Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01715-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01715-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01715-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
6 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., seis (06) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01715-00
Accionante: JAIRO ENRIQUE PALACIOS SERNA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (PRIMERA INSTANCIA)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL– Procedencia
excepcional / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se acudió a la
acción de tutela con el propósito de reabrir la discusión definida en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por el señor Jairo Enrique Palacios Serna de conformidad con lo
consagrado en el Decreto 333 de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 9 de abril de 2024 el señor Jairo Enrique Palacios Serna, mediante
apoderado2, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de
Antioquia y el Juzgado Primero Administrativo de Oralidad de Turbo, en procura
de la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, acceso a la
administración de justicia, al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad
social.
1
Que ingresó para fallo el 22 de abril de 2024.
2
Poder debidamente conferido al abogado Juan Carlos Coronel García identificado con cédula No.
5.726.202 de Rionegro y portador de la tarjeta No. 111.601 del C.S.J.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01715-00
Accionante: Jairo Enrique Palacios Serna
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Hechos relevantes
2. El 16 de enero de 1989, el señor Jairo Enrique Palacios Serna ingresó al
Ejército Nacional a prestar el servicio militar como soldado regular, siendo
asignado al Batallón Voltígeros No. 31 ubicado en Carepa (Antioquia).
3. El 29 de agosto de 1989 encontrándose en el Batallón, el señor Palacios Serna
fue impactado con un disparo de fusil por el soldado Harry Lozano Arboleda, por lo
que sufrió una amputación parcial de la mano izquierda y artrodesis en el dedo
pulgar de la mano derecha.
4. Por ese hecho, se le practicó una Junta Médico Laboral No. 854 del 1 de agosto
de 1990 en la Dirección de Sanidad y se le determinó una disminución de la
capacidad laboral del 64.64%, declarándolo no apto para la actividad militar.
5. A través de resolución No. 5657 del 18 de septiembre de 1991, se le reconoció
una indemnización por la disminución de capacidad, pero al día de hoy no ha
recibido tratamiento por parte de la entidad demandada.
6. El 1° de agosto de 2016, el señor Palacios Serna solicitó el reconocimiento de
pensión de invalidez, petición que fue negada por la Directora Administrativa y
coordinadora de Grupo Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa mediante
la Resolución No. 3747 del 8 de septiembre de 2016, con fundamento en el
artículo 90 del Decreto 094 de 1989, según el cual cuando se adquiera una
incapacidad durante el servicio y por la que se tenga una pérdida igual o superior
al 75% de su capacidad, tiene derecho mientras subsista a la incapacidad a una
pensión mensual pagadera por el Tesoro Público de acuerdo a los porcentajes allí
señalados3.
7. El actor presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución No.
3
“a) El 75% del sueldo básico de un Cabo superior o su equivalente, cuando en índice de lesión
fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75 % y no alcance al 95%. b) El
100 % del sueldo básico de un cabo segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado
determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75% y no alcance al 95%”.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01715-00
Accionante: Jairo Enrique Palacios Serna
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
3747 del 8 de septiembre de 2016 y se ordenara el reconocimiento, liquidación y
pago de la pensión de invalidez, desde el momento de su retiro, además del pago
de todas las mesadas pensionales a tiene derecho con la retroactividad.
8. El proceso correspondió al Juzgado 1° Administrativo de Oralidad de Turbo que,
por medio de providencia del 29 de mayo de 2019 negó las súplicas de la
demanda. Contra dicha decisión se interpuso recurso de apelación que fue
resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia que, a través de sentencia del
13 de diciembre de 2023, confirmó la sentencia de primera instancia.
Pretensiones
9. Solicita la parte accionante lo siguiente:
“[…]
Con el Convencimiento de que lo aquí ́ expuesto se ajusta al
ordenamiento contencioso administrativo y, es suficiente para que
no se desconozca el derecho puesto en movimiento con la
presentación de la demanda, ni se cierre la posibilidad del debate
jurisdiccional, porque ésta cumple con los requisitos que ameritan su
admisión, comedidamente solicito Tutelar el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia, al debido proceso, mínimo
vital, igualdad, a la seguridad social, y ordenar se deje sin efectos la
sentencia del Juzgado. Primero Administrativo de Oralidad de Turbo
y el Tribunal Administrativo de Antioquia, MP BEATRIZ HELENA
JARAMILLO MUÑOZ, dentro el proceso No 05837-33 -33-001-2017-
00302-01.y en consecuencia ordenar que en un término no mayor a
48 Horas sea proferida nuevo auto en donde se protejan los
derechos del accionante, valorándose las pruebas arrimadas en
forma efectiva y teniendo en cuenta los lineamientos que sobre el
particular se han venido expresando en diversas providencias del
órgano de cierre y de la Corte Constitucional, accediéndose a las
pretensiones de la demanda.
