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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01855-00

Acción de tutela: fallo de primera instancia

Fecha
11 de junio de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01855-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por la Federación Nacional de Municipios de la República de Colombia - FEDEMUNICOL, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: De no ser recurrida la presente providencia, por Secretaría remitir a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 18 Radicado: 11001-03-15-000-2024-01855-00 Demandante: La Federación Nacional de Municipios de la República de Colombia - FEDEMUNICOL Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca ACCIÓN DE TUTELA – Fallo de primera instancia Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01855-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

11 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., once (11) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01855-00
Accionante: Federación Nacional de Municipios de la República
de Colombia – FEDEMUNICOL
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección
Primera - Subsección C

ACCIÓN DE TUTELA – Fallo de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la Federación Nacional de
Municipios de la República de Colombia – FEDEMUNICOL contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud y pretensiones

La Federación Nacional de Municipios de la República de Colombia -
FEDEMUNICOL, en ejercicio de la acción de tutela solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la doble instancia, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, que estima vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al proferir la sentencia de 11 de octubre de 2023,
dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido por la
entidad accionante en tutela contra la Contraloría General de la República.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01855-00
Demandante: La Federación Nacional de Municipios de
la República de Colombia - FEDEMUNICOL
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
ACCIÓN DE TUTELA – Fallo de primera instancia

En el escrito de tutela, la entidad accionante solicita:

“PRIMERA.- Que, se sirvan TUTELAR los derechos fundamentales vulnerados de
la accionada, del DEBIDO PROCESO en conexidad con el principio de la DOBLE
INSTANCIA, vulnerados hoy por el “fallo” de 2ª instancia de 11 de octubre de 2024
proferido dentro del Expediente 11001-33-34-002-2014-00150-01 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, correspondiente a la Acción de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho incoada por FEDEMUNICOL y en contra de la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
SEGUNDA.- Que como expresión concreta y efectiva de la Tutela requerida, se
sirvan dejar sin efecto el “fallo” ante citado, y se sirvan ordenar a la entidad
accionada, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA en su Sección
Tercera, Sub Sala respectiva, expedir un nuevo fallo respetuoso de los
constitucionales derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y del PRINCIPIO
DE LA DOBLE INSTANCIA, que resuelva íntegramente y de fondo, la apelación
incoada en el proceso citado y de conformidad con las razones expuestas en la
decisión de ese Consejo de Estado por adoptar.”(sic)

2. Los hechos y consideraciones de la accionante

La parte actora expuso en la solicitud de amparo, los hechos y consideraciones que
se resumen a continuación:

Relató que, en junio del año 2014, la entidad FEDEMUNICOL -en liquidación-,
demandó en uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho las
decisiones de responsabilidad fiscal adoptadas en su contra por la Contraloría
General de la República, dentro del proceso número 80664-0615-946, Radicado
DJF 34-01-0400-2011.

Expuso que en primera instancia el asunto correspondió al Juzgado Segundo
Administrativo de Bogotá, quien luego de estudiar la existencia o no de falsa
motivación de los actos demandados, decidió negar las pretensiones de la
demanda.

Ante la inconformidad, la parte actora interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia que fue conocido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que, mediante providencia de 11

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de octubre 2023, decidió confirmar la sentencia apelada, al considerar que el
recurso no estuvo plenamente sustentado.

2.1. Consideraciones de la parte actora

Manifestó que la sentencia del 11 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, adolece de los defectos sustantivo por
desconocimiento del precedente y violación directa de la constitución.

Indicó que la autoridad judicial accionada, incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado
sobre el declarar desierto un recurso.

Igualmente, consideró que incurrió en una vulneración directa de la constitución por
desconocimiento del artículo 29 constitucional, que regula el debido proceso.

3. Trámite

Mediante auto de 23 de abril de 20241 se admitió la demanda y se ordenó la
notificación a la accionada, esto es, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y
al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá; a su vez se dispuso la
vinculación de la Contraloría General de la República y del Banco Agrario de
Colombia S.A., por tener intereses en las resultas del proceso.

