Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01804-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01804-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-01804-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
27 de junio de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01804-00
Accionante: José Darío Bustos Martínez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01804-00
Accionante: José Darío Bustos Martínez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
Temas: Acción de tutela en contra de providencia judicial, emitida en medio
de control de reparación directa. Incumplimiento del requisito
general de inmediatez, con respecto al cargo formulado frente a la
declaratoria de la caducidad de la acción, en relación con las
pretensiones por la privación injusta de la libertad. Ausencia del
defecto de violación directa de la Constitución Política, en relación
con el reparo sobre la declaratoria del fenómeno jurídico
mencionado con respecto al daño causado por la «retención del
pago» de la condena impuesta en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor José Darío Bustos Martínez
en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el señor José Darío Bustos Martínez promovió demanda en orden a que se tutelen sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso,
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Accionante: José Darío Bustos Martínez
a la vida, al mínimo vital, a la seguridad social y al libre desarrollo de la personalidad.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó lo siguiente:
«[…] PRIMERO: Se revoque la decisión proferida por el Honorable Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, calendada el 6
de octubre de 2023, con radicación número 25000-23-36-000-2015-01263-02 (64660),
que consistió en confirmar la sentencia del 10 de julio de 2019, dictada por el Tribunal
Administrativo de Bogotá, relacionada con la decisión de declarar probada la excepción
de caducidad en relación con las pretensiones por la privación injusta de la libertad.
SEGUNDO: Se revoque la decisión tomada en el segundo punto de la misma sentencia
enunciada en el punto anterior, relacionada con la declaratoria de caducidad de las
pretensiones por la retención del pago de los dineros adeudados por INRAVISIÓN.
TERCERO: Que se revoque la condena en costas.
CUARTO: Que se ordene de manera inmediata al Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones el pago inmediato a mi favor, con la indexación que
corresponde atada al salario mínimo legal vigente, de los dineros que continúa
reteniendo de manera injustificada, y que mi escasa expectativa de vida no da para un
proceso administrativo para pretender el cobro de esta suma, cuyo pago fue ordenado
hace décadas.
QUINTO: Que se estudie la demanda, en lo posible, de manera expedita, para por lo
menos alcanzar a ver en este mundo que, a pesar de que mi vida fue arruinada por la
privación injusta de la libertad de que fui víctima, por lo menos pueda descansar en paz
porque al final, encontré algo de justicia. Nótese que después de nueve años, obtuve
una declaratoria de caducidad; creo que mi expectativa de vida no alcanza para esperar
un tiempo similar para un fallo que intente reparar en algo el daño causado […]».
1.1.2. Hechos de la solicitud
Del escrito de tutela se extraen como hechos relevantes los siguientes:
i) En 1991, la señora Carolina Guerrero Linares, a través de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, demandó la nulidad de la Resolución 001183 de 1991,
mediante la cual INRAVISIÓN la declaró insubsistente. Además, solicitó su reintegro y
el pago de los valores correspondientes a los salarios y prestaciones sociales dejados
de devengar.
ii) El 1.° de julio de 1994, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, declaró la nulidad del acto demandado. En consecuencia, la
corporación precitada ordenó a INRAVISIÓN reintegrar a la señora Guerrero Linares
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y pagarle los valores correspondientes a los salarios y prestaciones sociales dejados
de devengar desde el 22 de abril de 1991 hasta el día de su reintegro.
iii) El 6 de septiembre de 1995, durante el trámite del grado jurisdiccional de consulta
de la sentencia dictada por el Tribunal, por medio de escritura pública núm. 2172, la
señora Carolina Guerrero Linares cedió a los señores José Darío Bustos Martínez y
Fernando Valbuena Villagrán los derechos litigiosos objeto de discusión en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho. El 4 de abril de 1997, el Consejo de Estado
confirmó el fallo consultado
iv) El 12 de diciembre de 1997, la señora Carolina Guerrero Linares denunció al señor
José Darío Bustos Martínez. En la denuncia afirmó que su firma había sido falsificada
en el contrato de cesión de derechos litigiosos.
v) El 24 de junio de 1998, la Fiscalía 170 se abstuvo de dictar medida de
aseguramiento privativa de la libertad contra el demandante. Sin embargo, el 26 de
febrero de 1999, aquella revocó esa decisión y dictó medida de aseguramiento
privativa de la libertad contra el aquí demandante, a quien le imputó los delitos de
falsedad ideológica en documento público apto para servir de prueba, tentativa de
estafa y concierto para delinquir.
