Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01727-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01727-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01727-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
13 de diciembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01727-01
Accionante: Patricia Brito Caldera y Otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 11001-03-15-000-2024-01727-01
Accionante: Patricia Brito Caldera
Accionados: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela
Tema: acción de tutela.
Subtema 1: requisitos generales de procedencia.
Subtema 2: legitimación en la causa por pasiva.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia del 12 de septiembre de 2024, proferida por el Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección A, que declaró la improcedencia de la acción por
falta de legitimación en la causa por pasiva de la Presidencia de la República.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela
Patricia Brito Caldera, en nombre propio y en representación de su hijo menor de
edad, presentó solicitud en procura de la protección de sus derechos fundamentales
a la vida, a la salud, a la intimidad, al habeas data, al debido proceso, a la dignidad
humana, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, garantías que
consideró vulneradas por la Presidencia de la República, el presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la Consejería para la
Equidad de la Mujer, la Procuraduría General de la Nación, la Corte Suprema de
Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal
Superior de Bogotá - Sala Civil, entre otros organismos1.
1.2. Pretensiones y argumentos de la acción de tutela
La parte actora pidió al juez constitucional el amparo de sus derechos
fundamentales a la vida, a la salud, a la intimidad, al habeas data, al debido proceso,
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Índice 2 de SAMAI, primera instancia.
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a la dignidad humana, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia; y
que, en consecuencia, ordene a la Presidencia de la República adoptar las medidas
necesarias para proteger sus derechos fundamentales y los de su menor hijo,
reparar los daños causados e indemnizar la negligencia de los servidores públicos
“al permitir que los sustentos de decisiones judiciales y administrativas sean las
historias clínicas alteradas y manipuladas de los pacientes y pro (sic) su omisión de
garantizar los derechos prevalentes del niño”.
La accionante manifestó, en síntesis, que en el curso del proceso civil de
responsabilidad contractual identificado con radicado núm. 11001-31-03-015-2011-
00052-00, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyó que
existía un nexo causal entre las lesiones padecidas por su hijo y los procedimientos
médicos practicados; deducción a la que también arribó el Tribunal de Ética Médica
Seccional de Bogotá.
Sostuvo que la Fiscalía General de la Nación, a pesar de la contundencia del
material probatorio, archivó el proceso adelantado con ocasión de una denuncia
instaurada por ella, por los hechos atribuibles a las instituciones hospitalarias y a los
médicos tratantes.
Añadió que fue víctima de violencia de género, por cuanto no recibió la debida
atención de parte de las autoridades.
Expresó que, en el proceso civil, se descubrió que las historias clínicas fueron
alteradas, incluyendo diagnósticos falsos y manipulando la información médica; y
que, pese a las conclusiones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
no se han establecido las secuelas médico-legales de ella y de su hijo. A su juicio,
las autoridades han favorecido injustamente a Colsanitas Medicina Prepagada S.A.
y a la Clínica Reina Sofía.
1.3. Trámite en primera instancia
1.3.1. El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, mediante auto del
15 de abril de 20242, resolvió no avocar conocimiento de la acción de tutela, en
consideración a que esta buscaba discutir y dejar sin efectos providencias dictadas
por autoridades de la jurisdicción ordinaria, y remitió el asunto a la Corte Suprema
de Justicia.
1.3.2. La Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, en
proveído del 25 de julio de 20243, puso de presente que el escrito de tutela radicado
2 Índice 4 de SAMAI, primera instancia.
3 Índice 12 de SAMAI, primera instancia.
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por la señora Brito Caldera era idéntico a uno que presentó con anterioridad, razón
por la cual ordenó su acumulación. Una vez precisado lo anterior, admitió la acción
de tutela frente a algunos organismos4, decidió no impartir tramite a los reparos
elevados en contra de otros5, y remitió al Consejo de Estado lo atinente al presidente
de la República6.
1.3.3. El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, a través de
providencia del 21 de agosto de 20247, admitió la acción de tutela que instauró la
señora Brito Caldera en contra del presidente de la República y ordenó efectuar las
notificaciones correspondientes.
1.3.4 La Presidencia de la República, en informe rendido ante esta Corporación8,
pidió su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva,
por cuanto, en su sentir, los reclamos y las peticiones de la accionante no son
competencia de la entidad.
1.4. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, en sentencia del 12 de
septiembre de 20249, declaró la improcedencia de la acción por falta de legitimación
en la causa por pasiva de la Presidencia de la República.