4. Intervenciones

4.1. El Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá2, informó que en su
despacho se tramitó la primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho. Indicó que el mismo, finalizó con sentencia de segunda instancia de 11
de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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ACCIÓN DE TUTELA – Fallo de primera instancia

Agregó que en el presente caso se debe declarar la improcedencia de la acción de
tutela, por no cumplir el requisito de inmediatez, pues considera que transcurrieron
más de seis meses desde que se profirió la sentencia cuestionada.

4.2. El Banco Agrario de Colombia3, solicitó que se desvincule a dicha entidad por
considerar que no hay evidencia de que haya vulnerado derechos fundamentales

4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca4, presentó informe de lo
tramitado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Agregó que decidió confirmar la sentencia de primera instancia sin condenar en
costas a la parte vencida en juicio. Informó que esa decisión fue acogida por la
mayoría, salvo un integrante de la sala que salvó el voto por considerar que la figura
procedente era la declaratoria de recurso desierto, al momento de pronunciarse
respecto de su admisión.

Indicó que por parte de ese despacho no existe vulneración alguna a los derechos
fundamentales alegados por la parte actora, toda vez que la decisión acusada se
profirió con apego a la normativa contenciosa administrativa y jurisprudencia
aplicable al caso en concreto.

Concluyó que la presente acción de tutela no justifica la procedencia de la acción
de tutela con respecto al requisito de relevancia constitucional. Igualmente, agregó
que no se cumple con el requisito de inmediatez, pues advierte que transcurrieron
más de 7 meses desde la expedición de la sentencia acusada y que no se identifica
de manera razonable el actuar que derivó en la vulneración de los derechos
fundamentales.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

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La Sala es competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1°
del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 20215.

2. Problema jurídico

La Sala debe decidir si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al proferir la
sentencia de 11 de octubre de 2023, vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, a la doble instancia, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad
de la Federación Nacional de Municipios de la República de Colombia -
FEDEMUNICOL, incurriendo en vía de hecho por los defectos sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la constitución, al
confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Bogotá dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho instaurado por la entidad accionante contra la Contraloría General de la
República.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada
y uniforme de la Corte Constitucional6 y el Consejo de Estado7 ha sido admitir su
procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de
procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia
(defectos).

5
Decreto 333 de 2021: Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela°, “[…] 8. 8. Las
acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán
repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá
por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo
2 .2.3.1.2.4 del presente decreto […]”.
6
Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852
de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de
2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de
2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de
2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059
de 2015.
7
Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de
2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos
Alimenticios S.A.

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Al respecto, la Corte Constitucional en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de
1993, analizó la procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en los
eventos que se prueba la configuración de una vía de hecho. Dicha posición fue
redefinida por la misma Corporación a través de la sentencia C-590 de 2005,
decisión en la cual se fijaron las reglas de procedibilidad de este mecanismo
constitucional contra decisiones judiciales como se conocen actualmente.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia del Doctor Jorge Octavio Ramírez,
precisó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales, siempre y
cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los
requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional, así:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la
acción de tutela. Estos requisitos son los siguientes: (i) La cuestión que se discute
tiene relevancia constitucional; (ii) Se agotaron todos los medios de defensa judicial
con los que cuenta la persona afectada; (iii) Se cumple el requisito de inmediatez;
(iv) no se argumentó una irregularidad procesal; (v) Se expresaron de manera clara
los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y; (vi) La
providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de
tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede
incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes8: a) Defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de competencia; b) Defecto procedimental, el cual
ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido;
c) Defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio
obrante en el expediente para proferir decisión; d) Defecto material o sustantivo, el

8 Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras.

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cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) Error inducido, cuando
la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) Decisión sin motivación; g)
Desconocimiento del precedente judicial y h) Violación directa de la Constitución
Política.

Es importante advertir que, si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas, podrá ser razón suficiente para conceder el amparo
constitucional.

