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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01696-00

Fecha
13 de junio de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01696-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las solicitudes de declaración de falta de legitimación en la causa por pasiva de la presidencia del Consejo de Estado y de desvinculación del Consejo Superior de la Judicatura, Centro de Documentación Judicial CENDOJ y la Superintendencia de Industria y Comercio. SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO de la acción de tutela promovida por el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón en relación con el Ministerio de Justicia y del Derecho. TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Ericsson Ernesto Mena Garzón frente al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, IFX Networks Colombia S.A.S., la Fiscalía General de la Nación, la Presidencia de la República, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, exclusivamente en los términos establecidos en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: en virtud de lo anterior, ORDENAR: 40 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2024-01696-00 • Al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que en el término de 3 días, contados desde la notificación de esta providencia, brinde una respuesta de fondo, clara y congruente exclusivamente de la pregunta 1 de la solicitud radicada por el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón el 7 de marzo de 2024 y de la pregunta 2 de la petición radicada por el actor el 8 de marzo de 2024, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. • A IFX Networks Colombia S.A.S. que en el término de 3 días, contados desde la notificación de esta providencia, brinde una respuesta de fondo, clara y congruente exclusivamente frente: a la pregunta 6 de la solicitud radicada por el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón el 7 de marzo de 2024, en relación con la pretensión de anexar la documentación que respalde las acciones sobre las que versa este interrogante y a los interrogantes 14 y 15 de la petición radicada por el actor el 8 de marzo de 2024. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01696-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

13 de junio de 2024

Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01696-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01696-00
Demandante: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Tutela de fondo – derecho fundamental de petición.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El 9 de abril del 2024, el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón, actuando
en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Presidencia de la
República, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de
Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Justicia
y del Derecho, la IFX Networks Colombia S.A.S, la Fiscalía General de la Nación,
el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo
de Estado, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la
Contraloría General de la República, el Grupo de Respuesta a Emergencias
Cibernéticas de Colombia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Con la solicitud de amparo pretende la protección de su derecho fundamental de
petición y las garantías constitucionales consagradas en «los artículos 12, 15, 23,
29, 229, 270» de la Constitución Política.

2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas ante la presunta falta de
respuesta por parte de las autoridades demandadas a las solicitudes radicadas
el 7 y 8 de marzo de enero de 2024, por medio de las cuales solicitó información
relacionada con un «ataque de ransomware a la empresa IFX Networks Colombia

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.

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S.A.S, proveedor de servicios de TI para entidades públicas y privadas en
Latinoamérica».

1.2. Pretensión constitucional

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

Señores/as Magistrados/as: con fundamento en los hechos narrados y en las
consideraciones expuestas, le solicito a usted respetuosamente TUTELAR en mi
favor los derechos constitucionales fundamentales de la constitución política de
Colombia estipulados en los Artículos 12,15,23,29,229,270, por lo cual solicito a
este honorable tribunal se ORDENE a las entidades accionadas entregar
respuesta a los elementos requeridos en un término de un día.

1.3. Hechos

4. La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:

5. El actor relató que el 12 de septiembre de 2023 se presentó un ataque de
ciberseguridad externo tipo ransomware que afectó algunas de las máquinas
virtuales del proveedor de soluciones de telecomunicaciones IFX Networks
Colombia S.A.S. (de ahora en adelante, IFX Networks). Esto trajo como
consecuencia la indisponibilidad en las plataformas de servicios de las entidades
que tienen implementadas soluciones ofrecidas por dicha compañía, entre ellas,
la Rama Judicial.

6. Afirmó que el 19 de septiembre de 2023, la sociedad IFX Networks anunció
que logró «recuperar el 50% de los datos secuestrados». A su vez, sostuvo que
el gobierno colombiano ofreció «una recompensa de hasta 5.000 millones de
pesos por información que conduzca a la captura de los responsables del
ataque».

7. Aseguró que, entre octubre y diciembre de 2023, se implementaron
«medidas para fortalecer la seguridad informática en el sector público y privado»
y que el gobierno presentó «un plan de acción para prevenir y combatir futuros
ciberataques».

8. Indicó que el alto mandatario propuso cambiar el concepto de “seguridad
ciudadana” por el de “seguridad humana”. A su juicio, ello “genera confusión, en
razón a que la última expresión, al parecer es diferente a las funciones de
seguridad y convivencia que cumple la Policía Nacional”.

9. Aseguró que «toda la información personal y sensible contenida en las
plataformas privadas y públicas bajo custodia y manejo del proveedor IFX
Networks Colombia S.A.S. fue vulnerada de manera ilegal».

10. Con fundamento en tales hechos, el 7 de marzo de 2024 radicó un escrito
ante varias entidades mediante la cual pidió lo siguiente:

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1. Se me efectúe inventario de entidades privadas y públicas afectadas con el
incidente dirigido al Proveedor IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S con datos
de ubicación y correo electrónico.
2. Se me efectúe informe que describa de manera precisa la cronología de los
hechos correspondientes al incidente dirigido al Proveedor IFX NETWORKS
COLOMBIA S.A.S y a qué fecha precisa se superó la contingencia y de qué
manera se corroboro que el 100% de la información afectada fue
reestablecida a la fecha 07-03-2024.
3. Se me efectúe informe que describa de manera precisa si la información
vulnerada al Proveedor IFX NETWORKS COLOMBIA tanto en plataformas
privadas y públicas está en poder de organizaciones criminales y si la misma
puede ser utilizada con fines criminales.
4. Se me efectúe informe que describa de manera precisa si la información
vulnerada al Proveedor IFX NETWORKS COLOMBIA tanto en plataformas
privadas y públicas afecto, está afectando y afectará los derechos
constitucionales establecidos en los Art 11, 13, 15, 229 entre otros del suscrito
de manera directa e indirecta como de sus familiares, a corto, mediano y largo
plazo.
5. Se me informe por qué no se efectuó notificación personal a cada uno de los
usuarios de las entidades tanto privadas como públicas afectadas con el
incidente dirigido al Proveedor IFX NETWORKS OLOMBIA S.A.S donde se
expusiera que este incidente vulnero derechos constitucionales como los
contenidos en los artículos Art 11, 13, 15, 229 entre otros.
6. Se me efectúe informe que describa de manera precisa las medidas que
tomaron en cuanto el incidente dirigido al Proveedor IFX NETWORKS
COLOMBIA S.A.S anexando toda la documentación que respalde estas
acciones.
7. Se me efectúe informe que describa de manera precisa si la información
contenida en los siguientes procesos judiciales fue vulnerada y si a la misma
tiene o tuvieron acceso organizaciones criminales o al margen de la ley, de
igual forma requiero que se garantice por parte de los acá peticionados que
la misma no fue vulnerada y que la información extraída no será utilizada con
fines criminales y sobre todo que no afectara al suscrito y familiares a corto,
mediano y largo plazo.
8. Solicito se corra traslado a la DEFENSORIA DEL PUEBLO Y
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN para efectos de inspección,
control y vigilancia de igual modo a todas las entidades afectados por el
inciden Proveedor IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S para que den tramite
al presente cuestionario y adjunten copia de la radiación de este.

11. Dicha solicitud fue radicada ante las siguientes entidades:
• Presidencia de la República (contacto@presidencia.gov.co)
• Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(minticresponde@mintic.gov.co)
• Superintendencia de Industria y Comercio (contactenos@sic.gov.co)
• Ministerio de Justicia (gestion.documental@minjusticia.gov.co)
• IFX Networks Colombia S.A.S. (comunicaciones@ifxcorp.com)
• Fiscalía General de la Nación (ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co)
• Consejo Superior de la Judicatura (info@cendoj.ramajudicial.gov.co)
• Corte Suprema de Justicia (secretariag@cortesuprema.gov.co)
• Consejo de Estado (secgeneral@consejodeestado.gov.co)
• Contraloría General de la República (cgr@contraloria.gov.co)

12. El 8 de marzo de 2024 otro escrito ante varias autoridades, mediante el

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cual formuló los siguientes interrogantes:

1. Naturaleza del Ataque de Ransomware:
a) ¿Cuál fue la naturaleza del ataque de ransomware experimentado por IFX
Networks Colombia S.A.S. el 12 de septiembre de 2023?
b) ¿Se identificaron las vulnerabilidades específicas que permitieron el ataque?

2. Impacto del Ataque de Ransomware:
a) ¿Cómo afectó el ataque de ransomware a la infraestructura de nube privada
administrada por IFX Networks y a los servicios tecnológicos alojados en ella?

3. Medidas de Seguridad Implementadas:
a) ¿Qué medidas de seguridad informática se implementaron antes del incidente
para proteger la infraestructura de nube privada y los datos de los usuarios?
b) ¿Hubo medidas específicas de respaldo y recuperación de datos
implementadas antes del incidente?

4. Auditorías y Supervisión de Seguridad:
a) ¿Con qué frecuencia se realizan auditorías de seguridad en la infraestructura
de nube privada y en los sistemas informáticos de IFX Networks?
b) ¿Qué hallazgos importantes se han identificado en auditorías anteriores y qué
acciones se tomaron como resultado?

5. Comunicación y Transparencia:
a) ¿Qué protocolos de comunicación se establecieron para informar a los clientes
y partes interesadas sobre incidentes de seguridad cibernética?
b) ¿Qué nivel de transparencia se mantuvo con respecto a la divulgación de
información sobre el incidente del 12 de septiembre de 2023 y las medidas
tomadas para abordarlo?

6. Capacitación y Certificaciones del Personal:
a) ¿Qué programas de capacitación en seguridad informática se ofrecen a los
empleados de IFX Networks?
b) ¿El personal responsable de la seguridad informática cuenta con
certificaciones relevantes en el campo de la ciberseguridad?

7. Demostración de 0% de Posibilidad de Acceso Ilegal:
a) ¿Puede IFX Networks demostrar de manera concluyente que no hubo acceso
ilegal a la información personal y sensible durante el incidente de ciberseguridad
del 12 de septiembre de 2023?
b) ¿Qué medidas específicas se tomaron para garantizar que no hubiera acceso
no autorizado a la información de los usuarios de la Rama Judicial y otras
entidades afectadas?

8. Cantidad de Información Afectada y Seguridad del Acceso:
a) ¿Cuánta información se vio potencialmente comprometida durante el incidente
de ciberseguridad del 12 de septiembre de 2023?
b) ¿IFX Networks puede confirmar que, con base en su evaluación, ningún dato
fue accedido ilegalmente o comprometido durante el incidente? En caso
afirmativo
c) ¿qué evidencia respalda esta afirmación?
d) ¿Se ha llevado a cabo una auditoría forense interna o externa para investigar
el incidente de ciberseguridad de IFX Networks?
e) ¿Cuáles fueron los objetivos principales de la auditoría forense en relación con
el incidente?
f) ¿Qué técnicas y herramientas se utilizaron durante la auditoría forense para
recopilar y analizar evidencia digital?

