Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01670-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-01670-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01670-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01670-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
29 de abril de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintinueve (29) de abril de dos mil veinticuatro (2024).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01670-00
Demandante: OLGA LUCÍA NAVIA DAZA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL - PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD -
IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN
EL MARCO DE LA LEY 906 de 2004 - SE ACCEDE
AL AMPARO
Síntesis del caso: los demandantes consideraron que la autoridad judicial demandada vulneró
sus derechos constitucionales fundamentales con ocasión del fallo del 30 de noviembre de 2023
que revocó el fallo de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su
juicio, incurrió en un defecto sustantivo. La Sala amparará los derechos fundamentales invocados
por cuanto no existe prueba idónea para respaldar la medida preventiva de privación de la
libertad.
La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela presentado por los señores Olga
Lucía Navia Daza, Armando Torres Lozano, Michelle Dayana Navia Daza, Erick Yesid
Zamora Navia, Leonel Torres Mosquera, Manuel Torres Mosquera, Marlín Torres
Mosquera, Faver Torres Mosquera, Nally Torres Mosquera, José Andrés Moreno Murillo,
Fabiola Castro Balverde, Francia Elena Rivas Murillo, Paula Andrea Moreno Rivas,
Francia Elena Moreno Rivas, Wilbert Campaz Cuero, Eylin Stefany Campaz Salazar, Lilia
Zamira Campaz Montoya, Wilber Andrés Campaz Riascos, Diego Armando Campaz
Riascos, Genaro Campaz, Orfa Dalia Cuero y Mireya Campaz Cuero en contra del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para la protección de sus derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso e igualdad, consagrado en los
artículos 13 y 29 de la Carta Política, presuntamente vulnerado con ocasión de la
providencia del 30 de noviembre de 2023, proferida por dicha autoridad judicial.
2
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01670-00
Demandante: Olga Lucía Navia Daza y otros
Acción de tutela
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción1 la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) El día 4 de julio de 2012, mediante operativo realizado en el kilómetro 14 de la carretera
Cabal Pombo al practicar una requisa en el taxi y encontrar un arma de fuego en el
maletero se produjo la captura del señor Julio Cesar Cortes Grueso, cuando se
movilizaba como conductor de un vehículo de servicio público tipo taxi de placa VMW-
900, junto con los aquí actores, quienes se movilizaban como pasajeros -Fausto Torres
Mosquera, José Andrés Moreno Murillo, Wilber Campaz Cuero y Jhon Jairo Grueso
Ángulo-.
2) En audiencia preliminar del 4 de julio de 2012, el Juzgado Quinto con Funciones de
Control de Garantías de Buenaventura les impuso una medida de aseguramiento
privativa de la libertad con fundamento en que las pruebas resultaban suficientes para
establecer una inferencia razonable de autoría del delito de fabricación, tráfico y porte de
armas de fuego o municiones.
3) El 2 de abril de 2013, el señor Julio Cesar Cortes Grueso como conductor del taxi
realizó un preacuerdo con la fiscalía en el que aceptaba la responsabilidad a titulo de
autor del delito de fabricacion, trafico porte o tenencia de arma de fuego, accesorios,
partes o municiones, bajo el verbo rector de transportar y como consecuencia del mismo
tendría una rebaja de la pena.
4) El 27 de agosto de 2013, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Buenaventura
precluyó la investigación adelantada a favor de los señores Fausto Torres Mosquera,
José Andrés Moreno Murillo, Wilber Campaz Cuero y Jhon Jairo Grueso Ángulo, en
relación con los delitos que se les imputaban tras analizar que las armas se encontraban
en el maletero del taxi y que, al ser un vehículo de transporte público, lo normal es que
los pasajeros no tengan relación con el conductor, motivo por el cual se declaró su
libertad, la cual se hizo efectiva el 28 de agosto de 2013.
1 Demanda que se presentó el 8 de abril de 2024.
3
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01670-00
Demandante: Olga Lucía Navia Daza y otros
Acción de tutela
5) En consideración a la privación de su libertad, la cual catalogaron como injusta,
presentaron demanda de reparación directa en contra de la Fiscalía General de la Nación
y la Nación - Rama Judicial con el fin de que les pagaran los perjuicios morales y daños
a la vida de relación a todos los solicitantes.
