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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-01713-00

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-01713-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Consejo Superior de la Judicatura. SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas, al descanso y a la salud del señor Mario Fernando Salazar Valdez. 17 Estatutaria de la Administración de Justicia. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Mario Fernando Salazar Valdez Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Atlántico y otro Radicado: 11001-03-15-000-2024-01713-00 TERCERO: En consecuencia, ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla – Atlántico que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente providencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central (Unidad de Planeación o a la dependencia que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que el Juzgado 2 Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Barranquilla adopte las medidas que se requieren para que el señor Salazar Valdez goce de sus vacaciones. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central dispondrá de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el director seccional, para proveer los mencionados recursos. Una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla - Atlántico, esta última entidad le deberá comunicar al Juzgado 2 Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Barranquilla, quien a su vez deberá, en un término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de dicha comunicación, adoptar las medidas que correspondan para que el actor pueda gozar de su derecho al descanso, sin que se vea afectada la prestación del servicio de administración de justicia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-01713-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

9 de mayo de 2024

Demandante: Mario Fernando Salazar Valdez
Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial del Atlántico y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01713-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C, nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01713-00
Demandante: MARIO FERNANDO SALAZAR VALDEZ
Demandados: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DEL ATLÁNTICO Y OTRO

Temas: Derecho al descanso laboral. Vacaciones individuales de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Mario Fernando Salazar Valdez, en nombre propio, presentó acción de
tutela1 contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del
Atlántico y el juzgado 2 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Barranquilla, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad,
al trabajo en condiciones dignas, al descanso y a la salud2.

Lo anterior, por cuanto se le negó la concesión de un periodo de vacaciones en
su calidad de oficial mayor del Juzgado 2 Penal Municipal para Adolescentes con
Función de Control de Garantías de Barranquilla, debido a que no se cuentan con
los recursos para amparar costos de remplazos por vacaciones, por tanto, no es
procedente expedir certificado de disponibilidad presupuestal.

1.2. Pretensiones:

En consecuencia, el actor solicitó:

1 Mediante escrito radicado el 4 de abril de 2024. El asunto le correspondió al Juzgado Segundo

Laboral del Circuito de Barranquilla, el cual a través de auto de 9 de abril siguiente lo remitió a la
Secretaría General del Consejo de Estado para que avocara su conocimiento.
2 La tutela expresa Seccional Atlántico cuando debe ser Barranquilla

1

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Demandante: Mario Fernando Salazar Valdez
Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial del Atlántico y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01713-00

«1. TUTELAR a mi favor los derechos constitucionales fundamentales a LA
IGUALDAD, TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS, DESCANSO Y SALUD
invocados.

2. En consecuencia, se ORDENE al Director Ejecutivo Seccional de
Administración Judicial del Atlántico, o quien haga sus veces, que dentro de
las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, inicie las acciones
pertinentes en aras de garantizar la provisión de los recursos y proceda a
expedir el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP, que
se requiere para que la Juez Segundo Penal Municipal para Adolescentes con
Función de Control de Garantías de Barranquilla, proceda a concederme las
vacaciones remuneradas a que por Ley tengo derecho y las cuales deseo
disfrutar entre el 06 de mayo al 29 de mayo de 2024, ambas fechas inclusive,
las cuales me fueron negadas por necesidad del servicio al no poderse
realizar el nombramiento de un reemplazo durante dicho lapso.

3. Se ordene a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL ATLANTICO, omita tener como
fundamento para la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal
de los empleados, la Circular PSAC11-44 de noviembre 23 de 2011 para
futuras ocasiones en situaciones correspondientes a las vacaciones de los
empleados adscritos a este Despacho».3

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

El señor Salazar Valdez relató que se desempeña como oficial mayor del
Juzgado 2 Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de
Garantías de Barranquilla y solicitó que se le concedieran las vacaciones a partir
del 6 al 29 de mayo de 2024.

Narró que la titular del referido despacho solicitó a la Dirección Seccional de
Administración Judicial del Atlántico, que, expidiera el respectivo certificado de
disponibilidad presupuestal (CDP) para nombrar a su reemplazo.