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g) ¿Se identificaron y documentaron las causas raíz del incidente durante la
auditoría forense?
h) ¿Se ha elaborado un informe detallado de la auditoría forense que incluya
hallazgos, análisis de riesgos y recomendaciones para evitar futuros incidentes?
i) ¿Se ha compartido el informe de la auditoría forense con las autoridades
competentes y las partes interesadas afectadas?
j) ¿Qué medidas correctivas se han implementado como resultado de las
conclusiones de la auditoría forense?
k) ¿Se han establecido procesos para realizar auditorías forenses periódicas
como parte de las prácticas de seguridad informática de IFX Networks?

9. Superintendencia de Industria y Comercio:
a) ¿Cuál ha sido el papel de la Superintendencia de Industria y Comercio en la
investigación del incidente de ciberseguridad de IFX Networks?
b) ¿Qué acciones específicas ha tomado la Superintendencia para garantizar el
cumplimiento de las normativas de protección de datos y seguridad informática
por parte de IFX Networks y otras entidades afectadas?

10. Ministerio de las TIC:
a) ¿Cuál ha sido la contribución del Ministerio de las TIC en la gestión y
coordinación de la respuesta al incidente de ciberseguridad de IFX Networks?
b) ¿Se han implementado medidas regulatorias o de políticas públicas como
resultado del incidente para fortalecer la ciberseguridad en el sector de las TIC?

11. Presidencia de la República:
a) ¿Qué directrices o lineamientos ha emitido la Presidencia de la República en
relación con el incidente de ciberseguridad de IFX Networks?
b) ¿Cómo ha coordinado la Presidencia de la República las acciones entre las
diferentes entidades gubernamentales para abordar el incidente y sus
implicaciones?

12. Grupo de Respuestas a Emergencias Cibernéticas de Colombia:
a) ¿Cuál ha sido el papel del Grupo de Respuestas a Emergencias Cibernéticas
de Colombia en la respuesta al incidente de IFX Networks?

13. Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación:
a) ¿Qué acciones legales y judiciales han emprendido la fiscalía general de la
Nación y la Procuraduría General de la Nación en relación con el incidente de
ciberseguridad de IFX Networks?
b) ¿Cuáles son las perspectivas y proyecciones legales para abordar la
responsabilidad y las consecuencias del incidente?

14. Proceso de Análisis de la Demostración de 0% de Posibilidad de Acceso
Ilegal:
a) ¿Cuál ha sido el método utilizado por IFX Networks para demostrar de manera
concluyente que no hubo acceso ilegal a la información personal y sensible
durante el incidente de ciberseguridad del 12 de septiembre de 2023?
b) ¿Qué herramientas o tecnologías se emplearon en el proceso de análisis para
garantizar la integridad y la veracidad de los resultados obtenidos?
c) ¿Se ha llevado a cabo una revisión independiente o una auditoría externa para
validar los hallazgos del análisis de 0% de posibilidad de acceso ilegal? En caso
afirmativo, ¿cuáles fueron los resultados y conclusiones de dicha revisión?
d) ¿Cuál ha sido la transparencia en la comunicación de los resultados del
análisis a las autoridades competentes y a las partes interesadas afectadas por
el incidente de ciberseguridad?

15. Medidas Judiciales contra IFX Networks:
a) ¿Qué medidas judiciales se han tomado contra IFX Networks como resultado
del incidente de ciberseguridad del 12 de septiembre de 2023?

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b) ¿Se puede proporcionar una copia del informe o documento que respalda las
medidas legales que se están tomando contra IFX Networks?

13. Además de las entidades referenciadas en el numeral 11 de esta
providencia, el escrito fue radicado ante el Grupo de Respuestas a Emergencias
Cibernéticas (minticresponde@mintic.gov.co) y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado (agencia@defensajuridica.gov.co).

1.4. Sustento de la vulneración

14. Alegó que a la fecha de la presentación de esta acción constitucional no
se había dado «una respuesta satisfactoria del 100% de los elementos
requeridos y por tal motivo se acude al mecanismo de la acción de tutela por ser
el mecanismo jurídico más idóneo en la defensa de los derechos
fundamentales».

1.5. Trámite de la acción

15. Mediante auto de 10 de abril de 2024 se admitió la acción constitucional
de la referencia. En consecuencia, se ordenó notificar a la parte actora, a la
Presidencia de la República, al Ministerio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de Colombia, a la Superintendencia de Industria y Comercio, al
Ministerio de Justicia, a la IFX Networks Colombia S.A.S, a la Fiscalía General
de la Nación, al Consejo Superior de la Judicatura, a la Corte Suprema de
Justicia, al Consejo de Estado, a la Procuraduría General de la Nación, a la
Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de la República, al Grupo de
Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

16. Mediante auto del 24 de abril, el despacho ponente vinculó en calidad de
terceros con interés a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Mesa de
Entrada, a la Secretaría General del Consejo de Estado y a la Oficina de Sistemas
de esta corporación.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Equipo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia

17. Informó que el 5 de abril de 2024, el Equipo de Respuesta a Emergencias
Cibernéticas de Colombia, que hace parte de la entidad, remitió al correo
plajusticiaambientalcolombia@gmail.com el Oficio 242032575 por medio del cual
dio respuesta clara, precisa, congruente, consecuente y concreta a cada una de
las preguntas formuladas mediante las peticiones radicadas por el actor el 7 y 8
de marzo del mismo año.

18. Puso de presente que la contestación se «enmarcó en la información,

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datos y acciones que la cartera ministerial puede emitir o desplegar con ocasión
a las facultades legales otorgadas». En este sentido, solicitó que se declarara «la
improcedencia de la acción de tutela por carencia de objeto por hecho superado»
y, a su vez, que la autoridad no ha amenazado ni vulnerado los derechos
fundamentales del actor.

19. Como sustento de ello, anexó la copia del oficio en el que dio respuesta a
cada uno de los interrogantes formulados por el señor Mena Garzón.

1.6.2. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

20. Expuso que ante la autoridad se radicó una petición el 8 de marzo de 2024,
a la cual se le asignó el radicado 20248000797402 y que a través del Oficio
20241030023801 del 14 de marzo de 2024 «se dio respuesta clara, expresa y de
fondo a los interrogantes planteados por el peticionario, teniendo en cuenta para
ello la información que al respecto tiene esta entidad y las competencias de la
agencia». Como sustento de ello, aportó copia del respectivo documento.

21. Informó que dicha respuesta fue enviada al correo
plajusticiaambientalcolombia@gmail.com desde el cual el tutelante radicó la
solicitud en cuestión. En tal sentido, argumentó que la entidad no ha incurrido en
alguna acción u omisión «que conlleve a determinar que existe una vulneración
a los derechos fundamentales del accionante», motivo por el cual solicitó negar
el amparo invocado.

1.6.3. Presidencia del Consejo de Estado

22. Advirtió que ante esta autoridad no se ha radicado ninguna de las
peticiones sobre las cuales versa la presente acción constitucional, pues de
conformidad con el material probatorio anexo al escrito inicial tales solicitudes
fueron radicadas al correo de la Secretaría General del Consejo de Estado
(secgeneral@consejodeestado.gov.co). En tal sentido, solicitó que se declarara
su falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.4. Fiscalía General de la Nación

23. Señaló que los Sistemas misionales de consulta de la Fiscalía General de
la Nación (Sistema Penal Oral Acusatorio y Sistema de Información Judicial de
la Fiscalía) constituyen bases de datos de consulta y seguimiento de las
investigaciones penales que adelantó o se encuentra adelantando la entidad y
constituyen la base de las estadísticas que tiene a su disposición para estudios
académicos, de entidades u observatorios del delito, o para fines de política
criminal.

24. Agregó que mediante dichos sistemas se establece la trazabilidad de la
documentación que ingresa convertida en noticia criminal, de las órdenes
expedidas y cumplidas, de las etapas procesales de las investigaciones y de las

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disposiciones administrativas sobre los casos. A su vez, informó que constituyen
insumos para responderá las solicitudes de los ciudadanos y de autoridades
administrativas o judiciales.

25. Puso de presente que tales sistemas de información no representan
antecedentes judiciales y no son de acceso al público, así como tampoco pueden
ser usados para suministrar datos a quien no se encuentre facultado para
requerirla. Esto, como protección al derecho al habeas data.

26. Indicó que recibió la solicitud radicada el 7 de marzo de 2024 por parte del
actor mediante la cual pidió información sobre las plataformas afectadas por el
incidente dirigido al proveedor IFX Network Colombia S.A.S. Explicó que
mediante radicado 20242220031861 Oficio No. DAUITA-20310 se brindó la
respectiva respuesta mediante el cual se le informó al interesado el marco jurídico
y la naturaleza de la información registrada en los sistemas misionales de la
entidad, con lo que se le puso de presente las limitaciones de los datos
personales asociados con una determinada noticia criminal.

27. Aseguró que mediante dicha comunicación se le precisó al señor Mena
Garzón que las variables de consulta de información en tales sistemas se realizan
con una coincidencia exacta entre nombres, apellidos y documento de identidad.
Agregó que se le indicó que carecía de dichos datos requeridos, por lo que no
era procedente dar trámite a la petición. Le reiteró al tutelante que la información
procesal contenida en las bases de datos misionales de la entidad tiene por regla
general el carácter de información pública clasificada y reservada.

28. En virtud de lo anterior, afirmó que conminó al demandante para que
allegara los medios de prueba por medio de los cuales demostrara alguna de las
calidades que trata el artículo 13 de la Ley 1581 de 2012 (ser el titular,
causahabiente, representante legal, tercero autorizado, que media una orden
judicial para acceder a la información requerida o ser una entidad pública o
administrativa en ejercicio de funciones legales).

29. Precisó que el actor no remitió la respectiva complementación de dicha
información que lo legitimara para consultar los datos contentivos en los sistemas
misionales de información. Por tanto, concluyó que no ha vulnerado ningún
derecho fundamental de los invocados por el actor.

30. En relación con la petición elevada el 8 de marzo de 2024, informó que se
dio traslado por competencia a la Dirección Especializada contra los delitos
informáticos bajo el radicado Orfeo 20245200000095. En tal sentido, solicitó que
se declarara la improcedencia del amparo invocado.

