Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01671-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01671-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01671-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
9 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01671-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: OMAR EFRAÍN PARDO PARDO
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO DE
LA REFERENCIA POR FALTA DE LOS REQUISITOS GENERALES DE LA
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL Y DE LA INMEDIATEZ. EL ACTOR
PRETENDE DEBATIR UNA DIVERGENCIA QUE RECAE SOBRE UN
ASUNTO QUE YA FUE OBJETO DE ANÁLISIS DE FORMA RAZONABLE
EN SEDE ORDINARIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD JURÍDICA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1, la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”-2 y la SALA 27 ESPECIAL DE
DECISIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO3.
1
En adelante el TRIBUNAL
2
En adelante la SECCIÓN SEGUNDA
3
En adelante la SALA VEINTISIETE ESPECIAL DE DECISIÓN.
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01671-00
Actor: OMAR EFRAÍN PARDO PARDO
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor OMAR EFRAÍN PARDO PARDO, actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la seguridad jurídica, los cuales estima
vulnerados por el TRIBUNAL, la SECCIÓN SEGUNDA y la SALA 27
ESPECIAL DE DECISIÓN al haber proferido las providencias de 30
de septiembre de 2020, 11 de noviembre de 2021, 28 de junio y 1o.
de noviembre de 2023 dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 25000-23-42-000 2019-00902-00 y, el recurso
extraordinario de revisión identificado con el número único de
radicación 11001-03-15-000-2023-00194-00, respectivamente.
I.2. Hechos
Señaló que laboró al servicio de la fuerza pública como oficial,
alcanzando el grado de coronel y, como consecuencia de su retiro
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Actor: OMAR EFRAÍN PARDO PARDO
definitivo, la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA
NACIONAL4 le reconoció una asignación mensual de retiro a partir
del 27 de julio de 2017.
Manifestó que a través de sendos derechos de petición solicitó a
CASUR el reajuste de la asignación de retiro de conformidad con el
IPC, solicitudes que fueron denegadas mediante los oficios núms.
062495 / ANOPA–GRULI- 1.10 de 22 de noviembre de 2018 y 378025
de 22 de noviembre de 2018
Aseguró que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra CASUR con el fin de discutir la legalidad de los actos
administrativos aludidos y obtener el reajuste de la asignación de
retiro con base en el IPC, la cual fue identificada con el número único
de radicación 25000-23-42-000 2019-00902-00 y atribuido para su
trámite en primera instancia al TRIBUNAL que, mediante sentencia
de 30 de septiembre de 2020, denegó las pretensiones de la
demanda.
Adujo que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación
ante la SECCIÓN SEGUNDA que, en providencia de 11 de
4
En adelante CASUR.
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Actor: OMAR EFRAÍN PARDO PARDO
noviembre de 2021, confirmó la decisión del a quo.
Afirmó que contra dichas decisiones presentó recurso extraordinario
de revisión el cual fue identificado con el número único de radicación
11001-03-15-000-2023-00194-00 y atribuido para su trámite a la
SALA 27 ESPECIAL DE DECISIÓN que, mediante providencia de
28 de junio de 2023, declaró infundado el recurso y, en consecuencia,
lo condenó en costas en favor de CASUR por la suma equivalente a
un (1) salario mínimo mensual legal vigente.
Indicó que inconforme con la anterior decisión formuló incidente de
nulidad ante la SALA 27 ESPECIAL DE DECISIÓN que, mediante
providencia de 1o. de noviembre de 2023, denegó la solicitud.
I.3 Fundamentos de la solicitud
Afirmó que las providencias cuestionadas incurrieron en los defectos
material, fáctico y sustantivo por desconocimiento del
precedente, en tanto las autoridades judiciales accionadas
omitieron la aplicación de la sentencia C-931 de 2004 proferida por
la Corte Constitucional, la cual, a su juicio, ordenó reconocer y
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mantener el poder adquisitivo real del salario de todos los servidores
públicos.
Resaltó que las providencias cuestionadas vulneraron sus derechos
fundamentales, por cuanto no explicaron las razones por las cuales
no se aplicó en debida forma el precedente judicial vinculante, para
la protección de su derecho a mantener el poder adquisitivo real de
su asignación de retiro.
Además, aseguró que el defecto sustantivo se presentó “[…] al
proferirse dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho y del recurso extraordinario de revisión, sentencia con base
en fundamentos de sentencias anteriores que el precedente que
corrigió, frente a la persistente inactividad del legislador en el
desarrollo del articulo 53 superior mediante la expedición del estatuto
del trabajo llamado a fijar los alcances del derecho de los
trabajadores a recibir una remuneración mínima vital y móvil.
Reiterando la sentencia, criterios que deben ser tenidos en cuenta
[…]”.
Igualmente, refirió que la SALA 27 ESPECIAL DE DECISIÓN al
declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, desconoció
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el precedente jurisprudencial ordenado en la sentencia C-931 de
2004, pues, a su juicio, “[…] no es aceptable que los funcionarios
judiciales en lo contencioso administrativo, se busquen argumentos
y comparaciones diametralmente opuestas al derecho laboral, en
especial a los mínimos fundamentales de irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales, situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho y el de la primacía
de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales […]”.
Asimismo, aseguró que “[…] se presenta una discrepancia con la
sentencia C-931 de 2004 y por lo tanto, con los efectos erga omnes
y cosa juzgada constitucional; y teniendo en cuenta que los
parámetros, fijados por la Corte, deben repercutir para que la
limitación al derecho a mantener el poder adquisitivo real de los
salarios asignados a un Ministro del Despacho, y su implicación de
manera directa, material y objetiva en la asignación básica (sueldo
básico) de un oficial en el grado de General o Almirante y
consecuentemente según la Escala Gradual Porcentual en el sueldo
básico […]”.
