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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01691-01

Fecha
4 de julio de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01691-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, conforme a lo expuesto en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-01691-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

4 de julio de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2043-01691-01
Demandante: Policía Nacional

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01691-01
Demandante: POLICÍA NACIONAL
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Y
OTRO

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso nulidad y
restablecimiento del derecho. Desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 9
de mayo de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró
improcedente la presente acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 9 de abril de 2024, en ejercicio de la acción de tutela, la Policía Nacional, por
conducto de apoderado, pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de las sentencias del
10 de octubre de 2019 y el 5 de octubre de 2023, dictadas por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, y el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado nº 25000-23-42-000-2015-02312-00/01, que accedieron
parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada por el señor Alejandro Sepúlveda.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Que se declare que en la sentencia de primera instancia de fecha 10/10/2019, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección "A", MP. Carmen
Alicia Rengifo Sanguino, y en la sentencia de segunda instancia adiada el 05/10/2023, notificada el
09/11/2023, proferida por el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección
Segunda - Subsección "A", CP. Gabriel Valbuena Hernández, proferidas dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho expediente No. 25000234200020150231200, en el que
fungió como demandante el señor Alejandro Sepúlveda, si se vulneraron los derechos fundamentales
del debido proceso e igualdad, de la entidad accionada Nación - Ministerio de Defensa Nacional -
Policía Nacional.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaratoria, se tutelen los derechos del debido
proceso e igualdad, que han sido vulnerados a la entidad Nación - Ministerio de Defensa Nacional -
Policía Nacional.

TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaratorias, se conceda el amparo de tutela
solicitado por la Policía Nacional, por consiguiente, se dejen sin efectos las sentencias ya identificadas

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Radicado: 11001-03-15-000-2043-01691-01
Demandante: Policía Nacional

y se ordene a las autoridades judiciales accionadas, que dentro del término razonable que se
considere por su Señoría, procedan a dictar la sentencia de reemplazo, en la cual se observe y acate
el precedente vertical fijado por la H. Corte Constitucional y el H. Consejo de Estado, consistente en
limitar la orden de pago de salarios y/o indemnización ordenada, a la suma de veinticuatro (24) meses
de salarios.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. Actuación administrativa

La Policía Nacional inició investigación disciplinaria COPE4-2014-13, en contra del
señor Alejandro Sepúlveda, con ocasión de los hechos ocurridos el 17 de marzo de
2014, cuando el uniformado se encontraba prestando sus servicios y le disparó a un
perro con su arma de dotación.

El 25 de julio de 2014, el jefe de la oficina de control disciplinario interno del comando
de seguridad ciudadana cuatro de la Policía Metropolitana de Bogotá impuso sanción
de destitución e inhabilidad general por 10 años al señor Alejandro Sepúlveda, por
hallarlo responsable de infringir el numeral 20 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006
<<manipular imprudentemente las armas de fuego>> y el numeral 1 del artículo 34 de la Ley
734 de 2022 <<incumplir los deberes de todo servidor público>>.

Por auto No. 069 del 21 de agosto de 2014, el inspector delegado especial MEGOB
confirmó la sanción. Luego, a través de la Resolución 04107 del 8 de octubre de 2014
el director general de la Policía Nacional ejecutó la sanción impuesta. Esa resolución
fue notificada el 3 de diciembre de 2014 y partir de esa fecha Alejandro Sepúlveda fue
retirado del servicio activo.

3.2. Actuación Judicial

El señor Alejandro Sepúlveda interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Policía Nacional para que se declarara la nulidad de las decisiones
de primera y segunda instancia proferidas en la investigación disciplinaria COPE4-
2014-13 y la Resolución 04107 del 8 de octubre de 2014. A título de restablecimiento
del derecho, pidió el reconocimiento y pago de los salarios, primas y demás
emolumentos dejados de percibir a partir del 3 de diciembre de 2014 y hasta el
momento en que fuera reintegrado al servicio.

