Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01739-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01739-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-01739-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
23 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01739-01
Solicitante: JUANA MANUELA MARROQUÍN SANTOS
Autoridad: CONSEJO DE ESTADO-SALA SEGUNDA ESPECIAL DE
DECISIÓN Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia.
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la solicitante contra el fallo proferido
el 23 de mayo de 2024 por el Consejo de Estado-Sección Primera, que declaró
improcedente la acción de tutela.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 10 de abril de 2024, Juana Manuela Marroquín Santos, a través de apoderado
judicial, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, así como los principios de seguridad jurídica y legalidad,
que alegó vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia y por el Consejo
de Estado-Sección Cuarta al proferir las sentencias del 20 de marzo de 2018 y 3 de
julio de 2020, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 1 que interpuso contra la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales-DIAN. También reprochó la sentencia del 29 de septiembre de
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Identificado con número de radicado 05001-23-33-000-2013-01912-00/01.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01739-01
Solicitante: Juana Manuela Marroquín Santos
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
2023 proferida por el Consejo de Estado-Sala Segunda Especial de Decisión, que
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión 2 que interpuso contra la
sentencia del 3 de julio de 2020.
En virtud del amparo, se pide dejar sin efectos las providencias reprochadas y los
actos demandados en el proceso ordinario, así como ordenar a las autoridades
judiciales accionadas que profieran «una nueva providencia, ajustada a la
Constitución y la Ley y respetuosa de los derechos fundamentales».
2. Hechos relevantes
La solicitante formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que
se declaren nulas las Resoluciones n°. 112412012000014 de 2012 y 900.293 de
2013, que efectuaron la liquidación oficial de aforo del impuesto al patrimonio para
el año 2010 e impusieron sanción por omitir la declaración correspondiente.
En apoyo de las pretensiones, esgrimió que los actos demandados se fundaron en
un patrimonio del cual ya no era titular, ya que reside en Argentina y no tiene bienes
muebles o inmuebles a su nombre en Colombia. Advirtió que en 1987 sus padres
inscribieron varios bienes muebles e inmuebles a su nombre, sin embargo, salió del
país e inclusive varios de esos bienes fueron objeto de extinción de dominio.
El asunto correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia, que en sentencia del
20 de marzo de 2018 negó las pretensiones de la demanda, ya que no logró infirmar
la presunción de legalidad de los actos demandados. La solicitante formuló recurso
de apelación contra esa decisión. Sin embargo, el 3 de julio de 2020 el Consejo de
Estado-Sección Cuarta confirmó la sentencia recurrida.
La solicitante formuló recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 3 de
julio de 2020. En sentencia del 29 de septiembre de 2023, el Consejo de Estado-
Sala Segunda Especial de Decisión declaró infundado ese recurso, ya que la
2
Identificado con número de radicado 11001-03-15-000-2021-04433-00.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01739-01
Solicitante: Juana Manuela Marroquín Santos
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
solicitante no acreditó ninguna vulneración al debido proceso que configure la
causal contenida en el artículo 250.5 del CPACA.
3. Fundamentos de la solicitud
La accionante sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados, pues incurrió en desconocimiento del precedente y en
defectos procedimental absoluto, fáctico y sustantivo. Afirma que se adelantó en su
contra un proceso de determinación del impuesto al patrimonio, aun cuando no tiene
bienes en Colombia y no es sujeto pasivo de ese tributo. Sostiene que las decisiones
desconocieron el precedente fijado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado3
en cuanto a los eventos que eximen a una persona de presentar declaración de
renta.
Además, no se acreditó que las propiedades incluidas en la declaración de renta
estuvieran identificadas e individualizadas, sumado a que sus bienes fueron
expropiados «y el estado colombiano no va dejar (sic) por fuera bienes».
4. Trámite procesal
El 16 de abril de 2024 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación a
las autoridades judiciales accionadas, así como a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales-DIAN en calidad de tercera con interés.
En el escrito de contestación, el Consejo de Estado-Sección Cuarta, al oponerse
al amparo, adujo que la solicitud no satisface el requisito de inmediatez, ya que se
presentó por fuera de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia del
3 de julio de 2020. Agregó que la ejecutoria de esa decisión no se vio alterada por
la interposición del recurso extraordinario de revisión, aunado a que el 29 de
septiembre de 2023 se declaró infundado ese recurso.
