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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01825-00

Fecha
23 de mayo de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01825-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela que presentó el actor contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 23 Núm. único de radicación: 110010315000202401825-00 Actor: Javier Henao Jiménez

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-01825-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

23 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202401825-00
Actor: Javier Henao Jiménez
Demandada: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) debido proceso y iii) acceso
a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Javier Henao Jiménez contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado1, presentó acción de tutela contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Folios 60 y 61 del documento denominado “1_DemandaWeb_Demanda(.pdf)
NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.

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Núm. único de radicación: 110010315000202401825-00
Actor: Javier Henao Jiménez

proferir los autos de 26 de enero de 2023 y 9 de noviembre de 2023, en el proceso
ejecutivo identificado con el número único de radicación
250002342000202100890-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda ejecutiva contra el Distrito Capital – Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, con el fin de que
se cumpliera la sentencia, de 9 de octubre de 2015, proferida por la Subsección F
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

4. Indicó que, la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió auto de 12 de julio de 2022, mediante el
cual negó el mandamiento ejecutivo.

5. Manifestó que, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante auto de 26 de enero de 2023, resolvió:

“[…] Primero: Confirmar el auto proferido el 12 de julio de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, mediante el cual
se negó el mandamiento ejecutivo solicitado por el señor Javier Henao Jiménez
contra el Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
de Bogotá, conforme a los argumentos expuestos en la presente providencia […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Tal como se advierte del escrito de apelación, el recurrente se limitó a
considerar que por concepto de recargo dominical y festivo y recargos festivos
nocturnos los porcentajes que debían aplicarse eran del 200% y 235%,
respectivamente, sin plantear argumentos de reparo específicos para controvertir lo
concluido por el tribunal con fundamento en los artículos 34 y 39 del Decreto 1042
de 1978.

En efecto, la Subsección no encuentra elementos que permitan arribar a una
conclusión diferente a la expuesta en el auto, pues lo propuesto por el ejecutante en

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Núm. único de radicación: 110010315000202401825-00
Actor: Javier Henao Jiménez

el sentido de que deben tenerse en cuenta otros porcentajes, fue un asunto que el
tribunal abordó bajo otros presupuestos, según se transcribió líneas atrás, pero que
ahora el recurrente no logra desvirtuar con lo alegado en el escrito de alzada.

En este contexto, la Subsección no advierte argumentos en el recurso de apelación
que desvirtúen o permitan desconocer los valores consignados por el juez de primera
instancia, por cuanto la premisa central de la inconformidad se fundamentó en que
debía librarse el mandamiento ejecutivo sí o sí por lo planteado en el escrito de
ejecución de la sentencia, máxime cuando en la impugnación la parte ejecutante no
desarrolló reproche preciso frente a la liquidación efectuada por el a quo y, trasladó
la carga a esta Corporación en el entendido de que debían enmendarse los aspectos
erróneos de la providencia.

Nótese que el a quo, bajo la facultad oficiosa consagrada en el artículo 430 del CGP,
explicó uno a uno los emolumentos que debían incluirse con las correspondientes
fórmulas, soportado en fundamentos normativos e incluso jurisprudenciales, por lo
que era del resorte de la parte ejecutante especificar la equivocación en la que el
tribunal habría incurrido al resolver sobre el mandamiento ejecutivo y no proceder a
replicar los mismos valores de la demanda, sin efectuar reparos concretos sobre las
fórmulas utilizadas en primera instancia […]”.

[…]

“[…] Visto lo anterior, se encuentra que el recurrente no precisó en qué consiste el
error del tribunal sobre la forma en que se efectuó la liquidación de los intereses del
capital anterior y posterior, para que deba replantearse lo concluido en la primera
instancia, dado que se limitó a aducir que faltaban por liquidar intereses de saldos y
que ello afectaba el patrimonio del ejecutante, pero sin desarrollar argumento alguno
sobre la posible equivocación en la que incurrió la providencia discutida […]”.

