RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-01739-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01739-00

Improcedente el amparo: no cumple con el requisito general de procedencia

Fecha
23 de mayo de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01739-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el Consejero de Estado doctor Hernando Sánchez Sánchez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 30 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022. 31 Ibidem. 32 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de febrero de 2021. 19 Radicación: 11001-03-15-000-2024-01739-00 Accionante: Juana Manuela Marroquín Santos Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-01739-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

23 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01739-00
Accionante: JUANA MANUELA MARROQUÍN SANTOS
Accionados: SALA ESPECIAL DE DECISIÓN NÚM. 2 DEL CONSEJO DE ESTADO Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE DECLARA
IMPROCEDENTE EL AMPARO – No cumple con el requisito general de procedencia
de relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la accionante contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, el Consejo de Estado - Sección Cuarta y la Sala
Especial de Decisión Núm. 2 del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Juana Manuela Marroquín Santos solicitó, a través de apoderado
judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
al acceso a la administración de justicia y a la defensa en conexidad con los
principios de seguridad jurídica y legalidad, cuya vulneración le atribuyó a las
providencias de 20 de marzo de 2018 y 3 de julio de 2020, proferidas por el Tribunal
Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado - Sección Cuarta,
respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con el número único de radicación 05001-23-33-000-2013-01912-00/01, y
la providencia de 29 de septiembre de 2023, proferida por la Sala Especial de
Decisión Núm. 2 del Consejo de Estado, dentro del recurso extraordinario de
revisión con el número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04433-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01739-00
Accionante: Juana Manuela Marroquín Santos

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que en el año 1987 sus padres inscribieron bajo el nombre que ella tenía
en ese momento -Manuela Escobar Henao- varios bienes muebles e inmuebles, pero
que en 1994 debido a un atentado del que fue víctima junto con su familia salió del
país y se radicó en Argentina.

2.2. Indicó
que el Estado Colombiano ordenó en los años 1997, 2003 y 2004 la
extinción del dominio de todos los bienes que aparecían registrados bajo su anterior
nombre, los cuales pasaron a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes
y fueron administrados por el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha
contra el Crimen Organizado.

2.3. Refirió que el 10 de agosto de 2007 presentó, a través de un contador contratado
por una familiar, la liquidación previa del impuesto sobre la renta para el año gravable
2006 y de manera errónea se declaró un patrimonio bruto de $5.400.068.480 y un
patrimonio líquido por el mismo valor, pero que arrojó un total para pagar de $0.

2.4. Agregó que esa misma declaración se presentó para los años gravables 2007,
2008 y 2009, pero que al percatarse del error cometido en su nombre decidió no
presentar declaración al patrimonio por el periodo 2010.

2.5. Precisó que en el año 2006 el Estado Colombiano profirió la Ley 1111 de 27 de
diciembre de 20061, por la cual se creó el impuesto al patrimonio para los años 2007,
2008, 2009 y 2010, cuyo hecho generador del tributo lo constituye la posesión de una
riqueza al 1.º de enero de 2007 igual o superior a tres mil millones de pesos
($3.000.000.000).

2.6. Señalóque se abstuvo de pagar el impuesto referido ya que el patrimonio
declarado no correspondía a la realidad.

2.7. Afirmó que el 17 de febrero de 2011 la Dirección Seccional de Impuestos de
Medellín ordenó abrir en su contra la investigación núm. 112382011000545 por
evasión del impuesto al patrimonio y omitir presentar la declaración por el periodo
2010.

2.8. Puntualizó
que su apoderada judicial de ese momento presentó respuesta al
emplazamiento y explicó las razones por las que: i) había tenido que cambiar de

1
“Por la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales”.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01739-00
Accionante: Juana Manuela Marroquín Santos

nombre, ii) vivía en Argentina y iii) no tenía en ese momento bienes muebles o
inmuebles a su nombre.

