Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01666-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-01666-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01666-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01666-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
9 de junio de 2025
Recurrente: UGPP
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01666-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 6
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., nueve (9) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01666-00
Recurrente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala a pronunciarse sobre el recurso extraordinario de revisión
formulado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, que por medio de
apoderado, presentó contra la providencia del 23 de marzo de 2023, a través de la
cual la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación revocó los
numerales primero, tercero y quinto de la decisión del 8 de abril de 2016 dictada por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-
23-42-000-2014-01307-00.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda ordinaria
1. El 21 de octubre de 2013, el señor Aldemar Luna Gordillo solicitó, por medio
de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, la nulidad de las siguientes resoluciones:
i. Resolución No. 02490 de 24 de marzo de 2004, por medio de la cual se
le reconoció su pensión de vejez.
ii. Resolución No. 62599 de 20 de diciembre de 2006, la cual reliquidó su
pensión por nuevos tiempos de servicios.
iii. Resolución No. UGM 014616 del 24 de octubre de 2011, mediante la cual
se negó la reliquidación de la pensión por retiro definitivo del servicio, con
la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año
de servicio.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Recurrente: UGPP
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01666-00
2. Invocó como normas violadas el «carácter inescindible de la norma art. 4º
decreto 1835 de 1994; parágrafo 5º ley 860 de 2003 respecto al monto;
aplicación indebida decretos 1158 y 691 de 1994; y por falta de aplicación
arts. 1º y 10 decreto 1933 de 1989, art 73 decreto 1848 de 1960, y art. 53 de
C. Po.»
3. A título de restablecimiento del derecho pidió que, como consecuencia de la
declaratoria de nulidad de las referidas resoluciones, se ordenara a la entidad
reliquidar, indexar y pagar retroactivamente su pensión de vejez con el 75%
de todos los salarios y primas devengados en el último año de servicio.
4. Igualmente, que se ordenara a la entidad accionada a pagar la diferencia de
lo que se le venía pagando y lo estipulado en la sentencia.
5. Finalmente, solicitó el reconocimiento de los intereses moratorios de acuerdo
con lo establecido en los artículos 141 de la Ley 100 de 1993 y 195 del
CPACA, y se condenara en costas a la demandada.
6. Como fundamento fáctico, el señor Aldemar Luna Gordillo expuso que prestó
sus servicios como detective durante 25 años, 4 meses y 12 días en el extinto
Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-.
7. Explicó que radicó en Cajanal la solicitud para el reconocimiento de su
pensión de vejez, la cual fue otorgada mediante la Resolución No. 02490 de
24 de marzo de 2004, bajo el régimen especial para servidores del DAS, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1933 de 1989, esto es, edad, tiempo
de servicio y monto de cotización conforme a la Ley 100 de 19931.
8. Indicó que mediante Resolución No. 62599 de 30 de diciembre de 2006, su
pensión fue reliquidada por nuevos tiempos de servicio en las mismas
condiciones en las que fue reconocida.
9. Adujo que a través de requerimiento presentado el 3 de febrero de 2008,
solicitó la reliquidación de su pensión con el promedio de lo devengado en el
último año de servicio por retiro definitivo, sin embargo, la entidad guardó
silencio y, por lo tanto, en su sentir, se configuró silencio administrativo
negativo.
10. En consecuencia, el 21 de agosto de 2009, interpuso recurso de reposición
contra el acto ficto originado, el cual fue resuelto mediante la Resolución No.
UGM 014616 de 24 de octubre de 2011, en la cual se declaró el silencio
administrativo negativo, se negó el recurso de reposición y se rechazó la
reliquidación solicitada.
11. Lo anterior, pues la entidad señaló que el señor Luna adquirió su estatus
1 Y sus Decretos 691 y 1158 de 1994.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Recurrente: UGPP
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01666-00
pensional el 11 de septiembre de 2011 y, que en atención a lo establecido
por el Decreto 1933 de 1989 fue incorporado al nuevo sistema general de
pensiones, y en consecuencia le fue aplicado el régimen especial para
servidores del DAS en cuanto a la edad y tiempo de servicio, pero frente al
monto le fue aplicada la Ley 100 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios 691
y 1158 de 1994.
12. Así las cosas, la parte actora indicó que se configuró la causal de nulidad
«violación a la ley» por cuanto la entidad incurrió en «el desacato al
precedente jurisprudencial alegado en la solicitud; violación al carácter
inescindible la norma, artículo 4º del decreto 1835 de 19942, y parágrafo 5°
de la Ley 860 de 20033 respecto a al monto, porcentajes y factores, causal
de nulidad» (SIC a toda la cita).
13. Igualmente, señaló se configuró la causal de nulidad «por aplicación
indebida» puesto que se violaron los artículos 1 de los Decretos 691 y 1158
de 1994.
14. En el mismo sentido, precisó que la entidad efectuó una errónea
interpretación con respecto al régimen de transición, pues el artículo 4 del
Decreto 1835 de 1994, remitió en su integridad al régimen anterior, es decir,
a lo dispuesto por el Decreto 1933 de 1989, a los servidores que para el 3 de
agosto de 19944 estuvieran trabajando activamente como detectives del
DAS, sin condicionarlos al cumplimiento de los requisitos señalados por el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
15. De otra parte, precisó que la entidad demandada confundió el monto de la
pensión con la base reguladora, lo cual de acuerdo con los pronunciamientos
de la Corte Constitucional es un error jurídico, puesto que el monto incluye la
base reguladora.
16. Advirtió que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado que a los
detectives del DAS que fuesen beneficiarios del régimen de transición, se les
debía aplicar en su integridad el régimen anterior a la Ley 100 de 1993, esto
es, lo establecido en el Decreto 1933 de 1989 y las normas que remiten su
artículo 1, las cuales le permite pensionarse con 20 años de servicio sin
requisito de edad y con el 75% del promedio de todos los factores salariales
2 Artículo 4º. Régimen de transición. Los funcionarios de las entidades señaladas en este capítulo
que laboren en las actividades descritas en el numeral 1º del artículo 2º de este Decreto, que
estuviesen vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos
favorables, en lo que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo
de servicio requerido o el número de semanas cotizadas, y el monto de esta pensión, a las existentes
para ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
3 Los detectives vinculados con anterioridad al 3 de agosto de 1994 que a la fecha de entrada en
vigor de la presente ley hubieren cotizado 500 semanas les serán reconocida la pensión de vejez en
las mismas condiciones del régimen de transición contenidas en el Decreto 1835 de 1994.
4 Fecha de entrada en vigencia del Decreto 1835 de 1994.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Recurrente: UGPP
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01666-00
devengados en el último año de servicio5.
17. Asimismo, señaló que con la omisión de la remisión que hace el artículo
primero del Decreto 1933 de 1989 a los Decretos 3135 de 1968, 1848 de
1968, 1045 de 1978 y 451 de 1984 se configuró la causal de nulidad por
«falta de aplicación».