vi) El 10 de mayo de 2006, el Juzgado Cuarenta y Dos Penal del Circuito Judicial de
Bogotá condenó al demandante a 22 meses de prisión, al encontrarlo responsable del
delito de fraude procesal, en calidad de coautor.
vii) El 10 de octubre de 2006, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, declaró la
nulidad de todo lo actuado, a partir de la resolución de acusación.
viii) El 25 de febrero de 2008 el Juzgado Quince Penal del Circuito de Bogotá declaró
la prescripción de la acción penal a favor del demandante. Esta providencia fue
confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, el 27
de octubre de 2008.
ix) El 12 de febrero de 2013, el Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito Judicial
de Bogotá, despacho al que le fue repartido el proceso por medidas de descongestión,
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informó a los procesados y al Ministerio de Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones, ente que representaba a INRAVISIÓN, que por cuenta del proceso
penal adelantado en contra de la víctima directa no existía razón alguna para retener
el pago de la condena por el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho a favor
de la señora Carolina Guerrero Linares y, en ese sentido, INRAVISIÓN no podía
justificar la retención del dinero con base en alguna decisión dictada en el trámite del
proceso penal.
x) El señor José Darío Bustos Martínez y sus hijos Giovanna Alexandra Bustos Reyes,
César Augusto Bustos Reyes y Fabián Fernando Bustos Reyes, por intermedio de
apoderado judicial, instauraron demanda de reparación directa en contra de la Nación,
Rama Judicial, y de la Fiscalía General de la Nación, para que se les declarara
responsables por los daños causados por (i) la privación injusta de la libertad del
demandante y (ii) «la indebida retención del producto de la compraventa de los
derechos litigiosos» ordenada en el trámite del proceso penal iniciado contra el
demandante.
xi) El 12 de mayo de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, en la audiencia inicial, declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control mencionado, por lo cual la parte demandante interpuso
recurso de apelación en contra de la anterior decisión.
xii) El 27 de agosto de 2018, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
revocó la providencia recurrida y, en su lugar, tuvo como no probada la excepción de
caducidad del medio de control, en lo que tiene que ver con la retención del dinero
producto de la compraventa de los derechos litigiosos.
xiii) El 10 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, declaró de oficio la falta de legitimación en la causa por activa
de los señores Giovanna Alexandra Bustos Reyes, César Augusto Bustos Reyes y
Fabián Fernando Bustos Reyes, y, adicionalmente, negó las pretensiones de la
demanda, frente al daño causado por la retención de las sumas ordenadas en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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xiv) La parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación
en contra de la anterior decisión.
xv) El 6 de octubre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de
un lado, confirmó la sentencia de primera instancia, con respecto a la decisión de
declarar probada la excepción de caducidad en relación con las pretensiones por la
privación de la libertad y, del otro, revocó la providencia mencionada, que negó las
pretensiones de la demanda respecto del daño causado por la «retención del pago»
de la condena impuesta en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho a
favor de la señora Carolina Guerrero Linares, y, en su lugar, declaró la caducidad del
medio de control.
1.1.3. Fundamentos de derecho
El accionante consideró que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, al
expedir la sentencia del 6 de octubre de 2023, transgredió sus derechos
fundamentales (i) al debido proceso, comoquiera que al declararse probada la
caducidad, desconociendo la figura del daño continuado, se eliminó la posibilidad de
estudiar de fondo la demanda para que se analizaran las pretensiones y la
responsabilidad de las entidades demandadas; (ii) de acceso a la administración de
justicia, puesto que se le «impidió acceder al procedimiento adecuado para solicitar su
resarcimiento»; (iii) al mínimo vital y a la seguridad social, dado que la reparación es
el único ingreso previsible con el que cuenta, «la cual ha sido negada con ocasión de
la declaratoria de caducidad, de la misma forma como [le] fue negada la justicia durante
el proceso difamatorio por el que fue condenado»; (iv) a la vida, ya que ningún ser
humano puede tener una existencia digna a los 82 años, sin recibir una pensión u otro
tipo de ingreso, «cuando su actividad fue destruida porque se le privó de la libertad de
manera injusta y arbitraria»; y (v) al libre desarrollo de la personalidad, pues la persona
no puede desarrollar su personalidad sin limitaciones, cuando no cuenta con los
recursos para, por ejemplo, comprar un libro o pagar los servicios básicos.
