Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01733-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01733-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01733-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
16 de mayo de 2024
Demandante: SINSINDESENA
Demandados: Presidente de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01733-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Ricaurte, Cundinamarca, dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01733-00
Demandante: SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS Y
CONTRATISTAS DEL SENA - SINSINDESENA
Demandados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas: Tutela contra acto administrativo – declara la
improcedencia de la acción de tutela.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Resuelve la sala la acción de tutela formulada por el Sindicato de Servidores
Públicos y Contratistas del SENA contra el presidente de la República y otros,
de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El vicepresidente de la Junta Directiva del Sindicato de Servidores Públicos y
Contratistas del SENA (en adelante SINSINDESENA), señor Manuel Salvador
Bustos Hernández, en nombre propio y en representación de la persona
jurídica, presentó acción de tutela1 contra el «Gobierno Nacional del Presidente
Gustavo Petro, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ministro del Trabajo,
Departamento Administrativo de la Función Pública», con el fin de que se
amparen sus derechos fundamentales al «Principio de Jerárquica de la Norma,
1 Con escrito presentado el 9 de abril de 2024, a través del correo
tutelaenlinea1@deaj.ramajudicial.gov.co y remitido el 10 de abril del mismo año a la Secretaría
General del Consejo de Estado.
1
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Demandante: SINSINDESENA
Demandados: Presidente de la República y otros
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Derecho de Igualdad ante la Ley, Debido Proceso, Derecho de Asociación y
Libertad Democrática Sindical, Confianza Legítima y Seguridad Jurídica» 2.
Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión
de la expedición del Decreto 243 de 20243, por parte del Gobierno Nacional, y a
partir del cual el SENA ha adoptado algunas directrices al emitir la
comunicación No. 01-2-2024-000231 de 2 de abril 20244.
1.2. Peticiones de amparo constitucional
Las pretensiones de la demanda fueron las siguientes:
El Accionante muy respetuosamente requiere del Honorable Tribunal
Contencioso Administrativo de Cundinamarca, que Tutele y Ampare como
MECANISMO TRANSITORIO, los Derechos Fundamentales Constitucionales
PRINCIPIO DE LA JERARQUÍA DE LA NORMA, DERECHO DE IGUALDAD
ANTE LA LEY, DEBIDO PROCESO, DERECHO DE ASOCIACIÓN Y LIBERTAD
DEMOCRÁTICA SINDICAL, CONFIANZA LEGÍTIMA, para evitar un PERJUICIO
IRREMEDIABLE IUS FUNDAMENTAL, a la Organización Sindical
SINSINDESENA, al quedar por fuera de la Comisión Negociadora del Pliego de
Peticiones. Como consecuencia del Amparo Constitucional se ordene al
Gobierno Nacional del Presidente Gustavo Petro, el Ministro de Hacienda y
Crédito Público, Ministro del Trabajo, el Departamento Administrativo de la
Función Pública, emitan un Acto Administrativo y/o una orden de Negociar los
Pliegos de Peticiones con los parámetros del Decreto No.160 de 2014, además
de hacerla extensiva al SENA.
i). MEDIDA CAUTELAR:
El Accionante muy respetuosamente requiere del Honorable Tribunal
Contencioso Administrativo de Cundinamarca que según lo reglado en el Decreto
No. 2591 de 1991, Artículo 7° Decrete como MEDIDA PROVISIONAL la
Suspensión y Aplicación de los efectos Jurídicos del Decreto No. 0243 de 2024,
debido a que la Norma en Sede de Tutela amenaza y vulnera el Artículo 4° de la
Constitución Política de Colombia de 1991 y los Convenios 087, 151, 154 de la
OIT", y la Jurisprudencia de la Corte Constitucional Sentencia C-567 de 2000 y
Sentencia C-063 de 2008 ,hasta tanto la Honorable Constitucional emita
Sentencia de Fondo en la demanda de Inconstitucionalidad que presentó las
Organizaciones Sindicales SINSINDESENA Radicación D0015809,
SINDETRASENA Radicación D0015814 y el ciudadano MÁRIO LEÓN TIRIA
Radicación D0015805, la cual está cursando trámite en la Corte Constitucional 5.
2
Cita del texto original con posibles errores.
3
«Por el cual se modifica el Capítulo 4 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de
2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo en lo relativo a los procedimientos de
negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos».
4 El actor indicó que mediante esa comunicación se convocó a 14 sindicatos que presentaron
pliegos de peticiones, «para la Unificación del Pliego de Peticiones y Comisión Negociadora de
los Trabajadores según el Decreto No. 0243 de 2024».
5
Transcrito del texto original con posibles errores.