18. Al respecto precisó «Con base en dichas normas y la jurisprudencia más
adelante transcrita, el monto de la pensión debe ser el promedio de los
salarios y primas de toda especie devengados en el último año de servicio,
art. 73 decreto 1848 de 1969, en consecuencia se deben incluir además de
los factores ya reconocidos, las primas de riesgo, clima y bonificación por
recreación, así no estén allí, y la norma que las creo decir que no constituyen
factor de salario.»
19. Citó la evolución jurisprudencial y la nueva interpretación que realizó el
Consejo de Estado respecto a la prima de riesgo, y concluyó que si bien es
cierto que los Decretos 1137 y 2646 de 1994 señalaron expresamente que la
prima de riesgo no constituía factor salarial, también lo es que dicha prima
debe ser considerada para efectos de liquidar la pensión de vejez, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969.
20. Advirtió que el señor Luna percibió la prima de riesgo en forma habitual y
periódica como contraprestación a su servicio, por lo tanto, esta se convirtió
en salario.
21. Por último, indicó que el artículo 12 del Decreto 1835 de 1994 dispuso que el
DAS, por sus actividades de alto riesgo, debía cotizar un 8.5 puntos
adicionales a lo ordenado en la norma, y que dicha disposición debía
aplicarse a la liquidación.
1.2. Contestación
22. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP- guardó silencio en esa
oportunidad procesal.
1.3. Sentencia de primera instancia
23. Mediante sentencia de 8 de abril de 2016 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda Subsección C, declaró:
(i) Probada de oficio la excepción de prescripción del pago de las diferencias
de las mesadas pensionales anteriores al 21 de octubre de 2010.
5 Artículo 73 del Decreto 1848 de 1960.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Recurrente: UGPP
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01666-00
(ii) La nulidad parcial de las Resoluciones Nos. 2490 de 24 de marzo de 2004
y 62599 de 20 de diciembre de 2006.
(iii) La nulidad del acto ficto negativo configurado por el silencio de la entidad
demandada y la de la Resolución UGM 014616 de 24 de octubre de 2011.
(iv) Como consecuencia de lo anterior, ordenó a la UGPP la reliquidación de
la pensión de vejez reconocida al señor Luna, en cuantía equivalente al
75% del promedio mensual de los factores salariales devengados en el
año anterior al retiro del servicio6, «efectuando el descuento de los
aportes correspondientes a factores salariales cuya inclusión se ordena y
sobre los cuales no se haya efectuado deducción legal, en la proporción
que le corresponda al accionante, durante toda su vinculación laboral,
debidamente indexados y sobre el monto equivalente para la financiación
de la pensión».
24. Lo anterior, en consideración a los siguientes argumentos:
25. En primer lugar, señaló que, para el 1 de abril de 1994, fecha en que entró a
regir el sistema de pensiones establecido en la Ley 100 de 1993 el
demandante tenía 36 años y no contaba con los 15 años, o más, de servicio
requeridos para hacer parte del régimen de transición que señala el artículo
36 de la mencionada Ley.
26. Advirtió que en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 140 de la Ley 100
de 1993, el presidente de la República expidió el Decreto 1835 de 19947
mediante el cual reglamentó los requisitos exigidos a los servidores públicos
que ejercían actividades de alto riesgo para acceder a la pensión de
jubilación, así como el régimen de transición especial para el «Personal de
detectives en sus distintos grados y denominaciones de especializado,
profesional y agente.»
6 Del 1° de julio de 2005 al 30 de junio de 2006. De acuerdo con la certificación expedida por el
Coordinador Grupo Administración de Personal del Departamento Administrativo de Seguridad que
obra en el folio 24 del expediente ordinario, visible en el índice No. 27 de Samai.
7 Decreto reglamentario 1835 de 1994. Artículo 2°. Actividades de Alto Riesgo.
En desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993, solo se consideran actividades de alto riesgo
las siguientes:
1. En el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS:
Personal de detectives en sus distintos grados y denominaciones de especializado, profesional y
agente.
(…)
Artículo 4°. Régimen de Transición.
Los funcionarios de las entidades señaladas en este capítulo que laboren en las actividades descritas
en el numeral 1° del artículo 2° de este Decreto, que estuviesen vinculados a ellas con anterioridad
a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo que respecta a la edad para acceder
a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o e/ número de semanas cotizadas,
y el monto de esta pensión, a las existentes para ellos en las normas vigentes con anterioridad a la
Ley 100 de 1993.
Para los demás servidores, las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez jubilación,
se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente
en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Recurrente: UGPP
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01666-00
27. En tal sentido, y en atención a que, para el 3 de agosto de 1994, fecha en
que entró a regir el mencionado Decreto, el señor Luna ya se encontraba
vinculado al DAS8, era evidente que era beneficiario del régimen de transición
y su pensión debía liquidarse conforme a los Decretos 1047 de 1978 y 1933
de 1989 «en cuanto a la edad, tiempo de servicios y el monto de la misma y,
no en la forma como lo dispuso la entidad demandada en los actos
acusados.»
28. Así las cosas, indicó que de la revisión de las Resoluciones Nos. 02490 del
24 de marzo de 2004 y 62599 de 20 de diciembre de 2006, encontró que la
entidad demandada solo tuvo en cuenta para el reconocimiento y
reliquidación de la pensión, la asignación básica y la bonificación por
servicios prestados.
29. En este contexto, el Tribunal consideró que de acuerdo con lo establecido en
el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989 para la reliquidación de la pensión
de vejez, además, era necesario tener en cuenta los otros factores salariales
devengados por el señor Luna durante su último año de servicio en el DAS,
es decir, la prima de riesgo, la prima de clima y las doceavas partes de la
prima de servicios, de la prima de navidad y de la prima de vacaciones.
30. Respecto a las primas de riesgo y de clima, que también fueron reclamadas
en la demanda, señaló que, de acuerdo con lo establecido por la
jurisprudencia del Consejo de Estado, debían ser incluidas para efectos de
la reliquidación puesto que fueron percibidas mes a mes por el demandante
de manera habitual y periódica como contraprestación directa por sus
servicios. No obstante, no estimó incluir ni los factores por vacaciones, ni la
indemnización en dinero por retiro, ni la prima de exfuncionario.
31. Precisó que ante el vacío de los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989,
respecto al periodo y a la base de liquidación del derecho pensional, se debía
aplicar el artículo 4 de la Ley 4 de 1996, el cual señala que se debe tomar
como base el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de
servicio.
32. Reiteró que como el demandante se encontraba excluido del régimen de
transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en
consecuencia del sistema integral de seguridad social no era posible
extenderle a su caso las prescripciones de que tratan las sentencias C-258
de 2013 y SU- 230 de 2015.
33. Por otra parte, advirtió que de acuerdo con lo establecido por el Acto
Legislativo No. 01 de 2005, que modificó el artículo 48 de la Constitución, del
8 Desde el 18 de febrero de 1981 de acuerdo con la certificación expedida por el Coordinador Grupo
Administración de Personal del Departamento Administrativo de Seguridad que obra en el folio 24
del expediente ordinario, visible en el índice No. 27 de Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Recurrente: UGPP
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01666-00
valor retroactivo que resultara a favor del pensionado en la sentencia, se
debían descontar los aportes que por obligación le correspondieron al
empleador, los cuales debían ser indexados y en caso de no cumplir con la
totalidad, se debía descontar mensualmente un valor igual para tal fin, el cual
sería establecido de acuerdo a la capacidad económica del pensionado hasta
completar el capital adeudado.