Adicionalmente, afirmó que la Subsección accionada desconoció el artículo 90
superior, el cual consagra que el «Estado responderá patrimonialmente por los daños
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las
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autoridades públicas», ya que, en el caso, «ante la presencia de un daño continuado,
este artículo de rango constitucional, parece que no existiera».
Al respecto, explicó que el daño causado por la privación injusta de su libertad tiene la
calidad de continuado, comoquiera que «le arrebató la posibilidad de pensionarse»,
cuya situación lo afecta diariamente, por lo que no podía declararse probada la
caducidad del medio de control, pues cada día empieza a contarse un nuevo término.
Asimismo, con respecto al daño causado por los dineros que retuvo INRAVISIÓN,
adujo que no procede el fenómeno de la caducidad, comoquiera que este debe
empezarse a contabilizar desde la causación del daño, que, para el asunto bajo
estudio, es desde el día en que se dio cuenta de que no le iban a pagar ese monto, y
no desde que se ordenó pagarlos a la persona que le cedió los derechos litigiosos.
1.2. Actuación procesal
1.2.1. El 23 de abril de 2024, el magistrado sustanciador de la presente decisión
manifestó su impedimento para conocer de la acción de tutela de la referencia, al
considerar estar en incurso en la causal contemplada en el numeral 1.° del artículo 56
del Código de Procedimiento Penal, debido a que su hermana Clara Cecilia Suárez
Vargas desde el 3 de agosto de 2020 se posesionó como magistrada del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y si bien es cierto
que no profirió la sentencia del 10 de julio de 2019, también lo es que actualmente se
encuentra a cargo del despacho que profirió dicha providencia.
1.2.2. El 30 de igual mes y anualidad, la Sala declaró infundado el anterior
impedimento, al considerar que no se encontraba configurada la causal invocada, por
cuanto 1) la acción de tutela se dirigió únicamente contra la sentencia de segunda
instancia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B; 2) el
Tribunal administrativo de Cundinamarca no está vinculado en el asunto y 3) la
magistrada Clara Cecilia Suárez Vargas no suscribió la decisión de 10 de julio de 2019,
por lo que no estaría llamada a defender la providencia cuestionada ni sería la
destinataria de una eventual orden de protección en el trámite de tutela.
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1.2.3. El 22 de mayo de 2024, el despacho del magistrado ponente (i) admitió la
presente solicitud de amparo en contra de la Subsección precitada; (ii) vinculó a la
Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación y a los señores Giovanna
Alexandra Bustos Reyes, César Augusto Bustos Reyes y Fabián Fernando Bustos
Reyes, en calidad de terceros interesados en los resultados del proceso; y (iii) requirió
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, para que
remitiera copia digital del expediente del medio de control de reparación directa con
radicado 25000-23-36-000-2015-01263-00/01.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
El magistrado Martín Bermúdez Muñoz manifestó que no participará en la acción de
tutela de la referencia como parte ni como tercero interesado y que acatará
estrictamente las disposiciones que se adopten en esta. Además, aclaró que el
expediente del proceso de reparación directa fue remitido el 24 de noviembre de 2023
al Tribunal de origen, conforme a las actuaciones registradas en SAMAI.
1.3.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
La abogada de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal Paola Joana
Espinosa Jiménez afirmó que los operadores judiciales, al momento de efectuar
valoraciones normativas y probatorias, deben ser autónomos e independientes, pues
solo de esta manera los casos puestos a su conocimiento pueden ser resueltos de
forma imparcial, de suerte que se cumpla la esencia de la misión constitucional de
administrar justicia objetiva, neutral y materialmente justa, características todas estas
que deben revestir las providencias judiciales.
Por otra parte, indicó que los argumentos alegados por el accionante en el escrito de
tutela, demuestran su inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad judicial
accionada, sin acreditar las irregularidades de orden constitucional en las que
presuntamente incurrieron, por lo que la acción de tutela no puede emplearse como si
se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el debate jurídico y probatorio
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que se surtió dentro del proceso ordinario, con el único propósito de obtener un
pronunciamiento favorable a sus intereses.
