA Y JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DE MONTERÍA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales especiales de
procedibilidad. Defecto fáctico y defecto sustantivo. Medio de control
de reparación directa - privación injusta de la libertad. Régimen de
responsabilidad aplicable.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
tutela del 14 de mayo de 2024, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, que dispuso:
«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de tutela solicitado por Álvaro Manuel
Gómez Armella y otros, en relación con el defecto sustantivo, por las razones expuestas en
esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo solicitada por Álvaro Manuel Gómez Armella y
otros, frente al defecto fáctico, por las razones expuestas en esta providencia» 1.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 5 de abril de 20242, los señores Álvaro Manuel Gómez Armella, Manuel Salvador
Gómez, Ofelia del Carmen Armella González, Luis Carlos Gómez Armella, Grace
Johanna Kerguelen Gaviria, Manuela Gómez Kerguelen, Katherin María Gómez
Armella y Luz Amparo Gaviria Vélez interpusieron acción de tutela contra el
Juzgado Quinto Administrativo de Montería y el Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Tercera de Decisión por considerar que las sentencias de primera y segunda
instancia, emitidas en el medio de control de reparación directa nro. 23001-33-33
005-2017-00079-01, vulneraron su derecho fundamental al debido proceso.
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
«Solicitamos sea tutele el derecho al debido proceso y en consecuencia su señoría de forma
comedida sea revocada la decisión emitida por el Tribunal Administrativo de Córdoba el día
06 de octubre del año 2023 de conformidad con los reparos previamente expuestos y en
consecuencia se proceda a estudiar la causa pretendí en virtud del régimen de responsabilidad
objetiva por daño especial.»3. (sic para toda la cita)
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
1 Página 9 del fallo de tutela de primera instancia. Expediente digitalizado. Samai, índice 17
2 Samai, índice 2.
3 Página 30 de la acción de tutela. Samai, índice 2.
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Demandante: Álvaro Manuel Gómez Armella y otros
2.1. El 27 de febrero de 2013, la Policía Nacional capturó, en un retén, al señor
Álvaro Manuel Gómez Armella y a tres personas más por el delito de tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes.
En los antecedentes de la tutela, el actor indicó que ese día se dirigía a una
finca cerca del municipio de Coveñas con su mecánico de confianza a revisar
unas motos y en el camino recogieron a dos personas quienes sabían con
exactitud la ubicación de los vehículos. Dijo que uno de ellos metió al baúl de
su carro una bolsa y que más adelante en el camino recibió la señal de pare
de la policía para una requisa al vehículo y los agentes hallaron un paquete
cuyo contenido tenía las características de cocaína. El señor Gómez Armella
era quien conducía el vehículo y su poseedor.
Por lo anterior, fueron capturados todos los ocupantes del vehículo y puestos
a disposición de la Fiscalía General de la Nación (FGN). Posteriormente, el
Juzgado Promiscuo Municipal de Cereté con Funciones de Control de
Garantías legalizó la captura, imputó cargos y, en audiencia del 2 de marzo de
2013, impuso a los procesados medida de aseguramiento de detención
preventiva domiciliaria.
En audiencia de acusación del 17 de marzo de 2014, uno de los implicados, el
señor Muñoz Blanquiceth, aceptó los cargos y manifestó que era el único
responsable por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Como consecuencia de lo anterior, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de
Montería, en audiencia del 8 de noviembre de 2014 precluyó la investigación
a favor del señor Álvaro Manuel Gómez Armella y ordenó su libertad inmediata.
2.2. Como consecuencia de lo anterior, Álvaro Manuel Gómez Armella y su grupo
familiar promovieron el medio de control de reparación directa contra la
Nación, Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación para que se declarara
su responsabilidad administrativa y patrimonial por la privación injusta de la
libertad de la que fue objeto el señor Gómez Armella y, en consecuencia, se
les condenara al pago de la indemnización de los perjuicios causados.
2.3. El conocimiento del asunto, en primera instancia, correspondió al Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Montería, bajo el radicado nro. 23-001-33-
33-005-2017-00079-01. En sentencia del 30 de agosto de 2019, la autoridad
judicial negó las pretensiones de la demanda de reparación directa porque no
se demostró que la medida privativa de la libertad careciera de justificación
comoquiera que fue en el carro del señor Gómez Armella donde se
encontraron los estupefacientes.