[…]”.
Fundamentos de la demanda de tutela
10. Manifiesta que las providencias judiciales acusadas incurrieron en un defecto
sustantivo, en relación con la aplicación de la norma más favorable respecto de la
pensión de invalidez en el régimen especial de las fuerzas militares y los requisitos
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01715-00
Accionante: Jairo Enrique Palacios Serna
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
exigidos para acceder a ella. Para ello, hace precisión de varias Leyes y Decretos
que se han venido aplicando a través del tiempo.
11. Argumenta que de acuerdo con el artículo 60 del Decreto 1836 de 1979, la
pensión de invalidez del personal de oficiales, suboficiales y agentes los cuales
adquieran una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o
superior al 75% de su capacidad sicofísica, es decir que mientras subsista la
incapacidad, tiene derecho a una pensión mensual pagadera por el Tesoro
Público.
12. Destaca que el Decreto 094 de 1989, en su artículo 90, establece que la
pensión de invalidez para soldados y grumetes se aplica a partir del 11 de enero
de 1989. Además, en sus artículos 15 y 87 se establece la clasificación de las
incapacidades y los tipos de invalidez, comenzando desde el 50%. Asimismo,
mediante el Decreto 1796 del 2000 determinó el derecho a la indemnización y la
liquidación de la pensión de invalidez para el personal vinculado en el servicio
militar obligatorio y los soldados profesionales.
13. Hizo referencia tanto al Decreto 1796 del 2000 como al Decreto 94 de 1989,
que instituye el procedimiento y los criterios para la disminución de la capacidad
laboral e indemnización. También mencionó que la Ley 923 de 2004, permite el
reconocimiento de las prestaciones a partir del 7 de agosto de 2002, según lo
establecido en la sentencia C-924 de 2005 de la Corte Constitucional, que declaró
exequible el artículo 6 de esa Ley.
14. Mencionó que el Consejo de Estado declaró la nulidad parcial del Decreto
4433 de 2004, en la sentencia del 28 de febrero de 2013, debido a que la
expresión "igual o superior al 75%" excedía la competencia otorgada para regular
la materia en el numeral 3.5 del artículo 3 de la Ley 923 de 2004. Por lo tanto, la
pensión de invalidez para los miembros de la fuerza pública, incluidos los
soldados, procede cuando se determina una pérdida de capacidad laboral igual o
superior al 50%.
15. Expuso que el accionante tiene derecho a la pensión de invalidez según lo
determinado por la Junta Médico Laboral desde el 1° de agosto de 1990. Además,
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01715-00
Accionante: Jairo Enrique Palacios Serna
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
aludió al Decreto 1157 de 2014 e hizo hincapié en el principio de favorabilidad,
citando la sentencia C-461 de 1995, que condiciona la exequibilidad de un aparte
de la Ley 100 de 1993 siempre y cuando se aplique en consonancia con los
artículos 13, 48 y 53 de la Constitución Política 4.
16. Relató que la sentencia T-436 de 2022, en los casos en los que se pretenda el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, el juez debe aplicar la condición
más beneficiosa, especialmente cuando se trata de sujetos de especial protección,
en relación con el derecho al mínimo vital, la vida digna y la seguridad social.
17. Respecto al régimen pensional especial, indicó que conforme a la Ley 100 de
1993, se debe asegurar una protección igual o superior sin discriminación ni
desventaja para los trabajadores. En el presente caso, ocurrido el 30 de diciembre
de 1989, podría deducirse que se aplicaba una norma no vigente en ese
momento. Sin embargo, según la sentencia C-444 del 18 de septiembre de 1997,
una ley posterior puede mejorar las condiciones económicas del pensionado sin
menoscabar los derechos ya reconocidos, en aplicación del principio de
retrospectividad.