Por último, aseguró que la entidad a la que representa carece de legitimación en la
causa por pasiva, ya que no es la responsable de la vulneración de los derechos
fundamentales reclamados. En esos términos, solicitó que se declare probada dicha
excepción y, adicionalmente, se despachen desfavorablemente las súplicas
formuladas en la acción de la referencia.
1.3.3. Fiscalía General de la Nación
La profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la entidad
precitada Ruby Milena Arcia Marquez solicitó declarar la improcedencia de la presente
acción de tutela, comoquiera que, en primer lugar, no se encuentran satisfechos los
requisitos generales de procedencia, en particular, el de subsidiariedad, puesto que la
accionante dispone de otros mecanismos de defensa judicial para ventilar la
controversia aquí planteada; en segundo lugar, no se sustenta la configuración de los
defectos alegados; y, en tercer lugar, en la providencia atacada no se incurrió en
desconocimiento del precedente judicial ni en violación directa de la Constitución
Política.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Esta Subsección es competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con lo
previsto en el ordinal 7.° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado
por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela
dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán repartidas
para su conocimiento en primera instancia a la misma Corporación (sic), y se resolverá
por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda, de conformidad con
el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4.».
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2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedencia, especialmente el de inmediatez, para
controvertir la sentencia del 6 de octubre de 2023, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, dentro del medio de control de reparación directa con
radicado 25000-23-36-000-2015-01263-00/01. En caso afirmativo, se analizará, en
segundo lugar, si se configuró el defecto de violación directa de la Constitución Política
y, por ende, si se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante.
2.3. Marco normativo
2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
1 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de
1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.
2.4. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente de reparación directa con
radicado 25000-23-36-000-2015-01263-00/01, la Sala de decisión establece lo
siguiente:
2.4.1. Los señores José Darío Bustos Martínez, Giovanna Alexandra Bustos Reyes,
César Augusto Bustos Reyes y Fabián Fernando Bustos Reyes, por intermedio de
apoderado judicial, instauraron demanda de reparación directa en contra de la Nación,
Rama Judicial, y de la Fiscalía General de la Nación, para que se les declarara
responsables por los daños causados por (i) la privación injusta de la libertad del
demandante y (ii) «la indebida retención del producto de la compraventa de los
derechos litigiosos» ordenada en el trámite del proceso penal iniciado contra el
demandante.
2.4.2. El 12 de mayo de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, en la audiencia inicial, declaró probada la excepción de
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caducidad del medio de control mencionado y, en consecuencia, dio por terminado el
proceso.
2.4.3. La parte demandante interpuso recurso de apelación, para lo cual señaló lo
siguiente:
«[…] Parte demandante: presenta recurso de apelación ya que no está de acuerdo con la
decisión ya que de acuerdo con la providencia del 12 de febrero de 2013 está dentro del
término para que este proceso continúe si bien [es] cierto que el despacho hace referencia
a la caducidad, refiere que se encuentra dentro del término para continuar con esta
demanda ya que la conciliación suspendió los términos y estos se retrotrajeron a la
providencia que hizo referencia por lo que indicó que está en término por lo que se solicita
se acceda a las pretensiones de la demanda y aclara que únicamente se está basando
en la caducidad y acá se está conforme a la ley y que el proceso debe continuar […]».
2.4.4. El 27 de agosto de 2018, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, revocó la providencia recurrida y, en su lugar, tuvo como no probada la excepción
de caducidad del medio de control en lo que tiene que ver con la retención del dinero
producto de la compraventa de los derechos litigiosos.
Lo anterior, al considerar, por un lado, que los asuntos en que se depreca la
responsabilidad de la administración por privación injusta de la libertad, el término de
los dos años para contabilizar la caducidad de la acción de reparación directa se
cuenta a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluye la
investigación, absuelve al sindicado o le pone fin al proceso; y, por el otro, en relación
con los perjuicios derivados de la presunta indebida retención del dinero obtenido por
el actor en la compraventa de los derechos litigiosos de la señora Carolina Guerrero
Linares, no resulta posible determinar la fecha de inicio del cómputo de la caducidad
del medio de control y, por ende, la vocación de prosperidad de la excepción propuesta
por la apoderada de la Nación, Rama Judicial.
En cuanto a esto último, precisó que en atención al carácter especial que ostenta la
excepción de caducidad, esto es, que, aunque propuesta como previa, goza de entidad
suficiente para terminar el proceso, por lo que se tendrá como no probada, sin perjuicio
de que pueda volver a estudiarse una vez se encuentre mejor estructurada.