2
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1.3. Hechos
La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la
sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
El extremo actor indicó que en vigencia del Decreto 160 de 20146 se firmó7 el
acuerdo colectivo «2018-2021» entre el SENA y las organizaciones sindicales
de esa entidad en el cual se concertó que se constituiría una comisión
negociadora de los trabajadores integrada por 16 representantes sindicales
«con arreglo en el Principio de Progresividad y No Regresividad».
Acotó que, el 26 de febrero de 2024 presentó el pliego de peticiones de
conformidad con las reglas estipuladas en el mencionado Decreto 160 de 2014,
no obstante, el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Trabajo expidió el
Decreto 243 de 29 de febrero de 20248, el cual considera «regresivo,
inequitativo e inconstitucional», razón por la cual refirió que ejerció una
demanda por inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
Informó que, la Dirección General del SENA emitió la comunicación n. ° 01-2-
2024-00231 de 2 de abril de 2024 mediante la cual convocó algunos9 sindicatos
que presentaron pliego de peticiones, con el fin de integrar la comisión
negociadora de los trabajadores para la unificación de las peticiones, pero, de
conformidad con las reglas señaladas en el Decreto 243 de 2024. También se
designó la comisión por parte del SENA.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora reprochó que el Gobierno Nacional hubiese expedido el Decreto
243 el 29 de febrero de 2024, esto es, en el último día de plazo para que las
asociaciones sindicales presentaran los respectivos pliegos de peticiones, en
atención a que el acuerdo colectivo «2018-2021» al que llegaron las
mencionadas personas jurídicas y el SENA se suscribió en vigencia del Decreto
160 de 2014.
6
«Por el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo
relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones
de empleados públicos».
7
El 3 de diciembre de 2021.
8
«Por el cual se modifica el Capítulo 4 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de
2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo en lo relativo a los procedimientos de
negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos»
9
«SINDESENA, SETRASENA, SINSINDESENA, UNALTRASENA, COSSENA, SIIDSENA,
ATRAES-SENA, ASESENA, SEASENA, SINDETRASENA, ASSOSERVICIOS-SENA,
USTRAB SENA, SINDEP SUBDIRECTIVA PIEDECUESTA».
3
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Lo anterior, con fundamento en que el referido Decreto 243 de 2024 modificó
las reglas concernientes a la forma en que se integra la comisión negociadora
de los trabajadores, en tanto garantiza la participación de los sindicatos que
tienen mayor número de afiliados y deja sin posibilidad de representación a
aquellos que hacen parte de la minoría, puesto que en el artículo 2.2.2.4.11 se
señaló lo siguiente:
Se realizará la distribución en orden decreciente iniciando con la Organización
con mayor número de afiliados hasta llegar a la organización con menor número
de afiliados sin exceder de seis (6) Representantes por Organización, cada
Organización tendrá un Representante por cada 25 empleados públicos afiliados.
Al respecto, resaltó que el texto en cita es ambiguo al no determinar de manera
clara cómo será el ejercicio de integración de la comisión negociadora debido a
que 12 de los sindicatos están en condición de minoría de afiliados y estos
presentaron sus pliegos de peticiones en vigencia del Decreto 160 de 2014,
mientras que las asociaciones que representan la mayoría radicaron sus
requerimientos el día en que se dictó el Decreto 243 de 2024. Por lo anterior,
resaltó que:
Así como está planteado el Artículo 2.2.2.4.11 del Decreto No. 0243 de 2024,
deja al libre albedrío y con una interpretación sesgada la Integración de la
Comisión Negociadora de los Trabajadores del SENA, la cual según los puntos
de vista del Sindicato SINDESENA Tradicional con mayor Número de Afiliados y
el otro Sindicato SETRASENA le sigue con 499 Afiliados se constituye un
panorama oscuro para los Sindicatos minoritarios de cuál sería la fórmula para
hacer parte de la Comisión Negociadora de los Trabajadores del SENA, en estos
momentos que pasará con los doce (12) Sindicatos presentaron Pliego de
Peticiones que lo hicieron cuando estaba vigente el Decreto No.160 de 2014 ,
donde queda la Autonomía Sindical y la Representación Sindical de los Afiliados.
Agregó que, la comunicación n. ° 01-2-2024-00231 de 2 de abril de 2024 a
través de la cual el SENA convocó a los sindicatos que presentaron pliegos de
peticiones con el propósito de unificarlos, «pone en riesgo la jerarquía de las
normas que hace que aquellas de rango superior, con la Constitución a la
Cabeza, sean la fuente de validez de las que les siguen en dicha escala».
Para tal efecto, advirtió como desatendido el derecho a la igualdad, toda vez
que «no debe haber discriminación de una persona natural o jurídica»; los
principios de confianza legítima y seguridad jurídica a partir de los cuales «el
ciudadano debe poder evolucionar en un medio jurídico estable y previsible»; y
el principio de progresividad concerniente a que el Estado debe garantizar la
existencia de toda persona en condiciones dignas.
