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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01825-01

Fecha
23 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01825-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 23 de mayo de 2024 por la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. 24 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009. 25 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018. 10 Acción de tutela – Segunda instancia Expediente: 11001-03-15-000-2024-01825-01 Accionante: Javier Henao Jiménez Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-01825-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

23 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01825-01
Accionante: Javier Henao Jiménez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro1
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de
procedibilidad – relevancia constitucional. Decisión: Se confirma el fallo de primera instancia.

La Sala decide la impugnación2 presentada, en calidad de convocante, por Javier Henao
Jiménez en contra del fallo de tutela proferido el 23 de mayo de 20243 por la Sección
Primera del Consejo de Estado.

I.- ANTECEDENTES

1.1.- La solicitud de amparo constitucional

El 16 de abril de 20244 el accionante radicó tutela5 en procura de la protección de sus
garantías fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la cosa juzgada y a la
inmutabilidad de las sentencias, las que considera vulneradas con las providencias
proferidas el 12 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el 26
de enero de 2023 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante las cuales se negó librar mandamiento ejecutivo en el proceso No.
25000234200020210089000/01.

1
Aunque el accionante indica que la tutela se dirige en contra de la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo cierto es que en el
escrito introductorio se elevan, también, censuras en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que se tendrá a
ambas autoridades como convocadas.
2
Obra impugnación en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 19, con certificado F21B25BAD1208345 7E56F82DE66107C0
439FD7247A35B1FD AA2B2A7B99C82DFB.
3
Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 15, con certificado 2CDA79622897F9DE 8C584FF9079AA775
FC2DFCA37C13C0BA 50D7897C3CF1291B.
4
Obra acta de reparto en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 3, con certificado D4A832AF8631D8D1
6891DB0A37DC66B7 1655C2056C253B88 D5A4E0CCC5133693.
5
Obra escrito de tutela a folios 1-59 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 7DC0D8F529A1FA14
15164B16E5D93F79 F7FB5956B5CE77F8 305A0F6854B12F17.

2

Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01825-01
Accionante: Javier Henao Jiménez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro

1.2.- Hechos

1.2.1.- Mediante sentencia del 9 de octubre de 20156 la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
planteadas en el trámite No. 2010-00756-00/017 y, a título de restablecimiento, ordenó a
la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá reconocer
unas acreencias laborales en favor de Henao Jiménez.

1.2.2.- El convocante interpuso la demanda ejecutiva No. 25000234200020210089000
con el fin de reclamar el pago de lo ordenado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el que, por auto del 12 de julio de 20228, negó el mandamiento de pago.
Para ello, se refirió a cada uno de los conceptos reclamados y sostuvo que, con el pago
de COP$86.914.691 que había realizado la demandada previamente, se encontraba
satisfecha la obligación.

1.2.3.- Inconforme, el ejecutante interpuso apelación en contra del referido auto. En
providencia del 26 de enero de 2023 9 la Sección Segunda del Consejo de Estado
confirmó la determinación recurrida. Al respecto, indicó que Henao Jiménez se limitó a
quejarse de los montos liquidados y de la manera en que fueron calculados por el tribunal,
pero no sustentó en debida forma sus reproches. Además, explicó que el a quo ordinario,
al indexar las sumas de las horas extras diurnas, se ciñó a la jurisprudencia de esta
corporación; también acotó que no hubo ningún error frente al estudio de los intereses.

1.2.4.- El 9 de noviembre de 2023 10 la referida sección negó la petición de
complementación que fue radicada por el demandante, porque no observó que hubiese
argumentos sin resolver y, seguidamente, descartó el reproche de la inaplicación de una
sentencia de unificación, pues un ejecutivo busca el cumplimiento de una obligación
contenida en un título; en ese sentido, concluyó que lo pretendido era reabrir el debate.