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Finalmente, indicó que el Estado está en la obligación de garantizarle
a los servidores públicos a quienes se les limitó y restringió el derecho
a mantener el poder adquisitivo del salario, alcanzar a partir del año
2004 la actualización plena de su ingreso mensual de conformidad
con el índice acumulado de inflación con incrementos iguales o
superiores.
I.4. Pretensiones
El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados
como vulnerados, en los siguientes términos:
“[…] PRIMERA: INFIRMAR, REVOCAR, Y/O DECLARAR la nulidad
de la sentencia del treinta (30) de septiembre de dos mil veinte
(2020), once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021),
veintiocho (28) de junio de dos mil veintitrés (2023) y primero (1°)
de noviembre de dos mil veintitrés (2023) proferidas
respectivamente por la Sección Segunda Subsección “C” del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda
Subsección “B” del Consejo de Estado y la Sala Plena del Consejo
de Estado Sala Veintisiete (27) Especial de Decisión, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y del recurso
extraordinario de revisión, con Radicación: 25000-2342-000-
2019-00902-00, 25000-2342-000-2019-00902-01 y 11001-03-
15-000-2023-00194-00, en consecuencia disponer.
SEGUNDA: Dejar sin efecto las decisiones proferidas en las
sentencias referidas en la pretensión PRIMERA y en su lugar,
Acceder a las pretensiones de acuerdo con el libelo del medio de
control y del recurso extraordinario de revisión impetrado.
TERCERA: Las anteriores pretensiones, se fundamentan en el
defecto sustantivo de la providencia, la cual es contraria al fin de
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garantizar el debido proceso, la cosa juzgada constitucional, la
seguridad jurídica y al estar inmersas las providencias judiciales
proferidas por la Sección Segunda Subsección “C” del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda
Subsección “B” del Consejo de Estado y la Sala Plena del
Consejo de Estado Sala Veintisiete (27) Especial de
Decisión, en una omisión, resultado de una actuación en contra
de sentencia debidamente ejecutoriada, desconociendo los efectos
vinculantes y resolutivos por los magistrados de dichas salas, de la
sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos
mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la Corte
Constitucional.
CUARTA: Que con el fin de determinar lo ordenado en la sentencia
C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro
(2004), expediente D-5125 de la Corte Constitucional, se
establezca y declare la pérdida de poder adquisitivo del valor
consagrado como asignación básica y gastos de representación
fijados en los decretos salariales por el Gobierno Nacional a los
Ministros de Despacho a partir de lo dispuesto en el parágrafo
del artículo 2 del Decreto 872 de 1992 (Diario Oficial No. 40.461,
de 2 de junio de 1992), y la consecuente diferencia efectuada en
las anualidades de los años 1993 a 2004, ello, como consecuencia
del ajuste año a año realizado por parte del Gobierno Nacional, y
la que realmente corresponde por ajustes de la inflación causada
respecto del año inmediatamente anterior, los cuales se
encuentran establecidos en las escalas de asignación básica de los
empleados públicos de la Rama Ejecutiva, entre los cuales se fijan
la de los Ministros de Despacho, con la expedición de los
Decretos 11 de 1993 (Diario Oficial No. 40.711, de 7 de enero de
1993), 42 de 1994 (Diario Oficial No. 41.168, de 11 de enero
1994), 25 de 1995 (Diario Oficial No. 41.673 de 13 de enero de
1995), 10 de 1996 (Diario Oficial No. 42.689, de 17 de enero de
1996), 31 de 1997 (Diario Oficial No. 42.960, de 17 de enero de
1997), 1758 de 1997 (Diario Oficial No. 43.083, de 14 de julio de
1997), 40 de 1998 (Diario Oficial No. 43.212, de 10 de enero de
1998), 35 de 1999 (Diario Oficial No. 43.473, de 8 de enero de
1999), 2720 de 2000 (Diario Oficial No. 44.272, de 27 de diciembre
de 2000), 2710 de 2001 (Diario Oficial No. 44.651, de 19 de
diciembre de 2001), 660 de 2002 (Diario Oficial No. 44.770, de 15
de abril de 2002), 3535 de 2003 (Diario Oficial No. 45.397, de 10
de diciembre de 2003), 4150 de 2004 (Diario Oficial No. 45.761,
de 13 de diciembre de 2004), pérdida de poder adquisitivo con la
que se viene causando una serie de daños y perjuicios, con la cual
se afecta el núcleo esencial del derecho constitucional a mantener
el poder adquisitivo del salario de manera permanente desde el año
2004 a la fecha.
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QUINTA: De conformidad al ordinal quinto de la sentencia C-931
del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro
(2004), expediente D-5125 de la Corte Constitucional, y al
existir vicios sustanciales insubsanables con los cuales el Gobierno
Nacional ha expedido los Decretos 916 de 2005 (Diario Oficial No.
45.865, de 31 de marzo de 2005), 372 de 2006 (Diario Oficial No.
46.177, de 9 de febrero de 2006), 600 de 2007 (Diario Oficial No.
46.558, de 2 de marzo de 2007), 643 de 2008 (Diario Oficial No.
46.921, de 4 de marzo de 2008), 708 de 2009 (Diario Oficial No.
47.283, de 6 de marzo de 2009), 1374 de 2010 (Diario Oficial No.
47.692, de 26 de abril de 2010), 1031 de 2011 (Diario Oficial No.
48.032, de 4 de abril de 2011), 853 de 2012 (Diario Oficial No.
48.412, de 25 de abril de 2012), 1029 de 2013 (Diario Oficial No.
48.794, de 21 de mayo de 2013), 199 de 2014 (Diario Oficial No.