6. Advirtió que, presentó solicitud de adición, aclaración y corrección respecto
del auto mencionado supra, frente a lo cual, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante auto de 9 de noviembre de 2023,
resolvió:

“[…] Primero: Negar la petición de adición, aclaración y corrección frente al auto del
26 de enero de 2023 elevada por el apoderado del señor Javier Henao Jiménez, en
atención a lo expuesto en la parte considerativa […]”.

6.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Revisado el escrito allegado, se aprecia que lo pretendido por la parte
demandante no corresponde a la adición de la providencia, pues no se observa que
se hayan omitido argumentos de inconformidad del recurso de alzada o sobre
extremos de la litis al momento de emitir el pronunciamiento aludido. De igual
manera, el argumento sobre la presunta falta de pronunciamiento sobre la aplicación
de la sentencia de unificación invocada, no es de recibo teniendo en cuenta que la
naturaleza del proceso ejecutivo es buscar el cumplimiento por parte del deudor de
una obligación contenida en un título.

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Núm. único de radicación: 110010315000202401825-00
Actor: Javier Henao Jiménez

Sumado a lo anterior, la petición no tiene como finalidad la aclaración o corrección
del auto, pues no se evidencian frases que ofrezcan motivo de duda para el
obedecimiento de la decisión expedida por la segunda instancia; y tampoco se
hallaron errores aritméticos y palabras alteradas o cambiadas.

Nótese que lo realmente pretendido por la parte activa es reabrir la discusión
propuesta con el medio de impugnación interpuesto en contra de la providencia del
12 de julio de 2022 del Tribunal de Cundinamarca que negó el mandamiento
ejecutivo, pues plantea nuevamente varios de los argumentos que propuso en la
alzada. De tal modo, que la solicitud de adición, aclaración y corrección formulada
por la parte demandante es improcedente […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. El actor solicitó en su escrito de tutela2:

“[…] Primero: Se conceda, la tutela interpuesta, con el fin de proteger los derechos
Constitucionales fundamentales, denominados: DERECHO A LA IGUALDAD,
DERECHO AL DEBIDO PROCESO, COSA JUZGADA, INMUTABILIDAD DE LAS
SENTENCIAS, principios Constitucionales del artículo 53 de la Carta Política, en
especial la igualdad de oportunidades a los trabajadores, remuneración mínima vital
y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador
en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
así como el derecho al acceso a la administración de justicia conforme al artículo 229
de la Constitución Política.

Segunda: Que el H. Consejo de Estado, disponga DEJAR SIN EFECTOS la
providencia de segunda instancia proferida por la Subsección "A" de la Sección
Segunda del H. Consejo de Estado, proferida el 26 de enero de 2023 y notificada
electrónicamente a las partes el día 24 de febrero de 2023, dentro del expediente
25000 23 42000 2021 00890 01 (5343-2022), Proceso ejecutivo laboral siendo
demandante JAVIER HENAO JIMENEZ demandado DISTRITO CAPITAL
ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ESPECIAL CUERPO OFICIAL BOMBEROS DE
BOGOTÁ, respecto a la cual la parte actora radicó solicitud de adición, aclaración y
corrección el 22 de febrero de 2023, la cual fue negada mediante providencia
proferida el 9 de noviembre de 2023 y notificada el 21 de noviembre de 2023, por
tanto se solicita se ordene a la H. Sala accionada proferir nueva providencia conforme
a lo consagrado en los artículos 35 y 39 del Decreto Ley 1042 de 1978, respecto a
los porcentajes reales a reconocer por concepto de reliquidación de los recargos
festivos diurnos del 200% y recargos festivos nocturnos de 235% con el factor de 190
horas mensuales (jornada máxima legal empleado públicos) […]”.