3
Consejo de Estado-Sección Cuarta, rad. n°. 88001-23-31-000-2010-00068-01, C.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas; Consejo de Estado-Sección Cuarta, rad. n°. 25000-23-27-000-2012-00130-01, C.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez. Consejo de Estado-Sección Cuarta, rad. n°. 17001-23-33-000-2013-00034-01, C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez. La solicitud no indicó la fecha de las providencias invocadas como precedente.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01739-01
Solicitante: Juana Manuela Marroquín Santos
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
El Tribunal Administrativo de Antioquia sostuvo que las decisiones judiciales no
desconocieron el ordenamiento jurídico ni incurrieron en los defectos acusados.
Afirmó que la actividad probatoria de la parte demandante fue insuficiente, pues no
acreditó que el valor reportado como patrimonio en las declaraciones de renta de
los años gravables 2006, 2007 y 2008 fuera objeto de extinción de dominio para el
año gravable 2010.
La DIAN pidió que se declare improcedente la solicitud por falta de relevancia
constitucional, ya que gira en torno a una controversia meramente legal, sin
acreditar alguna trasgresión de derechos fundamentales. Señaló que la decisión
cuestionada no incurrió en defecto fáctico, ya que valoró las pruebas aportadas al
expediente. Advirtió que la solicitante tenía la obligación de aportar pruebas idóneas
para demostrar su derecho y su inactividad no puede suplirse por las autoridades.
El Consejo de Estado-Sala Segunda Especial de Decisión guardó silencio.
El consejero de Estado Hernando Sánchez Sánchez manifestó impedimento para
conocer la solicitud, con apoyo en la causal prevista en el artículo 56.6 del Código
de Procedimiento Penal.
Mediante sentencia del 23 de mayo de 2024, el Consejo de Estado-Sección
Primera declaró improcedente la solicitud de amparo, ya que la solicitud de tutela
carece de relevancia constitucional. Además de ello, encontró fundado el
impedimento manifestado por el consejero de Estado Hernando Sánchez Sánchez.
Afirmó que la solicitud plantea un debate jurídico eminentemente legal y pretende
una instancia adicional. Además, carece de carga argumentativa en cuanto a la
configuración del desconocimiento del precedente, pues no mencionó la regla
judicial supuestamente desconocida. Por otra parte, estimó que los argumentos
contenidos en las decisiones controvertidas son suficientes para garantizar sus
derechos y principios constitucionales.
La solicitante impugnó. Reiteró que los bienes incluidos equívocamente en su
declaración de renta de 2009 fueron objeto de extinción de dominio, concretamente:
(i) unas cuotas sociales en Valencia y Henao y Cía Colectiva Civil, sobre las cuales
se decretó extinción de dominio por el Juzgado Primero Penal del Circuito
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01739-01
Solicitante: Juana Manuela Marroquín Santos
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
Especializado de Medellín en sentencia del 10 de febrero de 2003, y (ii) sobre los
edificios Mónaco y Dallas, mediante sentencias inscritas el 22 de abril de 2003 y el
22 de septiembre de 2004 en sus respectivos folios de matrícula inmobiliaria.
Esgrimió que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no tuvo en cuenta sus
garantías constitucionales «y avala lo de la autoridad administrativa». Agregó que
el fallo impugnado carece de una motivación adecuada, ya que no resolvió todos
«los pedimentos defensivos». El 10 de mayo de 2024 se concedió la impugnación.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 23 de mayo de 2024, proferida por el Consejo de Estado-Sección
Primera, que declaró improcedente el amparo.
6. Cuestión previa
Aunque la parte actora interpuso la tutela en contra del Consejo de Estado-Sala
Segunda Especial de Decisión, el Consejo de Estado-Sección Cuarta y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, la Sala solo analizará las sentencias del 3 de julio de
2020 y 29 de septiembre de 2023, en tanto decidieron el proceso ordinario y la
providencia que decidió el recurso extraordinario de revisión.
7. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la C. Pol y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-LEAJ. La
Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de primera instancia
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo
n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
6
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01739-01
Solicitante: Juana Manuela Marroquín Santos
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental4. De conformidad
con su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia
constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio
irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una
irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la
solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción
de tutela5.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Relevancia constitucional
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional6: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial
censurada; (ii) Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia
verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal y/o económico.
4
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
5
Ibidem.
6
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01739-01
Solicitante: Juana Manuela Marroquín Santos
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:
(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades principales;
a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal.
