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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01812-00

Fecha
25 de julio de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01812-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por los señores Luis Marino Sol Quiñones, Luz Dari Bolaños Zúñiga, Miler Estiben Sol Bolaños, Segundo Luis Sol Quiñones, José Washington Sol Quiñones, Fidela del Sol Quiñones, Olivia Ayala Quiñones, Dora Colombia Ayala de Becerra, Teodora Ayala Becerra y Daniel Sol Bolaños contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01812-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

25 de julio de 2024

Demandantes: Luis Marino Sol Quiñones y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01812-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01812-00
Demandantes: LUIS MARINO SOL QUIÑONES Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Falta de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la parte actora en ejercicio de la
acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y desarrollada
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Los señores Luis Mariano Sol Quiñones, Luz Dari Bolaños Zúñiga, Miler Estiben Sol
Bolaños, Segundo Luis Sol Quiñones, José Washington Sol Quiñones, Fidela del
Sol Quiñones, Olivia Ayala Quiñones, Dora Colombia Ayala de Becerra, Teodora
Ayala Becerra y Daniel Sol Bolaños, actuando a través de apoderado judicial,
presentó solicitud de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Consideraron vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la
providencia del 27 de octubre de 2023, que declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión identificado con el radicado 11001-03-26-000-2022-
00075-00 (68.218), formulado contra la sentencia de segunda instancia del 22 de
abril de 2021 dictada en el proceso de reparación directa promovido por los actores
y otros contra la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y la Fiscalía General de la Nación, mediante la cual se revocó el fallo de
primera instancia proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Popayán y, en su lugar, se negaron las súplicas de la demanda de
reparación directa con radicado No 19001-33-31-003-2016-00366-01.

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Demandantes: Luis Marino Sol Quiñones y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01812-00

1.2. Las pretensiones

En el escrito petitorio, el accionante solicitó:

PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS la Providencia del 27 de octubre de 2023,
DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la
sentencia del 22 de abril de 2021, dictada por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A y
condenó en costas a la parte accionante.
TERCERO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones solicito se ordene al
despacho antes enunciado CONCEDER y DAR TRÁMITE al RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN impetrado en contra del TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA.
CUARTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones DEJAR SIN
EFECTOS (REVOCAR) la sentencia No. 045 proferida el 22 de abril de 2021 por el
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, la cual REVOCÓ la
sentencia No. 026 proferida el día 28 de febrero de 2018 por el JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN.
QUINTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones solicito se ordene
DEJAR EN FIRME la sentencia de primera instancia No. 026 proferida el día 28 de
febrero de 2018, por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
POPAYÁN, la cual concedió las pretensiones de la demanda inicial y declaró
patrimonialmente responsable a la NACIÓN-RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y la NACIÓN FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN de los perjuicios causados a LUIS MARINO SOL QUIÑONES y a su
núcleo familiar.1

1.3. Hechos

Los supuestos jurídicamente relevantes se sintetizan de la siguiente manera:

Proceso penal con radicado No 19001-60007-03-2012-01128-00

El señor Luis Marino Sol Quiñones fue capturado el día 20 de junio de 2013, en el
municipio de Tumaco - Nariño por el delito de secuestro extorsivo agravado, en
concurso homogéneo con fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso
privativo de las fuerzas armadas, el juez de control de garantías le impuso
detención preventiva en centro carcelario.

El 22 de septiembre de 2015, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado
con funciones de conocimiento de Popayán absolvió al señor Luis Marino Sol
Quiñones, decisión confirmada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Popayán, quien manifestó la necesidad de ratificar las diligencias de
reconocimiento de personas durante la audiencia, quedando en libertad el día 23 de
septiembre de 2015.

Medio de control de reparación directa con radicado No 19001-33-31-003-
2016-00366-01

El señor Luis Marino Sol Quiñones y sus familiares instauraron medio de control de
reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación y la Nación - Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán.

