Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01700-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01700-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01700-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
20 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veinte (20) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01700-00
Accionante: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (PRIMERA INSTANCIA)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se cumplen
los requisitos de procedibilidad / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – No
se configura por cuanto la regla fijada por la Corte Constitucional no encaja dentro
de los supuestos del caso concreto.
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la tutela instaurada por la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, de conformidad con el Decreto
333 de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 9 de abril de 2024 la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional, actuando por conducto de apoderado, presentó acción de tutela en contra
de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad.
Hechos relevantes
1 Que ingresó para fallo el 25 de abril de 2024.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01700-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
2. El señor Daniel Andrés Contreras Peñaloza presentó medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con el fin que se declarara la nulidad de los actos
administrativos disciplinarios de primera y segunda instancia: “(i) del 3 de julio de
2015 expedido por la Inspección Delegada Regional Uno de la Inspección General
de la Policía, a través de la cual se le responsabiliza disciplinariamente y sanciona
con destitución e inhabilidad general por el término de 13 años y (ii) del 19 de
octubre de 2016 proferido por la Inspección General de la Policía General por medio
de la cual se confirmó la sanción”.
3. El proceso correspondió a la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, por medio de sentencia del 22 de octubre de
2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Contra dicha
decisión ambas partes interpusieron apelación, recurso que fue resuelto por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, a través de
providencia del 16 de noviembre de 2023, confirmó lo fallado en primera instancia.
Pretensiones
4. Solicita la parte accionante lo siguiente:
“PRIMERA: Que se declare que en la sentencia de primera instancia de
fecha 22/10/2020, del auto del 22/02/2022, proferidos por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “B”, MP.
Luis Gilberto Ortegón Ortegón, y en la sentencia de segunda instancia
adiada el 16/11/2023, notificada el 14/12/2023, proferida por el Consejo de
Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda –
Subsección “B”, CP. Juan Enrique Bedoya Escobar, proferidas dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho expediente No.
25000234200020170250800, en el que fungió como demandante el señor
Daniel Andrés Contreras Peñaloza, sí se vulneraron los derechos
fundamentales del debido proceso e igualdad, de la entidad accionada
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaratoria, se tutelen
los derechos del debido proceso e igualdad, que han sido vulnerados a la
entidad Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.
TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaratorias, se
conceda el amparo de tutela solicitado por la Policía Nacional, por
consiguiente, se dejen sin efectos las sentencia ya identificadas y se ordene
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01700-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
a las autoridades judiciales accionadas, que dentro del término razonable
que se considere por su Señoría, procedan a dictar la sentencia de
reemplazo, en la cual se observe y acate el precedente vertical fijado por la
H. Corte Constitucional y el H. Consejo de Estado, consistente en limitar
la orden de pago de salario y/o indemnización ordenada, a la suma de
veinticuatro (24) meses de salarios”.
Fundamentos de la demanda de tutela
5. La parte accionante alega que con las decisiones enjuiciadas se incurrió en un
desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-053 de 2015 que establece unos límites indemnizatorios según los cuales, sólo
se debe pagar el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta
el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier
concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido la
persona, sin que la suma a pagar se inferior a seis meses ni pueda exceder a
veinticuatro meses de salario.
6. Manifiesta que el pago de salarios dejados de percibir desde la desvinculación
hasta el momento en que sus derechos sean reconocidos judicialmente, “resulta ser
una indemnización excesiva a la luz de la Constitución Política y la Ley, que podría
dar con un enriquecimiento sin causa”. Esto, en el entendido que
constitucionalmente en la persona radica la responsabilidad de su propio
sostenimiento, toda vez que la misma no sólo sigue teniendo derecho al trabajo,
sino también puede procurarse los medios económicos y de ese modo “asumir la
responsabilidad de su propio destino”.
Trámite en primera instancia
7. A través de providencia del 12 de abril de 2024, el despacho sustanciador admitió
la tutela de la referencia y ordenó notificar a la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado y a la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca como accionados, y al señor Daniel Andrés
Contreras Peñaloza y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como
terceros intervinientes.
Intervenciones
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01700-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
8. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado manifestó que, conforme
con el numeral 3.º del artículo 15 del Decreto 4085 de 2011 y el numeral 1.° del
artículo 5.° de la Resolución 422 de 2023, no intervendrá en el presente asunto.
9. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio
de consejero Juan Enrique Bedoya Escobar, señaló que la línea jurisprudencial que
invoca la parte accionante no es aplicable a los servidores públicos destituidos como
resultado de la acción disciplinaria y que luego son reintegrados por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.