6
Obra sentencia en el archivo denominado “DemandaEjecutivaConAnexos” subido en SAMAI, en el índice 9, con certificado
18CA0E067038406E 17EDB7C46EB4A559 4EAEB6B41F1519F4 D9F0AAC582C0C4EA.
7
Promovido por Javier Henao Jiménez en contra de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.
8
A folios 63-65 del archivo subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 7DC0D8F529A1FA14 15164B16E5D93F79
F7FB5956B5CE77F8 305A0F6854B12F17.
9
A folios 62-72 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 7DC0D8F529A1FA14 15164B16E5D93F79
F7FB5956B5CE77F8 305A0F6854B12F17.
10
A folios 107-111 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 7DC0D8F529A1FA14 15164B16E5D93F79
F7FB5956B5CE77F8 305A0F6854B12F17.

3

Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01825-01
Accionante: Javier Henao Jiménez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro

1.3.- Fundamentos de la acción de tutela

El tutelante considera que se vulneraron sus derechos fundamentales, puesto que las
providencias denunciadas se apartaron de la sentencia que sirvió como título ejecutivo y
de la de unificación del 12 de febrero de 201511 del Consejo de Estado, en la que se
indicó que la reliquidación, en estos casos, debía calcularse con base en ciertos
parámetros, que fueron ignorados por las convocadas. Además, afirmó que no se
aplicaron correctamente los artículos 35 y 39 del Decreto 1042 de 1978. Por otra parte,
explicó que se inobservaron los fallos de tutela proferidos el 25 de septiembre de 202312,
el 27 de noviembre de 202313, el 10 de junio de 202114 y el 9 de septiembre de 202115,
en los que se ampararon derechos fundamentales en asuntos similares al suyo.

Igualmente, Henao Jiménez aseveró que la Sección Segunda del Consejo de Estado
permitió, a la postre, la alteración del título ejecutivo que se pretendía reclamar, lo que no
es viable de conformidad con la jurisprudencia y normativa aplicables. Precisó, por otra
parte, que en su recurso de apelación se formularon unos argumentos, como errores en
las operaciones de la profesional contable, equivocaciones en los porcentajes usados
para el ejercicio y la imposibilidad de tomar 240 horas mensuales como factor de
liquidación, los que no fueron resueltos en la sentencia del ad quem.

1.4.- Pretensiones de la acción de tutela

En el escrito introductorio se solicitó (i) tutelar los derechos cuya omisión se alega; (ii)
dejar sin efectos la providencia del 26 de enero de 2023; y (iii) ordenar a la Sección
Segunda del Consejo de Estado proferir una nueva decisión, en la que se consideren los
argumentos del escrito introductorio y se corrijan los yerros denunciados.

2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia

2.1.- Mediante auto del 19 de abril de 2024 la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y vinculó a la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal

11
Rad. 25000232500020100072501.
12
Rad. 11001031500020230429900.
13
Rad. 11001031500020230429901.
14
Rad. 11001031500020210137900.
15
Rad. 11001031500020210524800.

4

Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01825-01
Accionante: Javier Henao Jiménez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro

Administrativo de Cundinamarca y a la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial
de Bomberos de Bogotá.

2.2.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca pidió negar el depreco, ya que la
providencia que se abstuvo de librar el mandamiento de pago estuvo debidamente
razonada, pues acogió la postura sostenida uniformemente por el Consejo de Estado
hasta junio de 2023.

3.- Fallo de tutela de primera instancia

La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 23 de mayo de 2024,
declaró improcedente el amparo, por considerar que carecía de relevancia constitucional.
Señaló que los reproches del accionante fueron evaluados por el juez de la causa y que
la controversia suscitada es netamente legal y económica.

4.- Razones de la impugnación

En contra de la providencia referida, la parte actora presentó impugnación, en la cual
reiteró los argumentos de su escrito introductorio e insistió en que se omitieron los fallos
de tutela en los que se salvaguardaron los derechos fundamentales de los reclamantes
en casos idénticos a este, además, iteró que se dejó de lado la sentencia que sirvió como
base del ejecutivo.

5.- Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

El recurso de alzada fue repartido al magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, quien
registró proyecto de fallo el 18 de julio del corriente16. No obstante, al no haberse apoyado
su postura por la mayoría de los integrantes de esta subsección, se ordenó la remisión
del expediente al consejero que seguía en turno. El expediente ingresó a este despacho
el 16 de agosto de 202417.

16
Como consta en el índice 4 del expediente de segunda instancia.
17
Como consta en el índice 10 del expediente de segunda instancia.

