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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01763-01

Fecha
31 de octubre de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01763-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA Primero.- CONFIRMAR la sentencia del 7 de junio de 2024, proferida por la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado. 14 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-01763-01 Demandante: Teodoro Aksiuk Boichuk Segundo.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01763-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

31 de octubre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01763-01
Demandante: Teodoro Aksiuk Boichuk

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá D.C, treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 13001-23-33-000-2024-01763-01
Demandante: TEODORO AKSIUK BOICHUK
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Ausencia del requisito de
procedibilidad de subsidiariedad. Falta de legitimación en la causa
por activa

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el accionante, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia
de 7 de junio de 2024, dictada por la Subsección “C” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en la que declaró la improcedencia de la acción de tutela por
falta de legitimación en la causa por activa y encontrar incumplido el requisito
general de subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El demandante afirmó que el 24 de enero de 2014, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, con el fin de que se declare la
nulidad de la Resolución No. 7917 de 4 de septiembre de 2013, por medio de la
cual se ordenó su deportación del país.

Indicó que el 17 de septiembre de 2018, la Sección Primera del Consejo de
Estado admitió la demanda y dispuso notificar personalmente a la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia. Adicionalmente, reconoció personería
jurídica al abogado Carlos Mario Medellín Cáceres como apoderado judicial de la
parte demandante.

Manifestó que el 18 de octubre de 2018, la autoridad demandada interpuso
recurso de reposición contra el precitado auto admisorio, advirtiendo la indebida
representación del demandante, al evidenciar que para la fecha de otorgamiento
del poder conferido al abogado Medellín Cáceres -14 de enero de 2014-, el actor

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01763-01
Demandante: Teodoro Aksiuk Boichuk

tenía prohibido el ingreso al territorio colombiano desde su deportación en
diciembre de 2013.

Por último, sostuvo que la Sección Primera del Consejo de Estado mediante auto
de 22 de marzo de 2024 repuso la providencia de 17 de septiembre de 2018 y
concedió un término de diez (10) días, contados a partir de su notificación, para
que el demandante subsane la demanda y aporte un poder general o especial,
debidamente conferido a un abogado.

2. Fundamentos de la acción

El accionante considera que el auto de 22 de marzo de 2024, mediante el cual la
Sección Primera del Consejo de Estado repuso la providencia de 17 de
septiembre de 2018 y concedió un término de diez (10) días, para que el actor
corrija su demanda y allegue un poder general o especial, debidamente conferido,
en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, vulnera sus derechos
fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción, por cuanto alega, la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos orgánico, procedimental y
fáctico.

Expuso que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
orgánico y procedimental, por cuanto “el despacho carece de competencia para
tramitar la impugnación por extemporánea, es decir, al tramitar el recurso de 18 de
octubre de 2018 (en vez de rechazarlo por extemporáneo)”, toda vez que la
notificación personal del auto admisorio de la demanda a la parte demandante se
efectuó el 9 de octubre de 2018, en tanto que el recurso ordinario fue interpuesto
hasta el 18 del mismo mes y año, esto es, por fuera de los tres (3) días siguientes
a la notificación de la providencia.

Por otra parte, adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
fáctico al ignorar los argumentos presentados en el memorial radicado el 1 de
noviembre de 2018, mediante el cual señaló la extemporaneidad del recurso de
reposición presentado por Migración Colombia.

Así mismo, afirmó que cumple con el requisito de subsidiariedad, puesto que “no
hay recursos ordinarios disponibles para las dos violaciones al debido proceso en
que incurrió el despacho accionado, por lo que al no disponer de otro medio de
defensa judicial, es procedente la presente acción de tutela”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“Considero entonces que es procedente solicitar a la honorable sala, en primer lugar
estudiar la extemporaneidad alegada y en consecuencia se solicita decretar que el
recurso de reposición de 18 de Octubre de 2018 fue presentado extemporáneamente y
por lo tanto conceder el amparo por violación al debido proceso y dar las órdenes
procedentes al despacho accionado (bien sea ordenar la nulidad del auto sub exámine
u ordenar al despacho accionado que profiera uno nuevo o que directamente profiera
un auto donde rechaza el recurso por extemporáneo).

