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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01776-01

Fecha
30 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01776-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 9 de mayo de 2024 por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-01776-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

30 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01776-01
Accionante: Luis Fernando Arciniegas Vargas
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – REVOCA /
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL –Tercera instancia.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, contra la
sentencia proferida el 9 de mayo de 2024, por la Sección Segunda – Subsección B
del Consejo de Estado, mediante la cual negó el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 8 de febrero de 2024, el señor Luis Fernando Arciniegas Vargas interpuso
acción de tutela1 contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta y la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con el fin de que se dejaran sin efectos los
fallos de 7 de septiembre y 12 de diciembre de 20232, dictados al interior del proceso
disciplinario3 que se adelantó en su contra, en calidad de Juez Penal del Circuito de
Granada.
2.
En la primera providencia, la Comisión Seccional sancionó al señor Arciniegas
Vargas, por infringir el deber funcional descrito en el numeral 1º del artículo 153 de
la Ley 270 de 1996 4 , norma enlazada con las disposiciones contenidas en los
artículos 5 y 6 del Acuerdo PSAA16-10476 del 1 de marzo de 20165, calificada como

1 Invocó sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia, así

como el principio de seguridad jurídica.
2 Notificada el 23 de enero de 2024.
3 Radicado 5000-11-102-000-2018-00562 -00 / 01.
4 “ARTÍCULO 153. DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los
reglamentos…”.
5 “ARTÍCULO
5°. - funcionarios responsables. Corresponde a todos los Magistrados de las Altas Cortes, de los
Tribunales, Salas Jurisdiccionales Disciplinarias y Jueces de la República, diligenciar y reportar, dentro de las
fechas y los términos establecidos en el presente Acuerdo, los formularios únicos de recolección debidamente
diligenciados.
ARTÍCULO 6°- Periodicidad. Los funcionarios judiciales deben disponer y validar la información que consignarán
en los formularios y diligenciarla con la periodicidad establecida, de conformidad con las competencias de ley, a
más tardar el quinto día hábil del mes siguiente al vencimiento del período a reportar, así: Para los periodos

1

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01776-01
Accionante: Luis Fernando Arciniegas Vargas
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

falta grave culposa y, como consecuencia le impuso sanción de suspensión en el
ejercicio del cargo e inhabilidad especial por 1 mes. Lo anterior, debido a que el
mencionado Juez desconoció sus deberes funcionales y legales al desacatar los
términos fijados por la entonces Sala Administrativa del Consejo Seccional de la
Judicatura del Meta, en lo referente al reporte trimestral de la información estadística
correspondiente al año 2017.
3.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en sentencia de 12 de diciembre de
2023, modificó la decisión de primera instancia. Si bien confirmó la declaratoria de
responsabilidad, únicamente impuso sanción de suspensión en el ejercicio del cargo
por el término de 1 mes. Por otra parte, explicó que la norma aplicable era la Ley 734
de 2002, por consiguiente, al amparo del artículo 30, modificado por el artículo 132
de la Ley 1474 de 2011, no había operado el fenómeno de la prescripción, teniendo
en cuenta que el auto de apertura de investigación fue proferido el 12 de julio de
2019, sin que a la fecha hubieren transcurrido más de los 5 años de que trata dicha
figura.
4.
En el escrito de tutela, el accionante indicó que el despacho a su cargo tiene una
carga laboral que rebasa ampliamente la capacidad de respuesta del personal
asignado. Además, se desconocieron las precarias condiciones tecnológicas en la
que se encontraba para la época, por las falencias en el internet y los equipos de
cómputo.
5.
Manifestó que las accionadas incurrieron en un defecto fáctico y defecto
material o sustantivo, al no demostrar la ilicitud sustancial de la conducta endilgada
en su contra, generándole un perjuicio, y por no haber decretado la prescripción de
la acción disciplinaria.
6.
Indicó que se desconoció tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos 6 como la Convención Americana de Derechos Humanos 7 , al no dar
aplicación a lo regulado en los artículos 30 de la Ley 734 de 2002 y 33 de la Ley
1952 de 2019, y decretar la prescripción de la acción disciplinaria y
consecuentemente la extinción de la misma. Ello, conforme los artículos 14 de la Ley
734 de 2002, 8 de la Ley 1952 de 2019 y 29 Constitucional, en lo atinente al principio
de favorabilidad. Afirmó que en su caso optaron por darle aplicación a lo señalado
en la Ley 1474 de 2011 (artículo 132), desconociendo de plano el contenido del
artículo 33 de la Ley 1952 de 2019.
7.
Adujo que el asunto se ubica temporalmente en la supuesta falta de reporte de la
estadística del rendimiento del tercer y cuarto trimestre del año 2017, es decir, que