5

Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01825-01
Accionante: Javier Henao Jiménez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro

II.- CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo
de tutela proferido 23 de mayo de 2024 por la Sección Primera del Consejo de Estado de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto 2591
de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.- Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.

3.- Cuestión preliminar

Se advierte que, aunque se plantearon cargos en contra del auto dictado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la Sala limitará su estudio al proferido por el Consejo
de Estado, en la media en que fue este el que resolvió los argumentos de la apelación y
el que puso fin al trámite ejecutivo.

4.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de tutela
en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos
de procedibilidad18 y de procedencia19 con el fin de determinar si se vulneraron o no los
derechos de orden superior.

18
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes
requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor
haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el
requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos
que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado
no sea de tutela.
19
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico; defecto
material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del precedente; y
defecto por violación directa de la Constitución.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01825-01
Accionante: Javier Henao Jiménez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro

5.- El requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

5.1.- Sobre el requisito de relevancia constitucional la Corte Constitucional ha señalado
que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”20.

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar
dos elementos, a saber 21 : (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales,
ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que la acción de tutela
no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido
para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor
tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-215 de 202222, al pronunciarse
sobre el requisito de relevancia constitucional, advirtió que era necesario verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente
una afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

5.2.- En el caso concreto el tutelante cuestiona, en esencia, que la providencia del 26 de
enero de 2023 desconoció el título ejecutivo, la sentencia de unificación del 12 de febrero
de 2015, múltiples fallos de tutela y el Decreto 1042 de 1978. Además, alegó que, al no
librar el mandamiento de pago, se modificó la sentencia que sirvió como base del proceso
judicial. También criticó que se omitió resolver sobre la totalidad de los reproches
incoados en la apelación.

20
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
21
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
22
Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01825-01
Accionante: Javier Henao Jiménez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro

5.3.- Para la Sala se torna evidente que los cargos elevados por la parte actora no
satisfacen el requisito de relevancia constitucional, por cuanto, además de no haber sido
explicados en debida forma, se advierten como un medio dirigido a revivir el análisis
jurídico efectuado por la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de
ejecución No. 25000234200020210089000/01, como si este mecanismo fuera una
instancia adicional a ese trámite, según se explicará.

5.4.- Al verificar los argumentos de la providencia proferida el 26 de enero de 2023, se
dilucida el siguiente análisis textual:

“Ahora, de acuerdo con los presupuestos fácticos del caso concreto se tiene que, en
la sentencia del 9 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que accedió a las pretensiones, se ordenó lo siguiente: (…)

En el escrito del recurso de apelación, el impugnante refirió que se desconoció la
sentencia objeto de ejecución, en la medida que no se libró el mandamiento ejecutivo
en los términos en que fue solicitado en la demanda. Adujo que el tribunal utilizó de
manera errónea las fórmulas propuestas para los emolumentos reconocidos en el
fallo base de recaudo, específicamente, sostuvo el recurrente, los recargos festivos
diurnos debieron ser del 200% y los recargos festivos nocturnos del 235%, por lo que
los valores determinados en el auto no tienen sustento.

Al respecto, se aprecia que, si bien el recurrente pretende controvertir las sumas
consignadas en el auto apelado, sus alegatos no logran desvirtuar los porcentajes
tenidos en cuenta por el a quo, es decir, únicamente propone su argumento, sin
sustento alguno, que impide efectuar el ejercicio para llegar a la conclusión de que la
cuantía de la obligación todavía adeudada indiscutiblemente equivale a $34.173.143.
(…)

Tal como se advierte del escrito de apelación, el recurrente se limitó a considerar que
por concepto de recargo dominical y festivo y recargos festivos nocturnos los
porcentajes que debían aplicarse eran del 200% y 235%, respectivamente, sin
plantear argumentos de reparo específicos para controvertir lo concluido por el
tribunal con fundamento en los artículos 34 y 39 del Decreto 1042 de 1978.