1 Transcripción literal, por lo que puede contener errores.

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El 28 de febrero de 2018 el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán
declaró patrimonial y administrativamente responsable tanto a la Nación - Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, como a la Nación - Fiscalía
General de la Nación por el daño antijurídico sufrido por los demandantes
ocasionado por la privación injusta de la libertad del señor Luis Marino Sol
Quiñones, ordenada en el proceso con radicado No 19001-60007-03-2012-01128-
00, y las condenó al pago de perjuicios morales, perjuicios materiales en las
modalidades de lucro cesante y daño emergente.

La sentencia fue apelada por la Fiscalía y correspondió su conocimiento al Tribunal
Administrativo del Cauca. La corporación revocó la decisión del a quo, mediante
fallo del 22 de abril de 2021, en el que consideró que: «la privación de la libertad a
la que se vio sometido el acusado -aquí demandante- no se tornó en injusta ni
contravino su presunción de inocencia, tampoco se vislumbra que hubiese sido
arbitraria o caprichosa».

Recurso extraordinario de revisión radicado No 11001-03-26-000-2022-00075-
00 (68.218)

El demandante interpuso recurso extraordinario de revisión, con fundamento en la
causal: «haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria», consagrada en el numeral 1 del artículo
250 del CPACA.

Argumentó que, en el proceso administrativo, se tuvo en cuenta como elemento
decisivo para determinar la participación del actor en el delito imputado, la
existencia de una relación entre él y Gilberto Quintero Rojas. No obstante, el señor
Quintero Rojas manifestó que dicha relación de llamadas se debía exclusivamente
al interés que él tenía en que Luis Marino Sol Quiñones pudiera ayudarlo a
encontrar personas dedicadas a la venta de combustible en la zona, ya que hacía
más de un año ellos habían sostenido negocios de este tipo, pero que a pesar de
que el señor Sol Quiñones ya no se dedicaba a dicha actividad sí podría contactarlo
con personas que lo hicieran.

Adujo que, para el Tribunal Administrativo del Cauca, no existió un elemento
material probatorio que corroborara la veracidad de tal versión, no se probó en
forma debida que dicha relación de negocios hubiera existido y que la motivación
de las llamadas entre estas dos personas efectivamente estuviese relacionada con
la venta de combustible. Motivo por el cual encontró que la medida de privación de
la libertad fue apropiada, razonable y proporcionada.

Aseguró que el expediente judicial con radicado número 19318-3189000-2016-
00002-00 por el delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos, en el
que también se condenó al señor Luis Marino Sol Quiñones, da cuenta de las
actividades de comercio de combustible que el señor sol quiñones, desarrolló en la
zona de Timbiquí (Cauca), en el año 2011, es decir, un año antes de la relación de
llamadas existente con Gilberto Quintero Rojas, y demuestra la veracidad de la
versión que este dio en su testimonio durante la audiencia de juicio oral en la que el

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señor Sol Quiñones fue absuelto por los delitos de secuestro y tráfico o porte ilegal
de armas; dentro de dicho expediente.

Explicó que, durante todo el tiempo que transcurrió entre el día 20 de junio de 2013
y el 23 de septiembre de 2015, Luis Marino Sol Quiñones desconocía la existencia
de requerimiento alguno por parte de las autoridades judiciales por haberse
dedicado a la venta de combustible. Además, que solo se dio cuenta de su
existencia con ocasión del auto del 11 de octubre de 2018, emitido por el Juzgado
Quinto de Ejecución de Penas, que ordenó la revocatoria de la suspensión de la
ejecución de la pena que le había sido concedida sin su previa notificación y fue
detenido el 30 de abril de 2019, en medio de la realización de un puesto de control
ubicado en el barrio 11 de noviembre en el municipio de Tumaco - Nariño.