2.4. Los demandantes apelaron la decisión y manifestaron que (i) el juzgado
desconoció la presunción de inocencia del señor Gómez Armenta al
considerarlo como culpable del ilícito; (ii) que la medida de aseguramiento
atienda al marco legal para su imposición no es razón suficiente para negar
las pretensiones de la demanda, pues debió analizarse el caso bajo el régimen
objetivo de responsabilidad; y (iii) el juez no expuso las razones por las que
estima que el procesado actuó con dolo o culpa civil.
2.5. En sentencia del 6 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de Córdoba
confirmó el fallo de primera instancia porque consideró que la imposición de la
medida de aseguramiento atendió a parámetros de legalidad y razonabilidad.
La sentencia se notificó a través de mensaje de datos remitido al buzón de
notificaciones de los sujetos procesales, el 10 de octubre de 20234.
4 Samai, proceso nro. 25000232600020070059501, índice 61.
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Demandante: Álvaro Manuel Gómez Armella y otros
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante alegó que las autoridades judiciales incurrieron en defecto
sustantivo, en violación directa a la Constitución, en defecto fáctico y en
desconocimiento del precedente judicial al emitir las sentencias que negaron las
pretensiones de la demanda por privación injusta de la libertad. Los dos primeros
cargos se sustentaron en la omisión de analizar la responsabilidad del Estado bajo
el régimen objetivo por daño especial.
Agregó que, varias afirmaciones contenidas en la sentencia no estuvieron
justificadas en las pruebas del proceso ni en el marco jurídico pertinente, como: «i)
Manifestar que el señor Álvaro Gómez actuó con dolo civil, ii) partir de la culpabilidad del señor
Gómez (…), iii) afirmar que la medida de aseguramiento resultaba razonable, apropiada y
proporcional [y] iii) señalar que no existió antijuricidad (…)»
Por otra parte, el cargo por desconocimiento del precedente judicial se sustentó en
que las autoridades judiciales omitieron aplicar en la decisión del caso sub examine
las reglas de decisión contenidas en las sentencias de la Sección Tercera del
Consejo de Estado del 27 de septiembre de 2000 (exp. 11.601) y del 2 de mayo de
2007 (exp.15.563). En consideración de los accionantes, los jueces de la causa, en
aplicación del principio iura novit curia, debían determinar a partir de las pruebas del
proceso la posible responsabilidad del Estado y no desestimarlas sin análisis
suficiente.
En esa vía agregó que, las providencias acusadas adolecen de defecto fáctico
porque el juez estudió de manera parcial las pruebas del proceso para concluir que
la imposición de la medida de aseguramiento estuvo justificada en la conducta
desplegada por el señor Álvaro Manuel el día de la captura.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. El 9 de abril de 2024, el despacho ponente admitió la acción de tutela
instaurada por Álvaro Manuel Gómez Armella, Manuel Salvador Gómez, Ofelia
del Carmen Armella González, Luis Carlos Gómez Armella, Grace Johanna
Kerguelen Gaviria, Manuela Gómez Kerguelen, Katherin María Gómez Armella
y Luz Amparo Gaviria Vélez contra el Juzgado Quinto Administrativo de
Montería y el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión.
Asimismo, se vinculó, en calidad de terceros, a la Nación, Fiscalía General de
la Nación, a la Nación, Rama Judicial y al señor Pedro Kerguelen Ricardo,
todos estos sujetos procesales en el medio de control de reparación directa
nro. 23001-33-33- 005-2017-00079-01.
4.2. La Fiscalía General de la Nación, por conducto de profesional especializada
de la Dirección de Asuntos Jurídicos, expuso que el caso no cumple con los
requisitos generales de subsidiariedad y de relevancia constitucional. En
relación con el primero, reprochó la interposición de la acción de tutela a pesar
de que el actor contaba con otros mecanismos de defensa judicial. Relativo a
la relevancia, argumentó que se toma la acción de amparo como una tercera
instancia.
Agregó que la actora tampoco cumplió con la carga de sustentar las causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
Finalmente, expresó que la providencia acusada está conforme al precedente
establecido por la Corte Constitucional en la sentencia SU 072 de 2018.
4.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Montería, por
conducto del director seccional, solicitó que se desestimen las pretensiones de
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la acción de tutela porque las providencias acusadas no desconocieron el
derecho fundamental al debido proceso de los accionantes.
También requirió que se declare la falta de legitimación en causa por pasiva
de esa entidad debido a que la vulneración ius fundamental invocada en la
acción de tutela no es consecuencia de una acción u omisión de esa entidad.
4.4. La Secretaría del Tribunal Administrativo de Córdoba remitió el expediente de
la segunda instancia del proceso ordinario, pero no rindió el informe frente a la
acción de tutela
De otro lado, el Juzgado Quinto Administrativo de Montería guardó silencio,
aunque fue debidamente notificado de la existencia de este proceso
constitucional5.
