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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01789-00

Fecha
6 de junio de 2024
Consejero ponente
Gloria Maria Gomez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01789-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción instaurada por el señor David Elías Sierra Daza contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: David Elías Sierra Daza Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2024-01789-00 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01789-00

Consejero ponente: Gloria Maria Gomez Montoya

6 de junio de 2024

Demandante: David Elías Sierra Daza
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01789-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01789-00
Demandante: DAVID ELÍAS SIERRA DAZA
Demandado: COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial – declara falta de
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda interpuesta por el
señor David Elías Sierra Daza en ejercicio de la acción de tutela consagrada en
la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.

ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 12 de abril de 2024 el ciudadano David Elías Sierra Daza, actuando en nombre
propio, inició acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
y el Consejo Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, en la que pretende el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de la justicia.

En sentir del accionante, la trasgresión de las citadas garantías constitucionales
se da con ocasión de la decisión del 31 de enero de 2024 proferida por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través de la cual confirmó la
providencia del 24 de julio de 2023 por la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Cesar, que dispuso la terminación del procedimiento y por ende el
archivo definitivo de las diligencias adelantadas en contra de la señora Soraya
Inés Zuleta Vega, en su condición de Jueza Primera Civil del Circuito de
Valledupar, en el marco del proceso disciplinario con radicado 20001-25-02-000-
2022-00017-01.

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Demandante: David Elías Sierra Daza
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01789-00

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo del derecho
fundamental invocado y, en consecuencia, pidió:

SEGUNDO: Conminar al LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA O A
LA COMISIÓN SECCIONAL CESAR a rehacer la decisión adoptada,
teniendo en cuenta para ello las pruebas y los lineamientos legales y
jurisprudenciales.

TERCERO: Tutelar todos aquellos derechos que usted considere proteger.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

Los señores David Elías Sierra Daza y Manuel Julián Sánchez Baute iniciaron
una queja disciplinaria contra Soraya Inés Zuleta Vega, en su condición de jueza
Primera Civil del Circuito Judicial de Valledupar, por las presuntas irregularidades
en las que habría incurrido ella al proferir el fallo del 24 de octubre de 20191 en
la acción de tutela identificada con el radicado 20001-31-03-001-2019-00171-00,
por los siguientes hechos:

• La inconformidad del quejoso Sánchez Baute, se refiere a la actuación de
la jueza investigada al no tener en cuenta el poder otorgado al abogado
Augusto Fabio Socarrás Sánchez. Por lo que designó como curador ad
litem al señor Carlos Mario Leal.
• Por otra parte, el quejoso Sierra Daza alegó una presunta irregularidad en
la que pudo incurrir la señalada jueza en el fallo 24 de octubre de 2019,
en el cual concedió el amparo, decisión que posteriormente fue revocada
por el Tribunal Superior de Valledupar, Sala Civil -Familia – Laboral.

1 En dicha providencia se concedió el amparo tutelar y se dispuso:

PRIMERO: PROTEGER el derecho fundamental al debido proceso del señor ARMANDO
GARRIDO CAMPUZANO por las razones esbozadas en la parte motiva de este proveído. En
consecuencia, se ordena al JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, para
que dentro de los 3 días siguientes al recibo del expediente, deje sin efecto el auto del 19 de junio
del 2019 proferido en el radicado No. 20001-40-03-004-2019-00003-00, en el que el Juzgado
Segundo Civil Municipal de Valledupar declaró no probada la objeción alegada por el señor
ARMANDO GARRIDO CAMPUZANO, y proceda a contemplar los intereses de su acreencia.

Dicha decisión fue revocada por el 20 de febrero de 2020, la Sala Civil Familia del Tribunal
Superior de Valledupar, al considerar que «del material probatorio, no es posible colegir ni los
defectos que le endilga el accionante al Juzgado accionado, ni el defecto que observó la Juez de
instancia, pues lo que se advierte es que la inconformidad del accionante se funda en haber
obtenido una decisión adversa a sus intereses, situación bajo la cual no es admisible que
pretenda a través de la acción de tutela que sus pretensiones sean objeto de estudio nuevamente,
pero esta vez ante el Juez constitucional, so pretexto de una presunta vulneración de derechos
por parte del Juez Natural.»

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El Consejo Seccional de Disciplina Judicial del Cesar ordenó la terminación y
archivo del proceso disciplinario al considerar que, si bien la designación del
curador ad litem no era común en este este tipo de procesos, dicha actuación no
era considerada como irregular, pues su objeto, precisamente, era garantizar el
derecho a la defensa del vinculado.