2.4.5. El 10 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, declaró de oficio la falta de legitimación en la causa por activa
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Accionante: José Darío Bustos Martínez
de los señores Giovanna Alexandra Bustos Reyes, César Augusto Bustos Reyes y
Fabián Fernando Bustos Reyes.
Asimismo, limitó el estudio del daño al causado por la retención del dinero, puesto que
en la audiencia inicial se declaró la caducidad de la acción en relación con las
pretensiones por la privación de la libertad del demandante.
Por último, negó las pretensiones de la demanda relacionadas con la retención del
dinero producto de la cesión de los derechos litigiosos porque no encontró probado el
daño.
2.4.6. La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la anterior
decisión.
2.4.7. El 6 de octubre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
de un lado, confirmó la sentencia de primera instancia, con respecto a la decisión de
declarar probada la excepción de caducidad en relación con las pretensiones por la
privación de la libertad y, del otro, revocó la providencia mencionada, que negó las
pretensiones de la demanda respecto del daño causado por la «retención del pago»
de la condena impuesta en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho a
favor de la señora Carolina Guerrero Linares, y, en su lugar, declaró la caducidad del
medio de control.
2.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
2.5.1. El caso bajo estudio goza de relevancia constitucional, toda vez que, contrario a
lo sostenido por el juez de primera instancia, el debate gira en torno a la presunta
vulneración a los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al
debido proceso, a la vida, al mínimo vital, a la seguridad social y al libre desarrollo de
la personalidad, ya que, en criterio de la parte accionante, la litis fue resuelta bajo un
indebido ejercicio normativo, evento que de encontrarse acreditado, conduciría a
considerar lesionados los intereses de aquella.
2.5.2. Se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad, comoquiera que se
agotaron todos los mecanismos de defensa judicial disponibles, por cuanto la decisión
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cuestionada es una sentencia que puso fin a la discusión planteada dentro del medio
de control de reparación directa.
2.5.3. La exigencia de inmediatez será analizada de manera puntual en el acápite de
«Caso concreto», comoquiera que debe determinarse si el accionante, frente al reparo
sobre la declaratoria de la caducidad de la acción, en relación con las pretensiones por
la privación injusta de la libertad, interpuso de manera oportuna la acción de tutela.
2.5.4. En el presente asunto no se cuestiona una irregularidad procesal, sino el hecho
de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis normativo.
2.5.5. En el escrito de tutela se identificaron razonablemente los hechos y argumentos
con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales.
2.5.6. La acción de tutela no discute una sentencia de la misma naturaleza, puesto que
la providencia que pretende controvertirse fue proferida dentro del medio de control de
reparación directa.
2.6. Caso concreto.
2.6.1. Estudio de la procedencia de la acción de tutela
El señor José Darío Bustos Martínez afirmó que el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, al expedir la sentencia del 6 de octubre de 2023, desconoció
el artículo 90 de la Constitución Política, el cual consagra que el «Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la
acción o la omisión de las autoridades públicas», toda vez que el daño causado por la
privación injusta de su libertad tiene la calidad de continuado, comoquiera que «le
arrebató la posibilidad de pensionarse», cuya situación lo afecta diariamente, por lo
que no podía predicarse la caducidad del medio de control.
Pues bien, analizado lo expuesto, se infiere que el accionante discute la decisión de
declarar la caducidad del medio de control de reparación directa, con respecto a las
pretensiones por la privación injusta de la libertad. Sin embargo, se repara en que en
la providencia hoy objeto de reproche no se adoptó ninguna decisión frente a ese
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aspecto, comoquiera que en ella la autoridad judicial accionada determinó que no
podía emitir un pronunciamiento, puesto que fue en la audiencia inicial en la que se
declaró dicha caducidad, cuya decisión fue confirmada por el Consejo de Estado, al
resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, motivo por el
cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no analizó esa pretensión en la
sentencia de primera instancia y, por tanto, tampoco pudo ser objeto de apelación.
En esa medida, como la decisión que hoy pretende controvertir el accionante fue
adoptada el 12 de mayo de 2016, en el curso de la audiencia inicial, y luego confirmada
el 27 de agosto de 2018 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, la
Sala considera que el término de inmediatez debe contabilizarse a partir del día
siguiente de la ejecutoria de la última providencia mencionada y no desde la sentencia
de segunda instancia emitida en el medio de control de reparación directa, pues, en
ella, como se expuso, no se realizó ningún análisis frente a ese aspecto.
