Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01805-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01805-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01805-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
4 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01805-01
Accionante: JOSÉ DAVID CARMONA VALENCIA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se confirma el fallo
impugnado - Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con
el requisito general de procedencia de inmediatez.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
23 de mayo de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor José David Carmona Valencia solicitó, a través de apoderado judicial, el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la
igualdad en conexidad con el principio de favorabilidad, cuya vulneración le atribuyó
a la sentencia de 29 de septiembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo
de Caldas, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
con número de radicación 17001-33-39-008-2020-00175-00/01/02.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Mencionó que nació el 9 de noviembre de 1980 y laboró en el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario - INPEC desde el “[…] 1.º de enero de 2000 hasta el 30 de
marzo de 2020 […]”.
2.2. Precisóque la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones,
mediante Resolución núm. SUB-44870 de 18 de febrero de 2020, le reconoció y
ordenó el pago de una pensión vitalicia de jubilación por la suma de “[…] $1.823.268
[…]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01805-01
Accionante: José David Carmona Valencia
2.3. Señaló que interpuso recurso de reposición y apelación, por lo que a través de la
Resolución núm. SUB-97796 de 24 de abril de 2020 se reliquidó su pensión por la
suma de “[…] $1.840.481 […]”, decisión que fue confirmada mediante Resolución
núm. DPE-7791 de 12 de mayo de 2020.
2.4. Expresó que, con base en lo anterior, promovió la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 17001-33-39-008-2020-00175-00/01/02 en contra
la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, para que se
declarara la nulidad de las Resoluciones núms. SUB-44870, SUB-97796 y DPE-7791
de 2020.
2.5. Refirió que el asunto le correspondió al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
de Manizales, autoridad judicial que, mediante sentencia de 19 de julio de 2021,
accedió a las pretensiones de la demanda “[…] declarando la nulidad de los actos
administrativos demandados y ordenando la reliquidación de la pensión de vejez
del señor José David Carmona Valencia en cuanto del 75% con la inclusión de
todos los factores salariales devengados en el último año de servicio […]”.
2.6. Mencionó que presentó recurso de apelación contra el fallo de primera instancia,
el cual fue desatado por el Tribunal Administrativo de Caldas mediante sentencia de
29 de septiembre de 2023, en la cual revocó la decisión apelada, para en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda.
2.7. Adujo que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la igualdad y el
principio de favorabilidad, al incurrir en una violación directa de la Constitución, en un
desconocimiento del precedente y en un defecto sustantivo.
2.8. Frente a la violación directa de la Constitución señaló que el Tribunal inaplicó los
artículos 48 -parágrafo quinto transitorio- y 53 de la Constitución Política, y la Ley 157
de 15 de abril de 18871.
2.9. Asimismo, hizo un recuento sobre la evolución del régimen de prestaciones y
pensional de los funcionarios del INPEC, concluyendo que “[…] no se le debe aplicar
la ley 100 de 1993 y mucho menos el decreto 2090 de 2003, de acuerdo con el querer
del Constituyente Derivado […]”.
2.10. Respecto al desconocimiento del precedente jurisprudencial, señaló que se
dejaron de aplicar las sentencias T-012 de 20222 de la Corte Constitucional, y de 4 de
febrero de 20203, de 21 de mayo de 20204 y de 2 de febrero de 20235 del Consejo de
Estado, dentro de las cuales se determinó que “[…] que los miembros del cuerpo de
1
“Sobre adopción de Códigos y unificación de la legislación nacional”.
2
Corte Constitucional, Sentencia de 21 de enero de 2022, expediente T-8.155.335, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, expediente 11001030600020190019600, M.P. Oscar Darío Amaya
Navas.
4
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda-Subsección “A”, expediente
20001233900020150043401, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
5
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda-Subsección “A”, expediente
23001233300020160044501, M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas.
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Accionante: José David Carmona Valencia
custodia y vigilancia del INPEC, cuentan con un régimen especial consagrado en la
ley 32 de 1986 articulo [sic] 96, la ley 4 de 1966 articulo 4 y el decreto 446 de 1994,
por mandato constitucional artículo 48, en especial el parágrafo transitorio quinto […]”.
