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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01844-00

Acción de tutela originada en petición

Fecha
20 de mayo de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01844-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Amparar el derecho fundamental de petición de las señoras María Isabel Castro Vega y Diana Paola Zuleta Vega. SEGUNDO. Ordenar al secretario general del Tribunal Administrativo del Magdalena, que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, remita al Archivo Central de la Rama Judicial la solicitud presentada por las accionantes el 15 de febrero de 2024, en virtud de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, y comunique a las peticionarias tal actuación. TERCERO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01844-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

20 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01844-00
Demandante: MARÍA ISABEL CASTRO VEGA Y OTRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA –
SECRETARÍA GENERAL
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA ORIGINADA EN PETICIÓN / AMPARA DERECHO
FUNDAMENTAL DE PETICIÓN – La Secretaría General del Tribunal
Administrativo del Magdalena debió trasladar la petición a la autoridad
competente.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por las señoras María Isabel Castro
Vega y Diana Paola Zuleta Vega1, mediante apoderado judicial, contra el Tribunal
Administrativo del Magdalena.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 16 de abril de 20242, las señoras María Isabel Castro Vega y Diana Paola
Zuleta Vega, mediante apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Magdalena, con el objeto de que se ampare su
derecho fundamental de petición. Formularon las siguientes pretensiones
(trascripción textual):

PRIMERO: Contestar la petición presentada el día 15 de febrero del 2024,
la cual fue dirigida al correo electrónico:
stadmmgd@cendoj.ramajudicial.gov.co perteneciente al Tribunal
Administrativo de Santa Marta (sic).

SEGUNDO: Que, con la respuesta se remita el expediente digital del
proceso No. 47001233100019940376601, con toda la información del
trámite ejecutivo y liquidación del crédito judicial total de la cuota parte
correspondiente de la señora DIANA PAOLA ZULETA VEGA, en calidad
de titular.

TERCERO: Que, la accionada acate a más tardar, a las 48 horas de
haberse resuelto esta tutela en este despacho y de ser notificada a la
misma.

1 Cabe precisar que la mencionada persona padece de una parálisis cerebral, por manera que, en decisión del

23 de enero de 2024, el Juzgado Segundo de Familia de Santa Marta designó a la señora María Isabel Castro
Vega como su representante judicial de apoyo, quien aportó los documentos que acreditan tal situación.
2 Se advierte que, el 3 de mayo de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para

elaborar el respectivo proyecto de sentencia.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01844-00
Demandante: María Isabel Castro Vega y otra
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia.

1.2 . Hechos y argumentos de la tutela

La parte accionante manifestó que, el 15 de febrero de 2024, presentó una
petición ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, solicitando la copia digital
del expediente correspondiente al medio de control de reparación directa con
radicado 47001-23-31-000-1994-03766-01; sin embargo, transcurridos 15 días
hábiles desde la fecha de radicación, no recibió respuesta alguna.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 22 de abril de 2024, se admitió la presente acción de tutela
y se ordenó que se notificara a la magistrada Elsa Mireya Reyes Castellanos,
integrante del Tribunal Administrativo del Magdalena, y al secretario general de la
corporación en mención. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

2.2. El secretario general del Tribunal Administrativo del Magdalena solicitó que se
declarara configurada la carencia actual de objeto por hecho superado, en
consideración a que dicha petición se radicó el 15 de febrero de 2024 y se
contestó mediante oficios del 4 de marzo y del 30 de abril de 2024, en los que se
informó, en su orden, que la solicitud fue enviada al despacho 04 del Tribunal
Administrativo del Magdalena, dado que ésta manejaba los «expedientes del
antiguo sistema escritural»; y que, con posterioridad, se percató que el expediente
sobre el cual recae la solicitud está ubicado en el Archivo Central de la Rama
Judicial, por lo cual informó a la parte accionante que le resultaba imposible
acceder a dicha petición y, por tanto, debía radicarla al correo electrónico de esa
dependencia.