4
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Finalmente, invocó el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo 10, el
artículo 4. ° de la Constitución Política, el Decreto 1631 de 2021 y
«[j]urisprudencia de la Corte Constitucional 11».
1.5. Trámite de la acción
1.5.1. Mediante providencia de 12 de abril de 2024 se admitió la acción de
tutela y se dispuso tener como autoridades judiciales accionadas al presidente
de la República, a la Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, al Ministerio del Trabajo y al Departamento Administrativo de la
Función Pública.
También dispuso la vinculación, en calidad de terceros con interés, del Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, a los sindicatos SINDESENA, SETRASENA,
UNALTRASENA, COSSENA, SIIDSENA, ATRAES-SENA, SINSINDESENA,
ASESENA, SEASENA, SINDETRASENA, ASSOSERVICIOS-SENA, USTRAB-
SENA, SINDEP SUBDIRECTIVA PIEDECUESTA y las demás organizaciones
sindicales del SENA.
De otro lado, se negó la medida provisional solicitada12, con fundamento en que
no se advertía el cumplimiento del requisito de urgencia o la existencia de un
perjuicio irremediable que hiciera necesaria la intervención del juez
constitucional, en esta etapa procesal.
Finalmente, se ordenó a la Oficina de Sistemas de la Corporación realizar una
publicación de la información relativa a esta acción de tutela, en la página web
del Consejo de Estado.
1.5.2. Con auto de 2 de mayo de 2024 se requirió al señor Manuel Salvador
Bustos Hernández para que; (i) allegara los documentos actualizados a través
de los cuales acreditara su calidad y legitimación frente al sindicato que
afirmaba representar; y (ii) manifestara y demostrara si actuaba como
representante de la señora Sandra Liliana Carvajal Duque, o justifique por qué
hacía las veces de agente oficioso13.
10
Convenios 087, 151, 154 de la OIT.
11
Sentencias C-567 de 2000 y C-063 de 2008.
12
Consistente en la suspensión y aplicación de los efectos jurídicos del Decreto 243 de 2024.
13
Este requerimiento se hizo en atención al memorial aportado el 23 de abril de 2024, en el cual
la parte accionante puso de presente la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
trabajo, a la salud, al mínimo vital y del principio de la dignidad de la señora Carvajal Duque, a
quien el SENA no le renovó su contrato de prestación de servicios, y por ello solicitó al juez de
tutela que ordene su contratación.
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Por último, la segunda solicitud de medida provisional de 16 de abril de 2024,
relativa a que le ordenara al SENA suspender la instalación de la mesa de
negociación hasta que se resolviera la acción de tutela de la referencia, la
demanda de inconstitucionalidad y que el Ministerio del Trabajo se pronunciara
al respecto, se despachó negativamente luego de señalar que lo requerido no
era necesario y urgente y que el análisis del caso se realizaría en el momento
de dictar sentencia.
1.6. Contestaciones
Librados los oficios correspondientes, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. Presidente de la República y Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República – DAPRE
La apoderada del presidente de la República y del DAPRE solicitó su
desvinculación del trámite de la referencia, debido a que el objeto de la tutela
obedece a la inconformidad de la parte actora con el Decreto 243 de 2024
expedido por el Gobierno Nacional, lo cual es un asunto que recae en el SENA
que es una entidad plenamente autónoma e independiente.
De otro lado, aseguró que este mecanismo no cumple con el requisito de la
subsidiariedad por cuanto actualmente se adelanta un proceso de nulidad en el
cual se pueden solicitar medidas cautelares.
1.6.2. Departamento Administrativo de la Función Pública
El director jurídico de la entidad pidió que se declare la improcedencia de la
acción de tutela, habida cuenta de que no supera el análisis de la
subsidiariedad por cuanto la entidad accionante no ha agotado los medios
ordinarios que tiene a su alcance para controvertir el acto administrativo que
considera vulnerador de sus derechos constitucionales.
En esa línea argumentativa, aseguró que en este evento no se allegó prueba
alguna de la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente el
mecanismo transitoriamente, puesto que el Decreto 243 de 2024 fue expedido
por el presidente de la República en virtud de sus facultades legales y
constitucionales, por lo que, a priori, no se vislumbra una afectación ius
fundamental derivada de dicho acto.
6
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1.6.3. SENA
El coordinador de relaciones sindicales de la Secretaría General del SENA
requirió su desvinculación del asunto objeto de atención debido a que considera
que el objeto de inconformidad de la parte actora se concentra en el Decreto
243 de 2024.
En ese sentido, arguyó que la entidad se limitó a cumplir lo ordenado en el
mencionado que goza de presunción legal y constitucional, por lo tanto, indicó
que se debe declarar la improcedencia de la solicitud de amparo o, en su
defecto, negar las pretensiones.