10. Indicó que en la parte resolutiva de la decisión acusada se adicionó la sentencia
de primera instancia para decretar el restablecimiento del derecho, en el sentido de
ordenar su reintegro y el reconocimiento y pago de manera indexada de los salarios
y prestaciones dejados de percibir “a partir del vencimiento de los 8 meses de
suspensión, eso sí, descontando lo devengado por asignación de retiro y
suspendiendo el pago de las mesadas hasta que se demostrara el retiro definitivo,
para garantizar que no se trasgrediera la prohibición constitucional de doble
erogación del erario”. Ello porque consideró que “la asignación de retiro le fue
reconocida en un porcentaje inferior al de la asignación salarial, y en ese orden,
tenía derecho a las diferencias”.
11. Precisó que la Corte Constitucional profirió la sentencia SU-288 de 2015 en la
que reiteró la prevalencia de la interpretación constitucional plasmada en las
sentencias SU-556 de 2014 y SU-054 de 2015, oportunidad en la que aplicó a los
miembros de la Fuerza Pública retirados injustamente las mismas reglas
indemnizatorias fijadas a los nombrados en provisionalidad. Por lo anterior, ordenó
pagar el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el
momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que, por cualquier
concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido el
actor, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a 6 meses ni exceda
de 24 meses de salario.
12. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca realizó un recuento de los cargos estudiados en el medio de control
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01700-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
de nulidad y restablecimiento del derecho en lo relacionado con las faltas
disciplinarias y concluyó que en todas las instancias del proceso se respetaron los
derechos fundamentales de las partes.
13. Adicional a ello, remitió el link de acceso al expediente contentivo del proceso
radicado núm. 25000-23-42-000-2017-02508-00.
14. El señor Daniel Andrés Contreras Peñaloza expuso que la sentencia acusada
aborda dos formas de desvinculación claramente señaladas en las dos sentencias
de unificación citadas, esto es la SU-053 de 2015, y la SU-556 de 2014, la primera
relacionada con funcionarios provisionales que ocupen cargos de carrera, y los
segundos miembros de la policía que habían sido desvinculados en virtud de actos
administrativos de retiro discrecional de la Policía Nacional, los cuales considera
que en nada tienen que ver con los actos enjuiciados en el proceso administrativo
cuestionado mediante esta acción.
15. Señaló que los aspectos desarrollados en las dos sentencias de unificación en
cuestión, hacen referencia exclusiva al juzgamiento de actos discrecionales, que
nada tienen que ver con los actos enjuiciados por la jurisdicción administrativa y la
decisión que lo benefició mediante las sentencias que hoy son objeto de censura
mediante esta acción constitucional, providencias que protegieron sus derechos
fundamentales conculcados mediante actos administrativos arbitrarios que no son
discrecionales, y por lo tanto, “los aspectos indemnizatorios regulados en las
sentencias de unificación no son equiparables al caso particular”.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
16. Le corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo cumple con los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. De acreditarse, se abordará el estudio de fondo con el fin de establecer
si la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con la expedición
de la sentencia del 16 de noviembre de 2023, incurrió en un desconocimiento del
precedente y, en consecuencia, en la vulneración de los derechos fundamentales
alegados por la parte accionante.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01700-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Análisis del caso
Requisitos generales de procedibilidad
17. En el presente asunto se encuentra demostrado que (i) el accionante no cuenta
con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí expuesto, (ii) la acción se
presentó dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la providencia
enjuiciada, (iii) no se está invocando una irregularidad procesal, (iv) se identificaron
claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos transgredidos
y (v) no se trata de una sentencia de tutela.
18. Asimismo, la Sala encuentra que (vi) se cumple con el requisito de relevancia
constitucional dado que los cargos están suficientemente argumentados, teniendo
en cuenta que la parte accionante explicó las razones por las cuales considera que
la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso e igualdad.
19. Adicionalmente, se advierte que también se fundamentó la causal específica de
procedibilidad alegada consistente en el desconocimiento del precedente, por
cuanto se expuso con claridad que el juez de segunda instancia no aplicó, según
considera la parte accionante, el criterio expuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-053 de 2015.
20. De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la tutela se erija
en una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho o
un medio para resolver desacuerdos de aspectos meramente legales o económicos,
se trata de un asunto que tiene “la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y se
justifica en la medida de una posible “afectación desproporcionada a derechos
fundamentales”.