1.6.5. Fiscalía 13 Delegada ante Jueces Penales del Circuito Especializado,
Dirección Especializada contra los delitos informáticos de la Fiscalía
General de la Nación

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31. Indicó que por medio del oficio con radicado 20245200000471 del 20 de
marzo de 2024, se dio respuesta a la solicitud presentada por el señor Mena
Garzón y de la cual se le dio traslado. Aclaró que resolvió la pregunta 13 que
formuló, pues esta era la dirigida a la entidad. Como sustento de ello, adjuntó a
la contestación copia de dicho memorial de respuesta y captura de pantalla que
acredita su remisión al correo plajusticiaambientalcolombia@gmail.com.

1.6.6. IFX Networks Colombia S.A.S.

32. Informó que el accionante ha presentado previamente otras solicitudes y
acciones de tutela «que aunque no estén escritas de igual manera, tiene por
objeto las mismas partes, hechos y pretensiones». Tal forma, señaló que el actor
«ha abusado de su derecho al acceso a la administración de justicia» pues con
fundamento en una solicitud radicada el 18 de enero de 2024 ante esta entidad,
interpuso una acción de tutela por medio de la cual alegó que no se había dado
respuesta oportuna frente a tal petición.

33. Sostuvo que, en sentencia del 21 de febrero de 2024, el Juzgado 22
Administrativo de Oralidad de Bogotá, Sección Segunda amparó los derechos
fundamentales invocados en esa oportunidad por el actor y ordenó lo siguiente:

al representante legal de IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S., o a quien haga
sus veces, que en el perentorio término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas
a partir de la notificación de esta providencia, expida y notifique el documento por
el cual sea resuelta de fondo y de la manera que en derecho corresponda la
petición radicada por el actor el 18 de enero de 2024, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

34. Indicó que, en virtud de dicha orden, dio respuesta a la solicitud presentada
y que el 19 de marzo de 2024, el juzgado declaró que se había cumplido
«integralmente lo ordenado en la sentencia del 21 de febrero de 2024». Por tanto,
la autoridad judicial finalizó el trámite incidental promovido por el actor contra la
sociedad demandada.

35. Advirtió que «en las múltiples respuestas que le han sido suministradas al
señor Mena por parte de IFX, se han despejado todas las dudas correspondientes
y relacionadas con el ataque sufrido». De tal forma, aseguró que el 15 de marzo
de 2024 contestó la petición que elevó el actor el 7 del mismo mes y año, motivo
por el cual alegó que «no se trata de la reticencia o ausencia de respuesta de
peticiones por parte de IFX, sino una presentación sucesiva y reiterada de
peticiones y acciones de tutela por parte del accionante».

36. Por su parte, expuso que la solicitud del 8 de marzo de 2024 fue
respondida de forma clara, de fondo, suficiente y congruente con lo pedido. Para
acreditar lo afirmado adjuntó los escritos de respuesta y los respectivos
comprobantes de envío.

37. Finalmente, concluyó que IFX solucionó cada una de las inquietudes del
tutelante y que es distinto que el actor no esté de acuerdo con las respuestas

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proporcionadas. A su vez, puso de presente que la sociedad «no accedió a las
solicitudes relacionadas con la asunción de perjuicios, temas estos que atañen
exclusivamente al ámbito privado de la relación comercial y contractual entre IFX
y la accionada». En virtud de ello, solicitó que se negará el amparo de derechos
del accionante.

1.6.7. Ministerio de Justicia del Derecho

38. Informó que dio respuesta a cada uno de los interrogantes formulados por
el señor Mena Garzón mediante los oficios MJD- OFI24- 0010097, MJD-OFI24-
0010109 y MJD-OFI24-0010073 del 14 de marzo de 2024, remitidos al actor el
16 de abril del mismo año y por medio del Oficio MJD-OFI24-0010116 del 15 de
marzo del 2024, enviado el 16 de abril de tal año. Como prueba de ello, anexó
los respectivos documentos y el comprobante de envío por correo electrónico.

39. Sostuvo que en dichas respuestas aclaró que el ministerio no fue afectado
por el incidente cibernético sobre el cual versa la solicitud en cuestión. Agregó
que «en los casos en que la información solicitada no está a cargo de la entidad
por no corresponder a sus funciones, así se le hizo saber al peticionario».

40. Afirmó que por medio de los oficios MJD-OFI24-0010097 y MJD-OFI24-
0010109 del 14 de marzo de 2024, se trasladó la petición a la Procuraduría
General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, respectivamente.

41. Argumentó que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el presente caso ha operado «el fenómeno del hecho superado
por haberse satisfecho por parte del ministerio lo que se pretende con la tutela y
por haberlo hecho motu propio». Esto, en la medida en que respondió al
interesado en virtud de las funciones e información que le corresponden y por
iniciativa propia.

42. Señaló que «cosa distinta es si la respuesta dada por la entidad a cada
una de las peticiones no es la que espera el peticionario» pues, «la respuesta se
limita a lo conocido por el Ministerio dentro de sus funciones y partiendo del hecho
que no fue una entidad afectada por el ciberataque».

1.6.8. Presidencia de la República

43. Argumentó que la presente acción «es improcedente respecto de la
Presidencia de la República» pues la petición sobre la cual versa el mecanismo
constitucional «ya fue contestada, de fondo y conforme las competencias
legales».

44. Informó que las peticiones radicadas el 7 y 8 de marzo fueron contestadas
mediante los oficios OFI24-00049200 / GFPU 13150001 y OFI24-00049208 /
GFPU 13150001, ambos del 17 de marzo de 2024. Puso de presente que por
medio de tales documentos la entidad dio traslado por competencia de la solicitud
al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

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45. En virtud de lo anterior, solicitó que se negaran las pretensiones de la
demanda en relación con la Presidencia de la República.

1.6.9. Corte Suprema de Justicia

46. Informó que mediante Oficio PCSJ-N° 0760 del 12 de marzo de 2024 se
le dio la siguiente respuesta al actor:

Revisado lo expuesto, le manifiesto que, esta dependencia carece de facultades
para pronunciarse respecto del asunto expuesto en su misiva, puesto que la
Corte Suprema de Justicia, como máximo órgano de la jurisdicción ordinaria,
tiene como atribuciones las establecidas en el artículo 235 de la Constitución
Política, entre ellas, la de obrar como Tribunal de Casación. Y, al Presidente, por
su parte, le corresponde actuar ante otras entidades, de conformidad con las
atribuciones delimitadas en el artículo 19 del Reglamento General de la
Corporación.

En ese sentido, al advertirse que el pedimento lo debe conocer el Consejo
Superior de la Judicatura, esta Corporación dará el traslado a dicha autoridad. Lo
anterior, para lo que corresponda y fines de su competencia.

47. Para acreditar lo anterior, allegó el respectivo oficio y el comprobante de
envío. En este sentido, solicitó que se negaran las pretensiones del actor.

1.6.10. Consejo Superior de la Judicatura, Centro de Documentación
Judicial CENDOJ

48. Expuso que las peticiones que fueron radicadas ante la entidad el 7 y 8 de
marzo de 2024, fueron remitidas por competencia el 8 del mismo mes y año a la
Mesa de Entrada de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial e informó
dicha gestión al interesado. Como prueba de ello, allegó las respectivas capturas
de pantalla de envío y el documento remisorio.

49. Solicitó que se desvinculara de la presente acción al Consejo Superior de
la Judicatura, al considerar que no ha vulnerado los derechos fundamentales del
tutelante, dado que dio trámite oportuno a sus peticiones.

1.6.11. Secretaría General del Consejo de Estado

50. Informó que las peticiones radicadas por el demandante fueron remitidas
por competencia a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado, a la Defensoría
del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación.

51. Explicó que «conforme a lo señalado en el Anexo A del Manual del Sistema
de Gestión de Seguridad Ciberseguridad y Protección de Datos de la Rama
Judicial, corresponde a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado la
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información».

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52. Agregó que, en virtud de ello y de las funciones señaladas en el Acuerdo
PSAA12-9783 del 19 de diciembre de 2012, la competencia para resolver los
cuestionamientos planteados por el tutelante corresponde a la Oficina de
Sistemas de la corporación. En consonancia con esto, solicitó que se denegara
el amparo solicitado.

1.6.12. Superintendencia de Industria y Comercio

53. Precisó que el actor radicó una petición ante la autoridad el 18 de enero
de 2024, con la finalidad de que esta diera respuesta a diversos interrogantes
relacionados con el incidente de ciberseguridad de la empresa IFX Network
Colombia S.A.S.

54. Destacó que mediante dicha solicitud planteó «preguntas puntuales de
una investigación de carácter preliminar que aún se adelanta por parte de la
Dirección de Investigaciones de Datos Personales». Indicó que, de conformidad
con lo anterior, dio una primera respuesta el 28 de febrero de 2024, a la cual se
le dio alcance el 15 de marzo del mismo año y por medio de la cual se aclaró al
actor el motivo por el que no es posible compartir la información solicitada.

55. Por tanto, solicitó que se negara el amparo solicitado y que se le
desvinculara del presente trámite ante la configuración de una carencia actual de
objeto.

1.6.13. Contraloría General de la República

56. El director de atención ciudadana de la Contraloría Delegada para la
Participación Ciudadana argumentó que no vulneró los derechos invocados por
el actor, dado que se surtió el debido trámite frente a las solicitudes radicadas
ante la entidad.

57. Sostuvo que el 19 de marzo de 2024, la Contraloría Delegada para el
Sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones comunicó al señor
Mena Garzón que no era la competente para dar respuesta a las inquietudes
formuladas y que, por tanto, procedió a dar traslado de las peticiones por
competencia al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

58. A pesar de ser debidamente notificadas, la Procuraduría General de la
Nación, la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Sistemas del Consejo de
Estado guardaron silencio.

1.10. Manifestaciones de impedimento de los magistrados Luis Alberto
Álvarez Parra y Omar Joaquín Barreto Suárez

59. Mediante escrito enviados el 22 de mayo de 2024, los magistrados Luis
Alberto Álvarez Parra y Omar Joaquín Barreto Suárez manifestaron su
impedimento para conocer y decidir el presente mecanismo constitucional, con

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fundamento en la causal contemplada en el numeral 1.º del artículo 56 del Código
de Procedimiento Penal.