trimestrales, se reportará bajo las siguientes fechas: a. El primer periodo de cada año está comprendido entre el
1° de enero y el 31 de marzo. b. El segundo periodo entre el 1° de abril y el 30 de junio. c. El tercer periodo entre
el 1° de julio y el 30 de septiembre. d. El cuarto periodo entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre. PARÁGRAFO
1: Para los periodos mensuales el registro se hará mes calendario. PARÁGRAFO 2: En caso de presentarse
problemas técnicos relacionados con la plataforma tecnológica que soporte el SIERJU y que impidan el
cumplimiento de los tiempos estipulados para el registro de información, éstos se correrán previa comunicación”.
6 Artículos 14.1 y 14.2.
7 Artículos 8, 8.1 y 10.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01776-01
Accionante: Luis Fernando Arciniegas Vargas
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

el último acto en que debía hacerse, según el turno establecido por el Consejo de la
Judicatura era entre el 15 al 20 de enero de 2018, luego el plazo de que trata el
artículo 30 de la Ley 734 de 2002, feneció el día 15 de enero de 2023 y, como el fallo
de la Comisión Nacional se adoptó el 12 de diciembre de 2023, es claro que se emitió
fuera del término legalmente establecido.
8.
Citó el fallo de 31 de enero de 2024, radicado 5000-11-102-000-2018-00341-01
proferido por esa misma Corporación, y señaló que en el mismo se aplicó el principio
de favorabilidad y se empleó una norma posterior al caso del disciplinado, al ser más
beneficiosa. Indicó que el Ad quem no la tuvo en cuenta para solucionar su caso.
También mencionó las sentencias C-229 de 2011 y C-207 de 2003, relacionadas con
el principio de favorabilidad.

B. Sentencia de primera instancia
9.
En fallo de 9 de mayo de 2024, la Sección Segunda – Subsección B del Consejo
de Estado negó el amparo. Frente al defecto material o sustantivo adujo que no
evidenciaba que en el asunto hubiera existido una interpretación caprichosa o
equivocada de los preceptos normativos que regulan el proceso disciplinario, ello
porque más allá de la favorabilidad que se reclama se encuentran principios como la
irretroactividad y la inescindibilidad de la ley, que impiden la aplicación retroactiva de
los preceptos normativos, así como tomar aspectos de diferentes normas sustantivas
y procesales solo en lo que más beneficie al actor de cada una de ellas, rompiendo
con la unidad normativa.
10.
En relación con el defecto fáctico, después de hacer una verificación de los
elementos de prueba tenidos en cuenta en las dos instancias procesales, indicó que
en las decisiones judiciales cuestionadas las autoridades accionadas no incurrieron
en una valoración caprichosa o arbitraria de los medios de prueba. Por el contrario,
aquellos permitieron establecer la configuración de la conducta sancionable por parte
del accionante, sin que se hubiese logrado demostrar alguna causa para exculparlo.
11.
Por otra parte, en lo relacionado con la ilicitud sustancial como elemento de la falta
disciplinaria, sustentó que se encontró debidamente fundamentada por la autoridad
judicial accionada, dado que el disciplinado no probó una causa exculpatoria en la
falta de su deber y la omisión endilgada.