1.6.4. Ministerio de Trabajo
El asesor de la Oficina Asesora Jurídica en apoyo de la asesora del despacho
del viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, solicitó a la sala
abstenerse de amparar las garantías fundamentales de la parte accionante ante
la inexistencia de la vulneración alegada.
Al respecto, indicó que el Decreto 243 de 2024 se emitió con el propósito de
llenar algunos vacíos normativos y de índole metodológica que interferían con el
avance eficiente y efectivo del desarrollo de la negociación colectiva del sector
público, entre otros, aspectos relacionados con la selección de los
representantes de los sindicatos en las mesas de negociación que es el punto
de debate propuesto con este mecanismo de tutela.
Agregó que el mencionado decreto respeta e incluye dentro de la negociación
colectiva a los sindicatos minoritarios y, por ello, se basó en normas como el
artículo 39 de la Constitución Política, la Ley 26 de 1976 por la cual se aprobó el
Convenio 087 de la OIT relativo a la libertad sindical y a la protección del
derecho de sindicación, la Ley 410 de 1997 que trata sobre consultas tripartitas
para promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo, el
Convenio 151 concerniente a las relaciones de trabajo en la administración
pública, la Ley 411 de 1997 que aprobó el mencionado Convenio 151 de la OIT,
el artículo 3. °, numeral 2. ° del Convenio 154 OIT, y el artículo 486 del Código
Sustantivo del Trabajo.
En cuanto a las reglas de negociación, indicó que en el artículo 2.2.2.4.10. del
Decreto 243 de 2024 se establece que, «[p]ara la determinación del número de
negociadores y la conformación de la comisión negociadora unificada sindical,
se aplicará el principio de la representatividad multinivel» y en ese orden, en el
parágrafo de la norma en comento se dispone que, «[e]n todo caso, se ha
7
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previsto una regla aplicable a las organizaciones sindicales que no cumplan con
el número mínimo de empleados públicos afiliados en cada uno de los ámbitos,
caso en el cual podrán asociarse y sumar sus afiliados que tengan la calidad de
empleados públicos, para completar los afiliados exigidos y nombrar un
representante en la Comisión Unificada Sindical».
Además, en relación con el régimen aplicable, informó que el artículo 2.2.2.4.21
del mismo decreto estableció la aplicación transitoria, marco en el cual la norma
establece que, «[e]n caso de existir negociaciones colectivas en curso, respecto
de pliegos presentados y mesas instaladas antes de la vigencia de la presente
norma, su desarrollo y culminación se regirá con la norma vigente al momento
de la presentación del pliego».
No obstante, precisó que el Ministerio de Trabajo y el Departamento
Administrativo de la Función Pública expidieron la Circular Conjunta 17 de 2024,
a partir de la cual se precisó lo siguiente:
En razón a que el Decreto en mención se expidió el 29 de febrero de 2024, es
necesario tener en cuenta en cada proceso de negociación el alcance de la
aplicación transitoria para la garantía del derecho a la negociación colectiva, en
los términos establecidos en el artículo 2.2.2.4.21 del Decreto 1072 de 2015, que
indica:
“Artículo 2.2.2.4.21. Aplicación transitoria del presente capítulo. En caso de existir
negociaciones colectivas en curso, respecto de pliegos presentados y mesas
instaladas antes de la vigencia de la presente norma, su desarrollo y culminación
se regirá con la norma vigente al momento de la presentación del pliego.”
(Subrayado fuera de texto)
Como consecuencia de la norma reglamentaria transcrita, se informa que
aquellas negociaciones en las que se haya radicado pliego e instalado la mesa
de negociación, antes de la expedición del Decreto 0243 de 2024 (29 de febrero
de 2024), ésta se regirá por las disposiciones contenidas en el Decreto 160 de
2014. Por el contrario, en los casos en que sólo se haya radicado pliego y no se
haya instalado aún la mesa de negociación después de la expedición del Decreto
0243 de 2024 (29 de febrero de 2024), el proceso de negociación colectiva se
regirá bajo las disposiciones del Decreto 0243 del 29 de febrero de 2024.”
Conforme con ello, aclaró que, debido a que el SENA no contaba con una mesa
instalada para le fecha en que se profirió el Decreto 243 de 2024, esto es, el 29
de febrero de la misma anualidad, se aplicaría el régimen indicado en este, en
virtud de lo señalado en el anterior artículo y en la mencionada Circular 17 del 6
de marzo de 2024.
8
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Por último, resaltó que en los parágrafos del artículo 2.2.2.4.9 del decreto
ejusdem se establecen las reglas concernientes al cumplimiento de las etapas y
de los requisitos, en los siguientes términos:
PARÁGRAFO 1. En caso de no existir unificación del pliego por parte de las
organizaciones sindicales en el primer trimestre del año, el Gobierno nacional, la
cabeza del respectivo sector, el ente territorial o la entidad, según el ámbito de
negociación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la radicación de los
pliegos de solicitudes y respetando el principio de autonomía sindical,
convocarán a los representantes de la totalidad de las organizaciones que
presentaron pliego, según el ámbito de negociación, para que, durante el término
de cinco (5) días hábiles, unifiquen los puntos de los pliegos radicados y
presenten, al vencimiento de este último término, un único pliego sindical.