3.1. El defecto sustantivo por desconocimiento del precedente

La jurisprudencia Constitucional ha considerado que el funcionario judicial incurre
en defecto sustantivo cuando: “(…) (i) la decisión impugnada se funda en una
disposición que ha sido derogada, subrogada o declarada inexequible; (ii) la
aplicación o interpretación que se hace de la norma en el asunto concreto
desconoce la sentencia con efectos erga omnes que ha definido su alcance; (iii) la
decisión impugnada se funda en una disposición que indiscutiblemente no es
aplicable al caso; (iv) cuando la norma pertinente para el asunto en concreto es
desatendida y, por ende, inaplicada; (v) se interpreta una disposición normativa
desbordando el sentido de la misma; y (vi) la interpretación de ésta se hace sin
tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para
efectuar una interpretación sistemática (…)”.9

La Corte Constitucional, en sentencia T-284 de 2006 al referirse a la limitación del
principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas,
consideró:

“[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en su
labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las normas
jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia judicial no
es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos previstos en
la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas

9
Sobre el particular puede apreciarse la sentencia T-474 de 2008 de la Corte Constitucional, M.P. Clara Inés Vargas Hernández

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pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la
manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable
apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con
sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa
aplicación […]”10.

En las sentencias T- 092 de 2008 y T-686 de 2007 la Corte Constitucional, indicó:

“[…] una decisión judicial adolece de un defecto material o sustantivo en los siguientes
eventos (…) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente 11 (interpretación contra legem) o perjudicial
para los intereses legítimos de una de las partes 12 (irrazonable o desproporcionada) […]”.
(Destacado de la Sala).

Para la Corte Constitucional el desconocimiento del precedente consiste en que
una autoridad judicial modifique su posición frente a determinado asunto, o se
separe del criterio establecido por su superior jerárquico, haciendo caso omiso al
precedente en la materia, y aún más, que a pesar de reconocer la existencia de
éste, se aparte total o parcialmente del mismo sin cumplir con la carga
argumentativa que le corresponde en esos casos, toda vez que con ese proceder
se desconocen principios de relevancia constitucional como la igualdad, la
seguridad jurídica, la confianza legítima, entre otros, que están directamente
relacionados con el respeto del precedente.

Sobre el particular, en la sentencia T-446 de 2013 la Corte Constitucional señaló:

[…] es la ratio decidendi que es la base jurídica directa de la sentencia, el precedente
judicial que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos vinculantes y debe ser
aplicado para resolver casos similares, esto por cuanto ella constituye el conjunto
de argumentos jurídicos que permiten solucionar el problema debatido en el caso y
explicar la decisión adoptada a la luz de los hechos que lo fundamentan. De manera
que la ratio decidendi expresada en el precedente judicial constituye un importante
límite a la autonomía judicial que no puede ser desconocido por los jueces.

Ahora bien, es importante resaltar que la jurisprudencia ha distinguido entre
precedente horizontal y precedente vertical para explicar, a partir de la estructura
orgánica del poder judicial, los efectos vinculantes del precedente y su contundencia
en la valoración que debe realizar el fallador en su sentencia. En este sentido,
mientras el precedente horizontal supone que, en principio, un juez –individual o
colegiado- no puede separarse del precedente fijado en sus propias sentencias; el
precedente vertical implica que los jueces no se pueden apartar del precedente

10
Sentencia T-284 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
11
Cfr. Sentencia T-567 de 1998.
12
Cfr. Sentencia T-001 de 1999.

9

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establecido por las autoridades judiciales con atribuciones superiores,
particularmente por las altas cortes.

En esta óptica, la Corte ha reconocido que es preciso hacer efectivo el derecho a la
igualdad, sin perder de vista que el juez goza de autonomía e independencia en su
actividad, al punto que si bien está obligado a respetar el precedente fijado por él
mismo y por sus superiores funcionales, también es responsable de adaptarse a las
nuevas exigencias que la realidad le impone y asumir los desafíos propios de la
evolución del derecho.

