Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01796-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01796-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01796-00
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
24 de mayo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01796-00
Accionante: Edwin Enrique Arroyo Álvarez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 11001-03-15-000-2024-01796-00
Accionante: Edwin Enrique Arroyo Álvarez
Accionado: Presidencia de la República y Nación-Ministerio de
Defensa-Ejército Nacional
Referencia: Acción de tutela
Tema: acción de tutela
Subtema 1: requisitos de procedencia de la acción de tutela
Subtema 2: inexistencia de una acción u omisión vulneradora de derechos fundamentales
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de amparo que presentó Edwin Enrique Arroyo Álvarez
en contra de la Presidencia de la República y de la Nación-Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela
Edwin Enrique Arroyo Álvarez presentó escrito de tutela1 en contra del “estado
colombiano”, en el que relató que fue soldado profesional del Ejército Nacional de
2005 a 2010, y que fue obligado a retirarse de la institución por la operación de
grupos armados en el municipio de Tierra Alta, Córdoba, en la Vereda el Brasil,
antigua zona de distensión de Santafé del Ralito, en la cual viven sus padres. Frente
a estos últimos, adujo que sufrieron amenazas por su vinculación con el Ejército
Nacional, y agregó que varios de sus hermanos fueron desplazados del territorio al
tratarse de una zona abandonada por el Estado, la cual requiere autorización del
Clan del Golfo para poder ingresar.
El accionante expresó que ha intentado pedir ayuda a la Presidencia de la
República, sin haber obtenido respuesta “ya que tocaba tener citas”, y que la
integridad de su familia “se vio en peligro”. Pidió a los jueces de la República que el
“Estado” lo reintegrara al Ejército Nacional o lo reubicara en otra zona.
1.2. Pretensiones y argumentos de tutela
Edwin Enrique Arroyo Álvarez pidió que “el estado” lo reintegre al Ejército Nacional
o lo reubique en otra zona, toda vez que, adujo, es campesino y que su sueño es
terminar la carrera militar que se le truncó por la puesta en peligro de la integridad
de su familia. Expresó que, en el municipio de Tierra Alta, Córdoba, en la vereda
Brasil, antigua zona de distensión de Santafé de Ralito, ha sufrido la violencia de
grupos armados, al ser un territorio en el que no existe presencia estatal e, incluso,
para ingresar debe pedírsele permiso al Clan del Golfo.
1 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado
F0EAED8FD8EBA575 1D5CE5748C747AB7 16717B610F6DA93B 54C35DF4080216B4, ubicado en el índice
2 del aplicativo SAMAÍ.
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1.3. Trámite de tutela de intervenciones
1.3.1. El magistrado ponente dictó auto el 17 de abril de 20242 en el que requirió
al accionante que aclarara su escrito de amparo, en el sentido de indicar, entre
otros asuntos, cuál era la acción u omisión vulneradora de derechos, las autoridades
que incurrieron en dicha violación y los derechos violados. Lo anterior, toda vez que
la tutela no cumplía con los requisitos mínimos contenidos el artículo 14 del Decreto
2591 de 1991, y que el artículo 17 ibidem ha previsto la posibilidad de ordenar la
corrección de la solicitud. Este proveído le fue notificado en debida forma al señor
Arroyo Álvarez 3.
1.3.2. El accionante guardó silencio en torno a este requerimiento, pues únicamente
obra en el expediente digital una constancia de recepción del mismo memorial que
fue radicado como escrito de tutela4, y en este se dejó la constancia respectiva como
trazabilidad del correo, que ya había sido repartida la solicitud al número de radicado
de la referencia.
1.3.3. No obstante, el suscrito consejero de Estado admitió el escrito de tutela en
auto del 29 de abril de 20245, como una medida para privilegiar el acceso a la
administración de justicia6, al inferir que la tutela se había interpuesto en contra de
la Presidencia de la República y de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional.
Además, insistió en el requerimiento al accionante para que, de ser posible,
atendiera lo solicitado en el auto del 17 de abril de 2024, y le pidió a las accionadas
que informaran si el señor Arroyo Álvarez había interpuesto alguna petición, y en tal
caso, aportaran los soportes correspondientes. En caso contrario, que indicaran lo
pertinente. Este auto también se le notificó a las accionadas y al tutelante en debida
forma7.
1.3.4. La Presidencia de la República8 pidió declarar improcedente el amparo, y,
en consecuencia, ser desvinculada de la presente acción constitucional. De forma
subsidiaria, solicitó negar al amparo.
Por un lado, fundamentó la improcedencia en su falta de legitimación en la causa
por pasiva, al no tener competencia para interferir en los procesos internos del
Ejército Nacional, así como en la ausencia de acatamiento del presupuesto de
subsidiariedad, pues el actor cuenta con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para cuestionar el decreto que lo retiró del Ejército
Nacional, sin demostrar que pretende prevenir la configuración de un perjuicio
irremediable.