18. Alega que en las sentencias se presenta un defecto fáctico y sustantivo debido
a la incorrecta valoración de las pruebas presentadas en el proceso. Aunque se
apliquen las reglas de la sana crítica, esta discrecionalidad no debe llevar a
decisiones arbitrarias, ya que esto implicaría desconocer el debido proceso. En la
sentencia T-1065 de 2006 se analiza un caso de pensión de invalidez, donde el
juez de segunda instancia confirmó la sentencia apelada, reconociendo el derecho
al pago de la pensión.
19. Finalmente, señala que el defecto fáctico puede manifestarse en dimensiones
negativas y positivas, ya sea por omisión o acción. Para respaldar este argumento,
se hace referencia a la sentencia T-417 de 2008.
4
Cita textual: “(...) la Corporación ha sostenido de manera reiterada que la igualdad se traduce en
el derecho de los individuos a que no se consagren excepciones o privilegios arbitrarios que los
excluyan de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias2." (negrilla fuera de texto) No
puede ser admisible que se excluya a un grupo de pensionados de un beneficio que se otorga a la
generalidad del sector y que tiende al desarrollo de un derecho constitucional, por simples
consideraciones subjetivas, que no encuentran asidero en los principios y valores constitucionales.
Como en forma reiterada lo ha manifestado la Corte, el derecho a la igualdad se traduce en una
garantía que impide a los poderes públicos tratar de manera distinta a quienes se encuentran en
iguales condiciones”.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01715-00
Accionante: Jairo Enrique Palacios Serna
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Trámite en primera instancia
20. Por medio de auto del 12 de abril de 2024, el despacho sustanciador admitió la
tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia y al
Juzgado Primero Administrativo Oral de Turbo como accionados y a la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado como terceros intervinientes.
Intervenciones
21. El Juzgado 1° Administrativo Oral del Circuito de Turbo remitió copia
digital del expediente 11001-03-15-000-2024-01715-00.
22. El Tribunal Administrativo de Antioquia se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, toda vez que la normatividad aplicable al caso concreto está prevista
en los Decretos 1836 de 1979 y 094 de 1989, en donde los requisitos para el
reconocimiento de la pensión de invalidez, se requiere una capacidad laboral igual
o superior al 75%. Es decir que, el demandante no cumplía con los requisitos para
obtener la misma.
23. En cuanto a la aplicación de la ley 100 de 1993, no es posible aplicar el
régimen general de pensiones, en el entendido de que los hechos se presentaron
en 1990 y esta ley no estaba vigente, pues empezó a regir desde el 1° de abril de
1994, además como lo manifiesta el Consejo de Estado 5, no se puede aplicar una
ley de manera retrospectiva cuando la disposición normativa no estaba vigente al
momento del acaecimiento del hecho.
24. Por último, en lo relacionado con la inadecuada valoración de las pruebas, se
indica que no se desconoció la pérdida de capacidad laboral del señor Palacios
Serna, sino que no se cumplieron los requisitos establecidos en la norma vigente
al momento de la ocurrencia de los hechos, a pesar de que se considere un sujeto
de especial protección.
5
Cita textual: “Radicación No. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09), Consejero Ponente
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren Radicación No. 13001-23-31-000-2005-02358-01 (0682-11),
Consejero Ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila; Sección Segunda, Subsección B, radicado:
68001-23-33-000-2015-00114-01(3259-16)”
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01715-00
Accionante: Jairo Enrique Palacios Serna
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
25. El apoderado del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional 6 solicitó que se
declarara improcedente el amparo, debido a que el accionante omitió su deber de
señalar con claridad los defectos en los que incurrieron los accionados ni
argumentar las razones de su violación, sin cumplir con los requisitos sustanciales
y procedimentales de esta acción constitucional. Por último, precisa que la parte
demandante pretende revivir la discusión probatoria y el análisis jurídico del
proceso ordinario.
26. La jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado7 indicó que, en relación con lo dispuesto en el presente caso,
no intervendrá en el presente asunto.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
27. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en la
presente acción por cuanto no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional.
28. La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de
competencia del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales e c) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces 8.
29. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber9:
6
El abogado Juan José́ Guarín Rivera, identificado con cédula de ciudadanía No 71.526.961 de
Medellín., y T.P. 202.168 del CSJ.