Frente al segundo punto, estimó que la sentencia de tutela cuestionada no era
contraria a derecho, dado que su fundamento legal era apropiado y se basó en
pruebas aportadas por las partes, de las cuales se concluyó que al accionante
se le habían vulnerado sus derechos fundamentales.

El señor Sierra Daza interpuso recurso de apelación resuelto por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial con decisión del 31 de enero de 2024 en la que
confirmó el fallo del a quo al considerar que las actuaciones objeto de la
inconformidad «no poseían la relevancia disciplinaria».

Igualmente, consideró que la decisión de tutela proferida por la jueza se realizó
en desarrollo de la independencia y autonomía judicial consagrada en la
Constitución, «por lo que mal haría esta corporación en realizar un reproche
disciplinario por una conducta que no es abiertamente arbitraria, y que además se
encuentra amparada en estos principios».

1.4. Sustento de la vulneración

Consideró vulneradas sus garantías constitucionales con ocasión de la decisión
del 31 de enero de 2024 proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
a través de cual confirmó la providencia del a quo, que dispuso la terminación del
procedimiento y por ende el archivo definitivo de las diligencias.

Defecto fáctico «en su dimensión positiva por indebida apreciación probatoria»: ya
que la comisión accionada no se sujetó al procedimiento previamente
establecido, lo cual conlleva a la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia.

Lo anterior, pues claramente se puede evidenciar que la acción de tutela no era
el mecanismo adecuado para resolver asuntos de carácter económico-
patrimonial, «lo cual no tiene sentido alguno y lo único a lo que llevan es aún (sic)
desgaste innecesario en el sistema judicial por no hacer el análisis correspondiente a las
pruebas aportadas dentro del proceso que demostraron el actuar erróneo de la señora
SOROYA INÉS ZULETA VEGA».

Concluyó que de las piezas procesales del expediente de tutela «2019-171» y
otros documentos que fueron debidamente aportados, son visibles las distintas
fallas o falencias que ocurrieron y que aun así terminó el proceso disciplinario
«sin garantizar la correcta administración de justicia el cual notablemente se habían
vulnerado.»

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Desconocimiento del precedente: Adujo que no se tuvo en cuenta la
jurisprudencia de la Corte Constitucional que censura indiscutiblemente los
asuntos económicos – patrimoniales en las acciones de tutela cuando no están
vinculadas directamente a la protección de derechos fundamentales. Citó
extracto de la T-1121 de 2003, T-340 de 1994 y T-807 de 2007 de la Corte
Constitucional.

Estimó que no comprende cómo, «a un magistrado de la Disciplina no le llamó la
atención que un juez esté pendiente de liquidar bien una cuenta con intereses y aceptar
ello como un derecho fundamental sujeto de acción constitucional, siendo ello
reprochado innumerables veces por la Corte Constitucional».

1.5. Admisión de la demanda

Mediante auto de 16 de abril de 2023 se: i) admitió la demanda; ii) ordenó notificar
a los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, como autoridades judiciales
accionadas; iii) vinculó, en calidad de tercero con interés al señor Manuel Julián
Sánchez Baute (quejoso) y a la señora Soraya Inés Zuleta Vega (en su condición
de Jueza Primera Civil del Circuito de Valledupar) y iv) ofició a las autoridades
judiciales accionadas para que allegara copia íntegra del expediente en el cual
se tramitó el proceso disciplinario.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Comisión Nacional de Disciplina Judicial2

Solicitó declarar la improcedencia de la acción por no acreditar el requisito de la
relevancia constitucional, pues el actor no demostró que la decisión hubiese sido
desproporcionada ni arbitraria. Contrario a lo anterior, se observa que con la
acción de tutela se pretendía trasladar a sede constitucional el debate jurídico
que no prosperó en el disciplinario.

Adicionalmente, respaldó los argumentos sobre la procedencia únicamente
sugiriendo un «defecto factico en su dimensión positiva por indebida apreciación
probatoria», sin señalar el fundamento de la citada apreciación.

Adujo que, de considerarse cumplido con el requisito de la relevancia
constitucional, lo cierto era que se debían negar las pretensiones, ya que, si bien
dicha colegiatura advirtió la existencia de un presunto error a cargo de la doctora
Soraya Inés Zuleta Vega, en su condición de juez Primera Civil del Circuito de

2 Índice 11 de Samai.

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Valledupar, lo cierto era que de conformidad con el precedente construido por
esta jurisdicción «no todo error conlleva a la incursión en falta disciplinaria».