49.057, de 9 de febrero de 2014), 1101 de 2015 (Diario Oficial No.
49.523, de 26 de mayo de 2015), 229 de 2016 (Diario Oficial No.
49.784, de 12 de febrero de 2016), 999 de 2017 (Diario Oficial No.
50.259, de 9 de junio de 2017), 330 de 2018 (Diario Oficial No.
50.512, de 19 de febrero de 2018), 1011 de 2019 (Diario Oficial
No. 50.976, de 6 de junio de 2019), 304 de 2020 (Diario Oficial No.
51.240, de 27 de febrero de 2020), 961 de 2021 (Diario Oficial No.
51.774, de 22 de agosto de 2021), 471 de 2022 (Diario Oficial No.
51.991, de 29 de marzo de 2022), 905 de 2023 (Diario Oficial No.
52.414, de 2 de junio de 2023) y 301 de 2024 (Diario Oficial No.
52.689, de 5 de marzo de 2024), por los cuales se fijan las escalas
de asignación básica de los empleos que sean desempeñados por
empleados públicos de la Rama Ejecutiva, entre los cuales se fijan
las de los Ministros de Despacho y evidenciándose que la pérdida
de poder adquisitivo acumulado en las anualidades de los años
1992 a 2004, no han sido reconocidas. Decretar la Nulidad de estos
en la parte pertinente de conformidad a las pretensiones
inicialmente solicitadas en el medio de control y/o inaplicar por vía
de excepción dichos decretos.
SEXTA: Que según lo determinado y ordenado en la sentencia C-
931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro
(2004), expediente D-5125 de la Corte Constitucional, y una
vez establecida y declarada la pérdida de poder adquisitivo del
valor consagrado como asignación básica y gastos de
representación fijados en los decretos salariales por el Gobierno
Nacional a los Ministros de Despacho a partir de lo dispuesto en
el parágrafo del artículo 2 del Decreto 872 de 1992 (Diario Oficial
No. 40.461, de 2 de junio de 1992), y los decretos subsiguientes
con los cuales, se han realizado los ajustes año a año en el periodo
comprendido entre los años 1993 a 2024, se declare igualmente,
la pérdida de poder adquisitivo al valor fijado como asignación
básica y/o sueldo básico de un oficial en el grado de General
o Almirante, ello consecuentemente de la implicación directa,
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Actor: OMAR EFRAÍN PARDO PARDO
material y objetiva que consagran, la asignación básica y los gastos
de representación fijados por el Gobierno Nacional a los Ministros
de Despacho, en la liquidación del Sueldo Básico de un oficial
en el grado de General o Almirante, de que tratan los artículos
14 y 15 del Decreto 921 de junio 2 de 1992 (Diario Oficial No.
40.461, de 2 de junio de 1992), y del artículo 2º de los Decretos
25 de 1993 (Diario Oficial No. 40.711, de 7 de enero de 1993), 65
de 1994 (Diario Oficial No. 41.168, de 11 de enero 1994), 133 de
1995 (Diario Oficial No. 41.676 de 13 de enero de 1995), 107 de
1996 (Diario Oficial No. 42.693, de 18 de enero de 1996), 122 de
1997 (Diario Oficial No. 42.965, de 23 de enero de 1997), 2072 de
1997 (Diario Oficial No. 43.113, de 25 de agosto de 1997), 58 de
1998 (Diario Oficial No. 43.212, de 10 de enero de 1998), 62 de
1999 (Diario Oficial No. 43.473, de 8 de enero de 1999), 2724 de
2000 (Diario Oficial No. 44.272, de 27 de diciembre de 2000), 2737
de 2001 (Diario Oficial No. 44.651, de 19 de diciembre de 2001),
745 de 2002 (Diario Oficial No. 44.773, de 18 de abril de 2002),
3552 de 2003 (Diario Oficial No. 45.398, de 11 de diciembre de
2003), 4158 de 2004 (Diario Oficial No. 45.761, de 13 de diciembre
de 2004), 923 de 2005 (Diario Oficial No. 45.865, de 31 de marzo
de 2005), 407 de 2006 (Diario Oficial No. 46.178, de 10 de febrero
de 2006), 1515 de 2007 (Diario Oficial No. 46.621, de 7 de mayo
de 2007), 673 de 2008 (Diario Oficial No. 46.921, de 4 de marzo
de 2008), 737 de 2009 (Diario Oficial No. 47.283, de 6 de marzo
de 2009), 1530 de 2010 (Diario Oficial No. 47.698, de 3 de mayo
de 2010), 1050 de 2011 (Diario Oficial No. 48.032, de 4 de abril
de 2011), 842 de 2012 (Diario Oficial No. 48.412, de 25 de abril
de 2012), 1017 de 2013 (Diario Oficial No. 48.794, de 21 de mayo
de 2013), 187 de 2014 (Diario Oficial No. 49.057, de 9 de febrero
de 2014), 1028 de 2015 (Diario Oficial No. 49.519, de 22 de mayo
de 2015), 214 de 2016 (Diario Oficial No. 49.784, de 12 de febrero
de 2016), 984 de 2017 (Diario Oficial No. 50.259, de 9 de junio de
2017), 324 de 2018 (Diario Oficial No. 50.512, de 19 de febrero de
2018), 1002 de 2019 (Diario Oficial No. 50.976, de 6 de junio de
2019), 318 de 2020 (Diario Oficial No. 51.240, de 27 de febrero de
2020), 976 de 2021 (Diario Oficial No. 51.774, de 22 de agosto de
2021), 466 de 2022 (Diario Oficial No. 51.991, de 29 de marzo de
2022), 905 de 2023 (Diario Oficial No. 52.414, de 2 de junio de
2023) y 301 de 2024 (Diario Oficial No. 52.689, de 5 de marzo de
2024) evidenciándose primariamente la pérdida acumulada de
poder adquisitivo del sueldo básico de un General o Almirante, en
las anualidades de los años 1992 a 2004; lo que genera una pérdida
de poder adquisitivo causada y acumulada en el periodo
comprendido entre los años 1992 a 2004, con la que se viene
causando una serie de daños y perjuicios a mi prohijado a partir
del año 2004 y posteriores.