Indicó que dicha petición le fue negada por medio de la Resolución 001 de 6 de
marzo de 2024, debido a que la respuesta brindada por la Dirección Seccional de
Administración Judicial del Atlántico, fue que dicha “seccional, no cuenta con
recursos para amparar costos de reemplazos por vacaciones de empleados, de
hecho, los recursos asignados para personal transitorio solo son asignados para
cargos de descongestión, que ya están comprometidos, para el reemplazo de
jueces siempre y cuando no exista otro empleado dentro del juzgado que pueda
suplirlo. Lo anterior acorde a la circular PSAC1144 del 23 de noviembre de
2011”.

1.4. Sustento de la petición

A juicio del tutelante, las entidades accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales invocados, por cuanto el derecho al descanso es considerado
como una oportunidad que se le otorga al empleado para reparar sus fuerzas

3 Trascripción literal del original con posibles errores.

2

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intelectuales y materiales para proteger su salud física y mental y no puede ser
sometido a soportar una carga que no le corresponde como lo es que, se le
nieguen sus vacaciones por cuestiones netamente administrativas.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto de 17 de abril de 2024, el magistrado ponente admitió la demanda
de tutela y ordenó notificar esta decisión al actor, así como al Consejo Superior
de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Nacional, a la Dirección
Seccional de Administración Judicial del Atlántico y al Juzgado 2 Penal Municipal
para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Barranquilla.

Remitidas las respectivas comunicaciones4, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla -
Atlántico

Con escrito remitido el 22 de abril de 2024, mediante apoderado judicial señaló
que la entidad no es nominador del accionante, razón por la cual el competente
para otorgar o no las vacaciones es el juez nominador muy a pesar de que se le
niegue el CDP amparado en la normatividad existente del Consejo Superior de la
Judicatura, por lo tanto, la acción de tutela debe ir dirigida única y exclusivamente
contra dicho juez.

Manifestó que es el juez quien le negó el disfrute de sus vacaciones por la
necesidad del servicio de no tener otro oficial mayor en su juzgado ya que no
existe lazo directo entre la negativa financiera de expedir el CDP de remplazo y la
concesión de las vacaciones al accionante.

Señalo que:

«el juez, atendiendo las necesidades del servicio, debe establecer la fecha del
disfrute del derecho al descanso de sus colaboradores, facultad legal que
debe ejercer sin requisito adicional alguno, como la solicitud de un certificado
de apropiación presupuestal (CDP) previo, pues esta situación no está
relacionada directamente con el disfrute individual de las vacaciones.

(…)

Por tanto, no es la acción de tutela el mecanismo para impulsar la apropiación
presupuestal para proveer reemplazos en razón de las vacaciones de los
oficiales mayor, en el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes
con Función de Control de Garantías de Barranquilla, toda vez que al juez
nominador no le está permitido inmiscuirse en las decisiones de las
autoridades administrativas (Dirección Seccional de Barranquilla), en el caso
concreto, las proferidas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura. Lo anterior, teniendo en cuenta que ordenar la expedición de un
certificado de disponibilidad presupuestal para cubrir las vacantes

4 Mediante oficios enviados el 12 y 30 de octubre, así como el 17 de noviembre de 2023.

3

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provisionales por las vacaciones individuales de los Oficiales Mayores, tendría
como consecuencia una indebida intromisión en el ejercicio de funciones que
son propias de las autoridades en mención y de su competencia»

1.5.2. Juzgado 2 Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control
de Garantías de Barranquilla.

La titular del despacho se pronunció con memorial enviado el 22 de abril del año
en curso, por medio del cual puso de presente que negó las vacaciones
solicitadas por el actor ante la ausencia de expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal por parte de la dirección seccional accionada para
nombrar a su reemplazo, aunque es su superior jerárquico, no es la encargada
del manejo del presupuesto para el correspondiente pago de los salarios,
prestaciones sociales, vacaciones y demás emolumentos que devengan los
empleados del despacho judicial pues quien tiene competencia para ello es la
Dirección Administrativa de Administración Judicial Seccional Barranquilla -
Atlántico.

1.5.3. Consejo Superior de la Judicatura

Con escrito remitido el 24 de abril de 2024, la magistrada auxiliar de la Oficina de
la Presidencia de la entidad solicitó su desvinculación del presente trámite por
carecer de legitimación en la causa por pasiva, en atención a que no es la
llamada a cumplir las órdenes que se dicten para garantizar la protección de los
derechos fundamentales del accionante, pues ello le corresponde a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Barranquilla – Atlántico por tener la
aptitud legal conforme con los numerales 2 y 6 del artículo 103 de la Ley 270 de
1996.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral
11 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. El Consejo Superior de la Judicatura solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, petición que será denegada. Esto, debido a
que a la entidad en mención se le comunicó la existencia del presente asunto
como tercero en atención al posible interés que le asiste en las resultas de este
trámite, mas no como aquella contra la cual se dirijan los reparos expuestos por
el actor.