6) El Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura2, mediante
sentencia del 2 de marzo de 2016, declaró la falta de legitimación en la causa de la
Fiscalía General de la Nación y de la señora María Fanny Salazar; de igual forma declaró
administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación – Rama Judicial por la
privación injusta de la libertad, tras considerar que al no demostrarse la conducta delictiva
no había lugar a la pena privativa de la libertad.
7) La parte demándate interpuso recurso de apelación en el que indicó que el a quo no
debía declarar la falta de legitimación en la causa de la señora María Fanny Salazar, toda
vez que de las pruebas se podía evidenciar que sí tenía relación e interés en el proceso
como compañera permanente del señor Wilber Campaz Cuero, además, indicó que
tampoco estaban de acuerdo con el valor reconocido por concepto de daños a la vida de
relación.
8) La demandada también presentó recurso de apelación en el que manifestó que no era
responsable del daño, toda vez que el juez de control de garantías únicamente se limitó
a decidir sobre la procedencia de la solicitud de imposición de la medida privativa de la
libertad solicitada por la Fiscalía General de la Nación, con base en los argumentos,
evidencias físicas y elementos de pruebas presentados por esa entidad, de modo que si
la solicitud no estaba debidamente soportada era únicamente por la falencia cometida
por la Fiscalía General de la Nación.
9) El recurso fue desatado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia
de 30 de noviembre de 2023, en la que revocó la decisión de primera instancia para, en
su lugar, negar las pretensiones de la demanda, en consideración a que no se acreditó
que las demandadas hubieran incurrido en una falla del servicio pues, la solicitud de
imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva se encontró
debidamente soportada en los elementos materiales probatorios y la evidencia física
recaudada.
2. El fundamento de la vulneración
2 Proceso con radicación 76109-33-33-001-2014-00038-00/01.
4
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01670-00
Demandante: Olga Lucía Navia Daza y otros
Acción de tutela
Los demandantes señalaron que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró
sus derechos fundamentales constitucionales con ocasión del fallo proferido el 30 de
noviembre de 2023 por cuanto, a su juicio, incurrió en un defecto sustantivo
Frente al defecto sustantivo por una indebida o insuficiente justificación, los demandantes
manifestaron que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no analizó de forma
apropiada la legalidad de la medida privativa de la libertad para determinar si fue
inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria pues esta únicamente se basó en
el informe de la policía.
De igual manera, indicaron que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no tuvo en
cuenta que el delito por el que imputaron a los señores Fausto Torres Mosquera, José
Andrés Moreno Murillo, Wilber Campaz Cuero y Jhon Jairo Grueso Ángulo no fue
cometido por ellos y jamás tuvieron relación con el arma encontrada en el sistema de
transporte público por el que se movilizaban, motivo por el cual sufrieron un daño especial
y grave como consecuencia de la privación injusta de la libertad.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
“Comedidamente solicito al Honorable Consejo de Estado lo siguiente:
1. DECLARAR que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA. Ha vulnerado los derechos incoados por mis representados.
2. CONCEDER la tutela del derecho al debido proceso de mis prohijados.
3. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2023,
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA.
4. Que, en consecuencia, se le ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL VALLE DEL CAUCA, que, dentro de los 40 días siguientes a la
notificación de la providencia, emita una decisión de remplazo, en el sentido
de acceder a las suplicas de la demanda, valorando el caso también bajo el
régimen objetivo de DAÑO ESPECIAL valorando todas y cada una de las
pruebas obrantes en el expediente, en especial todas las pruebas obrantes
en el expediente penal.”. (archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI- negrillas del original).
4. Actuación procesal
Mediante auto del 10 de abril de 2024 se admitió el proceso de acción de tutela y se
ordenó la notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, entregándoles copia de la demanda, con el fin de que
5
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01670-00
Demandante: Olga Lucía Navia Daza y otros
Acción de tutela
allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
Asimismo, vinculó como terceros con interés al Fiscal General de la Nación y al titular del
Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Buenaventura, con el fin de
que allegara un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
5. Actuación de las autoridades demandadas
La titular del Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial del Buenaventura
indicó que no ha vulnerado los derechos fundamentales de los demandantes y que en
virtud de la sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional el régimen objetivo de
responsabilidad del Estado era residual, primando su estudio por el régimen de falla del
servicio.