Como fundamento de su decisión, consideró que los hechos que expuso la
accionante indican presuntos yerros u omisiones de las autoridades judiciales y
administrativas que han tenido conocimiento del proceso de responsabilidad civil
contractual, que se adelantó por las lesiones que sufrió su bebé. En esa medida, a
4 Fiscalía Novena Delegada ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
5 “No se imparte trámite a las quejas elevadas contra las Salas Plena, de Casación Penal, Laboral y Civil, Agraria
y Rural, todas de la Corte Suprema de Justicia, la Procuradora y Fiscal General de la Nación, la Defensoría del
Pueblo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia
de Industria y Comercio, el Tribunal de Ética Médica Seccional Bogotá, el Instituto Colombiano de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.), la Consejería para la
Equidad de la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la Defensoría del Pueblo,
el doctor Nattan Nisimblat Murillo, antes Procurador Judicial II y en la actualidad Magistrado de la Sala Civil
Familia Tribunal Superior de Antioquia, la Sala Laboral del Tribunal Superior, los Juzgados Décimo Penal
Municipal con Función de Control de Garantías, Segundo, Tercero, Quince, Dieciséis y Veinte Civil del Circuito,
todos de Bogotá, las Fiscalías 119 Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito y 110 Local de la
Unidad de Violencia Intrafamiliar delegada ante los Jueces Municipales de la misma ciudad, la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de dicha urbe, las Clínicas Colsanitas S.A. y Country S.A.,
la Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A. Datcom Systems S.A., Medicina Suma Emergencias S.A.
(Hoy Grupo EMI), la Personería Distrital y la Secretaría Distrital de Salud, por cuanto al ser escindidas por la
Sala de Casación Laboral de la Corte mediante providencia del 2 de febrero del año que avanza dentro del
amparo que acá se acumula, fueron repartidas a las autoridades judiciales que les correspondía su conocimiento
conforme con el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, de ahí que ya están cursando
su trámite”.
6 “Se escinde el reproche expuesto por la actora contra el señor Presidente de la República, Doctor Gustavo
Francisco Petro Urrego, cuyos fundamentos si se hicieron explícitos en el presente asunto, comoquiera que su
estudio no repercute o trasciende en las actuaciones administrativas y judiciales que aquella censura, pues se
relacionan con la supuesta omisión del accionado en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y
legales, de suerte que dicho examen constitucional debe ser efectuado en primera instancia por el Consejo de
Estado, de acuerdo con lo normado en el numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (..)”.
7 Índice 14 de SAMAI.
8 Índices 18, 19 y 20 de SAMAI, primera instancia.
9 Índice 26 de SAMAI, primera instancia.
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juicio del a quo, la Presidencia de la República carece de legitimación en la causa
por pasiva, pues, revisado el escrito de tutela, no es posible determinar cuál fue la
acción u omisión de la mentada entidad que le vulnerara derechos fundamentales
a la señora Brito y a su hijo.
Finalmente, frente a la pretensión relativa a que la Presidencia de la República le
indemnice los supuestos daños ocasionados por los servidores judiciales que
conocieron y tramitaron el proceso civil, con fundamento en pruebas “fraudulentas,
advirtió que la Constitución Política, en el artículo 113, dispone que las ramas del
poder público tienen “funciones separadas pero colaboran armónicamente para la
realización de sus fines”, de ahí que como la Rama Judicial tiene autonomía e
independencia en sus decisiones no es dable atribuirle responsabilidad a la
Presidencia de la República por las inconsistentes que pudieren presentarse en el
proceso civil.
1.5. Impugnación
1.5.1. La parte actora presentó escrito en el que 10, de una parte, pidió la declaración
de nulidad de todo el proceso con fundamento en las causales prescritas en los
numerales 2, 5 y 8 del artículo 133 del Código General del Proceso. En su defecto,
impugnó la sentencia de primer grado y solicitó su revocación.
Sustentó su inconformidad en que nunca cambió el contenido de su tutela, esto es,
esta no se centró exclusivamente en la Presidencia de la República, como
erróneamente se interpretó en el fallo. Aseguró que la escisión de su solicitud de
amparo, hecha por el a quo, es improcedente y desconoce una providencia de la
Corte Constitucional en firme, que dispuso que la tutela es inescindible.
Pidió que se declare la legitimación en la causa por pasiva de la Presidencia de la
República, por cuanto esta es garante de los derechos fundamentales de todos los
colombianos, especialmente de los menores de edad y de las mujeres. En esa línea,
explicó que la Presidencia de la República, como máxima autoridad de la Rama
Ejecutiva, tiene la obligación constitucional de intervenir cuando se evidencian
violaciones de derechos fundamentales, en particular si estas surgen de la omisión
de otras entidades del Estado.