5. Providencia impugnada
En sentencia del 14 de mayo de 2024, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción en relación con el cargo
de defecto sustantivo y negó la tutela frente al defecto fáctico.
Se precisa que el a quo consideró que los cargos por violación directa a la
Constitución y desconocimiento del precedente judicial eran en realidad una
reiteración de los reparos que sustentaron el defecto fáctico y sustantivo, por lo que
concentró su análisis en estos dos últimos cargos. También aclaró que el estudio
constitucional se limitaría a la sentencia ordinaria de segunda instancia debido a
que fue la que definió el litigio.
En el fallo de tutela se declaró la improcedencia del defecto sustantivo por falta de
relevancia constitucional porque los accionantes pretendieron someter su
desacuerdo en relación con el régimen de responsabilidad aplicable a una instancia
adicional. El juez constitucional manifestó que tal afirmación se corrobora con el
hecho de que en el escrito de tutela se reiteran los argumentos del recurso de
apelación que fueron debidamente decididos por el Tribunal Administrativo de
Córdoba en la sentencia acusada.
De otro lado, se desestimó la prosperidad del defecto fáctico porque consideró que
el Tribunal Administrativo de Córdoba fundamentó su decisión en la integridad de
las pruebas aportadas al proceso y, específicamente, en el expediente penal que
fue allegado por la parte demandante. Descartó el argumento según el cual el
tribunal accionado solo consideró las pruebas de la FGN para fundamentar su
decisión en razón a que esa entidad no pidió decreto de pruebas en el proceso de
reparación directa.
El fallo registró salvamento de voto del magistrado Martín Bermúdez quien
consideró que el caso particular debió analizarse bajo el régimen objetivo de
responsabilidad y el título de imputación de daño especial.
6. Impugnación
Dentro de la oportunidad, la parte actora impugnó la sentencia de tutela de primera
instancia. Solicitó que se acceda al amparo invocado con fundamento en las
siguientes consideraciones:
(i) No es cierto que se pretenda someter el pleito a una instancia adicional, pues
es evidente la vulneración del derecho fundamental al debido proceso a raíz
de la falta de motivación de las sentencias que negaron en cada una de las
5 De acuerdo con el oficio de notificación de esta Secretaría, el juzgado fue notificado en el siguiente buzón
electrónico: adm05mon@cendoj.ramajudicial.gov.co . Samai, índice 2.
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instancias las pretensiones de la demanda. Esto, comoquiera que tienen
falencias en el juicio probatorio, en concreto, en el análisis del expediente
penal.
(ii) El a quo desestimó el defecto fáctico a partir de un análisis «casi nulo» del
material probatorio del proceso ordinario y de los argumentos expuestos en el
escrito de tutela.
«NO SE AVIZORA EN EL EXPEDIENTE DEL PROCESO PENAL y, de hecho, NO HAY
PRUEBA ALGUNA que acredite lo manifestado por el Tribunal de Córdoba en lo que respecta
a que la captura del señor Álvaro Manuel Gómez se produjo cuando transportaba un paquete
que contenía una sustancia cuyo olor y sabor correspondían a cocaína.»
Las autoridades judiciales no valoraron el proceso penal que es la prueba
principal en casos de responsabilidad del estado por privación injusta de la
libertad. En el expediente penal obra el preacuerdo suscrito por uno de los
capturados donde afirma que los demás ocupantes del vehículo desconocían
el contenido del paquete. Lo anterior daba cuenta de que la situación no era
atribuible al señor Gómez Armella y que la decisión del tribunal se fundamentó
en la revisión parcial de las pruebas pues solo se tomaron en consideración
aquellas que favorecían a la FGN.
(iii) Las decisiones carecen de fundamento jurídico por no aplicar el régimen
objetivo de responsabilidad y porque las siguientes afirmaciones expuestas en
la sentencia carecen de sustento fáctico y jurídico: «i) Manifestar que el señor Álvaro
Gómez actuó con dolo civil. ii)Partir de la culpabilidad del señor Gómez, desconociendo la
presunción de inocencia. iii)Afirmar que la medida de aseguramiento resultaba razonable,
apropiada y proporcional por haber sido capturado en flagrancia, sin realizar el análisis
probatorio necesario, no se extrae de ningún párrafo de la sentencia que esta posición
encuentre sustento en alguna audiencia, solicitud o decisión del proceso penal, el cual no fue
analizado por ninguno de los jueces de instancia iv) Señalar que no existió antijuridicidad, sin
análisis alguno por parte de los jueces».