34. Indicó que no era procedente reconocer los intereses moratorios solicitados,
en tanto estos solamente pueden ser requeridos una vez la obligación es
exigible, y en vista de que hasta esta instancia se agotó la discusión sobre la
cuantía del pago que se debía efectuar, estos no se habían causado sobre
el reajuste pensional ordenado.
35. Frente a la prescripción señaló que la obligación del señor Luna se hizo
exigible al día siguiente de su retiro definitivo del servicio, es decir, el 1 de
julio de 2006, mientras que presentó la solicitud de reliquidación el 9 de
febrero de 2009. Sin embargo, no era posible tomar la solicitud de
reliquidación para efectos de interrumpir los términos de la prescripción,
pues, entre esta y la fecha de la presentación de la demanda, que ocurrió el
21 de octubre de 2013, transcurrieron más de 3 años.
36. En consecuencia, de acuerdo con artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, si
bien es cierto que el accionante interrumpió el término de la prescripción con
la petición de reliquidación del 9 de febrero de 2009, también lo es que debía
incoar la demanda antes del 9 de febrero de 2012, so pena de que se
configurara el fenómeno de la prescripción, tal y como pasó, puesto que,
finalmente presentó la acción el 21 de octubre de 2013, razón por la cual se
declaró la prescripción trienal de las mesadas causadas con anterioridad al
21 de octubre de 2010.
37. Finalmente, ordenó a la entidad demandada actualizar las sumas adeudadas
al señor Luna conforme a lo previsto en el artículo 187 del CPACA9 y se
abstuvo de condenar en costas.
1.4. Recursos de apelación
1.4.1. La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
38. La entidad presentó recurso de apelación y solicitó la revocatoria del fallo de
primera instancia o en su defecto que se ordenaran los pagos en
consideración a la prescripción acontecida y con restricción a los factores
salariales que realmente fueron retributivos por su servicio al señor Luna.
9 Y la formula establecida por la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Recurrente: UGPP
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01666-00
39. Argumentó que en este caso no era posible reconocer una pensión de
acuerdo con lo establecido en los Decretos 1158 y 691 de 1994, por cuanto
el demandante no cotizó sobre los factores salariales que estos decretos
contemplan.
40. Asimismo, indicó que la jurisprudencia señala que las pensiones reconocidas
bajo el régimen de transición no debían ser liquidadas con el último año de
servicio, y que, por el contrario, debía efectuarse en atención con el inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, el tiempo que le hiciera
falta para cumplir con el estatus pensional o los últimos 10 años.
41. Expuso que era necesario apartarse del precedente de Consejo de Estado
aplicado en primera instancia, en tanto la interpretación que se hace del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 es contradictoria a lo señalado en la
Sentencia C-258 de 2013, en la cual se señala que el ingreso base de
liquidación no equivale a un aspecto sujeto a transición y, en consecuencia,
la pensión debe liquidarse con los factores salariales devengados durante los
últimos 10 años, tal como lo reiteró la Corte Constitucional en la sentencia
SU 230 de 2015.
42. Señaló que se deben excluir los pagos no salariales, pues la ley dispone que
estos no deben ser tenidos como parte de ingreso base de cotización, ya que
son prestaciones sociales no retributivas del servicio, por ende, indicó que en
caso de ratificarse la sentencia de primera instancia debía autorizarse el
descuento de estos aportes en la condena.
43. Precisó que, en caso de condena, los factores salariales no debían ser
concedidos en su totalidad en sextas partes sino en una doceava y que no
procedía la condena en costas y agencias en derecho pues, no se había
comprobado su causación y además se obró de buena fe y se cumplió con
el pago de la pensión.
1.4.2. La parte demandante
44. Por su parte el señor Luna presentó recurso de apelación en el cual solicitó
se revocaran parcialmente los numerales primero y tercero del fallo de
primera instancia, en lo referente a la prescripción y como consecuencia, se
declarara que no había operado y se ordenara el pago retroactivo desde la
fecha del retiro del servicio, es decir, 1 de julio de 2016.
45. Señaló que era errado concluir que el término de prescripción empezó a
contarse cuando se radicó la solicitud, y que dentro de ese periodo debía
interponerse la demanda so pena de que operara, puesto que, durante ese
periodo no había respondido la entidad demandada.
46. En ese sentido, advirtió que con la solicitud se interrumpió el plazo de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Recurrente: UGPP
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01666-00
prescripción y que dicha suspensión debía mantenerse hasta que se
resolviera de fondo y se agotará la vía gubernativa que lo validaba para
acudir a la sede judicial. Por lo tanto, en su sentir, a partir de que el acto
administrativo quedara en firme contaba con 3 años más para accionar.
47. Finalmente, reiteró que la petición radicada el 9 de febrero de 2009 no fue
resuelta por la administración y por tal motivo, interpuso recurso contra el
acto ficto negativo que se causó ante esta omisión de respuesta, el cual a su
vez fue resuelto mediante Resolución No. UGM-014616 del 24 de octubre de
2011, razón por cual una vez quedó en firme dicha resolución y se agotó la
vía gubernativa, 1 año y 9 meses después, interpuso la demanda, el 21 de
octubre de 2013, de manera que no transcurrieron más de 3 años y
continuaba suspendido el término de prescripción.
1.5. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
48. Mediante providencia de 23 de marzo de 2023, la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado revocó los numerales primero, tercero
y quinto de la sentencia del 8 de abril de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda en el proceso promovido contra la UGPP.
49. En su lugar, ordenó reliquidar la pensión de vejez reconocida e incluir en el
ingreso base de liquidación el promedio de lo devengado en los últimos 10
años y la prima de riesgo desde el año 2003, pero únicamente por el periodo
de junio de 2005 a junio de 200610.
50. Lo anterior, dado que del material probatorio aportado se pudo concluir que
el señor Luna Gordillo laboró por más de 25 años en el DAS y su último cargo
fue de detective profesional 207-10.
51. Adujo que consta en los actos administrativos de reconocimiento y
reliquidación de la pensión de vejez, que, el actor era beneficiario del régimen
de transición establecido en el Decreto 1835 de 1994 y, por lo tanto, se le
debía aplicar los requisitos de edad, tiempo de servicio y monto del régimen
anterior al cual estaba afiliado, es decir, el establecido en el Decreto Ley 1933
de 1989 y en el Decreto 1047 de 1978.
52. Sin embargo, advirtió que de acuerdo con las reglas de interpretación fijadas
por la Corporación mediante sentencia del 28 de julio de 202211, el ingreso
base de liquidación que debía tenerse en cuenta para la liquidación de la
pensión del demandante era aquella establecida en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, es decir, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales
10 Periodo en el que se logró acreditar que el demandado percibió la prima.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 28 de
julio de 2022, SUJ-028-CE-S2-2022.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Recurrente: UGPP
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01666-00
el demandante cotizó durante los 10 años anteriores al reconocimiento de su
pensión.