PARÁGRAFO 2. Pasados los cinco (5) días hábiles señalados en el parágrafo
anterior, las organizaciones presentarán el pliego único de solicitudes y la
comisión negociadora unificada sindical de todas las organizaciones que cumplan
los requisitos de comparecencia, con el único fin de instalar la mesa de
negociación por parte del Gobierno nacional, la cabeza del respectivo sector, el
ente territorial o la entidad, según el ámbito de negociación, PARÁGRAFO 3. Si
pasados los cinco (5) días hábiles de que habla el parágrafo anterior no existe
unificación de los pliegos o si los mismos se realizan de forma parcial entre las
organizaciones sindicales, el Gobierno nacional, la cabeza del respectivo sector,
el ente territorial o la entidad, según el ámbito de negociación, instalará la mesa
de negociación con aquella(as) que presenten a la fecha, el escrito sindical que
represente a la mayoría de los empleados públicos sindicalizados, el cual tendrá
el carácter de pliego único de solicitudes.
1.6.5. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El subdirector jurídico y representante judicial del ministerio solicitó que se
declare la improcedencia de la acción de tutela de la referencia y, en todo caso,
que se absuelva a esta entidad de las pretensiones elevadas por el extremo
accionante, en atención a que este mecanismo no procede contra actos de
carácter general, impersonal y abstracto de conformidad con lo estipulado en el
numeral 5. ° del artículo 6. ° del Decreto 2591 de 1991.
Por lo anterior, precisó que tampoco se satisface el requisito de subsidiariedad
debido a que la parte actora se encuentra pendiente de que la Corte
Constitucional decida sobre las demandas de inconstitucionalidad que
SINSINDESENA, SINDETRASENA y el ciudadano Mario León Tiría
presentaron de manera individual, por lo que precisó que dicho medio de control
es eficaz ya que se pueden solicitar medidas cautelares al interior de este.
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1.6.6. Otras organizaciones sindicales del SENA
SINDETRASENA, SIIDSENA, UNALTRASENA, COSSENA, SINFUSENA y
SENA USCTRAB, por conducto de sus representantes legales, manifestaron
coadyuvar la acción de tutela.
1.6.7. Otros memoriales de la parte accionante14
1.6.7.1. Con escrito allegado el día 16 de abril de 2024, el señor Manuel
Salvador Bustos Hernández insistió en que la mesa de negociaciones sería
instalada únicamente con representantes de las organizaciones sindicales con
mayor número de afiliados, razón por la cual sus pliegos de peticiones no serían
tenidos en cuenta, generando esta omisión un prejuicio irremediable por cuanto
no se les garantizarían sus derechos sindicales en aplicación del Decreto 243
de 2024 que, a su juicio, es una norma que no se puede aplicar de forma
retroactiva debido a que presentaron sus peticiones en vigencia del Decreto 160
de 2014. Por ello, insistió en que se ordene la suspensión de la instalación de la
mesa de negociación.
1.6.7.2. El 17 de abril de la misma anualidad iteró sus inconformidades con el
Decreto 243 de 2024 e informó que se había iniciado la instalación de la
mencionada mesa de negociación debido a que el SENA convocó «a los 14
Sindicatos existentes a la Unificación de Pliegos y Designación de Delegados».
1.6.7.3. El 23 de abril siguiente puso de presente que el SENA instaló la mesa
de negociaciones únicamente con la organización mayoritaria SINDESENA,
dejando fuera del debate a la entidad accionante y otras pertenecientes a la
minoría.
1.6.7.4. El 8 de mayo del corriente dio cumplimiento al requerimiento realizado
mediante providencia de 2 de mayo de 2024 consistente en acreditar su calidad
y legitimación para ejercer la defensa de los intereses de SINSINDESENA, y en
manifestar si actuaba como representante o agente oficioso de la señora
Sandra Liliana Carvajal Duque.
Respecto al primer asunto, manifestó que su calidad estaba demostrada con la
Constancia de Registro Modificación de la Junta Directiva y/o Comité Ejecutivo
de una Organización Sindical suscrito por el inspector de trabajo y seguridad
social de la territorial del Atlántico, la cual aportó con el escrito de tutela, debido
a que si bien el documento tenía fecha de 8 de agosto de 2019, lo cierto es que
14
Las citas contenidas en este numeral son de los textos originales que se anuncian y se
transcriben de forma literal con posibles errores.
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su elección como vicepresidente se registró en este con fecha de 17 de agosto
de 2023 para un periodo de 2 años, por lo que su designación se encuentra
vigente.