2.9. Expresóque, pese a lo anterior, la DIAN expidió el acto administrativo de la
Liquidación Oficial de Aforo núm. 112412012000014 de 16 de mayo de 2012, en la
que determinó que la accionante era sujeto pasivo del impuesto al patrimonio para el
año 2010, liquidado en $64.801.000, y le impuso la sanción por no declarar de
$103.681.000, con base en el patrimonio líquido declarado en la autoliquidación de
renta del 2006.

2.10. Especificó que contra la anterior decisión presentó recurso de reconsideración,
teniendo en cuenta que “[…] Juana Manuela Marroquín Santos, dejó de ser con
anterioridad a 31 de diciembre de 2004 titular de dicho patrimonio y simplemente se
repicaron [sic] sus declaraciones de renta y complementarios sin tener en cuenta que
la mayoría del patrimonio de dicha contribuyente había sido objeto de extinción de
dominio […]”.

2.11. Manifestó que la DIAN resolvió, mediante la Resolución núm. 900.293 de 17 de
junio de 2013, el recurso de reconsideración confirmando la decisión de la liquidación
oficial de aforo, sin tener en cuenta todo el material probatorio que obraba en el
expediente.

2.12. Relató que promovió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
05001-23-33-000-2013-01912-00 en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN, para que se declarara la nulidad de las Resoluciones de
Liquidación Oficial del Impuesto al Patrimonio Aforo núm. 112412012000014 de 2012
y 900.293 de 2013.

2.13. Indicó que el conocimiento del proceso le correspondió al Tribunal Administrativo
de Antioquia, autoridad judicial que, mediante decisión de 20 de marzo de 2018, negó
las pretensiones de la demanda al considerar que se encontraba “[…] incólume la
presunción de legalidad tanto de la Liquidación Oficial Impuestos al Patrimonio Aforo
NO 1 124120120000014 del 16 de mayo de 2012, como de la Resolución NO 900.296
del 17 de junio de 2013 […]”.

2.14. Señaló que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y que la
Sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó, mediante providencia de 3 de julio
de 2020, la decisión de primera instancia, en razón a que encontró que la accionante
sí era sujeto pasivo del impuesto al patrimonio por el periodo 2010.

2.15. Sostuvo que, por lo anterior, radicó el recurso extraordinario de revisión núm.
11001-03-15-000-2021-04433-00 contra la sentencia de 3 de julio de 2020, y que
mediante sentencia de 29 de septiembre de 2023, la Sala 2 Especial de Decisión del
Consejo de Estado declaró infundado el recurso extraordinario de revisión, al

4

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01739-00
Accionante: Juana Manuela Marroquín Santos

considerar que la accionante no acreditó ni allegó o solicitó las pruebas que
desvirtuaran la presunción de legalidad de los actos demandados.

2.16. Argumentó que las decisiones desconocieron los precedentes contenidos en las
sentencias del Consejo de Estado de 8 octubre de 20152, 13 de octubre de 20163 y
13 de julio de 20174, que a su juicio interpretan la norma frente a aquellos casos en
que una persona que no está obligada a declarar presenta la declaración de renta.

2.17. Finalmente señaló que se incurrió en un defecto fáctico y en defecto sustantivo al
concluir que la accionante no ejerció la carga probatoria, cuando por el contrario lo
que sucedió fue que las pruebas no fueron valoradas por el simple hecho de no probar
que “[…] esos bienes eran los mismo [sic] de la declaración de la renta, en las
declaraciones no se puede identificar e individualizar cada una de la propiedades, ya
que es un formato, además los espacios son reducidos solamente para escribir
valores y cifras, además todos los bienes de la Señora Marroquín Santos fueron
expropiados y el estado colombiano no va dejar por fuera bienes […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] [C]omo consecuencia de lo anterior, se infirme la sentencia del 03 de julio
de 2020 radicado: 05001 23 33 000 2013 01912 -01 (23862) notificada por
Estado el 13 de julio 2020, proferida por la sección segunda, subsección a,
sala de lo contencioso administrativo – consejo de estado [sic], mediante
el cual este juez colegiado, desarrollo [sic] la segunda Instancia de la sentencia
S4 -007 proferida por el tribunal administrativo de Antioquia el 20 de marzo de
2018, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por
JUAN MANUELA MARROQUIN [sic] SANTOS en contra dirección [sic] de
impuestos y aduanas nacionales – dian, denegó las pretensiones de la
demanda.

