Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01699-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01699-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-01699-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
13 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., trece (13) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01699-01
Accionante: LUZ MILA MARTÍNEZ JIMÉNEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN CUARTA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
acceso a la administración de justicia y propiedad / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL
– Se acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir la discusión definida en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la señora Luz Mila
Martínez Jiménez, actuando por conducto de apoderado, en contra de la sentencia
del 6 de junio de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, de
conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 9 de abril de 2024 la señora Luz Mila Martínez Jiménez presentó acción de
tutela en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado y de la Subsección B
de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.
Hechos relevantes
2. La accionante instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP para que (i) se declarara la nulidad de
la Liquidación Oficial núm. RDO-2017-02559 de 28 de julio de 2017 y la Resolución
núm. RDC-2018-00806 de 8 de agosto de 2018, a través de las cuales se determinó
1 Que ingresó para fallo el 15 de julio de 2024.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01699-01
Accionante: Luz Mila Martínez Jiménez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
a su cargo los aportes a salud y pensión por los períodos comprendidos entre enero
a diciembre de 2014 y se le impuso una sanción por no declarar (omisión); y ii) a
título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la UGPP a modificar la sanción
por concepto de omisión y a indemnizar los daños y perjuicios que le fueron
causados.
3. El proceso correspondió a la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, por medio de sentencia del 24 de febrero de
2022, concedió parcialmente las pretensiones de la demanda. Contra dicha decisión
se presentó apelación, recurso que fue resuelto por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado que, a través de providencia del 5 de octubre de 2023, ordenó:
“[…]
1. Modificar el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B, del 24 de febrero de 2022, el cual quedará así: “SEGUNDO.
A título de restablecimiento del derecho. Se ORDENA a la UGPP reliquidar
los aportes al Sistema de la Seguridad Social y la sanción impuesta en el
período 2014 teniendo en cuenta el IBC determinado en la parte
considerativa de esta sentencia.” Así mismo, la entidad deberá verificar y
validar las planillas PILA presentadas y pagadas antes de la expedición del
acto que resolvió el recurso de reconsideración que no fueron tenidas en
cuenta, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.
2. En lo demás, confirmar la decisión apelada. […]”.
4. La UGPP solicitó aclaración y adición de la sentencia de 5 de octubre de 2023,
petición que fue negada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante auto
de 23 de noviembre de 2023.
Pretensiones
5. Solicita la parte accionante lo siguiente:
“1. Sírvase señor Juez Constitucional, amparar los derechos al debido
proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, y propiedad
privada en conexidad con los principios de equidad (no confiscatoriedad),
legalidad y de seguridad jurídica.
2. En consecuencia, se ordene la revocatoria de las providencias judiciales
accionadas, con el fin de conceder la nulidad total de los actos
administrativos demandados en contra de la UGPP, al comprobar la
inexistencia del IBC en la determinación de aportes para los trabajadores
independientes […]”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01699-01
Accionante: Luz Mila Martínez Jiménez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Fundamentos de la demanda de tutela
6. La demandante alega la configuración de i) un “defecto fáctico” por el
desconocimiento de la sentencia de 5 de mayo de 2022, proferida por el Consejo
de Estado, la cual regula el sistema de presunción de ingresos; y ii) un defecto
sustantivo, en la medida en que, se configuró una indebida aplicación del artículo
18 de la Ley 1122 de 9 de enero de 2007, el artículo 204 de la Ley 100 de 23 de
diciembre de 1993; el artículo 33 de la Ley 1438 de 19 de enero de 20111; el Decreto
510 de 2003; el Decreto 806 de 1998 y el Decreto 1406 de 1999.
Trámite en primera instancia
7. Por medio de auto del 2 de mayo de 2024, la Sección Primera del Consejo de
Estado admitió la tutela de la referencia y ordenó notificar como accionados a la
Sección Cuarta del Consejo de Estado y a la Subsección B de la Sección Cuarta
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y a la UGPP como tercero interesado
en las resultas del proceso.
