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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01715-01

Fecha
20 de junio de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01715-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de mayo de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01715-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

20 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01715-01
Accionante: JAIRO ENRIQUE PALACIOS SERNA
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado - Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con
el requisito general de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
6 de mayo de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Jairo Enrique Palacios Serna solicitó, a través de apoderado judicial, el
amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo
vital, a la seguridad social y al acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración le atribuyó a las providencias de 29 de mayo de 2019 y 13 de diciembre
de 2023, proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Turbo y
el Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 05837-33-
33-001-2017-00302-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicó que ingresó desde el 16 de enero de 1989 al Ejército Nacional a prestar
servicio militar como soldado regular, siendo asignado al batallón Voltígeros,
ubicado en Carepa Antioquia.

2.2. Manifestó que el 29 de agosto de 1989 se encontraba en el batallón realizando
ejercicios de polígono y fue impactado por un proyectil de fusil disparado por el
soldado Harry Lozano Arboleda, sufriendo amputación parcial de la mano izquierda
y artrodesis en el dedo pulgar de la mano derecha.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01715-01
Accionante: Jairo Enrique Palacios Serna

2.3. Refirió que, mediante el Acta de Junta Médico-laboral núm. 854 de 1.° de agosto
de 1990, se concluyó que tenía una disminución de la capacidad laboral del 64.64%
y no era apto para continuar prestando el servicio militar.

2.4. Informó que, mediante la Resolución núm. 5657 de 18 de septiembre de 1991,
se le reconoció el valor de un millón quinientos sesenta y tres pesos, como
indemnización por la disminución de la capacidad laboral.

2.5. Indicó que, como consecuencia de haber sido declarado no apto, fue retirado del
servicio activo, sin recibir tratamiento médico.

2.6. Sostuvo que solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, la cual
le fue negada, a través de la Resolución núm. 3747 de 8 de septiembre de 2016,
por la Directora Administrativa y por la Coordinadora del Grupo de Prestaciones
Sociales del Ministerio de Defensa Nacional.

2.7. Señaló que promovió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
núm. 05837-33-33-001-2017-00302-00/01 en contra de la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Ejército Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de la
Resolución núm. 3747 de 2016 y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó
el reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de invalidez desde el momento
de su retiro.

2.8. Precisóque el proceso referido fue conocido por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Turbo, autoridad judicial que, mediante sentencia de
29 de mayo de 2019, negó las pretensiones de la demanda.

2.9. Manifestó que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y que,
mediante sentencia del 13 de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Antioquia confirmó el fallo de primera instancia.

2.10. Puntualizó que las anteriores decisiones, vulneraron sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad
social y al acceso a la administración de justicia, al incurrir en un defecto fáctico y
en un defecto sustantivo por el desconocimiento del principio de favorabilidad.

2.11. Respecto del defecto fáctico sostuvo, en síntesis, que no se valoró el material
probatorio allegado al proceso.

2.12. Frente al desconocimiento del principio de favorabilidad hizo mención a varias
leyes y decretos que son más favorables a su situación jurídica, pero que no fueron
tenidos en cuenta en las providencias judiciales cuestionadas.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

3

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01715-01
Accionante: Jairo Enrique Palacios Serna

“[…] Con fundamento en los hechos relacionados, solicito disponer y ordenar a
la parte accionada y a favor de mi poderdante, lo siguiente. Con el
Convencimiento de que lo aquí expuesto se ajusta al ordenamiento contencioso
administrativo y, es suficiente para que no se desconozca el derecho puesto en
movimiento con la presentación de la demanda, ni se cierre la posibilidad del
debate jurisdiccional, porque ésta cumple con los requisitos que ameritan su
admisión, comedidamente solicito Tutelar el derecho fundamental de acceso a
la administración de justicia, al debido proceso, mínimo vital, igualdad, a la
seguridad social, y ordenar se deje sin efectos la sentencia del Juzgado
Primero Administrativo de Oralidad de Turbo y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, MP BEATRIZ HELENA JARAMILLO MUÑOZ, dentro el proceso No
05837-33 -33-001-2017-00302-01 y en consecuencia ordenar que en un
término no mayor a 48 Horas sea proferida nuevo auto en donde se protejan
los derechos del accionante, valorándose las pruebas arrimadas en forma
efectiva y teniendo en cuenta los lineamientos que sobre el particular se han
venido expresando en diversas providencias del órgano de cierre y de la Corte
Constitucional, accediéndose a las pretensiones de la demanda […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 12 de abril de 2024, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
admitió la presente acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de
tercero con interés en el resultado del proceso a la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a los sujetos
vinculados, se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia señaló que se oponía a la prosperidad
de las pretensiones porque la norma que debía aplicarse era la vigente al momento
del hecho, no pudiendo aplicarse una norma que no regula la situación específica
del demandante en el proceso contencioso.

5.2. La
Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a través de su
apoderado, solicitó que se declare improcedente la presente acción de tutela por
no cumplir con los “[…] requisitos sustanciales y procedimentales […]”.

