Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01695-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01695-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01695-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
6 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., seis (6) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01695-00
Accionante: Luis Alberto Marroquín Gómez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión
Tema: Acción de tutela contra sentencia proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, en la que se confirmó la providencia de
primera instancia que negó parcialmente las pretensiones de la demanda
relacionadas con el reajuste de la asignación de retiro.
Decisión: se niega el amparo. No se acreditan los defectos alegados.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
I. ANTECEDENTES
La Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela instaurada por el señor Luis Alberto Marroquín Gómez,
actuando en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Cuarta de Decisión, por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, mínimo vital, vida en condiciones dignas,
seguridad social e igualdad, al expedir la providencia del 11 de octubre de 2023,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado núm. 05001-33-33- 002-2018-00568-01.
1. HECHOS
El señor Luis Alberto Marroquín Gómez en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho demandó el acto administrativo
contenido en el Oficio E-00003-201807275-CASUR Id:318911 del 20 de abril
de 2018, expedido por la Policía Nacional mediante el cual negó el reajuste de
la asignación de retiro.
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ACCIÓN DE TUTELA
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Accionante: Luis Alberto Marroquín Gómez
El proceso por reparto correspondió Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Medellín, que mediante sentencia del 10 de septiembre de 2019
resolvió negar las pretensiones de la demanda.
En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Antioquia a través de la
sentencia del 11 de octubre de 2023 confirmó la anterior decisión, al considerar
la Caja de Sueldos de Retiro de Sueldos de la Policía Nacional liquidó y
reconoció la asignación de retiro en la proporción indicada en el Decreto 1213
de 1990, disposición normativa vigente al momento en que se retiró del servicio
activo.
Sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo
porque desconoció que su asignación de retiro debía ser reajustada conforme
a lo dispuesto en el artículo 2.° de la Ley 4ª de 1992 y 1.°, 10° y 13 de la Ley
923 de 2004.
Finalmente, alegó un desconocimiento de precedente judicial proferido por la
Corte Constitucional contenido en sus sentencias C-281 de 1994; C-891A de
2006; C-926 de 2006; C-568 de 2016; C-891A de 2006; SU 1073 de 2012; SU
131 de 2013; y SU 415 de 2015.
2. PRETENSIONES
Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«1. Que se tutelen mis derechos fundamentales al mantenimiento del poder
adquisitivo de mi pensión, debido proceso, mínimo vital, vida en condiciones
dignas, seguridad social, in dubio pro operario, igualdad, y cualquier otro derecho
que considere la Corporación violado.
2. Que se dejen sin valor ni efecto el fallo 128 proferido por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-SALA CUARTA DE DECISIÓN el 11 de
octubre de 2023 en el proceso con Rad. 050013333 002 2018 00568 01.
3. Que se ordene proferir una sentencia en la que se garantice el debido proceso,
el poder adquisitivo de mi asignación de retiro y el mantenimiento de las
condiciones de vida logradas con mi trabajo, vida digna, seguridad social, y la
aplicación del entendimiento más favorable de las normas laborales. 4. Se tome
cualquier otra medida que la Judicatura estime pertinente para proteger y
restablecer mis derechos fundamentales.» (Sic a toda la cita)
3. INFORMES
La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 11 de abril
de 2024 a través del cual se ordenó notificar Tribunal Administrativo de
Antioquia – Sala Cuarta de Decisión como accionado y a la Caja de Sueldos de
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Retiro de la Policía Nacional – CASUR como tercero interesado en las resultas
del proceso.
3.1. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR solicitó
se niegue el amparo de tutela porque no se han vulnerado los derechos
fundamentales invocados. En ese sentido, señaló que lo que pretende la parte
actora con la interposición del mecanismo constitucional es que se reajuste la
asignación de retiro cuando no hay lugar a ello.
3.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión
no presentó informe, pero envió el link del proceso.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
2. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, la Sala de Subsección
considera que el problema jurídico se circunscribe a establecer si el Tribunal
Administrativo de Antioquia, al proferir la providencia del 11 de octubre de 2023,
incurrió en un defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente.
3. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de
1992 y 1382 de 2000 y fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando éstos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se
puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir,
entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por
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decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en
esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar
justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo
constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción
se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y
en esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto
del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años
de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como
sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad
jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la
necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales
fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance
de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un
perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que
se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y
(vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados se encuentran plenamente
individualizados.