Consecuente con lo anterior, se ordene al sección segunda, subsección a,
sala de lo contencioso administrativo – consejo de estado [sic] dictar una
nueva providencia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
instaurado por JUAN [sic] MANUELA MARROQUIN [sic] SANTOS en contra de
la dirección de impuestos y aduanas nacionales - Dian radicado con el
número radicado: 05001 23 33 000 2013 01912 -01 (23862), acogiendo la
normatividad aplicable al caso concreto y la interpretación constitucional
efectuada por la corte constitucional en la sentencia referenciada o en su
defecto el despacho DEJAR SIN EFECTO referenciada [sic] y Como
consecuencia de lo anterior, proceda a dictar una nueva providencia, ajustada
a la Constitución y la Ley […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto]

2
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Exp. núm. 880012331000201000068-01, C.P.: Hugo Fernando Bastidas Barcenas.
3
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Exp. núm. 250002327000201200130-01 (20488), C.P.: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
4
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Exp. núm. 170012333000201300034-01 (20442), C.P.: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01739-00
Accionante: Juana Manuela Marroquín Santos

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 16 de abril de 2024, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad
de tercero con interés directo en el resultado del proceso a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a la
vinculada, se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN solicitó,
a través de la subdirectora de representación externa, que se declarara
improcedente el presente mecanismo de amparo, porque la accionante no planteó
de manera clara las razones por las cuales el asunto tiene trascendencia
constitucional, que por el contrario se evidencia que lo que se busca es utilizar la
tutela para discutir asuntos meramente legales, sin que se evidencia restricción a
sus derechos fundamentales.

5.2. Por otro lado, señaló que no se configuró el defecto fáctico, porque se observa
que la Sección Cuarta del Consejo de Estado efectivamente analizó, apreció y
valoró las pruebas que obraban en el expediente judicial, que contrario es que la
interpretación se realizó bajo el principio de autonomía e independencia, lo cual no
puede interpretarse como violación al debido proceso.

5.3. Finalmente, realizó un recuento de todos los hechos que fueron probados dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento con radicado núm. 05001-23-33-000-
2013-01912-00/01 y por los cuales se probó que la señora Marroquín Santos era
sujeto pasivo del impuesto al patrimonio.

5.4. El
Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó, a través del magistrado
ponente de la decisión objeto de esta tutela, que se negaran las pretensiones por
cuanto las decisiones cuestionadas no desconocieron las normas, mucho menos
se realizó una interpretación restrictiva de sus postulados, o se consumó otro
defecto distinto a los enunciados por la accionante.

5.5. Refirió
que lo anterior se presentó porque consideraron que la actividad
probatoria desplegada por la accionante fue insuficiente, “[…] dado que no se
acreditó que el valor reportado como patrimonio, en efecto correspondiera con los
bienes señalados por la actora y que para dichas vigencias ya no se encontraban
en su haber por la extinción de dominio a la que fueron sometidos […]”.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01739-00
Accionante: Juana Manuela Marroquín Santos

5.6. La Sección Cuarta del Consejo de Estado manifestó, a través de uno de sus
actuales magistrados, que el presente mecanismo constitucional no cumple con el
requisito general de procedibilidad de inmediatez, porque se presentó por fuera de
los seis (6) meses siguientes a la notificación de la sentencia emitida por esa
sección.

5.7. Recalcó que el escrito de tutela contra la providencia de 3 de julio de 2020 se
radicó por la ventanilla virtual el 10 de abril de 2024, esto es luego de transcurrido
más de tres (3) años desde que se venciera el plazo para solicitar cualquier amparo.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19915, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20156, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20217, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20198.