2
Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado 627CD9470A54363F
426BD4C8CED11A23 915114D776317F81 19013248038E5EF9, ubicado en el índice 4 del aplicativo SAMAÍ.
3 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado 5309C1E5E6C41254
62ED521AD01DC324 7D2D4E16D3A37AC3 08877E67CC552258, ubicado en el índice 8 del aplicativo SAMAÍ.
4 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado E1CEBDC8FFBB5DEC
F56AF2BF9336D7BB 02B0F8780DD051F2 912086772BA56A19, ubicado en el índice 7 del aplicativo SAMAÍ.
5 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado DBDEC5907DD0527A
F665E778C185733B 374CD62C02103072 06A3092F55AE9301, ubicado en el índice 10 del aplicativo SAMAÍ.
6 El acceso a la administración de justicia, en su connotación de derecho fundamental de aplicación inmediata,
“asegura que a través de procedimientos adecuados e idóneos los conflictos sean decididos de fondo (…)”.
Corte Constitucional. Sentencia C-483 de 2008.
7 Documentos contenidos en el expediente digital de tutela con certificados 298FD20DE0367A99
F571267E5D350483 ED6322D34777DFCB A6F1A35D1339599C y E153C57DE970A506
5FD410DE62B0AB5F C1C477857DAB85D2 4E3B7F9024AE92A0, ubicados en los índices 13 y 14 del
aplicativo SAMAÍ.
8 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificados 03D3E3FB43D1F718
22339FDB0ECDC2AB D02D83B9AB0D7927 B826ABB916E80AA4, AA8A97C865264D4A
C930C80FF8451026 9E16C6B15F56B6D0 F6A9B3675A15C5BB y AA8A97C865264D4A
C930C80FF8451026 9E16C6B15F56B6D0 F6A9B3675A15C5BB, ubicado en los índices 15, 16 y 17 del
aplicativo SAMAÍ.
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Por otro lado, soportó la negativa del amparo en que no ha desplegado acción u
omisión transgresora de los derechos fundamentales del tutelante. Adujo que existía
un incumplimiento de los requisitos que eran esenciales para la prosperidad del
amparo, por cuanto el señor Edwin Arroyo Álvarez reclama por su reingreso al
Ejército Nacional, y frente a ello carecía de competencia para solventar sus
requerimientos.
1.3.5. La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, pese a que fue notificada
del auto admisorio en debida forma, guardó silencio.
CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer del amparo constitucional deprecado por la
parte actora, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991.
2.2. Aun cuando Edwin Arroyo Álvarez incumplió con la exigencia dispuesta en el
inciso segundo del artículo 37 del Decreto 2591 de 19919, consistente en manifestar,
bajo gravedad de juramento, que no ha interpuesto acción de tutela respecto de los
mismos hechos y derechos, a pesar de que el magistrado ponente lo requirió para
tal efecto, la Sala la tendrá por satisfecha con la presentación de la solicitud,
comoquiera que es un presupuesto formal que no tiene por qué sacrificar garantías
sustanciales superiores. De esta manera, la única causal prevista para el rechazo
de la tutela es la regulada en el artículo 17 del Decreto ibídem10, de la cual el suscrito
se apartó al momento de admitir el amparo de la referencia, en aras de privilegiar el
acceso a la administración de justicia.
2.3. Procedencia de la acción
2.3.1. De una interpretación sistemática de los artículos 5 y 6 del Decreto 2591 de
1991, la Corte Constitucional instituyó como presupuesto “de orden lógico-jurídico”
para la procedencia del amparo, la existencia de una acción u omisión amenazante
o vulneradora de derechos fundamentales, que haya sido cometida por particulares
o por la autoridad pública.
La Alta Corporación constitucional ha desarrollado este requisito como la
imposibilidad de acudir al amparo de tutela bajo una conjetura, de simples
especulaciones o de hipótesis en torno a una eventual afectación para las garantías
iusfundamentales, sin haberle otorgado a la administración “la oportunidad de
pronunciarse en ese o en otro sentido. No se puede llegar al absurdo de acudir a
la acción de tutela sobre la base de actos que no se han proferido, esto no solo viola
el debido proceso de las entidades públicas, que, valga repetirlo, también lo tienen,
sino que, atentaría contra uno de los fines esenciales del Estado, cual es el de
asegurar la vigencia de un orden justo.11”
El citado presupuesto, para la Sala, guarda correspondencia con otra causal que
torna en improcedente el amparo, que exige la existencia de “hechos ciertos y
reconocidos de cuya ocurrencia se puede inferir la violación o vulneración de
derechos fundamentales”12. De este modo, la interposición de un amparo cuyo
9 “El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado
otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias
penales del falso testimonio”.
