Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01753-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01753-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01753-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
29 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01753-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: JORGE ANDRÉS VELASCO HERNÁNDEZ
TESIS: SE REVOCA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE ACCEDIÓ A LAS
PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA DE LA REFERENCIA Y, EN SU
LUGAR, DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR CARECER
DEL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD. PROCESO
DISCIPLINARIO EN CURSO. LA NULIDAD DECRETADA Y CONTRA LA CUAL SE
DIRIGE LA ACCIÓN DE TUTELA, RETROTRAE EL TRÁMITE SURTIDO HASTA
ANTES DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. NO SE EVIDENCIA LA
OCURRENCIA DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE EN EL ASUNTO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y A LA
DEFENSA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la COMISIÓN
NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL1 contra la sentencia de 21
de junio de 2024, mediante la cual la SECCIÓN TERCERA-
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En adelante Comisión Nacional.
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ACTOR: JORGE ANDRÉS VELASCO HERNÁNDEZ
SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO2 accedió al
amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor JORGE ANDRÉS VELASCO HERNÁNDEZ, actuando a
través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa y al principio de la non reformatio in pejus, los cuales, a su
juicio, le fueron vulnerados por la COMISIÓN NACIONAL al haber
proferido la providencia de 6 de marzo de 2024, dentro del proceso
disciplinario identificado con el número único de radicación 11001-
11-02-000-2019-04924-01.
I.2.- Hechos
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En adelante la Sección Tercera
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Afirmó que la señora MARLEN RUIZ VARGAS presentó queja
disciplinaria en su contra, por las gestiones llevadas a cabo
mientras fungía como Juez 85 Civil Municipal de Bogotá
(transitoriamente Juzgado 67 de Pequeñas Causas y Competencia
Múltiple), dentro del proceso declarativo de mínima cuantía
identificado con el número de radicación 2019-00496-00, en el que
se pretendía que se declarara la simulación absoluta del contrato de
compraventa contenido en la escritura pública núm. 18 de 16 de
enero de 1987 de la Notaría Primera del círculo de Ubaté.
Sostuvo que la queja se formuló por la supuesta comisión de las
faltas disciplinarias previstas en el artículo 1963 de la Ley 734 de
2002, en concordancia con el artículo 153.14 de la Ley 270 de
1996, por el hecho de haber rechazado la demanda por prescripción
de la acción de simulación, sin tener en cuenta la jurisprudencia de
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que
permitía contabilizar dicho término desde el momento en que se
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“[…] ARTÍCULO 196. Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición
de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las
inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución,
en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las
contempladas en este código […]”.
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“[…] 1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las
leyes y los reglamentos […] “.
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advierte el interés jurídico del actor y no desde la fecha en la que
se efectuó la compraventa ficticia.
Indicó que al proceso disciplinario le fue asignado el número único
de radicación 2019-04924-00; y que le correspondió en primera
instancia a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá5 que, en providencia de 25 de
noviembre de 2022, lo declaró disciplinariamente responsable por
incurrir en el deber previsto en el artículo 153, numeral 1, de la Ley
270 de 1996, en concordancia con el artículo 7º6 del Código
General del Proceso, razón por la cual le fue impuesta multa
equivalente a 10 días de SMLMV.
Comentó que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
apelación en el que solicitó revocar la decisión de primera instancia
y se dictara fallo absolutorio, por lo que en auto de 28 de enero de
5
Ahora Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.
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“[…] ARTÍCULO 7o. LEGALIDAD. Los jueces, en sus providencias, están sometidos al imperio de la
ley. Deberán tener en cuenta, además, la equidad, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina.
Cuando el juez se aparte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y razonadamente
los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. De la misma manera procederá cuando cambie
de criterio en relación con sus decisiones en casos análogos.
El proceso deberá adelantarse en la forma establecida en la ley […]”.
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2023 el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá admitió el
recurso y remitió el asunto a la COMISIÓN NACIONAL.
