Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01814-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01814-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01814-00
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
17 de mayo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01814-00
Accionante: Carlos Emilio Aricapa Tapasco
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 11001-03-15-000-2024-01814-00
Accionante: Carlos Emilio Aricapa Tapasco
Accionados: Presidencia de la República – Dirección del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República –
Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos Indígenas,
Rom y Minorías
Referencia: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela.
Subtema 1: Derecho a elegir y ser elegido – Reconocimiento personería jurídica cabildo indígena.
Subtema 2: Subsidiariedad - No acreditó la vulneración de derechos fundamentales.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela incoada por Carlos Emilio
Aricapa Tapasco, en contra de la Presidencia de la República – Dirección del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Ministerio del
Interior – Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela.
Carlos Emilio Aricapa Tapasco, en calidad de gobernador del resguardo indígena
Umbra Guaqueramae del municipio de Quinchía (Caldas), presentó escrito en el que
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido, que consideró
vulnerados por la Presidencia de la República – Dirección del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior – Dirección
de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, con ocasión de la falta de respuesta a la
solicitud de reconocimiento de personería jurídica.
1.2. Hechos1.
1.2.1. Indicó el accionante que el resguardo indígena Umbra Guaqueramae se asentó
hace décadas en una región del municipio de Quinchía – Caldas, que ha sido asolada
por el conflicto armado y la ocupación por parte de grupos al margen de la ley, cuyos
jefes ordenaron la ejecución de líderes y dirigentes comunales adscritos al resguardo.
1.2.2. Adujo que, para poder ejercer sus derechos, solicitó ante el Ministerio del Interior
el reconocimiento de personería jurídica del cabildo, sin que a la fecha haya recibido
respuesta a su requerimiento.
1 Archivo electrónico identificado con certificado CDBB076062BAD087 489EAD0B88160595
DE6C19984B7F310D EB0F552DB247D72F ubicado en el índice 2 del expediente digital.
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1.2.3. Destacó que, el resguardo recibió la visita del Presidente de la República y del
Consejero de las regiones, quienes prometieron mejorar la calidad de vida de la
comunidad a través de obras de infraestructura, sin que, al momento de la
presentación de esta acción, se hayan materializado.
1.3. Pretensiones y argumentos de la tutela.
La parte accionante solicitó al Juez constitucional amparar sus derechos
fundamentales a la igualdad y a elegir y ser elegido; y, en consecuencia, ordenar a las
entidades accionadas otorgar personería jurídica al resguardo indígena Umbra
Guaqueramae teniendo en cuenta el actual censo electoral.
Como argumento de sus pretensiones, expuso que solicitó al Ministerio del Interior, de
manera reiterada la personería jurídica del pueblo indígena que representa dado que,
por los hechos de violencia que han sufrido a través de los años, la comunidad ha
perdido su cultura e identidad.
Explicó que no solo se vulneraron sus derechos sino también los del resguardo
indígena, por lo que, en su calidad de gobernador, solicitó apoyo para la adquisición
de tierras, educación y el fomento de la agricultura.
1.4. Trámite de tutela e intervenciones.
1.4.1. El Despacho del magistrado ponente, en providencia de 17 de abril de 20242,
admitió la acción; vinculó a la Presidencia de la República – Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República DAPRE; ordenó notificar a los sujetos
procesales y suspendió los términos de la acción constitucional.
1.4.2. El Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías3
expresó que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto Ley 2893
de 2011, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior,
es la competente para realizar el trámite administrativo del registro de comunidad
indígena, a través de la aplicación de un estudio etnológico en campo, en conjunto con
el colectivo solicitante a través de diferentes etapas y la aplicación de una metodología
de investigación de acción participativa, junto con la documentación necesaria para tal
fin.
Agregó que, de la revisión del archivo de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y
Minorías del Ministerio del Interior y puntualmente en lo relativo a solicitudes de
inscripción de nuevas comunidades indígenas, se verificó que el colectivo “Umbre
Guaqueramae” no ha radicado alguna solicitud para adelantar el trámite de
reconocimiento. Así, en atención a la comunicación trasladada por la Presidencia de
la República con el Oficio OFI23-00079913 / GFPU 12000000 de 2 de mayo de 2023,
la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías remitió al accionante el Oficio No.
2023-2-002102-026768 Id: 151438, mediante el cual se solicitó aclarar si el colectivo
por él representado corresponde al previamente denominado “Cabildo Único Embera
Guaqueramae”, colectivo que cuenta con una solicitud de registro previa; y, en caso
afirmativo, indicara las razones para el cambio en la denominación del colectivo
solicitante.