La demanda se adelantó bajo el radicado 25000-23-42-000-2015-02312-00 y
correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, que, por sentencia del 10 de octubre de 2019 declaró la nulidad de las
decisiones disciplinarias del 25 de julio y el 21 de agosto de 2014, que sancionaron a
Alejandro Sepúlveda con destitución e inhabilidad general por 10 años, a título de
restablecimiento ordenó a la Policía Nacional reintegrarlo al servicio y que las
anotaciones en su hoja de vida y en la Procuraduría General de la Nación fueran
suprimidas. Además, dispuso el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones
dejados de devengar en el tiempo que estuvo fuera de la institución y que ese tiempo
fuera tenido en cuenta para la antigüedad y escalafón, sin solución de continuidad.

Señaló que la Policía Nacional calificó la conducta del señor Alejandro Sepúlveda como
culpa gravísima sin examinar debidamente las razones de esa calificación, que las
sanciones disciplinarias se limitaron a señalar que se había trasgredido las reglas sobre
el uso del armamento y concluyeron que el arma se había utilizado de manera
imprudente sin tener en cuenta los testimonios que advertían que el perro se le
abalanzó al uniformado.

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Demandante: Policía Nacional

Inconforme con la decisión, la Policía Nacional apeló y Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, por sentencia del 5 de octubre de 2023 modificó la decisión
de primera instancia en el sentido de que la nulidad de las decisiones disciplinarias se
declarara de forma parcial respecto a la sanción impuesta, para en su lugar, imponer la
suspensión temporal en el ejercicio del cargo y funciones sin derecho a remuneración,
de acuerdo con el numeral 20 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, por el tiempo de
12 meses y la inhabilidad especial por el mismo término.

Que la sanción que debía imponerse era la máxima permitida para esa falta, en atención
al principio de proporcionalidad y los criterios atenuantes y agravantes.

A título de restablecimiento del derecho condenó a la Policía Nacional a reconocer y
pagar los sueldos, prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir con ocasión
de la sanción disciplinaria de destitución impuesta por la entidad, a partir del retiro del
servicio y hasta el reintegro. Además, ordenó que del monto a pagar se descontarán
los sueldos, prestaciones y demás emolumentos a que no tiene derecho en razón a la
sanción impuesta en esa providencia.

El magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez presentó salvamento parcial de votó pues
señaló no estar de acuerdo con el monto de la indemnización concedida. Explicó que,
a su juicio, fue ordenado reconocer una indemnización por un tiempo superior al que
realmente estaría obligada la administración, pues no debería comprender el término
de duración del proceso sino al término que legalmente debería durar el proceso.

Que también se estarían indemnizando valores superiores al daño realmente causado,
puesto que la indemnización no debe partir de la ficción de que el servidor público
hubiera permanecido vinculado al cargo durante todo el proceso pues el salario se
reconoce solamente como contraprestación por la realización de labores.

4. Fundamentos de la acción

De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que las autoridades judiciales
demandadas incurrieron en el siguiente defecto al proferir las decisiones cuestionadas:

Desconocimiento del precedente fijado en la sentencia SU – 556 de 2014 dictada por
la Corte Constitucional1 que, a su juicio, señala que la indemnización máxima que debe
recibir un funcionario cuando es reintegrado luego de ser declarado nulo el acto
administrativo de retiro de la Fuerza Pública no puede exceder de 24 meses de salario.

Que la sentencia SU – 556 de 2014 señaló que en caso de nulidad del acto de retiro no
puede ordenarse el pago de los salarios dejados de percibir durante todo el tiempo de
la desvinculación por ser excesivo, de acuerdo con los artículos 1º y 25 del Constitución,
debido a que el salario está ligado a la prestación del servicio y al no darse esa
contraprestación desaparece la causa para su reconocimiento.

Que en las providencias acusadas no se expusieron los motivos por los cuales se
apartaron de lo ordenado en la sentencia de unificación proferida por la Corte
Constitucional. Que el Consejo de Estado en situaciones fácticas y jurídicas similares
ha aplicado la regla prevista en la sentencia SU – 556 de 20142.