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Actor: OMAR EFRAÍN PARDO PARDO
SEPTIMA: Que como consecuencia de las anteriores pretensiones,
se declare igualmente, la pérdida del poder adquisitivo al valor
porcentual fijado como sueldo básico a mi prohijado y que
según la Escala Gradual Porcentual se encuentra establecido en el
grado de grado de CORONEL en un 67.1283%, ello
consecuentemente de la implicación de manera directa, material y
objetiva que consagran, la asignación básica y los gastos de
representación fijados por el Gobierno Nacional a los Ministros de
Despacho, y de la Asignación Básica y/o el Sueldo Básico de
un oficial en el grado de General o Almirante, según lo
establece el artículo 13 de la Ley 4ª de 1992, de conformidad al
desarrollo contenido inicialmente en los Decretos 872 y 921 de
1992, con los cuales se estructuro la base para consolidar una
Escala Gradual Porcentual para el personal de oficiales,
suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la Fuerza
Pública; Escala Gradual Porcentual con la cual, se fijan los
sueldos básicos mensuales a los integrantes de la Fuerza Pública,
los cuales corresponden al porcentaje que se indica para cada
grado, con respecto a la asignación básica del grado de General;
Teniéndose que dicha asignación básica no fue establecida, se ha
de tener de presente el desarrollo que sobre el sueldo básico
indicado, conllevó la pérdida acumulada efectuada en las
anualidades de los años 1992 a 2004, lo anterior, como
consecuencia de la forma como el Gobierno Nacional ajusta año a
año, la asignación básica y los gastos de representación de los
Ministros de Despacho, lo cual tiene una implicación directa,
material y objetiva sobre el sueldo básico de un oficial en el
grado de General o Almirante; evidenciándose primariamente la
pérdida acumulada de poder adquisitivo del sueldo básico de un
General o Almirante, en las anualidades de los años 1992 a 2004;
lo que genera una pérdida de poder adquisitivo causada y
acumulada en el periodo comprendido entre los años 1992 a 2004,
aplicable en la Escala Gradual Porcentual, con la que se viene
causando una serie de daños y perjuicios a mi prohijado a partir
del año 2004 y posteriores.
OCTAVA: De conformidad al parágrafo del artículo 135 de la Ley
1437 de 2011, se realicen las declaraciones, que el despacho
judicial llegare a encontrar debidamente probadas dentro de la
presente acción de tutela, teniéndose como precedente los
artículos 4, 13, 25, 48, 53, 123, 150, 230 y 334 de la Constitución
Política y las disposiciones contenidas en las Leyes 42 de 1980, 1
de 1986, 4 de 1992, y al mandato Constitucional ordenado al
Gobierno Nacional y al Congreso de la Republica en la sentencia C-
931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro
(2004), expediente D-5125.
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Actor: OMAR EFRAÍN PARDO PARDO
NOVENA: Suspender los efectos de la sentencia del treinta (30)
de septiembre de dos mil veinte (2020), once (11) de noviembre
de dos mil veintiuno (2021), veintiocho (28) de junio de dos mil
veintitrés (2023) y primero (1°) de noviembre de dos mil veintitrés
(2023) proferidas respectivamente por la Sección Segunda
Subsección “C” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda Subsección “B” del Consejo de Estado y la Sala
Plena del Consejo de Estado Sala Veintisiete (27) Especial de
Decisión, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, y del recurso extraordinario de revisión, con Radicación:
25000-2342-000-2019-00902-00, 25000-2342-000-2019-00902-
01 y 11001-03-15-000-2023-00194-00, en especial a lo proferido
mediante auto fechado el quince (15) de diciembre de dos mil
veintitrés (2023), con el cual se liquida la condena en costas.
DECIMA: Como medida restaurativa, ordénese al Ministro de
Hacienda y Crédito Público, al Ministro de Defensa Nacional, al
Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, al
Director de la Policía Nacional y a los funcionarios judiciales que
avocaron el conocimiento y y profirieron sentencia en los procesos
con radicación 25000-2342-000-2019-00902-00, 25000-2342-
000-2019-00902-01 y 11001-03-15-000-2023-00194-00; a que
en evento público dé amplia difusión y publicación se dé a conocer
lo resuelto en favor de mi poderdante en la presente acción de
tutela, siendo el mismo trasmitido a través de los canales
institucionales del Estado Colombiano, y que en dicho actos las
autoridades deberán expresar sus responsabilidades, y expresen
las disculpas por la violación a que fue objeto por parte del Estado
Colombiano el señor OMAR EFRAÍN PARDO PARDO desde el año
2005 al no serle restaurado el derecho a mantener un salario
acorde al derecho de mantener el poder adquisitivo, tal como
quedo ordenado en sentencia judicial por la Corte Constitucional
[…]” (Negrilla pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- La SALA 27 ESPECIAL DE DECISIÓN manifestó oposición
a los cargos formulados en la acción de tutela, al considerar que “[…]
no podría admitirse que se desconoció el precedente contenido en la
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sentencia C-931 de 2004. Es así, por cuanto el actor, quien se retiró
en julio de 2017 cuanto tenía el grado de coronel, argumentó que
durante los años de 1992 al 2004 recibió los incrementos salariales
de forma anual. De ello se deduce que este derecho no le fue
«congelado». Ahora, el hecho de que esos ajustes se hubieran
dispuesto en proporción inferior a la inflación causada en el año
inmediatamente anterior no conlleva por sí mismo la vulneración de
sus derechos, puesto que la misma Corte consideró que este no es
«el único parámetro que pueda ser tenido en cuenta» para esos
efectos […]”.
