RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-01751-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01751-01

Fecha
25 de julio de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01751-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Confirmar la sentencia del 23 de mayo de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que rechazó por improcedente la presente acción de tutela al no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional. Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-01751-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

25 de julio de 2024

1

Radicado: 11001 03 15 000 2024 01751 01
Demandantes: Jhon Enrique Varela Morelly y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 01751 01
Demandantes: Jhon Enrique Varela Morelly y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Defecto sustantivo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del
23 de mayo de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, por el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
los señores Jhon Enrique Varela Morelly y Jhonathan Barros Villamizar, en nombre
propio, promovieron demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad jurídica,
que consideraron conculcados con las sentencias de primera y segunda instancia
proferidas el 10 de junio de 2021 y el 21 de septiembre de 2023, por el Tribunal
Administrativo de la Guajira y la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 11001 03 15 000 2024 01751 01
Demandantes: Jhon Enrique Varela Morelly y otro

Estado, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
44001 23 40 000 2015 00052 01.

Como consecuencia de lo anterior, pidieron dejar sin efectos las providencias
mencionadas, y ordenar proferir una nueva decisión de reemplazo en la que se dé una
adecuada observancia y aplicación a los lineamientos propuestos en la sentencia de
tutela.

1.1.2. Los hechos

Los accionantes narraron los siguientes supuestos fácticos:

i) En el 2015, por conducto de apoderado judicial, interpusieron demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional), con el fin de que se anularan los
actos administrativos mediante los cuales fueron sancionados disciplinariamente con
destitución e inhabilidad general por el término de 10 años para ejercer funciones
públicas. Consecuentemente, solicitaron su reintegro y el pago de los salarios y demás
emolumentos dejados de percibir.
ii) El 10 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo de la Guajira profirió sentencia
de primer grado, a través de la cual denegó las pretensiones de la demanda referida,
al considerar que los actos enjuiciados no están viciados de nulidad por violación de
normas o falsa motivación, entre otras razones.

iii) El 21 de septiembre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, desató el recurso de apelación presentado por los hoy accionantes
contra la decisión de primer grado, y la confirmó en su totalidad, en atención a que a)
no se incurrió por parte del a quo una indebida valoración probatoria tanto de los
documentos como de los testimonios decretados y practicados; b) no existió
contradicción entre la prueba pericial balística realizada por la Policía Nacional en el
proceso disciplinario y la practicada por la Fiscalía General de la Nación en desarrollo
del proceso penal; c) no es necesario establecer la responsabilidad penal de los
implicados para ser sancionados por la falta disciplinaria; d) no existe identidad de
objeto ni de causa entre el proceso disciplinario y el penal.
1.1.3. Los defectos invocados

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 11001 03 15 000 2024 01751 01
Demandantes: Jhon Enrique Varela Morelly y otro

La parte actora consideró que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los
defectos sustantivo, error inducido y fáctico, los cuales sustentó de la siguiente
manera:

1.1.3.1. Defecto sustantivo

Los jueces de instancias aplicaron indebidamente el artículo 34, numeral 9, de la Ley
1015 de 2006, según el cual constituye falta gravísima «Realizar una conducta descrita
en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como
consecuencia de la función o cargo», en la medida en que dicha norma consagra un
tipo en blanco, lo cual obliga necesariamente a la remisión a una conducta penal.

Así mismo, que, si bien la configuración de tal falta no se supedita a la existencia de
una sentencia condenatoria penal, es necesaria «la existencia de unas condiciones
jurídicas suficientes como para hacer posible esa imputación, que en el caso de los
suscritos nunca ha existido», pues jamás fueron investigados por la conducta descrita
en el artículo 265 del Código Penal que consagra el delito de daño en bien ajeno.

En consecuencia, el aludido artículo 34, numeral 9, de la Ley 1015 de 2006 no se
adecua a la situación fáctica ocurrida, debido a que no se han visto vinculados ni
siquiera a modo de instancias preliminares en la conducta punible que describe el
artículo 265 del Código Penal. Precisaron que la conducta por la cual sí fueron objeto
de investigación penal fue por el delito de amenazas con arma de fuego, consagrado
en el artículo 347 del Código Penal, del cual no se alcanzó a formular acusación por
falta de elementos probatorios suficientes.

Adicionalmente, resaltaron que el verbo rector de la falta disciplinaria es realizar, lo
que significa que para su configuración es necesaria la realización de una conducta
penal. Por consiguiente, se requiere de la existencia de «una causa penal para que se
cumpla esa tipificación, soportada en elementos materiales probatorios». En suma,
sostuvieron que «no puede entenderse jurídicamente viable investigar a un funcionario
publico (sic) por la conducta disciplinaria de realizar una conducta punible (…); no
obstante, no existir jamás proceso penal alguno adelantado contra ese servidor por
dicho delito».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 11001 03 15 000 2024 01751 01
Demandantes: Jhon Enrique Varela Morelly y otro

1.1.3.2. Error inducido

i) La Policía Nacional indujo a error a las autoridades judiciales accionadas, e
incluso a la Fiscalía General de la Nación, ya que los actores nunca fueron
investigados penalmente por el delito de daño en bien ajeno. Por ende, no están de
acuerdo con que en la sentencia de segunda instancia se haya mencionado en el
encabezado de la providencia que ese fue el delito cometido. Ese engaño ha
conducido al error al juez administrativo, pues este creyó que existió la comisión de
ese delito, pese a que la conducta reprochada en el proceso penal fue la amenaza con
arma de fuego.

ii) El dictamen pericial de balística practicado indebidamente por la Policía Nacional
fue falso y engañoso, ya que, en el proceso penal, la Fiscalía General de la Nación,
mediante nuevos dictámenes y pruebas testimoniales, determinó que no existía
evidencia de la comisión del delito imputado.