Sobre el particular, se resalta que la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
providencia del 5 de agosto de 20143, explicó que el mencionado requisito cobra mayor
relevancia cuando el recurso de amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales,
toda vez que se encuentran en juego los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica. Por lo anterior, la corporación en la sentencia de unificación del 5 de agosto
de 20144, acogió como regla general un plazo de seis meses contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la providencia, según el caso.
Por tanto, se observa que la providencia del 27 de agosto de 2018 fue notificada a las
partes por estado el 2 de noviembre de 2018, por lo que adquirió ejecutoria el 8 del
mismo mes y año5. No obstante, la acción de la referencia fue interpuesta el 5 de abril
de 2024, esto es, por fuera del término de seis meses. Adicionalmente, el accionante
no planteó ningún argumento para explicar los motivos por los cuales solo hasta este
momento acude a esta instancia constitucional para discutir la declaratoria de la
3 C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicado No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Demandante:
Alpina Productos Alimenticios S.A.
4 Ibidem.
5 Código General del Proceso, artículo 302. Ejecutoria. “Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan
ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin
haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva
los interpuestos” y el Decreto 806 de 2020, artículo 8, inciso 3.° “La notificación personal se entenderá realizada
una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir
del día siguiente al de la notificación”.
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caducidad de la acción, en relación con las pretensiones por la privación injusta de la
libertad.
En consecuencia, la Subsección concluye que la presente acción constitucional, no
superó el requisito general de inmediatez aquí estudiado, por lo que se rechazará por
improcedente la petición de amparo, en lo que tiene que ver con el cargo aquí
estudiado.
2.6.3. Violación directa de la Constitución Política
En la sentencia SU 495 de 2020, la Corte Constitucional señaló los parámetros para
la configuración de la mentada causal en los siguientes términos:
«[…]78. Violación directa de la Constitución. El defecto específico de violación de la
Constitución se entendía subsumido como una de las variantes del defecto sustantivo.
Sin embargo, la sentencia T-084 de 2010 empezó a dotarlo de autonomía al considerar
que la inaplicación de la “norma de normas” merece un lugar particular en la acción de
tutela contra providencias judiciales. En tal sentido, destacó lo dispuesto en el artículo 4°
de la Carta y el poder normativo directo de ella:
“7.2.8. Violación directa de la Constitución, causal de procedencia de la acción de
tutela que se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce,
de forma específica, postulados de la Carta Política. A este respecto, debe insistirse
en que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a
los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de
aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los
particulares. Por ende, resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda
cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e
irrazonablemente tales postulados”.
79. Con sustento en lo expuesto la jurisprudencia ha afirmado que, aunque se
produce la misma distorsión, el desconocimiento de la Constitución puede darse, al
menos, por dos vías. De un lado, cuando las reglas o principios que deben ser extraídos
de su texto son, por completo, desobedecidos o no son tomados en cuenta en el
razonamiento jurídico explicita, ni implícitamente. De otra parte, cuando las reglas y los
principios son tomados en consideración, al menos implícitamente, pero se les da un
alcance insuficiente, como así quedó planteado en la sentencia T-084 de 2010.
80. Sin embargo, ellos no son los únicos supuestos en los cuales las decisiones
jurisdiccionales terminan por violar la Constitución, pues también se ha reconocido que
el hecho de no acudir a la excepción de inconstitucionalidad también puede dar lugar a
ello. En efecto, “(…) siempre que un juez se encuentra ante una norma que contraría lo
estipulado por la Constitución, éste tiene el deber de inaplicar dicha norma bajo la
excepción de inconstitucionalidad realizando un trabajo argumentativo en el cual
determine claramente que el contenido normativo de la regla resulta contrario a la
Constitución Política”.
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81. En consecuencia, el hecho de que una providencia incurra en violación directa
de la Constitución es un defecto autónomo y específico, que determina la procedencia
de la acción de tutela. Puede darse, entre otros, cuando (i) se ignora por completo
principios o reglas constitucionales; (ii) se le da un alcance insuficiente a determinada
disposición de la Constitución; o (iii) se omite aplicar la excepción de inconstitucionalidad,
en aquellos eventos en los cuales ello sea procedente […]».