53. Lo anterior, por cuanto al ser beneficiario del régimen de transición de los
servidores que desarrollaron actividades de alto riesgo, la sentencia
mencionada indicó que se le debían respetar las condiciones de edad, tiempo
de servicio y monto «entendido como el porcentaje o tasa de retorno,
señalados por los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, sin embargo, el
ingreso base de liquidación es el previsto por los artículos 21 y 36 de la Ley
100 de 1993».
54. En ese sentido, refirió que lo pretendido por el accionante respecto a la
reliquidación de la pensión de vejez incluyendo todos los factores salariales
devengados en el último año no se ajustaba a la posición jurisprudencial
vigente.
55. Además, precisó que, si bien el pronunciamiento de unificación fue proferido
con posterioridad al acto administrativo demandado, el mismo indicaba que,
por regla general, debía ser aplicado de manera retrospectiva, por ende, a
todos los casos pendientes de solución «tanto en vía administrativa como en
vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha
operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica,
resultan inmodificables».
56. Por otra parte, advirtió que, de conformidad con las reglas de unificación
establecidas en la mencionada sentencia, se debía incluir la prima de riesgo
como factor salarial para liquidar la pensión, a partir de la vigencia de la Ley
860 de 2003.
57. Sin embargo, señaló que dentro del expediente no se encontró probado que
el actor hubiese devengado la prima de riesgo desde la entrada en vigor de
la ley anteriormente referida, por el contrario, solo se acreditó que esta fue
devengada durante el último año de servicio.
58. En tal sentido, se ordenó que se incluyera dentro del ingreso base de
liquidación lo referente a la prima de riesgo devengado por el demandante
en el periodo de junio de 2005 a junio de 2006.
59. Por último, reiteró que al demandante no le asistía el derecho a la
reliquidación de la pensión con el promedio de los todos factores salariales
devengados en el último año, y por lo tanto ordenó se revocará la sentencia
de primera instancia y en su lugar, se negará lo pretendido con excepción a
la inclusión de la prima de riesgo desde el año 2003 en el ingreso base de
liquidación, pero únicamente por el último año acreditado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Recurrente: UGPP
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01666-00
1.6. El recurso extraordinario de revisión
60. El 8 de abril de 2024, por medio de apoderado judicial, la UGPP allegó escrito
mediante el cual presentó recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia proferida el 23 de marzo de 2023 por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se revocaron los
numerales primero, tercero y quinto de la decisión del 8 de abril de 2016
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda
Subsección C, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 25000-23-42-000-2014-01307-00.
61. La parte actora invocó como causal de revisión la prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, «Cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables»
62. En ese sentido, indicó que la sentencia objeto del recurso transgrede la Ley
100 de 1993, el Decreto 1158, la Ley 860 de 2003, el artículo 41 del Decreto
3135 de 26 de diciembre de 1968, el artículo 151 del Código Procesal de
Trabajo, el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 y el artículo 187 del
CPACA.
63. Como fundamento señaló que, en la sentencia de primera instancia, el
Tribunal advirtió que se configuró la prescripción trienal de las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 21 de octubre de 2010, y en
consecuencia declaró probada de oficio la excepción de prescripción
respecto del pago de estas.
64. No obstante, el juez de segunda instancia planteó la prescripción de las
mesadas como problema jurídico dentro de su decisión, y aunque no hizo
ningún pronunciamiento frente al tema dentro de la parte motiva, en su parte
resolutiva si revocó el numeral primero de la sentencia de primera instancia
en el cual se había ordenado.
65. Señaló que con su actuar, se violó el artículo 187 del CPACA y las sentencias
C-916 de 2010 y C-072 de 1994, en tanto es su deber pronunciarse sobre la
prescripción sea esta propuesta o no por la entidad.
66. Resaltó que, en materia administrativa laboral se debe dar aplicación
respecto de las acciones consagradas en el Decreto 3135 de 1968 a la
prescripción trienal, por lo tanto, indicó que al no efectuarse se estaría en
«contravía de los presupuestos constitucionales de sostenibilidad de las
pensiones, ya que se ocasiona un grave detrimento en las finanzas del erario
público».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Recurrente: UGPP
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01666-00
67. Así, indicó que lo correcto era efectuar la reliquidación declarando la
prescripción trienal de las mesadas causadas, puesto que, con el fallo
recurrido se aumentó la cuantía que legalmente le correspondería pagar en
las mesadas pensionales, con lo cual se pone a su cargo una prestación sin
fundamento legal.
68. Aunado a lo anterior, señaló que, sin declararse la prescripción
correspondiente, la decisión podría llegar a ser ilegal al constituir pago de lo
no debido de acuerdo con lo establecido en el artículo 2313 del Código Civil
y a las sentencias T-1117 de 2003 y T-1223 de 2003, en las cuales se
decidieron casos similares al de objeto de estudio y se advirtió que los
beneficiarios no pueden apropiarse de las sumas pagadas en exceso ya que
es dinero al cual no tienen derecho.
69. Asimismo, alegó que, el señor Luna debe hacer devolución de las sumas que
se le hayan pagado atendiendo a lo dispuesto en la sentencia C-258 de 2013,
que indica que, al existir un reconocimiento y pago de una asignación
pensional sin soporte legal ni constitucional, esta constituye una forma de
abuso del derecho.
70. Insistió que el reconocimiento pensional otorgado contradice la normativa e
implica la destinación de dineros públicos para financiar una pensión que no
está acorde con la ley.
71. Concluyó que el pago de lo no debido al señor Luna Gordillo se encuentra
por encima de lo legalmente contemplado por la ley y, por tanto, es una suma
pagada en exceso.
1.7. Trámite procesal
72. La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales de la
Protección Social - UGPP, a través de apoderado, mediante escrito asignado
por reparto a este Despacho el 8 de abril de 2024 12, presentó recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el 23 de marzo de
2023 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que
revocó los numerales primero, tercero y quinto de la decisión del 8 de abril
de 2016 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 25000-23-42-000-2014-01307-00.
73. El 17 de abril de 2024 el suscrito magistrado presentó manifestación de
impedimento13 con fundamento en el numeral 9 del artículo 141 de CGP.
12 Samai, índice No. 2.
13 Samai, índice No. 5.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Recurrente: UGPP
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01666-00
74. Mediante auto del 9 de septiembre de 202414, la Sala Especial de Decisión
No. 6 lo declaró infundado.
75. A través de providencia del 30 de septiembre de 202415, este Despacho
admitió el recurso extraordinario de revisión y ordenó notificar personalmente
esta decisión al señor Aldemar Luna Gordillo, al Ministerio Público y a la parte
actora por estado. Asimismo, se ordenó oficiar al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C para que allegara la
totalidad del expediente.
76. Las referidas notificaciones se surtieron el 1 de octubre de 202416.
77. El 1 de octubre de 202417 el Ministerio Público informó «que efectuado el
reparto el día hoy, le correspondió la intervención del Ministerio Público en el
recurso extraordinario de revisión de la referencia a la Procuraduría Tercera
Delegada ante esa Corporación».
78. El 3 de octubre siguiente18, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C remitió al proceso el expediente requerido.