Caso concreto
La sentencia del 3 de julio de 2020 proferida por el Consejo de Estado-Sección
Cuarta, confirmó la decisión de primera instancia que desestimó las pretensiones
de nulidad y restablecimiento del derecho formuladas por la solicitante contra unos
actos de liquidación oficial del impuesto al patrimonio para el año gravable 2010.
Conforme a lo probado en el expediente, esa colegiatura advirtió que previo al
período gravable 2006 los inmuebles «Edificio Mónaco» y «Edificio Dallas» y las
cuotas sociales poseídas en Valencia y Henao y Cia Colectiva Civil, propiedad de
la solicitante, fueron sometidos a extinción de dominio. Sin embargo, la demandante
no demostró el valor de esos bienes, ni que correspondieran a aquellos que
conformaban su patrimonio para el año 2006. Cabe anotar que, en liquidación
privada del impuesto de renta del año gravable 2006, la demandante reportó un
patrimonio líquido de $5.400.068.000, sin que se acreditara que la totalidad de
bienes perdidos por extinción de dominio ascendieran a esa suma.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01739-01
Solicitante: Juana Manuela Marroquín Santos
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La demandante aportó un certificado de contador público en el que constaba su
patrimonio para el año 2006, supuestamente compuesto por los bienes objeto de
extinción de dominio y un bono para Desarrollo Social y Seguridad Interna-BDSI.
Empero, la autoridad judicial le restó mérito probatorio, ya que ese certificado omitió
referir los documentos que soportaban las conclusiones ahí planteadas. Por lo
expuesto, y ante la carencia de autoavalúos o avalúos catastrales que soporten las
pretensiones de la demanda, estimó que:
(…) el medio probatorio que mejor describe el patrimonio poseído por la apelante
única a primero de enero de 2007 es la declaración del impuesto sobre la renta
correspondiente al periodo 2006, pues, si bien tiene corte a 31 de diciembre del
2006, lo cierto es que los valores allí registrados no fueron correctamente
desvirtuados por la demandante.
Por consiguiente, la Sala encuentra probado que el primero de enero de 2007, la
actora poseía un patrimonio líquido equivalente a $5.400.068.000 y, por ende, era
sujeto pasivo del impuesto al patrimonio del año 2010, de conformidad con el
artículo 293 del ET.
Además, la decisión anotó que el asunto no ofrece una duda probatoria que deba
resolverse a su favor conforme al artículo 745 E.T., ante la inactividad de la parte
llamada a desvirtuar la liquidación oficial de la administración (artículo 167 CGP).
Por otra parte, explicó que ante la omisión de presentar la declaración del impuesto
al patrimonio para el año gravable 2010, el artículo 298-2 E.T. prevé un método de
estimación indirecta que, según lo expuesto en la decisión:
(…) faculta a la autoridad para tener como patrimonio líquido poseído a 01 de enero
de 2007 el declarado por el contribuyente en la última liquidación privada del
impuesto sobre la renta presentada. Ese método se caracteriza porque: (i) el
contribuyente omitió el deber de presentar la liquidación privada del impuesto al
patrimonio; (ii) únicamente está legitimado para aplicarlo la Administración, de
manera que el contribuyente omiso en el deber de presentar la declaración no
puede utilizarlo en su favor; (iii) la estimación indirecta de la base gravable y del
impuesto está precedida de la negativa o reticencia del contribuyente a entregar la
información que permita la estimación directa de la base gravable, puesto que se
privilegia la utilización del método de la estimación directa, inclusive en los casos
en los que el legislador habilita la estimación indirecta.
La posibilidad de utilizar como base gravable del impuesto al patrimonio el
patrimonio líquido reportado en la declaración del impuesto sobre la renta no se
funda en la presunción de veracidad de los hechos consignados en tal declaración
(artículo 746 del ET), ni en el valor probatorio de la misma. El único fundamento
estriba en la decisión del legislador de adoptar un método de estimación indirecta
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01739-01
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Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
de la base gravable del impuesto al patrimonio que toma como dato de la realidad
para determinar indirectamente la base gravable el patrimonio líquido reportado en
la declaración de renta. En este sentido, la Sala considera pertinente aclarar que el
método de estimación indirecta tiene fuente legal precisa y no es el resultado de
una potestad discrecional de la Administración para cuantificar la base gravable
(sentencia del 29 de agosto de 2018, exp. 21349, CP: Julio Roberto Piza
Rodríguez).