2.11. Señaló, en cuanto al defecto sustantivo, que el Tribunal “[…] omitió dar aplicación
a la Carta Magna, pues prescindió los [sic] artículos 48 y 53 y los mandatos de la ley
57 y 153 de 1887, debiendo aplicar el criterio jerárquico, el criterio cronológico, el
criterio de especialidad, y el principio de favorabilidad, además del precedente
constitucional y del órgano de cierre de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa
[…]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Primero. se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso,
principio de favorabilidad en materia laboral, derecho a la igualdad ante la ley,
mínimo vital, todos en concordancia con el derecho a la seguridad social en
pensiones, a la justicia efectiva y los demás que su señoría considere
conculcados.
Segundo. Solicito se revoque el fallo de segunda instancia proferido por el
Honorable Tribunal Administrativo de Caldas – Sala de Decisión, dentro del
proceso de la referencia, por ser violatorio de la Constitución Política de
Colombia, el espíritu del Constituyente Derivado, y la legislación aplicable al
caso en concreto.
Tercero. Como consecuencia de las peticiones anteriores, solicito se ordene al
Honorable Tribunal Administrativo de Caldas – Sala de Decisión, se emita fallo
en el cual se reconozca la pensión de jubilación al señor JOSE DAVID
CARMONA VALENCIA, de conformidad con la ley 32 de 1986 artículos 96 y
114, la ley 4 de 1966 articulo 4 y el decreto 1045 de 1978 artículos 5 y 45 y/o
el decreto 446 de 1994, ordenando su reliquidación […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 17 de abril de 2024, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso de la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la presente acción
de tutela. Asimismo, vincularon en calidad de terceros con interés directo en el
resultado del proceso al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales
y a la Administradora Colombia de Pensiones - Colpensiones.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Juez
Octavo Administrativo del Circuito de Manizales expresó que el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 17001-33-39-008-2020-
00175-00 fue instituido con sujeción a las normas procedimentales que lo regulan.
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Accionante: José David Carmona Valencia
Asimismo, precisó que la sentencia proferida por esa autoridad judicial se encuentra
sustentada en los supuestos fácticos y jurídicos del caso y la jurisprudencia vigente
al momento de su expedición.
5.2. Por lo anterior, solicitó se declare improcedente la acción constitucional, en la
medida en que no se encuentran demostrados los requisitos generales y
específicos para su viabilidad.
5.3. LaAdministradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones solicitó
declarar improcedente la acción de tutela por cuanto “[…] no se ha materializado
ningún vicio, defecto o vulneración de derechos fundamentales por parte del
TRIBNAL [sic] ADMINISTRATIVO DE CALDAS […]” y que tampoco se encuentra
demostrada la vulneración de los derechos fundamentales por parte de
Colpensiones.
5.4. El Tribunal Administrativo de Caldas advirtió, a través del magistrado ponente
de la providencia objeto tutela, que en el presente asunto “[…] ha transcurrido un
término superior a seis meses […]” entre la ejecutoria de la sentencia tutelada y la
radicación de la acción constitucional, lo que hace improcedente la acción de
amparo, por no haberse cumplido con el requisito de inmediatez.
5.5. De otro lado, indicó que el accionante pretende usar la acción de tutela como
una tercera instancia.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 23 de mayo de 2024, la Sección Quinta del Consejo
de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela al considerar que la
solicitud de amparo no cumplía con el requisito de inmediatez.
7. Al respecto, el juez de primera instancia indicó que la decisión cuestionada “[…]
se notificó mediante correo electrónico enviado el 3 de octubre de 2023, por lo que
la ejecutoria de esta providencia operó el 10 del mismo mes y año, mientras que la
radicación de la tutela se llevó a cabo el 15 de abril de 2024, es decir, un término
superior a 6 meses […]”.
