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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01753-01

Fecha
29 de agosto de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01753-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 40 NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-01753-01 ACTOR: JORGE ANDRÉS VELASCO HERNÁNDEZ PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÁ, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01753-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

29 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01753-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: JORGE ANDRÉS VELASCO HERNÁNDEZ

TESIS: SE REVOCA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE ACCEDIÓ A LAS
PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA DE LA REFERENCIA Y, EN SU
LUGAR, DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR CARECER
DEL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD. PROCESO
DISCIPLINARIO EN CURSO. LA NULIDAD DECRETADA Y CONTRA LA CUAL SE
DIRIGE LA ACCIÓN DE TUTELA, RETROTRAE EL TRÁMITE SURTIDO HASTA
ANTES DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. NO SE EVIDENCIA LA
OCURRENCIA DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE EN EL ASUNTO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y A LA
DEFENSA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la COMISIÓN

NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL1 contra la sentencia de 21

de junio de 2024, mediante la cual la SECCIÓN TERCERA-

1
En adelante Comisión Nacional.

2

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ACTOR: JORGE ANDRÉS VELASCO HERNÁNDEZ

SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO2 accedió al

amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor JORGE ANDRÉS VELASCO HERNÁNDEZ, actuando a

través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la

defensa y al principio de la non reformatio in pejus, los cuales, a su

juicio, le fueron vulnerados por la COMISIÓN NACIONAL al haber

proferido la providencia de 6 de marzo de 2024, dentro del proceso

disciplinario identificado con el número único de radicación 11001-

11-02-000-2019-04924-01.

I.2.- Hechos

2
En adelante la Sección Tercera

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Afirmó que la señora MARLEN RUIZ VARGAS presentó queja

disciplinaria en su contra, por las gestiones llevadas a cabo

mientras fungía como Juez 85 Civil Municipal de Bogotá

(transitoriamente Juzgado 67 de Pequeñas Causas y Competencia

Múltiple), dentro del proceso declarativo de mínima cuantía

identificado con el número de radicación 2019-00496-00, en el que

se pretendía que se declarara la simulación absoluta del contrato de

compraventa contenido en la escritura pública núm. 18 de 16 de

enero de 1987 de la Notaría Primera del círculo de Ubaté.

Sostuvo que la queja se formuló por la supuesta comisión de las

faltas disciplinarias previstas en el artículo 1963 de la Ley 734 de

2002, en concordancia con el artículo 153.14 de la Ley 270 de

1996, por el hecho de haber rechazado la demanda por prescripción

de la acción de simulación, sin tener en cuenta la jurisprudencia de

la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que

permitía contabilizar dicho término desde el momento en que se

3
“[…] ARTÍCULO 196. Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición
de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las
inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución,
en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las
contempladas en este código […]”.
4
“[…] 1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las
leyes y los reglamentos […] “.

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advierte el interés jurídico del actor y no desde la fecha en la que

se efectuó la compraventa ficticia.

Indicó que al proceso disciplinario le fue asignado el número único

de radicación 2019-04924-00; y que le correspondió en primera

instancia a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional

de la Judicatura de Bogotá5 que, en providencia de 25 de

noviembre de 2022, lo declaró disciplinariamente responsable por

incurrir en el deber previsto en el artículo 153, numeral 1, de la Ley

270 de 1996, en concordancia con el artículo 7º6 del Código

General del Proceso, razón por la cual le fue impuesta multa

equivalente a 10 días de SMLMV.

Comentó que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación en el que solicitó revocar la decisión de primera instancia

y se dictara fallo absolutorio, por lo que en auto de 28 de enero de

5
Ahora Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.
6
“[…] ARTÍCULO 7o. LEGALIDAD. Los jueces, en sus providencias, están sometidos al imperio de la
ley. Deberán tener en cuenta, además, la equidad, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina.
Cuando el juez se aparte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y razonadamente
los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. De la misma manera procederá cuando cambie
de criterio en relación con sus decisiones en casos análogos.
El proceso deberá adelantarse en la forma establecida en la ley […]”.