2.3. El 14 de mayo de 2023, la parte accionante indicó que la respuesta que
proporcionó la autoridad accionada no es de fondo; además, sostuvo que ante su
falta de competencia, tenía la responsabilidad de remitirla al Archivo Central de la
Rama Judicial y coordinar la entrega del expediente solicitado con esa
dependencia.

2.4. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01844-00
Demandante: María Isabel Castro Vega y otra
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Le corresponde a la Sala examinar si la autoridad judicial accionada vulneró el
derecho fundamental de petición en cabeza de las señoras María Isabel Castro
Vega y Diana Paola Zuleta Vega.

2. Análisis de la Sala

2.1. El derecho fundamental de petición

Este derecho fundamental, consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política, tal como lo ha concebido la doctrina, es «un derecho que -antes que otra
función- facilita la expresión de las personas en su relación con un determinado
poder constituido»3 y, particularmente, en su relación con el Estado de Derecho.
Es, por tanto, «una de esas formas de vinculación entre el poder público y los
particulares, para que estos ejerzan control y fiscalización sobre el Estado»4.

Este derecho tiene un núcleo esencial complejo que se integra por (i) la facultad
que tiene una persona de presentar peticiones respetuosas, en interés general o
particular, ante las autoridades y también ante organizaciones privadas, previa
reglamentación del legislador, y (ii) los deberes correlativos del sujeto pasivo de
recibir la petición, evitar tomar represalias por su ejercicio, otorgar una respuesta
material en el plazo dispuesto legalmente y notificarla en debida forma. La Corte
Constitucional también ha señalado que la respuesta emitida debe ser clara,
oportuna y congruente con lo solicitado.

En tanto derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido
de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho
de petición. Es claro, entonces, que el hecho de obtener una respuesta negativa,
o cuando se le indica al peticionario el procedimiento administrativo que se debe
seguir o la relación de documentos que se deben aportar para efectos de estudiar
la procedencia de la solicitud son circunstancias que, en ningún caso, implican la
vulneración del derecho fundamental de petición.

Así las cosas, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la

3
MARÍN CORTÉS, Fabián G. Naturaleza jurídica del derecho de petición. En: Derecho público.
Biblioteca Jurídica Diké – Universidad Pontificia Bolivariana, 2012. p. 115.
4
Ibid., p. 174.

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01844-00
Demandante: María Isabel Castro Vega y otra
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia.

respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea y es congruente si existe
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse
justamente sobre lo pedido5.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la respuesta de la autoridad
debe ser «(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil
comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin
reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ;
(iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea
conforme con lo solicitado; y además (iv) consecuente con el trámite que se ha
surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de
petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la
cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta
como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante,
debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la
petición resulta o no procedente»6.

Así mismo, en el evento en que la autoridad a quien se dirigió la petición no sea
competente para emitir un pronunciamiento sobre el fondo de lo requerido,
también se preserva la obligación de contestar, consistente en informar al
interesado sobre la falta de capacidad legal para dar respuesta y, a su vez, remitir
a la entidad encargada de pronunciarse sobre el asunto formulado por el
peticionario7.

2.2. Caso concreto y solución del problema jurídico

En el caso bajo estudio, la parte demandante afirmó que la autoridad judicial
accionada vulneró su derecho fundamental de petición, por no haber dado
respuesta oportuna a la solicitud del 15 de febrero de 2024, en la que pidió copia
digital del expediente de reparación directa con radicado 47001-23-31-000-1994-
03766-01.

De conformidad con los documentos anexos a la demanda, se encontró que, en
efecto, el 15 de febrero de 2024, la parte accionante presentó petición ante la
Secretaría General del Tribunal Administrativo del Magdalena, así:

5
Sentencia T-587 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
6 Sentencia T- 610 de 2008, M.P Rodrigo Escobar Gil.

7
Sentencia T-230 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01844-00
Demandante: María Isabel Castro Vega y otra
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia.