60. El consejero Álvarez Parra informó que su cónyuge se desempeña como
directora de vigilancia judicial de la Contraloría General de la República. Por su
parte, el magistrado Barreto Suárez expuso que su cónyuge labora como fiscal
adscrita a una unidad nacional de la Fiscalía General de la Nación. Ambos
consejeros precisaron que las entidades son demandadas en esta oportunidad.

61. Mediante auto del 13 de junio de 2024, la sala conformada por el conjuez
Magdalena Inés Correa Henao y los magistrados Gloria María Gómez Montoya y
el ponente de esta decisión, declararon infundado el impedimento manifestado
por el consejero Barreto Suárez y, a su vez, se declaró fundado el presentado
por el magistrado Álvarez Parra. Por tanto, este último fue separado del
conocimiento de este proceso.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

62. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra la Presidencia de la República y otros.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto No. 2591 de 1991,
en concordancia con el Decreto No. 1069 de 2015 modificado por el Decreto N.
º 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Legitimación en la causa

63. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

64. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que el señor Ericsson
Ernesto Mena Garzón radicó las solicitudes del 7 y 8 de marzo de 2024 ante las
autoridades relacionadas en los numerales 11 y 13 de esta providencia. Por tanto,
es titular del derecho fundamental de petición que reclama. En consecuencia,
goza de legitimación en la causa por activa.

65. Por su parte, la sala evidencia que la petición del 7 de marzo de 2024 fue
remitida a las siguientes autoridades:

• Presidencia de la República (contacto@presidencia.gov.co)
• Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(minticresponde@mintic.gov.co)
• Superintendencia de Industria y Comercio (contactenos@sic.gov.co)
• Ministerio de Justicia (gestion.documental@minjusticia.gov.co)

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• IFX Networks Colombia S.A.S. (comunicaciones@ifxcorp.com)
• Fiscalía General de la Nación (ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co)
• Consejo Superior de la Judicatura (info@cendoj.ramajudicial.gov.co)
• Corte Suprema de Justicia (secretariag@cortesuprema.gov.co)
• Consejo de Estado (secgeneral@consejodeestado.gov.co)
• Contraloría General de la República (cgr@contraloria.gov.co)

66. A su vez, se acreditó que la solicitud del 8 de marzo de 2024 fue radicada
ante el Equipo de Respuestas a Emergencias Cibernéticas del Ministerio del
Tecnologías de la Información y Comunicaciones
(minticresponde@mintic.gov.co) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado (agencia@defensajuridica.gov.co), además de las autoridades
referenciadas con antelación.

67. En virtud de lo anterior, se concluye que la Presidencia de la República, el
Ministerio de Tecnologías de la Información – Grupo de Emergencias
Cibernéticas de Colombia y Comunicaciones de Colombia2, la Superintendencia
de Industria y Comercio, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la IFX Networks
Colombia S.A.S, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la
Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Contraloría
General de la República y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
están legitimados en la causa por pasiva. Esto, dado que por medio de la
presente tutela el actor pretende que tales autoridades den respuesta a las
solicitudes por él radicadas.

68. Ahora bien, el actor no acreditó que dichas peticiones fueran presentadas
ante la Procuraduría General de la Nación ni la Defensoría del Pueblo. Por tanto,
en principio, carecen de legitimación en la causa por pasiva. Sin embargo, en los
escritos presentados el actor solicitó que se corriera traslado a ambas entidades
«para efectos de inspección, control y vigilancia».

69. Al respecto, se tiene que, en virtud de esta petición, la Secretaría General
del Consejo de Estado dio traslado a aquellas autoridades de las solicitudes del
7 y 8 de marzo 2024 el 11 y 12 del mismo mes y año, respectivamente. Esto, de
conformidad con los documentos anexos al informe presentado por dicha
autoridad3. En virtud esto, se tendrá a la Procuraduría General de la Nación y a
la Defensoría del Pueblo como terceros con interés.

2.3. Cuestiones previas

2 Si bien en la acción de tutela se referenció a este ministerio y al Grupo de Emergencias
Cibernéticas como dos autoridades diferenciadas, se tendrán como una misma entidad, pues este
grupo interno de trabajo que conforma la cartera diferencial y por medio del cual se ejecutan sus
funciones, de conformidad con el artículo 1.º de la Resolución 002108 del 16 de octubre de 2018,
adicionado por la Resolución 473 del 17 de febrero de 2022. Aunado a ello, el respectivo informe
de intervención fue remitido a nombre de ambas entidades.
3 Índice 37, expediente digital de Samai.

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70. La Presidencia del Consejo de Estado solicitó que se declarara su falta de
legitimación en la causa por pasiva, dado que las peticiones sobre las cuales
versa la presente controversia no fueron remitidas por «los canales de radicación
de solicitudes PQRSDF de la Presidencia del Consejo de Estado»; sin embargo,
se advierte que se negará la solicitud por los siguientes motivos.

71. Dado que uno de los sujetos demandados es el Consejo de Estado, la
presidencia de la esta corporación fue notificada de la existencia de esta acción
constitucional en su contra. Ahora, si bien las peticiones sobre las cuales versa
este debate fueron enviadas al correo electrónico institucional de la Secretaría
General (secgeneral@consejodeestado.gov.co), esta es una dependencia de la
misma corporación, por lo que no podría declararse la falta de legitimación en la
causa por pasiva de la presidencia, pues es el presidente quien lleva la
representación del alto tribunal.4

72. Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura, Centro de
Documentación Judicial CENDOJ y la Superintendencia de Industria y Comercio
solicitaron su desvinculación del presente trámite. Sin embargo, esta petición
será negada pues como se argumentó, estas autoridades están legitimadas en
la causa por pasiva.

73. Por otro lado, si bien el actor solicitó la protección de las garantías
constitucionales consagradas en «los artículos 12, 15, 23, 29, 229, 270» de la
Constitución Política, además de su derecho fundamental de petición, la
perspectiva sobre la cual se estudiará el asunto en concreto será la de este
último. Esto, pues la pretensión del actor se limitó a que sus solicitudes fueran
resueltas por las autoridades demandadas.

2.4. Problema jurídico

74. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; los problemas
jurídicos a resolver en el caso concreto son los siguientes:

• ¿Las autoridades accionadas vulneraron el derecho de petición del actor
ante la presunta falta de respuesta a las peticiones que radicó el 7 y 8 de marzo
de 2024?

75. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes
temas: (i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii) el derecho de petición; y, (iii) el
análisis del caso concreto.

2.5. Naturaleza de la acción de tutela

76. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
4 Artículo 7, Acuerdo 080 de 2019.

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de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.

77. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.
2.6. Del derecho de petición

78. La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
“presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución”5. El mismo artículo superior
precisa que el Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales.

79. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha
establecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este
derecho: “El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución
pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse
a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido”6.

80. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la
contestación de la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general
a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, que señala 15 días para
resolver la misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí
dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la
autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el
cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del
término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de
dificultad o la complejidad de la solicitud.

81. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que “la respuesta al derecho de
petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema
semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la
solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas
ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello
implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de
manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información
adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta
puede significar una aclaración plena de la respuesta dada”7.

5 Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
6 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.
7 Sentencia T-149 de 2013.

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82. Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento
del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante”8.

83. Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse
cuando consista en indicar que se remitió la petición a la autoridad competente.
En palabras de la Corte Constitucional:

“(…) El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de
contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad
e informar sobre la remisión a la entidad encargada”9.

84. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de
petición la Corte Constitucional ha explicado que:

i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a
la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial
comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar,
en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es
decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la
respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre
en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose
de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre
la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta
comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido
sea positivo o negativo10.

85. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en
orden a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y,
además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario,
condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

86. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de
petición y el derecho a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y
agota en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el
reconocimiento o no del derecho subjetivo.

8 Ibídem.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2011.

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2.7. Caso concreto

87. Para el estudio del caso, la sala analizará cada una de las respuestas que
las autoridades demandadas y vinculadas al presente proceso dieron, de
conformidad con los informes presentados.

2.7.1. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia

88. La cartera ministerial acreditó que ante las solicitudes del 7 y 8 de marzo
de 2024, dio respuesta en un mismo oficio el 5 de abril del mismo año, mediante
correo electrónico remitido al correo electrónico del actor
plajusticiaambientalcolombia@gmail.com, de conformidad con la siguiente
captura de pantalla:

89. En dicho oficio, la entidad respondió cada una de las preguntas formuladas
por el actor. Estas se relacionarán a continuación y se estudiarán en el orden en
que fueron propuestas en las peticiones, con el fin de determinar si en efecto
constituyen una respuesta de fondo, clara y congruente con las cuestiones
planteadas por el señor Mena Garzón.

2.7.1.1. Solicitud del 7 de marzo de 2024

90. Pregunta 1: El ministerio relacionó la lista de las entidades del gobierno
que fueron afectadas en una mayor y menor escala por el incidente de seguridad
digital sobre el cual versa a petición del actor. Sin embargo, no relacionó los datos
de contacto de tales sujetos, tal como lo solicitó el actor. Tampoco explicó por
qué no era posible otorgar dicha información, en caso de que no pueda ser
brindada. A su vez, no entregó información alguna relacionada con los privados
que fueron afectados, ni expuso los motivos por los que ello no podía ser
respondido o no corresponde con sus competencias.

91. En tal sentido, se considera que en lo que respecta a esta pregunta, la
autoridad no dio una respuesta integral y congruente con lo pedido. Por tanto, en
relación con este punto, se amparará el derecho de petición del tutelante y se

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ordenará al Ministerio de las Tecnologías de la Información que brinde una
respuesta de fondo, clara y congruente con la solicitud planteada por el tutelante
con el fin de que otorgue la información pedida o, en su defecto, explique los
motivos por los cuales no cuenta con acceso a ella, no la puede otorgar o no
corresponde con su competencia.

92. Pregunta 2: En su respuesta, la entidad relacionó un enlace web en el que
reposan todos los boletines publicados por el Puesto de Mando Unificado Cyber
– PMU Cyber, establecido para la gestión del incidente bajo el liderazgo de la alta
Consejería para la Seguridad Digital de la Presidencia de la República y en el
que participó el ministerio. La sala corroboró que, mediante dicho link, se tiene
acceso a unos documentos mediante los cuales se brinda un reporte cronológico
de todo el seguimiento y la gestión adelantada por dichas autoridades frente al
suceso.

93. A su vez, mediante la contestación, se pusieron de presente las gestiones
adelantadas por el ministerio y el PMU Cyber del cual fue partícipe. En este
sentido, se considera que se dio una respuesta de fondo, clara y congruente
frente al interrogante planteado.