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2023 el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá admitió el

recurso y remitió el asunto a la COMISIÓN NACIONAL.

Manifestó que la COMISIÓN NACIONAL se abstuvo de resolver el

recurso de apelación y, en su lugar, mediante auto de 6 de marzo

de 2024, declaró la nulidad de lo actuado desde la sentencia de

primera instancia, al estimar que existía una irregularidad

sustancial que afectaba el debido proceso, por lo que dispuso:

“[…] Decretar la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia
proferida el 25 de noviembre de 2022, mediante la cual decidió́
declarar disciplinariamente responsable a JORGE ANDRÉS
VELASCO HERNÁNDEZ, (…) por cuanto la norma, en el caso de
faltas graves dolosas – como en esta ocasión - establece que la
sanción idónea es la ¨suspensión en el ejercicio del cargo e
inhabilidad especial¨ y no la que se impuso en primera
instancia erróneamente […]”.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada vulneró sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al

principio de la non reformatio in pejus.

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Para el efecto, alegó que la COMISIÓN NACIONAL incurrió en

violación directa de la Constitución al desconocer el artículo 31

Constitucional que prevé que “[…] el superior no podrá agravar la

pena impuesta cuando el condenado sea apelante único […]”.

Adujo que respecto de la garantía de la non reformatio in pejus, la

Corte Constitucional en las sentencias T-1186 de 2003 y T-291 de

2006 ha establecido la prohibición del juez de segunda instancia de

agravar la pena ya impuesta cuando se trate de un apelante único,

como ocurrió en el caso bajo examen, de tal forma que, a su juicio,

la providencia cuestionada vulnera sus derechos fundamentales,

habida cuenta que era deber del operador de segunda instancia

limitar su pronunciamiento a aquellos aspectos específicamente

alegados por el recurrente, sin decretar una nulidad de oficio.

Afirmó que la conducta desplegada por la COMISIÓN NACIONAL

implica la inobservancia de mandatos constitucionales que gozan de

supremacía en el ordenamiento jurídico, como se ha establecido en

las sentencias T-455 de 2016 y T-393 de 2017.

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Adujo que también se incurrió en defecto sustantivo al dejar de

aplicar el artículo 116 de la Ley 734 de 2002, que establece la

prohibición de la non reformatio in pejus para el apelante único,

pues aun cuando en el caso bajo examen la decisión del ad quem

no consiste en aumentar la sanción a una más alta, sí genera

condiciones procesales y sustanciales para que el a quo pueda

corregir los yerros y falle de una manera más gravosa para el

procesado, con lo que se sorprende al sancionado.

Refirió que en relación a la non reformatio in pejus y el principio de

legalidad en los casos en los que se agrava la pena en contra del

apelante único, se debe dar prelación al primero frente al segundo,

comoquiera que el condenado no puede asumir los errores

cometidos por los agentes estatales al momento de la imposición de

la pena, con fundamento en lo establecido por la Corte

Constitucional en la sentencia T-246 de 2015.

Añadió que la COMISIÓN NACIONAL también dejó de aplicar el

artículo 143 de la Ley 734 de 2002, en armonía con el artículo 310

de la Ley 600 de 2000, que incorpora las reglas para el decreto de

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nulidades y prevé que “[…] solo puede decretarse cuando no exista

otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial […]”.

Manifestó que, sumado a lo anterior, también se desconoció el

precedente judicial aplicable al asunto, pues la Corte Constitucional

y el Consejo de Estado en múltiples oportunidades han desarrollado

ampliamente el alcance de la non reformatio in pejus y la

obligatoriedad de su aplicación para la materialización de los

derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, entre

ellas las sentencias C-055 de 1993, T-233 de 1995, T-116 de 2003,

T-291 de 2006, T-246 de 2015, T-455 de 2016, T-393 de 2017 y

SU-327 de 1995.