4

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2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si el la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Barranquilla - Atlántico y el Juzgado 2 Penal Municipal
para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Barranquilla
vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en condiciones
dignas, al descanso y a la salud del señor Salazar Valdez, debido a que se le
negó el disfrute de las vacaciones bajo el argumento de no existir presupuesto
para designar su reemplazo.

Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela (ii) derecho al descanso del servidor judicial
y iii) análisis del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según el
cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los
jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de
los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6.º ibid., entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se
alega amenazado o vulnerado.

2.5. El derecho al descanso del servidor judicial

5.1. El descanso ha sido reconocido por la Corte Constitucional, desde una
época muy temprana5, como un derecho fundamental derivado especialmente del
artículo 53 de la Constitución Política, que determina los principios mínimos
fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo proferido por el
legislador. Así como del artículo 25 ibídem que señala que todas las personas
tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

5.2. Adicionalmente, en el marco internacional, existen varios instrumentos
ratificados por Colombia en los cuales se protege el derecho al descanso. Así, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales6 en su
artículo 7º determina que los Estados Parte reconocen el derecho de todas las
personas al goce de condiciones de trabajo que aseguran “el descanso, el disfrute
del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones

5 Ver entre otras: Sentencias C-710 de 1996, C-059 de 1996, C-897 de 2003, C-019 de 2004, C-

035 de 2005.
6 Ley 74 de 1968 “por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este
último, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en
Nueva York, el 16 de diciembre de 1966".

5

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periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos”. En similar sentido
lo indica el artículo 7º7 del Protocolo de San Salvador8.

5.3 La Sala Plena de la Corte Constitucional, tiene una amplia línea
jurisprudencial que ha establecido que “uno de los derechos fundamentales del
trabajador, es el descanso, el cual está definido por el Diccionario de la Real Academia
como quietud o pausa en el trabajo o fatiga”9. En efecto, la ius fundamentalidad de
este derecho se deduce de la interpretación sistemática10 de los artículos 1º, 25 y
53 de la Carta, en tanto el descanso es una consecuencia necesaria de la
relación laboral y constituye uno de los principios mínimos fundamentales del
trabajo.11

7 Artículo 7º Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo. Los Estados partes en el

presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior,
supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para
lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:

a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de
subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo
igual, sin ninguna distinción;
b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor
responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional
respectiva;
c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo para lo cual se tendrán
en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio;
d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las
industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado,
el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera
otra prestación prevista por la legislación nacional;
e. la seguridad e higiene en el trabajo;
f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18
años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral.
Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las
disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para
la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida;
g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jornadas
serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos;
h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de
los días feriados nacionales.
8 Suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988. Entró en vigor: 16 de Nov. de 1999. Ley

319 de 1996. “por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo
de San Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988.”
9 Sentencia C-710 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía. //A propósito en dicha sentencia se expresó

la siguiente: “Uno de los derechos fundamentales del trabajador, es el derecho al descanso. El
derecho de todo trabajador de cesar en su actividad por un período de tiempo, tiene como fines,
entre otros, permitirle recuperar las energías gastadas en la actividad que desempeña, proteger
su salud física y mental, el desarrollo de la labor con mayor eficiencia, y la posibilidad de atender
otras tareas que permitan su desarrollo integral como persona. El descanso está consagrado
como uno de los principios mínimos fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo y,
por ende, debe entenderse como uno de los derechos fundamentales del trabajador. La
legislación laboral consagra como regla general, la obligación de todo empleador de dar descanso
dominical remunerado a todos sus trabajadores. Este derecho lo adquieren los trabajadores que,
habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos los días laborales de la semana, no falten al
trabajo, o faltando, lo hayan hecho por justa causa o por culpa o disposición del empleador.
Cuando el trabajador labora menos de treinta y seis horas semanales, la remuneración de su
descanso, es proporcional al tiempo laborado. Cuando no se cumplen los requisitos exigidos por
la norma en mención, el trabajador pierde el derecho a la remuneración, pero no al descanso que
es un derecho fundamental del trabajador, que nace del vínculo laboral.”
10 Al respecto, también puede consultarse las sentencias T-09 del 18 de enero de 1993 M.P.