1.1.3.3. Defecto fáctico

i) Las autoridades judiciales accionadas no realizaron un análisis integral, objetivo
y exhaustivo de todas las pruebas disponibles en el expediente; sino que solamente
tuvieron en cuenta las pruebas convenientes para el sentido del fallo, dejando sin
estudiar otras que obran en el plenario y que demostraban el concepto de violación
planteado en el medio de control.

ii) Muchas pruebas no se examinaron críticamente e incluso ni siquiera se
mencionaron en las sentencias, incumpliendo los artículos 187 de la Ley 1437 de 2011
y 176 y 280 de la Ley 1564 de 2012, como sucedió con los testimonios de los señores
Eder Antonio Gómez Núñez, Jhon Jader Marrugo Gómez, Martha Ligia Solorzano
Dangón, Jhon Alfredo Solano Pinto, Ledis María Hernández Sequea y Arley Rincón
Mesa Ureña Molina Robles, entre otros.

iii) De haberse cumplido con el análisis integral de la prueba, habría sido posible
advertir la contradicción existente entre el estudio balístico realizado por la Policía
Nacional y el llevado a cabo por la Fiscalía General de la Nación. Este último,
efectuado según los protocolos de la cadena de custodia, en el que no se evidenciaron
coincidencias entre las partículas encontradas y la pistola del señor Jhon Varela
Morelly, a diferencia del análisis de la Policía que sí los incriminó. En su criterio, «una

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 11001 03 15 000 2024 01751 01
Demandantes: Jhon Enrique Varela Morelly y otro

contradicción tan grande como es el resultado positivo en el análisis técnico balístico
realizado en el proceso disciplinario y por su parte en el proceso adelantado por la
Fiscalía General de la Nación diera negativo (…) no podía perderse de vista».

iv) La prueba balística utilizada para incriminar a los actores no fue decretada
oficialmente, pues, en los autos de pruebas, el dictamen de balística no fue declarada;
por el contrario, fue en el marco de una declaración juramentada que a los tutelantes
se les solicitó allegar las armas de fuego.

Además, el referido dictamen se realizó sin seguir los protocolos adecuados de cadena
de custodia, pues se incluyó el análisis de tres proyectiles no solicitados, pese a que
«la solicitud de cotejo balístico solo fue ordenada sobre las vainillas y no sobre
proyectiles». Por consiguiente, sostuvieron que el cuestionado comparativo balístico
con el que se incriminó a uno de los actores se extralimitó más allá de la orden dada y
justamente fue esa prueba la determinante para la incriminación, pues el resultado de
la valoración de los tres proyectiles dio como resultado lo siguiente:

« 9.1. Realizado el cotejo microscópico entre las vainillas EM,P y/o EF
identificadas como PNC (…) con las vainillas patrón de las pistolas allegadas
para estudio, no se encontró características microscópicas de identidad
comunes entre ellas por lo que estas fueron percutidas por una arma de fuego
distinta a las allegadas para estudio.

9.2. Realizado el cotejo microscópico entre los tres proyectiles EMP y EF (…)
con los proyectiles patrón de la pistola Jericho (…), encontrándose
características microscópicas de identidad comunes entre sí, es decir que estos
fueron disparados por el arma antes mencionada».

v) El arma de propiedad del señor Jhon Varela Morelly se entregó en la ciudad de
Santa Marta y que ese hecho es sumamente importante porque así se demuestra que
era imposible que esa arma fuera la empleada en el atentado, ya que para la fecha de
ocurrencia de los hechos se encontraba en la ciudad mencionada. Este hecho se
puede corroborar además con las declaraciones juramentadas y testimonios de los
señores José María Montes Ávila y Martha Ligia Solorzano Dangón.

Además, resaltaron que la Fiscalía General de la Nación, en un nuevo dictamen
técnico, determinó que el arma de Jhon Varela Morelly no estaba relacionada con los
hechos, pese a que el dictamen de la Policía Nacional sostenía lo contrario, en los
siguientes términos: «Tal y como se establece en la sección denominada “cotejo de
vainillas”, mediante cotejo de material incriminado y patrón no se logró establecer

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicado: 11001 03 15 000 2024 01751 01
Demandantes: Jhon Enrique Varela Morelly y otro

identidad entre las vainillas incriminadas y las vainillas obtenidas como patrones de la
pistola marca jaricho (sic), número de serie 42351081, es decir que las seis (6) vainillas
recibir (sic) para estudio no fueron percutidas en la pistola material de estudio». El
resultado del dictamen decretado por la Fiscalía General de la Nación fue determinante
no solo para ordenar la preclusión de la investigación penal contra los suscritos, sino
también para revocar la medida de aseguramiento que pesaba contra el señor Jhon
Enrique Varela Morelly.