3.1.2. Así mismo se observa que la providencia objeto de tutela carece de
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recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo
constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han
transcurrido más de 6 meses desde la expedición de la última providencia
cuestionada (11 de octubre de 2023).
Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la
medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental
como consecuencia del defecto sustantivo y desconocimiento de precedente
judicial en que presuntamente incurrió la autoridad judicial cuestionada.
Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
4. Caso concreto
El reproche de la parte demandante consiste, en síntesis, en que la decisión
proferida el 11 de octubre de 2023, dentro del proceso nulidad y
restablecimiento del derecho, quebrantó sus derechos fundamentales al debido
proceso, mínimo vital, vida en condiciones dignas y seguridad social, toda vez
que desconoció que su asignación de retiro debía ser reajustada conforme con
lo dispuesto en el artículo 2.° de la Ley 4ª de 1992 y 1.°, 10° y 13 de la Ley 923
de 2004. Además, alegó que se desconoció el precedente judicial proferido por
la Corte Constitucional en las providencias que fueron referenciadas
previamente.
De las piezas procesales aportadas al proceso (índice 2 del expediente visible
en el aplicativo SAMAI), la Sala observa que la autoridad judicial en la decisión
cuestionada señaló que el señor Luis Alberto Marroquín Gómez le fue
reconocida la asignación de retiro mediante Resolución núm. 6946 del 15 de
diciembre de 1999 equivalente al 74% del sueldo básico de actividad, teniendo
en cuenta las partidas computables contempladas en el Decreto 1213 de 1990.
En ese sentido, consideró que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional liquidó y reconoció la asignación de retiro en la proporción indicada
en el Decreto 1213 de 1990 disposición normativa vigente para la apoca del
retiro del servicio activo.
Aunado a ello, señaló no había lugar al reajuste de la asignación de retiro con
fundamento en lo dispuesto en la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004,
toda vez que al momento del retiro del servicio activo, la norma vigente era la
contemplada en el Decreto 1213 de 1990.
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Lo anterior, teniendo en cuenta la pauta jurisprudencial fijada por la Corte
Constitucional en la sentencia C 924 de 2005, en la que indicó que el régimen
pensional aplicable está determinado por la fecha en que se originen los hechos
que den lugar al reconocimiento de la pensión, toda vez que la Ley 923 de 2004
rige hacia el futuro y se aplica a los casos que se configuren a partir de su
vigencia, sin que se afecten las situaciones consolidadas con el régimen
anterior.
Así las cosas, no se considera que el Tribunal Administrativo de Antioquia haya
incurrido en un defecto sustantivo por desconocimiento de lo dispuesto en el
artículo 2.° de la Ley 4ª de 1992 y los artículos 1.°, 10° y 13 de la Ley 923 de
2004, toda vez que la Caja de Sueldos de Retiro de Sueldos de la Policía
Nacional liquidó y reconoció la asignación de retiro en la proporción indicada
en el Decreto 1213 de 1990 disposición normativa vigente para la apoca del
retiro del servicio activo. Por lo tanto, no es dable considerarla como constitutiva
de defecto sustantivo, pues, por el contrario, corresponde al ejercicio de la
función prevista a cargo de los jueces, conforme se deduce del contenido
normativo de los principios constitucionales de autonomía e independencia
judicial. Tampoco se trata una interpretación arbitraria o irracional de la
normativa aplicable al caso.
Por otra parte, la Subsección tampoco encuentra configurado el
desconocimiento de precedente judicial porque el Tribunal sustentó de manera
suficiente la providencia que hoy se cuestiona en las pautas jurisprudenciales
señaladas por la Corte Constitucional en la sentencia C 924 de 2005, por lo que
no es dable entender que incurrió en un desconocimiento de precedente y,
menos aún, en una decisión arbitraria o caprichosa.
En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante
con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva
la transgresión de derechos fundamentales.
Por lo tanto, al no hallarse estructurados los defectos invocados, la Sala negará
la totalidad de las pretensiones formuladas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01695-00
Accionante: Luis Alberto Marroquín Gómez
FALLA
Primero: Negar el amparo solicitado por el señor Luis Alberto Marroquín
Gómez mediante la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Tercero: De no ser impugnada la sentencia de tutela remítase el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.
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