7
La señora Alie Rocio Rodríguez Pineda, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.030.791
de Bogotá D.C.
8
Sentencia T–422 de 2018.
9
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
7
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01715-00
Accionante: Jairo Enrique Palacios Serna
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no
basta aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la tutela no constituya una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está constituido para
proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia que el actor tenga
frente a la decisión judicial.
30. Revisada la demanda, se evidencia que el señor Jairo Enrique Palacios Serna
acudió a la acción de tutela con el propósito que se estudie nuevamente si, como
se discutió en el trámite de la primera y segunda instancia del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, le asiste el derecho de reconocimiento de
la pensión de invalidez por las lesiones causadas durante la prestación del
servicio militar obligatorio con fundamento en la Ley 100 de 1993. Lo anterior, por
cuanto la parte actora considera que, la resolución No. 3747 del 8 de septiembre
de 2016 no aplicó el régimen legal más favorable en materia de pensión de
invalidez.
31. La Sala considera que el caso fue objeto de estudio en dos instancias
judiciales, en las cuales claramente se abordó decisiones ajustadas a derecho, en
la medida de que el principio de favorabilidad sólo puede analizarse cuando esté
vigente. Ambas instancias, con fundamento en que las leyes 100 de 1993 y 923
del 2004 establecen que, no regían para el momento de la ocurrencia de los
hechos, porque entraron en vigor el 1° de abril de 1994 y 30 de diciembre de
2004. Sumado a lo anterior, la tutela se pretende reactivar un nuevo análisis de los
aspectos definidos por los jueces naturales con el planteamiento de los mismos
argumentos que dieron lugar a la interposición del recurso de apelación contra la
providencia del 29 de mayo de 2013, por medio de la cual el Juzgado 1°
Administrativo Oral del Circuito de Turbo negó las súplicas de la demanda, a
saber:
“[…] En línea con lo expuesto, el derecho a la pensión de invalidez de los
miembros de la Fuerza Pública surge cuando se genera una pérdida de
capacidad laboral igual o superior al 50% por lesiones o afecciones generadas
en servicio activo, con independencia de su origen, por lo que se procederá a
establecer si en el presente caso se reúnen estas condiciones.
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01715-00
Accionante: Jairo Enrique Palacios Serna
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Lo relativo a la condición más beneficiosa, contenida en el artículo 6. de la ley
923 de 2004, respecto de la Pensión de Invalidez estructurada, incluso, antes
del 07 de agosto de 2002, lo cual ha sido corroborado por la jurisprudencia
constitucional y que fue abordado en la demanda y en los alegatos de
conclusión, es un asunto que no fue resuelto por la sentencia confutada y por
ello, dicho pronunciamiento adolece de incongruencia, cuando quiera que se
limitó a desestimar las pretensiones con el único argumento de que, para
cuando ocurrieron los hechos generadores de la invalidez, se encontraba
vigente el Decreto 094 de 1989, que exigía un mínimo, de 75% de perdida de
la capacidad laboral, y no la Ley 100 de 1993. La misma incongruencia se
constata cuando el fallador a quo, guardó silencio en la sentencia, respecto de
la condición más beneficiosa aplicable entre regímenes pensionales. Está
claro que la Ley 923 de 2004, -art.6-, armonizado con el precedente judicial,
que extendió du cobertura mucho más atrás del 07 de agosto de 2002, es la
norma aplicable al caso controvertido y no, el Decreto Ley 094 de 1989, que
regla para la época en que mi mandante adquirió el estado de invalidez. […]
32. Aspectos fueron analizados y resueltos de manera razonada en segunda
instancia, bajo los siguientes fundamentos:
“[…] Se encuentra el Acta de Junta Médica Laboral No. 854 de agosto 1 de
1990, que determinó una disminución de la capacidad laboral del sesenta y
24
cuatro puntos sesenta y cuatro por ciento (64.64%) , sin que se indicara con
precisión la fecha de la estructuración de la disminución de la capacidad
laboral, por tanto, la norma que le resulta aplicable son los Decretos 1836 de
1979 y 094 de 1989, en lo relacionado con la pensión de invalidez.