Relató que, especialmente, en la SU-327 de 1995 la Corte

Constitucional tuteló los derechos fundamentales de los actores por

infracción a la prohibición de la non reformatio in pejus en un

asunto en el cual los accionantes fueron condenados a 24 años de

prisión como autores responsables del concurso de los delitos de

homicidio y hurto calificados, decisión apelada únicamente por los

condenados y en la cual el ad quem resolvió decretar la nulidad de

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la sentencia y ordenó dictar una nueva que se ajustara a las

consideraciones de esa Corporación por considerar que se vulneró

el principio de legalidad por parte del ad quo al omitir aplicar la

norma correspondiente para fijar la pena.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“… I. Que se deje sin efectos la decisión de nulidad proferida por
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial el 6 de marzo de 2024,
para que, en su lugar, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
en ejercicio de sus facultades como cuerpo de decisión de
segunda instancia, revoque el fallo sancionatorio de primera
instancia y proceda a proferir el respectivo fallo sustitutivo de
carácter absolutorio en atención al defecto sustancial consistente
en la imposición de una sanción ilegal …”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La COMISIÓN NACIONAL advirtió que la providencia

acusada no es una decisión que de por terminado el proceso o que

imponga alguna sanción disciplinaria, sino que decreta la nulidad

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desde la sentencia de primera instancia, cuyos efectos ex tunc ha

reconocido tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional

y devuelve las actuaciones hasta antes de que hubiere sido

proferida la providencia de primer grado, por lo que en el asunto no

existe decisión definitiva que ponga fin al proceso disciplinario.

Así las cosas, destacó que la Comisión Seccional de instancia puede

variar la calificación, el grado de culpabilidad, la sanción a imponer

o, incluso, replantear su incursión en la falta disciplinaria y, en todo

caso, una vez proferida la decisión, el actor puede hacer uso del

recurso de apelación, lo que evidencia que, al no estar finalizado el

debate en sede disciplinaria, el accionante cuenta con mecanismos

idóneos y eficaces dentro del citado proceso.

Anotó que la discusión planteada por el actor nada tiene que ver

con el alcance de su derecho fundamental al debido proceso, pues,

por el contrario, está encaminado a que el juez constitucional se

inmiscuya en un asunto meramente legal sobre la forma de

aplicación de las causales de nulidad establecidas en el artículo 143

de la Ley 734 de 2002, a pesar de que esa Corporación está

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facultada para declararlas de oficio desde el momento en que se

evidencie la irregularidad.

Sostuvo que el accionante sustentó la solicitud de amparo en una

hipotética situación que aún no ha proferido la primera instancia y

que a su juicio impone una sanción más gravosa, sin tener en

cuenta que el magistrado de instancia válidamente pueda tomar

una decisión diferente a la anulada.

Destacó que, por lo anterior, es dable concluir que no se cumple

con los requisitos generales de subsidiariedad y de relevancia

constitucional lo que torna improcedente la acción de tutela,

máxime cuando tampoco se observa la configuración de los

defectos endilgados.

I.5.2.- La COMISIÓN SECCIONAL solicitó ser desvinculada del

presente trámite constitucional, comoquiera que la solicitud de

amparo no se dirige en su contra, sino en contra de la Comisión

Nacional.

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I.6.- Trámite en primera instancia

La Sala resalta que luego de admitida la presente acción

constitucional, el actor, mediante memorial de 22 de mayo de 2024,

informó que con el fin de dar cumplimiento al auto cuestionado el

CONSEJO SECCIONAL dictó fallo de primera instancia el 15 de

mayo del año en curso, en el cual lo declaró disciplinariamente

responsable y lo sancionó con un (1) mes de suspensión en el

ejercicio del cargo e inhabilidad por el mismo término, por lo que

solicitó medida provisional de urgencia, de suspensión inmediata

del proceso disciplinario, hasta tanto fuera resuelta la acción de

tutela de la referencia, petición concedida en proveído de 24 de

mayo de este año, por medio del cual la SECCIÓN TERCERA

ordenó la suspensión de los efectos de la sentencia proferida por la

Comisión Seccional el 15 de mayo de 2024 y el trámite

subsiguiente, hasta que se decidiera la presente solicitud de

amparo.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 21 de junio de

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2024, tuteló los derechos fundamentales al debido proceso y a la

non reformatio in pejus del actor, por lo que dejó sin efectos la

providencia de 6 de marzo de 2024 y las actuaciones subsiguientes

adelantadas con ocasión del proceso disciplinario y, en

consecuencia, ordenó a la COMISIÓN NACIONAL dictar una

nueva decisión de reemplazo en la que resolviera el recurso de

apelación interpuesto por el accionante. Asimismo, mediante auto

de 24 de mayo de 2024, levantó la medida provisional decretada.