Mediante providencia del 27 de octubre de 2023 se declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión identificado con el radicado 11001-03-26-000-2022-
00075-00 (68.218), al considerar que, no se le puede atribuir la naturaleza de
prueba documental a una providencia judicial, a fin de controvertir otra decisión
judicial, como ha sostenido el Consejo de Estado y, que esa determinación la
conoció el recurrente antes de que se profirieran los fallos en el proceso de
reparación directa, pues la abogada defensora del señor Luis Marino Sol Quiñonez
asistió a la audiencia de verificación de allanamiento de cargos que él hizo
voluntariamente, cuando se le concedió el beneficio de sustitución condicional de la
ejecución de la pena y cuando fue capturado nuevamente en el 2019, él ratificó que
conocía la sentencia.

1.4. Sustento de la petición

El tutelante argumentó que la decisión proferida por el juez colegiado incurre en
defecto fáctico, por las siguientes razones:

Adujo que la sentencia adolece del defecto fáctico en su dimensión negativa, por
cuanto en dicha providencia se omitió la valoración completa del expediente penal
con radicado No. 19318-3189000-2016-00002-00, proceso dentro del cual se
investigó y condenó al señor Luis Marino Sol Quiñones, por el delito de
favorecimiento de contrabando de hidrocarburos, pues a partir del estudio íntegro
del referido documento podía establecerse que de haber podido ser aportado
durante las etapas del proceso contencioso administrativo se habría acreditado que
en efecto fue fruto de la actividad como comerciante de hidrocarburos que el señor
Sol Quiñones tuvo contacto telefónico con Gilberto Quintero Rojas, responsable
penalmente de las conductas punibles que intentaron atribuirse al accionante.

Afirmó que está acreditada la fuerza mayor como causa de la imposibilidad para
recobrar los documentos en mención, por lo que se cumplía con las dos situaciones
contenidas en el artículo 250 del CPACA, consistentes en que los documentos se
hubieren producido con anterioridad a la fecha de la decisión, situación que se
cumple por cuanto la investigación penal por el delito de hidrocarburos concluyó en
el año 2016, y que no se hubiese podido acceder a ellos por cuanto se desconocía
su existencia.

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1.5. Trámite de primera instancia

Mediante auto del 15 de mayo de 2024 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a los magistrados que integran el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A y al señor Linder Sol Bolaños, así como a la Nación - Rama Judicial,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación,
magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Cauca y al Juez Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, en calidad de terceros con interés
en las resultas del proceso.

1.6. Informes presentados

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Fiscalía General de la Nación

Manifestó que el juez administrativo contó con los elementos de juicio suficientes
para emitir el fallo hoy atacado en sede de tutela y que realizó una valoración
adecuada del acervo probatorio.

Aseguró que se respetaron las garantías de los accionantes y no se trasgredieron
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

1.6.2. Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado

La magistrada ponente de la providencia expuso que la parte tutelante, pretendía
imprimirle un alcance diferente al recurso extraordinario de revisión, pues en su
demanda de revisión toda la argumentación se dirigía a la sentencia condenatoria
del 12 de octubre de 2016, dictada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Guapi,
de ahí que se entendía que se refería específicamente a esa providencia lo que
imposibilita reprochar una falta de valoración de las demás pruebas del expediente,
cuando ni siquiera las describió, identificó o, en su defecto, detalló su contenido.

Señaló que no se cumplieron los requisitos de procedencia del recurso y que,
además, los actores tenían conocimiento del documento y la incidencia de la
decisión en el caso concreto antes de que se profirieran los fallos en el proceso de
reparación directa.

Las demás entidades accionadas, pese a ser notificadas no rindieron informe.

Adicionalmente, mediante auto del 20 de junio de 2024, se dispuso la vinculación
de todas las personas que actuaron como demandantes en el proceso ordinario 2,
por considerar que podrían tener interés en las resultas del proceso. Sin embargo,

2 Breyner Fabian Sol Quiñones, Anyi Sol Quiñones, Alix Marien Sol Prado, Yeison David Sol Prado,

Jhon Fredy Sol Prado, Gloria Nena Sol Prado, Jeison Jose Sol Castillo, Maria Belarmina Ortiz Sol,
Leider Ortiz del Sol, Athala Lorena Ortiz del Sol, Ruby Amanda Ortiz Sol, Maria Argelia Reina Sol,
Carmina Reina Sol, Yuleidy Sol Quiñones, Yoer Lever Sol Quiñones, Bolívar Benigno Sol Quiñonez,
Santos Graciano Sol Quiñonez, Rosa América Sol Quiñonez, Leidy Katerine Sol Bolaños, Richard
Sol Bolaños y Esteban Sol Olmedo.