VI.2. Cuestión previa

7. El doctor Hernando Sánchez Sánchez, en su calidad de Consejero de Estado de
la Sección Primera de esta Corporación judicial, manifestó encontrarse impedido
para efectos de conocer y decidir sobre la presente acción constitucional por las
siguientes razones:

“[…] En mi condición de Magistrado de la Sección Primera del Honorable
Consejo de Estado, por su digno conducto, me permito manifestarle a la Sala
que me considero incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral
6.º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, aplicable por remisión
del artículo 39 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 19919, por medio
del cual se reglamenta la acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política, cuyo tenor es el siguiente:

“[…] ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de
impedimento:

5
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
6
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
7
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
8
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
9
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01739-00
Accionante: Juana Manuela Marroquín Santos

[…] 6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya
revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea
cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del
cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del
funcionario que dictó la providencia a revisar. […]. (Resaltado fuera del
texto original)

La acreditación de la causal de que trata el precepto legal antes citado se
sustenta en el hecho de que, como Consejero de Estado que integra la Sala
Especial de Decisión núm. 2 del Consejo de Estado, proferí la sentencia de 29
de septiembre de 202310, en el recurso extraordinario de revisión identificado
con el número único de radicación 110010315000202104433-00; providencia
cuestionada por la actora dentro de la acción de tutela objeto de estudio,
circunstancia que me impide intervenir en la discusión y aprobación de esta
acción.

En consecuencia, con fundamento en la anterior consideración le solicito
respetuosamente, por su conducto, que la Sala analice los argumentos
planteados y, de considerarlo procedente, me releve de conocer del proceso
de la referencia […]”.

8. Teniendo en cuenta que la sentencia de 29 de septiembre de 2023, que es objeto
de esta acción, fue suscrita por el Consejero de Estado doctor Hernando Sánchez
Sánchez; la Sala de Decisión concluye que se encuentra configurada la causal de
impedimento prevista en el artículo 56, numeral 6, de la Ley 906 de 31 de agosto
de 200411, norma aplicable por remisión del artículo 39 del Decreto Ley 2591 de
1991.

9. En consecuencia, se aceptará el impedimento manifestado.

VI.3. Problemas jurídicos

10. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales
a las providencias de 20 de marzo de 2018 y 3 de julio de 2020, proferidas por el
Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado - Sección Cuarta,
respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con el número único de radicación 05001-23-33-000-2013-01912- 00/01,
y la providencia de 29 de septiembre de 2023, proferida por la Sala Especial de
Decisión Núm. 2 del Consejo de Estado, dentro del recurso extraordinario de
revisión con el número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04433-00. Sin
embargo, la Sala, con relación al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho sólo analizará si la providencia de 3 de julio de 2020, proferida en segunda
instancia por el Consejo de Estado, vulneró los derechos fundamentales de la parte
accionante porque esta decisión fue la que finiquitó la litis e hizo tránsito a cosa
juzgada.

10
Cfr. índice núm. 42 de SAMAI, Documento denominado “70_SENTENCIA(.pdf) NroActua 42”. Archivo
aportado en medio digital.
11
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01739-00
Accionante: Juana Manuela Marroquín Santos

11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en
defecto fáctico, en defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente.

12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201212, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01739-00
Accionante: Juana Manuela Marroquín Santos

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial13, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución14.

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”15 que encaje en dichos
parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

20. La señora Juana Manuela Marroquín Santos solicitó, a través de apoderado
judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
al acceso a la administración de justicia y a la defensa en conexidad con los
principios de seguridad jurídica y legalidad, cuya vulneración le atribuyó a las

13
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
14
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
15
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01739-00
Accionante: Juana Manuela Marroquín Santos

providencias de 20 de marzo de 2018 y 3 de julio de 2020, proferidas por el Tribunal
Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado - Sección Cuarta,
respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con el número único de radicación 05001-23-33-000-2013-01912-00/01, y
la providencia de 29 de septiembre de 2023, proferida por la Sala Especial de
Decisión Núm. 2 del Consejo de Estado, dentro del recurso extraordinario de
revisión con el número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04433-00.