De igual forma, manifestó que no observa que el superior haya incurrido en el defecto
material o sustantivo por insuficiente sustentación o justificación, puesto que la decisión
se encuentra soportada en el material probatorio, la legislación y la jurisprudencia
aplicable al caso concreto, motivo por el cual solicitó negar las pretensiones de la acción
de tutela.
La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declare improcedente la acción de tutela
de la referencia toda vez que no cumplió con el requisito de subsidiariedad, en la medida
que el actor contaba con el recurso extraordinario de revisión, de igual forma, el actor
tampoco identificó los derechos fundamentales que pretende imputarle a las providencias
judiciales ni sustentó de manera suficiente el presunto defecto en el que habría incurrido
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio en esta oportunidad, a
pesar de haberse notificado en debida forma.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) análisis de los requisitos
generales de procedibilidad y 3) el caso concreto.
6
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01670-00
Demandante: Olga Lucía Navia Daza y otros
Acción de tutela
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales fundamentales del
demandante.
2. Análisis de los requisitos generales de procedencia
Al respecto, para la Sala el presente asunto cumple los requisitos genéricos de
procedibilidad, por cuanto i) se agotaron todos los medios de defensa judiciales
disponibles al alcance de la persona afectada, sin que sea procedente algún otro; ii) se
cumplió con el requisito de la inmediatez3; iii) no se atacó una sentencia de tutela y, iv) la
parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que estimó transgredidos.
Asimismo, para la Sala v) la cuestión que se discute sí resulta de relevancia
constitucional, en tanto lo que se reprocha es que el juez de segunda instancia revocó la
decisión de primera instancia que había accedido a las pretensiones de la demanda
basándose en unas declaraciones que no constituían pruebas ni indicios que conllevaran
a la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva en centro
carcelario, discusión que no constituye una reiteración de lo debatido en el proceso
ordinario y que tiene íntima relación con los derechos fundamentales a la libertad y
dignidad humana.
3 La providencia cuestionada fue proferida el 30 de noviembre de 2023 y la tutela se presentó el 8 de abril
de 2024, de modo que si no pasaran 6 meses entre esas fechas, mucho menos desde la notificación.
7
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01670-00
Demandante: Olga Lucía Navia Daza y otros
Acción de tutela
3. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con el fin de que se protejan los derechos
fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión del fallo
proferido el 30 de noviembre de 2023, por cuanto, a su juicio, incurrió en un defecto
sustantivo.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala amparará los derechos
fundamentales invocados, por las siguientes razones:
1) Los demandantes afirmaron que se configuró un defecto sustantivo por la indebida o
insuficiente justificación pues, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no analizó
de forma apropiada la legalidad de la medida privativa de la libertad para determinar si
fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria.
2) Por otra parte, manifestaron que no se tuvo en cuenta que la presunta conducta punible
no fue cometida por los señores Fausto Torres Mosquera, José Andrés Moreno Murillo,
Wilber Campaz Cuero y Jhon Jairo Grueso Ángulo.
3) Sobre el particular, la Sala considera necesario resaltar que la providencia de 4 de julio
de 2012 el Juzgado Quinto con funciones de control de garantías de Buenaventura no
explicó ni justificó los argumentos para imponer la medida de aseguramiento de detención
preventiva en centro carcelario y únicamente se basó en la solicitud de la Fiscalía General
de la Nación para imponer la medida de detención preventiva, veamos:
“Se procede a decretar la medida de aseguramiento de conformidad con lo
dispuesto al Art 307 literal A Nral 1, CONSISTENTE EN DETENCIÓN
PREVENTIVA EN CENTRO CARCELARIO contra los imputados, JHON
JAIRO GRUESO ANGULO identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.1
13.363.369 de Buenaventura Valle, WILBERT CAMPAZ CUERO identificado
con la cédula de ciudadanía N° 14.470.397 de Buenaventura Valle, JULIO
CESAR CORTES GRUESO identificado con la cedula de ciudadanía N°
1.111.743.047 de Buenaventura Valle, JOSE ANDRES MORENO MURILLO
identificado con a cédula de ciudadanía N°l6.509.388 de Buenaventura Valle y
FAUSTO TORRES MOSQUERA identificado con la cédula de ciudadanía N°
16.506.871 de Buenaventura Valle; por darse los requisitos subjetivos indicados
en el Art. 308 Nral. 2 del C. Penal, desarrollado por el Art. 310 numerales 1y 4,
modificado por el articulo 24 de la ley 1142 del 2007 y por darse de igual manera
el requisito Objetivo conforme al Art. 313 Nral. 2, Modificado por el artículo 60
de la Ley 1453 de 2011, pues es un delito investigable de oficie y su
penalización excede de cuatro 4) años.” (archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI – negrilla del original).