8. Como fundamento de su solicitud, el actor en su escrito de tutela señaló que
la autoridad judicial accionada incurrió en i) un defecto sustantivo por

2 Transcripción literal del texto.

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Actor: Javier Henao Jiménez

desconocimiento del precedente judicial, toda vez que, su decisión se apartó, entre
otras providencias, de lo establecido en “[…] la parte considerativa y resolutiva de
las sentencias de unificación jurisprudencial de los Bomberos de Bogotá
expediente 25000 23 25000 2010 00 725 01 […]”; y, en ii) un defecto sustantivo
por falta de aplicación de unas normas jurídicas, en la medida que, desconoció los
artículos 35 y 39 del Decreto Ley 1042 de 19783.

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 19 de abril de 2024: i) admitió
la solicitud de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado; y iii) vinculó, como terceros con interés
legítimo, a la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y al Distrito Capital de Bogotá – Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, concediéndoles el término de tres (3) días
para rendir informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. La Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, solicitó negar las pretensiones de la solicitud de tutela, por las
siguientes razones:

“[…] Debe resaltarse que la providencia de primera instancia objeto de controversia
fue expedida el 12 de julio de 2022 y la de segunda instancia data del 26 de enero
de 2023, fechas en las que la jurisprudencia del Consejo de Estado era pacífica y
con base en ella se profirió la decisión.

La jurisprudencia solo (sic) dejó de ser pacífica a partir del año 2023, pues
actualmente el Consejo de Estado sostiene dos tesis que se contraponen, respecto
a la forma en la cual se determina el valor del recargo del trabajo dominical y festivo
del 200% previsto en el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978 así:

 Primera tesis: El recargo por trabajo en dominicales y festivos diurnos, asciende al
200% está integrado por el 100 % de la asignación básica y un 100 % del recargo
dominical o festivo4.

3 Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se
dictan otras disposiciones.
4 Además de las sentencias citadas en las notas al pie 1 a 4, recientemente se han proferido las siguientes:

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Núm. único de radicación: 110010315000202401825-00
Actor: Javier Henao Jiménez

 Segunda Tesis: El recargo por trabajo en dominicales y festivos diurnos asciende
al 200% adicional al 100% de la asignación básica5[…]”.

[…]

“[…] Se observa que en el último pronunciamiento de la Subsección A sobre este
tema proferido el 9 de noviembre de 2023, se mantuvo la primera tesis, que era
pacífica en el Consejo de Estado; y en la cual se fundó la providencia objeto de la
presente tutela […]”.

[…]

“[…] En consecuencia, es claro que la segunda tesis se expuso a partir del mes de
Junio de 2023, por consiguiente, no podría sostenerse una tesis de desconocimiento
del precedente en este caso, pues exigir la aplicación de providencias expedidas con
posterioridad a la decisión objeto de tutela, implicaría ordenar dar aplicación a un
precedente inexistente al momento en que se profirió la decisión […]”.

11. La Alcaldía Mayor de Bogotá rindió informe en los siguientes términos:

“[…] De manera atenta la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría
Jurídica Distrital, facultada para ejercer la representación Judicial y Extrajudicial de
Bogotá Distrito Capital, acorde con la delegación efectuada por el Alcalde Mayor de
Bogotá, mediante los Decretos 430 de 2018, Decreto 323 de 2016, modificado
parcialmente por el Decreto 798 de 2019 y Decreto 089 de 2021 se permite informar
al despacho que por razones de competencia la tutela de la referencia, ha sido
trasladada a la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de
Bogotá, como entidad del sector central de la administración […]”.

12. La Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca allegó copia digital del expediente del proceso ejecutivo identificado
con el número único de radicación 250002342000202100890-01.