79. El 7 de octubre de 202419, el abogado Jorge Iván Palacio Palacio, allegó
escritura pública mediante la cual la Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscales – UGPP le confirió poder para actuar como representante
judicial dentro del recurso extraordinario de la referencia.
80. Por auto del 25 de octubre de 2024, se dispuso a decretar como prueba los
documentos aportados al proceso por cumplir con los requisitos de
conducencia, pertinencia, utilidad y licitud20.
81. El 28 de abril de 2025, el apoderado de la UGPP presentó memorial en el
que se pronunció frente a los documentos allegados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Subsección C, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2014-
0130700 e indicó que «no presenta objeciones a la mentada prueba en la
medida que por tratarse de documentos que emanan de una autoridad
judicial, de tal manera que la UGPP se acoge a lo que dichos documentos
informan al proceso».
14 Samai, índice No. 12.
15 Samai, índice No. 18.
16 Samai, índices No. 22, 23 y 24.
17 Samai, índice No. 26.
18 Samai, índice No. 27.
19 Samai, índice No. 28.
20 Samai, índice No. 30
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Recurrente: UGPP
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01666-00
81.8. Intervenciones
82. El señor Aldemar Luna Gordillo y el Ministerio Público, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
83. De acuerdo con los artículos 111 y 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado tiene competencia para
conocer de los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias
dictadas por las Secciones y Subsecciones de esta Corporación21.
84. Ahora bien, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 107 del
referido estatuto procesal22, mediante el Acuerdo 80 de 201923, que compiló,
entre otros, el Acuerdo 321 de 2014, emanado de la Sala Plena del Consejo
de Estado, se reglamentó la creación de salas especiales de decisión,
encargadas de resolver los recursos extraordinarios de revisión interpuestos
contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones de esta
Corporación24.
85. En tales condiciones, corresponde a esta Sala Especial de Decisión, en los
términos del artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, resolver el recurso extraordinario de revisión
presentado contra la sentencia del 23 de marzo de 2023, a través de la cual
21 Artículo 111 CPACA. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo
Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: “(…).2. Resolver los recursos
extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los
demás que sean de su competencia.
Artículo 248 CPACA. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces
administrativos.
Artículo 249 CPACA. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por
las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.
22 Artículo 107 C.P.A.C.A. Integración y composición. (…).
Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este
Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de
nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por
cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto,
si fuere el caso.
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al
respecto establezca el reglamento interno.
23 Publicado en el diario oficial, edición 50.913 de 1º de abril de 2019.
24 Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019. Artículo 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los
siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los
recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Recurrente: UGPP
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01666-00
la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación revocó los
numerales primero, tercero y quinto de la decisión del 8 de abril de 2016
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 25000-23-42-000-2014-01307-00.
2.2. Oportunidad
86. De conformidad con el artículo 251 del CPACA25, para los casos en los que
se invoquen las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, el recurso extraordinario de revisión debe presentarse
dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia.
87. En el caso en concreto la demanda de revisión fue interpuesta
oportunamente, esto es, el 8 de abril de 2024, puesto que la sentencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, ahora
recurrida, fue proferida el 23 de marzo de 2023, notificada por correo
electrónico el 27 de abril de 2023 y ejecutoriada el 5 de mayo de 202326.
2.3. Problema jurídico
88. Le corresponde a la Sala Especial de Decisión No. 6 establecer si la
sentencia proferida el 23 de marzo de 2023 por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 11001-03-25-000-2011-00031-00, se
encuentra incursa en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, esto es, «cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que
le eran legalmente aplicables».
89. Lo anterior, en consideración a que en la decisión de segunda instancia se
revocó el numeral primero que ordenó la prescripción de las mesadas
pensionales causadas y aunque se formuló como parte del problema jurídico
a resolver, no se efectuó pronunciamiento alguno en la parte motiva de la
sentencia.
2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
90. El recurso extraordinario de revisión es una herramienta prevista en las
diferentes jurisdicciones que tiene como propósito despojar del carácter
inmutable y de cosa juzgada que, por regla general, tienen las decisiones
25 Artículo 251. TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO. (…) En los casos previstos en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años
siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro
del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.
26 Samai, índice No. 27.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Recurrente: UGPP
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01666-00
judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales que
permiten sostener que determinada sentencia es contraria a derecho. Así lo
definió la Corte Constitucional en sentencia C-090 de 1998 al concluir que se
trata de un mecanismo para evitar «que persistan dentro del ordenamiento
jurídico sentencias que vulneren el debido proceso, o que no se ajusten al
derecho y a la Constitución».
91. En la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario
de revisión se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se
mantuvo en la Ley 1437 de 2011; su propósito es el de permitir a los jueces
reexaminar determinadas sentencias a efectos de establecer si estas son
contrarias al ordenamiento jurídico27, siempre que se configure alguna de las
causales taxativamente previstas en la ley28.
92. Se trata, además, de un proceso independiente y autónomo del que dio
origen a la sentencia cuya revisión se estudia, de forma que no puede
entenderse como una instancia adicional. En consecuencia, este recurso no
es la vía para corregir los yerros probatorios de las partes, ni para reconducir
el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir términos o reabrir el
debate surtido en el trámite ordinario.
2.5. La causal de revisión prevista en el literal b) artículo 20 de la Ley 797 de
2003
93. El legislador estableció que, además de las causales de revisión previstas en
el CPACA, cuando se reconozca una prestación periódica o pensiones a
cargo del presupuesto público, estas también pueden ser revisadas por el
Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, según sus
competencias. Lo anterior con el propósito de proteger el erario público y
garantizar la sostenibilidad del sistema general de pensiones. El artículo 20
de la Ley 797 de 2023 prevé:
Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento
que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación
de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza
podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por
27 Sobre el punto la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló que «Con todo, el
principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia
material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la
cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos
en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este
sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio «res iudicata pro veritate habertur»
para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una
sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de
la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado».
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 17 de julio de
2013, Radicado 11001031500020120023100.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Recurrente: UGPP
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01666-00
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de
una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables. (negrillas fuera del texto)
94. En la exposición de motivos que condujo a la expedición de la Ley 797 de
2003 se explicó que ella obedeció a la necesidad «de construir esquemas
sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y,
equitativos para todos los ciudadanos».
95. De lo anterior, es posible deducir que los motivos principales para la
expedición de la norma estaban encaminados a reducir el déficit fiscal y hacer
del sistema pensional un esquema viable económicamente, por el cual se
avaló el mecanismo extraordinario de revisión, entre otras, respecto de
aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía excediera lo debido de
acuerdo con las normas vigentes, tal y como lo predica la causal b), la cual
es invocada en el presente caso.
96. La Corte Constitucional al realizar el estudio de constitucionalidad del artículo
20 de la Ley 797 de 2003 en la sentencia C-835 de 2003, señaló que la
revisión establecida en la norma es «sui generis» lo cual complementó esta
Corporación al señalar que su ejercicio tiene las siguientes características29:
(i) Está restringido a una parte activa calificada, es decir, son determinadas
entidades las llamadas a instaurarla;
(ii) procede únicamente por dos causales específicas que tienen por finalidad
la protección y recuperación del patrimonio público, y
(iii) su objeto es delimitado y el análisis se dirige a establecer la legalidad de
las sumas periódicas que han sido reconocidas.