8
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01670-00
Demandante: Olga Lucía Navia Daza y otros
Acción de tutela
4) Por su parte, mediante auto interlocutorio de 27 de agosto de 2013, el Juzgado Tercero
Penal del Circuito Judicial de Buenaventura precluyó la investigación adelantada con
fundamento en lo siguiente:
“Entrando en el análisis del caso concreto, de acuerdo a los dichos de la
Fiscalía y los Elementos Materiales Probatorios, ha de señalarse de
entrada, que del plexo probatorio no se decanta con profusa nitidez que
los imputados hubiesen tomado parte en el hecho por el cual se les
investiga, pues nótese, que las armas de fuego iban en el baúl del vehículo
tipo taxi, que al ser un velocípedo de transporte público, lo normal es que
estuviese ocupado por personas que por regla general no tienen vínculo
alguno con el conductor, persona que a la postre aceptó la
responsabilidad del hechos investigados a través de un preacuerdo que
llegó con la Fiscalía.
Es notable que el representante de la Fiscalía, al solicitar la preclusión
para los señores JHON JAIRO GRUESO ANGULO. FAUSTO TORRES
MOSQUERA, JOSE ANDRES MORENO y WILBERT CAMPAZ CUERO, lo
hizo ante la imposibilidad, principalmente de desvirtuar la presunción de
inocencia, pese a que anteriormente ante el Juez Quinto Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de esta localidad, el pasado 4 de julio de 2012
le imputaran el cargo de Fabricación, Tráfico, Porte o Tenencia de Armas de
Fuego, Accesorios, Partes o Municiones, por la presunta participación de los
mismos en ese delito, pero hoy día, refulge la necesidad de solicitar la
preclusión a favor de los coimputados, habida cuenta como ya se mencionó,
porque no hay prueba mínima que destruya el principio de inocencia.
Desde esta arista, resulta claro que los pasajeros del vehículo viajaban de
forma desprevenida, sin el conocimiento de que en el baúl del carro se
portaban dos armas de fuego, las cuales pertenecían al conductor, por lo
que para la fiscalía no es muy claro la responsabilidad de los señores ya
referidos”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI –
negrillas de la Sala).
5) En los términos expuestos, la Sala advierte que efectivamente la privación de la
libertad de los señores Fausto Torres Mosquera, José Andrés Moreno Murillo, Wilber
Campaz Cuero y Jhon Jairo Grueso Ángulo violó el principio de las cargas públicas, ya
que el Juzgado Quinto con funciones de Control de Garantías de Buenaventura, en el
marco de la Ley 906 del 2004, carecía de pruebas que permitieran inferir de manera
razonable que los capturados podían ser autores o partícipes del delito, puesto que de
los elementos materiales probatorios no se podía determinar que los imputados tuvieran
relación alguna con la conducta delictual.
6) Desde el principio, lo único que los vinculaba con el arma hallada en el vehículo en el
que se movilizaban era un nexo circunstancial, sin embargo, al unísono estos explicaron
y justificaron que no tenían relación alguna con el conductor del vehículo -que además
era de servicio público- ni con el arma encontrada en su interior.
9
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01670-00
Demandante: Olga Lucía Navia Daza y otros
Acción de tutela
7) Por lo tanto, le asiste razón a la parte actora en el sentido de que la decisión de privar
preventivamente a los señores Fausto Torres Mosquera, José Andrés Moreno Murillo,
Wilber Campaz Cuero y Jhon Jairo Grueso Ángulo no estuvo respaldada por los
elementos necesarios requeridos por la 906 del 2004 que permitieran relacionarlos o
vincularlos de manera clara y razonable con los hechos para poder inferir que pudieron
ser autores o participes de la comisión del delito de fabricación, tráfico y porte de armas
de fuego o municiones, tal como quedó establecido en el auto del 27 de agosto de 2013
que decretó la preclusión de la investigación penal y ordenó su liberación.