En consecuencia, un juez puede apartarse válidamente del precedente horizontal o
vertical si (i) en su providencia hace una referencia expresa al precedente conforme
al cual sus superiores funcionales o su propio despacho han resuelto casos
análogos, pues “sólo puede admitirse una revisión de un precedente si se es
consciente de su existencia” (requisito de transparencia); y (ii) expone razones
suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del
caso nuevo que justifiquen el cambio jurisprudencial, lo que significa que no se trata
simplemente de ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta necesario
demostrar que el precedente anterior no resulta válido, correcto o suficiente para
resolver el caso nuevo (requisito de suficiencia). Satisfechos estos requisitos por
parte del juez, en criterio de la Corte, se entiende protegido el derecho a la igualdad
de trato ante las autoridades y garantizada la autonomía e independencia de los
operadores judiciales […]”13.

Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de manera
razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio
de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente pues la
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Y en caso de
que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación
a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia
y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela.

3.2. La violación directa de la constitución

Conforme a la jurisprudencia constitucional, la violación directa de la
Constitución Política, como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, procede cuando la decisión cuestionada supera el concepto
de vía de hecho, es decir, en aquellos eventos en que, si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales.

13
Sentencia de 11 de julio de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Sobre esta causal la Corte Constitucional en la sentencia T-689 de 2013, MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub, indicó lo siguiente:

“[…] Es importante referir que todas las causas específicas que originan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales entrañan en
sí mismas un quebrantamiento de la Carta Fundamental. No obstante, se
estableció específicamente una causal denominada: violación directa de la
Constitución que puede originarse por una interpretación legal
inconstitucional o bien, porque la autoridad competente deja de aplicar la
denominada excepción de inconstitucionalidad. Esto porque:

“La exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso
interpretativo y en los resultados de la interpretación, precisamente llama la
atención acerca del papel que le corresponde a la Carta en la aplicación de
la ley y, por eso, reiteradamente la jurisprudencia ha hecho énfasis en que
las decisiones judiciales ´vulneran directamente la Constitución´ cuando el
juez realiza ´una interpretación de la normatividad evidentemente contraria a
la Constitución´ y también cuando ´el juez se abstenga de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad en un caso en el cual, de no hacerlo, la
decisión quebrantaría preceptos constitucionales…´.”

El fundamento de la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad tiene
su cimiento en el mandato contenido en el artículo 4° superior, el cual
jerarquiza la Constitución Política en el primer lugar dentro del sistema de
fuentes jurídico colombiano.

Es decir que, cuando es evidente que la norma de inferior jerarquía contraría
principios, valores y reglas de rango constitucional, es un deber de las
autoridades judiciales y administrativas aplicar directamente la Constitución.
En estos casos, se reitera, la prevalencia del orden superior debe asegurarse
aun cuando las partes no hubieren solicitado la inaplicación de la norma para
el caso particular. […]”.

4. Caso concreto

4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

La Sala advierte que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
toda vez que los defectos alegados pueden llevar consigo una violación de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la doble instancia, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, los cuales constituyen bienes jurídicos
constitucionalmente amparados.

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No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial con los cuales
la entidad accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados, pues
se adelantaron las dos instancias dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho instaurado por la Federación Nacional de Municipios de la República
de Colombia - FEDEMUNICOL contra la Contraloría General de la República y no
se configura ninguna de las causales para hacer uso del recurso extraordinario de
revisión14.

Respecto al cumplimiento del requisito de inmediatez, se observa que la providencia
cuestionada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, esto es, la
sentencia de 11 de octubre de 202315, se notificó a las partes por correo electrónico
el 18 de octubre de 202316 y la demanda de tutela se presentó el 16 de abril de
202417, es decir, dentro de un término prudencial.

Adicionalmente, se observa que la entidad accionante plantea de forma clara los
hechos por los cuales considera que se vulneran sus derechos fundamentales y que
la providencia que se cuestiona en el asunto de la referencia no fue proferida dentro
de una acción de tutela, sino que se dictó dentro de un proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho.

4.2. Análisis de las causales específicas de procedibilidad

La Federación Nacional de Municipios de la República de Colombia -
FEDEMUNICOL, plantea la vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la doble instancia, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, porque considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al
proferir la sentencia del 11 de octubre de 2023, incurrió en vía de hecho por los
defectos sustantivo por desconocimiento del precedente y violación directa de la
constitución, puesto que confirmó la sentencia que denegó las pretensiones de la

14
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 250.
15
Índice 44 SAMAI Expediente 11001333400220140015001
16
Índice 47 SAMAI Expediente 11001333400220140015001
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Índice 2 de SAMAI

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demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho incoada por la entidad
accionante contra La Contraloría General de la República.