1 Señaló la parte actora que esa providencia se hizo extensiva a miembros de la Fuerza Pública a través de la

sentencia SU – 053 de 2015 proferida por la Corte Constitucional.
2 Sentencias dictadas por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, el 14 de mayo de 2015, exp: 11001-03-15-000-

2014-02068-01, por Consejo de Estado, Sección Segunda, el 10 de septiembre de 2015, exp: 05001-23-31-000-
1998-00554-01, por Consejo de Estado, Sección Quinta, el 12 de mayo de 2016, exp: 11001-03-15-000-2016-00791-
00, por Consejo de Estado, Sección Segunda, el 20 abril de 2016, exp: 11001-03-15-000-2016-00661-00 y, por
Consejo de Estado, Sección Cuarta, el 14 de mayo de 2015, exp: 11001-03-15-000-2014-02068-01.

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Finalmente, argumentó que cumplir las sentencias judiciales cuestionadas se implicaría
la causación de un perjuicio irremediable, puesto que se vería en el deber de reconocer
al señor Sepúlveda 120 meses de salario lo que causaría un detrimento al erario.

5. Intervenciones

El señor Alejandro Sepúlveda pidió que se denegara la solicitud de amparo.

Señaló que la sentencia SU – 556 de 2014 no puede ser aplicada al caso porque en
esa providencia el estudio se centró en la indemnización a reconocer a servidores
públicos vinculados en provisionalidad y en ningún momento dio directrices sobre los
integrantes de la Fuerza Pública destituidos e inhabilitados por sanción disciplinaria.

Que existe una diferencia entre la destitución y la desvinculación de un servidor público
en provisionalidad, pues el último puede seguir laborando en el ámbito público o
privado, por lo que considera es apenas justo el restablecimiento del derecho ordenado
en las decisiones cuestionadas, que supone el reconocimiento de la gravedad de los
perjuicios sufridos.

Que las decisiones cuestionadas están ajustadas a los principios constitucionales de
dignidad humana, igualdad, justicia y el derecho al trabajo, además que, dice, abordan
íntegramente la rehabilitación de su estatus profesional y personal.

Que la aplicación de las limitaciones indemnizatorias establecidas para casos de
vinculaciones en provisionalidad resulta inapropiadas y potencialmente injustas en su
caso porque desconoce los principios a la igualdad y a la justicia que la Constitución
protege.

Que la Corte Constitucional en la sentencia T-568 de 1999 ordenó que las condiciones
particulares de cada caso debían ser cuidadosamente estudiadas para determinar las
indemnizaciones adecuadas, más aún, cuando las consecuencias de las decisiones
administrativas afectan de manera significativa la vida de los individuos.

Por último, dijo que la parte actora no puede utilizar la acción de tutela como una tercera
instancia del proceso ordinario, con la intención de cuestionar decisiones judiciales con
las que no está de acuerdo, máxime cuando no se advierte la ocurrencia de ningún
defecto en las decisiones del 10 de octubre de 2019 y el 5 de octubre de 2023.

Los magistrados de Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, remitieron
el enlace del expediente con radicado nº 25000-23-42-000-2015-02312-00/01, sin
embargo, no se pronunciaron sobre el fondo del asunto.

Por su parte, los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
guardaron silencio pese a que fueron debidamente notificados.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 9 de mayo de 2024
declaró improcedente la acción de tutela por el cargo relacionado con el
desconocimiento del precedente fijado en la sentencia SU –556 de 2014 proferida por
la Corte Constitucional. Explicó que esa discusión obedecía a un asunto netamente
económico pues la inconformidad de la parte actora se limitaba a señalar que se
superaron los topes de indemnización señalados jurisprudencialmente, además, fue un
argumento resuelto en la sentencia de segunda instancia.

Además el cargo relacionado con la vulneración al derecho a la igualdad (argumento
con el que la parte actora relacionó varias sentencias dictadas por el Consejo de
Estado), sostuvo que las decisiones que se alegan como desconocidas fueron

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proferidas por autoridades judiciales distintas a las que dictaron las decisiones objeto
de la presente acción de tutela, por lo que consideró que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, y el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, gozan de autonomía e independencia para definir los asuntos
puestos a su consideración y el juez constitucional no le es dable intervenir.

7. Impugnación

La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, conceder el amparo solicitado.

Sostuvo que no plantea una controversia estrictamente económica, sino que pretende
proteger los intereses de la Nación.

Que no cuestiona que las sentencias del 10 de octubre de 2019 y el 5 de octubre de
2023, dictadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, desconocieran
una tesis de la Corte Constitucional sino que, por el contrario, lo que pretende demostrar
es que las autoridades judiciales demandadas no aplicaron un pronunciamiento
jurisprudencial de unificación de la mencionada corte que, a su juicio, resultaba de
obligatorio cumplimiento.