8) Se resalta que la orden de captura y la privación de la libertad previas a la definición
de la situación jurídica deben basarse en evidencias recopiladas durante la investigación
previa y, sin embargo, en este caso, la Fiscalía General de la Nación y el Juzgado Quinto
con Funciones de Control de Garantías de Buenaventura carecía de elementos
materiales probatorios que justificaran la privación de la libertad.
9) Sobre el particular, en la sentencia cuestionada el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca indicó que las pruebas recaudadas resultaban suficientes para establecer una
inferencia razonable de autoría, motivo por el cual se cumplían con los requisitos legales
para la procedencia de la medida de aseguramiento, así:
“La medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta a los señores
Fausto Torres Mosquera, José Andrés Moreno Murillo, Wilber Campaz Cuero y
Jhon Jairo Grueso Ángulo se consideró viable en virtud de los elementos
materiales probatorios e información legalmente obtenida al momento de su
captura que permitan inferir su participación en el delito de fabricación, tráfico,
porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Para el Juez de control de garantías, dicha medida era necesaria e idónea para
asegurar la protección de la sociedad en general y hacer comparecer a los
imputados al proceso.
De acuerdo a lo manifestado en la audiencia preliminar, el ente acusador
recaudó los siguientes elementos de prueba que fueron presentados ante el
Juez de Control de Garantías con el propósito de acreditar la legalidad de la
captura, la participación en los hechos de los procesados y los fundamentos de
procedencia de la medida de aseguramiento.
(…)
De acuerdo a lo manifestado en la audiencia preliminar, el ente acusador
recaudó los siguientes elementos de prueba que fueron presentados ante
el Juez de Control de Garantías con el propósito de acreditar la legalidad
de la captura, la participación en los hechos de los procesados y los
fundamentos de procedencia de la medida de aseguramiento:
-Formato único de noticia criminal de fecha 4 de julio de 2012.
10
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01670-00
Demandante: Olga Lucía Navia Daza y otros
Acción de tutela
• Informe de investigador de campo - formato FPJ 11 – suscrito por
funcionarios de policía judicial el 4 de julio de 2012 en el que se presenta
informe preliminar de armas de fuego, proveedor y munición.
-Informe de la policía de vigilancia en casos de captura en flagrancia – FPJ-
513.
• Acta de derechos del capturado correspondiente a los señores Fausto Torres
Mosquera, José Andrés Moreno Murillo, Wilber Campaz Cuero y Jhon Jairo
Grueso Ángulo y constancia de buen trato.
• Acta de incautación de elementos probatorios.
• Registro cadena de custodia de los elementos probatorios.
En este escenario, se tiene que al momento de solicitar la legalización de
la captura y la imposición de la medida de aseguramiento la Fiscalía
General de la Nación se refirió a los elementos probatorios con los que se
contaban en ese momento para determinar la responsabilidad de los hoy
demandantes en la comisión de los hechos punibles.
En este contexto, se evidencia que al adoptar la medida de aseguramiento
la autoridad judicial estableció su procedencia por el cumplimiento de los
requisitos contemplados en la normativa procesal penal, en concreto,
aquellos consagrados en el artículo 308 referidos a la existencia de una
inferencia razonable de autoría o participación en la conducta delictiva,
que el imputado constituya un peligro para la comunidad, y de forma
alternativa, para precaver su no comparecencia al proceso.
De la información recolectada por la Fiscalía General de la Nación, los señores
Fausto Torres Mosquera, José Andrés Moreno Murillo, Wilber Campaz Cuero y
Jhon Jairo Grueso Ángulo fueron capturados en flagrancia, cuando se
movilizaban en aun automotor tipo taxi, con las dos armas de fuego.
De lo anterior se advierte que la Fiscalía General de la Nación y la Rama
Judicial contaban con “medios cognoscitivos” que al momento de adoptar
la medida se mostraban como suficientes para demostrar la participación
de los señores Fausto Torres Mosquera, José Andrés Moreno Murillo,
Wilber Campaz Cuero y Jhon Jairo Grueso Ángulo en el delito imputado”.