8. Así destacó que “[…] de aceptarse un término superior, sin que se exponga una
razón de trascendencia constitucional, se atentaría en contra del derecho a la
igualdad de los demás usuarios de la administración de justicia a quienes se les ha
declarado improcedente su solicitud de amparo, por superar el lapso en mención
[…]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
9. Elaccionante presentó escrito en el que impugnó la sentencia de primera
instancia manifestando que “[…] tan solo se pasó cinco días de los Seis Meses, sin
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Accionante: José David Carmona Valencia
descontar la vacancia judicial de los señores jueces, además la suspensión de
términos que se han dado en la jurisdicción administrativa, como el del día 18 de
marzo de 2024, pero especialmente los pronunciamientos a los casos
excepcionales que la Corte Constitucional ha determinado para la regla de los seis
meses […]”.
10. Asimismo, indicó que “[…] la Corte Constitucional órgano supremo de la
Jurisdicción Constitucional ha señalado en la sentencia T-007 de 2013, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub, el cual señala “En lo que tiene que ver con el requisito de
inmediatez, la acción de tutela resulta procedente en los casos estudiados, por
cuanto (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de
esta corporación, las mesadas pensionales son imprescriptibles; y (ii) la
jurisprudencia constitucional ha referido que esta característica hace que la
vulneración tenga carácter de actual, incluso luego de pasados varios años de
haberse proferido la decisión judicial […]”.
11. Adujoque “[…] el paso de tan solo cinco días, no es óbice para declarar
improcedente la acción de tutela impetrada, porque además no se tuvieron en
cuenta los tiempos de vacancia judicial y suspensión de término de la jurisdicción
contenciosa administrativa […]”.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
12. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19916, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20157, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20218, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20199.
VIII.2. Problemas jurídicos
13. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado10, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá:
6
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
7
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
8
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
9
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
10
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
6
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b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en una violación directa de la Constitución, en un
desconocimiento del precedente y en un defecto sustantivo.
14. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo
posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos
alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias
adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
15. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201211, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
16. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
17. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
18. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial12, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución13.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
12
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
13
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
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Accionante: José David Carmona Valencia
19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”14 que encaje en dichos
parámetros.
20. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
22. El señor José David Carmona Valencia solicitó, a través de apoderado judicial,
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la
igualdad en conexidad con el principio de favorabilidad, cuya vulneración le atribuyó
a la sentencia de 29 de septiembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo
de Caldas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
con número único de radicación 17001-33-39-008-2020-00175-00/01/02.
23. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de inmediatez.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
14
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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VIII.4.1. Del incumplimiento del requisito general de procedencia de la
inmediatez
24. En cuanto al requisito general de inmediatez, se debe señalar que la acción de
tutela no tiene un plazo específico para su interposición. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha dicho, refiriéndose a este requisito, que la acción de tutela debe
ser interpuesta: “[…] en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración15. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de solución de conflictos […]”16.
25. Al respecto, la jurisprudencia constitucional17, ha señalado lo siguiente:
“[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el requisito
de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y exigente, pues el
carácter excepcional de esta figura obedece precisamente a la necesidad que
existe de conciliar la protección de derechos fundamentales con los principios
constitucionales de seguridad jurídica y autonomía judicial, que podrían
comprometerse si la tutela contra providencias judiciales se convierte en
práctica generalizada. De ahí que la jurisprudencia de la Corte Constitucional
haya sido particularmente reiterativa en considerar que el principio de
inmediatez es particularmente importante cuando se trata de examinar la
procedencia de tutelas contra providencias judiciales. En la citada sentencia
C-590 de 2005, se afirmó que “de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos” […]”18.
26. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, fijó una regla
jurisprudencial según la cual el plazo considerado como razonable era de seis (6)
meses, contados a partir de la notificación de la decisión judicial objeto de tutela.
Ello con sustento en el siguiente raciocinio:
“[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se ejerza
en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa juzgada, al asegurar
que la decisión judicial alcance el grado de certeza material, que la hace
definitiva e inmutable.
Anotase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre
este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de
15
Ver entre otras, Sentencia T-315 de 2005.
16
Sentencia C-590 de 2005, T-743 de 2008, T-343 de 2012.
17
Corte Constitucional, Sentencia T-739 de 2010.