Para ello, destacó que conforme al recurso de apelación interpuesto

y al tener en cuenta que el actor fue el apelante único, la

competencia de la COMISIÓN NACIONAL estaba limitada a

resolver los fundamentos y las pretensiones allí establecidas, de tal

forma que si se advertía la configuración de una nulidad cuya

corrección suponía agravar la situación del apelante único, la

autoridad judicial accionada debía dar prevalencia al principio de la

non reformatio in pejus y no al principio de legalidad.

Así las cosas, advirtió que la autoridad judicial accionada incurrió en

violación directa de la Constitución del artículo 31 Superior en la

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medida en que al realizar el control de legalidad de la nulidad

advertida en la imposición de la sanción, desconoció el principio de

la non reformatio in pejus y, en ese sentido, también incurrió en

defecto sustantivo por inaplicación del artículo 116 de la Ley 734 de

2002, que incorporó el mencionado principio en procesos

disciplinarios.

También consideró que la COMISIÓN NACIONAL incurrió en

desconocimiento del precedente de las sentencias de la Corte

Constitucional, particularmente, la SU-071 de 2022 y SU-327 de

1995, en las que se unificó jurisprudencia sobre la garantía

establecida en el inciso 2° del artículo 31 Constitucional, se fijó su

contenido, alcance y las reglas que debe seguir un juez superior

cuando se contraponen los principios de non reformatio in pejus y

legalidad, como sucedió en el caso bajo análisis.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La COMISIÓN NACIONAL impugnó la sentencia proferida por la

SECCIÓN TERCERA, en los siguientes términos:

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Reiteró que, tal como lo mencionó en su contestación, la acción de

tutela de la referencia no cumple con los requisitos generales de

relevancia constitucional y subsidiariedad en la medida en que los

argumentos esgrimidos por el actor están dirigidos a controvertir su

responsabilidad disciplinaria, la solicitud se sustentó en una

hipotética decisión de primera instancia y la tutela nada tiene que

ver con el alcance de los derechos fundamentales al debido proceso

ni la garantía de la non reformatio in pejus; además, el proceso

disciplinario aún se encuentra en curso, por lo que no existe

decisión definitiva que ponga fin al proceso.

Sostuvo que no se advierte vulneración de los derechos

fundamentales alegados, toda vez que, previo a conocer la

apelación propuesta, protegió el derecho al debido proceso judicial

en garantía de la correcta aplicación de las normas que regulan el

proceso disciplinario, lo cual bajo ningún escenario puede

entenderse como una vulneración a la non reformatio in pejus ni al

debido proceso, pues de entenderse que es un derecho ilimitado del

apelante único que lo privilegia injustificadamente, se generaría un

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incentivo perverso que avala y limita las facultades dadas al

legislador para decretar nulidades de oficio.

Resaltó que el a quo asumió que la decisión de nulitar la sentencia

de primera instancia supone, per se, un agravante de la situación

del apelante, sin tener en cuenta que para la corrección de ese

yerro la Comisión Seccional cuenta con un marco de acción

importante, en virtud de la autonomía judicial y que podría ser

beneficiosa para el accionante, sumado al hecho de que confunde

los efectos de la nulidad procesal con los que tendría una decisión

que agrava la situación del disciplinado.

Aseveró que la Ley 734 de 2002 fijó la competencia de esa

Corporación para proferir nulidades de oficio, siendo una de ellas la

existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido

proceso y la consecuencia de que se retrotraiga la actuación hasta

el momento en que se evidenció la causal.