vi) Si bien se trata de un proceso penal, que es distinto a un disciplinario, también
es cierto que en el primero se comprobó que no existía fundamento alguno para
determinar la comisión de la conducta endilgada, pues en la prueba de balística
realizada en el proceso penal demostró que no se trataba de la misma arma de fuego
con la que se realizó la comisión de la conducta reprochada y que dio origen a los
procesos penal y disciplinario. Contradicción que no fue adecuadamente considerada
por las autoridades judiciales.

vii) No se demostró que los accionantes estuvieran en el lugar del delito a la hora de
los hechos. Según el informe del comandante del Primer Distrito de Policía de
Riohacha, el atentado ocurrió antes de las 4:57 a. m., mientras que ellos estuvieron en
una celebración hasta las 5:00 a. m. tal como se corroboró por varios testimonios de
policías que coincidieron en sus declaraciones.

Además, sostuvieron que hay una distancia significativa entre el lugar de la celebración
en que ellos estuvieron y la vivienda del intendente; y que según el polígama 146 del
21 de marzo de 2014, suscrito por el comandante del Primer Distrito de Policía de
Riohacha, el vehículo del cual provinieron los disparos era de color rojo quemado, lo
cual no coincide en ningún modo con la descripción del vehículo del señor Jhon
Enrique Varela Morelly, el cual es de color blanco. Por consiguiente, manifestaron que
no existe una prueba que permita brindar certeza sobre las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en el que presuntamente perpetraron tal acto contra su superior.

viii) Los testimonios clave que pudieron exonerarlos no fueron considerados
adecuadamente, como lo son las declaraciones de varios policías como los señores
Eder Antonio Gómez Núñez, Jhon Jader Marrugo Gómez y Jhon Alfredo Solano Pinto,
que aseguran haber estado con ellos hasta poco después de las 5:00 a. m., que estos

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicado: 11001 03 15 000 2024 01751 01
Demandantes: Jhon Enrique Varela Morelly y otro

no portaban armas y que eran funcionarios destacados por un buen servicio y
comportamiento. Además, testimonios como el de Jhon Jader Marrugo Gómez
sugieren que hubo intentos de manipulación y entrega de dineros por parte de
superiores de la Policía para inculparlos falsamente.

A su vez, desecharon el testimonio del señor Carlos Miguel Mejía, quien dio una
descripción temporal confusa de los hechos al afirmar que vio a los accionantes entre
las 3:50 a. m. y 4:40 a. m. por el lugar de los hechos. Aseveración que no concuerda
con otros testimonios y el horario del crimen. Además, dicho testigo también aseveró
que el vehículo utilizado en el atentado era de color rojo quemado, lo cual no coincide
con el vehículo blanco del señor Varela Morelly.

Así mismo, no se tuvo en cuenta el testimonio de Jhon Jader Marrugo Gómez, quien
afirmó en su declaración que Carlos Miguel Mejía le confesó que recibió dinero de
parte de policías para que rindiera la información que este último proporcionó en el
curso del proceso disciplinario.

ix) Hubo falta de análisis de las declaraciones juramentadas ante notario de los
señores Eder Antonio Gómez Núñez, José María Montes Ávila, Martha Ligia Solorzano
Dangón, que aportaban información sobre la inocencia de los acusados y la falta de
consideración de pruebas como la ausencia del arma personal de Varela en el lugar
de los hechos.

1.2. Actuación procesal

El 16 de abril de 2024, se admitió la demanda de la referencia y se ordenó notificar a
los magistrados de la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado y del
Tribunal Administrativo de La Guajira, como demandados; y a la Nación (Ministerio de
Defensa, Policía Nacional) y a los señores Azaneth María Ortega Miranda, Jhon David
Varela Ortega, Nathalia Vaneza Varela Ortega, Graciela Morelly, Robinson Varela,
Diana Carolina Gutiérrez Betancourt, Simón David Barros Gutiérrez y Ana Victoria
Villamizar Ospino, como terceros con interés directo en las resultas del proceso.

1.3. Contestación de la demanda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicado: 11001 03 15 000 2024 01751 01
Demandantes: Jhon Enrique Varela Morelly y otro

1.3.1. Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional)

La mencionada entidad, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de la acción
de tutela de la referencia, bajo los siguientes argumentos:

i) Las autoridades judiciales accionadas desarrollaron una carga argumentativa y
un análisis profundo y detallado de las pruebas, con base en las cuales desvirtuaron
los argumentos del recurso de apelación presentado por los tutelantes.

ii) En la sentencia de segunda instancia, los cargos formulados en la apelación
fueron divididos en nueve grupos y se explicó en extenso las razones de derecho por
las cuales no se accedió a las pretensiones de la demanda en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho; de ahí que cada uno de los argumentos
formulados se resolvieron en profundidad. Tal análisis conllevó a no encontrar
desvirtuada la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, por
lo cual aquellos continúan incólumes en el mundo jurídico y surten los efectos para los
cuales se profirieron.