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales7
6 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
7 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
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y especiales8 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional9 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Conforme a los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala determinar si le
asistió razón al a quo al: (i) declarar la improcedencia de la acción de tutela frente
al cargo de defecto sustantivo por no superar el presupuesto de relevancia
constitucional; y (ii) negar el cargo de defecto fáctico por considerar que la
declaración que hizo el Tribunal Administrativo de Córdoba sobre la razonabilidad
de la medida de aseguramiento, contenida en la sentencia del 6 de octubre de 2023,
estuvo debidamente soportada en las pruebas del proceso según los estándares
exigidos por la ley procesal penal aplicable.
4. Presupuesto general de procedibilidad de relevancia constitucional: su
alcance y análisis en el caso individual
4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel
puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural.
Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional.
Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a
partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la
Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o
de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
8 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
9 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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Demandante: Álvaro Manuel Gómez Armella y otros
para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales” 10.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que
considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia
en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, su uso
está proscrito cuando se emplea como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario.
4.2. En la acción de tutela y en la impugnación, los accionantes insistieron en que
el caso particular debió analizarse bajo el régimen objetivo de responsabilidad
y como sustento de su alegato citan las sentencias de la Sección Tercera del
Consejo de Estado del 27 de septiembre de 2000 (exp. 11.601) y del 2 de mayo
de 2007 (exp.15.563). Pero, el Tribunal Administrativo de Córdoba, en la
sentencia acusada, estableció el que consideró era el precedente judicial
vigente y aplicable al caso que estudiaba y expuso, en aplicación del principio
iura novit curia, las razones por las que analizó el caso bajo el régimen
subjetivo de responsabilidad.
De acuerdo con lo anterior, esta Sala estima que el defecto sustantivo no
supera el requisito general de relevancia constitucional debido a que la acción
de tutela se utiliza para insistir en que el asunto debió analizarse bajo el
régimen objetivo de responsabilidad, pero no evidencia un escenario de real
vulneración de carácter ius fundamental.
Para desarrollar la anterior conclusión, se estima pertinente hacer una breve
referencia a los fundamentos jurídicos de la sentencia proferida el 6 de octubre
de 2023 por el Tribunal Administrativo de Córdoba.
4.3. En la sentencia acusada, se precisó que la responsabilidad extracontractual
del Estado por casos de privación injusta de la libertad deriva del artículo 90
de la Constitución Política y de lo regulado en los artículos 65 a 68 de la Ley
270 de 1996.
A efectos de definir el régimen de responsabilidad aplicable a estos eventos,
la autoridad judicial accionada invocó las sentencias C-037 de 1996 y SU072
de 2018, en donde la Corte Constitucional recordó que la Constitución Política
de Colombia no privilegió un régimen en particular, sino que en aplicación del
principio iura novit curia corresponde al juez natural de la causa determinarlo11.
Pero, precisó que en cualquier caso debe surtirse el examen de la
antijuridicidad de la privación de la libertad, lo que exige constatar si la orden
de detención se ajustó al marco procesal penal aplicable y si la medida fue
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01. C. P: Jorge Octavio Ramírez. Demandante: Alpina Productos
Alimenticios S.A. Demandado: Consejo De Estado – Sección Primera.
11 Al respecto, en la sentencia acusada se indicó: «Así mismo, la Corte Constitucional, en la sentencia de SU-
072/18 reiteró ese criterio, cuando señaló: que ningún cuerpo normativo -ni el artículo 90 de la Constitución
Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C-037 de 1996- establecía un régimen de
responsabilidad específico aplicable en los eventos de privación de la libertad, entonces, será el juez el que,
en cada caso, deberá realizar un análisis para determinar si la privación de la libertad fue apropiada,
razonable y/o proporcionada.»
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Demandante: Álvaro Manuel Gómez Armella y otros
necesaria, razonable y proporcional, pues si la detención obedeció al marco
jurídico aplicable se entiende que el daño carece de antijuridicidad.
Acto seguido, estableció la línea jurisprudencial del Consejo de Estado sobre
el régimen de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la
libertad. Concluyó que en la actualidad no se privilegia el régimen objetivo de
responsabilidad, sino que, en línea con la sentencia SU072 de 2018, la
Sección Tercera estima que el juez contencioso, dependiendo de las
particularidades del caso, debe establecer el régimen de imputación que debe
aplicar. Destacó la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2022, por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado (exp. 68.878), donde
se recalcó que el juez de la reparación «para poder establecer si la restricción de su
libertad reviste el carácter de injusta o no, debe analizar si la medida de aseguramiento
impuesta se ajustó a los criterios de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad y
necesidad».