Adicionalmente, citó algunos apartes del «CAPITULO XIII» de los estatutos del
sindicato, de los cuales se advierte que el vicepresidente puede asumir la
Presidencia de la Junta Directiva Nacional o de la Asamblea Nacional de
Delegados por «faltas temporales o definitivas del presidente o cuando este no
tome parte en las discusiones».
Asimismo, indicó que adjuntó el acta de la Asamblea General de Afiliados en la
que consta que fue elegido como negociador del pliego de peticiones para el
periodo 2024-2026, por lo que resaltó que, de conformidad con lo estipulado en
los artículos 86 de la Constitución Política y 10. ° del Decreto 2591 de 1991, se
encuentra plenamente legitimado para interponer esta solicitud de amparo en
representación de SINSIDESENA debido al interés que le asiste, por su calidad
de afiliado y de vicepresidente en la organización sindical.
Finalmente, resaltó que el caso de la señora Sandra Liliana Carvajal Duque fue
«una denuncia pública a modo de información que no tiene relación con la litis»,
por lo que aseguró no representarla ni actuar como su agente oficioso. Por ello,
solicitó que se desvincule a la señora Carvajal Duque de este trámite.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el
señor Manuel Salvador Bustos Hernández en nombre propio y en
representación de la organización sindical SINSIDESENA contra el presidente
de la República y otros, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de
la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. Respecto a la legitimación del señor Manuel Salvador Bustos Hernández
para ejercer la representación del sindicato SINSINDESENA, esta colegiatura
manifiesta que la entiende demostrada luego de analizar los documentos
aportados con la demanda de tutela en conjunto con el memorial allegado el 8
de mayo de 2024.
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La decisión obedece a que, tal como lo indicó y demostró el señor Bustos
Hernández, actualmente ocupa el cargo de vicepresidente de la Junta Directiva
Nacional de SINSINDESENA por el término de 2 años durante las vigencias
2023-2025, se encuentra facultado estatutariamente para ejercer acciones o
tomar partido en discusiones en las que el presidente no intervenga, fue elegido
por los miembros de la organización para intervenir como negociador ante el
SENA, y por obvias razones se encuentra afiliado a dicha persona jurídica.
Esta sumatoria de elementos que llevan a concluir que más allá de tener un
interés directo, está jurídicamente autorizado para defender los intereses de su
colectivo, lo cual plenamente suficiente para tener por demostrada su
legitimación y calidad.
2.2.2. La sala anuncia que negará las solicitudes de desvinculación elevadas
por el Presidente de la República, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República – DAPRE y el SENA, habida cuenta de que las dos
primeras fungen en este mecanismo constitucional en calidad de autoridades
demandadas, y la última entidad fue convocada en calidad de tercero por tener
interés en la decisión que se llegare a adoptar, debido a que puede afectarle en
el marco del proceso de negociaciones que adelanta con las organizaciones
sindicales del instituto. En ese orden, en menester procurar la debida
integración del contradictorio.
2.2.3. De otro lado, se reconocerán como coadyuvantes de la parte actora, los
sindicatos SINDETRASENA, SIIDSENA, UNALTRASENA, COSSENA,
SINFUSENA y SENA USCTRAB por presentar una relación sustancial con las
partes, lo que a su vez acredita un interés legítimo en el resultado de este
proceso debido a que la decisión que se tome les puede afectar.
Lo anterior encuentra respaldo en el inciso 2. ° del artículo 13 del Decreto 2591
de 1991, norma que es del siguiente tenor:
ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E
INTERVINIENTES. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o
instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la
acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el
fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por
ejercida contra el superior.
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Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en
él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien
se hubiere hecho la solicitud15.
En todo caso, se aclara que esta participación se limita a reforzar la actuación
de la parte actora y con el ánimo de agenciar ese derecho ajeno, no en procura
de un beneficio propio, tal como lo indicó la Corte Constitucional en el auto
A401-20:
Sin embargo, el coadyuvante interviene dentro del proceso a partir de las
facultades que son permitidas, en cuanto apoya con su actuación a una de las
partes. En efecto, “aquellos no reclaman un derecho propio para que sobre él
haya decisión en el proceso, sino un interés personal en la suerte de la
pretensión de una de las partes”. Se trata de intervenir para afianzar y “sostener
las razones de un derecho ajeno”.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la
vulneración de los derechos fundamentales del señor Manuel Salvador Bustos
Hernández y de la organización sindical SINSINDESENA con ocasión de la
expedición del Decreto 243 de 2024, por parte del Gobierno Nacional.