Asimismo, indicó que las pretensiones de amparo deben ser
denegadas, por cuanto al estudiar la configuración de la causal 8 del
artículo 250 del CPACA, determinó que no se cumplieron los
supuestos para la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
ya que los planteamientos formulados por el actor atañen a la
valoración del contenido de la sentencia C-931 de 2004 como
precedente sometido a estudio de la Sección Segunda – Subsección
B- de esta Corporación, más no el desconocimiento de la cosa
juzgada bajo los parámetros definidos por la causal invocada para la
prosperidad del recurso.
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I.5.2.- El TRIBUNAL manifestó oposición a los cargos formulados
en la acción de tutela, al considerar que al actor no se le han
vulnerado los derechos fundamentales, puesto que durante el trámite
de la actuación judicial se le brindaron todas las garantías procesales
respetando su derecho al acceso a la administración de justicia, al
debido proceso y, atendiendo el precedente jurisprudencial vigente
sobre el reajuste por IPC en actividad.
Finalmente, indicó que las pretensiones de amparo deben ser
denegadas, por cuanto en el presente asunto no se configuraron los
requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, pues el actor pretende promover una nueva instancia sin
haber lugar para ello.
I.5.3.- La SECCIÓN SEGUNDA pese a ser debidamente notificada
del presente trámite constitucional, guardó silencio.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-
POLICÍA NACIONAL, vinculado en calidad de tercero con interés
directo en las resultas del proceso, manifestó que el medio
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constitucional debe ser declarado improcedente por incumplir el
requisito general de inmediatez, pues, a su juicio, la sentencia
proferida por la Sala 27 Especial de Decisión fue notificada el 13 de
julio de 2023 y, la solicitud de amparo fue formulada el 8 de abril de
2024 superando el tiempo razonable dispuesto por la Corte
Constitucional.
Igualmente, afirmó que la acción es improcedente, teniendo en
cuenta la inexistencia de un perjuicio irremediable que amerite la
protección de los derechos deprecados y el reconocimiento de las
pretensiones.
I.6.2.- CASUR, vinculada en calidad de tercera con interés directo
en las resultas del proceso, manifestó que las providencias judiciales
cuestionadas fueron proferidas de conformidad con el ordenamiento
jurídico, en tanto, en ellas se concluyó que los salarios devengados
por el actor fueron ajustados y actualizados de conformidad con los
reglamentos y decretos gubernamentales y, además, no demostró la
pérdida del poder adquisitivo.
Igualmente, señaló que “[…] la acción de tutela interpuesta por el
accionante se considerada improcedente por no ser el mecanismo
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idóneo para controlar la legalidad de las providencias judiciales.
Además, se señaló que no se cumplió con el principio de inmediatez
al presentar la tutela después de vencerse el plazo razonable para su
interposición […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
Previo a resolver el asunto sub examine, la Sala advierte que el señor
consejero de Estado OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, mediante escrito
visible en el índice 17 del expediente digital5, manifestó su
5
El expediente digital se encuentra en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial, SAMAI.
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impedimento para actuar en el proceso de la referencia, por cuanto
participó en la adopción de las decisiones proferidas el 28 de junio y
1o. de noviembre de 2023, por la Sala 27 Especial de Decisión,
dentro del recurso extraordinario de revisión identificado con el
número único de radicación 11001-03-15-000-2023-00194-00,
objeto de la presente tutela.
Por lo anterior, considera que se encuentra incurso en la causal de
impedimento prevista en el numeral 6 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal -en adelante CPP-.
Para resolver, SE CONSIDERA:
La causal prevista en el numeral 6 del artículo 56 del CPP, prevé lo
siguiente:
“[…] Causales de impedimento.
Son causales de impedimento:
6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya
revisión se trata, o hubiere participado dentro del
proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera
permanente o pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario
que dictó la providencia a revisar […]” (Resaltado fuera del
texto original).
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A juicio de la Sala, los hechos que soportan el impedimento
manifestado por el señor consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ,
configuran la causal alegada, como quiera que el citado magistrado
suscribió las decisiones proferidas el 28 de junio y 1o. de noviembre
de 2023, por la Sala 27 Especial de Decisión, dentro del proceso de
recurso extraordinario de revisión objeto de la presente solicitud de
amparo.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará fundado el impedimento
manifestado por el citado consejero para intervenir en la acción
constitucional de la referencia, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de
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la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
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fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
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f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
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i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
Caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
dejen sin efecto las providencias de 30 de septiembre de 2020, 11
de noviembre de 2021, 28 de junio y 1o. de noviembre de 2023,
proferidas por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, la
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- y la SALA 27 ESPECIAL
DE DECISIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 25000-23-42-000 2019-00902-00 y, el
recurso extraordinario de revisión identificado con el número único
de radicación 11001-03-15-000-2023-00194-00, respectivamente.
A las citadas providencias el actor les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio,
las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos
material, fáctico y sustantivo por desconocimiento del
precedente, en tanto omitieron la aplicación de la sentencia C-931
de 2004 proferida por la Corte Constitucional, la cual, a su juicio,
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ordenó reconocer y mantener el poder adquisitivo real del salario de
todos los servidores públicos.