2.6.2. Análisis de la decisión adoptada por la Subsección accionada
El señor José Darío Bustos Martínez afirmó que el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, al expedir la sentencia del 6 de octubre de 2023, vulneró sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso,
a la vida, al mínimo vital, a la seguridad social y al libre desarrollo de la personalidad,
puesto que en el caso no operó el fenómeno jurídico de la caducidad, con respecto al
daño causado por la suma retenida por INRAVISIÓN, comoquiera que este debe
contabilizarse desde la causación del daño, que para el asunto bajo estudio, es desde
el día en que se dio cuenta de que no le iban a pagar ese monto, y no desde el
momento en que se ordenó pagarlos a la persona que le cedió los derechos litigiosos.
Al respecto, esta Subsección considera oportuno aclarar que si bien es cierto que la
parte accionante, en el escrito de tutela, no identificó el defecto en que incurrió la
Subsección accionada al proferir la sentencia del 6 de octubre de 2023, también lo es
que las inconformidades expuestas encuadran en la causal de violación directa de la
Constitución Política.
Pues bien, precisado lo anterior, corresponde analizar los argumentos en que se apoyó
el Consejo de de Estado, Sección Tercera, Subsección B, para adoptar la decisión que
hoy discute el accionante. Así, se observa que la referida autoridad, en la sentencia
del 6 de octubre de 2023, sostuvo lo siguiente.
«[…] 9.- La Sala no se pronunciará sobre el daño causado por la privación de la libertad
del demandante porque en la audiencia inicial el tribunal declaró la caducidad de la
acción en relación con esta pretensión y el Consejo de Estado confirmó esa decisión a
resolver el recurso de apelación que interpuso la parte demandante. Por esta razón, en
la sentencia apelada el tribunal no se pronunció sobre la citada pretensión y este asunto
no puede ser objeto de la apelación.
10.- En relación con el daño causado por la «retención del pago» de la condena impuesta
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho a favor de la señora Carolina
Guerrero Linares, la Sala revocará la decisión de negar las pretensiones de la demanda
y, en su lugar, declarará de oficio la excepción de la caducidad de la acción porque la
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demanda fue presentada después de transcurrido el término de dos años previsto en el
artículo 164 del C.C.A., contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho,
omisión u operación administrativa. Se destaca que:
10.1.- En la demanda se afirma que «el 12 de febrero de 2013 (...) se dispuso la
devolución de los dineros retenidos fruto de la compraventa del derecho litigioso y en
consecuencia se finiquitó el proceso mediante decisión ejecutoriada».
10.2.- A partir de las pruebas allegadas al proceso, se destaca que mediante auto del 12
de febrero de 2013, el Juzgado Cincuenta y uno Penal del Circuito de Bogotá, al resolver
la solicitud de entrega de los dineros de la condena formulada por el demandante,
informó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, quien
representaba a INRAVISIÓN, que por cuenta del proceso penal adelantado contra la
víctima directa no existía razón alguna para retener el pago de la condena por el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho a favor de Carolina Guerrero Linares. En ese
sentido, le señaló a INRAVISIÓN que no podía justificar la retención del dinero con base
en alguna decisión dictada en el trámite del proceso penal.
10.3.- En consecuencia, como se afirma en la misma demanda, es a partir de ese
momento que se materializó el daño, dado que en esa providencia la Fiscalía ordenó a
INRAVISIÓN entregar el dinero al demandante. En otros términos, si alguna
responsabilidad se le puede endilgar a la Fiscalía por la «retención» de los dineros, es
claro que contra dicha entidad podía ejercerse la acción desde el momento en el que se
profirió esa providencia, en la que claramente se le comunica a INRAVISIÓN que tales
dineros no debían seguir siendo retenidos por cuenta de la Fiscalía. Y se advierte que
aquí no se discute la responsabilidad de INRAVISIÓN por la no entrega de los mismos
porque esta entidad no fue demandada en el proceso.
10.2.- Ahora bien, aunque en el proceso no reposa la constancia de ejecutoria de la
decisión proferida el 12 de febrero de 2013, lo cierto es que la fecha de ejecutoria puede
determinarse con base en las normas del Código General del Proceso vigente para la
época de los hechos. Como regla general, el artículo 302 consagró que las providencias
quedan ejecutoriadas tres días después de notificadas si no se han formulado en su
contra los recursos legalmente procedentes. La providencia fue notificada
personalmente el 14 de febrero de 2013. Por lo tanto, con base en las reglas de
notificación, se infiere que quedó ejecutoriada el 19 de febrero de 2013. En
consecuencia, el plazo para solicitar la conciliación prejudicial vencía el 20 de febrero de
2015.