iii) El hecho de que el resultado de la controversia no haya sido favorable a los
accionantes no implica de ninguna manera la afectación de sus derechos
fundamentales.

iv) De otra parte, la decisión judicial en materia penal no tiene ninguna injerencia en
la actuación disciplinaria, en virtud del principio de autonomía consagrado en el artículo
2 de la Ley 1015 de 2006.

v) La acción de tutela no es un mecanismo para reabrir un debate en el que los
demandantes tuvieron la oportunidad de cuestionar. Además, que si se revisa
detalladamente se advierte que aquellos así lo hicieron. Además, el mecanismo
interpuesto es improcedente, dada la inexistencia de un perjuicio irremediable
ocasionado a la parte actora, derivado de las sentencias proferidas en el medio de
control.

1.3.2. Tribunal Administrativo de la Guajira

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 11001 03 15 000 2024 01751 01
Demandantes: Jhon Enrique Varela Morelly y otro

i) La corporación judicial pidió declarar improcedente la tutela interpuesta, debido a
que no se cumplen los requisitos señalados por la jurisprudencia constitucional.
Además, indicó que dicho mecanismo constitucional no puede utilizarse como un
instrumento de tercera instancia para rebatir los argumentos sobre los que se erigieron
las decisiones del juez ordinario.

ii) En lo que respecta al defecto sustantivo planteado por los accionantes,
sustentado en que jamás fueron investigados por el delito de daño en bien ajeno,
señaló que «en el proceso ordinario si (sic) quedó acreditado que la Fiscalía solicitó
realización de audiencia preliminar donde peticionó orden de captura contra Jhon
Enrique Varela Morelly por los delitos de amenazas, disparo de arma de fuego y daño
en bien ajeno».

iii) Con relación al defecto fáctico planteado, aseveró que la sentencia de primera
instancia fue producto de una valoración probatoria a la luz de la sana crítica y reglas
de la experiencia en concordancia con las normas aplicables.

iv) Las decisiones proferidas tanto en primera como en segunda instancia se
fundamentaron en el marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso.

1.3.3. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

La referida Subsección de esta colegiatura, tras efectuar un recuento detallado de las
pruebas aportadas, afirmó que ni esta ni el tribunal incurrieron en indebida apreciación
integral de las pruebas, porque en las decisiones cuestionadas se efectuó un análisis
amplio e integral de las evidencias probatorias.

Así mismo, que en dicho proceso se explicó y justificó con suficiencia porqué se dio
credibilidad a unas pruebas sobre otras. Añadió que el hecho de que los accionantes
estén en desacuerdo con tal razonamiento no implica que se haya incurrido en
violación de los derechos de contradicción, defensa y debido proceso o que no
existieran razones suficientes para sancionar.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicado: 11001 03 15 000 2024 01751 01
Demandantes: Jhon Enrique Varela Morelly y otro

1.3.4. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, con ponencia de la magistrada Myriam Stella
Gutiérrez Argüello, profirió el fallo del 23 de mayo de 2024, a través del cual declaró la
improcedencia de la acción de tutela de la referencia, al considerar que no satisface el
requisito de relevancia constitucional. Al respecto, el a quo argumentó lo siguiente:

i) El mecanismo constitucional de la referencia se está empleando como una
instancia adicional, pues el escrito contiene una reiteración de los argumentos
presentados en el recurso de apelación interpuesto contra la providencia de primera
instancia.

Es más, se advierte que la mayoría del escrito de tutela es una reproducción literal de
varios apartados del recurso de apelación.

ii) Por lo tanto, los fundamentos expuestos en la acción de tutela ya fueron
resueltos por el juez natural.

1.5. Impugnación

Los accionantes, junto con los señores Azaneth María Ortega Miranda, Jhon David
Varela Ortega, Nathalia Vaneza Varela Ortega, Graciela Morelly, Robinson Varela,
Diana Carolina Gutiérrez Betancourt, Simón David Barros Gutiérrez y Ana Victoria
Villamizar Ospino —vinculados con interés directo en las resultas del proceso—,
impugnaron el fallo de tutela de primer grado, conforme a los siguientes argumentos:

i) La demanda sí tiene relevancia constitucional a pesar de que los fundamentos
ya se arguyeron ante el juez ordinario, puesto que el derecho material al acceso a la
administración de justicia no se ha cumplido, dado que se han presentado súplicas con
sus respectivas pruebas, las cuales no se han analizado integralmente en los términos
y formas que establece la ley e interpretación debida de las normas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicado: 11001 03 15 000 2024 01751 01
Demandantes: Jhon Enrique Varela Morelly y otro

ii) Además, insisten en que no se han escuchado ni atendidos en sus pretensiones
que consideran debidamente probadas, sin que ello se convierta en una tercera
instancia, pues se están presentando una serie de irregularidades de nivel
constitucional que afectan sus derechos fundamentales, las cuales son caprichosas y
temerarias.

iii) Solicitan que en sede de impugnación se estudie cada uno de los cargos
propuestos, puesto que en primer grado no se analizaron, lo cual ha vulnerado aún
más sus prerrogativas.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20191, según el cual «Las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y
serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien
le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la
presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección
Cuarta de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar si se debe revocar el fallo del 23 de mayo de 2024, proferido por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la improcedencia
de la acción de tutela de la referencia por incumplir el requisito de relevancia
constitucional.