94. Pregunta 3: En la respuesta se le explicaron al actor los motivos por los
cuales el ministerio no tiene acceso a dicha información, debido a que ello
corresponde a datos con los que cuentan tanto la Fiscalía General de la Nación
como la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con sus
competencias. A su vez, se considera que su traslado no era necesario, pues
como el tutelante puso de presente, la solicitud también fue radicada ante estas
entidades. Por tanto, la contestación cumple con los criterios constitucionales
establecidos para dar trámite a este tipo de peticiones.

95. Pregunta 4: al igual que en la contestación al interrogante 3, en esta
respuesta se brindaron las razones por las cuales la entidad no tiene competencia
para otorgar la información solicitada. Bajo las mismas consideraciones
expuestas con antelación, se considera que se cumplió con los criterios
establecidos para la garantía del derecho de petición del actor en relación con
este punto.

96. Pregunta 5: del mismo modo que en las respuestas a los dos
interrogantes estudiados con antelación, el ministerio explicó los motivos por los
cuales no le corresponde brindar la información solicitada y, en igual sentido, se
concluye que se dio una contestación clara, congruente y de fondo frente a este
interrogante.

97. Pregunta 6: Al ser una pregunta similar a la formulada en el interrogante
2, el ministerio brindó la misma información que se considera que da una
respuesta de fondo, clara y congruente con lo pedido. A su vez, se relacionó el
enlace web mediante el cual se pueden consultar todos los documentos que

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respalda el seguimiento que se le dio al incidente digital desde el PMU en el cual
participó la autoridad.

98. Pregunta 7: Del mismo modo que en la contestación a los interrogantes 3
y 4, en esta respuesta se brindaron las razones por las cuales la entidad no tiene
competencia para otorgar la información solicitada y se explicó en cabeza de qué
entidades está dicha labor de conformidad con sus competencias. Bajo las
mismas consideraciones expuestas en los numerales 88 y 89 de la presente
providencia, se considera que se cumplió con los criterios establecidos para la
garantía del derecho de petición del actor en relación con este punto.

99. Pregunta 8: Dado que el ministerio respondió que el ente investigador del
caso es quien debe dar el respectivo traslado, se infiere que su contestación está
dirigida a manifestar que no le corresponde dar trámite a lo solicitado pues no
está en el marco de sus competencias. A su vez, como se expondrá en las
páginas siguientes, en la respuesta a los interrogantes 15.a y 15.b se especifica
que las autoridades encargadas de la respectiva investigación son la Fiscalía
General de la Nación y la SIC. Al tratarse de entidades ante las cuales también
se radicó la petición, no es necesario su traslado por competencia. En este
sentido, se considera que la comunicación dada cumple con los requisitos
constitucionales.

2.7.1.2. Solicitud del 8 de marzo de 2024

100. Pregunta 1.a: La autoridad expuso de manera concreta el carácter del
incidente digital mediante un lenguaje técnico que da cuenta de la naturaleza del
asunto. Por tanto, la sala considera que frente a este interrogante se brindó una
contestación clara, de fondo y congruente.

101. Pregunta 1.b: En relación con esta pregunta, la entidad expuso que quien
debía dar trámite era IFX Networks, dada la naturaleza de la información
solicitada. Por tanto, se considera que la respuesta es satisfactoria.

102. Pregunta 2: El ministerio se limitó a relacionar una lista de unas entidades
públicas cuyas operaciones fueron afectadas «hasta un 100%» por el incidente
digital, sin brindar una contestación al interrogante planteado ni exponer los
motivos por los cuáles no cuenta con dicha información. Por tanto, frente a esta
pregunta se considera que tampoco se brindó una respuesta de fondo, clara y
congruente con lo solicitado y, en tal sentido, se amparará el derecho de petición
del actor y se ordenará a la autoridad que otorgue una contestación de
conformidad con los criterios constitucionales establecidos para el efecto.

103. Preguntas 3 – 7: Teniendo en cuenta que ante estos interrogantes
relacionados se formuló la misma respuesta por parte del ministerio, estos se
analizan en su conjunto11. En efecto, la entidad expuso que quien debía dar

11 Con excepción de la pregunta 5.b, frente a la cual se otorgó una contestación diferente

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trámite a todas estas solicitudes era IFX Networks, dada la naturaleza de la
información solicitada. Por tanto, se considera que la respuesta es satisfactoria.

104. Pregunta 5.b: En relación con la contestación brindada a la pregunta 5.b,
se considera que estuvo acorde con los parámetros establecidos, pues
nuevamente se le informó al tutelante sobre el enlace web en el que podrá
consultar los boletines de divulgación del seguimiento dado por el PMU al
incidente de seguridad cibernética.

105. Pregunta 8.a: El ministerio brindó una respuesta de fondo, clara y
congruente con lo solicitado, pues detalló a nivel cualitativo la afectación que
sufrió la infraestructura digital en el incidente. A su vez, aclaró que la información
cuantitativa debía ser consultada a cada entidad que padeció este incidente.

106. Pregunta 8.b y 8.c: La demandada brindó una respuesta satisfactoria ante
estas inquietudes, pues le indicó que IFX Networks sí podía confirmar el nivel de
afectación de datos e información de cada cliente y que esto podía ser respaldado
por los resultados de investigación forense realizada por la entidad.

107. Pregunta 8.d – 8.k: Frente a estas inquietudes, dada su naturaleza, el
ministerio reiteró que su trámite le corresponde a IFX Networks y referenció que
la entidad está certificada bajo la «norma ISO/IEC 27001», en virtud de la cual
puede otorgar la respectiva respuesta. Por tanto, se considera que la respuesta
cumple con los parámetros constitucionales para el efecto.

108. Pregunta 9.a y 9.b: Debido a que los interrogantes fueron planteados
específicamente frente a las funciones y competencias de la Superintendencia
de Industria y Comercio, se considera que la respuesta fue satisfactoria.

109. Pregunta 10.a: La autoridad comunicó cuáles han sido sus gestiones, por
medio del grupo interno de trabajo COLCERT, frente al incidente de seguridad
digital y reiteró su trabajo en la participación del PMU instalado en este contexto
de afectación. A su vez, señaló la normatividad que rige sus competencias para
el efecto e insistió en que en el enlace web brindado el interesado puede
encontrar los boletines que brindan toda la información sobre las labores
efectuadas en este contexto. Por tanto, se considera que la respuesta brindad
cumple con los parámetros constitucionales.

110. Pregunta 10.b: La accionada explicó que no se llevó a cabo ninguna
medida regulatoria o política pública frente al incidente de seguridad digital, pues
el ordenamiento ya contempla una normatividad dispuesta para los eventos de
afectación a la seguridad digital y cibernética. Indicó al actor que, al respecto,
existe el Decreto Único 1078 de 2015 y las resoluciones 473 del 17 de febrero de
2022 y 3066 del 30 de agosto del 2022. A su vez, referenció y explicó con
suficiencia el contenido de dichas disposiciones normativas. En tal sentido, esta
respuesta cumple con los parámetros constitucionales.

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111. Pregunta 11.a y 11.b dado que las preguntas fueron formuladas en
relación con actividades y directrices que ha implementado la Presidencia de la
República frente al ciberataque sobre el cual versa la petición, se considera que
la respuesta cumple con los criterios de una contestación clara, congruente y de
fondo, pues en efecto es dicha autoridad quien debe dar trámite a ello.

112. Pregunta 12.a: esta es una pregunta ya resuelta por el ministerio en su
contestación a la 10, pero ahora está dirigida al Grupo de Emergencias
Cibernéticas. Dado que en el contexto del ciberataque la autoridad actuó por
medio de este equipo, la respuesta otorgada es la misma.

113. Pregunta 12.b: como respuesta a este interrogante la entidad relacionó
una tabla mediante la cual expuso las distintas herramientas el grupo de
emergencias ofrece a las distintas entidades públicas del país. Allí relaciona los
distintos servicios prestados, su naturaleza y las comunidades a las cuales están
dirigidas estas herramientas.

114. Pregunta 13.a y 13.b. Al tratarse de preguntas formuladas
específicamente a la Fiscalía General de la Nación, respondió que esta entidad
sería la encargada de contestarlas y, por tanto, se cumple con los parámetros
establecidos.

115. Preguntas 14.a., 14.b., y 14.c. En relación con estos interrogantes, como
en ocasiones anteriores, la entidad expuso que quien debía dar trámite era IFX
Networks, dada la naturaleza de la información solicitada. Por tanto, se considera
que la respuesta es satisfactoria.

116. Pregunta 15.a y 15.b. Frente a estos interrogantes, el ministerio expuso
los motivos por los cuales no es de su competencia establecer las medidas
judiciales adoptadas contra IFX Networks ni brindar información al respecto.
Adicional a ello, informó que una de las direcciones de la Fiscalía General de la
Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio asumieron la investigación
del caso. Por tanto, se considera que la respuesta brindada es de fondo, clara y
congruente con lo pedido.

117. Pregunta final12: Dado que el ministerio respondió que el ente
investigador del caso es quien debe dar el respectivo traslado, se infiere que su
contestación está dirigida a manifestar que no le corresponde dar trámite a lo
solicitado pues no está en el marco de sus competencias. Aunado a lo anterior,
en relación con los interrogantes 15.a y 15.b, ya especificó cuáles eran las
autoridades encargadas de la respectiva investigación y, al tratarse de la Fiscalía
General de la Nación y la SIC, ante las cuales también se radicó la petición, no
es necesario su traslado por competencia. En este sentido, se considera que la
comunicación dada cumple con los requisitos constitucionales.

12 Este interrogante carece de enumeración en la solicitud presentada.

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118. En este orden de ideas, la sala concluye que frente al Ministerio de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se amparará el derecho de
petición del señor Mena Garzón, exclusivamente, frente a la pregunta 1 de la
solicitud radicada el 7 de marzo de 2024, y el interrogante 2 formulado en el
escrito presentado el 8 del mismo mes y año. En virtud de esto, se ordenará al
ente ministerial que otorgue una respuesta de fondo, clara y congruente frente a
la información solicitada en dichas preguntas formuladas, de conformidad con lo
expuesto en este acápite.

119. Por su parte, se negará el amparo frente a los demás interrogantes
formulados por el actor ante el ministerio. Lo anterior, pues las solicitudes de
información fueron radicadas el 7 y 8 de marzo de 2024 y las respectivas
contestaciones se remitieron el 5 de abril del mismo año, tal como fue acreditado
por la autoridad. En este sentido, a pesar de que la respuesta a la petición se
efectuó de forma extemporánea, al momento en que se interpuso el presente
mecanismo constitucional ya se había dado el debido trámite.