Según consta en el expediente, la Secretaría General del Tribunal Administrativo
del Magdalena respondió: «Su solicitud ha sido remitida al despacho del Ponente
para lo de su cargo».
La respuesta fue remitida a los peticionarios el 4 de marzo siguiente, por correo
electrónico, a la misma dirección desde la cual se envió la solicitud inicialmente,
esto es: abogado.urru@gmail.com :

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01844-00
Demandante: María Isabel Castro Vega y otra
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia.

Asimismo, el 30 de abril de 2024, la referida Secretaría les indicó a las
accionantes que el expediente respecto del cual se solicitaron copias está ubicado
en el Archivo Central de la Rama Judicial y, por tanto, era esa dependencia la
encargada de contestar su petición. Además, mencionó que no existe proceso
ejecutivo identificado con el referido radicado en esa Corporación, lo cual le impide
acceder a la petición, encaminada a obtener la «información del trámite ejecutivo y
liquidación del crédito judicial total de la cuota parte correspondiente de la señora
DIANA PAOLA ZULETA VEGA, en calidad de titular». Así lo dijo:

Por medio del presente doy respuesta su solicitud de información contenido
en el oficio de la referencia, en el que solicita remitir el expediente digital del
proceso EJECUTIVO, donde obra como actor el señor JOSE LUIS ZULETA
GUETE contra la entidad pública Seguros Sociales; dando como radicado el
No.47001233100019940376601, que l parecer cursó en esta Corporación.
Uva vez revisado los sistemas de información y plataformas digitales
existentes en esta Seccional y verificado el despacho que aún conoce de
procesos ESCRITURALES, se encontró que con el Número de radicación por
usted señalado, existió el proceso ordinario de REPARACIÓN DIRECTA,
incoado por el accionante contra el Instituto de Seguros Sociales , expediente
donde fue expedida sentencia de primera instancia por parte de esta
Corporación el 31 de julio de 2000 ; que negó las pretensiones inicialmente y
posteriormente fue expedida la Sentencia de Segunda instancia por parte del
H. Consejo de Estado con fecha 28 de abril de 2011; que modificó la
sentencia del a-quo y declarando patrimonialmente responsable al Instituto de
los Seguros Sociales. Dicho expediente NO se encuentra activo y reposa bajo
custodia de la Oficina de Archivo Central de la Rama Judicial, donde puede
dirigir su solicitud a través del correo
achivocentralsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Por lo anterior, no existe actualmente proceso EJECUTIVO, tramitado con
esta radicación y por el accionante que se señala. no pudiendo por lo tanto
esta Secretaría compartirle el trámite ejecutivo y liquidación del crédito judicial
total de la cuota parte correspondiente de la señora DIANA PAOLA ZULETA
VEGA, en calidad de titular.

Recuerda que por la cuantía de las pretensiones, dicho expediente puede
existir en uno de los Juzgados Administrativos de este Departamento.

La respuesta fue puesta en conocimiento de los peticionarios, mediante envío de
mensaje de datos a la dirección electrónica abogado.urru@gmail.com, efectuada
el 3 de mayo del año en curso:

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01844-00
Demandante: María Isabel Castro Vega y otra
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia.

Así las cosas, la Sala considera que las autoridades accionadas vulneraron el
derecho fundamental de petición invocado por las señoras María Isabel Castro
Vega y Diana Paola Zuleta Vega, toda vez que, tras manifestar su incompetencia
para resolver de fondo, omitieron remitir la solicitud a la entidad correspondiente y
comunicar lo propio a las interesadas.

Sobre el particular, recuérdese que el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015
estableció que «(…) [s]i la autoridad a quien se dirige la petición no es la
competente, se informará de inmediato al interesado (…) [,] dentro de los cinco (5)
días siguientes al de la recepción, si obró por escrito (…)». Además, dispuso que,
dentro de ese término, la autoridad remitirá la petición al competente y enviará
copia de oficio remisorio al peticionario.