Intervenciones
8. La Sección Cuarta del Consejo de Estado solicitó que se declare improcedente
la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional. Expuso que dicha causal se configura “cuando se trata de convertir
en una instancia adicional al proceso ordinario. Así mismo ocurre cuando la
discusión planteada es predominantemente económica o no tiene la entidad para
determinar el alcance de un derecho fundamental o desarrollar la Constitución
Política, pues se limita a una discusión de la aplicación de la ley”.
9. Sostuvo que con la presente acción de tutela la actora alegó que la UGPP la
sancionó dos veces, pues por un lado determinó la omisión y, por otro, la imposición
de intereses moratorios, situaciones que en otros casos había dado lugar a la
exculpación ante la falta de claridad normativa sobre la materia. Así mismo,
reprochó la falta de publicación de la Resolución núm. 9 de 1996.
10. Sin embargo, advirtió que dichos argumentos no fueron planteados desde la
demanda, incluso, la sentencia del 5 de octubre de 2023, al delimitar el problema
jurídico, “se abstuvo de estudiar el error de derecho en materia sancionatoria y el
cargo relacionado con la mencionada resolución, por tratarse de un asunto discutido
solo con el recurso de apelación”.
11. La UGPP solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva al no haber incurrido en vulneración alguna de derechos fundamentales.
12. La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca allegó copia digital del expediente del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado núm. 25000-23-37-000-2018-00798-01.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01699-01
Accionante: Luz Mila Martínez Jiménez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
La sentencia de primera instancia
13. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 6 de junio
de 2024, declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir
con el requisito de relevancia constitucional.
14. En primer lugar, en cuanto a la solicitud de desvinculación propuesta por la
UGPP, señaló que la entidad fue notificada del proceso de tutela de la referencia
como tercero con interés, en la medida en que fue demandada dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado por la actora; es decir,
“que le asiste interés en el resultado del proceso de la referencia”, por lo que no
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
15. En segundo lugar, sostuvo que el asunto controvertido por la accionante ya fue
objeto de estudio por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y la Subsección B
de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y la acción de
tutela contra providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita
reabrir el debate resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si las
entidades accionadas incurrieron en la vulneración de derechos fundamentales.
16. Señaló que la actora plantea una afectación de sus derechos fundamentales
que tiene su origen en últimas en un debate estrictamente legal, el cual ya fue
expuesto dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y fue
decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez
constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría
desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el
mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.
17. Igualmente, expuso que el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un
alcance de contenido particular y meramente legal, esto es así porque la discusión,
“más que develar la necesidad de protección de un derecho fundamental, busca que
el juez valide la tesis jurídica de la actora y, con ello, se revoquen las sentencias
acusadas y se reconozcan los derechos que la actora considera le asisten, sin que
de esta discusión se pueda evidenciar una relevancia constitucional”.
La impugnación
18. Contra la decisión precitada la parte accionante presentó impugnación mediante
escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda de tutela.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
19. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en la
presente acción por cuanto no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01699-01
Accionante: Luz Mila Martínez Jiménez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
20. La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia
del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces2.
21. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber3:
22. i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no
basta aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la tutela no constituya una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está constituido para
proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia que el actor tenga
frente a la decisión judicial.
23. Revisada la demanda, se evidencia que la señora Luz Mila Martínez Jiménez
acudió a la acción de tutela con el propósito que se estudien nuevamente aspectos
que ya fueron estudiados por el juez de lo contencioso administrativo en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, como lo son la tarifa
establecida en la Ley 100 de 1993, la Ley 1122 de 2007 y el Decreto 510 de 2003
para el pago de los aportes, la cual considera que “no era aplicable en el caso de
los trabajadores independientes porque la base gravable no existía”.