En ese sentido, la declaración que sirve de referencia para el método de estimación
directa bajo análisis es aquella anterior al momento en que se verificó el aspecto
material del hecho generador del impuesto al patrimonio (i. e. el 01 de enero de
2007), puesto que tal declaración es la que mejor describe la capacidad económica
que gravó el legislador (la riqueza poseída a primero de enero de 2007). Nótese
que para los años 2007 y 2010 la base gravable del impuesto al patrimonio es la
misma: «el valor del patrimonio líquido del contribuyente poseído el 01 de enero del
año 2007», de modo que carecería de sentido considerar que, aunque la base
imponible no cambia, los criterios de estimación indirecta sí. Por consiguiente, juzga
la Sala que «la última declaración de renta presentada» a la que se refiere el artículo
298-2 del ET es aquella anterior al 01 de enero de 2007, momento en el que se
verifica el aspecto material del hecho imponible del impuesto sub lite y no una
posterior. (se destaca).
Conforme a lo anterior, como la DIAN liquidó el impuesto al patrimonio con
fundamento en la declaración del impuesto sobre la renta del período 2006, la
providencia estimó que tal actuación se ajustó al método de estimación indirecta y
a lo previsto en los artículos 295 y 298-2 E.T., razón suficiente para confirmar la
sentencia desestimatoria.
En sentencia del 29 de septiembre de 2023, el Consejo de Estado-Sala Especial de
Decisión n°. 2 declaró infundado el recurso extraordinario de revisión que la
solicitante, con apoyo en el artículo 250.5 del CPACA, formuló contra la anterior
decisión. Explicó que el cargo de nulidad originada en la sentencia por violación del
debido proceso 7 , en los términos planteados por la recurrente, se funda en un
reproche sobre el análisis fáctico y probatorio de la decisión recurrida, además de
reiterar los argumentos esgrimidos en el proceso ordinario.
La referida sala adujo que el recurso extraordinario de revisión no constituye una
instancia adicional. Agregó que la autoridad judicial no está en el deber de agotar
sus facultades oficiosas en materia probatoria para suplir la carga que le compete
7
El consejero de Estado Martín Bermúdez Muñoz aclaró voto pues, en su criterio, la «violación grave del debido
proceso» no es suficiente para configurar la causal de revisión por nulidad originada en la sentencia. Ello en
atención al carácter extraordinario del recurso y la taxatividad de las causales contenidas en la ley.
10
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01739-01
Solicitante: Juana Manuela Marroquín Santos
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
al interesado. Condenó en costas a la recurrente conforme al artículo 255 del
CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, y en atención al escrito de oposición
presentado por la DIAN8.
La Sala advierte que los argumentos presentados por la solicitante no acreditan una
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan a volver
sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y esgrimen divergencias
de carácter netamente legal. Además de ello, revisados los fundamentos jurídicos
que motivaron la decisión, la Sala estima que provienen de una interpretación
razonable de las pruebas aportadas al expediente, así como del marco legal y
jurisprudencial aplicable al asunto.
Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no
es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las
razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional y se confirmará el fallo impugnado.
Además, el escrito de tutela no satisface una carga argumentativa suficiente al
esgrimir el desconocimiento de un precedente jurisprudencial. Adujo que la decisión
cuestionada no tuvo en cuenta unas providencias estimatorias de casos con
supuestos fácticos y jurídicos similares, sin embargo, al relacionar dichas
providencias no se explicó de manera clara o suficiente cuál es su fuerza vinculante
o cuáles son las reglas jurisprudenciales aplicables al asunto ordinario.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
8
El consejero de Estado César Palomino Cortés aclaró voto pues, en su criterio, la sola oposición al recurso
extraordinario de revisión no es suficiente para acreditar la causación de costas por agencias en derecho. Con
apoyo en las mismas consideraciones, el consejero de Estado Hernando Sánchez Sánchez salvó parcialmente
su voto.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01739-01
Solicitante: Juana Manuela Marroquín Santos
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de mayo de 2024 por el
Consejo de Estado-Sección Primera, que declaró improcedente la solicitud de tutela
interpuesta por Juana Manuela Marroquín Santos contra el Tribunal Administrativo
de Antioquia, el Consejo de Estado-Sección Cuarta y el Consejo de Estado-Sala
Segunda Especial de Decisión.
SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
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