Análisis del defecto alegado
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01700-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
21. En el presente asunto la parte accionante alega que con la sentencia enjuiciada
se incurrió en un desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional
en la sentencia SU-053 de 2015, la cual estableció unos topes indemnizatorios a
reconocer cuando se profiera una orden de reintegro a miembros de la Fuerza
Pública por temas de responsabilidad disciplinaria.
22. Al respecto, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente se
advierte que el inspector delegado para la Regional Uno de la Policía Nacional, a
través de fallo del 3 de julio de 2015, impuso al señor Daniel Andrés Contreras
Peñaloza sanción de destitución e inhabilidad general por 13 años por encontrarlo
disciplinariamente responsable de haber incurrido en dos conductas reprochables,
la primera como falta grave señalada en el artículo 35, numeral 10, de la Ley 1015
de 2006, que indica, «incumplir las órdenes relativas al servicio»; y la segunda como
falta gravísima establecida en el artículo 34, numeral 27, ibidem, que señala,
«ausentarse del sitio donde preste su servicio sin permiso», ambas a título de dolo.
Decisión que fue confirmada el 19 de octubre de 2016 por el inspector general de la
Policía Nacional.
23. Ante el retiro del servicio por la destitución, el sancionado solicitó la asignación
de retiro por haber laborado por más de 17 años ante la institución, petición que fue
negada por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, debiendo iniciar otro
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, esta vez ante el Juzgado 10
Administrativo de Bucaramanga para el reconocimiento y pago de la asignación
mensual de retiro, la cual fue concedida en un 58% del salario básico y algunas
partidas salariales, “actuación que fue reconocida a partir del 1 de abril de 2017,
conforme con la Resolución 5784 del 26 de septiembre de 2018”.
24. De acuerdo con las actuaciones descritas, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado precisó que:
“[…] la asignación de retiro es una prestación de naturaleza económica que
surge de la relación laboral oficial existente entre el Estado y los miembros
de la fuerza pública que son las fuerzas militares y la policía nacional, el
cese definitivo de la prestación de los servicios, estos miembros se hacen
acreedores al reconocimiento y pago en forma mensual y vitalicia de una
determinada suma de dinero que tiene como finalidad garantizar, al menos,
la satisfacción de las necesidades básicas del trabajador retirado y las de su
familia.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01700-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
En concordancia, la asignación de retiro es una prestación asistencial
prevista en la norma, entendida con fundamento interpretativo e histórico
como una modalidad de prestación social2 que se asimila a la pensión de
vejez3 y que goza de un cierto grado de especialidad, en atención a la
naturaleza especial del servicio. Se reconoce a los oficiales, suboficiales y
al personal de agentes de la Policía, retirados después de 15 años de
servicios por causas no voluntarias4, y a los retirados por solicitud propia
después de 20 años de servicios, sin importar la edad, y tiene como objetivo
principal beneficiar a los miembros de la Fuerza Pública, con un tratamiento
diferencial encaminado a mejorar sus condiciones económicas por la
ejecución de una función pública que envuelve un riesgo inminente para sus
vidas y las de sus familiares5.
El régimen especial de sueldos de retiro, permite diversas condiciones o
requisitos para acceder a la prestación. La Ley 923 y el Decreto 4433 de
2004, señalan los criterios que se deben observar para fijar el régimen de
asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública. El retiro puede
ser por solicitud propia, discrecional, por llamamiento a calificar servicios,
por edad máxima en el grado, por disminución de la capacidad psicofísica y
por incapacidad profesional, que unido al tiempo de servicio define el valor
de la prestación.
Los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional en servicio activo6
que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 4433, sean retirados
después de 18 años de servicio, por llamamiento a calificar servicios, por
disminución de la capacidad psicofísica, o por voluntad del gobierno o de la
Dirección General de la Policía Nacional según corresponda, y los que se
retiren o sean retirados o sean separados en forma absoluta con más de 20
años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los 3
meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional,
se les pague una asignación mensual de retiro, así:
⇒ El 62% del monto de las partidas computables por los primeros 18 años de
servicio.
⇒ El porcentaje indicado se adicionará en 4% por cada año que exceda de los
18 hasta los 24 años, sin sobrepasar 85%.
⇒ A su vez, el 85% citado se adicionará en 2% por cada año, sin que el total
sobrepase 95% de las partidas computables. Los oficiales, suboficiales y
agentes de la Policía Nacional que a la fecha de entrada en vigencia del
Decreto 4433, tuvieren 15 o más años de servicio, que sean retirados por
llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad psicofísica,
o por voluntad del gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional,
según corresponda, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los
3 meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro, así:
2 Contenido en el artículo 112 del Decreto 501 de 1955 y el artículo 101 y subsiguientes del Decreto 3071 de
1968 entre otras.