24. Tan evidente resulta que la parte actora busca un nuevo análisis de los aspectos
definidos por el juez natural de la causa, que en la presente acción se plantearon
los mismos argumentos que dieron lugar a la interposición del recurso de apelación
contra la providencia del 24 de febrero de 2022, por medio de la cual la Subsección
B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, a saber:
“[…] Por otra parte debemos poner de presente que no se debe confundir el
IBC del subsistema de pensión de los trabajadores independientes sin
contrato de prestación de servicios estipulado en el artículo 6 de la ley 797
de 2003 que modificó el artículo 19 de la Ley 100 de 1993, con el IBC del
subsistema de salud referido anteriormente tanto en el parágrafo 2 del
artículo 204 de la Ley 100 de 1993 como en el inciso 2 del artículo 18 de la
ley 1122 de 2007, al ser IBCs que se determinan de forma diferente.
2 Sentencia T–422 de 2018.
3 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01699-01
Accionante: Luz Mila Martínez Jiménez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Advertimos de la anterior confusión, que se puede presentar debido a lo
dicho en los artículos 1 y 3 del decreto 510 de 2003, norma que expidió el
presidente de la república, y que reglamentó y unificó, al igual que su norma
antecesora el artículo 25 del Decreto 1406 de 1999, y sin competencia legal
para hacerlo, en una declaración anual anticipada la determinación del IBC
en salud y pensión:
Artículo 1°. De conformidad con lo previsto por el artículo 15 de la Ley
100 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 797 de 2003, las
personas naturales que prestan directamente servicios al Estado o a las
entidades o empresas del sector privado bajo la modalidad de contratos
de prestación de servicios o cualquier otra modalidad de servicios que
adopten, deberán estar afiliados al Sistema General de Pensiones y su
cotización deberá corresponder a los ingresos que efectivamente
perciba el afiliado. Para este propósito, él mismo deberá declarar en
el formato que para tal efecto establezca la Superintendencia
Bancaria, ante la administradora a la cual se afilie, el monto de los
ingresos que efectivamente percibe, manifestación que se
entenderá hecha bajo la gravedad del juramento.
Esta incoherencia reglamentaria la tomo la UGPP, y fue convalidad por el
juez de primera instancia, al momento de su fiscalización y erradamente
indicó que la base declarada así para el sistema de pensión del trabajador
independiente sin contrato de prestación debe ser sobre una misma base
de acuerdo con el inciso segundo del artículo 3 del Decreto 510 de 2003:
Artículo 3°. La base de cotización del Sistema General de Pensiones
será como mínimo en todos los casos de un salario mínimo legal
mensual vigente, y máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, límite este que le es aplicable al Sistema de Seguridad Social
en Salud. Este límite se aplicará a las cotizaciones cuyo pago debe
efectuarse a partir del mes de marzo. La base de cotización para el
Sistema General de Pensiones deberá ser la misma que la base de
la cotización del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
salvo que el afiliado cotice para el Sistema General de Pensiones
sobre una base inferior a la mínima establecida para el Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
Es claro que esta disposición entra en contradicción con el IBC del sistema
de presunción de ingresos ordenado por el legislador para el trabajador
independiente sin contrato de prestación de servicios, al proyectar un valor
que desconoce la base gravable del trabajador independiente, y también el
ingreso real futuro del trabajador, PUES NINGÚN IMPUESTO O TRIBUTO
SE PROYECTA SOBRE UN HECHO GENERADOR NO ACONTECIDO.