5.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a través del jefe de su
oficina asesora jurídica, indicó que no intervendría en el presente asunto.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 6 de mayo de 2024, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado concluyó que la acción de tutela carecía de
relevancia constitucional porque las autoridades judiciales accionadas estudiaron
el caso en forma razonable.

4

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Accionante: Jairo Enrique Palacios Serna

7. Señaló que las Leyes 100 de 23 de diciembre 19931 y 923 de 30 de diciembre de
20042 no podían ser aplicadas porque no estaba vigentes al momento de los
hechos, en tanto que entraron a regir el 1° de abril de 1994 y 30 de diciembre de
2004, respectivamente.

8. Por último, señaló que esta acción de la tutela pretendía realizar un nuevo análisis
de los aspectos definidos por los jueces naturales con los mismos argumentos que
fueron ventilados en el proceso ordinario.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

9. El accionante impugnó el fallo de primera instancia, y para tal efecto manifestó
que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales porque
para el momento de su accidente era un conscripto y se encontraba bajo la tutela
del Estado de Colombia.

10. Igualmente, hizo referencia a la sentencia de 6 de febrero de 20203, e indicó en
un caso similar se determinó la fecha de la estructuración de la invalidez era
necesaria a efectos de establecer a partir de qué momento se pierde de manera
definitiva su capacidad laboral y con ello, la capacidad de generar ingresos para su
sostenimiento.

11. Señaló que el Departamento Administrativo de la Función Pública expidió el
Concepto 2000-04200 de 2020, donde se pronunció respecto de la pensión de
invalidez de los miembros de las fuerzas armadas y del principio de favorabilidad
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

12. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20155, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20216, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20197.

1
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.”.
2
“Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el
artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política.”.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 6 de febrero de
2020, Exp. núm. 05001-23-31-000-2000-04200-01, C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez
4
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
6
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

5

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Accionante: Jairo Enrique Palacios Serna

VIII.2. Problemas jurídicos

13. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales
a las providencias de 29 de mayo de 2019 y 13 de diciembre de 2023, proferidas
por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Turbo y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, respectivamente. Sin embargo, la Sala sólo analizará
si la providencia de 13 de diciembre de 2023, proferida en segunda instancia por el
Tribunal accionado, vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante
porque esta decisión fue la que finiquitó la litis e hizo tránsito a cosa juzgada.

14. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado8, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

15. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

16. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

17. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

18. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de

8
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01715-01
Accionante: Jairo Enrique Palacios Serna

inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

19. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.

20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.

21. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

22. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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VIII.4. El caso concreto

23. El señor Jairo Enrique Palacios Serna solicitó, a través de apoderado judicial, el
amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo
vital, a la seguridad social y al acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración le atribuyó a las providencias de 29 de mayo de 2019 y 13 de diciembre
de 2023, proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Turbo y
el Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 05837-33-
33-001-2017-00302-00/01.

24. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de relevancia constitucional.

VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

25. En cuanto al requisito de procedencia de relevancia constitucional, cabe recordar
que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental13 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones14.

26. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales15, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces16.

27. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación17, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional

13
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
14
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
15
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
16
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
17
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.

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Accionante: Jairo Enrique Palacios Serna

por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto]

28. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202218 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Accionante: Jairo Enrique Palacios Serna

pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas
contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de
derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos
arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones económicas, la
Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se
advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la
protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante
los jueces ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]

29. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202319.

30. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el accionante se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la
discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto
de la mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación
judicial que no involucre derechos fundamentales20.

31. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

32. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, a la
seguridad social y al acceso a la administración de justicia, al haber incurrido,
presuntamente, en un defecto fáctico y en un defecto sustantivo por la vulneración
al principio de favorabilidad.

33. Frente al fáctico señaló que se incurrió en dicha causal al desconocer que en el
proceso reposaban las pruebas claras, precisas y pertinentes para demostrar la
invalidez del accionante.

19
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01715-01
Accionante: Jairo Enrique Palacios Serna

34. En cuanto al principio de favorabilidad, sostuvo que no se dio aplicación a la norma
más favorable respecto de la pensión de invalidez en el régimen especial de las
fuerzas militares y los requisitos exigidos para acceder a ella. Para ello, trajo a
colación las siguientes leyes y decretos que no fueron aplicadas por el juez de lo
contencioso administrativos: el artículo 90 del Decreto 094 de 1989, el Decreto 1796
del 2000, el Decreto 1157 de 2014, la Ley 100 de 1993 y la Ley 923 de 2004, entre
otras.

35. De conformidad con la sentencia de unificación SU-215 de 2022, se debe advertir
que la sola mención de la vulneración de los derechos fundamentales y la
asociación de dicha afectación con la configuración de un defecto es insuficiente
para tener por acreditado el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

36. Al respecto, se considera que la presente controversia carece de relevancia
constitucional porque: (i) el debate planteado no se hizo desde una óptica
constitucional, y (ii) la presente acción busca una tercera instancia.