2.7.2. IFX Networks Colombia S.A.S.

120. La entidad acreditó que ante las solicitudes del 7 y 8 de marzo de 2024,
dio respuesta en dos oficios enviados el 15 del mismo mes y año, mediante
mensaje de datos remitido al correo electrónico del actor
plajusticiaambientalcolombia@gmail.com, de conformidad con la siguiente
captura de pantalla:

121. En tales documentos, la entidad respondió cada una de las preguntas
formuladas por el actor. A continuación se relacionan tales contestaciones en
orden descendente, con el fin de determinar si en efecto constituyen una
respuesta de fondo, clara y congruente.

2.7.2.1. Solicitud del 7 de marzo de 2024

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122. Pregunta 1: la entidad brindó una respuesta clara, de fondo y congruente
con la información solicitada, pues explicó que la información relacionada con
sus clientes corresponde exclusivamente al ámbito contractual del servicio
prestado. Por tanto, a pesar de no manifestarlo expresamente, es posible inferir
que el ente societario alude a información que no puede ser brindada más allá
de la relación comercial que maneja con sus clientes, con lo que explica el motivo
por el cual no puede otorgar los datos solicitados.

123. Pregunta 2: La sociedad expuso el contexto fáctico en el que tuvo lugar el
incidente de seguridad digital y describió en qué consistió. A su vez, se le informó
al actor que a la fecha en que se brindó la respuesta a su petición, es decir, al 15
de marzo de 2024, ya se había superado completamente la contingencia y se
había reestablecido el sistema.

124. Pregunta 3: el ente societario le indicó que no ha tenido registro de alguna
fuga de datos ni que se haya afectado la integridad de la información de los
servidores de la Rama Judicial, con lo que se infiere que la demandada informó
que no existe evidencia de que dicha información haya sido usada con fines
delictivos, lo que da una respuesta de fondo, clara y congruente a su solicitud.

125. Pregunta 4: IFX aclaró que decidir sobre vulneraciones a los derechos
fundamentales es competencia de los jueces y, por tanto, no es posible
pronunciarse al respecto. Sin embargo, reiteró que el ataque cibernético no
afectó la información de los servidores de la Rama Judicial y que a su vez no
existe evidencia de alguna fuga de datos con fines ilícitos. En este sentido, se
considera que se dio una respuesta satisfactoria ante el interrogante formulado.

126. Pregunta 5: la accionada manifestó que sus clientes públicos y privados
siempre estuvieron informados una vez ocurrido el incidente desde el 12 de
septiembre de 2023. A su vez, le aclaró al actor que el trámite de «notificación
personal» es propio de los procesos judiciales y no está previsto para
comunicaciones relacionadas con esta clase de servicio que presta el ente
societario. En este sentido, se considera que se ha dado una respuesta que
cumple con los parámetros constitucionales para el efecto.

127. Pregunta 6: relacionó a detalle cada una de las actividades que hacen
parte de las medidas de seguridad de la entidad y del plan de mejora
implementado por las plataformas de IFX en los servicios que prestados. A su
vez, relacionó las medidas que se adoptaron siguiendo las recomendaciones de
seguridad emitidas por los entes reguladores y de control. Sin embargo, a pesar
de que la información otorgada en razón a lo solicitado por el señor Mena Garzón
se considera completa y detallada, no se pronunció con respecto a la petición de
anexar «toda la documentación que respalden estas acciones».

128. Ante la falta de respuesta frente a esta solicitud en específico, se amparará
el derecho fundamental de petición del accionante y se ordenará a IFX Networks

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que otorgue una respuesta de fondo, clara y congruente frente a la pregunta 6 de
la solicitud del 7 de marzo de 2024, pero exclusivamente en relación con la
pretensión de anexar la documentación que respalde las acciones sobre las que
versa este interrogante.

129. Pregunta 7: la demandada reiteró que la Rama Judicial no estuvo en
riesgo con el ataque cibernético externo y aclaró que este incidente implicó una
limitación en la normalidad de los servicios que presta, pero no una afectación a
la integridad de la información contenida ni una fuga de datos usada con fines
delictivos.

2.7.2.1. Solicitud del 8 de marzo de 2024

130. Pregunta 1.a: la accionada explicó que el ataque digital afectó de manera
temporal el acceso a los servidores de la plataforma de servicios a nivel regional.
A su vez, describió a detalle la forma en que dicho fenómeno se desarrolló y cómo
se adelantaron distintas acciones para contrarrestar sus efectos y poder así
reestablecer la prestación del servicio a su normalidad.

131. Pregunta 1.b: sostuvo que no existían vulnerabilidades específicas que
permitieran el ataque, debido a que este no tiene precedentes en la región.

132. Pregunta 2.a: insistió en que el ataque cibernético no afectó la integridad
de la información contenida en los servidores de la Rama Judicial y aclaró que la
información de los usuarios permaneció segura durante el incidente.

133. Pregunta 3.a: respondió que los sistemas de monitoreo y alerta temprana
detectaron la caída parcial de algunos servicios «relacionados a la infraestructura
VMware /ESXI)» y que esto tuvo lugar después de que diversos equipos
alertados por esta situación procedieran a realizar las revisiones de
indisponibilidad indicada por los sistemas. Estas acciones fueron previas a que
el incidente se concretara, según lo afirmado por la sociedad.

134. Pregunta 3.b: remitió a la respuesta dada en la pregunta anterior, al estar
íntimamente relacionadas.

135. Pregunta 4.a y 4.b: señaló que los equipos y revisión de ciberseguridad
están actualizados constantemente por parte de la sociedad. Puso de presente
que este ataque de ramsomware no tenía precedente alguno y que, gracias a los
sistemas de monitoreo y alerta temprana, estos pudieron detectar la caída parcial
de algunos servicios de infraestructura de los servicios. A su vez, describió a
detalle todas las actividades que conforman el plan de mejora de sus plataformas
de servicio y que se ejecutan de conformidad con las recomendaciones dadas
por los entes reguladores y de control. Expuso minuciosamente cada una de las
políticas de monitoreo, gestión de vulnerabilidades y actualización con las que
cuenta la sociedad.

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136. Pregunta 5.a y 5.b: remitió al punto 1.a al ser una pregunta que versa
sobre la misma cuestión y reiteró que IFX envió actualizaciones del evento de
seguridad en septiembre, octubre y noviembre de 2023 con el objeto de dar una
respuesta rápida y eficiente a sus clientes.

137. Pregunta 6.a y 6.b: se relacionaron y describieron detalladamente, de
nuevo, cada una de las actividades y plan de mejora en seguridad, entre las
cuales se encuentra la garantía de que el personal encargado de diseñar,
implementar, asegurar y administrar las plataformas cumple con los protocolos y
estándares de entrenamiento entregados por los proveedores de la sociedad.
Afirmó que todo su personal cuenta con certificaciones recomendadas y
solicitadas por los diferentes proveedores de Hardware y Software. De tal forma,
aseguró que la compañía está comprometida en que todos sus profesionales
están altamente capacitados en seguridad informática y ciberseguridad.

138. Pregunta 7.a: reiteró que el incidente no afectó la integridad de la
información contenida en los servidores de la Rama Judicial y que la información
de los usuarios permaneció segura.

139. Pregunta 7.b: remitió a las respuestas otorgadas en los puntos 7.a y 6.a
al tratarse de preguntas con el mismo objeto.

140. Pregunta 8.a, 8.b y 8.c: al tratarse de preguntas ya resueltas, reiteró que
el ataque no afectó la integridad de la información de la Rama Judicial y remitió
a las respuestas de los puntos 7.b y 8.a.

141. Pregunta 8.d: al tratarse de una pregunta cuya cuestión ya fue tratada,
remitió al punto 6.a.

142. Pregunta 8.e – 8k: en cuanto a los objetivos de la auditoría forense,
sostuvo que el enfoque estuvo en mejorar las prácticas de acuerdo con lo
sugerido por cada uno de los proveedores, entes reguladores y de control,
quienes utilizaron herramientas particulares para formular sus recomendaciones.
Agregaron que estas últimas han sido incluidas en informes y que tanto sus
clientes, como las entidades de regulación y control han estado al tanto de las
mejoras de los sistemas de IFX. A su vez, remitió para complementar las
respuestas al punto 6.a, al corresponder a cuestiones reiteradas.

143. Del material probatorio allegado por el ente societario, se tiene que este
no brindó ninguna respuesta frente a las preguntas restantes del cuestionario
formulado en la solicitud radicada el 8 de marzo de 2024. Ahora bien, la sala no
puede desconocer que las preguntas 9 a la 13 formuladas por el actor estaban
dirigidas directamente a otras entidades; sin embargo, los puntos 14 y 15
contienen interrogantes dirigidas directamente a IFX Networks y, a pesar de ello,
la sociedad guardó silencio frente a estos.

144. De conformidad con lo expuesto con respecto a IFX Networks S.A.S. se
amparará el derecho de petición del señor Mena Garzón, exclusivamente frente

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a la información solicitada en: la pregunta 6 de la solicitud del 7 de marzo de
2024, en los términos expuestos en los numerales 121 y 122 de la presente
providencia y, ii) los puntos 14 y 15 de la petición elevada el 8 de marzo de 2024.

145. En virtud de lo anterior, se ordenará al ente societario para que dé una
respuesta de fondo, clara y congruente con las preguntas formuladas por el
tutelante en los puntos referenciados.

146. En relación con los interrogantes restantes, se negarán las pretensiones
de la demanda. La sala considera que se dio una respuesta de fondo, clara y
congruente con lo planteado en los demás puntos y, por tanto, la entidad cumplió
en este sentido con los parámetros constitucionales establecidos para el efecto.
A su vez, se acreditó que la demandada remitió el oficio de respuesta el 15 de
marzo de 2024, esto es, encontrándose aún dentro del término establecido para
tramitar este tipo de solicitudes.

2.7.3. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

147. Ante esta autoridad se radicó únicamente la solicitud del 8 de marzo de
2024, frente a la cual la autoridad acreditó que dio respuesta en un oficio enviado
el 14 del mismo mes y año, mediante mensaje de datos remitido al correo
electrónico del actor plajusticiaambientalcolombia@gmail.com, de conformidad
con la siguiente captura de pantalla:

148. En dicho oficio aclaró que el incidente de seguridad digital no tuvo impacto
directo en los servicios contratados con IFX y que a su vez, se procedió a revisar
el listado de peticiones y concluyó que ninguna de ella iba dirigida a la ANDJ. No
obstante, brindó respuesta a las que consideró de su competencia, de
conformidad con el Decreto 4085 de 2011.
149. Pregunta 2.a: reiteró que el incidente de seguridad no tuvo ningún impacto
directo en los servicios contratados con IFX y agregó que, sin embargo, como
medida preventiva suspendió el acceso a los servicios de la nube privada durante
17 días, hasta la confirmación por parte de dicho ente societario que la plataforma
se encontraba en condiciones seguras.