Si se valida que la declaración anual anticipada de los trabajadores
independientes reglamentadas por el gobierno en el artículo 25 del Decreto
1406 de 1999 y el artículo 1 del Decreto 510 de 2003, como la forma de
determinar el IBC del trabajador independiente, quiere decir esto que el
sistema obliga a un ÚNICO SUJETO PASIVO de todo el sistema de
seguridad social, a corregir mes a mes con intereses moratorios lo que el
Gobierno le ordenó hacer, induciéndolo al error, REGLA
CONTRADICTORIA Y QUE ROMPE EL DERECHO A LA IGUALDAD
TRIBUTARIA, con lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 de la Ley
1438 de 2011, previsión que modificó la base gravable del trabajador
independiente de forma tácita la decir que:
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01699-01
Accionante: Luz Mila Martínez Jiménez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Artículo 33. Presunción de capacidad de pago y de ingresos. Se
presume con capacidad de pago y, en consecuencia, están obligados a
afiliarse al Régimen Contributivo o podrán ser afiliados oficiosamente:
33.1 Las personas naturales declarantes del impuesto de renta y
complementarios, impuesto a las ventas e impuesto de industria y
comercio.
33.2 Quienes tengan certificados de ingresos y retenciones que reflejen
el ingreso establecido para pertenecer al Régimen Contributivo.
33.3 Quienes cumplan con otros indicadores que establezca el
Gobierno Nacional.
Lo anterior, sin perjuicio de poder ser clasificado como elegible al
subsidio por medio del Sisbén, de acuerdo con las normas sobre la
materia.
El Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunción de
ingresos con base en la información sobre las actividades
económicas. En caso de existir diferencias entre los valores
declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) y los aportes al sistema estos últimos deberán ser
ajustados.
Como se observa nuevamente el legislador a través de la Ley 1438 de 2011
“por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad
Social en Salud y se dictan otras disposiciones” ordenó al Gobierno
reglamentar un sistema de presunción de ingresos, en concordancia con el
parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 18 de la ley
1122 de 2007, normas que se entienden encaminadas a establecer el IBC
del subsistema de salud del trabajador independiente.
Pero, también debemos poner de presente que si el trabajador
independiente asume establecer un IBC irreal a partir de la declaración
anual anticipada de ingreso, quedaría al margen de una “corrección” futura
teniendo en cuenta que debe ajustar los valores declarados anticipadamente
a los reportados en renta, los cuales contienen los ingresos y costos reales,
labor que una vez más, lo obliga a pagar intereses moratorios, si los ingresos
reportados en la declaración anticipada son menores a lo que reportó, un
año después, en la declaración de renta, ultima coincidencia u obligación
que es imposible de realizar pues nuevamente resaltamos nadie puede
predecir con exactitud sus ingresos y costos futuros.
[…]”.
25. Aspectos fueron analizados y resueltos de manera razonada en segunda
instancia por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia del 5 de octubre
de 2023, bajo los siguientes fundamentos:
“Hecho generador, sujeto activo y pasivo: La Sala parte de precisar que la
Ley 100 de 1993 creó el Sistema de Seguridad Social Integral, el cual a su
vez está conformado por varios subsistemas, entre ellos el de pensión y
salud, el cual tiene como objetivo garantizar las prestaciones económicas y
de salud de sus afiliados y procurar por la ampliación de la cobertura hasta
lograr que toda la población pueda acceder al mismo (artículo 4), razón por
la cual es progresivo (artículo 3) y se rige bajo los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad (artículo 2), tal como lo disponen los artículos 48
y 49 de la Constitución Política.
Sobre esta contribución, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01699-01
Accionante: Luz Mila Martínez Jiménez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
“Según las características de la cotización en seguridad social, se trata
de una típica contribución parafiscal, distinta de los impuestos y las
tasas. En efecto, constituye un gravamen fruto de la soberanía fiscal del
Estado, que se cobra de manera obligatoria a un grupo de personas
cuyas necesidades en salud se satisfacen con los recursos recaudados,
pero que carece de una contraprestación equivalente al monto de la
tarifa. Los recursos provenientes de la cotización de seguridad social no
entran a engrosar las arcas del presupuesto Nacional, ya que se
destinan a financiar el sistema general de seguridad social”.