Añadió que el fallo de primera instancia pasó por alto que la inacción de la
Presidencia de la República frente a la alteración de historias clínicas y la
manipulación de pruebas ha permitido que las vulneraciones a sus derechos
fundamentales persistan. En su criterio, la entidad accionada no solo tenía la
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capacidad, sino la obligación de intervenir administrativamente para garantizar el
respecto de sus derechos y para que los procesos judiciales y administrativos se
edifiquen en pruebas veraces.
Puso de presente que el presidente de la República ha actuado en situaciones
donde ciudadanos fueron afectados por entidades privadas, lo que demuestra la
discriminación al no brindar la misma protección; por ejemplo, la reciente decisión
de cerrar temporalmente el restaurante Andrés Carne de Res.
1.5.2. El magistrado ponente en sede de primera instancia, a través de auto del 30
de octubre de 202411, negó la nulidad propuesta, en tanto las argumentaciones
esgrimidas por la accionante no se adecuan a las causales de nulidad señaladas ni
del escrito se deduce que la situación expuesta encaje en alguna de ellas, y
concedió la impugnación formulada.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
2.2. Cuestión previa
En vista de que la accionante, en su escrito de impugnación, refiere que la autoridad
judicial que conoció en primera instancia la presente acción desvió el sentido de la
solicitud de amparo que fue presentada, es menester realizar unas precisiones.
Aun cuando es cierto que Patricia Brito Caldera, en nombre propio y en
representación de su hijo menor de edad, instauró acción de tutela en contra de
múltiples entidades y funcionarios públicos, esta Corporación únicamente admitió la
solicitud de amparo respecto de las imputaciones realizadas en contra de la
Presidencia de la República, tal como ha sido expuesto a lo largo de este trámite.
En otros términos, la posible vulneración de derechos fundamentales por parte de
los otros organismos no será objeto de pronunciamiento en este fallo. Lo anterior
no significa que sus reparos en contra de los demás accionados no vayan a ser
estudiados y resueltos a través de una sentencia, sino que el conocimiento ha sido
asignado a distintas autoridades judiciales.
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2.3. Procedibilidad de la acción
La Sala iniciará su estudio con el requisito de legitimación en la causa por pasiva,
en atención a que su ausencia fue la razón por la que el Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección A declaró la improcedencia de la acción.
2.3.1. Legitimación en la causa por pasiva
De acuerdo con los artículos 86 de la Constitución Política y 5 del Decreto 2591 de
1991, la acción de tutela procede en contra de las autoridades públicas o
particulares que amenacen o vulneren derechos fundamentales.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que este requisito “hace
referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la
llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en
caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”12. De modo
que la autoridad accionada no estará legitimada en la causa por pasiva cuando no
le sea atribuible la amenaza o la vulneración de derechos fundamentales alegada
por el accionante.
Para la Sala, y como bien lo concluyó el a quo, no resulta procedente predicar una
vinculación entre los hechos y las omisiones que originan el presente proceso con
la Presidencia de la República. En efecto, de un lado, el vínculo material queda
excluido con la valoración de los hechos en los que se sustenta la demanda y las
pruebas obrantes en el expediente y, de otro, el nexo funcional se desvirtúa al
analizar las atribuciones constitucionales y legales de la entidad demandada.
Veamos:
En el escrito de tutela, la accionante incluyó un amplio recuento fáctico,
principalmente encaminado a denotar los pormenores del proceso civil de
responsabilidad contractual identificado con el radicado núm. 11001-31-03-015-
2011-00052-00 y a revelar la utilización, por parte de las autoridades judiciales que
conocieron dicha causa, de historias clínicas alteradas y manipuladas, entre
muchas otras irregularidades acaecidas en procedimientos judiciales y
administrativos. Todo ello se remonta al tercer parto de la señora Brito Caldera,
intervención quirúrgica en la que, según lo manifestado por la accionante, le
causaron un daño a ella y a su hijo, por lo que llevan varios años en búsqueda de
justicia.
Como pretensiones, la señora Brito Caldera solicitó una diversidad de cuestiones,
12 Corte Constitucional, sentencias SU-077 de 2018 y T-582 de 2023.
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todas enfocadas a que se reconozca la responsabilidad de ciertos organismos en
los hechos ocurridos durante el procedimiento quirúrgico a ella practicado, a que se
restablezcan los derechos vulnerados en este último evento, a que se ordene dejar
sin efectos algunas decisiones dictadas por autoridades de la jurisdicción ordinaria,
a que la Fiscalía General de la Nación investigue las circunstancias que rodearon el
referido incidente, a que distintas entidades defiendan sus garantías transgredidas
con ocasión de lo narrado y a que las historias clínicas sean valoradas en su
integridad, sin que puedan ser objeto de manipulaciones ni alteraciones.