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01763-01
Demandante: Teodoro Aksiuk Boichuk

Sólo si la sala considera que el recurso de reposición de 18 de Octubre de 2018 no fue
radicado extemporáneamente, se solicita tutelar el derecho a la defensa y
contradicción, ordenando al despacho accionado a que profiera nuevo auto en el cual
incluya y considere los argumentos de defensa y contradicción planteados en el
memorial de 1 de noviembre de 2018, (mediante lo cual la parte demandante descorrió
el traslado del recurso de reposición de 18 de octubre de 2018)”.

4. Trámite procesal

Por auto de 22 de abril de 2024, la Subsección “C” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela, negó la solicitud de medida
provisional y ordenó notificar a la parte demandante, a la autoridad judicial
accionada -Sección Primera del Consejo de Estado-, así como a la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia, como tercero interesado en las
resultas del proceso, y vinculó en calidad de interviniente a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado.

Adicionalmente, requirió al abogado Carlos Mario Medellín Cáceres para que
acreditara las razones por las cuales el señor Aksiuk Boichuk no está en
condiciones para promover la acción de tutela, para efectos de determinar si se
cumplen los requisitos de la agencia oficiosa.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación
practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el
11 de septiembre de 2024.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Sección Primera del Consejo de Estado

La magistrada ponente de la decisión objeto de reproche constitucional solicitó
que se declare la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que existe
falta de legitimación en la causa por activa, toda vez que se promovió con
fundamento en un poder general de 11 de noviembre de 2017, el cual no goza de
valor probatorio por haber sido conferido en un periodo de tiempo en el cual el
accionante no podía estar en el territorio nacional.

Adicionalmente, sostuvo que el abogado Carlos Mario Medellín Cáceres tampoco
manifestó actuar en calidad de agente oficioso por encontrarse el accionante
imposibilitado para ejercer directamente la protección de los derechos
fundamentales invocados.

Sobre el particular, hizo referencia a la sentencia T-511 de 2017 de la Corte
Constitucional, relativa a la legitimación en la causa por activa en materia de
tutelas.

Sumado a lo expuesto, afirmó que la acción de tutela no cumple con el requisito
general de subsidiariedad, toda vez que la parte actora cuenta con otros medios
de defensa idóneos para la protección de sus derechos fundamentales.

A ese respecto, indicó que una vez consultado el expediente digital del proceso
ordinario controvertido, comprobó que el abogado del accionante interpuso
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01763-01
Demandante: Teodoro Aksiuk Boichuk

recurso de reposición y solicitud de aclaración contra el auto de 22 de marzo de
2024. Adicionalmente, señaló que presentó incidente de nulidad.

Por último, advirtió que en el caso bajo estudio no se advierte la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio, puesto que la parte actora no adjuntó ninguna prueba encaminada en
demostrar dicha circunstancia.

5.2. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia

El jefe de la oficina asesora jurídica solicitó declarar improcedente la acción de
tutela, dado que no cumple con los requisitos de procedibilidad de subsidiariedad y
legitimación en la causa por activa.

Señaló que a través del Decreto-Ley 4057 de 2011, el Presidente de la República
suprimió el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS y traslado la
competencia de control migratorio a la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia, cuyo objetivo es ejercer las funciones de autoridad de vigilancia y
control migratorio y de extranjería del Estado.

Sobre el caso particular, sostuvo que la acción de tutela no cumple con el requisito
general de subsidiariedad, puesto que el accionante todavía cuenta con la
posibilidad de corregir su demanda.

De igual forma, indicó que la solicitud de amparo carece de legitimidad en la causa
por activa, toda vez que requiere de un poder especial que habilite al apoderado
para interponer dicho mecanismo constitucional; sin embargo, el abogado Medellín
Cáceres adjuntó un poder general a la demanda.

Al respecto, citó la sentencia T-493 de 2007 de la Corte Constitucional relativa a
los requisitos de la legitimación para actuar dentro de un proceso de tutela.