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150. Pregunta 3.a: informó que la agencia cuenta con un plan de respaldo y
recuperación que incluye la información crítica a proteger de forma regular en
caso de pérdida, corrupción o daño y que dispone de mecanismos de respaldo
de datos para ser usados de ser necesario.

151. Pregunta 4.a: sostuvo que las actividades de auditoría de seguridad en la
infraestructura de nube privada se realizan de conformidad con lo establecido en
el Acuerdo Marco Nube Privada IV CCE-308-AMP-2022/CCENEG-061-01-2022.

152. Pregunta 6: respondió que el personal de la entidad posee formación
académica y la experiencia necesaria en el ámbito de ciberseguridad.

153. Pregunta 8: reiteró que el incidente no tuvo impacto ni en la información
ni en la infraestructura de técnica de la agencia.

154. Pregunta 15.a y 15.b: señaló que a la fecha en que se radicó la petición,
la agencia no ha procedido a presentar acciones legales por la situación
planteada en el escrito, sin perjuicio de que a futuro lo considere, en ejercicio de
las facultades conferidas por el Decreto 4085 de 2011. En tal sentido, informó
que no existe informe o documento con medidas legales que haya adoptado.

155. Por último, indicó que no era procedente la remisión por competencia del
artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, pues las solicitudes fueron remitidas a todas
las entidades destinatarias.

156. En virtud de lo expuesto, la sala negará la pretensión formulada contra
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pues considera que dio una
respuesta de fondo, clara y congruente en relación con las inquietudes que, a su
juicio, son de su competencia. A su vez, aclaró que no era procedente la remisión
por competencia pues la petición formulada por el señor Mena Garzón fue
remitida a las demás entidades que les compete dar el respectivo trámite.

2.7.4. Fiscalía General de la Nación

157. Si bien ante esta entidad se radicaron las solicitudes del 7 y 8 de marzo
de 2024, únicamente acreditó que dio respuesta frente a la petición del 7 de
marzo mediante correo electrónico enviado el 13 de marzo del mismo año
remitido al buzón web del actor plajusticiaambientalcolombia@gmail.com, de
conformidad con la siguiente captura de pantalla:

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158. Si bien en su escrito la demandada manifestó que la petición del 8 de
marzo de 2024 fue remitida por competencia a la Dirección Especializada Contra
los Delitos Informáticos de la Fiscalía General de la Nación, esto no fue probado.
Ahora bien, como se ha puesto de presente en los antecedentes de esta
providencia, esta dirección remitió su contestación y los respectivos soportes de
respuesta al señor Mena Garzón; sin embargo, la fiscalía no demostró dar el
respectivo trámite a esta solicitud, pues no hay prueba de que el oficio de
remisión por competencia hubiera sido notificado al interesado.

159. Por tanto, se amparará el derecho de petición del actor y se ordenará a
esta autoridad que efectúe la debida notificación del oficio remisorio al actor, con
el fin de que se le comunique sobre el procedimiento surtido frente a su petición
radicada el 8 de marzo de 2024.

160. Por su parte, se estudiará la respuesta que otorgó la entidad frente a la
solicitud del 7 de marzo de 2024.

161. Al respecto, se tiene que mediante radicado 20242220031861 Oficio No.
DAUITA-20310 se brindó la contestación a través el cual se le informó al
interesado el marco jurídico y la naturaleza de la información registrada en los
sistemas misionales de la entidad, con lo que se le puso de presente las
limitaciones de los datos personales asociados con una determinada noticia
criminal. Esto, dado que el actor solicitó información respecto de las plataformas
afectadas por el incidente de seguridad.

162. Precisó que las variables de consulta de información en tales sistemas se
realizan con una coincidencia exacta entre nombres, apellidos y documento de
identidad. Agregó que el peticionario carecía de dichos datos requeridos, por lo
que no era procedente dar trámite a la petición. Reiteró que la información
procesal contenida en las bases de datos misionales de la entidad tiene por regla
general el carácter de información pública clasificada y reservada.

163. En virtud de lo anterior, conminó al demandante para que allegara los
medios de prueba por medio de los cuales demostrara alguna de las calidades
que trata el artículo 13 de la Ley 1581 de 2012 (ser el titular, causahabiente,

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representante legal, tercero autorizado, que media una orden judicial para
acceder a la información requerida o ser una entidad pública o administrativa en
ejercicio de funciones legales).

164. Al respecto, se tiene que en su contestación de demanda la entidad puso
de presente que el actor no remitió la respectiva complementación de la
información que lo legitimara para consultar los datos contentivos en los sistemas
misionales de información. A su vez, el señor Mena Garzón no acreditó el envío
de tales datos que, de conformidad con lo expuesto por la autoridad, se requieren
para brindar lo requerido.

165. Por tanto, se concluye que la Fiscalía General de la Nación dio una
respuesta de fondo, clara y congruente con lo solicitado en el marco de su
competencia, pues expuso al actor detalladamente los motivos por los cuales la
información que maneja no puede ser otorgada, salvo que demuestre las
calidades requeridas para ello de conformidad con el artículo 13 de la Ley 1851
de 2012. A su vez, la contestación se dio en el término dispuesto para este tipo
de solicitudes, pues la petición que fue resuelta se radicó el 8 de marzo de 2024
y se dio el respectivo trámite el 13 del mismo mes y año.

166. En este sentido, se negará el amparo solicitado en relación con esta
autoridad en lo relacionado con la solicitud radicada el 7 de marzo de 2024.

2.7.5. Fiscalía 13 Delegada ante Jueces Penales del Circuito Especializado,
Dirección Especializada contra los delitos informáticos de la Fiscalía
General de la Nación

167. Según el informe rendido por esta autoridad, el 13 de marzo de 2024 le
fue remitida por competencia la solicitud elevada por el actor el 8 del mismo mes
y año. A su vez, acreditó que dio la respectiva respuesta mediante correo
electrónico enviado el 20 de marzo del mismo año remitido al buzón web del actor
plajusticiaambientalcolombia@gmail.com, de conformidad con la siguiente
imagen:

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01696-00

168. Mediante dicha comunicación, aclaró al actor que se limitaría a responder
las preguntas que a su juicio le competían, esto es, las que estaban dirigidas
específicamente a esta autoridad.

169. Pregunta 13.a: le comunicó que la fiscalía inició indagación del incidente
desde el momento en que conoció la situación de la empresa IFX Networks y que
se encuentra adelantando labores de investigación con el fin de lograr el
esclarecimiento de los hechos y la identificación de los posibles autores o
partícipes

170. Pregunta 13.b: le informó que si había lugar a alguna responsabilidad, ello
dependía del resultado de la investigación y que, por ahora, como señaló
previamente, el ente se encontraba en la recolección de evidencia con la finalidad
de verificar la existencia del hecho y los posibles responsables.

171. De conformidad con lo expuesto, se considera que esta autoridad también
brindó una respuesta de fondo, clara y congruente con la solicitud que le fue
remitida. Esto, pues indicó que contestaría las preguntas dirigidas a la autoridad
y a su vez, brindó una contestación satisfactoria en relación con los interrogantes
formulados por el actor. A su vez, se tiene que el trámite se efectuó en término,
pues la entidad recibió la petición el 13 de marzo de 2024 y fue respondida el 20
siguiente. En virtud de lo anterior, se negará lo pretendido por el señor Mena
Garzón en relación con esta autoridad.

2.7.6. Ministerio de Justicia y del Derecho

172. El ministerio dio respuesta a los interrogantes formulados mediante los
memoriales presentados el 7 y 8 de marzo de 2024, respectivamente, mediante
los oficios MJD-OFI24-0010073 del 14 de marzo de 2024 y MJD-OFI24-0010106
del 15 del mismo mes y año. Ambos documentos se remitieron al correo
electrónico plajusticiaambientalcolombia@gmail.com, el 16 de abril de 2024, de
conformidad con las siguientes capturas de pantalla:

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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01696-00

2.7.6.1. Solicitud del 7 de marzo de 2024

173. Pregunta 1: informó que carecía de competencia en materia de
tecnologías de la información y, por tanto, no tenía acceso a la información
solicitada. Por tanto, agregó que desconocía el listado específico de entidades
privadas y estatales afectadas con el incidente dirigido al proveedor IFX
Networks.

174. Pregunta 2 – 6: indicó que al no ser una entidad afectada por el incidente
y dado que durante el 2023 no contrató el servicio de nube privada con el
proveedor IFX Networks, no cuenta con la información solicitada.

175. Pregunta 7: sostuvo que al no ser parte de la Rama Judicial, no tiene
acceso a los procesos que se adelantan ante despachos judiciales. A su vez,
puso de presente que como la petición fue remitida a la Rama Judicial a través
de su correo institucional, así como al Consejo de Estado y a la Corte Suprema
de Justicia, no era procedente surtir el traslado del que trata el artículo 21 de la
Ley 1437 de 2011 sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, en virtud
de los principios de economía y celeridad que rigen la función administrativa.

176. Punto 8: en atención a la pretensión formulada, informó que trasladó la
petición a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo de
conformidad con las siguientes imágenes:

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Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01696-00

2.7.6.2. Solicitud del 8 de marzo de 2024

177. Frente a todas los interrogantes del actor informó que al no ser una entidad
afectada por el incidente y dado que durante el 2023 no contrató el servicio de
nube privada con el proveedor IFX Networks, no cuenta con la información
solicitada.

178. La sala concluye que el ministerio brindó frente a las cuestiones
formuladas por el actor una respuesta de fondo, clara y congruente con lo
planteado, pues explicó los motivos por los cuales no podía brindar la información
solicitada. A su vez, accedió a la pretensión de dar traslado a la Defensoría del
Pueblo y de la Procuraduría, como se puso de presente con antelación.

179. Ahora bien, respecto de esta autoridad operó el fenómeno de carencia
actual de objeto por hecho superado pues, aun cuando las peticiones no
fueron tramitadas en el término debido, las respuestas fueron puestas en
conocimiento del actor en el trámite del presente mecanismo constitucional a
voluntad de la demandada, debido a que se acreditó que la remisión de los
respectivos oficios se efectuó el 16 de abril de 2024.