Eduardo Cifuentes Muñoz y C-024 del 11 de noviembre de 1998 M.P. Hernando Herrera Vergara
11 Ver sentencia de la Corte Constitucional T-076 del 1º de marzo de 2018 M.P. Luis Guillermo

Guerrero Pérez

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5.4. Es así que, el descanso es considerado para toda persona como la manera
de recuperar las fuerzas, tanto intelectuales como físicas, luego de un tiempo
dedicado a trabajar o en ejercicio de diversas actividades que le exigen un mayor
o menor grado de dificultad para ejecutarlas. Así mismo, el descanso en el
campo laboral se denomina “vacaciones”, siendo un derecho adquirido para
quienes han cumplido con el único requisito de laborar un año continuo o
proporcional, y que luego de entregar todas sus capacidades físicas y mentales
para poder realizar de una manera idónea todas las funciones asignadas por el
empleador o patrono, pueda el servidor público, en este caso, disfrutar de un
merecido descanso que les permita compartir un mayor espacio de tiempo con
sus seres queridos, dedicarse a otras actividades que le den paz y tranquilidad,
restituyéndole el ímpetu para iniciar con energía sus actividades laborales.

5.5. En vista de lo anterior, quien está llamado a otorgar las vacaciones al
trabajador es el empleador o el nominador, debiendo prever que una vez
cumplido el requisito mencionado, se proceda a programarlas junto con quien va
a reemplazarlo, para de esta manera no vulnerar el derecho al trabajador ni
afectar el normal desarrollo o funcionamiento de la entidad o empresa.

5.6. En relación a lo anterior la Corte Constitucional en Sentencia C-019 de 2004,
estableció lo siguiente:

“El derecho al descanso conviene entenderlo como la oportunidad que se le
otorga al empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y materiales, para
proteger su salud física y mental, para compartir con su familia mayores y
mejores espacios de encuentro fraternal, para abordar actividades idóneas al
solaz espiritual, para incursionar más en la lectura y el conocimiento, y, a
manera de posibilidad estética, para acercarse paulatinamente al hacer
artístico en sus múltiples manifestaciones.

(…)

El derecho al trabajo es una de las bases fundantes de nuestro Estado Social
de Derecho que en la Constitución goza de especial protección. Es el
fundamento de todo el régimen de seguridad social, y la razón filosófica es
muy simple: el trabajador que le ha ayudado al patrono a crear riqueza para
él y su empresa, necesita su apoyo en todas las contingencias que puedan
perjudicarle o cuando se han agotado sus fuerzas por el trabajo que le ha
dado al patrono (accidentes de trabajo, enfermedades, muerte, invalidez,
jubilación, etc.). Con cada acto de trabajo el trabajador entrega a su patrono
parte de su fuerza física y de su ser. Y debe reponerlos (para seguir
entregándoselos al patrono) haciendo pausas, pues de lo contrario se agota,
envejece o muere prematuramente.”

5.7. Así las cosas, las vacaciones o el descanso para los servidores públicos y
privados, por disposición jurisprudencial es un derecho fundamental, el cual debe
ser protegido por vía de tutela en el momento de ser vulnerado, sin que sea
válido oponer trabas administrativas, que afectan el núcleo fundamental de este
derecho, así lo ha dicho la Corte: ¿el derecho fundamental al descanso, puede
protegerse a través de la tutela? Por regla general, el reconocimiento y goce del derecho
al descanso debe ser debatido ante la jurisdicción ordinaria competente de acuerdo con
la naturaleza jurídica de la vinculación laboral, ya sea la ordinaria laboral o la
contencioso administrativa, por lo que el carácter residual de la tutela la hace
improcedente. No obstante, el artículo 86 de la Carta consagra la posibilidad de que la

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acción constitucional prospere, aun existiendo otro medio de defensa judicial, cuando
exista un perjuicio irremediable que autorice la protección transitoria del derecho
fundamental amenazado o vulnerado.