Agregó que, en tal forma, en ejercicio de la autonomía judicial, ordenó la
confirmación de la terminación y archivo de la actuación disciplinaria seguida en
contra de la citada funcionaria.

Concluyó que era evidente que se trataba de reabrir una discusión que se
resolvió mediante la providencia proferida por esta comisión el 31 de enero de
2024.

1.6.2. Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar3

Puso de presente que la señora Soraya Inés Zuleta Vega ya no era la titular de
ese despacho desde el 2021, fecha en la que se desvinculó en calidad de
pensionada. Alegó que, no había lugar a hacer algún pronunciamiento respecto
a los hechos y pretensiones del accionante, «no obstante, quedo atenta a cualquier
requerimiento que se efectué al Despacho que presido.»

Los demás sujetos pese a haber sido notificado en debida forma, no rindieron
informe de fondo frente al asunto.4

1.6.3. Auto que ordena notificar

Mediante auto del 20 de mayo de 2024 el Despacho sustanciador ordenó la
notificación de la señora Soraya Inés Zuleta Vega, a su correo electrónico
personal5, en calidad de tercera con interés. Sin embargo, no allegó informe
alguno.

Por otro lado, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar allegó
escrito el 21 de mayo de 2024 e indicó lo siguiente: «Favor aclarar con qué
objeto remiten el presente mensaje a este correo, pues de lo relatado en el auto, se
infiere con claridad que la orden se dirige específicamente a notificar a la vinculada
SORAYA INÉS ZULETA VEGA a su correo personal, y no al de este juzgado, pues la
misma ya no figura como titular del despacho…»

3 Índice 12 de Samai.
4 Índice 7 del Samai.
5 Email: zozuve@hotmail.com (Correo tomado del exp. 2022-00017-00 allegado como pruebas -

índice 13 - doc.13.)

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por el señor David Elías Sierra Daza, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1° del Decreto 333 de 2021. Esto, por cuanto la acción de tutela se dirige
contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro.

2.2. Problema jurídico

Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:

¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿La Comisión Nacional de Disciplina Judicial vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de la
justicia con ocasión de la sentencia del 31 de enero 2024, que confirmó
la decisión que decidió terminar del procedimiento y por ende el archivo
definitivo de las diligencias?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial; iii) análisis del caso en
concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 6
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.

María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7 y declaró
su procedencia.8

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere
la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.

2.4. Relevancia constitucional

Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela por carecer de relevancia constitucional, puesto que no
cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-215 de 20229.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta

7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñado.
8 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
9 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen
relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los
jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción
de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico,
pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de
su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal10 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no
referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico11; es
decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional12.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal
y/o económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela
se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter

10 Sentencia SU-573 de 2019.
11 Sentencia SU-103 de 2022.
12 Sentencia SU-103 de 2022.

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legal13”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional
exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales14”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto15, lo que implica
verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente
arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra
providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de los
litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o
interpretativas de corrección legal16. (Resaltado de la Sala)

Tras analizar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche
una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la
Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI
S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad
para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente
legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no
cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba
la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

2.5. Caso concreto

Los argumentos de la parte actora apuntan a probar la presunta lesión de sus
derechos fundamentales debido a que, a su juicio, la comisión acusada al dar por
terminado el proceso disciplinario, incurrió en un defecto fáctico y un
desconocimiento del precedente.

En este orden de ideas, para esta Sala el argumento que se refiere a la indebida
valoración probatoria, sustentado en el defecto fáctico, no cuenta con la carga
argumentativa para ser estudiado, en el marco de la trasgresión de derechos
fundamentales, porque además de que no se señala de manera concreta cuales
fueron las referidas pruebas, no se desvirtúa el análisis realizado por el tribunal
frente a los medios probatorios.

Al respecto se destaca que el tribunal ordenó la terminación y archivo del proceso
disciplinario al considerar que, la sentencia de tutela proferida por la Jueza
Primera Civil del Circuito de Valledupar no era contraria a derecho, dado que su

13 Sentencia SU-103 de 2022.
14 Sentencia SU-128 de 2021.
15 Sentencia SU-573 de 2019.
16 Ibid.

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fundamento legal era apropiado y se basó en pruebas aportadas por las partes17,
de las cuales se concluyó que al accionante se le habían vulnerado sus derechos
fundamentales. Agregó que, si bien dicha decisión fue revocada en segunda
instancia, lo cierto era que el a quo había atendido a los principios de
independencia y autonomía judicial.