6. Escrito del abogado Carlos Mario Medellín Cáceres

En memorial de 15 de mayo de 2024, el abogado Carlos Mario Medellín Cáceres
indicó que no actúa como agente oficioso de la parte accionante, sino como su
apoderado judicial.

Sostuvo que de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la
acción de tutela puede ser ejercida por medio de apoderado judicial y los poderes
se presumirán auténticos.

Manifestó que “se infiere razonablemente que el requerimiento del numeral 8 del
auto admisorio fue un copiar y pegar erróneo que pertenece a algún otro proceso
de tutela”.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante
sentencia de 7 de junio de 2024, declaró improcedente la acción de tutela por

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Demandante: Teodoro Aksiuk Boichuk

encontrar incumplido el requisito de subsidiariedad y la falta de legitimación en la
causa por activa.

Refirió que el abogado Medellín Cáceres no atendió el requerimiento dispuesto en
el auto admisorio de la demanda con el fin de que acreditara las razones por las
cuales el señor Aksiuk Boichuk no está en condiciones de promover la acción de
tutela. Por lo que, al no cumplir con los supuestos de la legitimación en la causa
por activa, ni de representación o de agencia para la defensa de los derechos
ajenos, establecidos en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, declaró la
improcedencia de la acción de tutela.

Adicionalmente, señaló que la acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad, toda vez que el incidente de nulidad, solicitud de aclaración y
recurso de reposición contra el auto de 22 de marzo de 2024 interpuestos por el
abogado que dice actuar en representación del solicitante se encuentran en curso,
por lo que el juez de tutela no puede interferir en la actuación del juez natural del
asunto, ya que se configuraría un desplazamiento del competente y emitiría un
prejuzgamiento sobre asuntos que le corresponden, según la legislación procesal.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara, a
través de escrito en el que sostuvo que no se configura la falta de legitimación en
la causa por activa, toda vez que el abogado Carlos Mario Medellín Cáceres
cuenta con un poder debidamente otorgado el 11 de noviembre de 2017, por
escritura pública No. 2633 de la Notaría 22 del Círculo de Medellín.

En ese sentido, indicó que la improcedencia de la acción de tutela podía ser
declarada porque “no es válido presentar una tutela actuando con un poder
general sino que debe ser a través de un poder especial”, puesto que el poder
general que otorgó no especifica el derecho fundamental vulnerado y, por lo tanto,
no sería tenido en cuenta para representarlo en un proceso de amparo.

Por otra parte, expresó que la tutela sí cumple con el requisito de subsidiariedad y
debería ser declarada procedente, dado que el auto objetado no puede ser
impugnado por un recurso ordinario de reposición, ya que vulneró sus derechos
fundamentales a la defensa y contradicción al ignorar los argumentos expuestos
en el memorial de 1 de noviembre de 2018.

Adicionalmente, consideró que la solicitud de aclaración fue presentada con el fin
de que se aclare el numeral primero de la parte resolutiva del auto de 22 de marzo
de 2024 y no para discutir la providencia cuestionada.

Así mismo, indicó que el incidente de nulidad planteado en el proceso discutido no
es un recurso ordinario sino incidental, el cual no ataca la vulneración a los
derechos fundamentales invocados en la presente acción de tutela.

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Demandante: Teodoro Aksiuk Boichuk

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 7 de junio de 2024, mediante
la cual la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró
improcedente el amparo constitucional solicitado por encontrar incumplido el
requisito de subsidiariedad y la falta de legitimación en la causa por activa debe
confirmarse o si, por el contrario, debe revocarse y estudiar si la Sección Primera
de esta Corporación vulneró los derechos fundamentales al debido proceso,
defensa y contradicción, con la providencia de 22 de marzo de 2024, por medio de
la cual repuso la providencia de 17 de septiembre de 2018 y concedió un término
de diez (10) días, contados a partir de su notificación, para que el demandante
subsane la demanda y aporte un poder general o especial, debidamente conferido
a un abogado porque incurrió en un defecto orgánico, procedimental y fáctico.