2.6. Caso concreto

El actor considera vulnerados sus derechos fundamentales invocados por
cuanto, le fueron negadas sus vacaciones por el Juzgado 2 Penal Municipal para
Adolescentes con Función de Control de Garantías de Barranquilla debido a que
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla –
Atlántico no expidió el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal para
designar a la persona que lo reemplace en el cargo de oficial mayor durante el
tiempo que disfruta de sus vacaciones.

De la revisión del material probatorio obrante en el plenario se constató que, en
efecto, el titular del despacho en el que trabaja el accionante solicitó a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla -
Atlántico el referido documento, pero que, mediante Oficio, dicha entidad le
informó que no contaba con los recursos para amparar costos de remplazos por
vacaciones de empleados judiciales, así:

«(…) me permito informarle que esta seccional no cuenta con recursos para
amparar costos de remplazos por vacaciones de empleados, de hecho, los
recursos asignados para personal transitorio solo son asignados para cargos
de descongestión, ya que están comprometidos, para el reemplazo de jueces
siempre y cuando no exista otro empleado dentro del juzgado que pueda
suplirlo. Lo anterior acorde con la circular PSAC1144 el 23 de noviembre de
20no hace alusión a la autorización para el reemplazo por vacaciones de
empleados. Puntualmente esta seccional no tiene disponible ni nunca ha
poseído recursos para reemplazo por vacaciones de empleados y solo se nos
asignan para jueces puesto que, por su rol, al momento de gozar de sus
vacaciones debe otro empleado fuera del juzgado asumir sus
responsabilidades, reiteramos siempre y cuando no exista otro empleado en
el mismo juzgado que pueda suplirlo».12

En consecuencia, la nominadora del señor Salazar Valdez no le otorgó permiso
para descansar a partir del 6 al29 de mayo de 2024, mediante la Resolución 001
del 6 de marzo de 2024, pues tal derecho estaba supeditado a la expedición del
CDP que emitiera la dirección ejecutiva accionada, el cual debía ser allegado al
despacho para proceder a designar el reemplazo.

Si bien se tiene que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 13813 de la Ley 1437 de 2011, es el mecanismo que se
tiene al alcance para controvertir los actos que niegan el disfrute de las
vacaciones, dentro del cual se puede solicitar el decreto de las medidas
cautelares en los términos de los artículos 229 y 230 ibíd., por lo tanto es, en

12 Trascripción literal del original con posibles errores.
13 «Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho

subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá
solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en
el inciso segundo del artículo anterior...».

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principio, el juez de lo contencioso administrativo el llamado a dirimir las
controversias que de éstos se derivan.

No obstante, la Sección Quinta14 ha señalado que en ciertos eventos las
circunstancias particulares del caso desbordan la eficacia de dicho mecanismo
judicial para precaver la eventual vulneración de derechos fundamentales, lo cual
torna imperiosa la intervención del juez constitucional como garante de su
primacía dentro del ordenamiento jurídico.

La razón de ello se justifica en que, para establecer la procedencia del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, el accionante debe indicar que
un acto particular y concreto vulnera un derecho subjetivo por incurrir en alguna
de las causales de nulidad previstas en el ordenamiento jurídico.

En este caso, los argumentos del actor están dirigidos contra la decisión de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla –
Atlántico y el Juzgado 2 Penal Municipal para Adolescentes con Función de
Control de Garantías de Barranquilla, pues a su juicio, la negativa de asignar
presupuesto para nombrar su reemplazo es la que evita que pueda acceder al
disfrute del descanso remunerado.

De modo que las pretensiones del tutelante están dirigidas específicamente a
que se ordene a dicha entidad realizar la apropiación de las partidas
presupuestales correspondientes para la designación de su reemplazo y emitir el
respectivo certificado de disponibilidad presupuestal.

Entonces, no se puede colegir que lo pretendido por el actor sea atacar la
legalidad del acto administrativo por medio del cual su nominador se abstuvo de
concederle las vacaciones, presupuesto indispensable para la procedencia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Quiere ello decir que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho carecería de la idoneidad suficiente, dado que no le ofrecería al
accionante una solución a sus pretensiones, razón suficiente para que este juez
constitucional sea competente para conocer el fondo de esta controversia.

Ahora bien, se encuentra demostrado que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Barranquilla - Atlántico expidió el oficio, en el que
informó que no era posible expedir un certificado de disponibilidad presupuestal
para autorizar el nombramiento de un reemplazo durante el tiempo de ausencia
del actor en su cargo de oficial mayor, según lo previsto en la Circular PSAC11-
44 de 23 de noviembre de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura.