21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito general de relevancia constitucional.

VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

22. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental16 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones17.

23. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales18, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces19.

24. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación20, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,

16
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
17
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
18
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
19
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
20
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01739-00
Accionante: Juana Manuela Marroquín Santos

aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto]

25. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202221 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno

21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01739-00
Accionante: Juana Manuela Marroquín Santos

estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas
contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de
derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos
arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones económicas, la
Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se
advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la
protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante
los jueces ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]

26. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202322.

27. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales23.

28. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que las autoridades judiciales accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia y a la defensa en conexidad con los principios de
seguridad jurídica y legalidad, por haber incurrido, presuntamente, en un defecto
fáctico, en un defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente.

29. Refirió que ambas decisiones desconocieron los precedentes contenidos en las
sentencias del Consejo de Estado de 8 octubre de 201524, 13 de octubre de 201625 y

22
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
24
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Exp. núm. 880012331000201000068-01, C.P.: Hugo Fernando Bastidas Barcenas.
25
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Exp. núm. 250002327000201200130-01 (20488), C.P.: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01739-00
Accionante: Juana Manuela Marroquín Santos

13 de julio de 201726, que a su juicio interpretan la norma frente a aquellos casos en
que una persona que no está obligada a declarar presenta la declaración de renta.

30. Frente al defecto fáctico y al defecto sustantivo, refirió que se presentó al concluir
que la accionante no ejerció la carga probatoria, cuando por el contrario lo que sucedió
fue que las pruebas no fueron valoradas por el simple hecho de no probar que “[…]
esos bienes eran los mismo de la declaración de la renta, en las declaraciones no se
puede identificar e individualizar cada una de la propiedades, ya que es un formato,
además los espacios son reducidos solamente para escribir valores y cifras, además
todos los bienes de la Señora Marroquín Santos fueron expropiados y el estado
colombiano no va dejar por fuera bienes […]”.

31. Como se puede observar, la argumentación de la parte accionante para acreditar
la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
acceso a la administración de justicia y a la defensa en conexidad con los principios
de seguridad jurídica y legalidad adolece de la carga argumentativa mínima y hace
imposible que el juez constitucional efectúe un estudio de fondo de la solicitud de
amparo.

32. En criterio de esta Sala de Decisión, la controversia propuesta por la señora
Marroquín Santos carece de relevancia constitucional porque: i) el caso involucra
un debate jurídico eminentemente legal y ii) la parte accionante pretende utilizar
este mecanismo como una tercera instancia, con lo que busca reabrir la discusión
que fue resuelta por el juez natural.

33. Se resalta que cuando se alega el desconocimiento del precedente es necesario
mencionar la regla que la decisión objeto de la tutela desconoció. En este caso la
accionante se limitó a mencionar las sentencias que considera desconocidas, sin
identificar la supuesta regla judicial desconocida.

34. En este punto, resulta necesario resaltar que la simple enunciación de una
inconformidad respecto de la decisión adoptada mediante providencia judicial no
conduce a que el juez de tutela pueda abordar el fondo del asunto, ya que esta
autoridad no actúa como instancia adicional o de revisión del proceso y, es por esto,
que la intervención del juez constitucional se encuentra limitada por los argumentos
que el extremo accionante haya expuesto o planteado en el mecanismo de amparo.

35. Esta falencia argumentativa no puede ser subsanada por el juez de tutela, dado
que la presente acción constitucional se dirige contra unas providencias judiciales
que han hecho tránsito a cosa juzgada; por lo cual es exigible el cumplimiento de
una carga mínima argumentativa que habilite un examen de fondo del caso. En

26
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Exp. núm. 170012333000201300034-01 (20442), C.P.: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01739-00
Accionante: Juana Manuela Marroquín Santos

armonía con lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022
señaló lo siguiente:

“[…] [D]ado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”27. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, además de
verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedencia […]”. [Negrilla fuera del texto]

36. Por otra parte, resulta relevante traer a colación lo decidido por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho y por la Sala Especial de Decisión núm. 2 del Consejo de Estado dentro
del recurso extraordinario de revisión, para evidenciar que lo pretendido es convertir
esta acción en una tercera instancia.

37. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la sentencia de 3 de julio de
2020, señaló lo siguiente:

“[…] En el expediente están demostrados los siguientes hechos relevantes:

(i) Con anterioridad al periodo gravable 2006, fueron sometidos a extinción de
dominio los siguientes bienes de la actora:

(a) Sobre las cuotas sociales poseídas en «Valencia y Henao y Cia Colectiva
Civil», el Juzgado Primero Penal del Circuito especializado de Medellín
declaró la «extinción del derecho de dominio» mediante sentencia del 10 de
febrero de 2003 (ff. 40 y 41 caa).

(b) Sobre los inmuebles denominados «Edificio Mónaco» y «Edificio Dallas»
afirman los certificados de tradición y libertad aportados por la demandante
que los derechos de propiedad fueron objeto de extinción de dominio,
mediante sentencias inscritas, respectivamente, el 22 de abril de 2003 y el
22 de septiembre de 2004 en los folios de matrícula inmobiliaria (ff. 137 a
402 caa).

(ii) De acuerdo con el certificado expedido por el contador de la apelante única,
para el año 2006, su patrimonio estaba compuesto por los bienes objeto de
extinción de dominio antes referidos y por un «Bono para el desarrollo social y
seguridad interna BDSI». No obstante, el certificado no hace referencia a los
documentos que le sirvieron de soporte, ni los anexa (ff. 132 a 134 caa).

(iii) El 10 de agosto de 2007, la actora presentó liquidación privada del impuesto
de renta del año gravable 2006, en el que declaró un patrimonio líquido de
$5.400.068.000 (f. 128 caa).

(iv) Es un hecho no discutido por las partes que la demandante no presentó
declaración del impuesto al patrimonio por el periodo 2010.

27
Sentencia SU-074 de 2022.

15

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01739-00
Accionante: Juana Manuela Marroquín Santos

(v) El 16 de mayo de 2012 la entidad Administración [sic] profirió la Liquidación
Oficial de Aforo nro. 112412012000014, en la que determinó que la actora era
sujeto pasivo del impuesto al patrimonio para el 2010, por lo que liquidó dicho
tributo por valor de $64.000.000 e impuso sanción por no declarar equivalente
a $103.681.000, a cuyos efectos tomó como patrimonio líquido el declarado por
la actora en su autoliquidación de renta del 2006 (ff. 73 a 86 caa).

5- Al respecto, advierte la Sala que el certificado de contador público obrante a
folios 132 y 134 del cuaderno principal omitió mencionar los documentos que
sirven de soporte a las conclusiones allí planteadas, de manera que no cuenta
con el nivel de detalle necesario para ser tenido en cuenta como prueba
suficiente. Sobre el particular, valga destacar que, aunque el artículo 777
ibidem señala que en materia de prueba contable, basta el certificado de
contador o revisor fiscal, esta Sala ha precisado que los certificados deben
contar con cierto grado de especificidad, por lo que están llamados a detallar
en cierta medida los documentos que le han servido de soporte (sentencia del
12 de diciembre de 2018, exp. 20379, CP: Milton Chaves García), por lo cual
un certificado de contador público o revisor fiscal no será considerado como
prueba contable suficiente, a menos que se acredite que se elaboró con el
respaldo documental pertinente. Dado que en el caso concreto el certificado de
contador público aportado por la demandante no satisface tales requerimientos,
se hace necesario acudir a otros medios probatorios con el fin de determinar si
la demandante era sujeto pasivo del impuesto al patrimonio correspondiente al
2010.