La Sala anticipa que confirmará la decisión de tutela de primera instancia porque
no se cumplen los requisitos de legitimación en la causa por activa y
subsidiariedad.

3. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela cuando se
cuestionan providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

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1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros
mecanismos jurídicos que permitan satisfacer los derechos fundamentales del
actor.

En relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en particular del requisito de la subsidiaridad, en la sentencia T-016 de
1
2022 , la Corte Constitucional recordó que este mecanismo no puede ser utilizado
de manera alternativa, adicional o complementaria a los procesos ordinarios o
especiales, por cuanto no es prima facie “el instrumento judicial adecuado para
solicitar la protección de los derechos que sean lesionados en un proceso judicial, “pues
el ordenamiento jurídico ha diseñado para este efecto la estructura de órganos de la rama
judicial, estableciendo un modelo jerárquico cuyo movimiento se activa a partir de la
utilización de una serie de mecanismos judiciales que buscan garantizar la corrección de
las providencias judiciales” .
2

Con base en ese marco de referencia, la jurisprudencia constitucional ha
precisado tres eventos en los que es improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, a saber: i) el asunto está en trámite; ii) el actor no ha
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios para oponerse
al proceso judicial; y, iii) la persona recurre al recurso de amparo constitucional
para revivir etapas procesales en donde dejó de emplear los recursos previstos en
el ordenamiento jurídico3.

En relación con el primer supuesto, ha indicado que “ si el proceso judicial que el
accionante pretende cuestionar está en curso, en principio, la intervención del juez
constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un mecanismo
alternativo o paralelo para resolver asuntos que deben analizarse al interior del trámite
ordinario. En definitiva, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza
de derechos fundamentales cuando no ha solicitado el amparo de dichas garantías dentro
4
del proceso .

Respecto del segundo ha precisado que “si el proceso judicial ya ha concluido y el
ciudadano desea controvertir la decisión correspondiente, está en la obligación de acudir
de manera preferente a los mecanismos ordinarios y extraordinarios para ello. Esta
exigencia asegura que la acción de tutela no se torne en una instancia adicional en el
trámite procesal, ni en un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por
el Legislador” .
5

Finalmente, en lo que atañe con el tercer supuesto ha destacado que dado el

1
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
2
Sentencia SU-026 de 2012, M.P Humberto Antonio Sierra Porto.
3
A este respecto, ver las sentencias T-396 de 2014, M.P Jorge Iván Palacio Palacio; SU-115 de 2018, M.P Carlos Bernal
Pulido; T-016 de 2019, M.P Cristina Pardo Schlesinger, entre otras.
4
Sentencia C-543 de 1992, M.P José Gregorio Hernández Galindo.
5
Sentencia T-417 de 2010, M.P María Victoria Calle Correa.

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carácter exceptivo de la acción de tutela “resulta improcedente cuando el actor
pretende revivir etapas procesales que por negligencia, descuido o distracción, se
encuentran debidamente resueltos”.

En definitiva, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en punto del cumplimiento del requisito de la subsidiariedad se torna más
exigente, cuando no se han agotado los mecanismos de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, exigencia que
“asegura que el recurso de amparo no sea utilizado como una instancia más
dentro del trámite jurisdiccional, como un mecanismo que reemplace los demás
diseñados por el legislador o, como un instrumento para solucionar errores u
omisiones de las partes en los procesos ordinarios”6.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, como juez
constitucional de primera instancia, en sentencia de 7 de junio de 2024 declaró la
improcedencia de la acción de tutela, al considerar que i) no se acreditó la
legitimación en la causa por activa al no demostrar las razones por las cuales el
señor Aksiuk Boichuk no está en condiciones de promover la solicitud de tutela y
ii) no se cumplió con el requisito general de subsidiariedad, luego de evidenciar
que contra el auto de 22 de marzo de 2024, mediante el cual la autoridad judicial
accionada repuso el auto de 17 de septiembre de 2018, el accionante había
interpuesto incidente de nulidad, solicitud de aclaración y recurso de reposición,
los cuales se encontraban en trámite para ser resueltos por el juez natural.