Indicó que la autoridad judicial accionada, incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente porque considera que desconoció sentencias de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre el declarar desierto un recurso.

Igualmente, consideró que incurrió en una vulneración directa de la constitución por
desconocimiento del artículo 29 constitucional, que regula el debido proceso.

4.2.1. Del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente

Con el fin de atender los motivos de inconformidad de la parte actora, a efectos de
establecer el cargo relativo con la configuración de vía de hecho por defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente, la Sala revisará el análisis
probatorio, normativo y jurisprudencial realizado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la sentencia de 11 de octubre de 2023, en la cual se consideró lo
siguiente:

“Al analizar el contenido del escrito por medio del cual se interpuso y sustentó el
recurso de apelación, la Sala encuentra que se incumplió el deber de sustentación,
por las razones que se pasan a indicar:

El recurso de apelación en lo que respecta a los acápites denominados “1.1. FALTA
DE ANALISIS DEL PROYECTO SUSCRITO ENTRE EL BANCO AGRARIO Y EL
MUNICIPIO DE LA CELIA”, “2. FALTA DE COMPETENCIA”, “3.
DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE AUDIENCIA Y DE DEFENSA”, “4.
OTROS ARGUMENTOS QUE AVALAN NUESTRAS PRETENSIONES” y, “5.
APRECIACIONES FINALES FRENTE AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD
FISCAL EN EL CASO CONCRETO”, corresponden a una transcripción literal de los
argumentos expuestos con el escrito de alegatos de conclusión de primera instancia,
razón por la que tales argumentos no pueden ser considerados a efectos de sustentar
la alzada, lo anterior si se considera que por deducción lógica es dable concluir que
los mismos corresponden a apreciaciones ex ante a la expedición de la sentencia
recurrida, y en tal sentido, no entrañan un reparo específico, concreto y puntual frente
a los argumentos que sirvieron como sustento de la decisión proferida en primera
instancia.

Frente a tal circunstancia, el Consejo de Estado ha manifestado que la réplica de
argumentos desarrollados en etapas procesales anteriores en ninguna medida
supone la satisfacción de la carga procesal en cabeza de la parte impugnante, por lo
que, tal situación conlleva a la carencia de objeto del recurso de apelación:

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“(…) Encuentra la Sala que de la lectura del recurso de apelación incoado
por la parte actora, se observa que no se formula ningún motivo de
inconformidad respecto de los fundamentos del proveído impugnado;
por el contrario, lo que se aprecia es una transcripción literal de lo
expuesto en la demanda, sin que determine en modo alguno una razón
jurídica que controvierta la sentencia (…).

Ahora bien, del estudio del contenido del artículo 247 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se advierte
que tal precepto obliga al memorialista a precisar los motivos de
inconformidad sobre el fallo, circunstancia sin la cual el Juez de
Segunda Instancia no puede entrar a hacer un estudio sobre el fondo
del asunto, pues se trata de una carga que le asiste al recurrente y que
constituye el sustento que sirve de base para que el Superior dirima la
controversia.

En el mismo sentido se ha pronunciado esta Corporación cuando señala:

“Al no haber expuesto el recurrente las razones que motivaron su
disconformidad con las motivaciones y conclusiones de la sentencia
que puso fin a la primera instancia, no le es permitido al ad quem hacer
un nuevo estudio de fondo acerca de las pretensiones incoadas, sin
incurrir en palmario quebranto de la norma procedimental que exige la
debida sustentación del recurso de apelación.” (…)”.11 (Negrilla fuera del
texto original).

Por lo anterior, la Sala advierte que, como quiera que, con respecto a los cargos
indicados, la parte recurrente no cumplió con la carga que le asiste de sustentar de
manera clara y precisa los motivos que determinan la inconformidad con el fallo
recurrido, en relación con ellos el recurso presentado carece de objeto, por lo que la
competencia de la Corporación se encuentra vedada frente a estos asuntos.