3 Sentencia C- 432 de 2004. Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil.
4 Esas causas son: llamamiento a calificar servicios por voluntad del gobierno o de los comandos de fuerza,
sobrepasar edad máxima correspondiente al grado, disminución de capacidad sicofísica, incapacidad
profesional, inasistencia al servicio por más de cinco días sin causa justificada y conducta deficiente.
5 Sentencias T- 512 de 2009 y C-1143 de 2004.
6 Artículo 24 Decreto 4433 de 2004.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01700-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
⇒ El 50% del monto de las partidas computables, por los 15 primeros años de
servicio, y un 4% más por cada año que exceda de los 15 hasta los 24 años,
sin sobrepasar 85%.
⇒ A su vez, el 85% citado se incrementará en 2% por cada año adicional a los
primeros 24 años, sin que el total sobrepase 95% de las partidas
computables. Los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional
retirados antes del 17 de diciembre de 1968, con 30 años o más de servicio,
continuarán percibiendo la asignación de retiro reajustada al 95% de las
partidas que se incluyeron en cada caso para la respectiva asignación.
25. En ese sentido, la autoridad judicial accionada precisó que, de acuerdo con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, existe una compatibilidad entre la asignación
de retiro y el pago indemnizatorio que se efectúa ante la orden de reintegro por retiro
del servicio, toda vez que los “emolumentos y salarios dejados de percibir [son] a
título indemnizatorio, pues, la nulidad y restablecimiento del derecho es el
mecanismo de control de legalidad de los actos administrativos de contenido
particular que por vía del derecho de acción permite restablecer, a través de la
sentencia, situaciones subjetivas afectadas por el acto ilegal” y la asignación de
retiro es una prestación económica que surge de la relación laboral entre el Estado
y los miembros de la Fuerza Pública.
26. Así las cosas, en la decisión enjuiciada se dictan dos órdenes: (i) el
restablecimiento del derecho en el sentido de ordenar el reintegro del señor Daniel
Andrés Contreras Peñaloza y (ii) que se le reconozcan y paguen de manera
indexada los salarios y prestaciones dejados de percibir a partir del vencimiento de
los 8 meses de suspensión, eso sí, descontando lo devengado por asignación de
retiro y suspendiendo el pago de las mesadas hasta que se demuestre el retiro
definitivo, para garantizar que no se trasgreda la prohibición constitucional de doble
erogación del erario. Ello porque la Subsección accionada consideró “que la
asignación de retiro le fue reconocida en un porcentaje inferior al de la asignación
salarial, y en ese orden, el demandante tiene derecho a las diferencias”.
27. De igual modo, si bien el monto reconocido corresponde a los salarios y
prestaciones dejados de percibir a partir del vencimiento de los 8 meses de
suspensión con el descuento de lo devengado por asignación de retiro, la
indemnización reconocida corresponde al reintegro del señor Contreras Peñaloza,
quien fue destituido como miembro de la Fuerza Pública por una orden dictada en
una acción disciplinaria, es decir, su retiro no se dio producto de la facultad
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01700-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
discrecional de la Policía Nacional, no siendo entonces aplicable el precedente
descrito.
28. Al respecto, si bien la Corte Constitucional hizo extensivos los límites
indemnizatorios, estos se aplican, de acuerdo con la citada sentencia SU-053 de
2015 a “los actos de retiro de los miembros de la Policía Nacional en uso de la
facultad discrecional, y las consecuencias que esto produce, es decir, la
valoración respecto a la procedencia del reintegro de un parte, y la orden de pago
de una indemnización por otra parte, correspondería a los períodos indicados en
la Sentencia SU-556 de 2014”.
29. De acuerdo con lo anterior, no advierte esta Subsección que en la sentencia del
16 de noviembre de 2023 se haya configurado un desconocimiento el precedente
fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-053 de 2015, teniendo en
cuenta que el supuesto fáctico del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho no encaja dentro de los contemplados por dicha jurisprudencia porque
no se trata del retiro de miembros en servicio activo en uso de la facultad
discrecional sino de un servidor destituido como resultado de la acción disciplinaria
que luego fue reintegrado por orden de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
30. En ese orden de ideas, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado no ha incurrido en la causal específica de procedibilidad alegada y, por tanto,
no se evidencia una vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso
e igualdad, por lo que se negará el amparo solicitado mediante la acción de tutela
presentada por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.
31. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01700-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada
por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional en contra de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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