Manifestó que la COMISIÓN NACIONAL se abstuvo de resolver el
recurso de apelación y, en su lugar, mediante auto de 6 de marzo
de 2024, declaró la nulidad de lo actuado desde la sentencia de
primera instancia, al estimar que existía una irregularidad
sustancial que afectaba el debido proceso, por lo que dispuso:
“[…] Decretar la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia
proferida el 25 de noviembre de 2022, mediante la cual decidió́
declarar disciplinariamente responsable a JORGE ANDRÉS
VELASCO HERNÁNDEZ, (…) por cuanto la norma, en el caso de
faltas graves dolosas – como en esta ocasión - establece que la
sanción idónea es la ¨suspensión en el ejercicio del cargo e
inhabilidad especial¨ y no la que se impuso en primera
instancia erróneamente […]”.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al
principio de la non reformatio in pejus.
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Para el efecto, alegó que la COMISIÓN NACIONAL incurrió en
violación directa de la Constitución al desconocer el artículo 31
Constitucional que prevé que “[…] el superior no podrá agravar la
pena impuesta cuando el condenado sea apelante único […]”.
Adujo que respecto de la garantía de la non reformatio in pejus, la
Corte Constitucional en las sentencias T-1186 de 2003 y T-291 de
2006 ha establecido la prohibición del juez de segunda instancia de
agravar la pena ya impuesta cuando se trate de un apelante único,
como ocurrió en el caso bajo examen, de tal forma que, a su juicio,
la providencia cuestionada vulnera sus derechos fundamentales,
habida cuenta que era deber del operador de segunda instancia
limitar su pronunciamiento a aquellos aspectos específicamente
alegados por el recurrente, sin decretar una nulidad de oficio.
Afirmó que la conducta desplegada por la COMISIÓN NACIONAL
implica la inobservancia de mandatos constitucionales que gozan de
supremacía en el ordenamiento jurídico, como se ha establecido en
las sentencias T-455 de 2016 y T-393 de 2017.
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Adujo que también se incurrió en defecto sustantivo al dejar de
aplicar el artículo 116 de la Ley 734 de 2002, que establece la
prohibición de la non reformatio in pejus para el apelante único,
pues aun cuando en el caso bajo examen la decisión del ad quem
no consiste en aumentar la sanción a una más alta, sí genera
condiciones procesales y sustanciales para que el a quo pueda
corregir los yerros y falle de una manera más gravosa para el
procesado, con lo que se sorprende al sancionado.
Refirió que en relación a la non reformatio in pejus y el principio de
legalidad en los casos en los que se agrava la pena en contra del
apelante único, se debe dar prelación al primero frente al segundo,
comoquiera que el condenado no puede asumir los errores
cometidos por los agentes estatales al momento de la imposición de
la pena, con fundamento en lo establecido por la Corte
Constitucional en la sentencia T-246 de 2015.
Añadió que la COMISIÓN NACIONAL también dejó de aplicar el
artículo 143 de la Ley 734 de 2002, en armonía con el artículo 310
de la Ley 600 de 2000, que incorpora las reglas para el decreto de
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nulidades y prevé que “[…] solo puede decretarse cuando no exista
otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial […]”.
Manifestó que, sumado a lo anterior, también se desconoció el
precedente judicial aplicable al asunto, pues la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado en múltiples oportunidades han desarrollado
ampliamente el alcance de la non reformatio in pejus y la
obligatoriedad de su aplicación para la materialización de los
derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, entre
ellas las sentencias C-055 de 1993, T-233 de 1995, T-116 de 2003,
T-291 de 2006, T-246 de 2015, T-455 de 2016, T-393 de 2017 y
SU-327 de 1995.