Sobre este aspecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-951 de 2014,
estableció que la anterior disposición legal cumple con la finalidad de evitar
dilaciones injustificadas y así garantizar una pronta respuesta a la petición
solicitada, pues:

[L]a obligación de informar al solicitante no se agota con la
manifestación de que no es competente y de que otra autoridad lo
es. Esta información deberá estar motivada, de modo que la
respuesta que en este sentido dé la entidad deberá indicar: i) por
qué no es competente la autoridad ante la que se presenta la
petición; y ii) por qué es competente la autoridad a la que se remite
la misma.

En ese sentido, el alto tribunal constitucional8 también dijo que «se violaría el
derecho si, basado en su incompetencia, el servidor público se olvidara del tema

8 Ver, entre otras, la sentencia T 564 de 2002.

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01844-00
Demandante: María Isabel Castro Vega y otra
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia.

o, aun remitiéndolo al competente, dejara de dar oportuna noticia sobre ello al
peticionario».

De igual forma, recientemente dicha Corporación9, señaló que:

Cuando la autoridad a quien se dirigió la solicitud no sea la competente
para pronunciarse sobre el fondo de lo requerido, esta tiene la obligación
de contestar e informar al interesado sobre la falta de capacidad legal para
dar respuesta y, en consecuencia, remitir a la entidad encargada de
pronunciarse sobre el asunto formulado por el peticionario. El deber de
notificación se mantiene en estos casos.

En ese orden de ideas, si la autoridad peticionada advirtió su falta de competencia
para resolver de fondo la petición instaurada por las señoras María Isabel Castro
Vega y Diana Paola Zuleta Vega, porque el expediente cuya copia se solicitó se
encuentra en el Archivo Central de la Rama Judicial, en salvaguarda del derecho
de petición, tenía que remitir la solicitud a dicha dependencia y comunicar tal
actuación a las accionantes, y no limitarse a sugerirles que enviaran una nueva
solicitud al correo electrónico: achivocentralsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

De lo anterior, la Sala advierte que la parte accionada incumplió con la obligación
de remitir la solicitud a la entidad competente, en virtud de lo consagrado en el
artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, omisión que, a todas luces, es contraria a la
garantía constitucional prevista en el artículo 23 Superior.

En ese sentido, es procedente que el juez constitucional intervenga en el presente
asunto, dado que la información suministrada el 4 de marzo y 30 de abril de 2024
no satisface el núcleo esencia del derecho fundamental de petición, razón por la
cual se concederá el amparo solicitado y, como consecuencia, se ordenará al
secretario general del Tribunal Administrativo del Magdalena, que, en el término
de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia,
remita la referida petición al Archivo Central de la Rama Judicial y comunique a las
interesadas tal proceder.

Finalmente, dado que la acción de tutela se dirigió exclusivamente contra el
Tribunal Administrativo del Magdalena, no es procedente disponer una
«coordinación institucional» entre dicha corporación y el Archivo Central de la
Rama Judicial, para que se atienda con prontitud la petición del 15 de febrero de
2024, como lo propuso la parte actora en memorial del pasado 14 de mayo.

9 Ver, entre otras, la sentencia T-272-2023. En similar sentido, en el marco de una acción de tutela,

la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que la omisión de remitir la
solicitud a la autoridad competente constituye una vulneración del derecho fundamental de
petición. Sentencia STP2868-2017 del 2 de marzo de 2017, M.P. José Luis Barceló Camacho.

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01844-00
Demandante: María Isabel Castro Vega y otra
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Amparar el derecho fundamental de petición de las señoras María
Isabel Castro Vega y Diana Paola Zuleta Vega.

SEGUNDO. Ordenar al secretario general del Tribunal Administrativo del
Magdalena, que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, remita al Archivo Central de la Rama Judicial la
solicitud presentada por las accionantes el 15 de febrero de 2024, en virtud de lo
previsto en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, y comunique a las peticionarias
tal actuación.

TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

CUARTO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto
VF

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