C. La impugnación
12.
La parte accionante enfatizó en que el cuestionamiento central de la tutela es que
no se dio aplicación al principio de favorabilidad, y en virtud de ello se omitió declarar
la prescripción.
13.
Citó el fallo de 31 de enero de 2024 (rad. 5000-11-102-000-2018-00341-01),
proferido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en el cual se aplicó la
favorabilidad y se declaró la prescripción. Hizo un paralelo entre ese caso y el suyo,
e indicó que ambos guardan identidad de temporalidad, resultando incomprensible
3

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01776-01
Accionante: Luis Fernando Arciniegas Vargas
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

que en el caso del aludido funcionario judicial, la Comisión Nacional diera aplicación
favorable al artículo 33 del Código General Disciplinario y declarara extinta la acción,
pero en su asunto, a pesar de ser prácticamente idéntico, no se le favoreciera de la
misma manera. Por lo anterior, afirmó que las accionadas incurrieron en un
desconocimiento del precedente y en una violación directa de la Constitución.
14.
Reiteró que las accionadas tenían hasta el 15 de enero de 2023 para proferir
sentencia, pero como aquello sucedió solo ocho meses después de haberse
materializado la prescripción de la acción disciplinaria, es claro que habían perdido
competencia para sancionarlo.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Análisis del caso concreto
15.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19918.

E. Análisis del caso concreto

16.La Sala advierte que en esta oportunidad la acción de tutela carece de relevancia
constitucional, en la medida en que, a través de los alegatos propuestos, la parte
actora pretende convertir el mecanismo de amparo constitucional en una tercera
instancia al litigio tramitado y concluido.

17.En el presente asunto, el actor fue enfático en indicar que los reproches iban
relacionados únicamente por no haberse declarado la prescripción de la acción
disciplinaria, en virtud del principio de favorabilidad, tal como hizo la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial en el fallo de 31 de enero de 2024, radicado 5000-11-
102-000-2018-00341-01.

18.La lectura de la sentencia de 12 de diciembre de 2023, permite evidenciar que en
atención a los reproches planteados por el accionante en ese sentido, la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial explicó que en el régimen de los servidores públicos,
conforme a las preceptivas de la Ley 734 de 2002, las figuras de la caducidad y
prescripción se encuentran reguladas en el artículo 30, modificado por el artículo
132 de la Ley 1474 de 2011, norma que fue derogada por el artículo 265 de la Ley
1952 de 2019, no obstante, el artículo 71 de la Ley 2094 de 2021, por medio del cual
modificó el artículo 263 de la Ley 1952 de 2019, consagró como regla de transición
que, a la entrada en vigencia de esa ley, los procesos en los cuales se haya surtido
la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal,
continuarían su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002.

Con base en la normativa anterior, estimó que en el caso particular el pliego de
19.

cargos proferido el 22 de julio de 2021 contra el doctor Luis Fernando Arciniegas

8 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01776-01
Accionante: Luis Fernando Arciniegas Vargas
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Vargas, en su calidad de Juez Penal del Circuito de Granada, fue notificado el 13 de
octubre de 2021, esto es, antes de la entrada en vigor de la Ley 1952 de 2019 (22
de marzo de 2022), de suerte que era aplicable la normatividad contenida en la Ley
734 de 2002; por consiguiente, al amparo del artículo 30, modificado por el artículo
132 de la Ley 1474 de 2011, no operó el fenómeno prescriptivo, dado que el auto de
apertura de investigación fue proferido el 12 de julio de 2019, sin que a la fecha
hubieran transcurrido más de los cinco años de que trata dicha figura.