Al respecto, la Sala advierte que el descanso debe entenderse como uno de los
derechos fundamentales del trabajador y constituye una condición mínima que
ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza tanto intelectual como

14 Entre otras, en las sentencias de 21 de abril de 2022, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad.

11001-03-15-000-2022-01630-00, 25 de septiembre de 2019, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio,
rad. 11001-03-15-000-2019-03992-00, 11 de abril de 2024, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gi, rad.
11001031500020240124200.

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física, para así proteger su salud y fortalecer su dedicación para el desarrollo de
sus actividades.

Es por esto que, impedir el goce del mencionado derecho con fundamento en
restricciones administrativas, no es una carga que el señor Salazar Valdez deba
soportar, pues jurisprudencial y legalmente se ha considerado que las
vacaciones constituyen una prerrogativa que tienen todos los empleados, por lo
que no puede ser trasgredido en función del servicio. Tan es así, que esta
corporación ha amparado el derecho fundamental al descanso en acciones de
tutelas con similares supuestos fácticos.15

Según se tiene, el accionante busca que se garantice el goce o disfrute material
del periodo al que tiene derecho por concepto de vacaciones que, por razones
de presupuesto y necesidad del servicio, no se ha materializado. Sin embargo,
los argumentos de la necesidad del servicio y la omisión de la dirección seccional
accionada de autorizar el rubro presupuestal correspondiente no son suficientes
para impedir el disfrute de tal derecho.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el carácter fundamental de dicha garantía
fue reconocido por la Corte Constitucional, sin que sea válido oponer trabas
administrativas que afecten el núcleo fundamental de esta garantía. En
concordancia con lo anterior, la Organización Internacional del Trabajo
estableció16 que «se considerará nulo todo acuerdo que implique el abandono
del derecho a vacaciones anuales pagadas o la renuncia a las mismas».

En efecto, la Sala no desconoce la necesidad del servicio que apremiaría al
Juzgado 2 Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de
Garantías de Barranquilla ante la ausencia de su oficial mayor, por lo que resulta
necesario que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Barranquilla - Atlántico provea las medidas necesarias para que dicho despacho
pueda cumplir con sus funciones, sin que ello implique que sus servidores no
puedan disfrutar del derecho a las vacaciones, una vez cumplan con los
requisitos legales para acceder a las mismas.

En otras palabras, la autoridad cuestionada no puede alegar impedimentos de
tipo administrativo al accionante que le impida ejercer sus derechos
fundamentales, máxime cuando escapa del resorte del señor Salazar Valdez el
encontrar las medidas de orden presupuestal u organizacional para proveer el
reemplazo del cargo en su ausencia temporal.

Negar el derecho al disfrute de las vacaciones por cuenta de limitaciones de
carácter administrativo, no es una carga que deba soportar un servidor judicial, si
se tiene en cuenta que en la misma Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de
2011, expedida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,

15 Consultar, entre otras, las sentencias de 2 de noviembre de 2023, M.P. Omar Joaquín Barreto

Suárez, rad. 11001-03-15-000-2023-05393-00, 19 de octubre de 2023, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra, rad. 11001-03-15-000-2023-05130-00 y 3 de agosto de 2023, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil, rad. 11001-03-15-000-2023-03463-00.
16 Convenio 52 de la OIT, aprobado mediante la Ley 54 de 1962 y ratificado por Colombia el 7 de

junio de 1963.

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se exige solo al interesado reportar ante el Consejo Seccional la correspondiente
programación de vacaciones, para que sea incluido en los turnos.

En ese sentido, una vez cumplido el tiempo de servicios para acceder al disfrute
del derecho, el empleado debe comunicar al nominador sobre la programación
de las vacaciones, sin que deba resolver problemas de tipo presupuestal o
administrativo, para poder acceder al descanso remunerado. Es decir, la
administración no puede trasladar en ellos su propia función.

En consecuencia, es evidente que existe vulneración del derecho fundamental al
descanso por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Barranquilla - Atlántico.

De otro lado, se tiene que la presidencia de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura profirió la Circular PSAC-0589 de 18 de noviembre de
2005, cuyo asunto fue la «asignación de recursos para reemplazos por
vacaciones del personal titular en los despachos judiciales, excepto los juzgados
del sistema penal acusatorio».