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Adujo que la Sección Tercera del Consejo de Estado 7, en una

situación similar, concluyó que el operador disciplinario no

desconoció dicha garantía al momento de sanear los vicios

procesales y ejercer la titularidad de la acción disciplinaria conforme

el legislador lo ordenó, al considerar que “[…] En el presente asunto

nos encontramos ante una situación fáctica diferente a la descrita

en estas normas, pues con la decisión de anular el fallo disciplinario

de primera instancia no se impuso una sanción más gravosa al

apelante único, simplemente, en aras de proteger el derecho de

contradicción y el debido proceso del demandante, se anuló la

actuación desde el pliego de cargos a fin de que la misma se

reanudara desde esa etapa […]”.

Manifestó que el auto acusado no desconoció el precedente

jurisprudencial previsto en la sentencia SU-327 de 1995 de la Corte

Constitucional, pues en ella se estableció que la garantía de la non

reformatio in pejus impone la obligación al operador judicial de no

hacer la situación del apelante único más gravosa en procesos

penales, siendo dicho caso no asimilable al presente, pues en el

7
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Proceso con radicado 11001-03-25-000-2012-
00101-00 (0441-2012). Providencia reiterado en Sentencia del 12 de diciembre de 2017 de radicado
No. 11001-03-25-000-2012-00183-00(0760-12). C.P. William Hernández Gómez.

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asunto bajo examen la providencia de 6 de marzo de 2024 no

calificó la conducta del disciplinable, no resolvió el recurso de

apelación y tampoco señaló causales de agravación en relación con

la conducta del disciplinado para que la primera instancia las

aplicara.

Igualmente, en la SU-071 de 2022, la Corte Constitucional

estableció que no se configuraba la vulneración a la garantía de non

reformatio in pejus cuando no se agravaba la situación del actor, no

se desconocía de forma flagrante y grosera el ordenamiento

constitucional y no se configuraban los presupuestos de un defecto

procedimental absoluto ni una violación directa de la Constitución.

Así las cosas, la COMISIÓN NACIONAL concluyó que no se

vulneraron los derechos del actor porque:

• No se agravó la situación del apelante al dejar sin efecto la

decisión de primera instancia.

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• No se desconoció de forma grosera y flagrante el

ordenamiento constitucional, pues la declaratoria de nulidad

se sustentó en el debido proceso del disciplinado, y,

• No existió violación directa de la Constitución porque el medio

que encontró para subsanar el yerro advertido fue nulitar el

proceso disciplinario para que la primera instancia profiriera,

en virtud de su autonomía e independencia, una nueva

decisión que no adolezca de vicios.

Por lo anterior, solicitó revocar la decisión de primera instancia y, en

su lugar, declarar improcedente la acción de tutela de la referencia.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

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concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de

2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las secciones.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que la COMISIÓN SECCIONAL solicitó su

desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de

legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-

1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de

legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

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“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el
juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y
las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y
contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas, y
lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de
texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable

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del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe
cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta
cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la
que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la COMISIÓN SECCIONAL es la autoridad judicial

que conoce en primera instancia del proceso disciplinario objeto de

controversia, le asiste interés directo en las resultas de la acción

constitucional de la referencia, razón por la cual la Sala denegará su

solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por

pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez

Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),

en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras

a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción

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de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de

la violación de derechos constitucionales fundamentales,

debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el

momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no

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puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable . De allí que sea un deber del actor
[5]

desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes
a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya
que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

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e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y
no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la providencia de 6 de marzo de 2024, proferida

por la COMISIÓN NACIONAL, a través de la cual se declaró la

nulidad de lo actuado desde la sentencia de primera instancia

dentro del proceso disciplinario identificado con el número único de

radicación 2019-04924-01.