10 “Si no pudiere determinarse el hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela se prevendrá al solicitante
para que la corrija en el término de tres días, los cuales deberán señalarse concretamente en la correspondiente
providencia. Si no la corrigere, la solicitud podrá ser rechazada de plano”.
11 Corte Constitucional. Sentencia T-883 de 2008. Citó el contenido de la sentencia T-066 de 2002 de la misma
Corporación.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-652 de 2012. Citó el contenido de las sentencias T-279 de 1997 y T-647
de 2003.
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propósito sea suponer una violación de derechos fundamentales por hechos o actos
futuros inexistentes o imaginarios, que, por su naturaleza, no están soportados en
razones fundadas y objetivadas, no tiene vocación de procedencia.
2.4.2. En el caso en concreto, Edwin Arroyo Álvarez no probó que acudió a la
Presidencia de la Republica y a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
a pedirles, respectivamente, su reintegro a la institución castrense o su reubicación
en otra zona en su calidad de campesino, pretensión única sobre la cual estructuró
su escrito de tutela.
Con la finalidad de clarificar si el accionante había iniciado un trámite ante cada una
de las accionadas, o ante alguna de éstas, el suscrito magistrado las requirió en
auto admisorio del 29 de abril de 202413, para que aclararan lo pertinente y, de ser
el caso, aportaran los soportes correspondientes.
Frente a ello, la Presidencia de la República allegó escrito de contestación en el que
adujo que no ha desplegado alguna acción u omisión constitutiva de una lesión para
los derechos fundamentales del tutelante, mientras que la Nación-Ministerio de
Defensa-Ejército Nacional guardó silencio.
Expuesto lo anterior, la Sala considera que la Presidencia de la República enfatizó
en la inexistencia de una acción u omisión a su cargo, por lo que aun cuando no
precisó que emitía una respuesta concreta al requerimiento que se le realizó, de
una lectura de su contestación14, soportada en la falta de pruebas que demuestren
lo contrario, es posible colegir que el tutelante no acudió a solicitarle a la entidad
que le fuera concedido el pedimento de este amparo.
En consecuencia, la Sala observa que está insatisfecho el presupuesto lógico-
jurídico de existencia de una acción u omisión que, realizada por la Presidencia de
la República, amenace con vulnerar o haya lesionado los derechos fundamentales
del accionante.
Ahora bien, en lo que respecta a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional,
el señor Arroyo Álvarez tampoco probó haber acudido con el objeto de obtener su
reintegro o su reubicación al cuerpo militar; y, a pesar de que la Nación-Ministerio
de Defensa-Ejército Nacional no contestó esta tutela, no habría forma de aplicar,
para estos efectos, la presunción de veracidad dispuesta en el artículo 20 del
Decreto 2591 de 199115, porque en el escrito de tutela el actor no manifestó que
hizo extensivos reclamos a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.
En tal sentido, el amparo dirigido contra la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional tampoco supera el presupuesto lógico-jurídico de existencia de una acción
u omisión vulneradora de derechos fundamentales. Por consiguiente, la Sala está
imposibilitada para estudiar alguna vulneración constitucional.
En todo caso, la Sala pone de presente a Edwin Enrique Arroyo Álvarez que, si lo
que pretende es cuestionar su retiro forzoso, y este se materializó en un acto
administrativo particular y concreto, la vía adecuada para despojar a este último de
su legalidad y pedir el reintegro y el pago de las prestaciones dejadas de percibir,
no es la acción de tutela, sino el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho regulado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.
13 La acción de tutela se rige por el principio de oficiosidad, el cual debe “orientar la actividad judicial en la
materia y ser aplicados al trámite que se le de a la misma durante todas las etapas procesales”. Corte
Constitucional, sentencia C-483 de 2008.
14 Es factible que este juez se valga del contenido del informe que rindió la Presidencia de la República para
solucionar el caso, pues este fue rendido bajo juramento. (Inciso 3, artículo 19 del Decreto 2591 de 1991).
15 “Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará
a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa”.
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De otra parte, si lo que procura es reclamar por una omisión en que hubiera incurrido
la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional en brindarle protección, que, de
no haberse presentado, no habría conducido al padecimiento de un daño antijurídico
como lo es el desplazamiento forzado, tiene la posibilidad de acudir en sede judicial
por la vía de la reparación directa, cuyos términos están definidos por el artículo 90
de la Constitución Política y 140 de la Ley 1437 de 2011.
2.4.3. Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia del amparo.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo que presentó
Edwin Enrique Arroyo Álvarez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito. Al accionante se le notificará vía correo electrónico.
TERCERO. ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que esta sentencia no fuere impugnada.
Notifíquese y cúmplase
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VMP
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