Con fundamento en este contexto jurisprudencial, en el análisis del caso
particular el Tribunal Administrativo de Córdoba indicó:
«Siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia citados en precedencia, esta Sala considera
que para que proceda la declaración de responsabilidad del Estado y la obligación reparación
de los perjuicios que se derivan de la privación de la libertad, por el hecho haber sido privado
de esta y luego precluida la investigación, la atención se debe centrar en determinar si la
restricción de tal derecho fundamental cumplió con los criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad exigidos, según lo señalado por la Corte Constitucional.
Por consiguiente, aunque no se puede prescindir del pronunciamiento que pone fin al proceso
penal, por sentencia absolutoria o preclusión, para el caso de privación injusta contemplada
en el artículo 68 de 270 de 1996, el pilar de la responsabilidad radica es en establecer lo injusto
de la decisión que privó de la libertad a un ciudadano, por apartándose de los criterios que
gobiernan la imposición de medidas preventivas, situación que torna el daño antijuridico; pues
puede suceder que el caudal probatorio no tuvo la suficiente fuerza de convencimiento para
llevar al juez a proferir una sentencia condenatoria.
Así las cosas, debe establecerse si el daño acaecido al demandante señor GOMEZ ARMELLA
con la medida de aseguramiento de detención preventiva, es, antijurídico, porque la medida
de aseguramiento impuesta no se ajustó al ordenamiento penal debido a que al o si por el
contrario fue apropiada, proporcional y razonable.» (Subraya la Sala)
4.4. Como se observa, la discusión sobre el régimen de responsabilidad bajo el
cual debía analizarse el caso particular fue solventada por el Tribunal
Administrativo de Córdoba en la sentencia acusada. La autoridad judicial
relacionó el marco normativo y los precedentes judiciales que estimó eran los
relevantes y vigentes para tal fin, extractó las reglas de decisión relevantes y
las descendió al caso particular de manera motivada. Luego, se insiste la
intención del actor es tomar la acción de tutela como una instancia adicional
para insistir en la aplicación del régimen de responsabilidad que estimaba era
el adecuado para resolver la litis.
4.5. Así las cosas, esta Sala recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito.
De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una
vulneración de derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se
desnaturalizaría la acción de tutela contra providencias judiciales, como
mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que de manera reiterada se ha
sostenido que cuando se controvierten decisiones judiciales, la procedencia
del amparo está sujeto a que el asunto sea de tal relevancia en materia
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constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración
grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.
4.6. Ahora, frente al defecto fáctico, esta Sala comparte con él a quo la
consideración de que el cargo supera el requisito de relevancia constitucional
ya que la discusión no se observa como una necesaria reiteración de los
cargos de la apelación, sino que se centra en la valoración probatoria que
realizó el juez de la segunda instancia sobre los medios de convicción que, a
su juicio, daban cuenta de que el señor Gómez Armella fue objeto de una
privación injusta de su libertad. Alega que el tribunal sólo fundamentó su
decisión en los medios de prueba que eran favorables a las demandadas y no
otorgó suficiente peso de convicción a las que apoyaban la hipótesis fáctica
de la parte actora, como el acta de preacuerdo.
También se evidencian diferencias claras entre la valoración probatoria del
juez que conoció la primera instancia y el tribunal, en tanto que en la primera
instancia se declaró que fue la conducta preprocesal del hoy accionante la que
dio lugar a la imposición de la medida de aseguramiento (culpa exclusiva de la
víctima), tesis que no fue retomada en la segunda instancia. Luego, en relación
con el defecto fáctico no se evidencia una prolongación de la discusión del
proceso ordinario.
5. Defecto fáctico: su alcance y análisis en el caso individual
5.1. El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con el decreto, práctica o
valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En
efecto, la Corte Constitucional12 ha dicho que el defecto fáctico es un error
relacionado con asuntos probatorios y, además, reconoce que tiene dos
dimensiones: una dimensión negativa y una positiva.
La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo,
(i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria
determinante en el desenlace del proceso13; (ii) por decidir sin el apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión14; o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en
que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo15.
La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del
juez en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en
pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión16;
o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen
a demostrar el hecho en que se basa la providencia17.
5.2. La Corte Constitucional ha sido enfática al indicar que la protección
constitucional por defecto fáctico sólo es posible cuando se identifique que el
juez de la causa en el ejercicio probatorio incurrió en un error ostensible y
flagrante que tenga indiscutible repercusión en el sentido de la decisión 18. En
suma, el defecto fáctico, para ser declarado debe superar los requisitos de
razonabilidad y trascendencia19.