Que, además, esa regla de unificación también fue acogida por el Consejo de Estado
en las sentencias que relacionó en el escrito de tutela3.

Que las sentencias de unificación de la Corte Constitucional interpretan, aplican y
desarrollan la Constitución Política, por lo que considera, es injustificable su
desconocimiento.

Que la finalidad de la acción de tutela es procurar la defensa del orden constitucional y
la protección del derecho fundamental al debido proceso. Que no pretende utilizar la
acción de tutela como una tercera instancia o debatir la controversia del proceso
ordinario y que no plantea una simple inconformidad con las decisiones judiciales
controvertidas y sí un juicio de validez por desconocimiento de las sentencias de
unificación que, dice, genera la vulneración al derecho fundamental al debido proceso.

Que no comparte el análisis de primera instancia según el cual, por ser las decisiones
que se alegan como desconocidas proferidas por autoridades judiciales distintas a las
accionadas, no pueda exigirse su aplicación, lo que, a su juicio, impone que no haya
uniformidad en las decisiones judiciales.

Finalmente, afirmó que en el caso concreto sí se presenta un trato desigual con relación
a las decisiones que alega como desconocidas.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la
Policía Nacional para dejar sin efectos la sentencia del 5 de octubre de 2023, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, respectivamente, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado nº 25000-23-42-000-
3 Sentencias dictadas por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, el 14 de mayo de 2015, exp: 11001-03-15-000-

2014-02068-01, por Consejo de Estado, Sección Segunda, el 10 de septiembre de 2015, exp: 05001-23-31-000-
1998-00554-01, por Consejo de Estado, Sección Quinta, el 12 de mayo de 2016, exp: 11001-03-15-000-2016-00791-
00, por Consejo de Estado, Sección Segunda, el 20 abril de 2016, exp: 11001-03-15-000-2016-00661-00 y, por
Consejo de Estado, Sección Cuarta, el 14 de mayo de 2015, exp: 11001-03-15-000-2014-02068-01.

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2015-02312-00/01, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
presentada por el señor Alejandro Sepúlveda.

La Sala anticipa que confirmara la decisión de primera instancia de declarar
improcedente la acción de tutela porque la parte actora pretende insistir en la aplicación
del tope indemnizatorio de 24 meses de salario, asunto que fue resuelto en ambas
instancias por el juez natural del proceso ordinario.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales (ii) la relevancia constitucional y, (iii) el análisis
del caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos2 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando
se han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-003, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre
la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente
de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se
acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción
de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue
proferida la providencia acusada.

Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

De la revisión del argumento por desconocimiento del precedente expuestos en la
solicitud de amparo, la Sala advierte que coinciden con el propuesto en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. Básicamente, en el proceso ordinario y en la
acción de tutela la parte actora señala que las autoridades judiciales demandadas
desconocieron la regla jurisprudencial contenida en la sentencia SU – 556 de 2014
dictada por la Corte Constitucional.

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En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la Policía Nacional contra la
sentencia del 10 de octubre de 2019 dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, se lee lo siguiente:

De otra parte, también rechazamos la sentencia de primera instancia dado que se ordenó el
reconocimiento y pago de salarios desde la fecha del retiro hasta cuando se haga efectivo el reintegro,
desconociendo los pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional como del Honorable
Consejo de Estado, en el sentido que dicha indemnización se debe limitar a un máximo de veinticuatro
meses.

Por su parte, en la acción de tutela (y ahora en la impugnación), la parte actora dice:

Se configura la causal, toda vez que se desconoció lo señalado en la sentencia SU-053 de 2015,
debido a que cuando "por vía judicial se ha fijado el alcance sobre determinado tema, y el funcionario
judicial, desconoce la regla jurisprudencial establecida. En estos casos eventos, la acción de tutela
busca garantizar la eficacia jurídica del derecho fundamental a la igualdad."