Para el efecto se estudiarán los siguientes aspectos: (i) las generalidades de la
acción de tutela; (ii) la naturaleza subsidiaria de la solicitud de amparo y su
excepcionalísima procedencia frente a actos administrativos y; (iii) el caso
concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política estableció la acción de tutela como un
mecanismo constitucional, cuyo objeto es obtener la protección inmediata de
derechos fundamentales, vulnerados por acción u omisión de las autoridades
públicas, o de los particulares en los casos previstos por el Decreto 2591 de
1991, «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo
86 de la Constitución Política».
El ejercicio de dicha acción está supeditado a la inexistencia de otros
mecanismos de defensa judicial, salvo que se acredite un perjuicio irremediable,
exigencia que se mantuvo ampliamente en el artículo 6º del decreto antes
señalado, bajo los siguientes términos:
«ARTICULO 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no
15
Énfasis propio.
13
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procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de hábeas
corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no
obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados
en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se
trate de impedir un perjuicio irremediable
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado,
salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto».16
2.5. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima
procedencia frente a actos administrativos.
El inciso 3. º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1. º del
artículo 6. º del Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existen otros
mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la
protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se
debe recurrir a estos y no a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean
protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales
contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela
adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado
asunto radicado bajo su competencia17.
16
Destacado por la sala.
17
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la
Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales
que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales,
en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2
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Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige
que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un
asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los
mecanismos judiciales deben buscar la defensa de aquellos.
Por tanto, debe haber claridad en que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las controversias
que se puedan suscitar de un acto administrativo, frente al cual se pueden pedir
medidas cautelares en los términos de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).
No obstante, a pesar de ser ese el juez natural de este tipo de asuntos es claro
que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el cual se resuelven no es
suficiente para precaver la vulneración de derechos fundamentales, pues se
puede dar el caso de que tal transgresión sea el producto de una decisión
administrativa que a la luz del ordenamiento contencioso se encuentre revestida
de legalidad. En esos casos, la tutela se torna procedente para precaver la
eventual conculcación de estas garantías de orden superior.
2.6. Caso concreto
En este asunto, la sala pone de presente que la parte accionante dirigió sus
reparos contra el Decreto 243 de 2024 del Gobierno Nacional, «Por el cual se
modifica el Capítulo 4 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de
2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo en lo relativo a los
procedimientos de negociación y solución de controversias con las
organizaciones de empleados públicos».
Al respecto, es necesario recordar que el artículo 86 de la Constitución Política
prevé que toda persona podrá acudir a la acción de tutela para reclamar ante
los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública.
También, el Decreto 2591 de 1991, norma que regula el trámite de la acción de
tutela, estableció los supuestos en lo que este mecanismo se torna
improcedente, dentro de los cuales se destaca en esta oportunidad el numeral
Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el
requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en
consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos
de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».
15
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5. ° del artículo 6. °:
Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no
procederá:
…
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.
Esta causal general de improcedencia de la acción de tutela se encuentra
relacionada con la existencia de otros medios de defensa a través de los cuales
se deben controvertir los actos de carácter general, impersonal y abstracto cuya
competencia se encuentra asignada a los respectivos órganos judiciales
encargados de definir su constitucionalidad o ilegalidad.
Es por ello que esta sección ha señalado18 que los actos administrativos de
carácter general, impersonal y abstracto no afectan los derechos fundamentales
de las personas, «toda vez que versan sobre situaciones inasibles por sus
mismas características. También porque, de existir contradicción entre ese acto
y el ordenamiento jurídico superior, existen los mecanismos procesales
ordinarios para que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conozca de
las controversias sobre ello»19.
Sin embargo, en consonancia con el criterio de la Corte Constitucional20, se ha
considerado que la referida causal de improcedencia no debe operar de manera
automática y absoluta, puesto que la tutela será procedente si se advierte de
manera protuberante que: (i) ese acto general, impersonal y abstracto vulnera o
amenaza derechos fundamentales, y siempre que la no intervención oportuna
del juez constitucional conduzca a la realización de un perjuicio irremediable; y
(ii) con el fin de proteger la supremacía de la Constitución Política prevista en el
artículo 4°21
Ahora, en este punto del debate, se advierte que el extremo actor tiene
conocimiento de que la acción de tutela es improcedente para cuestionar el
Decreto 243 de 2024, debido a que informó que la ejerció de forma provisional
18
Ver sentencias de: (i) 29 de septiembre de 2016, expediente 25000-23-37-000-2016-01445-
01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y (ii) 16 de agosto de 2016, expediente 25000-23-42-
000-2016-03046-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
19 Sentencia del 14 de abril de 2011, expediente 05001-23-31-000-2011-00131-00, M.P.
Mauricio Torres Cuervo. En esta providencia se encontraron acreditados los presupuestos
especiales y excepcionales que condijeron a conceder el amparo que se reclamaba, debido a
que se demostró que la aplicación del decreto demandado, en ese caso, afectaba los derechos
fundamentales de la actora.
20
Entre otras, ver las sentencias T-823 de 1999, T-964 de 2004 y T-555 de 2002.