Bajo la anterior premisa, la jurisprudencia constitucional ha indicado que, en
razón a los principios de autonomía e independencia judicial la intervención
12 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-159 de 2002.
13 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-442 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
14 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-417 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
16 Ibidem.
17 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-226 de 2013. C.P. Alexei Julio Estrada.
18 Corte Constitucional. Sentencia SU 251 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
19 Corte Constitucional. Sentencia T-060 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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del juez de tutela en relación con la posible ocurrencia de un defecto fáctico
debe ser de carácter “extremadamente reducido”, dado que es en el juicio de
valoración probatoria donde adquieren mayor trascendencia estos principios20.
5.3. El cargo por defecto fáctico se sustentó en que, a juicio de la parte actora, el
tribunal accionado no valoró todas las pruebas aportadas al proceso, en
específico, acusaron que el análisis probatorio se centró en los elementos
materiales probatorios que en su momento aportó la FGN, pero «sin entrar a
analizar todas las pruebas que obran en el expediente, comoquiera que, en el mencionado
preacuerdo del responsable del hecho, este afirma de manera clara que los demás
ocupantes del vehículo no conocían de los hechos. Esta situación no es atribuible al actor,
y desconoce el material probatorio que no fue revisado por el juez de segunda instancia»
5.4. Para decidir si se concretó el alegado defecto fáctico deberá la Sala traer a
colación el juicio probatorio expuesto por la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Córdoba en la sentencia acusada. Veamos.
(Sic para toda la cita) «Por consiguiente, aunque no se puede prescindir del pronunciamiento
que pone fin al proceso penal, por sentencia absolutoria o preclusión, para el caso de privación
injusta contemplada en el artículo 68 de 270 de 1996, el pilar de la responsabilidad radica es
en establecer lo injusto de la decisión que privó de la libertad a un ciudadano, por apartándose
de los criterios que gobiernan la imposición de medidas preventivas, situación que torna el
daño antijuridico; pues puede suceder que el caudal probatorio no tuvo la suficiente fuerza de
convencimiento para llevar al juez a proferir una sentencia condenatoria. Es claro que debe
tenerse en cuenta cómo haya seguido su curso la correspondiente investigación y del sustento
fáctico y jurídico de le providencia de absolución o de preclusión, según sea el caso, pero lo
fundamental es establecer si las condiciones bajo las cuales se produjo o bajo las cuales se
dictó la orden de restricción de la libertad, no se avienen al ordenamiento jurídico, para
acreditar de esta manera que el daño que alega tiene el carácter de antijurídico y por ende es
indemnizable.
(…)
En este orden, el artículo 308 de la Ley 906 de 2004 – CPP señala los requisitos para imponer
medida de aseguramiento, que deben revisarse si se cumplieron, con el fin de establecer si el
daño es antijurídico e imputable a los demandados (…).
Por consiguiente, para proferir medida de aseguramiento debe inferirse razonablemente que
el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, y que la
medida se muestre necesaria para evitar que este obstruya el ejercicio de la justicia, que
constituya un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y que resulte probable
que este no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. La inferencia razonable
de autoría o participación se encuentra determinada en el artículo 308 antes citado de la Ley
906 de 2004, que consagra el Código de Procedimiento Penal, pues bien, la inferencia
razonable es asimilada como una construcción lógica acerca de la participación en un acto
punible (…).
Bajo este orden, la Sala encuentra que el señor Álvaro Manuel Gómez Armella fue privado de
su libertad personal el 27 de febrero de 2013 21 , cuando fue capturado en operativo realizado
por la Policía Judicial22, se encuentra acreditado que la captura de produjo cuando se
transportaba en el vehículo que estaba en posesión del demandante y conducido por él, y del
cual estaba bajo su responsabilidad un paquete que contenía una sustancia cuyo olor y sabor
correspondían cocaína, y que luego de hechas las pruebas correspondiente resultó positiva
para cocaína. En ese momento ninguno de los otros ocupantes del vehículo se atribuyó la
propiedad de la droga. Lo anterior constituye una inferencia razonable de autoría y
participación, para reunir los requisitos para proferir la medida de aseguramiento.