Relató que, especialmente, en la SU-327 de 1995 la Corte
Constitucional tuteló los derechos fundamentales de los actores por
infracción a la prohibición de la non reformatio in pejus en un
asunto en el cual los accionantes fueron condenados a 24 años de
prisión como autores responsables del concurso de los delitos de
homicidio y hurto calificados, decisión apelada únicamente por los
condenados y en la cual el ad quem resolvió decretar la nulidad de
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la sentencia y ordenó dictar una nueva que se ajustara a las
consideraciones de esa Corporación por considerar que se vulneró
el principio de legalidad por parte del ad quo al omitir aplicar la
norma correspondiente para fijar la pena.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“… I. Que se deje sin efectos la decisión de nulidad proferida por
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial el 6 de marzo de 2024,
para que, en su lugar, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
en ejercicio de sus facultades como cuerpo de decisión de
segunda instancia, revoque el fallo sancionatorio de primera
instancia y proceda a proferir el respectivo fallo sustitutivo de
carácter absolutorio en atención al defecto sustancial consistente
en la imposición de una sanción ilegal …”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La COMISIÓN NACIONAL advirtió que la providencia
acusada no es una decisión que de por terminado el proceso o que
imponga alguna sanción disciplinaria, sino que decreta la nulidad
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desde la sentencia de primera instancia, cuyos efectos ex tunc ha
reconocido tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional
y devuelve las actuaciones hasta antes de que hubiere sido
proferida la providencia de primer grado, por lo que en el asunto no
existe decisión definitiva que ponga fin al proceso disciplinario.
Así las cosas, destacó que la Comisión Seccional de instancia puede
variar la calificación, el grado de culpabilidad, la sanción a imponer
o, incluso, replantear su incursión en la falta disciplinaria y, en todo
caso, una vez proferida la decisión, el actor puede hacer uso del
recurso de apelación, lo que evidencia que, al no estar finalizado el
debate en sede disciplinaria, el accionante cuenta con mecanismos
idóneos y eficaces dentro del citado proceso.
Anotó que la discusión planteada por el actor nada tiene que ver
con el alcance de su derecho fundamental al debido proceso, pues,
por el contrario, está encaminado a que el juez constitucional se
inmiscuya en un asunto meramente legal sobre la forma de
aplicación de las causales de nulidad establecidas en el artículo 143
de la Ley 734 de 2002, a pesar de que esa Corporación está
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facultada para declararlas de oficio desde el momento en que se
evidencie la irregularidad.
Sostuvo que el accionante sustentó la solicitud de amparo en una
hipotética situación que aún no ha proferido la primera instancia y
que a su juicio impone una sanción más gravosa, sin tener en
cuenta que el magistrado de instancia válidamente pueda tomar
una decisión diferente a la anulada.
Destacó que, por lo anterior, es dable concluir que no se cumple
con los requisitos generales de subsidiariedad y de relevancia
constitucional lo que torna improcedente la acción de tutela,
máxime cuando tampoco se observa la configuración de los
defectos endilgados.
I.5.2.- La COMISIÓN SECCIONAL solicitó ser desvinculada del
presente trámite constitucional, comoquiera que la solicitud de
amparo no se dirige en su contra, sino en contra de la Comisión
Nacional.
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I.6.- Trámite en primera instancia
La Sala resalta que luego de admitida la presente acción
constitucional, el actor, mediante memorial de 22 de mayo de 2024,
informó que con el fin de dar cumplimiento al auto cuestionado el
CONSEJO SECCIONAL dictó fallo de primera instancia el 15 de
mayo del año en curso, en el cual lo declaró disciplinariamente
responsable y lo sancionó con un (1) mes de suspensión en el
ejercicio del cargo e inhabilidad por el mismo término, por lo que
solicitó medida provisional de urgencia, de suspensión inmediata
del proceso disciplinario, hasta tanto fuera resuelta la acción de
tutela de la referencia, petición concedida en proveído de 24 de
mayo de este año, por medio del cual la SECCIÓN TERCERA
ordenó la suspensión de los efectos de la sentencia proferida por la
Comisión Seccional el 15 de mayo de 2024 y el trámite
subsiguiente, hasta que se decidiera la presente solicitud de
amparo.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 21 de junio de
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2024, tuteló los derechos fundamentales al debido proceso y a la
non reformatio in pejus del actor, por lo que dejó sin efectos la
providencia de 6 de marzo de 2024 y las actuaciones subsiguientes
adelantadas con ocasión del proceso disciplinario y, en
consecuencia, ordenó a la COMISIÓN NACIONAL dictar una
nueva decisión de reemplazo en la que resolviera el recurso de
apelación interpuesto por el accionante. Asimismo, mediante auto
de 24 de mayo de 2024, levantó la medida provisional decretada.