En efecto, la Subsección no encuentra elementos que permitan arribar a una
conclusión diferente a la expuesta en el auto, pues lo propuesto por el ejecutante en
el sentido de que deben tenerse en cuenta otros porcentajes, fue un asunto que el
tribunal abordó bajo otros presupuestos, según se transcribió líneas atrás, pero que
ahora el recurrente no logra desvirtuar con lo alegado en el escrito de alzada.

En este contexto, la Subsección no advierte argumentos en el recurso de apelación
que desvirtúen o permitan desconocer los valores consignados por el juez de primera
instancia, por cuanto la premisa central de la inconformidad se fundamentó en que
debía librarse el mandamiento ejecutivo sí o sí por lo planteado en el escrito de
ejecución de la sentencia, máxime cuando en la impugnación la parte ejecutante no
desarrolló reproche preciso frente a la liquidación efectuada por el a quo y, trasladó
la carga a esta Corporación en el entendido de que debían enmendarse los aspectos
erróneos de la providencia. (…)

8

Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01825-01
Accionante: Javier Henao Jiménez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro

Ahora, en cuanto al planteamiento del recurrente sobre la indexación inicial de horas
extras diurnas del 125%, debe precisarse que el tribunal, en primer lugar, determinó
la totalidad de los valores liquidados por cada concepto (horas extras diurnas, recargo
nocturno y recargos dominicales y festivos), posteriormente al valor liquidado le restó
el pagado y a la diferencia resultante le aplicó la fórmula de indexación dispuesta
jurisprudencialmente por el Consejo de Estado. Por consiguiente, no es de recibo lo
alegado al respecto por la parte demandante.

Finalmente, con respecto al tema de los intereses que consignó el señor Henao
Jiménez en el escrito de apelación, debe considerarse que el a quo en la providencia
indicó de manera precisa la forma en que liquidó los conceptos de intereses del capital
anterior y posterior de la siguiente manera (…)

Así las cosas, los intereses moratorios del capital posterior, se liquidan de la siguiente
manera sólo hasta julio de 2017 (el período sombreado corresponde al de suspensión
de la causación de intereses)»”23.

5.5.- En atención a lo anterior, la sala advierte que la Sección Segunda de esta
corporación hizo un análisis general de las censuras propuestas en la alzada y concluyó
que estas se limitaban a plantear inconformidades respecto a la manera en que el
tribunal, en primera instancia, había liquidado el valor de las acreencias reclamadas, sin
embargo, consideró que ninguna de estas estaba debidamente respaldada en elementos
sustanciales o adjetivos. Por otra parte, descartó las quejas sobre la indexación y los
intereses, al observar que estos aspectos habían sido analizados por el tribunal de forma
correcta y a la luz del ordenamiento jurídico.

5.6.- Resulta claro, entonces, que el peticionario pretende utilizar este mecanismo
constitucional como si la tutela se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio,
la Sección Segunda del Consejo de Estado estudió los argumentos del recurrente y
estimó que estos no lograban desvirtuar la liquidación ni el auto recurrido, en tanto
carecían de la sustentación adecuada.

Aunado a la anterior, advierte esta Sala que los copiosos cargos elevados por el
accionante no estuvieron debidamente justificados, por cuanto ninguno de ellos, más allá
de la sola afirmación, se centró en demostrar que la liquidación del tribunal se había
apartado de las órdenes impartidas en la sentencia del 9 de octubre de 2015, que fue la
base del proceso ejecutivo.

23
A folios 68-70 del archivo digital subido en el SAMAI, en el índice 2, con certificado 7DC0D8F529A1FA14 15164B16E5D93F79
F7FB5956B5CE77F8 305A0F6854B12F17.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01825-01
Accionante: Javier Henao Jiménez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro

En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.

5.7.- Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de
decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la
autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica,
en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada24, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatorio o de
interpretación del derecho, que se resolvieron previamente por el juez de la causa25.

6.- En consecuencia, se advierte que los cargos incoados en la solicitud de amparo no
superan el requisito genérico de relevancia constitucional y esto hace que el depreco
constitucional resulte improcedente. En ese sentido, se confirmará la sentencia
impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III.- RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 23 de mayo de 2024 por la Sección Primera
del Consejo de Estado, de conformidad con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.

24
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
25
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

10

Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01825-01
Accionante: Javier Henao Jiménez
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Salva voto

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