Ahora bien, observa la Sala que, más de un año después a la captura, estando en la audiencia
de acusación de fecha 17 de marzo de 201423 (y con una posterior firma de preacuerdo 28 de
marzo de 201424), es que el señor NAZIR MUÑOZ BLANQUISET reconoció ser el único autor
del delito por el cual se les acusaba todos los sindicados, por lo que fue efectivamente
condenado en sentencia de fecha el 13 de mayo de 2014 25 . Razón por la cual a la Fiscalía no
20 Corte Constitucional. Sentencia T-392 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
21 «Fl. 237- 242C2 expediente físico»
22 «Así se indica en el audio del escrito de legalización de captura.»
23 «Fl. 134 C1 expediente físico»
24 «Fl. 126 C1 expediente físico»
25 «Fl. 92 C1 expediente físico»
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le quedó alternativa que avalar la solicitud interpuesta por la defensa de preclusión de todo
procedimiento contra el señor ALVARO MANUEL GOMEZ ARMELLA, por no contar con otros
elementos probatorios y evidencias física para desvirtuar la declaración de autoría única de
MUÑOZ BLANQUICET.
De ahí que la medida de aseguramiento dictada en contra del aquí demandante fue apropiada,
razonable y proporcionada, pues no solo se cumplían los requisitos objetivos para su
procedencia consagrados en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004-CPP, sino que, además se
consideró y explicó por el juez de control de garantías que por la modalidad del delito se
constituye un peligro para la sociedad, aunado al análisis de los demás requisitos que hizo la
juez considerara imponer la detención preventiva domiciliaria.
Así las cosas, aunque el demandante sufrió un daño por estar privado de su libertad, aquel no
puede catalogarse como antijurídico e imputable a los demandados, porque la medida de
aseguramiento impuesta en su contra se ajustó a derecho, porque fue apropiada, proporcional
y de manera que se encontraba en la obligación de soportarla. No está de más señalar que
los requisitos en materia probatoria para la imposición de la medida de aseguramiento son
diferentes a los exigidos por el Legislador para determinar la responsabilidad penal del
procesado a través de la condena, puesto que en este último evento las evidencias deben
estar ligadas a la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, a efectos de determinar con certeza
su participación en el delito, a diferencia del manejo indiciario que permite la definición de la
situación jurídica. »26 (Sic para toda la cita), (Subraya la Sala)
5.5. Visto lo anterior, a juicio de esta Sala no se encuentra configurado el defecto
fáctico alegado, por el contrario, se tiene que el Tribunal Administrativo de
Córdoba valoró de manera razonable las pruebas relevantes aportadas al
proceso de reparación directa sub examine.
En la sentencia se precisó que el análisis probatorio en casos de privación
injusta de la libertad suele centrarse en los medios de convicción que otorgan
información sobre la actividad desplegada por la FGN y el juez con funciones
de control de garantías al momento de imponer la medida de aseguramiento.
Esta precisión es acorde con la jurisprudencia constitucional y contenciosa
donde se ha determinado el deber del juez de la reparación directa de
establecer si la decisión que privó de la libertad al procesado acató los criterios
legales y constitucionales que gobiernan la imposición de la medida de
aseguramiento.
Luego, se estima razonable que el análisis probatorio se concentrara en esa
etapa del proceso. Ello no implica un análisis parcial de los medios de prueba
sino la determinación motivada y razonada de los medios de convicción que
resultan relevantes para decidir sobre la antijuridicidad de la medida de
aseguramiento.
En todo caso, se observa que el Tribunal sí analizó el contenido del preacuerdo
suscrito por quien asumió la responsabilidad del delito investigado, medio de
prueba echado en falta por los accionantes. Al respecto, se indicó que cuando
ocurrió la captura ninguno de los ocupantes del vehículo se atribuyó la
propiedad del paquete con características de cocaína y que fue solo, cuando
había transcurrido más de un año de la captura, en la audiencia de acusación,
cuando el señor Nazir Muñoz Blanquicet reconoció ser el único autor del delito
por el cual se les acusaba todos los sindicados.
Así las cosas, es claro que el mencionado preacuerdo no refuta la tesis sobre
la razonabilidad y legalidad de la medida de aseguramiento, pues, como lo
indicó la accionada, la decisión se tomó con la evidencia física y elementos
materiales probatorios con los que contaba el juez con funciones de control de
garantías en una etapa previa.
5.6. Visto lo anterior, es claro para la Sala que el juez de segunda instancia procedió
con la valoración de los medios de prueba de manera individual y conjunta, y
26 Páginas 43 a 47 de la sentencia del 3 de septiembre de 2023. Samai para tribunales administrativos, Índice
14. Proceso nro. 05001 33 33 008 2015 01362 01.
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que en su juicio aplicó las reglas de la sana crítica. Además, en el cuerpo de la
sentencia está debidamente consignado el examen crítico que realizó la
autoridad judicial, así como la explicación razonada del valor de convicción que
otorgó a los medios de prueba.