Para ello, destacó que conforme al recurso de apelación interpuesto
y al tener en cuenta que el actor fue el apelante único, la
competencia de la COMISIÓN NACIONAL estaba limitada a
resolver los fundamentos y las pretensiones allí establecidas, de tal
forma que si se advertía la configuración de una nulidad cuya
corrección suponía agravar la situación del apelante único, la
autoridad judicial accionada debía dar prevalencia al principio de la
non reformatio in pejus y no al principio de legalidad.
Así las cosas, advirtió que la autoridad judicial accionada incurrió en
violación directa de la Constitución del artículo 31 Superior en la
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medida en que al realizar el control de legalidad de la nulidad
advertida en la imposición de la sanción, desconoció el principio de
la non reformatio in pejus y, en ese sentido, también incurrió en
defecto sustantivo por inaplicación del artículo 116 de la Ley 734 de
2002, que incorporó el mencionado principio en procesos
disciplinarios.
También consideró que la COMISIÓN NACIONAL incurrió en
desconocimiento del precedente de las sentencias de la Corte
Constitucional, particularmente, la SU-071 de 2022 y SU-327 de
1995, en las que se unificó jurisprudencia sobre la garantía
establecida en el inciso 2° del artículo 31 Constitucional, se fijó su
contenido, alcance y las reglas que debe seguir un juez superior
cuando se contraponen los principios de non reformatio in pejus y
legalidad, como sucedió en el caso bajo análisis.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La COMISIÓN NACIONAL impugnó la sentencia proferida por la
SECCIÓN TERCERA, en los siguientes términos:
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Reiteró que, tal como lo mencionó en su contestación, la acción de
tutela de la referencia no cumple con los requisitos generales de
relevancia constitucional y subsidiariedad en la medida en que los
argumentos esgrimidos por el actor están dirigidos a controvertir su
responsabilidad disciplinaria, la solicitud se sustentó en una
hipotética decisión de primera instancia y la tutela nada tiene que
ver con el alcance de los derechos fundamentales al debido proceso
ni la garantía de la non reformatio in pejus; además, el proceso
disciplinario aún se encuentra en curso, por lo que no existe
decisión definitiva que ponga fin al proceso.
Sostuvo que no se advierte vulneración de los derechos
fundamentales alegados, toda vez que, previo a conocer la
apelación propuesta, protegió el derecho al debido proceso judicial
en garantía de la correcta aplicación de las normas que regulan el
proceso disciplinario, lo cual bajo ningún escenario puede
entenderse como una vulneración a la non reformatio in pejus ni al
debido proceso, pues de entenderse que es un derecho ilimitado del
apelante único que lo privilegia injustificadamente, se generaría un
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incentivo perverso que avala y limita las facultades dadas al
legislador para decretar nulidades de oficio.
Resaltó que el a quo asumió que la decisión de nulitar la sentencia
de primera instancia supone, per se, un agravante de la situación
del apelante, sin tener en cuenta que para la corrección de ese
yerro la Comisión Seccional cuenta con un marco de acción
importante, en virtud de la autonomía judicial y que podría ser
beneficiosa para el accionante, sumado al hecho de que confunde
los efectos de la nulidad procesal con los que tendría una decisión
que agrava la situación del disciplinado.
Aseveró que la Ley 734 de 2002 fijó la competencia de esa
Corporación para proferir nulidades de oficio, siendo una de ellas la
existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido
proceso y la consecuencia de que se retrotraiga la actuación hasta
el momento en que se evidenció la causal.