Para tal efecto, la COMISIÓN NACIONAL adujo que en la

sentencia de primera instancia se incurrió en la causal de nulidad

establecida en el artículo 143.3 de la Ley 734 de 2002, que prevé:

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“[…] la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el

debido proceso […]”, pues en el caso de faltas graves dolosas,

como fue calificada la conducta del disciplinado en el asunto bajo

examen, la sanción idónea era la suspensión en el ejercicio del

cargo e inhabilidad especial y no la que impuso el a quo de forma

errónea.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso, a la defensa y al principio de la

non reformatio in pejus, habida cuenta que, a juicio del actor, la

autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo,

violación directa de la Constitución y desconocimiento del

precedente, al decretar la nulidad de lo actuado desde la sentencia

de primera instancia, con el fin de que se corrigieran las

irregularidades advertidas por el juez de segunda instancia dentro

del proceso disciplinario.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 21 de junio de

2024, accedió al amparo solicitado al considerar que la autoridad

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judicial accionada incurrió en los defectos endilgados, toda vez que

la COMISIÓN NACIONAL, como juez de segunda instancia, estaba

limitada a resolver los fundamentos expuestos en el escrito de

apelación, de tal forma que si se advertía la configuración de una

nulidad cuya corrección suponía agravar la situación del apelante

único, debía dar prevalencia al principio de la non reformatio in

pejus y no al principio de legalidad.

Inconforme con lo anterior, la COMISIÓN NACIONAL impugnó la

decisión proferida en primera instancia, para lo cual reiteró los

argumentos expuestos en el escrito de contestación, esto es, que

no se cumplía con los requisitos generales de la relevancia

constitucional y la subsidiariedad; además, sostuvo que el a quo

asumió un agravante de la situación del apelante, sin tener en

cuenta que para la corrección de ese yerro la Comisión Seccional

contaba con un marco de acción importante, en virtud de la

autonomía judicial, por lo que solicitó revocar la decisión de primera

instancia y, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de

tutela de la referencia.

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Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; y,

de ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró

los derechos deprecados e incurrió en los defectos alegados.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial el requisito de la subsidiariedad.

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por

el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo

86 de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia

que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales,

salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para

evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios

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será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las

circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y

negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus

derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de

los derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia

de un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

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intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que

se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe

conocer del fondo del asunto.»8 (Subrayas y negrillas fuera del

texto).

Asimismo, esta Sección9 ha indicado que el requisito de

subsidiariedad tampoco se cumple cuando se encuentra en trámite

el proceso donde se profirió la decisión objeto de tutela. Al

respecto, señaló que:

“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el
proceso se encuentra en curso, la acción de tutela no es
procedente para cuestionar cualquier decisión adversa a las
partes, aún luego de agotados los recursos que contra ellas
proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de
control no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza
de la trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en
la decisión que pone fin al proceso.

Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la
acción de tutela como una tercera instancia ante decisiones

8 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván
Palacio Palacio.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
diciembre de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-
03-15-000-2017-03006-00.

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que no convienen a las partes en el trámite de los procesos,
cuyos efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que,
además, no generan ningún perjuicio ius fundamental
irremediable.

En este sentido, solo en el evento en que las presuntas
irregularidades en el curso del proceso impidan el acceso a la
administración de justicia y el derecho a la tutela judicial
efectiva de la parte accionante, y ésta carezca de medios
judiciales de defensa al interior del proceso, resultaría
procedente asumir su estudio en sede de tutela, situación que
no se presenta en el caso sub judice por cuanto, el medio de
control aún está en trámite […]”.

Descendiendo al caso concreto, se destaca que de conformidad

con la jurisprudencia de la Corte Constitucional10 las decisiones

emitidas por la COMISIÓN NACIONAL en desarrollo del

procedimiento disciplinario tienen la naturaleza de providencias

judiciales con la fuerza y los efectos que de ello se derivan, de tal

forma que no pueden ser sometidas al escrutinio de otra

jurisdicción, salvo en sede constitucional y a través de la acción de

tutela siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos

generales y específicos y se cumplan las condiciones dispuestas por

la jurisprudencia para el efecto.