Resaltó que las providencias cuestionadas vulneraron sus derechos
fundamentales, por cuanto no explicaron las razones por las cuales
no se aplicó en debida forma el precedente judicial vinculante, para
la protección de su derecho a mantener el poder adquisitivo real de
su asignación de retiro.
En ese orden de ideas, la Sala encuentra que aun cuando el actor
señala que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los
defectos material y fáctico relativos a la aplicación de la sentencia
C-931 de 2004 proferida por la Corte Constitucional, lo cierto es que
la argumentación respectiva corresponde al defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente, por lo que de superar la
verificación de los requisitos de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial, dichos reproches serán analizados bajo
tal precepto.
Precisado lo anterior, la Sala debe determinar i) si el caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales y, de superarse tal derrotero, ii)
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si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos
invocados por el actor dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 25000-23-42-000 2019-00902-00 y, dentro del recurso
extraordinario de revisión identificado con el número único de
radicación 11001-03-15-000-2023-00194-00, estudio que se
desarrollará de manera independiente como se expone a
continuación.
• Frente a las providencias proferidas en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
En el presente caso, la Sala advierte que el actor pretende que se
dejen sin efecto las sentencias de 30 de septiembre de 2020 y
11 de noviembre de 2021, proferidas por el TRIBUNAL y la
SECCIÓN SEGUNDA, respectivamente, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el numero
de radicación 2019-00902-00, porque, a su juicio, las autoridades
judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamental al incurrir
en el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente.
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De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la
Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de
la inmediatez.
La Sala resalta que revisado el expediente digital referente al medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, se advierte que
la sentencia de segunda instancia de 11 de noviembre de
2021, aquí cuestionada, fue notificada al apoderado del actor a los
correos electrónicos juridicasjireh@hotmail.com,
jarciniegasrojas@hotmail.com el 17 de enero de 20226, mientras
que la presente acción de tutela se presentó el 8 de abril de
20247, esto es, transcurridos 2 años, 2 meses y 17 días,
superando así los 6 meses que han sido estimados por la
jurisprudencia como término razonable para impugnar por vía de
tutela el contenido de una decisión judicial, sin que se hubiesen
presentado razones válidas para la inactividad de la parte actora o
6
Constancias de notificación visibles en índice No. 0023 del expediente digital disponible en el aplicativo
Samai.https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=2500023420002
01900902011100103
7
Acta de reparto visible en el índice No.001 del expediente digital disponible en el aplicativo Samai.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002024016
71001100103
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que justifiquen la tardanza en la presentación de la solicitud de
amparo.
Cabe resaltar que la jurisprudencia constitucional ha sostenido, de
manera reiterada, que la acción de tutela está instituida como un
mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de los
derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que
aunque no tenga previsto un término de caducidad para su
presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de
un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso
injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y
la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del
mecanismo […]”8.
Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,
para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el
momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la
instauración de la tutela.
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción se
8
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
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ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un
examen más riguroso en aras de preservar los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el interés de terceros,
cuya situación podría verse injustamente afectada por el
otorgamiento tardío de la protección constitucional. En este sentido,
la Corte Constitucional ha señalado que9:
“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.
En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, sostuvo10:
“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.
[…]
9
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.
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De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela, es más estricto cuando se
interpone contra providencias judiciales, por lo que, como
lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un
tiempo significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos,
resulta claramente desproporcionado el control constitucional de
una providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.
[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.
[…]
[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición
de la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe
tener en cuenta los siguientes eventos:
(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso
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fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor
para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de
un hecho nuevo e inesperado, entre otras11;
(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado12;
(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión13;
(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales14;
(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad
manifiesta15.
Así pues, no se encuentran razones válidas para la inactividad del
actor o que justifiquen la tardanza en la presentación de la solicitud
de amparo en la existencia de un perjuicio irremediable, pues como
11
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
13
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
14
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
15
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.
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quedó visto, el señor OMAR EFRAÍN PARDO PARDO hizo uso del
presente mecanismo constitucional solo hasta el 8 de abril de 2024,
esto es, 2 años, 2 meses y 17 días después.
Aunado a lo anterior, la Sala señala que para que proceda el amparo
constitucional como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, debe ser actual y las medidas que se
requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no basta cualquier
perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale a una gran
intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona; y la urgencia y la gravedad determinan que la
acción de tutela sea impostergable, debido a que tiene que ser
adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.
Precisado lo anterior, y teniendo en cuenta que en la presente acción
de tutela no se evidenció que la situación del actor se enmarque en
alguno de los supuestos establecidos por la jurisprudencia
constitucional que puedan excusar su presentación por fuera del
término establecido por la Sala Plena del Consejo de Estado, se
concluye que la solicitud de amparo constitucional se presentó por
fuera de la pauta jurisprudencial de los seis meses que fijó la Sala
Plena del Consejo de Estado como término razonable para cuestionar
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vía tutela providencias judiciales.
Finalmente, se destaca que en la sentencia SU-354 de 25 de mayo
de 201716, la Corte Constitucional, además de reiterar la importancia
del requisito de inmediatez en la acción de tutela contra providencia
judicial, para resolver el caso concreto exceptuó el término de los
seis meses establecido por regla general como tiempo razonable,
dadas las particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba
en el que existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en
la interposición de la solicitud de amparo. Empero, tal situación,
como quedó visto, no se observa en el presente caso.
En consecuencia, se declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo presentada por el actor por no cumplirse el requisito de la
inmediatez, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
• Frente a las providencias proferidas en el marco del
recurso extraordinario de revisión.
En el caso bajo examen, el actor solicitó que se dejen sin efecto las
16
Corte Constitucional, M.P. doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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providencias de 28 de junio y 1o. de noviembre de 2023, proferidas
por la SALA 27 ESPECIAL DE DECISIÓN dentro del recurso
extraordinario de revisión identificado con el número único de
radicación 11001-03-15-000-2023-00194-00.