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los vinculados, pese a ser notificados al correo electrónico personal informado por
el apoderado de la parte actora3, no realizaron pronunciamiento alguno durante el
termino otorgado para el efecto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problemas jurídicos

En orden a decidir la presente acción de tutela se determinará si en este caso se
cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial (procedencia adjetiva) establecidos por la Corte Constitucional.

En caso de superarse el examen de procedibilidad de la acción, se establecerá si la
providencia cuestionada, mediante la cual se declararó infundado el recurso
extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia del 22 de abril de 2021,
dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca, vulnera los derechos
fundamentales de los demandantes, por incurrir en un defecto fáctico.

En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) criterio de esta
sección sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse
superados, (iii) el fondo del asunto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20124, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella concluyó:

…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los

3 Mediante correo electrónico enviado el 26 de junio de 2024.
4 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.

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parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.5

Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a
él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente
lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas
características.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal
entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y,

ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones
o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva – Relevancia
constitucional

La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, unificó los criterios
respecto del presupuesto de relevancia constitucional.

En el mencionado fallo la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo

5 Ibídem.

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constitucional contra una decisión judicial «…el juez de tutela debe limitarse a
analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el
accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una
providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo
teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre…».

El alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado, por
lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para
discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se
zanjaron por el juez natural.

A su vez precisó, que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal6 (Énfasis de la Sala).

Luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con este
postulado, en estos eventos:

i) Cuando no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,
ii) Cuando involucra un debate eminentemente legal,
iii) Cuando plantea una discusión preponderantemente económica y,
iv) Cuando no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

En el caso bajo examen, la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera de esta colegiatura, declaró infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia del 22 de abril de 2021, dictada por el Tribunal
Administrativo del Cauca, la cual revocó la decisión de primera instancia y negó las
pretensiones de la demanda elevadas en el medio de control de reparación directa
presentadas por los accionantes para solicitar la indemnización por el daño
antijurídico presuntamente ocasionado por la privación injusta de la libertad del
señor Luis Marino Sol Quiñones.

El juez colegiado consideró que una providencia judicial no tenía la naturaleza de
prueba documental para controvertir otra decisión judicial, y que, además, la prueba
que se pretendía hacer valer en sede de revisión había sido conocida por el
recurrente antes de que se profirieran los fallos en el proceso de reparación directa.

6 Sentencia SU 573 de 2019.

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Para el demandante, estaba acreditado que, el señor Luis Marino Sol Quiñones
desconocía su situación penal y, como consecuencia, el despacho manifestó
intentar comunicarse con él y hasta llegó incluso a considerar que había muerto,
situación que consta en el expediente penal aportado y que habría sido constatada
si el expediente penal hubiere sido valorado en su totalidad.

Resaltó que la providencia cuestionada solo se refirió a los apartes consignados en
el escrito y no a todo el expediente que tiene más de 100 folios, donde constan
todas las actuaciones judiciales de investigación tendientes a probar la
responsabilidad del señor Sol Quiñones en la comisión del mentado delito de
«favorecimiento al contrabando de hidrocarburos», situación que corrobora la
versión aportada por el señor Gilberto Quintero Rojas y por el propio Luis Marino
Sol Quiñones, y que tenía un contenido decisivo para proferir una decisión distinta a
la negación de las pretensiones, la cual, asegura, tuvo por fundamento que la parte
actora no probó que la relación de llamadas entre Luis Marino Sol Quiñones y
Gilberto Quintero Rojas se debía al comercio de combustible.