Para tal efecto, en primer lugar, se estudiará si la presente acción cumple con las
exigencias generales de procedencia para controvertir las sentencias del 10 de junio
de 2021 y del 21 de septiembre de 2023, expedidas por el Tribunal Administrativo de

1Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicado: 11001 03 15 000 2024 01751 01
Demandantes: Jhon Enrique Varela Morelly y otro

la Guajira y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, respectivamente,
dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 44001 23 40 000 2015
00052 01, en especial el de relevancia constitucional.

En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de las referidas
decisiones se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y al principio de confianza legítima de los accionantes.

2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,3 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser

2 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicado: 11001 03 15 000 2024 01751 01
Demandantes: Jhon Enrique Varela Morelly y otro

precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados relevantes

2.4.1. El 28 de abril de 2015, los señores Jhon Enrique Varela Morelly y Jhonathan
Barros Villamizar, entre otros, formularon demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional), en orden a
que se declarara la nulidad de los actos administrativos contenidos, por un lado, en los
fallos disciplinarios de primera y segunda instancia, emitidos el13 de agosto y el 10 de
septiembre de 2014, por el inspector delegado de la Región Ocho de Policía y por el
jefe de la Oficina Jurídica de Control Disciplinario Interno del departamento de La
Guajira, respectivamente, a través de los cuales se les sancionó con la destitución del
cargo e inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos; y, de otro lado, en la
Resolución 05215 del 5 de diciembre de 2014, proferida por el director general de la
Policía Nacional, mediante la cual se le dio cumplimiento a las mencionadas decisiones
sancionatorias.

Como consecuencia de lo anterior, solicitaron el reintegro al servicio activo de la Policía
Nacional, en el grado que les corresponda en virtud de la antigüedad, sin solución de
continuidad desde su vinculación hasta el reingreso a sus labores, así como el
reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones y demás emolumentos legales y
extralegales dejados de percibir, sumados a los aportes a seguridad social y los
perjuicios legales y extralegales sufridos con las decisiones disciplinarias enjuiciadas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicado: 11001 03 15 000 2024 01751 01
Demandantes: Jhon Enrique Varela Morelly y otro

Al respecto, los hoy accionantes fundamentaron la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en que a) la decisión disciplinaria se basó testimonios y
declaraciones que resultan cuestionables, sumado a que se dejaron de decretar
pruebas y solo se apreciaron las que resultaron desfavorables a sus intereses; b) se
incurrió en una violación al protocolo de cadena de custodia sobre las armas de fuego
recepcionadas por la entidad para realizarles la prueba pericial; c) hubo atipicidad de
la conducta, puesto que los pliegos de cargos estuvieron por fuera de los parámetros
del artículo 163 de la Ley 734 de 2022; y d) no se tuvo en cuenta el contenido de la
prueba balística practicada por la Fiscalía FPJ-13 del 7 de noviembre de 2014, en
razón a que con esta se logró establecer que no existía identidad entre las vainillas
incriminadas y las obtenidas como patrones de la pistola del señor Varela Morelly.
Además, que se pudo determinar que con dicha prueba que la comparación de los
proyectiles incriminados era improcedente, debido a que estos no presentaban zona
apta para la realización de cotejos balísticos.

2.4.2. El 10 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo de la Guajira, dentro del
expediente 44001 23 33 001 2015 00052 00, expidió sentencia de primera instancia,
por medio de la cual se denegaron las súplicas de la demanda.

2.4.3. Inconforme contra dicha providencia, los señores Jhon Enrique Varela Morelly
y Jhonathan Barros Villamizar interpusieron recurso de apelación, entre otros, bajo los
siguientes argumentos:

i) No se hizo un análisis integral del acervo probatorio dentro de la sentencia de
primera instancia, ya que no se tuvieron en cuenta muchas de las pruebas allegadas,
entre ellas, los testimonios de Eder Antonio Gómez Núñez, Jhon Jader Marrugo
Gómez, Martha Ligia Solorzano Dangón, Jhon Alfredo Solano Pinto, Ledis María
Hernández Sequea, Arley Rincón Mesa Ureña.

ii) Existió contradicción entre el análisis técnico o prueba pericial balística realizada
por la Policía Nacional (sin garantizar la cadena de custodia) y la practicada por la
Fiscalía General de la Nación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Radicado: 11001 03 15 000 2024 01751 01
Demandantes: Jhon Enrique Varela Morelly y otro

iii) No se pudo demostrar que los hoy accionantes estuvieron a la hora y en el sitio
en el que tuvieron lugar los hechos por los cuales fueron sancionados, máxime, porque
el carro en el que dicen haberlos visto era de color rojo quemado, cuando en realidad
el vehículo del señor Varela Morelly es de color blanco.