21
«cuando se logre advertir que el contenido de las prescripciones del acto general se opone a
los dictados de la Constitución, sin que sea suficiente esa sola circunstancia porque a ella
deberá adicionarse la efectiva violación o amenaza de los derechos fundamentales del actor,
así como la inminencia de un perjuicio irremediable».
16
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por cuanto considera que es el medio eficaz para evitar la consumación de un
perjuicio irremediable derivado de la afectación de sus derechos fundamentales.
De conformidad con lo expuesto y teniendo en cuenta la justificación de la parte
demandante para agotar este trámite subsidiario, se itera el criterio de esta sala
expuesto en líneas precedentes, consistente en que la solicitud de amparo de la
referencia, en todo caso es improcedente.
Lo anterior, en atención a que la parte tutelante cuenta con los medios de
control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, particularmente, las
acciones previstas en los artículos 135 y 137 de la Ley 1437 de 2011 relativos a
la nulidad por inconstitucionalidad y la nulidad simple, a través de las cuales
puede demandar la presunción de legalidad de los actos administrativos de
carácter general como el Decreto 243 de 2024, y en ese marco, a efectos de
evitar la consumación o agravación del daño que alega, puede solicitar que se
decreten medidas cautelares, las cuales se encuentran reguladas en los
artículos 229 a 241 de la misma norma.
Además, es importante señalar que el señor Manuel Salvador Bustos
Hernández presentó de una demanda de constitucionalidad contra el
plurimencionado decreto ante la Corte Constitucional que, al revisar en la
plataforma de búsqueda de procesos del mencionado tribunal, se advirtió que el
asunto se identifica con el radicado interno D0015809 y le correspondió su
conocimiento al magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.
En esa línea argumentativa, se recalca que ante la posible afectación de otros
derechos o la urgencia de la protección deprecada, actualmente cuenta, en
nuestra legislación, con la existencia de medidas preliminares en el curso de la
acción ordinaria, lo cual deja en evidencia que dicho medio es eficaz e idóneo
para lograr una tutela judicial efectiva, tornando innecesaria la intervención del
juez constitucional para la protección transitoria de los derechos fundamentales,
cuando se trata de asuntos que se deben debatir ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
Así las cosas, le corresponde al juez natural de la causa, a la hora de decidir
sobre las medidas cautelares que eventualmente solicite la actora dentro del
trámite de un proceso ordinario, garantizar los principios que rigen a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, tales como: los derechos de las
personas -sean estos de carácter fundamental o legal- y la preservación del
orden jurídico, como lo estipula el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011.
17
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Se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para suplir
mecanismos idóneos de defensa y/o para revivir términos, así como tampoco
resulta procedente cuando se están reclamando derechos de carácter
económico, pues una interpretación contraria nos llevaría a que ésta fuera
empleada como un instrumento para desplazar las competencias ordinarias, lo
que de suyo desnaturalizaría este mecanismo que es eminentemente protector
de derechos fundamentales.
Adicionalmente, la Corte Constitucional ha precisado que:
[…] conforme al carácter residual de la tutela, no es, en principio, este
mecanismo el medio adecuado para controvertir las actuaciones administrativas,
puesto que para ello están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. En ese escenario, la acción de tutela cabría como
mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales cuando
quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción contenciosa administrativa
pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable […].22.
Por ello, para la sala no se está en presencia de un perjuicio irremediable que
amerite la intervención del juez constitucional para hacer procedente la acción
de tutela como mecanismo transitorio, toda vez que de los documentos
obrantes en el expediente de la referencia y de lo relatado por la accionante, no
se advierte la existencia de un peligro de tal magnitud que afecte con
inminencia y de manera grave su subsistencia, y que en tal sentido, se requiera
una medida impostergable por parte de esta judicatura para neutralizar dicha
afectación.
2.7. Conclusión
Así las cosas, en atención a los argumentos expuestos, esta sala de decisión
declarará la improcedencia de la solicitud de amparo promovida por el señor
Manuel Salvador Bustos Hernández en nombre propio y en representación de la
organización sindical SINSINDESENA contra el presidente de la República y
otros, por no cumplir con el requisito de agotamiento de todos los medios
judiciales.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
22
Corte Constitucional, Sentencia T-030 del 26.01.2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
18
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01733-00
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación del presidente de la
República, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República –
DAPRE y del SENA.
SEGUNDO: TENER en calidad de coadyuvantes a las organizaciones
sindicales SINDETRASENA, SIIDSENA, UNALTRASENA, COSSENA,
SINFUSENA, SENA USCTRAB.
TERCERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela ejercida por el
señor Manuel Salvador Bustos Hernández en nombre propio y en
representación de la organización sindical SINSINDESENA contra el presidente
de la República y otros.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto N.º 2591 de 1991.
QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081»
19
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