2 Archivo electrónico identificado con certificado 5F45D0A51F4D5F1C 03253018757E7C67
9A74E1E1AA68735A C05647F273EB8619, ubicado en el índice 4 del expediente digital.
3 Archivo electrónico identificado con certificado 63FD391746B91AB0 D63765AAED596448
AFA8192951A7E0AA C97E46839F002F44, ubicado en el índice 8 del expediente digital.
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Destacó que, en la precitada comunicación, se le dio a conocer al accionante las
generalidades del trámite administrativo para el registro de nuevas comunidades y/o
parcialidad en el registro institucional que lleva la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom
y Minorías; también se le explicó cuál es la documentación mínima que se requiere
para el efecto, debido a que la petición trasladada por la Presidencia de la República
no la contenía en su totalidad. En vista de lo anterior, el hoy accionante fue requerido
en aras de completar su petición de registro para dar continuidad al trámite solicitado,
documentación que, a la fecha, no ha sido recibida por la entidad.
Por lo anterior, consideró que la entidad no vulneró los derechos fundamentales del
actor, por tanto, solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional.
1.4.3. La Presidencia de la República – Dirección del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República4 adujo que, de la revisión del área
de correspondencia de la entidad, constató que el accionante presentó una petición
identificada con radicado EXT23-0005854. Ahora, de la lectura de las pretensiones del
accionante, la entidad verificó que no es competente para darle respuesta a las
mismas, por lo tanto, procedió a redireccionar el escrito a la entidad competente,
mediante oficio con radicado OFI23-00079913 / GFPU 12000000 del 2 de mayo de
2023.
Indicó que, respecto de la solicitud de reconocimiento del cabildo como víctimas del
conflicto armado, aclaró que este trámite debe adelantarse ante la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por tanto, no tiene injerencia en el
mentado proceso.
Ahora, en lo que atañe a la petición de contar con la personería jurídica de la
comunidad étnica, destacó que esta función es del resorte del Ministerio del Interior,
en particular, la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minoría, proceso en el cual
no puede intervenir.
Por lo anterior, concluyó que el DAPRE no cuenta con la competencia para resolver
los reclamos presentados por el accionante, ni tampoco está a su cargo la
representación legal de las entidades accionadas en el presente asunto, por lo tanto,
solicitó declarar la falta de legitimación por pasiva dentro del trámite constitucional.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.
2.2. Legitimación en la causa
2.2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa del señor
Carlos Emilio Aricapa Tapasco, dado que, es el titular de los derechos que afirma son
vulnerados.
4 Archivo electrónico identificado con certificado A7B36BAB19EC51C0 29259CAF5BC6BAEA
E0AD68CF5C07809F CCB940F99D7D5AAF, ubicado en el índice 10 del expediente digital.
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2.2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva por parte de la
Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, en la medida
en que es la entidad encargada de reconocer la personería jurídica de las comunidades
indígenas, y fue su actuación a la que el accionante, atribuyó la vulneración de sus
derechos fundamentales.
No ocurre lo mismo con la Presidencia de la República – Dirección del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, dado que, no se puede atribuir
actuación u omisión que hayan vulnerado las garantías constitucionales del tutelante.
2.3. Procedibilidad de la acción
La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los
casos que establece la ley5.
2.4. Subsidiariedad de la acción.
El requisito de subsidiariedad implica que la acción de tutela solo procederá cuando
el afectado no disponga de otro mecanismo de defensa judicial, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues de esta forma
se reconoce la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección
judicial6.
En ese sentido, la acción de tutela solo procede cuando el afectado no tiene otro medio
de defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales o, existiendo, el
actor pretende evitar un perjuicio irremediable, o el mecanismo disponible no
salvaguarda de manera eficaz o no es idóneo para proteger el derecho fundamental7.
Lo anterior, según el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, con las siguientes
excepciones: (i) en los asuntos en los que las acciones de amparo evidencien una
situación constitutiva de un perjuicio irremediable, que reúna los presupuestos de
gravedad, inminencia e impostergabilidad de la medida para proteger el derecho, caso
en el que la tutela funge como mecanismo transitorio; o (ii) cuando el medio de defensa
judicial ordinario no sea idóneo o eficaz como una herramienta judicial definitiva8.