En el escrito de impugnación, el demandante sostuvo que el fallo impugnado i) no
consideró adecuadamente que el abogado Carlos Mario Medellín Cáceres cuenta
con un poder debidamente otorgado el 11 de noviembre de 2017, por escritura
pública No. 2633 de la Notaría 22 del Círculo de Medellín, por lo que está
legitimado para actuar como su apoderado dentro del proceso constitucional y ii)
que la tutela sí cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que el recurso de
reposición, la solicitud de aclaración y el incidente de nulidad no fueron
interpuestos para reclamar la vulneración de los derechos fundamentales
invocados en la demanda de tutela.

4.2. Conforme con lo decidido en el fallo impugnado, la Sala advierte que se
confirmará la sentencia impugnada en relación con la falta de legitimación en la
causa por activa, con sustento en las siguientes razones:

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera
que resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública. A su turno, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone, en
términos muy similares, que la solicitud se puede ejercer por la persona vulnerada
o amenazada en sus derechos fundamentales.

6
Ver T-016 de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01763-01
Demandante: Teodoro Aksiuk Boichuk

La jurisprudencia constitucional ha precisado que en el evento en que la tutela sea
formulada por conducto de apoderado, este “debe ostentar la condición de abogado
titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso o en su
defecto el poder general respectivo”7, conferido por quien es titular de los derechos
fundamentales supuestamente vulnerados, mandato de representación “que no se
entiende conferido para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que le den
fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial”8.

Esa misma corporación judicial9 ha señalado que el poder especial otorgado a un
abogado para que presente una tutela debe contener (i) los nombres e
identificación de los poderdantes y apoderados; (ii) el hecho generador de la
presunta transgresión de los derechos fundamentales; y (iii) las garantías
superiores que se pretenden amparar. Estas exigencias, de no ser satisfechas,
presuponen la carencia de legitimación en la causa por activa del profesional del
derecho10, comoquiera que están instituidas para evidenciar que los directamente
afectados consienten ser representados por un abogado en una tutela en la que se
discuten situaciones fácticas concretas en las que sus garantías superiores son
quebrantadas o amenazadas.

4.3. Descendiendo al asunto bajo examen, la Sala observa que al expediente se
allegó la escritura pública No. 2633 de poder general suscrita el 11 de noviembre
de 2017 entre el señor Teodoro Aksiuk Boichuk y el señor Carlos Mario Medellín
Cáceres, en el que se destaca la siguiente cláusula:

“En la Ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, a los
ONCE (11) días del mes de NOVIEMBRE del año DOS MIL DIECISIETE (2017) al
despacho de la NOTARIA VEINTIDOS (22) DEL CIRCULO NOTARIAL DE MEDELLIN,
ante mi RUBEN DARIO SANCHEZ RESTREPO, Notario Encargado, nombrado
mediante Resolución No. 12060, del 07 de Noviembre de 2017, por la
Superintendencia de Notariado y Registro, Compareció el señor TEODORO AKSIUK
BOICHUK, ciudadano Argentino, mayor de edad, identificado con DNI y/o Pasaporte de
la República Argentina N° 26464004 y/o NIT: 700044054-6 otorgado por la DIAN, de
estado civil Viudo, actuando en su propio nombre y quien en adelante se denominara
EL PODERDANTE y manifestó: Que por medio del presente instrumento confiere
PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE a los Doctores: CARLOS MARIO
MEDELLIN CACERES, Colombiano, mayor, vecino de Medellín, de estado civil
Casado, identificado con CC: C10.178.087 y T. P. 163.984 CSJ y/o OSCAR
SANTAMARÍA PUERTA Colombiano, mayor, vecino de Medellín, de estado civil
Soltero, identificado con CC. No. 1037388974 y T. P. 231704 CSJ, y/o CLAUDIA
PATRICIA GALLEGO OSORIO, colombiana mayor, vecino de Medellín, de estado civil
Casada, identificado con CC: 43737467 y T. P. 209057 quienes en adelante se
denominarán LOS APODERADOS para que obrando en su nombre y representación,
celebren los siguientes actos y contratos:

VIGESIMO CUARTO: Para que interpongan tutelas o cualquier acción constitucional
cuando los derechos de EL PODERDANTE sean o estén en peligro de ser violados ”.