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Adujo que la Sección Tercera del Consejo de Estado 7, en una
situación similar, concluyó que el operador disciplinario no
desconoció dicha garantía al momento de sanear los vicios
procesales y ejercer la titularidad de la acción disciplinaria conforme
el legislador lo ordenó, al considerar que “[…] En el presente asunto
nos encontramos ante una situación fáctica diferente a la descrita
en estas normas, pues con la decisión de anular el fallo disciplinario
de primera instancia no se impuso una sanción más gravosa al
apelante único, simplemente, en aras de proteger el derecho de
contradicción y el debido proceso del demandante, se anuló la
actuación desde el pliego de cargos a fin de que la misma se
reanudara desde esa etapa […]”.
Manifestó que el auto acusado no desconoció el precedente
jurisprudencial previsto en la sentencia SU-327 de 1995 de la Corte
Constitucional, pues en ella se estableció que la garantía de la non
reformatio in pejus impone la obligación al operador judicial de no
hacer la situación del apelante único más gravosa en procesos
penales, siendo dicho caso no asimilable al presente, pues en el
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Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Proceso con radicado 11001-03-25-000-2012-
00101-00 (0441-2012). Providencia reiterado en Sentencia del 12 de diciembre de 2017 de radicado
No. 11001-03-25-000-2012-00183-00(0760-12). C.P. William Hernández Gómez.
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asunto bajo examen la providencia de 6 de marzo de 2024 no
calificó la conducta del disciplinable, no resolvió el recurso de
apelación y tampoco señaló causales de agravación en relación con
la conducta del disciplinado para que la primera instancia las
aplicara.
Igualmente, en la SU-071 de 2022, la Corte Constitucional
estableció que no se configuraba la vulneración a la garantía de non
reformatio in pejus cuando no se agravaba la situación del actor, no
se desconocía de forma flagrante y grosera el ordenamiento
constitucional y no se configuraban los presupuestos de un defecto
procedimental absoluto ni una violación directa de la Constitución.
Así las cosas, la COMISIÓN NACIONAL concluyó que no se
vulneraron los derechos del actor porque:
• No se agravó la situación del apelante al dejar sin efecto la
decisión de primera instancia.
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• No se desconoció de forma grosera y flagrante el
ordenamiento constitucional, pues la declaratoria de nulidad
se sustentó en el debido proceso del disciplinado, y,
• No existió violación directa de la Constitución porque el medio
que encontró para subsanar el yerro advertido fue nulitar el
proceso disciplinario para que la primera instancia profiriera,
en virtud de su autonomía e independencia, una nueva
decisión que no adolezca de vicios.
Por lo anterior, solicitó revocar la decisión de primera instancia y, en
su lugar, declarar improcedente la acción de tutela de la referencia.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591
de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de
tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
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concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de
2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las secciones.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que la COMISIÓN SECCIONAL solicitó su
desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-
1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de
legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:
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“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el
juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y
las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y
contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas, y
lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de
texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
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del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe
cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta
cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la
que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que la COMISIÓN SECCIONAL es la autoridad judicial
que conoce en primera instancia del proceso disciplinario objeto de
controversia, le asiste interés directo en las resultas de la acción
constitucional de la referencia, razón por la cual la Sala denegará su
solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez
Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),
en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras
a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción
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de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de
la violación de derechos constitucionales fundamentales,
debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el
momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
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puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable . De allí que sea un deber del actor
[5]
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes
a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya
que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
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e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y
no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la providencia de 6 de marzo de 2024, proferida
por la COMISIÓN NACIONAL, a través de la cual se declaró la
nulidad de lo actuado desde la sentencia de primera instancia
dentro del proceso disciplinario identificado con el número único de
radicación 2019-04924-01.