La H. Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-053/2015, hizo extensiva a los miembros
de la Fuerza Pública los limites indemnizatorios previstos en la sentencia de unificación SU-556 de
2014, en lo referente al restablecimiento del derecho cuando se anulan los actos de retiro, en la misma
providencia trató el tema de los montos indemnizatorios cuando se ordena el reintegro al servicio
activo, para la cual inclusive analizó el caso de dos miembros de la Policía Nacional, y al definir el
asunto el máximo órgano constitucional concluyó que la situación - limite indemnizatorio de
veinticuatro meses como máximo, debe ser aplicable a los miembros de la institución policial.

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en la providencia del 5 de octubre de 2023, en la que se consideró:

Frente a la pretensión formulada por la entidad apelante en el sentido de decidir que a la condena se
debe aplicar el límite indemnizatorio de 24 meses en aplicación de la decisión adoptada por la Corte
Constitucional en sentencia SU 556/14, debe advertirse que la Corte Constitucional en la sentencia
SU 556 de 2014 estableció frente al reintegro y devolución de salarios y prestaciones dejadas de
percibir como consecuencia de la nulidad de un acto de retiro del servicio de un nombramiento
provisional en un cargo de carrera, que a título de reparación del daño no procedería el pago de todos
los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta que sea efectivo el reintegro, sino que sólo
debería ordenarse el pago de lo efectivamente dejado de recibir por el servidor, en calidad de
indemnización de a que se descuentan todos los montos que haya percibido como retribución por su
trabajo, bien sea que provenga de fuente pública o privada, como dependiente o independientes.
(...)
No obstante lo anterior, considera la Sala que, en este asunto, no resulta aplicable el precedente de
la Corte Constitucional referido, pues si bien esa Corporación ha determinado que en lugar del
reconocimiento de los salarios y prestaciones sociales se debe reconocer una indemnización en
atención a los términos antes mencionados, este análisis se ha hecho respecto a una de las causales
de retiro establecidas en la Ley, esto es, la declaratoria de insubsistencia de un nombramiento en
provisionalidad, sin que hasta el momento se haya estudiado la causal de retiro de la destitución como
consecuencia de un proceso disciplinario, que además implica una inhabilidad para el desempeño de
funciones públicas

Como se ve, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y el juez de
primera instancia ya resolvieron sobre la aplicabilidad del tope indemnizatorio de 24
meses de salario dispuesto en la sentencia SU – 556 de 2014 dictada por la Corte
Constitucional.

De hecho, la Sala encuentra que si bien la Policía Nacional expone una violación al
derecho a la igualdad y cita para el efecto, las sentencias dictadas por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, el 14 de mayo de 2015, exp: 11001-03-15-000-2014-02068-
01, por Consejo de Estado, Sección Segunda, el 10 de septiembre de 2015, exp: 05001-
23-31-000-1998-00554-01, por Consejo de Estado, Sección Quinta, el 12 de mayo de
2016, exp: 11001-03-15-000-2016-00791-00, por Consejo de Estado, Sección
Segunda, el 20 abril de 2016, exp: 11001-03-15-000-2016-00661-00, lo cierto es que lo
hace con la misma finalidad de que sea aplicado el tope indemnizatorio de 24 meses
de salarios sobre el cual ya resolvió el juez natural.

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Radicado: 11001-03-15-000-2043-01691-01
Demandante: Policía Nacional

En el escenario que propone la parte actora, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judiciales demandada en el
proceso ordinario.

Justamente por lo anterior, la Sala, como juez de tutela, no puede volver a examinar
asuntos que ya fueron resueltos por el juez ordinario, como lo pretende la parte actora.
La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales,
que no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener una opinión jurídica
diversa o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las autoridades
jurisdiccionales de instancia.
Lo anterior es suficiente para confirmar la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela presentada por la Policía Nacional.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala debe señalar que desde la sentencia de tutela
proferida el 18 de mayo de 2023 en la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-
2023-01614-00 fijó una posición sobre la aplicación de los topes indemnizatorios por
retiro de miembros de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional.

En esa ocasión se dijo que, los topes indemnizatorios fijados en las sentencias de
unificación SU-556 de 2014 y 053 de 2015 de la Corte Constitucional solo son aplicables
en los eventos de reintegro de personas que ocupaban cargos en carrera administrativa
en provisionalidad. Criterio que coincide con las sentencias cuestionadas.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, conforme a lo expuesto en esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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