Así las cosas, la Sala procede a determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la al proferir las
decisiones judiciales cuestionadas la citada autoridad judicial vulneró
los derechos deprecados e incurrió en el defecto sustantivo alegado.
Por lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
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tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional 17, de manera
tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».18
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación19, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
17
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
18
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [20]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [21].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [22].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [23].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
[20] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[21] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[22] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[23] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [24]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [25].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [26]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
[24] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[25] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[26] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
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asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia
objeto de estudio es de carácter meramente legal, además de recaer
sobre aspectos que ya fueron resueltos por el juez natural del asunto,
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sin que se observe que su actuar haya sido arbitrario.
En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad
porque los motivos que fundamentan la inconformidad del actor se
sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial accionada al
proferir las decisiones cuestionadas menoscabaron sus garantías
constitucionales, al desconocer e inaplicar el precedente
jurisprudencial ordenado en la sentencia C-931 de 2004 de la Corte
Constitucional, relacionado con el derecho a mantener el poder
adquisitivo real de su asignación mensual de retiro, la cual, a su
juicio, no ha sido actualizada de conformidad con el IPC.
Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, gira en torno a la inconformidad con las decisiones
adoptadas por el juez natural del asunto, circunstancia que fue
resuelta por la SALA 27 ESPECIAL DE DECISIÓN, así:
“[…] 3.4. La causal 8ª del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011: “[s]er la sentencia contraria a otra anterior que
constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión
si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa
juzgada y fue rechazada”
52. El numeral 8.° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011
estableció como causal de revisión que la sentencia sea contraria a
otra anterior que constituya cosa juzgada. De acuerdo con la
jurisprudencia de esta corporación, para la configuración de esta
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situación se requiere demostrar que: i) existen dos sentencias
contradictorias; ii) la decisión contrariada constituye cosa juzgada
entre las partes del proceso en que se profirió; y iii) en el segundo
proceso no se haya rechazado la excepción de cosa juzgada. […]
56. En este caso, el recurrente sustenta la causal invocada en la
existencia de la sentencia C-931 de 2004 de la Corte
Constitucional, que declaró la inexequibilidad del artículo 2.° de la
Ley 848 de 200315, que congeló de manera temporal los salarios
de los servidores públicos financiados con los recursos del
presupuesto general de la Nación de la vigencia fiscal 2004 y, en
consecuencia, les ordenó tanto al Gobierno nacional como al
Congreso de la República que: […]
57. A juicio del señor Pardo Pardo, el fallo de control abstracto de
la Corte Constitucional hizo tránsito a cosa juzgada respecto de lo
pedido en sede de nulidad y restablecimiento del derecho […]
3.5 Caso concreto
63. El recurrente estima que se presentó el fenómeno de la cosa
juzgada porque la Corte Constitucional en la sentencia C-931 de
2004 declaró la inexequibilidad del artículo 2.° de la Ley 848 de
2003, que congeló los salarios de los servidores públicos
financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación, por
lo que le ordenó al Gobierno nacional y al Congreso de la República
actualizarlos para mantener el poder adquisitivo real de todos los
servidores públicos.
64. En su criterio, con base en lo anterior, al juez de la nulidad y
restablecimiento del derecho le correspondía acceder a las
pretensiones de la demanda que formuló el señor Pardo Pardo, no
obstante, le negó el reajuste del salario y demás emolumentos
conforme al IPC, entre los años 1992 a 2004, toda vez que la
remuneración está regulada por una norma especial que fija la
escala salarial del personal uniformado de la Policía Nacional, que
atiende a distintos criterios, entre ellos, el IPC.
65. Para establecer si se acredita la causal invocada, la Sala de
Decisión, en primer lugar, evaluará si existen dos sentencias
contradictorias. En segundo lugar, determinará si la decisión
contrariada constituye cosa juzgada entre las partes del proceso en
que se profirió. Finalmente, verificará si en el segundo proceso se
rechazó la excepción de cosa juzgada.
66. En primer lugar, se observa que las decisiones no son
contradictorias entre sí, puesto que resuelven dos acciones de
naturaleza y finalidad distintas, en tanto que la primera, el fallo C-
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931 de 2004, se emitió dentro de un juicio de control abstracto
contra una norma de rango legal que no sirvió de base al reajuste
salarial del actor para la vigencia 2004 y menos de los valores
causados con anterioridad a ese momento, tampoco en la
determinación que se adoptó en la sentencia censurada, por lo que
no hay relación entre una y otra decisión.
67. En consecuencia, no hay ningún elemento razonable desde el
punto de vista jurídico y fáctico que permita concluir que la
sentencia del 11 de noviembre de 2021 de la Subsección B de la
Sección Segunda contraría en algún modo la providencia de la
Corte Constitucional.
68. En segundo lugar, debe mencionarse que la sentencia C-931
de 2004 de la Corte Constitucional, en efecto, hizo tránsito a cosa
juzgada. Sin embargo, tal determinación se adoptó en el marco de
una acción pública en contra de una norma legal y no respecto de
la situación concreta sobre el reajuste de la asignación mensual y
demás prestaciones sociales del demandante como coronel de la
Policía Nacional, por lo que no constituye cosa juzgada respecto del
fallo del 11 de noviembre de 2021 por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
En suma, entre estas decisiones no existe identidad de partes, de
objeto, ni de causa, como se explica con la siguiente tabla: […]
69. De lo anterior se observa que en este caso no existe identidad
de partes, porque en el juicio de constitucionalidad, que es de
naturaleza distinta a la de nulidad y restablecimiento del derecho,
el señor Pardo Pardo no actuó como demandante y tampoco la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional compareció como
demandada en el proceso D-5125, que culminó con la sentencia C-
931 de 2004.