Conforme a lo anterior, se observa que el poder otorgado en virtud de la escritura
pública allegada no reúne los requisitos fijados por la jurisprudencia constitucional
para que sea considerado como poder especial otorgado a un abogado con el fin
7 Corte Constitucional, sentencia T-552 de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
8 Corte Constitucional, sentencia T-430 de 2017, M. P. Alejandro Linares Cantillo.
9
Sentencia T-1025 de 2006, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
10 Corte Constitucional, sentencia T-024 de 2019, M. P. Carlos Bernal Pulido.

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Demandante: Teodoro Aksiuk Boichuk

de promover acción de tutela en representación de otra persona, comoquiera que
en este no se hace alusión al hecho generador de la supuesta vulneración o
amenaza de derechos fundamentales que soporta la presente solicitud, ni cuáles
derechos han sido presuntamente quebrantados o amenazados por las autoridades
judiciales accionadas.

En esas mismas providencias se destacó que en casos como el presente, esta
Sala ha considerado que no es dable conceder poderes ante una situación fáctica
futura e hipotética de vulneración de derechos fundamentales, ya que “cuando se
firmaron los contratos de prestación de servicios profesionales aún no había
acontecido un hecho vulnerador de garantías superiores (porque no se habían
emitido los proveídos atacados), actuaciones que, dicho sea de paso, desconocen
el carácter excepcional del amparo constitucional”.

En la sentencia T-001 de 199711, la Corte Constitucional afirmó que, por las
características de la acción de tutela, “todo poder en materia de tutela es especial, vale
decir se otorga una vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del
accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o
persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión”.

De igual forma, en la sentencia T-530 de 1998, al revisar la decisión de una acción de
tutela promovida por el abogado de la parte civil en un proceso penal, quien actuaba
sin poder especial para el proceso de tutela, consideró que no se debió dar trámite
debido a que el abogado no allegó el poder respectivo, ni manifestó su calidad de
agente oficioso, a lo que agregó que “aunque podría pensarse que su calidad de
representante de la parte civil en el proceso penal lo habilitaba para dicho menester, debe
desecharse esta idea, en atención a que en el proceso penal el sujeto procesal es la parte civil
y no su apoderado; es cierto que éste la representa conforme al poder específico que se le ha
conferido; pero éste aun cuando suficiente para la actuación en el proceso penal no lo habilita
para ejercitar la acción de tutela”.

Para la Sala, asumir que la escritura pública No. 2633 de 11 de noviembre de 2017
por medio de la cual se otorgó poder general al abogado Carlos Mario Medellín
Cáceres es suficiente para el ejercicio de la presente acción de tutela, sería
desconocer el derecho a la autodeterminación y que la jurisprudencia constitucional ha
señalado que el poder “no se entiende conferido para la promoción de procesos
diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso
inicial”12, por lo que se confirmará la falta de legitimación en la causa por activa.

4.4. Por lo demás, la Sala coincide con el a quo en que la solicitud de amparo
constitucional también es improcedente por falta de cumplimiento del requisito de
la subsidiariedad, en tanto en la actualidad se encuentra en trámite el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho del que se deriva la presunta
vulneración iusfundamental, para conocer del recurso de reposición, solicitud de
aclaración e incidente de nulidad interpuestos por el supuesto representante del
señor Aksiuk Boichuk en contra del auto proferido el 22 de marzo de 2024 por la
Sección Primera del Consejo de Estado.

11
M.P. Jose Gregorio Hernández Galindo.
12 Corte Constitucional, sentencia T-430 de 2017, M. P. Alejandro Linares Cantillo.

10

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En efecto, conforme con la particularidad del caso, en el que la pretensión
principal gravita en torno a que se deje sin efecto el auto de 22 de marzo de 2024
por medio del cual se repuso la decisión de 17 de septiembre de 2018 y se ordenó
a la parte demandante que allegara poder general o especial, debidamente
conferido a un profesional del derecho, el análisis de procedencia de la acción se
debe hacer a partir del cumplimiento del requisito de la subsidiariedad, teniendo en
cuenta que se encuentra en curso otro medio de defensa judicial.