10.3.- La solicitud de conciliación se presentó el 6 de junio de 2014 y se declaró fallida
el 4 de septiembre de 2014. En consecuencia, el plazo para presentar la demanda se
extendió hasta el 19 de mayo de 2015. 10.4.
• La demanda se presentó el 5 de junio de 2015.
11.- La Sala no se pronunciará respecto de la compulsa de copias a «los funcionarios
que desaparecieron» el expediente penal porque considera que no hay méritos para
tomar tal decisión. Tampoco se pronunciará sobre la violación al debido proceso alegada
en la apelación porque esa no era la oportunidad para controvertir una decisión en
materia probatoria que se adoptó en la audiencia inicial […]».
Analizada la anterior transcripción, conviene aclararle al accionante que el Consejo de
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, tuvo como fecha de inicio para contar el
término de caducidad el día siguiente a la fecha en que adquirió ejecutoria la
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providencia emitida el 12 de febrero de 2013, en la que se ordenó a INRAVISIÓN
devolver las sumas retenidas al demandante, esto es, el 19 de febrero de 2013. En
esa medida, el término para presentar la demanda vencía el 20 de febrero de 2015; el
cual fue suspendido por la presentación de la solicitud de conciliación el 6 de junio de
2014, que fue declarada fallida el 4 de septiembre de igual anualidad, de manera que
el plazo para presentar la demanda se extendió hasta el 19 de mayo de 2015, sin
embargo, aquella solo fue instaurada hasta el 5 de junio de 2015.
En esos términos, la Subsección considera que la autoridad judicial accionada
concluyó acertadamente que el cómputo de la caducidad debía iniciarse a partir del
día siguiente de la ejecutoria de la providencia del 12 de febrero de 2013, pues es
desde ese momento que se materializó el daño, comoquiera que en ella se dejó
consignado que no existía razón alguna para retener el pago de la condena reconocida
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Así las cosas, si bien es cierto el artículo 90 de la Constitución Política dispone que el
Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos —esto es, las
lesiones a derechos o intereses legítimos que no se está en la obligación de soportar—
que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas,
no lo es menos que el ejercicio de la acción para reclamar la declaratoria de
responsabilidad estatal y el pago de los perjuicios generados, está circunscrito al
cumplimiento de unos presupuestos procesales, dentro del cual se encuentra el
término de caducidad.
Por tanto, el hecho de no instaurar la demanda en el tiempo previsto por la ley impide
que el juez dicte una decisión en la que resuelva el asunto puesto en su conocimiento,
lo cual en modo alguno significa una vulneración del derecho al debido proceso o del
acceso a la administración de justicia, en la medida en que la declaratoria, de
encontrarse probada la excepción de caducidad, es atribuible únicamente a la parte
demandante, quien es la que se abstiene de cumplir con la carga de formular la
demanda dentro del término otorgado.
En consecuencia, se concluye que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, no incurrió en la causal de violación directa de la Constitución Política, pues no
desconoció el artículo 90 superior ni vulneró los derechos fundamentales invocados.
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Accionante: José Darío Bustos Martínez
En consecuencia, se negará el amparo solicitado por el señor José Darío Bustos
Martínez, en relación con el reparo sobre la declaratoria del fenómeno de la caducidad
con respecto al daño causado por la «retención del pago» de la condena impuesta en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala
rechazará por improcedente la acción de tutela instaurada por el señor José Darío
Bustos Martínez en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
con respecto a la declaratoria de la caducidad de la acción, en relación con las
pretensiones por la privación injusta de la libertad; y negará el amparo constitucional
deprecado, en relación con el reparo sobre la declaratoria del fenómeno procesal
mencionado con respecto al daño causado por la «retención del pago» de la condena
impuesta en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela instaurada por el señor José
Darío Bustos Martínez en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, con respecto a la declaratoria de la caducidad de la acción, en relación con las
pretensiones por la privación injusta de la libertad, y negar el amparo constitucional
deprecado, en relación con el reparo sobre la declaratoria del fenómeno jurídico
mencionado con respecto al daño causado por la «retención del pago» de la condena
impuesta en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme a las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
A. R. F.
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