2.5. Caso en concreto.
En el caso bajo estudio, Carlos Emilio Aricapa Tapasco consideró que la parte
accionada vulneró sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido, con ocasión de
la falta de contestación a la petición radicada en calidad de gobernador indígena,
5 Sentencia T-867 de 2013 de la Corte Constitucional: “Esta Corporación, en ejercicio de su labor como
intérprete autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance y
contenido que el Constituyente otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción judicial
en él contemplada, además de ostentar un carácter preferente y sumario, tiene por principal objeto, la
protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de los ciudadanos,
siempre que estos se vean afectados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública, o de un particular que se encuentre dentro de los supuestos de hecho contemplados en la ley”.
6 Corte Constitucional, sentencia T-375 de 2018.
7 Artículo 86 constitucional. “[…] Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. […]”.
8 Ibid.
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encaminada al reconocimiento de la personería jurídica del resguardo indígena Umbra
Guaqueramae del municipio de Quinchía (Caldas), para que así, quienes conforman la
comunidad puedan ejercer sus derechos y acceder a mejores condiciones de vida.
2.5.1. Como primera medida, de conformidad con los hechos expuestos en el escrito
de tutela, el actor consideró vulnerados sus derechos a elegir y ser elegido porque,
según afirmó, la parte accionada no dio respuesta a su petición de reconocimiento de
personería jurídica del cabildo indígena que representa.
Al respecto, es preciso tener en cuenta que los derechos a elegir y ser elegido consisten
en la posibilidad que tiene el ciudadano de concurrir activamente a votar, o, también, a
postular su nombre para que fuera elegido a través de este mecanismo de
participación9.
En ese orden, la Sala concluye que, de las pruebas aportadas al presente trámite
constitucional, el accionante no logró demostrar algún impedimento para ejercer los
derechos a elegir y ser elegido, y tampoco explicó la relación que pudiera existir entre
la petición y estas garantías constitucionales, de manera que permitiera comprender
por qué la alegada falta de respuesta los vulnera. Por lo anterior, la Sala, negará el
amparo solicitado frente al cargo analizado.
2.5.2. En cuanto al segundo reparo atinente a la afectación del derecho de petición, es
preciso denotar que, de acuerdo con la comunicación identificada con radicado número
2023-2-002102-026768 Id: 151438 del 20 de junio de 202310, la Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior dio respuesta a la solicitud de
realización de estudio etnológico para el reconocimiento de la personería jurídica del
“Resguardo Indígena Umbra Guaqueramae”.
En el referido documento, la entidad informó al interesado que, de la revisión de la base
de datos, logró constatar que el "Resguardo Indígena Umbra Guaqueramae” no se
encuentra constituido, ni cursa petición alguna para su reconocimiento, pero que el
“Cabildo Único Embera Guaqueramae” sí cuenta con una solicitud de registro como
comunidad indígena fuera del resguardo.
Además, le indicó al peticionario que presentó la solicitud respecto de ambos grupos
indígenas "Resguardo Indígena Umbra Guaqueramae” y “Cabildo Único Embera
Guaqueramae”, sin que existiera claridad si se trataba del mismo colectivo o si
correspondía a un cambio de denominación, situación última que debía estar
sustentada. También lo requirió para que remitiera los documentos necesarios para
avanzar con el estudio etnológico.
La comunicación identificada con radicado número 2023-2-002102-026768 Id: 151438
fue notificada al señor Aricara Tapasco el 20 de junio de 2023, de acuerdo con la
constancia visible en el expediente digital de tutela, índice 8 en Samai11. De lo expuesto,
la Sala concluye que en la actualidad se encuentra en trámite la referida solicitud sin
que obre prueba que permita concluir que, en efecto, el accionante cumplió con la carga
impuesta para así, continuar con el reconocimiento solicitado.
9 Sentencia T-232 de 2014.
10 Archivo electrónico identificado con certificado F2656083B18E8CFC 72CB6566E4355FE6
A385B6B31B886EDC C86B38CBF2D41F1A, ubicado en el índice 8 del expediente digital.
11 Documento con certificado FD5590D08EE2FC42 FF3249906EDE3ED2 71433361B03DE91E
DCD9FECE742BCE37.
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Por lo tanto, esta Subsección considera que la entidad accionada no vulneró garantía
constitucional alguna al accionante, por cuanto contestó de fondo la solicitud de
realización de estudio etnológico para el reconocimiento de la personería jurídica del
“Resguardo Indígena Umbra Guaqueramae”. En consecuencia, negará el amparo
formulado por Carlos Emilio Aricapa Tapasco.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva por parte de la
Presidencia de la República – Dirección del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República DAPRE, conforme lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: NEGAR el amparo constitucional de los derechos fundamentales
invocados por el señor Carlos Emilio Aricapa Tapasco, de conformidad con lo expuesto
en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
CUARTO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.
Notifíquese y cúmplase,
NICOLAS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
LMMT
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