Conforme ha sido decantado por la jurisprudencia constitucional, “la acción de tutela
solo resulta procedente cuando no existen o se han agotado todos los mecanismos
judiciales y administrativos que resultan efectivos para la protección de los derechos
fundamentales, a no ser que se demuestre la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
caso en el cual procederá como mecanismo transitorio. Ello con el fin de evitar que este
mecanismo excepcional, se convierta en principal13”.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática y reiterativa en
señalar que la acción de tutela no procede de manera directa cuando el asunto
está en trámite, toda vez que se cuenta con la posibilidad de agotar los medios de
defensa previstos en el ordenamiento. En la sentencia T-103 de 2014, dicha
Corporación sostuvo que el requisito de subsidiariedad cuando se atacan
decisiones judiciales se puede presentar en dos escenarios i) cuando el proceso
ha concluido, o ii) cuando se encuentra en curso, escenario en el que “la
intervención del juez constitucional está vedada en principio, toda vez que la acción de
tutela no constituye un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos
que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario”.

En el presente caso, el 29 de abril de 2024 el expediente ingresó al despacho de
la magistrada ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado para conocer
del recurso de reposición, solicitud de aclaración e incidente de nulidad interpuesto
por el demandante el 15 de abril de 2024, estado en que se encuentra
actualmente el proceso, como se observa en la siguiente imagen:

La Corte Constitucional en sentencia SU-695 de 2015 destacó que “la acción de
tutela no procede de manera directa cuando el asunto está en trámite, toda vez que se
cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa previstos en el ordenamiento”.

13 Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2014.

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Por consiguiente, los conflictos jurídicos relacionados con los derechos
fundamentales deben ser, en principio, resueltos por las vías ordinarias y solo en
casos muy excepcionales a través de la acción de tutela.

De igual manera, en la sentencia T-083 de 201814, la misma corporación judicial
recordó que el ejercicio de la acción de tutela contra actuaciones proferidas en un
proceso judicial en curso, se rigen por el requisito de subsidiariedad, por lo que
“prima facie, genera la improcedencia del amparo por encontrarse vigente el trámite
jurisdiccional dispuesto por el legislador para tal fin”. Al respecto, indicó que la “acción de
tutela no puede convertirse en un instrumento adicional o supletorio al cual se pueda
acudir cuando no se ejercieron los medios ordinarios de defensa de manera oportuna o
para tratar de obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las etapas o
instancias respectivas del proceso que aún está en trámite. Lo anterior en razón a que su
naturaleza subsidiaria y residual, por lo que solo opera cuando no existe otro mecanismo
de protección judicial o cuando a pesar de existir aquel no es idóneo ni eficaz, o se invoca
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Si bien el accionante manifiesta que existe un perjuicio irremediable, lo que
justificaría acceder al estudio de fondo de su solicitud, la Sala observa que dicha
aseveración no fue acompañada con ninguna prueba que la soporte, por lo que se
confirmará el fallo que declaró la falta del requisito de procedencia de la
subsidiariedad, en tanto se trata de un presupuesto que no es viable excepcionar.

Conforme con lo anterior, la Sala confirmará el fallo que declaró la falta del
presupuesto de la subsidiariedad, habida cuenta de que en la actualidad se
encuentra en trámite el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
-recurso de reposición, solicitud de aclaración e incidente de nulidad-, del que la
parte accionante deriva la vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, defensa y contradicción, mismo que no puede ser reemplazado por esta
acción constitucional de naturaleza residual y subsidiaria.

En conclusión, la acción de tutela fue presentada sin acreditar la legitimación en la
causa por activa y con desconocimiento del requisito de subsidiariedad, por lo que
se confirmará la decisión que declaró la improcedencia de la acción de tutela.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- CONFIRMAR la sentencia del 7 de junio de 2024, proferida por la
Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

14 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

12

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Segundo.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta
el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

13

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