Ahora bien, encuentra la Sala que en el acápite denominado motivos de
inconformidad, la parte demandante, previa referencia y cita textual de algunos
apartes de la sentencia objeto de reproche, consideró que el fallador de primer grado
concluyó equivocadamente que no se habían vulnerado los derechos de audiencia y
de defensa de la entidad accionante, al indicar que no era necesario correr traslado
del informe de visita fiscal del 2 de diciembre de 2009, circunstancia que pudo haber
incidido en la determinación de los elementos de la responsabilidad fiscal.

Sin embargo, tal manifestación se hizo in genere y carece de toda sustentación e
indicación expresa a los argumentos que sirvieron al juez de primera instancia para
arribar a tal conclusión, ello si se considera que i) no se hizo referencia alguna a la
disposición jurídica que contiene la carga obligacional que alega desconocida en el
decurso del proceso de responsabilidad fiscal y que no fue considerada (o fue
aplicada erróneamente) en la sentencia recurrida, ii) no refiere en forma concreta
cómo tal circunstancia hubiese tenido virtualmente la posibilidad de modificar el
sentido de la decisión inicialmente adoptada, ello si se considera que la manifestación
elevada conlleva implícita la falta de certeza respecto de la veracidad del contenido
de la prueba antes referida, y iii) plantea una serie de interrogantes que escapan a la
órbita del objeto del litigio planteado, y que en gracia de discusión, podrían llegar a
ser constitutivas de la excepción previa correspondiente a no comprender la demanda
a todos los litisconsortes necesarios, que, valga decir, no fue alegada por ninguna de

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las partes en el marco del proceso judicial.

Finalmente, en el acápite denominado argumentos que avalan nuestras
pretensiones se pone de presente que, contrario a lo concluido por el a quo, si se
configuró la causal de falsa motivación de los actos enjuiciados, al referir que el
fundamento del juicio de responsabilidad se fundó en el incumplimiento contractual, y
no en la demostración de los elementos que configuran la responsabilidad fiscal en el
caso concreto. Argumento que desarrolla a partir de reproches realizados a los actos
acusados y las pruebas recaudadas en el marco del proceso de responsabilidad
fiscal, no obstante, ninguna de tales manifestaciones pretende enervar en forma
alguna el sustento argumentativo o probatorio que sirvió al fallador de primer grado
para proferir su decisión.

Todo lo anterior si, además, se considera que tales argumentos resultan corresponder
al parafraseo del concepto de violación plasmado en el escrito de demanda. En
efecto, de la revisión minuciosa, la Sala concluye la existencia de identidad entre los
argumentos plasmados en el escrito introductorio y el recurso promovido por la parte
demandante, lo que permite aseverar que tales manifestaciones no pueden ser
tenidas en cuenta a efectos de suplir la carga procesal de sustentación de la alzada,
de conformidad con la posición antes esbozada.

En tal sentido, la Sala encuentra que el problema jurídico principal debe ser resuelto
negativamente, razón por la que, por sustracción de materia, se abstendrá de analizar
los problemas jurídicos subsecuentes o derivados.”. (Sic)

Ahora bien, la entidad accionante asegura que, con la decisión previamente citada,
se incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente al
considerar que se desconocieron sentencias del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional en relación con declarar desierto un recurso. Empero, no se
mencionó ninguna sentencia de unificación como desconocida, como tampoco se
argumentó ninguna regla de derecho fijada por la jurisprudencia que debiera haber
sido tenida en cuenta en el proceso ordinario; por lo anterior, este cargo no está
llamada a prosperar.

Así, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no incurrió
en vía de hecho por defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, pues
el alcance que se dio a la norma aplicable, en el ejercicio de la labor judicial, resulta
ser razonable y ajustada a la jurisprudencia vigente.