2.4.4. El 21 de septiembre de 2023, la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo
de Estado profirió la sentencia de segunda instancia, a través de la cual confirmó el
fallo de primer grado emitido por el Tribunal Administrativo de la Guajira. Para efectos
de lo anterior, el ad quem argumentó lo siguiente:

63. Afirmó la parte recurrente que el a quo incurrió en indebida valoración
probatoria, en consideración a (i) en la sentencia recurrida no analizó de manera
integral el acervo probatorio, pues no valoró muchos elementos materiales, ni
explicó el mérito de cada una, máxime que algunas de estas ni siquiera fueron
mencionadas a manera de relación probatoria, tal como se dispone en el artículo
187 del CPACA, en concordancia con los artículos 176 y 280 del CGP; (ii) omitió
valorar los testimonios de Eder Antonio Gómez Núñez, Jhon Jader Marrugo
Gómez, Martha Ligia Solórzano Dangón, Jhon Alfredo Solano Pinto, Ledis María
Hernández Sequea, Arley Rincón Mesa Ureña Molina Robles; tal fue su
desconocimiento que ni siquiera fueron relacionados como material probatorio
algunos medios de prueba; por otro lado, en el ítem 2.5.1. de la misma, se
observan unas pruebas que fueron relacionadas pero no valoradas, y otras cuyo
análisis no fue realizado de manera integral; (iii) inobservó la contradicción
existente entre la prueba pericial balística realizada por la Policía Nacional en el
proceso disciplinario -la cual se hizo sin garantizar el protocolo sobre la cadena de
custodia-, y la practicada por la Fiscalía General de la Nación en desarrollo del
proceso penal -realizada guardando los protocolos de cadena de custodia-, y solo
tuvo en cuenta la prueba del proceso disciplinario que incrimina a los actores, pero
guardó silencio respecto de la segunda que los beneficiaba.

64. Para la Sala, el argumento en cita no tiene vocación de prosperar, en razón a
que, la indebida apreciación integral de las pruebas no ocurrió, ya que, luego de
revisar el expediente administrativo se observa que las accionadas efectuaron en
las decisiones un análisis amplio e integral de las evidencias probatorias, en ese
contexto, explicaron y justificaron con suficiencia porqué dieron credibilidad a unas
pruebas y se apartaron de otras, y el hecho de que el accionante esté en
desacuerdo con tal razonamiento, no implica que hayan incurrido en violación de
los derechos de contradicción, defensa y debido proceso o que no existieran
razones suficientes para sancionar, (…)

65. Ahora, en cuanto al argumento referido a que el tribunal de primera instancia
inobservó la contradicción existente entre la prueba pericial balística realizada por
la Policía Nacional en el proceso disciplinario y la practicada por la Fiscalía
General de la Nación en desarrollo del proceso penal -realizada guardando los
protocolos de cadena de custodia-, se tiene que el a quo reseñó en la sentencia
de primera instancia en el acápite 2.5.236, el Informe del Investigador de
Laboratorio rendido por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol
Laboratorio de Balística Forense, del cual extrajo la siguiente interpretación de
resultados (fl. 150-152 c. anexo de pruebas 1):

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Radicado: 11001 03 15 000 2024 01751 01
Demandantes: Jhon Enrique Varela Morelly y otro

«9.1. Realizado el cotejo microscópico entre las vainillas EMP y/o EF
identificadas como PNC12/02879ES V1/6, V2/6, V3/6, V4/6, V5/6 Y V6/6
con las vainillas patrón de las pistolas allegadas para estudio, no se
encontraron características microscópicas de identidad comunes entre
ellas, por lo que estas fueron percutidas por un arma de fuego distinta a
las allegadas para estudio.

9.2. Realizado el cotejo microscópico entre los tres proyectiles EMP y EF
identificados como PNC14/02879ES P1/3, P2/3 y P3/3, con los proyectiles
patrón de la pistola JERICHO modelo 941 PSL número serial 42351081,
encontrándose características microscópicas de identidad comunes entre
sí, es decir que estos fueron disparados por el arma antes mencionada.»

66. Así mismo, en la sentencia de primera instancia se referenció que obra en el
expediente -más específicamente en el cuaderno de anexo de pruebas 7, folio
157- el oficio 2014-2 del 7 de noviembre de 2014, por medio del cual el técnico
investigador II hace entrega del informe de laboratorio de balística a la Fiscalía de
Infancia y Adolescencia de la ciudad de Santa Marta, Magdalena, practicado sobre
el arma de fuego clase jerincho de serie 42351081, con los elementos materiales
de pruebas y evidencias físicas recolectadas en el lugar de los hechos y dentro
del cual se llegó a la siguiente conclusión (fl.173-178 c. anexo de pruebas 7):

«Tal como se establece en la sección denominada “COTEJO DE
VAINILLAS”, mediante cotejo de material incriminado y patrón, no se logró
establecer identidad entre las vainillas incriminadas y las vainillas
obtenidas como patrones de la pistola marca jerincho (sic), número de
serie 42351081, es decir que las seis vainillas recibidas para estudio no
fueron percutidas en la pistola materia de estudio.
El cotejo de proyectiles y patrones es improcedente, debido a que los
proyectiles incriminados no presentan zona apta para la realización de los
cotejos balísticos, en uno de ellos se observa un fragmento apto pero la
dilatación imposibilita la comparación.
Se comprobó mediante pruebas físicas de disparo y examen a sus partes
y mecanismos que la pistola analizada se encuentra apta para disparar
cartuchos del mismo calibre y compatibles.
Los proyectiles calibres 9 milímetros fueron parte constitutiva de
cartuchos del mismo calibre los cuales se disparan en armas de fuego
tipo pistolas, subametralladora y subfusiles de igual calibre, además de
armas hechizas compatibles.
Los elementos recibidos para estudio estuvieron bajo nuestra permanente
custodia desde el momento de su recepción.»

67. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que el tribunal a quo sí tuvo
en cuenta las experticias técnicas de balística practicadas tanto en el proceso
disciplinario, como en el penal, sin embargo, analizadas las demás pruebas en
conjunto, especialmente las declaraciones, la primera instancia llegó a la
conclusión que los tres proyectiles EMP y EF identificados como PNC14/02879ES
P1/3, P2/3 y P3/3, con los proyectiles patrón de la pistola JERICHO modelo 941
PSL número serial 42351081, poseen características microscópicas de identidad
comunes entre sí, es decir que estos fueron disparados por el arma antes
mencionada, de propiedad del actor Jhon Enrique Varela Morelly, con lo que se
acredita la comisión de la conducta y la correspondiente responsabilidad
disciplinaria de los investigados.

68. En este punto es importante mencionar que el hecho de que en el proceso
penal se haya llegado a una conclusión distinta, no obliga o condiciona el
disciplinario en el análisis de las pruebas obrantes en cada uno de los escenarios,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Radicado: 11001 03 15 000 2024 01751 01
Demandantes: Jhon Enrique Varela Morelly y otro

ni tampoco en la decisión de fondo, puesto que, estas materias penal y
disciplinaria son autónomas e independientes entre sí, ya que poseen naturaleza,
persiguen fines y protegen bienes jurídicos diferentes, por lo que, con una sola
conducta se pueden configurar diversos tipos de responsabilidad, o encontrarse
responsable en una, y ser absuelto en la otra.

[…]
70. En cuanto a la prueba testimonial del agente Jhon Jader Marrugo Gómez, esta
instancia encuentra inconsistencia y contradicciones, al indicarse que: «para el 22
de marzo del año 2014, al encontrase éste en horas de la noche, recibió una
propuesta por el director de Inteligencia Coronel Vásquez Prada, el subdirector de
Inteligencia de la Dipol mayor Castellano Ruiz, el jefe de Inteligencia Regional 8
de la Policía Cabras Diaz, el jefe de Área de Contrainteligencia de la Dipol y otro
señor, sobre realizar declaración o dar información respecto de los hechos
ocurridos en la madrugada del 21 de marzo a cambio de no hacerle el traslado.
Induciéndole a indicar hechos que no había ocurridos para lo cual dicho testigo se
negó hacer tal petición...», lo anteriormente expuesto en el recurso de apelación,
sin que allí se indicara a qué hechos se referían que se le pedía que dijera y que
no habían ocurrido, el testigo no es concluyente, su declaración como prueba para
desvirtuar la conducta enrostrada al demandante no es útil, pues no indica ni da
detalles de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la supuesta coacción.

73. En este mismo sentido se encuentran las declaraciones de Edel Antonio
Gómez Núñez y Jhon Alfredo Solano Pinto quienes afirman haber sido
presionados para decir hechos que no acontecieron en la madrugada del 21 de
marzo de 2014, pero no indican con certeza en que consistieron dichas
insinuaciones, presiones o versiones que sus superiores deseaban escuchar, sus
dichos se encaminan no a los hechos en concreto acaecidos en la fecha señalada,
sino a otros hechos que en nada tienen que ver con lo que era objeto de
investigación y sanción, pues solo buscan desdibujar el buen o regular
comportamiento de sus superiores y ensalzar la conducta antecedente del
demandante y su compañero Jonathan Barros Villamizar, lo cual no resulta útil
como prueba para desvirtuar lo que era objeto de investigación.

74. En conclusión, sobre la indebida valoración probatoria, encuentra la Sala que
dentro del procedimiento sancionatorio se recibieron testimonios, se aceptaron las
pruebas practicadas válidamente en la actuación sancionatoria y se halla
demostrada la conducta reprochada a los actores, por lo que el cargo no prospera.