97. Por otra parte, esta Corporación al examinar las causales de revisión
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, expuso lo siguiente:
Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de
revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso
29 Consejo de Estado, Sala Especial de decisión No. 4. Sentencia del 30 de noviembre de 202.
Radicado 11001-03-15-000-2017-01538-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Recurrente: UGPP
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01666-00
extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los
artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, lo cierto es que presenta aspectos que lo
particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del
Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se
tienen los siguientes:
i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino
también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento
de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el
proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como
transacción y conciliación.
ii) Están legitimados para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que
realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a
reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las
pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito
de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de
velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez,
solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el
principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes a la liquidación de aquellas,
cuando se reconocieron en un valor mayor al que corresponde, con
vulneración del debido proceso o de la ley.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra
en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero,
precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que
debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el
reconocimiento (pensional) se hizo con violación al debido proceso o, si como
en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley30.
30 Sobre el punto consignado en el numeral i): se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la
Corte Constitucional.; respecto del numeral ii) consultar la sentencia SU 427 de 2016 de la Corte
Constitucional; en lo atinente al numeral iii), acudir a la sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No 4, sentencia del 1 de agosto de
2017, radicado 110010315000201602022 00 (REV) y respecto del numeral v) a la sentencia del
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No 25,
sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 110010315000201700744 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Recurrente: UGPP
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01666-00
98. Así las cosas, respecto a la causal b) ha señalado31:
(…) la causal se erige como herramienta legal útil, que persigue fortalecer el
principio de la moralidad administrativa y que permite corregir los
reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan
los principios que orientan el Sistema General de Pensiones, en especial, el
principio de solidaridad y equilibrio financiero.
A lo anterior se suma que el sistema pensional debe ser sostenible
fiscalmente, de tal forma que garantice la estabilidad a largo plazo de las
finanzas públicas y se procure el cumplimiento de los principios de
rentabilidad, sostenibilidad y conveniencia, en cuanto a la determinación del
gasto, de tal forma que prevalezca el interés general sobre el particular.
99. Por lo tanto, que para que se configuré la causal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, alegada en el asunto objeto de estudio, debe demostrarse i)
que se trate de un derecho debido de acuerdo con la ley; ii) que se trate de
un derecho reconocido; iii) y que exista un exceso en la cuantía reconocida
frente a ese derecho32.
2.6. El caso en concreto
100. La parte actora invocó como causal de revisión la prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 contra la sentencia proferida el 23 de marzo
de 2023 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante la cual se revocaron los numerales primero, tercero y quinto de la
decisión del 8 de abril de 2016 dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda Subsección C, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2014-01307-
00.
101. Lo anterior, con fundamento en que en la referida providencia se planteó la
prescripción de las mesadas como problema jurídico y aunque no se hizo
ningún pronunciamiento en la parte motiva, se revocó el numeral primero de
la sentencia de primera instancia en el cual se había ordenado la prescripción,
situación que, a juicio, de la parte actora aumentó la cuantía que legalmente
debe pagar y pone a su cargo una prestación sin fundamento legal.
102. Asimismo, expuso que, al existir un reconocimiento y pago de una asignación
pensional sin soporte legal ni constitucional, se presenta una forma de abuso
del derecho, razón por la cual el señor Luna Gordillo debe devolver las sumas
que se hayan pagado sin fundamento legal.
31 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 23, sentencia del 6 de agosto de 2019, radicado
11001-03-15-000-2016-01280-00.
32 Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Recurrente: UGPP
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01666-00
103. En este contexto, se tiene que la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, en el fallo de segunda instancia del 23 de marzo de 2023,
ordenó la reliquidación de la pensión de vejez del señor Aldemar Luna Gordillo
incluyendo en el ingreso base de liquidación el promedio de lo devengado en
los últimos 10 años, así como la prima de riesgo, pero únicamente entre junio
de 2005 a junio de 2006, que fue el periodo acreditado.
104. Para arribar a tal conclusión, formuló los siguientes problemas jurídicos:
¿El señor Aldemar Luna Gordillo tiene derecho a la reliquidación de la
pensión de vejez tomando como ingreso base de liquidación, IBL; la totalidad
de los factores devengados durante el último año de servicios de
conformidad con el régimen de alto riesgo o por el contrario le es aplicable el
inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto reglamentario
1158 de 1994?
En el evento en que se admita que la reliquidación se debe efectuar con
ingreso base de liquidación del último año se deberá examinar si ¿es
procedente aplicar la prescripción trienal a las mesadas causadas?
105. Del material probatorio obrante en el expediente, se determinó que el
causante nació el 3 de junio de 1957 y laboró por más de 25 años en el
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS; entre el 18 de febrero de
1981 hasta el 30 de junio de 2006 y su último cargo fue el de detective
profesional 207-10.
106. También se estableció que el señor Luna Gordillo era beneficiario del régimen
de transición establecido en el Decreto 1835 de 1994 por lo que debía
aplicarse los requisitos de edad, tiempo de servicio y monto previsto en el
Decreto Ley 1933 de 1989 y Decreto 1047 de 1978.
107. En tal sentido, la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación indicó
que con base en la sentencia de unificación SUJ-028-CE-SE-2022 del 28 de
julio de 2022, el ingreso base de liquidación para los beneficiarios del régimen
de transición de los servidores que desarrollaron actividades de alto riesgo era
el contenido en la Ley 100 de 1993, es decir, a quienes les faltare menos de
10 años para adquirir el derecho de la pensión, el promedio de lo devengado
en el tiempo que le hiciere falta para cumplir el estatus pensional y si faltare
más de ese tiempo, el promedio de los últimos 10 años de servicio.
108. De este modo, concluyó frente al primer problema jurídico que el demandante
no tenía derecho a la reliquidación de la pensión de vejez con todos los
factores salariales devengados en el último año de servicio por cuanto no se
ajustaba a la posición jurisprudencial vigente.
109. De otra parte, precisó lo siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Recurrente: UGPP
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01666-00
Ahora bien, en los actos administrativos acusados se observa que no se tuvo
en cuenta como factor salarial para liquidar la pensión de vejez, la prima de
riesgo, la cual de conformidad con la regla de unificación fijada por esta
Sección se debe cumplir a partir de la vigencia de la Ley 860 de 2003.
No obstante, no se encuentra probado en el expediente que el demandante
haya devengado la prima de riesgo desde la entrada en vigencia de la Ley
860 de 2003; sólo está acreditado que la devengó en el último año de
servicio.
Bajo ese entendido, y de conformidad con lo expuesto en el marco normativo
y jurisprudencial, concluye la Sala que debe aplicarse la sentencia del 28 de
julio de 2022 de la Sección Segunda que unificó posición, según la cual los
factores salariales para liquidar la pensión de vejez son los establecidos en
el Decreto 1158 de 1994 y sobre los cuales se cotizó. En relación con la prima
de riesgo debe incluirse en el IBL a partir de la fecha en la que aparece
demostrada que la devengó, es decir, desde junio de 2005 a junio de 2006.