(negrillas de la Sala).
10) A partir de la cita expuesta, se evidencia con meridiana aclarar que el tribunal no
explicó con claridad ni mucho menos con suficiencia cuáles eran las supuestas pruebas
que le permitieron inferir que la imposición de la conducta fue legal, proporcional y
razonable si más allá del informe de policía no existían “medios cognoscitivos” que
respaldaran la medida.
11) Por el contrario, de acuerdo con la normativa legal y los precedentes judiciales
aplicables en la materia y, contrario a lo señalado por la autoridad judicial accionada, los
informes de policía no constituyen prueba idónea para respaldar la medida preventiva de
privación de la libertad, como lo ha dicho de manera reiterada esta Corporación4.
4 Subsección B de la Sección tercera del Consejo de Estado, sentencia del 11 de diciembre de 2023,
expediente 11001-03-15-000-2023-06525-00 CP Fredy Ibarra.
11
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01670-00
Demandante: Olga Lucía Navia Daza y otros
Acción de tutela
12) Aunado a ello, la autoridad judicial accionada tampoco explicó ni analizó con la carga
que ello ameritaba las razones por las cuales las autoridades penales consideraban que
el actor era un peligro para la sociedad, podría obstruir la investigación o evadirse,
requisitos necesarios para concluir que la medida era necesaria, pues, simplemente se
limitó a señalar que en el proceso penal se concluyó que los actores eran un peligro para
la sociedad, se reitera, sin un análisis detenido y mesurado al respecto en el que se
estudiaran las razones que llevaron a las autoridades penales a dicha conclusión y la
razonabilidad de las mismas de cara a determinar si la privación de los actores fue injusta
o no, pese a que no tenían antecedentes penales, no les encontraron las armas en su
poder, puesto que estas fueron halladas en el vehículo que, dicho sea de paso era de
servicio público tipo taxi, y desde un principio justificaron que no tenían relación con el
conductor del vehículo.
13) Se reitera, no es posible que el juez de la reparación invada la órbita de competencia
de los autoridades penales y haga juicios de valor sobre aspectos que en el proceso penal
quedaron descartados, pues, en efecto allí se determinó con meridiana claridad que los
actores iban como “pasajeros del vehículo [y] viajaban de forma desprevenida, sin el
conocimiento de que en el baúl del carro se portaban dos armas de fuego, las cuales
pertenecían al conductor (…) Así entonces deviene la solicitud de preclusión, deprecada
por el ente acusador, como una medida sana que colateralmente evitará un error judicial,
pues no existe mérito plausible que permita inferir razonadamente que los imputados han
cobrado parte en el delito, esas inferencias por sí solas no permiten un escollo de
responsabilidad en contra de los imputados”.
14) En ese orden, se accederá a las súplicas deprecadas, sin embargo, es especialmente
relevante anotar y precisar que el amparo que aquí se concede no implica, en modo
alguno, ningún tipo de direccionamiento ni insinuación acerca del sentido del fallo que
debe emitir el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en cumplimiento de esta
sentencia, pues, en el ejercicio cabal, autónomo e independiente de su competencia ella
deberá valorar las pruebas obrantes en el respectivo proceso de reparación directa y los
lineamientos aquí expuestos y consecuentemente adoptar la decisión de segunda
instancia que en derecho deba expedirse.
15) Así las cosas, se dejará sin efectos la sentencia de 30 de noviembre de 2023 y se
dispondrá que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profiera una nueva decisión
de reemplazo en la que atienda las consideraciones expuestas en esta providencia.
12
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01670-00
Demandante: Olga Lucía Navia Daza y otros
Acción de tutela
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
1°) Ampáranse los derechos fundamentales invocados por los actores, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) En consecuencia, déjase sin efecto la sentencia de 30 de noviembre de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al interior del proceso de
reparación directa con radicación no. 76109-33-33-001-2014-00038-01 y ordénase a
dicha autoridad que, en el término de diez (10) días contados a partir de la fecha de
notificación de esta providencia, profiera una decisión en reemplazo en la cual se tengan
en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia.
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
4°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.