La normativa relacionada determina que se considerará invalida a la persona
cuando la incapacidad permanente sea igual o superior al 75% de disminución
de la capacidad laboral, y al demandante le fue declarado un porcentaje del
64.64%. En ese orden, considera la Sala que el demandante no reúne los
requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de invalidez
determinados en la mencionada normativa y por ende no tiene derecho a
dicha prestación.
Aunado a ello, tampoco le es aplicable por favorabilidad la Ley 100 de 1993,
porque su situación se estructuró con anterioridad a su vigencia y no ha tenido
una agravación o no se demostró́ que se encuentre en proceso de
consolidación por lo tanto, la perdida de la capacidad laboral se podría
considerar que se consolidó desde 1990.
En tal sentido, esta Sala advierte que la determinación adoptada por el juez de
primera instancia está ajustada a derecho y, por tanto, no es dable acceder a
las pretensiones de la demanda, en la medida en que el principio de
favorabilidad solo puede analizarse cuando existen dos normas o una con
diferentes interpretaciones, siempre y cuando todas estén vigentes, y el de
retrospectividad, cuando la situación no se haya consolidado, lo que no ocurre
en el asunto sub judice, por cuanto, por una parte, las Leyes 100 de 1993 y
923 de 2004, no regían para el momento de la ocurrencia de los hechos
(valoración efectuada en el año de 1990), porque entraron en vigor el 1o. de
abril de 1994 y el 30 de diciembre de 2004 (con efectos retroactivos a partir
del 7 de agosto de 2002), respectivamente; y por otra, la situación del
9
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01715-00
Accionante: Jairo Enrique Palacios Serna
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
demandante se consolidó con la evaluación de la Junta Médica Laboral del 1o
de agosto de 1990.
Además, en el proceso tampoco se demostró́ que su estado de salud se haya
agravado con el paso del tiempo, de lo cual pueda predicarse un deterioro
gradual y progresivo a efectos de considerar que su estado de invalidez se
encuentra en proceso de consolidación. Este ha sido el criterio fijado por el
Consejo de Estado, puesto que garantiza una debida aplicación de los
principios de favorabilidad y retrospectividad de la ley.
Por último, resulta relevante advertir que el principio de favorabilidad no puede
servir de fundamento para darle aplicación retrospectiva a una disposición y,
consecuentemente, al demandante no le asiste el derecho al reconocimiento
de la pensión de invalidez reclamada y en la actualidad su pérdida de
capacidad laboral no ha ido en aumento para predicar un proceso de
consolidación de invalidez en curso.
Por consiguiente y de acuerdo con las pruebas aportadas al sub examine,
apreciadas en conjunto con las reglas de la sana critica, para esta Sala resulta
improcedente acceder a las pretensiones de la demanda, por cuanto como se
evidenció en el plenario, el libelista no alcanzó el porcentaje mínimo exigido
por la normativa a él aplicable, motivo por el cual habrá́ de confirmarse la
sentencia apelada.
En conclusión: el régimen por el que se rige la situación del demandante en
cuanto a la pensión de invalidez es el regulado en los artículos 60 y 89 de los
Decretos 1836 de 1979 y 094 de 1989, respectivamente, que exigen a los
soldados y grumetes de las Fuerzas Militares una disminución de la capacidad
laboral igual o superior al 75% a efectos de acceder a dicha prestación, en
esa medida, toda vez que el señor Jairo Enrique Palacios Serna se le
dictaminó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 64.64%, no reúne
los requisitos que rigen su situación pensional, para ser beneficiario de la
prestación solicitada.
Tampoco aportó elementos materiales probatorios que den cuenta que su
pérdida de capacidad laboral dictaminada en aquel tiempo continúa a la fecha,
que le impida desarrollar una actividad laboral para el sostenimiento digno
suyo y de su familia.
33. Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el
requisito de la relevancia constitucional, porque lo pretendido por la parte
accionante es que se realice un nuevo estudio de lo que ya fue definido válida y
razonablemente por el juez natural de la causa, lo que conlleva a la improcedencia
de la acción de tutela de la referencia por el incumplimiento del requisito
previamente mencionado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01715-00
Accionante: Jairo Enrique Palacios Serna
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Jairo Enrique Palacios Serna, actuando por conducto de apoderado, en
contra del Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Primero
Administrativo de Oralidad de Turbo.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: En caso de no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF.
11
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