75. Tampoco tiene vocación de prosperar el argumento de apelación referido al
hecho de que el arma de propiedad de Jhon Varela Morelly fue entregada en la
ciudad de Santa Marta mediante un oficio del 24 de marzo de 2014, lo que
demuestra que dicho elemento se encontraba en esa ciudad el día de los hechos,
ya que la conducta objeto de reproche tuvo ocurrencia el 21 de marzo del año en
cita, es decir, 3 días antes de que esta fuese entregada por su propietario, en
consecuencia, dicho hecho no tiene mérito probatorio, pues es un hecho notorio
que la distancia entre la ciudad de Riohacha -lugar donde se presentaron los
hechos-, hasta la ciudad de Santa Marta se recorre en 2 horas aproximadamente.
[…]
80. Por otra parte, la parte recurrente afirmó que, la sentencia de primera instancia
no tuvo en cuenta la atipicidad de la conducta, esto por cuanto, a los actores se
les imputó la comisión de la conducta establecida en la Ley 1015 de 2006, artículo
34, numeral 9, que alude a «[r]ealizar una conducta descrita en la ley como delito,
a título de dolo, cuando se corneta en razón, con ocasión o corno consecuencia
de la función o cargo», teniendo en cuenta que este numeral es un tipo en blanco,
por vía de remisión normativa la demandada integra dicha conducta con lo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Radicado: 11001 03 15 000 2024 01751 01
Demandantes: Jhon Enrique Varela Morelly y otro

dispuesto en la Ley 599 de 2000, artículo 265 -delito de daño en bien ajeno-, por
consiguiente, para configurarse la conducta reprochada debe existir una
declaración de responsabilidad dentro de un proceso penal y/o demostrarse haber
incurrido en la conducta delictiva, comoquiera que el verbo rector de la imputación
es realizar, lo que no existió.

81. Para la Sala, el argumento referido no tiene vocación de prosperar, en razón
a que, tal como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-720 de 2006,
respecto del numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 200239, que materialmente
señala lo mismo que lo dispuesto en el ordinal 9 del artículo 34 de la Ley 1015 de
2006:

[…]

82. De conformidad con la jurisprudencia en cita, es claro que, no es necesario
establecer o declarar la responsabilidad penal de los implicados para ser
endilgados y posteriormente sancionados por haber infringido la falta disciplinaria
establecida en el numeral 9 del artículo 34 de la Ley 1015 de 200640, puesto que,
el legislador no condicionó la aplicación de la norma al trámite de un proceso penal
y menos aún a la calificación que una autoridad judicial hiciera respecto del
comportamiento causante del proceso disciplinario, el tipo disciplinario en cita
obliga al «juez disciplinario» a verificar en la legislación penal si la conducta que
ha dado lugar al proceso está descrita objetivamente o tipificada, para
posteriormente establecer dentro del proceso a su cargo si la misma conducta fue
cometida con dolo o culpa, con el propósito de imponer la respectiva sanción en
atención a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 734 de 2002, tal como se realizó
en el desarrollo en la actuación disciplinaria.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

De acuerdo con el panorama normativo y fáctico que antecede, para esta Subsección
es dable estimar que, tal y como lo concluyó la Sección Cuarta del Consejo de Estado
en el fallo de tutela de primer grado, el asunto sub examine carece de relevancia
constitucional, puesto que los argumentos de la demanda buscan reabrir un debate ya
concluido por los jueces ordinarios, como si se tratara de una tercera instancia. Al
respecto, se sustentará lo anterior con base en los siguientes motivos:

i) En el presente caso, los señores Jhon Enrique Varela Morelly y Jhonathan
Barros Villamizar formularon la presente acción constitucional en aras de que se les
amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración
de justicia y a la seguridad jurídica, que consideraron conculcados con las sentencias
de primera y segunda instancia emitidas por el Tribunal Administrativo de la Guajira y
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, bajo el argumento de que
dichos jueces colegiados incurrieron en los defectos sustantivo, error inducido y fáctico
por indebida valoración probatoria.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Radicado: 11001 03 15 000 2024 01751 01
Demandantes: Jhon Enrique Varela Morelly y otro

ii) No obstante, teniendo en cuenta lo expuesto en el acápite de hechos probados
que antecede, en especial los numerales 2.3. y 2.4., ut supra, es evidente que los
argumentos de la acción de tutela de la referencia coinciden reiterativamente con los
fundamentos del recurso de apelación que los accionantes interpusieron contra el fallo
del 10 de junio de 2021 proferido por el Tribunal Administrativo de la Guajira, los cuales
fueron desatados uno a uno por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado.

iii) Dicho de otro modo, los reparos sobre la indebida apreciación de las pruebas
allegadas en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho que dio
lugar a las sentencias objeto de tutela, y la interpretación indebida del artículo 34,
numeral 9, de la Ley 1015 de 2006, fueron propuestos por el accionante en la alzada
y resueltos por el Consejo de Estado.

Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela de la referencia es una clara
manifestación de inconformidad con la manera en la que tanto el Tribunal
Administrativo de la Guajira como el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, analizaron las pruebas allegadas al proceso y de cómo las tuvieron en
cuenta para decidir de fondo el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho por
ellos incoado, desconociendo el carácter residual y especial de la procedencia de este
mecanismo constitucional para controvertir providencias judiciales.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos, la Sala confirmará la sentencia del 23 de mayo de
2024, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, ya que el asunto sub
judice carece de relevancia constitucional, pues se interpuso como una tercera
instancia, en el entendido de que los argumentos expuestos en la presente acción ya
fueron decididos por los jueces ordinarios.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Radicado: 11001 03 15 000 2024 01751 01
Demandantes: Jhon Enrique Varela Morelly y otro

FALLA:

Primero. Confirmar la sentencia del 23 de mayo de 2024, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que rechazó por improcedente la presente acción de
tutela al no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente

DLAR

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.