 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A; C.P.: Jorge
Iván Duque Gutiérrez; sentencia de 24 de agosto de 2023; radicación: 25000-23-42-000-2022- 00550-01,
actor: Carlos Andrés Gómez Nieto.
 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C.P.: Luis Alberto Álvarez Parra,
sentencia de 19 de octubre de 2023, radicación: 11001-03-15-000-2023-04234-01, actor: Nelson Humberto
Romero Jaramillo.
 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P.: Rafael
Francisco Suárez Vargas; sentencia de 9 de noviembre de 2023, radicación.: 25000-23-42- 000-2022-00726-
01, actor: Jackson Emilio Lesmes Mendieta
5 Ver sentencias:

 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A; C.P.: Jorge
Iván Duque Gutiérrez, sentencia de 22 de junio de 2023, radicación: 25000-23-42-000-2018- 01477-01, actor:
Andrés Felipe Galán Torres.
 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Primera instancia: C.P.: Fredy Ibarra Martínez,
sentencia de 25 de septiembre de 2023. Segunda instancia: C.P. César Palomino Cortés, Sentencia 27 de
noviembre de 2023, radicación: 11001-03-15-000-2023-04299-00/01, actor: Luis Antonio Castellanos
Rodríguez.
 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B; C.P.: Juan
Enrique Bedoya Escobar, sentencia de 16 de noviembre de 2023, radicación: 25000-23-42-000- 2018-01103-
01, actor: Neftalí Alberto Marín Varón.

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Núm. único de radicación: 110010315000202401825-00
Actor: Javier Henao Jiménez

13. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado guardó
silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19916, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20217 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20198, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

16. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto,
es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional.

6 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
7 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 110010315000202401825-00
Actor: Javier Henao Jiménez

17. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, ii) requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se
dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; iv) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; v) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia, procediendo posteriormente a resolver el caso concreto,
adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los
requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

18. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena9, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

19. Esta Sección adoptó10 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200511, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.

María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
11 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Núm. único de radicación: 110010315000202401825-00
Actor: Javier Henao Jiménez

20. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”12 que encaje en dichos parámetros.

22. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

23. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413.

12 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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Núm. único de radicación: 110010315000202401825-00
Actor: Javier Henao Jiménez

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

24. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

25. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5
de agosto de 201414, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, consideró lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [15]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [16].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [17].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos

14 Ut supra página 6.
[15] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[16] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[17] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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Núm. único de radicación: 110010315000202401825-00
Actor: Javier Henao Jiménez

fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [18].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [19]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [20].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [21]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el

[18] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[19] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[20] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[21] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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Actor: Javier Henao Jiménez

derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

26. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró22:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”23

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que

22 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
23Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”24

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

27. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales
y ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.

28. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202225 precisó, en
relación con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

24 Ibidem.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad

29. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,

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libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan […]”.

30. Atendiendo a que la Corte Constitucional26 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

31. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

26 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

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32. Atendiendo a que, la Corte Constitucional27 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia

33. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado […]”.

34. Atendiendo a que, la Corte Constitucional28 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con

27 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
28 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

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estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.

Análisis del caso concreto

35. El actor, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al
proferir los autos de 26 de enero de 2023 y 9 de noviembre de 2023, en el proceso
ejecutivo identificado con el número único de radicación
250002342000202100890-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.

36. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

37. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

38. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

38.1. Copia digital del proceso ejecutivo identificado con el número único de
radicación 250002342000202100890-01.

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Solución del caso concreto

39. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional.

40. Como fundamento de su solicitud, el actor en su escrito de tutela señaló
que29:

“[…] En la providencia donde se niega de plano el mandamiento de pago por parte
del H. Tribunal y Confirmada por el H. Consejo de Estado, desconociendo el debido
proceso, la cosa juzgada y el principio de inmutabilidad de los sentencias
ejecutoriadas que no son reformables ni modificables por el operador judicial que las
profirió en su debido oportunidad, se desconoce de plano la orden contenida en la
sentencia de recaudo, todas vez que en la sentencia de recaudo de primera y
segunda instancia tanto el H. Tribunal como el H. Consejo de Estado, ordenan
reliquidar los recargos del 35%, 200% y 235% tomando como base 190 horas y no
240 horas mensuales como fueron liquidados y pagados por la entidad ejecutada,
contrario a la liquidación errónea del H. Tribunal en la providencia que niega el
mandamiento de pago, dando alcance al 100% y 135% sobre 190 horas mensuales,
pero descontando lo pagado con el 35%, 200% y 235% sobre 240 horas, CON LO
CUAL SE GENERA UN PERJUICIO IRREMEDIABLE AL EJECUTANTE, es del caso
tener en cuenta que el tema de la cosa juzgada e inmutabilidad de las sentencias hay
sido reiterado por parte del H. Consejo de Estado […]”.