18
Ibidem.
9
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seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia,
según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias
judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza
del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los
recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge,
además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como
razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de una
decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]”19. [Subrayado fuera
del texto].
27. La jurisprudencia constitucional20 ha establecido excepciones a la aplicación del
requisito de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y justificarse por el
accionante en cada caso particular21, así:
“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i)
exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre
el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en
el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de
la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”22.
28. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que el juez de primera
instancia declaró improcedente el presente mecanismo de amparo, luego de
considerar que no cumplía con el requisito de la inmediatez.
29. El accionante en el escrito de impugnación enfatizó que se debe flexibilizar el
análisis del requisito de inmediatez porque “[…] el paso de tan solo cinco días, no
es óbice para declarar improcedente la acción de tutela impetrada, porque además
no se tuvieron en cuenta los tiempos de vacancia judicial y suspensión de término
de la jurisdicción contenciosa administrativa […]”.
30. La Sala destaca que el fallo que motivó la interposición de la presente acción de
tutela fue notificado por correo electrónico enviado el 3 de octubre de 202323, por
lo que debe entenderse que tal acto se surtió el día 5 de ese mismo mes año24. Por
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-
03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
20
Sentencia T-584 de 2011.
21
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del Consejo
de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
22
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
23
Índice 00007 de SAMAI, “10ED_Cuaderno 2da_10SENTENCIASEGUNDAINSTANCIA”, radicado núm. 17001-33-39-008-
2020-00175-02, Tribunal Administrativo de Caldas, M.P. Augusto Ramón Chávez Marín.
24
En aplicación de los artículos 203 y 205 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011.
10
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Accionante: José David Carmona Valencia
su parte, la presente solicitud de amparo se radicó a través de la ventanilla virtual
habilitada para radicación de tutelas el día 15 de abril de 202425.
31. Así las cosas, y comoquiera que la solicitud de amparo fue radicada el 15 de
abril de 2024, se observa que la misma se ejerció después de transcurridos los
seis meses contados a partir de la notificación del fallo objeto de esta acción.
32. Si bien el accionante hizo referencia a que la sentencia T-007 de 201326 señaló
que la “[…] acción de tutela resulta procedente […]”, por tratarse de mesadas
pensionales las cuales “[…] son imprescriptibles […]” y que dicha característica “[…]
hace que la vulneración tenga carácter de actual, incluso luego de pasados varios
años de haberse proferido la decisión judicial […]”.
33. Al respecto, esta Sala de Sección27 ha señalado:
“[…] [S]iempre que se trate de una acción de tutela contra providencia judicial
que verse sobre prestaciones periódicas, se realizará el análisis del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, incluido el de
inmediatez, el cual deberá efectuarse desde los criterios de i) que se demuestre
que la vulneración de los derechos permanezca, esto es, que sea continua y
actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela; y ii) que el actor se encuentre en condición de
debilidad manifiesta […]”. [Subrayado fuera del texto].
34. En ese orden de ideas, se observa que el accionante no acreditó encontrarse en
una condición de debilidad manifiesta que justificara su inactividad por más de 6
meses para interponer este mecanismo de protección constitucional.
35. Por lo anterior, y al no observar otra causal adicional que justifique la demora en
la interposición de la presente acción constitucional, la Sala considera que no se
satisfizo el requisito general de procedibilidad de inmediatez, resaltándose que
tampoco se cumplen los presupuestos para acceder a la aplicación de la sentencia
SU-354 de 2017 de la Corte Constitucional.
36. Por lo expuesto, se confirmará el fallo impugnado que declaró la improcedencia
de la solicitud de amparo por no cumplir el requisito general de procedencia de
inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
25
Índice 00002 de SAMAI, Demanda por Ventanilla Virtual, radicado núm. 11001031500020240180500.
26
Corte Constitucional, Sentencia de 18 de enero de 2013, expedientes T-3.496.735 y T-3.578.059, M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de mayo de 2018, C.P María
Elizabeth García González, número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-00293-00.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01805-01
Accionante: José David Carmona Valencia
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de mayo de 2024, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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