Precisado lo anterior, la Sala observa que, contrario a lo afirmado

10
Sentencia T-140 de 5 de mayo de 2023, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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por el a quo, no concurre el requisito general de la

subsidiariedad en el caso bajo examen, toda vez que el proceso

disciplinario cuestionado aún se encuentra en curso, pues con la

declaratoria de nulidad se ordenó retrotraer el asunto a la etapa

inicial con el fin de que la COMISIÓN SECCIONAL profiera

nuevamente sentencia de primera instancia.

Al respecto, revisadas las actuaciones surtidas dentro del proceso

que dio origen a la acción constitucional de la referencia,

especialmente, el auto de 6 de marzo de 2024, se concluye que la

autoridad judicial accionada, en aras de salvaguardar el debido

proceso dentro del trámite disciplinario, declaró la nulidad de lo

actuado desde la sentencia de primera instancia, bajo los siguientes

argumentos:

“[…] Sería del caso que esta Comisión procediera a pronunciarse
sobre el recurso de apelación, formulado por la defensora de
confianza de JORGE ANDRÉS VELASCO HERNÁNDEZ -Juez 85
Civil Municipal de Bogotá (transitoriamente Juzgado 67 de
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple)-; de no ser porque se
advierte, una causal de nulidad que deberá decretarse, tal como
procederá a exponerse.

[…]

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En virtud de los artículos 143 y 144 de la Ley 734 de 200211, es
obligación de esta Colegiatura declarar de forma oficiosa la
nulidad de la actuación disciplinaria, cuando se advierta: “La
existencia de irregularidades sustanciales que afecten el
debido proceso”.

[…]

Establecido lo anterior y al descender al asunto bajo examen, una
vez analizadas las actuaciones de primera instancia, encuentra
esta Comisión una irregularidad sustancial consistente en la
trasgresión del principio de legalidad, dado en que a la hora de
establecer la sanción la Sala primigenia desconoció que el
numeral 2° del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, estableció que:

“Artículo 44. Clases de sanciones. El servidor público está
sometido a las siguientes sanciones: (…) 2. Suspensión en el
ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas
graves dolosas o gravísimas culposas (…)”.

En concreto, la primera instancia, en este caso, encontró
disciplinariamente responsable de una falta grave dolosa al
funcionario y estableció como sanción multa de 10 días de salario.
Sanción que resulta contrario a lo establecido para ese tipo de
falta descrita en el artículo 44, el cual transgrede los artículos 18,
23 y 219 de la Ley 734 de 2002: […]

De manera que, la presente actuación enfrenta una severa lesión
al derecho al debido proceso y al principio de legalidad, por
cuanto se está imponiendo una sanción de MULTA de diez (10)
días del salario básico mensual devengado para el año

11
“Artículo 143. Causales de nulidad. Son causales de nulidad las siguientes: 1. La falta de
competencia del funcionario para proferir el fallo. 2. La violación del derecho de defensa del
investigado. 3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.
PARÁGRAFO. Los principios que orientan la declaratoria de nulidad y su convalidación, consagrados en
el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán a este procedimiento. Artículo 144. Declaratoria
oficiosa. En cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del
asunto advierta la existencia de alguna de las causales previstas en la norma anterior, declarara la
nulidad de lo actuado”. (Negrita fuera del texto original).

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2019, sin que se tenga en cuenta que la sanción disciplinaria
debe ser proporcional y guardar relación con los criterios
imperativos de la norma que, en caso de faltas graves dolosas
como en esta ocasión- establece que la sanción idónea era
imponer “suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad
especial” y no la que se le impuso en primera instancia
erróneamente.

[…]

En consecuencia, no está habilitada esta Comisión resolver sobre
el recurso de apelación respecto de la sentencia de primera
instancia, a efectos de no vulnerar el derecho al debido
proceso del investigado, en tanto, en el asunto materia de
estudio, la nulidad observada es de tal trascendencia, pues se
impuso una sanción ilegal, es decir, sin observar lo dispuesto por
el legislador.