Ciertamente, el criterio para aplicar una disposición especial está dada en términos
de razonabilidad. Así, cuando la interpretación de una norma aparece debidamente
razonada y sustentada no se considera incorrecta, salvo que sea contraria a la

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Constitución o aparezca caprichosa o arbitraria; de suerte que la revisión que se
haga de dicha labor hermenéutica, por parte del juez constitucional, no estará
dirigida a demostrar que existe una “mejor interpretación”, sino a verificar si esta es
plausible y concuerda con los mandatos superiores.

Por tanto, la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no vulneró
los derechos fundamentales invocados por la entidad accionante, por cuanto no se
evidencia en su contenido, un análisis arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a
preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho
por los defectos sustantivo por desconocimiento del precedente y violación directa
de la constitución, que amerite la intervención del juez de tutela.

4.2.2. De la violación directa de la constitución

Ahora, en cuanto a la posible configuración de una violación directa de la
constitución, la parte actora consideró que se inaplicó el artículo 29 constitucional,
pues no se declaró desierto el recurso de apelación, sin añadir mayores
consideraciones al respecto.

Con relación a la vulneración del derecho al debido proceso, la Corte Constitucional
ha señalado lo siguiente.

“57. En cuanto a la obligación de adelantar el procedimiento con el pleno respeto
de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, la Corte ha señalado
que no cualquier irregularidad en el trámite constituye una vulneración al debido
proceso. Para que una irregularidad procesal configure una vulneración al debido
proceso debe tener la capacidad de alterar de manera grave el proceso, tornándolo
en injusto, o debe resultar en una privación o limitación del derecho de defensa.

58. Por tanto, las autoridades administrativas deben garantizar en virtud del
derecho al debido proceso principios como el de legalidad, contradicción, defensa y
que se conozcan las actuaciones de la administración, de cuya aplicación se derivan
importantes consecuencias para las partes involucradas en el respectivo proceso
administrativo.”

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En el presente caso, la entidad accionante no demostró que la autoridad judicial
accionada, al no declarar desierto el recurso de apelación, haya incurrido en
ninguna de las consecuencias citadas en precedencia.

No obstante, en este caso, la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
estuvo plenamente soportada, tanto en la normativa constitucional, como en las
pruebas y la jurisprudencia vigente, lo que le permitió determinar que lo procedente
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho era confirmar la sentencia
de primera instancia.

Por tanto, no se observa que la autoridad judicial accionada, con ocasión de la
sentencia de segunda instancia emitida en el marco del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, hubiere vulnerado directamente la Constitución.

Adicionalmente, es claro que el libelista no efectuó una suficiente carga
argumentativa para sustentar el cargo de violación directa de la constitución, pues
solo se limitó a enunciar el artículo 29 constitucional.

Bajo estas consideraciones, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada en
ejercicio de los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica dio
un alcance probatorio coherente y válido a los documentos allegados al proceso
ordinario e interpretó de forma razonable la normativa y los criterios
jurisprudenciales aplicables al caso concreto que, a pesar de no resultar
satisfactoria en su integridad a la parte demandante, hoy tutelante, no se puede
colegir que su actuación fue contraria a Derecho.

Por otra parte, se debe señalar que los argumentos alegados por el apoderado de
la parte demandante en el escrito de tutela, demuestran su inconformidad con la
actuación y decisión adoptada por la autoridad judicial demandada, sin acreditar
irregularidades de orden constitucional en las que presuntamente incurrió.

Así las cosas, se concluye que la sentencia de 11 de octubre de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no vulneró los derechos fundamentales
invocados por la entidad accionante, por cuanto no se evidencia en su contenido,

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un análisis arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a preceptos jurídicos de orden
constitucional y legal que constituya una vía de hecho por defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, ni violación directa de la constitución que
amerite la intervención del juez de tutela.

III. DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala considera que, en el presente asunto, la parte
actora no acreditó que la sentencia del 11 de octubre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, hubiere incurrido en vía de hecho por
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial, ni por
violación directa de la constitución. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo
invocada por la Federación Nacional de Municipios de la República de Colombia -
FEDEMUNICOL.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por la Federación Nacional de
Municipios de la República de Colombia - FEDEMUNICOL, contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: De no ser recurrida la presente providencia, por Secretaría remitir a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida
la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmado electrónicamente)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(En comisión de servicios)

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