A su vez, en la Circular 44 de 12 de mayo de 2005 se estableció el
procedimiento para la programación de vacaciones individuales de los servidores
judiciales del Sistema Penal Acusatorio. No obstante, el 23 de noviembre de
2013, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa expidió la
Circular PSAC11-44, que señaló de manera expresa la derogatoria de lo
establecido en las referidas circulares:

«...para efectos de no incluir condicionamientos para el nombramiento de
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales, que se encuentran
sujetos al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este
derecho, para lo cual deberán seguir el procedimiento [que] aquí se señala y que
permitirá gestionar los recursos para el nombramiento en provisionalidad de los
reemplazos, cuando haya lugar a ello».

Ahora, si bien dicha circular está dirigida a los nominadores de la Rama Judicial
(jueces y magistrados) y a los directores seccionales de Administración Judicial,
su asunto trata de «vacaciones de los funcionarios judiciales del Régimen de
Vacaciones Individuales». Entonces, no dispuso el procedimiento que debía
realizarse para la solicitud de reemplazos por vacaciones del personal de los
demás despachos.

Aun cuando la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura expidió
una circular en la que señaló directrices dirigidas a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del país atinentes a la programación de vacaciones de
los funcionarios judiciales y la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal para garantizar los reemplazos, la omisión de establecer un
procedimiento para el efecto no puede servir de fundamento para desconocer el
derecho al descanso.

Es claro entonces que, salvo las excepciones legales, todo empleado público
tiene derecho a disfrutar de descanso remunerado, por cada año de servicios
prestado en cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8º Decretos 3135

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de 1968 y 1045 de 1978).

En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se encuentran establecidas
en el artículo 146 de la Ley 270 de 199617, de modo que los empleados de los
Juzgados Penales Municipales para Adolescentes con Función de Control de
Garantías pertenecen al régimen de vacaciones individuales, que deben ser
concedidas por el respectivo nominador, según las necesidades del servicio, por
el término de 22 días continuos por cada año de servicios.

Bajo este contexto, la Sala amparará los derechos fundamentales a la igualdad,
al trabajo en condiciones dignas, al descanso y a la salud del señor Salazar
Valdez y, en consecuencia, dispondrá:

i) Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Barranquilla – Atlántico que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas,
contadas a partir de la notificación de la presente providencia, si aún no lo
hubiere hecho, solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del
Nivel Central (Unidad de Planeación o a la dependencia que corresponda), la
provisión de los recursos necesarios para que el Juzgado 2 Penal Municipal para
Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, adopte las
medidas que se requieren para que el señor Mario Fernando Salazar Valdez
goce de sus vacaciones. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del
Nivel Central dispondrá de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la solicitud
que realice el director seccional, para proveer los mencionados recursos.

ii) Una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central
otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Barranquilla - Atlántico, esta última entidad le deberá
comunicar al Juzgado 2 Penal Municipal para Adolescentes con Función de
Control de Garantías de Barranquilla quien a su vez deberá, en un término de
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de dicha comunicación, adoptar las
medidas que correspondan para que el actor pueda gozar de su derecho al
descanso, sin que se vea afectada la prestación del servicio de administración de
justicia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Consejo
Superior de la Judicatura.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en
condiciones dignas, al descanso y a la salud del señor Mario Fernando Salazar
Valdez.

17 Estatutaria de la Administración de Justicia.

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TERCERO: En consecuencia, ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Barranquilla – Atlántico que, en un plazo de cuarenta y
ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente providencia, si
aún no lo hubiere hecho, solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial del Nivel Central (Unidad de Planeación o a la dependencia que
corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que el Juzgado 2
Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de
Barranquilla adopte las medidas que se requieren para que el señor Salazar
Valdez goce de sus vacaciones. La Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial del Nivel Central dispondrá de cinco (5) días hábiles, contados a partir de
la solicitud que realice el director seccional, para proveer los mencionados
recursos.

Una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central
otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Barranquilla - Atlántico, esta última entidad le deberá
comunicar al Juzgado 2 Penal Municipal para Adolescentes con Función de
Control de Garantías de Barranquilla, quien a su vez deberá, en un término de
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de dicha comunicación, adoptar las
medidas que correspondan para que el actor pueda gozar de su derecho al
descanso, sin que se vea afectada la prestación del servicio de administración de
justicia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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