Tal como puede observarse, la Presidencia de la República no es mencionada ni
está involucrada en alguno de los hechos relatados. La realidad es que, revisado el
escrito de tutela, esta Subsección no pudo encontrar que dicha entidad haya
participado en los sucesos descritos por la accionante. Por lo que, en principio, no
quedaría otro camino que declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Aun así, teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la señora Brito Caldera
en el escrito de impugnación, resulta pertinente desarrollar unas precisiones
adicionales.
De conformidad con el artículo 11313 de la Constitución Política, son ramas del poder
público: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. La cabeza de la Rama Ejecutiva es el
presidente de la República, quien ejerce como jefe del Estado, jefe de gobierno y
suprema autoridad administrativa14. Por su parte, las distintas cortes, tribunales y
jueces son los encargados de administrar justicia; en determinados eventos, según
lo estatuya la ley, lo pueden hacer particulares, autoridades administrativas y otras
corporaciones15.
A partir de las antedichas disposiciones constitucionales, la Corte Constitucional ha
construido una teoría consistente y reiterada acerca del principio de separación de
poderes16. Esta última institución busca definir de manera precisa las competencias
y atribuciones de los diferentes órganos y, además, limitar el ejercicio del poder.
En efecto, tal como lo indicó la parte accionante, debe existir una colaboración
armónica entre las distintas ramas, pues “es deber de las distintas entidades
públicas confluir en el desarrollo de los fines y valores constitucionales, e integrarse
para materializarlos”17. Sin embargo, ello en modo alguno implica que el presidente
de la República tenga la facultad de entrometerse en el funcionamiento de las
13 “Artículo 113. Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además de los órganos
que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del
Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la
realización de sus fines”.
14 Artículo 115 de la Constitución Política.
15 Artículo 116 de la Constitución Política.
16 Por ejemplo: sentencias C-312 de 1997 y C-246 de 2004.
17 Corte Constitucional, Sentencia C-253 de 2017.
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demás ramas del poder público, puesto que la Constitución y las leyes han definido
de manera precisa la estructura orgánica del Estado y las competencias que están
a cargo de cada ente.
En el caso concreto, no puede exigírsele al presidente de la República que le dé
órdenes a autoridades judiciales, quienes pertenecen a una rama independiente y
autónoma, o que se inmiscuya en los asuntos debatidos en un proceso judicial;
atribuciones que no le fueron conferidas, con arreglo a lo preceptuado en el artículo
189 de la Constitución Política. Las inconformidades que se tengan frente a
providencias judiciales deben ser planteadas a través de los mecanismos
dispuestos por la ley para ese fin.
La anterior conclusión también es aplicable en los eventos en que se pretenda que
el presidente se involucre directamente en los procedimientos llevados a cabo por
entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Superintendencia Nacional de Salud
y la Superintendencia de Industria y Comercio, organismos incluidos en el escrito
de amparo, puesto que son entes con personería jurídica, autonomía administrativa
y patrimonio propio.
Por otro lado, aunque es cierto que el presidente de la República tiene la obligación
de garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos18, esa
responsabilidad no puede interpretarse de manera aislada, sino que ese precepto
debe ir en consonancia con las demás disposiciones constitucionales y legales.
En consecuencia, el primer mandatario, como funcionario público, solo puede hacer
aquello que le está permitido por el ordenamiento jurídico19, y una posible omisión
debe ser valorada en el marco de sus funciones, de ahí que bajo ningún punto de
vista aquel sea el llamado a responder por las actuaciones de las autoridades
judiciales o de otros organismos de la Rama Ejecutiva.
Lo hasta aquí planteado permite colegir que a la Presidencia de la República no
puede imputarse conducta vulneradora de los derechos fundamentales invocados
como desconocidos, ni por acción ni por omisión; por consiguiente, la sentencia de
primera instancia será confirmada.
No huelga mencionar que, en lo concerniente al supuesto trato desigual sustentado
en que el presidente de la República actuó en el caso del restaurante Andrés Carne
de Res, no le asiste razón a la actora comoquiera que los dos casos tienen
18 Artículo 188 de la Constitución Política.
19 Constitución Política. “Artículo 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en
el ejercicio de sus funciones”.
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fundamentos fácticos y jurídicos diversos. Nótese que en el referido incidente fue el
Ministerio de Trabajo, en ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y
control, la entidad que tomó las medidas correspondientes y no el señor presidente
de la República de manera directa.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2024, por el
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.
TERCERO. ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Firmado electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
Firmado electrónicamente
FAO
9
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