2.7.7. Presidencia de la República

180. La autoridad consideró que no era la competente para dar trámite a las
solicitudes presentadas el 7 y 8 de marzo de 2024 y que, por tanto, daba traslado
al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través
de los documentos identificados como OFI24-00049200 / GFPU 13150001 del 17
de marzo de 2024 y OFI24-00049208 / GFPU 13150001 del 17 de marzo de
2024.

181. Sin embargo, de conformidad con el criterio reiterado por esta sala, la
autoridad no acreditó la notificación del respectivo oficio remisorio por
competencia al actor. Esto pues, si bien anexó un documento denominado
«trazabilidad documento digital», se considera que esto no demuestra que la
comunicación al interesado se efectuó. A continuación se relaciona la captura de
pantalla aportada para el efecto por la entidad:

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01696-00

182. En efecto, de la información aportada en esta tabla no es posible
establecer si, en efecto, se remitió algún documento al actor pues, si bien está
relacionado su nombre y correo electrónico, no está si quiera mencionado el
radicado de los oficios por medio de los cuales la Presidencia de la República
habría dado trámite a las solicitudes del señor Mena Garzón.

183. En virtud de lo anterior, se amparará el derecho fundamental de petición
del accionante en relación con la Presidencia de la República y se le ordenará
que dé el respectivo trámite a las solicitudes radicadas el 7 y 8 de marzo de 2024,
con la debida notificación de la actuación que adelante en el marco de sus
competencias.

2.7.8. Consejo Superior de la Judicatura, Centro de Documentación Judicial

184. Consideró que la autoridad competente para dar trámite a las solicitudes
radicadas por el actor el 7 y 8 de marzo de 2024 era la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y, por tanto, efectuó la respectiva remisión mediante
correo electrónico enviado al buzón web medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co el
8 de marzo del mismo año. A su vez, comunicó dicho envío al actor en la misma
fecha, a su dirección electrónica plajusticiaambientalcolombia@gmail.com. Esto
lo acreditó mediante el envío de la siguiente captura de pantalla:

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01696-00

185. De conformidad con lo anterior, se concluye que el Consejo Superior de la
Judicatura efectuó debidamente el trámite en el marco de sus competencias y,
por tanto, se considera que no ha vulnerado el derecho fundamental de petición
del actor.

2.7.9. Superintendencia de Industria y Comercio

186. La entidad allegó una contestación mediante la cual destacó que el actor
radicó una solicitud el 18 de enero de 2024 y que, de conformidad con ello, brindó
una respuesta el 28 de febrero siguiente, a la cual se le dio alcance el 15 de
marzo del mismo año. Sin embargo, la demandada no allegó ningún documento
anexo a su informe que acreditara la respuesta otorgada al señor Mena Garzón.
Por tanto, la sala considera que no se comprobó mínimamente que la entidad
efectuó algún trámite frente a las peticiones objeto de la presente acción
constitucional.

187. En virtud de lo anterior, se amparará el derecho fundamental de petición
del accionante en relación con la Superintendencia de Industria y Comercio y se
le ordenará que, en el marco de sus competencias, otorgue una respuesta de
fondo, clara y congruente con la información solicitada por el tutelante y que, en
virtud de ello, efectúe las actuaciones necesarias para garantizar que la
respuesta sea comunicada debidamente.

2.7.10. Secretaría General del Consejo de Estado

188. La autoridad dio respuesta al actor mediante oficio del 12 de marzo de
2024, mediante el cual se le informó que su solicitud había sido remitida a la
Oficina de Sistemas del Consejo de Estado, a la Procuraduría General de la
Nación y a la Defensoría de pueblo, de conformidad con lo manifestado en los
escritos radicados. Dicho memorial fue enviado al actor en la misma fecha, como
consta en la siguiente imagen:

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189. A su vez, la remisión a dichas entidades la acreditó mediante los siguientes
certificados de remisión:

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190. Por tanto, se considera que la Secretaría General del Consejo de Estado
efectuó el trámite debido ante las solicitudes presentadas por el señor Mena
Garzón el 7 y 8 de marzo de 2024, por lo que se concluye que no vulneró el
derecho fundamental de petición del actor.

2.7.11. Corte Suprema de Justicia

191. Frente a los escritos radicados por el demandante, esta autoridad
manifestó que carecía de competencia para pronunciarse como máximo órgano
de la jurisdicción ordinaria. Informó que la solicitud debía ser tramitada por el
Consejo Superior de la Judicatura, autoridad a la cual daría el respectivo traslado.
Esta comunicación la efectuó mediante oficio enviado el 5 de abril de 2024, tal
como se acreditó mediante la siguiente captura de pantalla:

192. A su vez, la remisión al Consejo Superior de la Judicatura la comprobó
mediante la siguiente imagen:

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193. En virtud de lo anterior, se considera que la Corte Suprema de Justicia
efectuó el trámite debido ante las solicitudes presentadas por el señor Mena
Garzón el 7 y 8 de marzo de 2024, por lo que se concluye que no vulneró el
derecho fundamental de petición del actor.

2.7.12. Contraloría General de la República

194. La autoridad sostuvo que informó al actor que carecía de competencia
para dar trámite a las solicitudes elevadas por el señor Mena Garzón, motivo por
el cual dio traslado de las peticiones al Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. Esta comunicación la efectuó mediante oficio
enviado el 19 de marzo de 2024, tal como se acreditó mediante las siguientes
capturas de pantalla:

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01696-00

195. Finalmente, se tiene que si bien la Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo fueron debidamente notificadas de la existencia de esta
acción constitucional, guardaron silencio. A su vez, se precisa que el actor radicó
ante la contraloría las solicitudes sobre las que versa la presente controversia y
dichas peticiones fueron remitidas por varias entidades a la defensoría y
procuraduría, como se ha acreditado.

196. Por tanto, a pesar de que estas autoridades tuvieron conocimiento de las
solicitudes radicadas por el señor Mena Garzón, no acreditaron haber dado el
debido trámite y, por tanto, se concluye que vulneraron le derecho de petición del
actor. En este sentido, se amparará dicha garantía constitucional en cabeza del
accionante y se les ordenará que, en el marco de sus competencias, otorguen
una respuesta de fondo, clara y congruente con la información solicitada por el
tutelante y que, en virtud de ello, efectúe las actuaciones necesarias para
garantizar que la respuesta sea comunicada debidamente.

2.8. Conclusión

197. Se amparará el derecho fundamental de petición en relación con el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, IFX Networks
Colombia S.A.S., la Fiscalía General de la Nación, la Presidencia de la República,
la Superintendencia de Industria y Comercio, la Procuraduría General de la
Nación y la Defensoría del Pueblo, exclusivamente en los términos establecidos
en la parte motiva de esta providencia.

198. En virtud de lo anterior, se formularán las siguientes órdenes:

• Al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: dar
una respuesta de fondo, clara y congruente de las preguntas 1 de la

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solicitud del 7 de marzo de 2024 y 2 de la petición del 8 de marzo de 2024,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
• A IFX Networks Colombia S.A.S.: brindar una respuesta de fondo, clara y
congruente frente a la pregunta 6 de la solicitud del 7 de marzo de 2024,
pero exclusivamente en relación con la pretensión de anexar la
documentación que respalde las acciones sobre las que versa este
interrogante. Otorgar una respuesta de fondo, clara y congruente frente a
los interrogantes 14 y 15 de la petición del 8 de marzo de 2024.
• A la Fiscalía General de la Nación: que efectúe la debida notificación al
actor del oficio mediante el cual remitió la solicitud del 8 de marzo de 2024,
con el fin de que se le comunique sobre el procedimiento surtido frente a
la petición radicada por el actor.
• A la Presidencia de la República, la Superintendencia de Industria y
Comercio, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo
que den el respectivo trámite a las solicitudes radicadas el 7 y 8 de marzo
de 2024, con la debida notificación de la actuación que adelanten en el
marco de sus competencias.

199. A su vez, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado
frente al Ministerio de Justicia y del Derecho y se negará lo pretendido por el actor
en cuanto a las demás entidades.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de declaración de falta de legitimación en la
causa por pasiva de la presidencia del Consejo de Estado y de desvinculación
del Consejo Superior de la Judicatura, Centro de Documentación Judicial
CENDOJ y la Superintendencia de Industria y Comercio.

SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO de la acción de tutela promovida por el señor Ericsson Ernesto
Mena Garzón en relación con el Ministerio de Justicia y del Derecho.

TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Ericsson
Ernesto Mena Garzón frente al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, IFX Networks Colombia S.A.S., la Fiscalía General de la
Nación, la Presidencia de la República, la Superintendencia de Industria y
Comercio, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo,
exclusivamente en los términos establecidos en la parte motiva de esta
providencia.

CUARTO: en virtud de lo anterior, ORDENAR:

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01696-00

• Al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que
en el término de 3 días, contados desde la notificación de esta providencia,
brinde una respuesta de fondo, clara y congruente exclusivamente de la
pregunta 1 de la solicitud radicada por el señor Ericsson Ernesto Mena
Garzón el 7 de marzo de 2024 y de la pregunta 2 de la petición radicada
por el actor el 8 de marzo de 2024, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

• A IFX Networks Colombia S.A.S. que en el término de 3 días, contados
desde la notificación de esta providencia, brinde una respuesta de fondo,
clara y congruente exclusivamente frente: a la pregunta 6 de la solicitud
radicada por el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón el 7 de marzo de
2024, en relación con la pretensión de anexar la documentación que
respalde las acciones sobre las que versa este interrogante y a los
interrogantes 14 y 15 de la petición radicada por el actor el 8 de marzo de
2024.

• A la Fiscalía General de la Nación que en el término de 3 días, contados
desde la notificación de esta providencia, efectúe la debida notificación al
actor del oficio mediante el cual remitió la solicitud del 8 de marzo de 2024,
con el fin de que se le comunique sobre el procedimiento surtido frente a
la petición radicada por el actor.

• A la Presidencia de la República, la Superintendencia de Industria y
Comercio, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo
que efectúen el respectivo trámite a las solicitudes radicadas por el señor
Ericsson Ernesto Mena Garzón el 7 y 8 de marzo de 2024, con la debida
notificación de la actuación que adelanten en el marco de sus
competencias. Esto, de conformidad con lo desarrollado en la parte motiva
de esta providencia.

QUINTO: NEGAR el amparo pretendido por el actor en relación con las
autoridades restantes.

SEXTO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto N°. 2591 de 1991.

SÉPTIMO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

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Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01696-00

Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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