[…]

“[…] Existe una grave contradicción en las providencias del H. Tribunal y el H. Consejo
de Estado donde se niega el mandamiento ejecutivo, EN RELACIÒN CON LA PARTE
CONSIDERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
DEL PROCESO DE ACCIÒN DE NULIDAD donde se dispone la reliquidación de
recargos y el pago de los diferencias entre lo pagado y lo que debió pagarse, toda
vez que fueron pagados con el 35%, 200% y 325% sobre 240 horas mensuales,
cuando deben ser reconocidas sobre 190 horas mensuales, con lo cual se deben
generar saldos positivos del 26% y no los saldos negativos que aplica el H. Tribunal
en la providencia objeto de alzada, la cual fue confirmada por el H. Consejo de Estado,
en abierta contradicción con las sentencias de recaudo, con ello se genera una
afectación al patrimonio del ejecutante de manera significativa en todo el periodo
liquidado.

15. En la sentencia de recaudo del presente proceso ejecutivo, la Subsección “F” del
H. Tribunal, dejo expuesto que se ordenaba el reconocimiento y pago de los recargos
del 35%, 200% y 235% pero sobre la jornada máxima mensual de 190 horas y no
sobre 240 horas extras mensuales, providencia ejecutoriada el 5 de abril de 2016, por
ende no es modificable ni reformable con interpretaciones diferentes, dando alcance
al principio constitucional de la favorabilidad laboral consagrada en el artículo 53 de
la Carta Política, en concordancia con la cosa juzgada, inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas, máxime que se demuestra de manera precisa que con la

29 Transcripción literal del texto.

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interpretación en contrario de los dispuesto en el titulo ejecutivo, se causó un perjuicio
patrimonial irremediable oI ejecutante, por lo cual es totalmente procedente el
reconocimiento de los días dominicales y festivos diurnos y o los dìasdominicales y
festivos nocturnos sean reliquidados y pagados sobre el 200% y 235%, que es el
doble del valor de un día de trabajo, con base en lo establecido en el artículo 39, del
Decreto Ley 1042 de 1978 y le sentencia de recaudo, y no del 100% y 135% como lo
dispone la H. Sala en la providencia apelada […]”.

[…]

“[…] En la providencia del 9 de noviembre de 2023, la H. Sala accionada fundamenta
su negativa a la reliquidación correcta de los recargos festivos diurnos del 200% y
recargos festivos del 235%, sin tener en consideración que en el memorial de solicitud
de adición, aclaración y corrección se demostraron los errores de liquidación con el
100% y 135% máxime que en las sentencias de recaudo se dispone la aplicación del
artículo 39 del Decreto Ley 1042 de 1978 respecto a los recargos, cuando la sentencia
de recaudo dispone la reliquidación del reconocimiento y pago de los recargos
nocturno ordinarios, festivos diurnos y nocturnos en la forma como quedó explicada”,
o sea con el 35%, 200% y 235%, que la H. Sala accionada no dispone reconocer
debidamente.

23. En el presente caso la H. Sala accionada DESCONOCE de plano las sentencias
de recaudo en las cuales se dispone de manera clara y precisa que se deben cancelar
las diferencias por concepto de reliquidación de los recargos del 35%, 200% y 235%
pagados sobre 240 horas, dando alcance a la jornada máxima legal o sea sobre el
factor de 190 horas, lo cual debe generar diferencias positivas en cada una de las
horas de recargo pagados de manera incompleta al cambiar el denominador, en un
promedio del 26% de cada hora a reliquidar y no como sucede con lo ordenado en la
sentencia de segunda instancia del proceso ejecutivo motivo de la acción de tutela,
donde se ordena al A quo reliquidar con el 100% y 135% los recargos festivos diurnos
y nocturnos sobre 190 horas mensuales, pero descontar la totalidad de los pagado
sobre el 200% y 235% sobre 240 horas […]”30.

41. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por el actor ya fue
objeto de estudio por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, y la acción de tutela contra providencia judicial no constituye una tercera
instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez natural, sino que tiene
por objeto verificar si las entidades accionadas incurrieron en la vulneración de
derechos fundamentales.

42. Además de lo anterior, para la Sala, el actor plantea una afectación de sus
derechos fundamentales que tiene su origen en últimas en un debate estrictamente
legal y económico, el cual ya fue expuesto dentro del proceso ejecutivo y fue
decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez
constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría

30 Transcripción literal del texto.

20

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desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría
el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.

43. Además, la Sala debe hacer énfasis que cuando se trata de interponer una
acción de tutela contra providencias proferidas por una Alta Corte como lo es el
Consejo de Estado, el juez constitucional debe efectuar un análisis de procedencia
de los requisitos generales de manera más rigurosa y exigente. En ese orden de
ideas, la Corte Constitucional frente al tema ha considerado lo siguiente31:

“[…] Dado que “la garantía de que cada órgano goce de autonomía, en el sentido
que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por sí mismo, y
autogobernarse, son actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en
el ejercicio del poder público”32, los órganos judiciales de cierre “tienen entre sus
competencias ‘la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con
autoridad y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas
del ordenamiento jurídico”33. Por tanto, en el evento en que se cuestione una
sentencia dictada por una Alta Corte, el examen de la relevancia constitucional
debe ser más estricto que el que pudiera hacerse en los demás eventos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En tales términos,
la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un
lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un
derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel […]”.

44. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia
de unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la
vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la
configuración de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el
cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia constitucional. A
juicio del máximo Tribunal de lo Constitucional es indispensable que el caso en
cuestión: (i) tenga la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance
de la controversia “[…] no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas […]”; y (iii) que en el escrito de tutela se “[…] justifique razonablemente
una afectación desproporcionada a derechos fundamentales […]”.

31 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
32 Sentencia SU-050 de 2018.
33 Sentencia SU-354 de 2017.

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45. Así las cosas, esta Sección, siguiendo el precedente precisado por la Corte
en la sentencia SU – 215 de 2022, considera que la controversia que nos ocupa
carece de relevancia constitucional porque la discusión planteada por el actor no
gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental; a lo
que se agrega que el actor no justificó el motivo por el cual dicha decisión
constituye una afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.

46. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien el actor aduce que fueron
desconocidos sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, lo cierto es que no existe una mayor
explicación acerca de las razones por las cuales se afectó, en forma
desproporcionada, el núcleo esencial de los derechos fundamentales del actor con
ocasión de los autos de 26 de enero de 2023 y de 9 de noviembre de 2023 proferidos
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

47. Asimismo, la Sala considera que la discusión que se expone a través del
escrito de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia
antes transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la
controversia se encuentra limitado a asuntos legales y económicos cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

48. Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance
de contenido particular y meramente legal y económico, esto es así porque la
discusión y los argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar
la necesidad de protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de
tutela valide la tesis jurídica del actor y, con ello, libre mandamiento ejecutivo, sin
que de esta discusión se pueda evidenciar una clara trascendencia o relevancia
constitucional.

49. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple
con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del
marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si
bien el actor enuncia la trasgresión de sus derechos fundamentales a la igualdad,

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Núm. único de radicación: 110010315000202401825-00
Actor: Javier Henao Jiménez

al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, esa presunta
afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal y económico.

Conclusiones de la Sala

50. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la
acción de tutela que presentó el actor contra la autoridad judicial accionada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela que presentó el
actor contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Núm. único de radicación: 110010315000202401825-00
Actor: Javier Henao Jiménez

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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