Ahora, de conformidad con los artículos 13 y 15 de la Ley 100 de 1993
(modificados por los artículos 2 y 3 de la Ley 797 de 2003), tanto los
trabajadores dependientes como independientes deben afiliarse de manera
obligatoria al subsistema de pensión. A su vez, los artículos 156 y 157 de la
misma normativa dispusieron que todos los habitantes del territorio debían
estar afiliados al subsistema de salud en condición de afiliados al régimen
contributivo o como subsidiados, o en forma temporal como participantes
vinculados y, para tal efecto, incluyó de manera puntual a los trabajadores
independientes con capacidad de pago. Mandato que posteriormente fue
reglamentado en el Decreto 806 de 199820, artículo 26 literal d) incluyendo
esta vez de manera expresa a los rentistas de capital como obligados
afiliarse en calidad de cotizantes […].
Base gravable: Sobre este punto la actora manifiesta que, para la época de
los hechos fiscalizados, 2014, no existía base gravable para determinar los
aportes a salud conforme lo ordenado por el artículo 204 de la Ley 100 de
1993. Y que no era procedente lo dispuesto en el Decreto 510 de 2003, para
pensión.
También reprochó la imposibilidad de predecir el ingreso para los meses de
2014 al tratarse de cotizaciones anticipadas en las que no se tiene certeza
de los costos y gastos incurridos
Este asunto ya fue objeto de conocimiento por parte de esta Sala. En cuanto
al IBC para el subsistema de pensión, éste se encuentra definido en los
artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 3 y 6
de la Ley 797 de 2003, en los siguientes términos: […].
Así las cosas, sobre la base de cotización de los trabajadores
independientes sin prestación de servicios, incluidos los rentistas de capital,
la Sala concluyó que el IBC tanto para salud como para pensión se compone
de los ingresos percibidos por el trabajador independiente, teniendo límites
de cotización inferior y superior (entre 1 y 25 SMLMV), y en todo caso, el
mismo legislador ha señalado que estos deben corresponder a los ingresos
reales, de ahí que aun cuando se haya cotizado bajo ingresos presuntos o
se omitiera la obligación, deben ajustarse a los declarados ante la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)”
Se tiene, entonces, que para el 2014 esta clase de trabajadores, entre los
cuales se encuentra la demandante, si contaban con una base determinada
por el ordenamiento jurídico para realizar sus aportes al Sistema de
Seguridad Social, sin que fuera necesario un sistema de presunción de
ingresos al contar con la declaración de renta.
Por lo anterior, considera la Sala que no es procedente la solicitud de
inconstitucionalidad presentada en el recurso de apelación. […]
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01699-01
Accionante: Luz Mila Martínez Jiménez
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Se destaca que, atendiendo las particularidades de este caso, no existen
motivos que permitan inaplicar la indivisibilidad de la prueba documental
porque, a pesar de existir otros elementos de juicio en el expediente
relacionados con el reconocimiento de ingresos efectuado por la UGPP y
los costos del año 2014, estos solo dan lugar a valores diferentes a los
declarados en renta, de tal modo que deben ser ajustados a dicho denuncio
en aplicación del artículo 33 de la Ley 1438 de 2011.
Lo anterior no supone una desmejora para la interesada porque, además de
ser una consecuencia lógica de la aplicación de la indivisibilidad de la prueba
documental y de la presunción de veracidad de la declaración, es
congruente con los argumentos expuestos en la demanda y en la apelación.
[…]”.
26. Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito
de la relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es continuar con el
debate propuesto en el recurso de apelación, lo cual escapa de la órbita de
intervención del juez constitucional, toda vez que la decisión acusada se sustenta
en los principios de autonomía judicial y seguridad jurídica.
27. En definitiva, la Subsección considera que lo pretendido por la parte accionante
es que se realice un nuevo estudio de lo que ya fue definido por el juez natural de
la causa, lo que conlleva a la improcedencia de la acción de tutela de la referencia
por el incumplimiento del requisito mencionado. Por ello, se confirmará la sentencia
del 6 de junio de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de junio de 2024, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01699-01
Accionante: Luz Mila Martínez Jiménez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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