70. Revisadas las actuaciones, no se acredita la identidad de las
pretensiones, pues en la sentencia C-931 de 2004, lo pedido es que
se expulsara una norma del ordenamiento jurídico porque contraría
el texto superior; mientras que, en la sentencia del 11 de
noviembre de 2021, lo solicitado recaía sobre la negativa de la
autoridad a reajustar el salario y las prestaciones sociales del
demandante con base en el IPC, es decir, tiene una connotación
subjetiva. En síntesis, las pretensiones no coinciden y tienen
finalidades distintas.
71. Lo mismo ocurre con la identidad de causa, pues el proceso de
constitucionalidad se suscitó por el ejercicio de la acción pública
que ejerció un ciudadano que acusó a la norma legal de haber
infringido el texto superior cuando congeló los salarios de los
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servidores públicos durante la vigencia fiscal del año 2004,
mientras que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
se originó en las decisiones administrativas proferidas por la Caja
de Sueldos de Retiro dentro de las reclamaciones que, en su favor,
elevó el demandante.
72. Lo anterior es evidencia de que no existe coincidencia entre los
hechos que originaron el proceso constitucionalidad y los que
dieron lugar a la presentación de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.
73. En tercer lugar, se revisó el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho cuya sentencia de segunda instancia
es el objeto del recurso, sin que en esa actuación judicial se
encontrara formulada la excepción de cosa juzgada y menos que
esta hubiere sido rechazada.
74. Todo lo expuesto quiere decir que no se configura ninguno de
los presupuestos que configura la causal 8ª del artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011, en consecuencia, en el caso concreto, la
alegación relativa a la existencia de cosa juzgada no está llamada
a prosperar.
75. En esas condiciones, no hay lugar a infirmar la sentencia
proferida el 11 de noviembre de 2021 por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado que confirmó la decisión
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho formuladas por el señor
Omar Efraín Pardo Pardo, siendo lo consecuente declarar infundado
el recurso […]”. (Negrilla pertenece al texto).
De los apartes transcritos de la sentencia objeto de tutela, se
evidencia que la autoridad judicial, en primer lugar, realizó un
estudio jurídico respecto de la causal de revisión prevista en el
numeral 8 del artículo 250 del CPACA, la cual procede en los
eventos en los que la sentencia cuestionada sea contraria a
otra anterior que constituya cosa juzgada.
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En segundo lugar, al resolver el problema jurídico la autoridad
judicial observó que los argumentos formulados en el recurso no
estaban dirigidos a demostrar la configuración de la causal invocada,
por cuanto la sentencia C-931 de 2004 y la decisión proferida en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento de carácter
laboral, no son contradictorias entre sí puesto que, resolvieron
dos acciones de naturaleza y finalidad distintas.
Lo anterior, al considerar que la sentencia C-931 de 2004 fue
proferida dentro de un juicio de control abstracto contra una norma
de rango legal que no sirvió de base para efectuar el reajuste salarial
que solicitó el actor.
Por otra parte, la autoridad judicial accionada consideró que la
sentencia C-931 de 2004 hizo tránsito a cosa juzgada, pero en el
marco de una acción pública contra una norma y, no respecto de la
situación fáctica relacionada con el reajuste de la asignación de retiro
del actor y demás prestaciones sociales devengadas por este cuando
laboró al servicio de la Policía Nacional.
En ese sentido, la SALA 27 ESPECIAL DE DECISIÓN concluyó que
en el asunto no se configuró ninguno de los supuestos para la
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procedencia de la causal 8ª del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011
relativa a la existencia de la cosa juzgada, por cuanto: i) no se
acreditó la identidad de partes porque en el juicio de
constitucionalidad no actuó como demandante el actor, ii) no se
demostró la identidad de las pretensiones, ya que el proceso de
constitucionalidad se originó por el ejercicio de la acción pública que
ejerció un ciudadano que acusó una norma legal, mientras que en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se originó por
decisiones administrativas de carácter particular en virtud de unas
reclamaciones que elevó el actor y, iii) no se estableció la
coincidencia entre los hechos que originaron la acción de
constitucionalidad y la actuación judicial controvertida.
Igualmente, la autoridad judicial accionada resaltó que en el curso
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, no se formuló
la excepción de cosa juzgada y menos que esta hubiere sido
rechazada por el juez natural de la causa.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la SALA 27 ESPECIAL
DE DECISIÓN se pronunció frente a los aspectos que alude el actor,
sin que se vislumbre que pudo haber actuado de forma abiertamente
arbitraria o desbordado los límites del principio de la autonomía
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judicial, por lo que el asunto carece del requisito general de la
relevancia constitucional.
Situación distinta es que el actor no comparta la tesis allí dispuesta,
lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que de
conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, la SALA 27 ESPECIAL DE DECISIÓN decidió el
asunto sometido a su consideración.
Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado
improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no
resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se
centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue
el caso de la providencia de 9 de febrero de 201727, en la que se
indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
27
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).
Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201828, se sostuvo
lo siguiente:
“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino
una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si
28
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
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este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad judicial accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Así las cosas, la Sala advierte que la acción de tutela de la referencia
es improcedente por falta del requisito general de la
relevancia constitucional, porque a través de esta el actor lo que
pretende es cuestionar una decisión judicial como si este mecanismo
se tratase de un recurso o instancia adicional al proceso ordinario.
En consecuencia, se declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo presentada por el actor, como en efecto se dispondrá en la
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parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el
señor consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, para intervenir en la
acción constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
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para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de mayo de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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