Así las cosas, la Comisión decretará la nulidad de todo lo
actuado a partir de la decisión sancionatoria de primera
instancia proferida el 25 de noviembre de 2022, inclusive,
sin perjuicio de imprimirle celeridad al asunto por parte de la
Secretaría de esta Corporación y de la Seccional de instancia, en
orden a evitar que opere la prescripción de la acción disciplinaria
[…]”.

De lo precedente, se advierte que la COMISIÓN NACIONAL se

abstuvo de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la

sentencia de primera instancia al encontrar la configuración de la

causal de nulidad prevista en el artículo 143.3, esto es, “[…] La

existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido

proceso […]”, por cuanto evidenció que el fallador de primera

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instancia encontró disciplinariamente responsable al actor de una

falta grave dolosa, por lo que lo sanción con multa de 10 días de

smlmv, lo que resultaba contrario a lo establecido en la norma, la

cual dispone, para este tipo de faltas, la suspensión en el ejercicio

del cargo e inhabilidad especial.

Lo anterior pone de manifiesto que la providencia cuestionada no

da por terminado el proceso, pues, precisamente, con el fin de

garantizar el debido proceso de las partes dentro de la actuación

disciplinaria, ordena que se vuelva a dictar sentencia de primera

instancia, frente a la cual el actor bien puede interponer recurso de

apelación con el objeto de obtener las pretensiones aquí expuestas.

Cabe resaltar que, de conformidad con el artículo 144 de la Ley 734

de 2002, en cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el

funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de alguna

de las causales previstas en el artículo 143 ibidem, debe declarar la

nulidad de lo actuado, como ocurrió en el caso concreto, lo cual

descarta la vulneración de derecho fundamental alguno y evidencia

que la autoridad judicial accionada actuó bajo el amparo de la ley.

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Ahora, frente a la decisión del a quo de proteger los derechos

fundamentales al debido proceso y a la non reformatio in pejus del

actor, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley

734 de 2002, que prevé: “[…] Prohibición de la reformatio in

pejus. El superior, en la providencia que resuelva el recurso de apelación

interpuesto contra el fallo sancionatorio, no podrá agravar la sanción

impuesta, cuando el investigado sea apelante único […], tampoco se

puede predicar violación de derecho alguno, habida cuenta que la

autoridad judicial accionada no resolvió el recurso de apelación, de

ahí que no resulte oportuno afirmar que la situación del actor, como

apelante único, se haya agravado.

Por tanto, para la Sala resulta evidente que la acción de tutela de

la referencia no cumple con el requisito general de la

subsidiariedad, toda vez que el proceso disciplinario en el que se

profirió la decisión objeto de tutela se encuentra en curso.

En efecto, el proceso que motivó la interposición de esta acción

constitucional aún se encuentra en trámite y, por ende, la

intervención del juez constitucional se encuentra vedada. Ello, por

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cuanto, se reitera, es el mismo proceso disciplinario el adecuado

para hacer valer los derechos que el actor estima vulnerados y mal

haría el juez de tutela en suplantar las competencias que le están

dadas al juez de conocimiento.

Aunado a lo anterior, con el fin de analizar si en el presente caso se

configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga

procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala

se remite a lo dispuesto por la Corte Constitucional 12 que, frente al

tema, ha sostenido lo siguiente:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta
Corporación ha precisado que éste debe reunir las
siguientes características: “debe ser inminente o próximo
a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y
suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la
persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde
una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que
armonice con las particularidades del caso. Por último, las
medidas de protección deben ser impostergables, esto es,
que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin

12
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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de evitar la consumación de un daño antijurídico
irreparable […]”.

De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la

existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la

acción de tutela de la referencia como mecanismo transitorio,

máxime si no se hizo mención en el escrito introductorio, sin que en

todo caso de las circunstancias fácticas probadas se pueda advertir

tal situación.

Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia impugnada que

accedió a las pretensiones de la acción de tutela de la referencia y,

en consecuencia, declarará improcedente el amparo solicitado por

carecer del requisito general de la subsidiariedad, como en efecto

se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

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PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la COMISIÓN

SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÁ, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar,

DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional,

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de agosto

de 2024.

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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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