Ahora, a la luz de las pruebas obrantes en el expediente, la Sala encuentra que
varios bienes de la apelante única fueron objeto de extinción de dominio. Sin
embargo, los documentos aportados por la actora no dan cuenta del valor de
dichos bienes ni brindan certeza respecto de que ellos correspondan con
aquellos que conformaron el patrimonio de la demandante para el año 2006.
En esa medida, la Sala echa de menos auto-avalúos o avalúos catastrales que
demuestren que la totalidad de bienes perdidos por la demandante suman, en
efecto, $5.400.068.000, o pruebas contables suficientes (i.e. expedidas con el
cumplimiento de los requisitos legales) que acrediten el patrimonio que
supuestamente tenía la demandante a primero de enero del 2007, o que
certifiquen el error en que incurrió la actora a la hora de autoliquidar su
impuesto de renta en el año 2006, máxime si se considera que tal declaración
no fue corregida, a pesar de que la extinción de dominio aludida por la
demandante tuvo lugar entre febrero del 2003 y setiembre del 2004. Así las
cosas, concluye la Sala que la demandante no logró desvirtuar las cifras
contenidas en la referida declaración de renta, como era su carga, de
conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso (CGP, Ley
1564 de 2012). Consecuentemente, el medio probatorio que mejor describe el
patrimonio poseído por la apelante única a primero de enero de 2007 es la
declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al periodo 2006, pues,
si bien tiene corte a 31 de diciembre del 2006, lo cierto es que los valores allí
registrados no fueron correctamente desvirtuados por la demandante.

Por consiguiente, la Sala encuentra probado que el primero de enero de 2007,
la actora poseía un patrimonio líquido equivalente a $5.400.068.000 y, por
ende, era sujeto pasivo del impuesto al patrimonio del año 2010, de
conformidad con el artículo 293 del ET […]”. [Cursiva original del texto y
subrayado fuera del texto].

16

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01739-00
Accionante: Juana Manuela Marroquín Santos

38. La Sala núm. 2 Especial de Decisión del Consejo de Estado decidió, dentro del
recurso extraordinario de revisión, lo siguiente:

“[…] [P]ara la Sala los dos argumentos iniciales planteados por la recurrente
como sustento de la causal de revisión, referentes a que la decisión recurrida
se tomó sin la existencia de prueba que acreditara que la señora Marroquín
fuera sujeto pasivo del impuesto de patrimonio, sumado a la falta de valoración
de los elementos probatorios obrantes en el proceso, no constituyen realmente
la configuración de una nulidad originada en la sentencia por violación del
debido proceso, sino que corresponden al cuestionamiento sobre el análisis
fáctico y probatorio adelantado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

68. En efecto, de la lectura de las consideraciones de la sentencia recurrida, la
Sala advierte que, contrario a lo cuestionado por la parte actora sobre la falta
de valoración de los elementos de prueba que obraban en el expediente, lo que
se evidencia es que la Sección Cuarta del Consejo de Estado sí tuvo en cuenta
los documentos que se allegaron al proceso como pruebas, y de ellos concluyó
que no eran suficientes para demostrar la no sujeción de la contribuyente al
impuesto de patrimonio, pues según lo declarado por ella misma por el año
gravable 2006, tenía un patrimonio líquido de $5,468,068,000, es decir, era un
sujeto pasivo del impuesto al patrimonio del año gravable 2010, según las
normas citadas en párrafos anteriores.

[En esta parte la Sala Especial citó los hechos probados en la providencia de 3
de julio de 2020, y que también se mencionaron en el acápite anterior de la
presente decisión]

70. La anterior transcripción es diáfana en evidenciar que la Sección Cuarta del
Consejo de Estado no desconoció el material probatorio obrante en el proceso
con el que se acreditaba que se había declarado la extinción de dominio sobre
unos bienes que figuraban a nombre de la señora Marroquín Santos; pero lo
que no encontró probado la autoridad judicial era que dichos bienes, sobre los
cuales se adelantaron los procesos de extinción de dominio, fueran los mismos
que se incluyeron en la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente
al año gravable 2006 y que sumaban el valor reportado como patrimonio
líquido.