37. Al respecto, esta Sala de Decisión ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que
para que un asunto supere el requisito general de relevancia constitucional es
indispensable que la discusión planteada en sede de tutela se haga desde una
óptica constitucional. Para ello es necesario que el accionante motive
suficientemente las razones por las que considera que la decisión judicial le
ocasiona una “[…] afectación desproporcionada a sus derechos fundamentales
[…]”.

38. De allí que esta Sala considera que la parte accionante no está poniendo de
presente que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad
judicial, sino que el motivo que fundamenta su inconformidad se sustenta,
básicamente, en los mismos argumentos que fueron expuestos en el proceso
ordinario.

39. En este punto, la Sala estima pertinente traer a colación los siguientes apartes de
la sentencia de 13 de diciembre de 2023, en los que se puede apreciar que el Tribunal
Administrativo de Antioquia analizó lo que el accionante está sustentando en esta
acción de tutela:

“[…] En tal sentido, esta Sala advierte que la determinación adoptada por el
juez de primera instancia está ajustada a derecho y, por tanto, no es dable
acceder a las pretensiones de la demanda, en la medida en que el principio de
favorabilidad solo puede analizarse cuando existen dos normas o una con
diferentes interpretaciones, siempre y cuando todas estén vigentes, y el de
retrospectividad, cuando la situación no se haya consolidado, lo que no ocurre
en el asunto sub judice, por cuanto, por una parte, las Leyes 100 de 1993 y 923
de 2004, no regían para el momento de la ocurrencia de los hechos (valoración
efectuada en el año de 1990), porque entraron en vigor el 1º. de abril de 1994
y el 30 de diciembre de 2004 (con efectos retroactivos a partir del 7 de agosto
de 2002), respectivamente; y por otra, la situación del demandante se consolidó

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Accionante: Jairo Enrique Palacios Serna

con la evaluación de la Junta Médica Laboral del 1º de agosto de 1990.
Además, en el proceso tampoco se demostró que su estado de salud se haya
agravado con el paso del tiempo, de lo cual pueda predicarse un deterioro
gradual y progresivo a efectos de considerar que su estado de invalidez se
encuentra en proceso de consolidación. Este ha sido el criterio fijado por el
Consejo de Estado, puesto que garantiza una debida aplicación de los
principios de favorabilidad y retrospectividad de la ley.

Ahora bien, al analizar la sentencia T-165 de 2016 de la Corte Constitucional,
sin embargo, corresponde a elementos fácticos diferentes, debido a que el
hecho acaecido al accionante, el señor Ariel Castaño Salazar ocurrió el 23 de
septiembre 1997, con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993,
mientras que, en este caso, el daño se estructuró en el año de 1990, cuando
no existía dicha normatividad.

(…).

Por último, resulta relevante advertir que el principio de favorabilidad no puede
servir de fundamento para darle aplicación retrospectiva a una disposición y,
consecuentemente, al demandante no le asiste el derecho al reconocimiento
de la pensión de invalidez reclamada y en la actualidad su pérdida de capacidad
laboral no ha ido en aumento para predicar un proceso de consolidación de
invalidez en curso.

Por consiguiente y de acuerdo con las pruebas aportadas al sub examine,
apreciadas en conjunto con las reglas de la sana crítica, para esta Sala resulta
improcedente acceder a las pretensiones de la demanda, por cuanto como se
evidenció en el plenario, el libelista no alcanzó el porcentaje mínimo exigido por
la normativa a él aplicable, motivo por el cual habrá de confirmarse la sentencia
apelada.

En conclusión: el régimen por el que se rige la situación del demandante en
cuanto a la pensión de invalidez es el regulado en los artículos 60 y 89 de los
Decretos 1836 de 1979 y 094 de 1989, respectivamente, que exigen a los
soldados y grumetes de las Fuerzas Militares una disminución de la capacidad
laboral igual o superior al 75% a efectos de acceder a dicha prestación, en esa
medida, toda vez que el señor Jairo Enrique Palacios Serna se le dictaminó un
porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 64.64%, no reúne los requisitos
que rigen su situación pensional, para ser beneficiario de la prestación
solicitada.

Tampoco aportó elementos materiales probatorios que den cuenta que su
pérdida de capacidad laboral dictaminada en aquel tiempo continúa a la fecha,
que le impida desarrollar una actividad laboral para el sostenimiento digno suyo
y de su familia […]”. [Negrilla y subrayado original del texto]

40. La transcripción anterior permite evidenciar que lo pretendido por la parte
accionante es reiterar los argumentos que fueron objeto de análisis por el juez natural
de la causa.

41. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”21.

21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Accionante: Jairo Enrique Palacios Serna

42. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”;
ya que en “el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”22. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”23.

43. Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección confirmará el
fallo impugnado, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de mayo de 2024, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

22
Ibidem.
23
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01715-01
Accionante: Jairo Enrique Palacios Serna

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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