En conclusión, el demandante no tiene derecho a que se le reliquide la
pensión con el promedio de los factores salariales devengado en el último
año.
En consideración a lo expuesto, la Sala revocará la sentencia proferida en
primera instancia en la que se accedieron a las súplicas de la demanda y en
su lugar, negará las pretensiones de la misma excepto en cuanto a la
inclusión de la prima de riesgo desde el año 2003 en el IBL pero únicamente
por el último año que la acreditó, es decir, de junio de 2005 a junio de 2006.
110. Como se advierte de la cita anterior, la Sala encuentra que le asiste razón a
la UGPP al afirmar que en la referida providencia no se efectuó
pronunciamiento alguno frente al segundo problema jurídico en el que se
estableció el estudio de la prescripción trienal y en efecto, fue uno de los
numerales revocados en la decisión de primera instancia.
111. En este orden de ideas, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado indicó:
PRIMERO. REVOCAR los numerales primero, tercero y quinto de la
sentencia del 8 de abril de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por el señor
Aldemar Luna Gordillo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP, y en su lugar
SEGUNDO. ORDENAR reliquidar la pensión de vejez reconocida al señor
Aldemar Luna Gordillo incluyéndole en el ingreso base de liquidación del
promedio de lo devengado en los últimos diez años, la prima de riesgo desde
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Recurrente: UGPP
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01666-00
el año 2003, pero únicamente por el periodo que acreditó que la percibió de
junio de 2005 a junio de 2006.
112. Al respecto, se precisa que los numerales revocados del fallo de primera
instancia, del 23 de marzo de 2016, dictado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, fueron los siguientes:
Primero.- Declárese probada de oficio la excepción de prescripción respecto
del pago de las diferencias de las mesadas pensionales anteriores al 21 de
octubre de 2010, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
(…)
Tercero.- Como consecuencia de la declaración de nulidad de los actos
acusados, y a título de restablecimiento del derecho, LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
“UGPP”, reliquidará la pensión de vejez reconocida al señor Aldemar Luna
Gordillo, identificado con C.C. No. 17.385.519, en cuantía equivalente al 75%
del promedio mensual de los factores salariales devengados en el año
anterior al retiro del servicio (1° de julio de 2005 al 30 de junio de 2006),
incluyendo además de los ya reconocidos (asignación básica y bonificación
por servicios), la prima de riesgo, la prima de clima, (1/12 parte) de la prima
de servicios, (1/12 parte) de la prima de navidad y (1/12 parte) de la prima de
vacaciones, a partir del primero (1°) de julio de dos mil seis (2006), pero con
efectos fiscales a partir del veintiuno (21) de octubre de dos mil diez (2010),
por prescripción trienal, efectuando el descuento de los aportes
correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordena sobre los
cuales no haya efectuado la deducción legal, por todo el tiempo de relación
laboral, debidamente indexados y sobre el monto equivalente para la
financiación de la pensión, de acuerdo con al artículo 48 de la Constitución
Nacional, modificado por el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005,
siempre que no se haya efectuado la deducción legal, en la proporción que
legalmente le corresponde al demandante.
(…)
Quinto.- Deniéganse las demás súplicas de la demanda.
113. Visto lo anterior, es claro que la causal invocada persigue el fortalecimiento
de la moralidad administrativa y permite corregir aquellos reconocimientos
pensionales que se han realizado en exceso y que afectan los principios
generales que orientan el Sistema General de Pensiones como el de
solidaridad y equilibrio financiero.
114. No obstante, vale la pena precisar que el artículo 287 del Código General del
Proceso establece la figura de la adición de sentencias como mecanismo para
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Recurrente: UGPP
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01666-00
resolver la omisión de pronunciamientos que deben efectuarse dentro de la
litis o por imperio de la ley.
115. La referida norma establece lo siguiente:
ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre
cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de
conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá
adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria,
de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.
(Negrilla fuera de texto)
116. Sobre el particular, se advierte que la UGPP, parte actora en el presente
asunto, no hizo uso de este mecanismo ordinario con el que contaba para
presentar su inconformidad ante la falta de estudio de uno de los problemas
jurídicos formulados en el fallo, dado que como se evidencia pudo solicitar,
dentro del término de ejecutoria, la adición para que se dictara una sentencia
complementaria frente a este aspecto, pero esto no ocurrió.
117. En este contexto, para la Sala es necesario recordar que el recurso
extraordinario de revisión no puede ser visto como un medio efectivo para
remediar las omisiones en la labor defensiva de las partes por cuanto no
constituye una instancia adicional o una tercera instancia que tenga por
finalidad corregir errores o reemplazar los medios idóneos para defender sus
intereses.
118. Este escenario, es justamente el que planeta la UGPP al formular el presente
recurso extraordinario de revisión con el propósito de lograr el pronunciamiento
sobre la prescripción trienal de la prestación económica que no fue resuelto en
la sentencia recurrida, pero que tampoco lo alegó como punto omitido en la
sentencia por medio de la adición.
119. Al respecto, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado33, se
pronunció recientemente en un caso similar, en los siguientes términos:
De igual manera, la Corte Suprema de Justicia, corporación que por
competencia del artículo 30 del Código General del Proceso conoce sobre
recursos de revisión, ha señalado que este medio debe responder a
«verdaderos descubrimientos que patenticen la irregularidad alegada, ajena
a la desidia o descuido de los deberes propios de quienes estuvieron
involucrados en la litis, toda vez que si existió campo para su discusión dentro
del curso normal del debate […] no es este el escenario propicio para hacerlo,
ya que se convertiría en una nueva instancia o la oportunidad de reabrir
etapas debidamente precluidas con amparo en la normatividad vigente».
33 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Acción especial de revisión. 10 de julio de
2024. Radicado 11001-03-25-000-2019-00330-00 (2145-2019).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Recurrente: UGPP
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01666-00
En este punto resulta preciso advertir que, en un caso con similares
connotaciones— existiendo claridad de las diferencias propias de cada tipo
de proceso y su regulación en la ley— tal corporación, señaló un argumento
que en este caso se adopta como propio respecto de la imposibilidad de
tornar efectiva la excepción de prescripción que se busca ahora obtener en
revisión. Veamos:
«En el sub examine, la entidad solicitante atacó el silencio tanto del Tribunal
como de la Corte, frente a la excepción de prescripción, habiéndose
propuesto en la contestación de la demanda. Al respecto, se impone
recordar que la ley procesal le exige al juez al proferir la sentencia
definitiva, que sea congruente con la cuestión litigiosa, esto es, que no
omita resolver sobre los pedimentos impetrados en la demanda, ni
sobre los medios exceptivos de defensa formulados por quien fue
convocado al proceso en calidad de contradictor.
Por ello, cuando se dan algunas de las referidas falencias, la misma
normativa prevé el mecanismo tendiente a conjurar tales
irregularidades, bien por actuación de oficio el juez o en virtud de
solicitud de parte, a través de una sentencia complementaria donde se
resuelva sobre la pretensión o excepción cuyo pronunciamiento fue
omitido; instrumento éste que tampoco fue utilizado por el ente impugnante
dentro del término legal respectivo y que ahora pretende revivir a través de
este mecanismo restringido.