Revisada la decisión objeto de inconformidad, se advierte que, el juez colegiado
determinó que, además del incumplimiento de los presupuestos de procedencia del
recurso extraordinario de revisión, los argumentos de los actores sobre la finalidad
de las llamadas telefónicas que pretenden desvirtuar la comisión del delito
corresponden al juez de la responsabilidad penal, y no al juez de la reparación
directa, pues la responsabilidad patrimonial del Estado se limita a verificar si la
actuación que dio lugar a la imposición de la medida de aseguramiento se ajustó a
la ley, es decir, si la información que, en su momento, tuvieron a su alcance el ente
acusador y el juez de la causa cumplía los requisitos legales para imponer la
medida.

En el escrito de contestación a esta tutela, la magistrada ponente indicó que la
demanda de revisión se orientaba a que la prueba recobrada había sido la
sentencia condenatoria del 12 de octubre de 2016, dictada por el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Guapi, por lo que no puede ahora reprochar una falta de
valoración de las demás pruebas del expediente, cuando ni siquiera las describió o
identificó.

Dilucidados los argumentos expuestos por la parte actora, la sala considera que la
petición de amparo no se relaciona con el alcance o interpretación de derechos
fundamentales, sino que se limita a una exposición de las inconformidades frente al
análisis que la autoridad judicial hizo de los elementos de prueba y la normativa
aplicable al caso.

Como se puede observar, la discrepancia de los actores se origina en el análisis de
las pruebas realizado por el juez de la causa, que lo condujo a considerar que la
decisión aportada no podía tenerse como elemento de contradicción de una
sentencia y que el actor conocía de su existencia con anterioridad, por lo que no se
cumplían los presupuestos para que procediera el recurso extraordinario.

Además de ello, señaló que de tenerse en cuenta dicho elemento, no se modificaría
la decisión emitida por el juez ordinario del proceso, porque su análisis se centraba
en determinar si los elementos que tuvieron a su alcance las autoridades judicial y

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01812-00

acusadora en el momento de proferir las decisiones de aseguramiento estaban
debidamente sustentados en las pruebas obrantes en la investigación.

Ahora, los accionantes pretenden que la acción de tutela se convierta en una
instancia adicional a las que ya se surtieron, en aras de decidir de manera favorable
sus pretensiones, con fundamento en presuntos nuevos elementos de prueba, que
ya fueron verificados en la forma por él propuesta, por el juez del recurso de
revisión.

En ese orden, lo que se pretende con la petición de amparo no es la interpretación
del alcance de un derecho fundamental, sino la realización de un nuevo estudio de
las pruebas allegadas al proceso, a partir del cual se determine que las pruebas
que sustentaron la decisión dictada por la fiscalía y la Rama Judicial no constituían
indicios en los términos de la norma aplicable, y que la medida no cumplía los
presupuestos de legalidad, proporcionalidad y necesidad.

Acceder al propósito de los actores llevaría al juez de tutela a inmiscuirse en el
fondo del asunto y desplazar al juez natural de la causa, quien después de una
valoración del caudal probatorio y dentro del escenario procesal pertinente dotado
de todas las garantías y herramientas procesales, adoptó la decisión que definió el
debate legal.

Conforme a lo señalado, la petición estudiada no supera el examen de procedencia
general en los términos de los lineamientos trazados por la Corte Constitucional en
la sentencia SU-215 de 2022, por referirse a una disputa que tiene su origen en un
litigio de orden legal, tarea que ya fue abordada por los jueces competentes durante
el proceso judicial, y la instancia extraordinaria de revisión, y no en el alcance de un
derecho fundamental ni la interpretación, aplicación o desarrollo de la Constitución
Política.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por los señores
Luis Marino Sol Quiñones, Luz Dari Bolaños Zúñiga, Miler Estiben Sol Bolaños,
Segundo Luis Sol Quiñones, José Washington Sol Quiñones, Fidela del Sol
Quiñones, Olivia Ayala Quiñones, Dora Colombia Ayala de Becerra, Teodora Ayala
Becerra y Daniel Sol Bolaños contra la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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