Para tal efecto, la COMISIÓN NACIONAL adujo que en la
sentencia de primera instancia se incurrió en la causal de nulidad
establecida en el artículo 143.3 de la Ley 734 de 2002, que prevé:
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“[…] la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el
debido proceso […]”, pues en el caso de faltas graves dolosas,
como fue calificada la conducta del disciplinado en el asunto bajo
examen, la sanción idónea era la suspensión en el ejercicio del
cargo e inhabilidad especial y no la que impuso el a quo de forma
errónea.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y al principio de la
non reformatio in pejus, habida cuenta que, a juicio del actor, la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo,
violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente, al decretar la nulidad de lo actuado desde la sentencia
de primera instancia, con el fin de que se corrigieran las
irregularidades advertidas por el juez de segunda instancia dentro
del proceso disciplinario.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 21 de junio de
2024, accedió al amparo solicitado al considerar que la autoridad
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judicial accionada incurrió en los defectos endilgados, toda vez que
la COMISIÓN NACIONAL, como juez de segunda instancia, estaba
limitada a resolver los fundamentos expuestos en el escrito de
apelación, de tal forma que si se advertía la configuración de una
nulidad cuya corrección suponía agravar la situación del apelante
único, debía dar prevalencia al principio de la non reformatio in
pejus y no al principio de legalidad.
Inconforme con lo anterior, la COMISIÓN NACIONAL impugnó la
decisión proferida en primera instancia, para lo cual reiteró los
argumentos expuestos en el escrito de contestación, esto es, que
no se cumplía con los requisitos generales de la relevancia
constitucional y la subsidiariedad; además, sostuvo que el a quo
asumió un agravante de la situación del apelante, sin tener en
cuenta que para la corrección de ese yerro la Comisión Seccional
contaba con un marco de acción importante, en virtud de la
autonomía judicial, por lo que solicitó revocar la decisión de primera
instancia y, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de
tutela de la referencia.
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Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; y,
de ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró
los derechos deprecados e incurrió en los defectos alegados.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial el requisito de la subsidiariedad.
El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por
el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo
86 de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia
que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales,
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios
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será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y
negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus
derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de
los derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
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intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que
se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe
conocer del fondo del asunto.»8 (Subrayas y negrillas fuera del
texto).
Asimismo, esta Sección9 ha indicado que el requisito de
subsidiariedad tampoco se cumple cuando se encuentra en trámite
el proceso donde se profirió la decisión objeto de tutela. Al
respecto, señaló que:
“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el
proceso se encuentra en curso, la acción de tutela no es
procedente para cuestionar cualquier decisión adversa a las
partes, aún luego de agotados los recursos que contra ellas
proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de
control no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza
de la trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en
la decisión que pone fin al proceso.
Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la
acción de tutela como una tercera instancia ante decisiones
8 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván
Palacio Palacio.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
diciembre de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-
03-15-000-2017-03006-00.
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que no convienen a las partes en el trámite de los procesos,
cuyos efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que,
además, no generan ningún perjuicio ius fundamental
irremediable.
En este sentido, solo en el evento en que las presuntas
irregularidades en el curso del proceso impidan el acceso a la
administración de justicia y el derecho a la tutela judicial
efectiva de la parte accionante, y ésta carezca de medios
judiciales de defensa al interior del proceso, resultaría
procedente asumir su estudio en sede de tutela, situación que
no se presenta en el caso sub judice por cuanto, el medio de
control aún está en trámite […]”.
Descendiendo al caso concreto, se destaca que de conformidad
con la jurisprudencia de la Corte Constitucional10 las decisiones
emitidas por la COMISIÓN NACIONAL en desarrollo del
procedimiento disciplinario tienen la naturaleza de providencias
judiciales con la fuerza y los efectos que de ello se derivan, de tal
forma que no pueden ser sometidas al escrutinio de otra
jurisdicción, salvo en sede constitucional y a través de la acción de
tutela siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos
generales y específicos y se cumplan las condiciones dispuestas por
la jurisprudencia para el efecto.