Tenemos que en la sentencia se analizaron los elementos de legalidad,
necesidad y la razonabilidad de la medida, a la luz de los medios de convicción,
cuya información justificó la decisión del ente investigador de imponer la medida
de aseguramiento, dada la probabilidad de que el imputado fuera autor o
partícipe de la conducta delictiva que se investigaba. Entonces, es dable
concluir que, la decisión de calificar como razonable la detención preventiva,
no derivó del capricho del juez de lo contencioso administrativo ni se trató de
una determinación deliberada o arbitraria, sino de la valoración de las pruebas
del proceso penal a la luz de las exigencias del Código de Procedimiento Penal
para imponer estas medidas de cautela.
5.7. Lo expuesto también es útil para desestimar la acusación de los accionantes
de que la declaración sobre la razonabilidad y legalidad de la medida de
aseguramiento careció de fundamentó fáctico y jurídico, pues en la sentencia
acusada, el Tribunal Administrativo de Córdoba indicó las diligencias del
proceso penal que fueron relevantes a efectos de adoptar la decisión y el marco
jurídico que la respaldaba. Así las cosas, contrario a lo manifestado por la parte
actora, para esta Sala el análisis probatorio fue íntegro y suficiente para
respaldar la determinación de declarar que la medida privativa de la libertad no
fue antijurídica.
Finalmente, conviene precisar que el tribunal accionado no manifestó que el
señor Álvaro Gómez actuó con dolo civil, como se indicó en la demanda de
tutela y en la impugnación. Por el contrario, el juez de la segunda instancia
consideró que no era necesario entrar a analizar la eximente de responsabilidad
del hecho de la víctima porque ya se había concluido que la medida privativa
de la libertad fue razonable y legal. Así las cosas, el cargo no tiene asidero en
el contenido de la sentencia acusada y por ello debe negarse.
Se relaciona el aparte de la sentencia:
«Sin perjuicio de lo anterior, esta Sala estima necesario precisar que el A-quo consideró que
existió una culpa exclusiva de la víctima, ya que su actuación dio lugar a la apertura del proceso
penal e imposición de la demanda de aseguramiento; pero se advierte, que en razón a que no
se dan los elementos para la responsabilidad, no es del caso a entrar a estudiar la culpa de la
víctima, esto con fundamento en la sentencia de 28 de octubre de 2022, Radicación: 76001-
23-31-000-2011-01344-01(55.130), que sobre el tema, consideró el Consejo de Estado: “41.
En cumplimiento del fallo, el 06 de agosto de 2020 el Consejo de Estado emitió nueva
providencia en la cual determinó que no era “necesaria la valoración de la culpa exclusiva de
la víctima, como causal eximente de responsabilidad, tal como lo indicó el fallo de tutela que ha
ordenado emitir este nuevo pronunciamiento, toda vez que en el presente asunto no se superó
el supuesto de acreditar el título de imputación, aspecto que es necesario para el análisis
ordenado”. Vale la pena aclarar que este pronunciamiento no tuvo por objeto unificar
jurisprudencia...»
Establecido lo anterior, conviene agregar que, una cosa es hablar de culpa o
dolo civil y otra que el juez de la causa estudie o analice la inferencia razonable
de responsabilidad y/o participación del imputado en el punible investigado;
pues este último, es uno de los presupuestos para sustentar la imposición de
la medida, consagrados en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, de allí que
dicho análisis deba efectuarse en la sentencia en aquellos casos que se
pretende la condena del Estado por privación injusta de la libertad. Así pues,
el análisis de los elementos materiales probatorios y evidencia física
recaudada en la etapa preliminar a efectos de determinar si existía la inferencia
razonable se estima conforme al juicio probatorio necesario en estos procesos
contenciosos.
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6. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala considera que la decisión del juez de tutela de
primera instancia fue acertada, pues el análisis del caso deja en evidencia que la
sentencia del 3 de marzo de 2023 no comporta defecto fáctico por indebida
valoración probatoria, en los términos expuestos por el accionante. Asimismo, se
corroboró que el defecto sustantivo no supera el presupuesto de relevancia
constitucional por lo que debía declararse su improcedencia.
En consecuencia, se confirmará el fallo de tutela del 14 de mayo de 2024, proferido
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que negó las
pretensiones de la acción de tutela de la referencia.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 14 de mayo de 2024, por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dadas las razones
expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
13
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