Ahora, el señor Sierra Daza a lo largo de su solicitud de amparo reiteró que el
yerro fáctico consistió en que de las piezas procesales del expediente de tutela
«2019-171» y otros documentos que fueron debidamente aportados, eran visibles
las distintas fallas que ocurrieron en el proceso. Pero, no se refiere o controvierte
las razones del tribunal para terminar el proceso, ni mucho menos desarrolla la
configuración del mentado defecto en la providencia que puso fin al proceso
disciplinario, ya sea especificando cuál fue la prueba indebidamente valorada y
su incidencia en la decisión.

Esta Sala recuerda que el simple alegato de una vulneración no conlleva a que
el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente
relevancia constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito inicial medie
un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita entrever que la
controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho
fundamental.

Lo contrario generaría que el juez constitucional de tutela deba proceder con una
revisión in extenso de los elementos de convicción aportados al expediente, lo
que claramente desborda las competencias propias de esta instancia de decisión
y desconoce la función propia del juez natural de la causa.

Por otra parte, debe recordarse que esta sección ha considerado que la parte
que invoca el desconocimiento de un precedente judicial debe cumplir con la
carga mínima de identificar en su proceder argumentativo: (i) la decisión que
considera desatendida; (ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo caso
que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis y (iii) la incidencia
de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.

17 Copia digitalizada del proceso de insolvencia de persona natural no comerciante iniciado por

el señor Manuel Julián Sánchez Baute, en la Notaría Segunda de Valledupar.
2. Copia digitalizada de la acción de tutela radicada con el nro. 20001 31 03 001 2018 00172
007 , seguida en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar, visibles en la carpeta nro.
10 del expediente electrónico.
3. Reporte de consulta del proceso radicado nro. 200013103001-2019-00112-00, en la página
web de la Rama Judicial8 .
4. Copia digitalizada de la acción de tutela radicada con el nro. 20001-31-03-001 2019-00171-
00, seguida en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar, obrante en la carpeta nro.
28 del expediente electrónico.
5. Acuerdo de nombramiento, Acta de Posesión y constancia laboral de la doctora SORAYA
INÉS ZULETA VEGA, remitidos por la Oficina de Talento Humano de la DESAJ Valledupar
(Archivo nro. 12).
6. Certificados de antecedentes disciplinarios de la doctora SORAYA INÉS ZULETA VEGA,
expedido por la Procuraduría General de la Nación (Archivo nro. 14).

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Demandante: David Elías Sierra Daza
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01789-00

De conformidad con lo expuesto, la parte actora tenía la carga de, además de
identificar el precedente que invoca como desconocido, señalar la regla de
derecho que resulta aplicable al caso en concreto, aspecto que la Sala no
encuentra acreditado en tanto, se limitó a señalar apartes de las sentencias T-
1121 de 2003, T-340 de 1994 y T-807 de 2007 de la Corte Constitucional, en las
cuales a su juicio, se ha determinado que «no es viable la protección a través de un
mecanismo excepcional como lo es la acción de tutela tratándose de asuntos de índole
económico».

En ese orden de ideas, se advierte que del escrito tutelar no se hace referencia
a esa regla determinante para el sentido de la decisión en el caso en concreto,
tampoco se indica la ratio decidendi que justifica el fallo adoptado en sede de
tutela. Como se señaló en líneas precedentes, el actor se limitó a identificar las
providencias que aduce como desconocidas y a citar extractos de esta.

La Sala concluye que la parte pretender utilizar la tutela como un mecanismo
para revivir la controversia ya definida, cuestión que no impacta la garantía de
los derechos fundamentales invocados, pues busca convertir el trámite en una
tercera instancia. Esto, pues la competencia de este juez se restringe a la
protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de
carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas
por los jueces naturales.

2.6. Conclusión

Por lo explicado, esta declarará improcedencia de la acción. Ello, en la medida
en que, tal y como se advirtió, en el marco del defecto fáctico no se cumple con
la carga argumentativa ni se edifican en argumentos de raigambre superior, sino
que denotan una mera inconformidad con el sentido de la decisión y su análisis
probatorio. Además, porque el accionante tampoco cumplió la carga
argumentativa suficiente que le asiste al invocar el desconocimiento de
parámetros jurisprudenciales respecto a una materia en específico, con lo cual
se pretende propiciar una tercera instancia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción instaurada por el señor
David Elías Sierra Daza contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

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Demandante: David Elías Sierra Daza
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01789-00

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y vinculados en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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