Precisado lo anterior, la Sala observa que, contrario a lo afirmado
10
Sentencia T-140 de 5 de mayo de 2023, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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por el a quo, no concurre el requisito general de la
subsidiariedad en el caso bajo examen, toda vez que el proceso
disciplinario cuestionado aún se encuentra en curso, pues con la
declaratoria de nulidad se ordenó retrotraer el asunto a la etapa
inicial con el fin de que la COMISIÓN SECCIONAL profiera
nuevamente sentencia de primera instancia.
Al respecto, revisadas las actuaciones surtidas dentro del proceso
que dio origen a la acción constitucional de la referencia,
especialmente, el auto de 6 de marzo de 2024, se concluye que la
autoridad judicial accionada, en aras de salvaguardar el debido
proceso dentro del trámite disciplinario, declaró la nulidad de lo
actuado desde la sentencia de primera instancia, bajo los siguientes
argumentos:
“[…] Sería del caso que esta Comisión procediera a pronunciarse
sobre el recurso de apelación, formulado por la defensora de
confianza de JORGE ANDRÉS VELASCO HERNÁNDEZ -Juez 85
Civil Municipal de Bogotá (transitoriamente Juzgado 67 de
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple)-; de no ser porque se
advierte, una causal de nulidad que deberá decretarse, tal como
procederá a exponerse.
[…]
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En virtud de los artículos 143 y 144 de la Ley 734 de 200211, es
obligación de esta Colegiatura declarar de forma oficiosa la
nulidad de la actuación disciplinaria, cuando se advierta: “La
existencia de irregularidades sustanciales que afecten el
debido proceso”.
[…]
Establecido lo anterior y al descender al asunto bajo examen, una
vez analizadas las actuaciones de primera instancia, encuentra
esta Comisión una irregularidad sustancial consistente en la
trasgresión del principio de legalidad, dado en que a la hora de
establecer la sanción la Sala primigenia desconoció que el
numeral 2° del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, estableció que:
“Artículo 44. Clases de sanciones. El servidor público está
sometido a las siguientes sanciones: (…) 2. Suspensión en el
ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas
graves dolosas o gravísimas culposas (…)”.
En concreto, la primera instancia, en este caso, encontró
disciplinariamente responsable de una falta grave dolosa al
funcionario y estableció como sanción multa de 10 días de salario.
Sanción que resulta contrario a lo establecido para ese tipo de
falta descrita en el artículo 44, el cual transgrede los artículos 18,
23 y 219 de la Ley 734 de 2002: […]
De manera que, la presente actuación enfrenta una severa lesión
al derecho al debido proceso y al principio de legalidad, por
cuanto se está imponiendo una sanción de MULTA de diez (10)
días del salario básico mensual devengado para el año
11
“Artículo 143. Causales de nulidad. Son causales de nulidad las siguientes: 1. La falta de
competencia del funcionario para proferir el fallo. 2. La violación del derecho de defensa del
investigado. 3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.
PARÁGRAFO. Los principios que orientan la declaratoria de nulidad y su convalidación, consagrados en
el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán a este procedimiento. Artículo 144. Declaratoria
oficiosa. En cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del
asunto advierta la existencia de alguna de las causales previstas en la norma anterior, declarara la
nulidad de lo actuado”. (Negrita fuera del texto original).
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2019, sin que se tenga en cuenta que la sanción disciplinaria
debe ser proporcional y guardar relación con los criterios
imperativos de la norma que, en caso de faltas graves dolosas
como en esta ocasión- establece que la sanción idónea era
imponer “suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad
especial” y no la que se le impuso en primera instancia
erróneamente.
[…]
En consecuencia, no está habilitada esta Comisión resolver sobre
el recurso de apelación respecto de la sentencia de primera
instancia, a efectos de no vulnerar el derecho al debido
proceso del investigado, en tanto, en el asunto materia de
estudio, la nulidad observada es de tal trascendencia, pues se
impuso una sanción ilegal, es decir, sin observar lo dispuesto por
el legislador.