20.Bajo el anterior escenario, no cabe duda de que la parte actora esgrimió el mismo
argumento general que expuso ante la autoridad accionada, es decir, la prescripción
de la acción disciplinaria y que, a su vez, aquel fue resuelto de forma clara, precisa
y razonable por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el proveído ahora
cuestionado.
21.
Ello evidencia que la presunta deficiencia alegada por el actor, responde una
discrepancia valorativa sobre la forma de interpretarse y aplicarse la norma; debido
a que el juez Arciniegas Vargas pretende que se empleen los extractos normativos
que más le favorecen, desconociendo que en el fallo se realizó un simple empleo de
la norma aplicable al caso, teniendo en cuenta la fecha del pliego de cargos y del
auto de apertura de investigación en consonancia con lo establecido en el régimen
de transición de la ley aplicable. Divergencia que no es susceptible de admitirse
como una causal de procedibilidad especial, pues siempre que se trate de
interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella
que mejor se ajuste al caso de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica
y en virtud de su autonomía e independencia.

22.
Además, se advierte que de las circunstancias fácticas que dieron paso a la
decisión sometida a estudio, y de los fundamentos jurídicos que expuso la accionada,
no se deduce que dicha autoridad hubiere incurrido en una indebida aplicación legal
o jurisprudencial, en una falta de motivación, ni que se haya abstenido de efectuar
un examen de los medios de prueba o les haya dado un sentido erróneo.

23. Aunado a lo anterior, esta Sala comparte uno de los argumentos esgrimidos por
el juez constitucional de primera instancia, dentro del cual afirmó que, más allá de la
favorabilidad que reclama el actor, se encuentra el principio de la inescindibilidad de
la ley, que impide tomar aspectos de diferentes normas sustantivas y procesales,
solo en lo que más beneficie al actor de cada una de ellas, rompiendo con la unidad
normativa del proceso disciplinario. Debido a que el accionante pretende que se le
aplique, según se entiende, el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019, así como el
artículo 30 de la Ley 734 de 2002, pero, sin la modificación del artículo 132 de la Ley
1474 de 2011, para que únicamente se utilice lo que más le beneficie de cada una,
todo bajo el pretexto de aplicar el principio de favorabilidad.

24.
En este punto, no sobra mencionar que la jurisprudencia constitucional no ha
considerado factible la procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, cuando quiera que estas se fundamentan en un determinado criterio

5

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01776-01
Accionante: Luis Fernando Arciniegas Vargas
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

jurídico, en una razonable interpretación de las normas que son aplicables a la causa
y en una valoración adecuada de las pruebas allegadas; ya que de no ser ello así,
habría una intromisión arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera
grave los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, los
cuales, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal.

25.Por otra parte, si bien el actor indicó que se desconoció el proveído de 31 de
enero de 2024, de la misma Comisión Nacional de Disciplina Judicial, es claro que
para la época en que se profirió el fallo hoy acusado -12 de diciembre de 2023-, la
Corporación accionada aún no había dictado la decisión que el actor aduce como
desconocida. En razón a ello, la accionada no tenía ningún tipo de obligación en
tenerlo en cuenta, pues simplemente aquella no existía para el momento en que
expidió la sentencia objeto de debate.
26.
De acuerdo con todo lo anterior, para esta Sala de Subsección la presente acción
de tutela únicamente refleja el inconformismo de la parte actora por haber sido
sancionado disciplinariamente y, por ello, pretende continuar con el mismo debate
de forma indefinida, con el fin de que su postura sea acogida sobre la del operador
judicial. Lo que a todas luces desnaturaliza esta acción constitucional.

En los términos precedentes, la Sala estima que el debate propuesto en la
27.

demanda de tutela no se proyecta de manera directa como una afectación a algún
derecho fundamental, sino que su propósito es reabrir un debate que ya fue zanjado
por los jueces naturales de la causa.
28.
Por lo anterior, se modificará la sentencia de 9 de mayo de 2024 proferida por el
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y, en su lugar, se declarará
improcedente la solicitud de amparo.
29.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 9 de mayo de 2024 por el Consejo
de Estado – Sección Segunda – Subsección B y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la tutela.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01776-01
Accionante: Luis Fernando Arciniegas Vargas
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE9
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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