71. La Sala considera que esta conclusión a la que llegó la Sección Cuarta del
Consejo de Estado no configura una causal de nulidad por violación del debido
proceso, pues se trata de una decisión adoptada en ejercicio del principio de la
sana crítica, basada en el análisis de las pruebas allegadas al proceso, en
especial, si se tiene en cuenta que la declaración del impuesto sobre la renta
del año gravable de 2006 no fue corregida por la contribuyente, y dicho
documento sirvió de base para establecer el impuesto al patrimonio del año
2010, motivo por el cual, la parte actora no podía pretender que se restara el
valor probatorio a esta declaración, sin desvirtuar su presunción de veracidad.

72. Lo que demuestra lo anterior es que la pretensión de la recurrente es que
se estudie nuevamente la totalidad las pruebas que obran dentro del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, porque no comparte la
valoración probatoria efectuada por el Consejo de Estado. Los argumentos que
se exponen en el recurso extraordinario de revisión no son otros que los
planteados dentro del mismo proceso ordinario.

17

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01739-00
Accionante: Juana Manuela Marroquín Santos

73. A juicio de la Sala, el recurso extraordinario de revisión no puede, so
pretexto de alegar la configuración de esta causal, convertirse en una tercera
instancia con el fin de controvertir nuevamente las decisiones adoptadas por
los jueces del proceso ordinario, máxime cuando lo pretendido no es más que
corregir la falencia u omisión en la carga de la prueba para que se resuelvan
de forma favorable sus pretensiones.

74. En efecto, unido a lo anterior, la recurrente cuestiona que la autoridad
judicial no hubiera decretado pruebas de oficio para determinar que su
patrimonio era diferente al informado por ella, trasladando de manera infundada
su facultad probatoria al juez, pues era a este sujeto procesal a quien le
concernía aportar o solicitar el decreto y práctica de las pruebas con las que
pretendía soportar sus argumentos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 167
del Código General del Proceso28, aplicable por remisión del artículo 211 de la
Ley 1437 de 201129.

[…]

Pues bien, de acuerdo con lo expuesto, es evidente que la recurrente cuestiona
la valoración probatoria efectuada por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, al no considerar todas las pruebas en su conjunto, ni haber decretado
pruebas de oficio, para establecer que la contribuyente no tenía la obligación
tributaria de declarar el impuesto al patrimonio, y que de haberlo hecho, la
conclusión sería anular los actos acusados, lo que a juicio de la Sala no
constituye una violación al debido proceso, máxime cuando la señora
Marroquín tuvo todas las oportunidades para allegar o solicitar las pruebas que
desvirtuaran la presunción de legalidad de los actos demandados, pudiendo
ejercer una debida defensa. Se reitera que no es válido aducir el no ejercicio
de la facultad oficiosa del juez para suplir la carga probatoria que le asiste al
interesado […]”. [Subrayado fuera del texto]

39. Las transcripciones anteriores permiten evidenciar que, contrario a lo expuesto
por la parte accionante, las autoridades judiciales accionadas garantizaron sus
derechos y principios constitucionales, asimismo es evidente que la razón por la
que se negaron las pretensiones de la demanda se debió a que la señora Juana
Manuela Marroquín Santos no logró desvirtuar la legalidad de los actos que se
demandaban.

40. Las autoridades judiciales accionadas aclararon que en el presente asunto no
existe una duda probatoria que deba ser resuelta en favor de la señora Juana
Manuela Marroquín Santos.

28
Artículo 167. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar
las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a
la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos.
La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su
poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que
dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras
circunstancias. similares.
[…].
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.
29
Artículo 211. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo que no esté
expresamente regulado en este Código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil.

18

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01739-00
Accionante: Juana Manuela Marroquín Santos

41. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”30.

42. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”;
ya que en “el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”31. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”32.

43. Conforme a lo anotado, la Sala declarará improcedente la presente acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el Consejero de Estado
doctor Hernando Sánchez Sánchez, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

30
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
31
Ibidem.
32
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

19

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01739-00
Accionante: Juana Manuela Marroquín Santos

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.