Así las cosas, la Comisión decretará la nulidad de todo lo
actuado a partir de la decisión sancionatoria de primera
instancia proferida el 25 de noviembre de 2022, inclusive,
sin perjuicio de imprimirle celeridad al asunto por parte de la
Secretaría de esta Corporación y de la Seccional de instancia, en
orden a evitar que opere la prescripción de la acción disciplinaria
[…]”.
De lo precedente, se advierte que la COMISIÓN NACIONAL se
abstuvo de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia al encontrar la configuración de la
causal de nulidad prevista en el artículo 143.3, esto es, “[…] La
existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido
proceso […]”, por cuanto evidenció que el fallador de primera
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instancia encontró disciplinariamente responsable al actor de una
falta grave dolosa, por lo que lo sanción con multa de 10 días de
smlmv, lo que resultaba contrario a lo establecido en la norma, la
cual dispone, para este tipo de faltas, la suspensión en el ejercicio
del cargo e inhabilidad especial.
Lo anterior pone de manifiesto que la providencia cuestionada no
da por terminado el proceso, pues, precisamente, con el fin de
garantizar el debido proceso de las partes dentro de la actuación
disciplinaria, ordena que se vuelva a dictar sentencia de primera
instancia, frente a la cual el actor bien puede interponer recurso de
apelación con el objeto de obtener las pretensiones aquí expuestas.
Cabe resaltar que, de conformidad con el artículo 144 de la Ley 734
de 2002, en cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el
funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de alguna
de las causales previstas en el artículo 143 ibidem, debe declarar la
nulidad de lo actuado, como ocurrió en el caso concreto, lo cual
descarta la vulneración de derecho fundamental alguno y evidencia
que la autoridad judicial accionada actuó bajo el amparo de la ley.
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Ahora, frente a la decisión del a quo de proteger los derechos
fundamentales al debido proceso y a la non reformatio in pejus del
actor, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley
734 de 2002, que prevé: “[…] Prohibición de la reformatio in
pejus. El superior, en la providencia que resuelva el recurso de apelación
interpuesto contra el fallo sancionatorio, no podrá agravar la sanción
impuesta, cuando el investigado sea apelante único […], tampoco se
puede predicar violación de derecho alguno, habida cuenta que la
autoridad judicial accionada no resolvió el recurso de apelación, de
ahí que no resulte oportuno afirmar que la situación del actor, como
apelante único, se haya agravado.
Por tanto, para la Sala resulta evidente que la acción de tutela de
la referencia no cumple con el requisito general de la
subsidiariedad, toda vez que el proceso disciplinario en el que se
profirió la decisión objeto de tutela se encuentra en curso.
En efecto, el proceso que motivó la interposición de esta acción
constitucional aún se encuentra en trámite y, por ende, la
intervención del juez constitucional se encuentra vedada. Ello, por
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cuanto, se reitera, es el mismo proceso disciplinario el adecuado
para hacer valer los derechos que el actor estima vulnerados y mal
haría el juez de tutela en suplantar las competencias que le están
dadas al juez de conocimiento.
Aunado a lo anterior, con el fin de analizar si en el presente caso se
configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala
se remite a lo dispuesto por la Corte Constitucional 12 que, frente al
tema, ha sostenido lo siguiente:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta
Corporación ha precisado que éste debe reunir las
siguientes características: “debe ser inminente o próximo
a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y
suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la
persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde
una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que
armonice con las particularidades del caso. Por último, las
medidas de protección deben ser impostergables, esto es,
que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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de evitar la consumación de un daño antijurídico
irreparable […]”.
De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la
acción de tutela de la referencia como mecanismo transitorio,
máxime si no se hizo mención en el escrito introductorio, sin que en
todo caso de las circunstancias fácticas probadas se pueda advertir
tal situación.
Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia impugnada que
accedió a las pretensiones de la acción de tutela de la referencia y,
en consecuencia, declarará improcedente el amparo solicitado por
carecer del requisito general de la subsidiariedad, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
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PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la COMISIÓN
SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÁ, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de agosto
de 2024.
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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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