En ese contexto, no es de recibo que la parte demandada en el proceso
primigenio retome el tema de la prescripción para alegarlo ahora como
sustento de la revisión, dado que por la índole misma de este especialísimo
medio de cuestionamiento procesal, excepcional y extraordinario, la Corte
tiene vedado volver a discutir los extremos de un proceso que ha sido
resuelto a través de una decisión debidamente ejecutoriada --o reemplazar
los instrumentos de impugnación previstos por el legislador en cada
procedimiento--, soslayando las cargas procesales que como
imperativos condicionales corresponde asumir a determinada parte.
Por manera que, aparte de ya no ser ese un hecho controvertido del proceso
(prescripción de mesadas pensionales), hizo tránsito al concepto de cosa
juzgada material, elementos todos del debido proceso y, por tanto, que
escapan a la causal de revisión de violación del mismo.
120. De este modo, la UGPP dejó de utilizar la figura procesal idónea para
controvertir el punto que echa de menos en la decisión y en el que sustenta la
configuración de la causal invocada, pues tuvo acceso a la solicitud de adición
de la sentencia como parte demandada dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento de derecho y dejó vencer el término legal previsto para ello,
lo que hace inviable que a través del recurso extraordinario de revisión se
remedie el vicio alegado.
121. Al respecto, vale la pena precisar que la solicitud de adición de sentencia no
constituye un requisito de procedibilidad del recurso extraordinario de revisión,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Recurrente: UGPP
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01666-00
ni su ausencia impide per se el ejercicio de este. No obstante, constituye una
herramienta eficaz que procura el pronunciamiento completo de la decisión
con la aptitud jurídica suficiente de dar lugar a una sentencia complementaria
que suspende la ejecutoria del fallo e impide la consolidación de perjuicios
derivados de una eventual omisión.
122. Por tal motivo, si dicho mecanismo estaba disponible y no fue utilizado, no
puede trasladarse esa omisión al juez como si se tratara de un error revisable
por esa sola circunstancia bajo la causal de revisión alegada.
123. Finalmente, vale la pena aclarar que la Sala Especial de Decisión No. 22 del
Consejo de Estado34 expuso en otro asunto lo siguiente, en la relación con la
procedencia de la causal alegada:
En este orden, de mantenerse la decisión objeto de revisión, se estaría
avalando un exceso en la cuantía del derecho que se ordenó pagar en favor
del señor Sáenz Vargas, constituyendo un pago injustificado que impacta el
patrimonio público, cuya protección quiso velar el legislador cuanto consagró
la causal b) de la Ley 797 de 2003, según la cual, deben revisarse las
pensiones «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley». En este caso, el exceso se traduce en el pago indebido
por más de cinco (5) años de mesadas pensionales prescritas, a las cuales no
tenía derecho el pensionado, dado que la fecha de efectividad de la prestación
era desde el 16 de noviembre de 2008, como se explicará en el acápite
siguiente.
Como se indicó, precedentemente, esta causal obedeció a la necesidad de
construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles
en el tiempo, en orden a hacer del sistema pensional algo posible en términos
económicos, y ello solo se consigue si los reconocimientos y pagos se hacen
con estricta sujeción a la ley y sin causar detrimentos al erario. De tal forma
que la revisión es posible, entre otras razones, cuando aquellas prestaciones
periódicas se reconocen en cuantía que excede a lo debido, de acuerdo con
las normas vigentes. En ese orden de ideas, las causales de procedencia de
la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la teleología a la
que responde dicho instrumento procesal.
Por tanto, la Sala tendrá por configurada la causal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, infirmará parcialmente la sentencia objeto de revisión y declarará
la prescripción de las mesadas respectivas con el fin de garantizar que la
cuantía del derecho reconocido no sea contraria a lo ordenado por la ley35.
34 Consejo de Estado. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia del 29 de noviembre de 2024.
Radicado 11001031500020240171000.
35 En similar sentido puede consultarse la acción especial de revisión que resolvió el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, a través de la
sentencia de 12 de octubre de 2023, radicado 11001-03-25-000-2016-01174-00, MP. Jorge Iván
Duque Gutiérrez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Recurrente: UGPP
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01666-00
124. Al respecto, es preciso mencionar que en ese caso particular si bien se
encontró configurada la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque
en sede ordinaria no se declaró la prescripción de las mesadas pensionales,
ello se presentó en razón a que la sentencia recurrida no omitió el análisis de
ese aspecto en concreto, sino que el estudio efectuado incurrió en una falencia
al valorar su conteo y por tal motivo, no se declaró.
125. Dicho de otro modo, en esa oportunidad no existió una falta de
pronunciamiento absoluto, como ocurre en el presente caso, por cuanto lo que
existió fue un error en el análisis efectuado, escenario frente al cual no procede
la figura de la adición dado que no corresponde a una ausencia de estudio de
los extremos de la litis o de cualquier otro asunto que deba ser objeto de
pronunciamiento de conformidad con la ley.
126. En consecuencia, la Sala no encuentra demostrada la configuración de la
causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es,
«cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido según la ley,
pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables» y en tal
sentido, se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión.
2.7. Costas
127. De acuerdo con lo previsto en el artículo 255 de la Ley 1437 de 201136, en
concordancia con el numeral 8 del artículo 365 del CGP, se condenará en
costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de revisión,
siempre que, «en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación».
128. Por su parte, el artículo 361 del CGP establece que las costas están
integradas por la expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso
y por las agencias en derecho. Asimismo, dispone que las costas serán
tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente.
129. En el caso objeto de estudio, no se demuestra que se hayan causado y
comprobado dado que el señor Aldemar Luna Gordillo, parte demandada en
36 ARTÍCULO 255. SENTENCIA. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de los numerales 1 a 4 y 6 a 8 del artículo
250 de este código, o la del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, invalidará la sentencia
revisada y dictará la que en derecho corresponde.
En la sentencia que invalide la decisión revisada se resolverá sobre las restituciones, cancelaciones,
perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias de dicha invalidación. Si en el
expediente no existiere prueba para imponer la condena en concreto, esta se hará en abstracto y se
dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 de este código.
Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal
que dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga
lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda.
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente. «Artículo
modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Recurrente: UGPP
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01666-00
este trámite no se pronunció en la oportunidad procesal a pesar de haber sido
notificada en debida forma.
130. En tales condiciones, no se condenará en costas procesales a la parte
vencida.
En mérito de lo expuesto, la Sala Especial de Decisión No. 6, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
contra la sentencia proferida el 23 de marzo de 2023 por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado 25000-23-42-
000-2014-01307-01 (3055-2016), por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo: ABSTENERSE de condenar en costas a la parte recurrente, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Tercero: Por Secretaría General, archívese el expediente previas las anotaciones
pertinentes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Magistrado Magistrada
Salvamento parcial de voto
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Magistrado Magistrada (E2)
Aclaración de voto
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada
Salvamento de voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.