Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01857-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-01857-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01857-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01857-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
23 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01857-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JUAN RENE IBARRA MAURY
TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO. EN EL CURSO DE LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA LA
AUTORIDAD ACCIONADA RESOLVIÓ LA PETICIÓN PRESENTADA
POR EL ACTOR.
DERECHOS FUNDAMENTALES: PETICIÓN Y DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra
la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL1.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor JUAN RENE IBARRA MAURY, actuando en nombre propio,
en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
1
En adelante la Comisión.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01857-00
Actor: JUAN RENE IBARRA MAURY
Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales de petición y al debido proceso, los cuales estima
vulnerados por la COMISIÓN al no haberle dado respuesta de fondo,
clara y concreta a la solicitud que le envió, vía electrónica, el 6 de
febrero y su reiteración de 26 de febrero de 2024, en la que pidió
información de las investigaciones adelantadas contra algunos
magistrados con ocasión al presunto cartel de las pensiones.
I.2.- Hechos
Señaló que el 6 de febrero de 2024, vía correo electrónico, elevó
petición respetuosa ante la COMISIÓN, mediante la cual solicitó
información acerca de la existencia de investigaciones disciplinarias
en contra de algunos magistrados con ocasión a unos hechos
relacionados con el denominado cartel de las pensiones y/o cartel de
fallos irregulares en la ciudad de Montería – Córdoba y en el
Departamento del Caquetá.
Arguyó que al no obtener respuesta dentro del término legal, el 26
de febrero de 2024 reiteró la solicitud, no obstante, para la fecha de
presentación de la acción de tutela no había recibido una respuesta
clara, precisa y de fondo respecto a su petición por parte de la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01857-00
Actor: JUAN RENE IBARRA MAURY
autoridad accionada, lo que, a su juicio, vulnera su derecho
fundamental de petición.
I.3.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados
como vulnerados, en los siguientes términos:
“[…] 1. Tutelarme mis derechos fundamentales, a la tutela judicial
efectiva, debido proceso, derecho de petición, los cuales están siendo
vulnerados por la accionada la COMISIÓN DE DISCIPLINA
JUDICIAL DE COLOMBIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA representada por quien al momento de la notificación
de esta demanda constitucional haga sus veces.
2. Ordenar a la COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL DE
COLOMBIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, o
quien al momento de la notificación de esta demanda constitucional
haga sus veces, dar respuesta clara, precisa, oportuna y de fondo al
derecho de petición calendado de 06 de febrero del año 2024 y
renviado el pasado 26 de febrero del año 2024, entregando la
documentación requerida.
3. Ordenar a la COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL DE
COLOMBIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, o
quien al momento de la notificación de esta demanda constitucional
haga sus veces, que una vez cumplido el fallo de tutela envíe al
Juzgado de conocimiento de la acción constitucional, los documentos
que acrediten su cumplimiento […]” (Negrilla pertenece al texto).
I.4.- Defensa
I.4.1.- La COMISIÓN manifestó que el pasado 14 de marzo de
2024 emitió respuesta a la petición formulada por el actor,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01857-00
Actor: JUAN RENE IBARRA MAURY
remitiendo al correo electrónico juanibarra.abogados@gmail.com el
contenido de 47 archivos con la información requerida.
No obstante, resaltó que, al revisar el trámite observó que se remitió
de manera errada la respuesta al correo electrónico
juanibarra.abogados@gmail.com, por lo que, para resolver dicha
circunstancia, el 26 de abril de 2024 reenvió el contenido de la
respuesta junto con los anexos al correo
juanibarra.abogado@gmail.com, atendiendo de fondo, clara y
concreta la solicitud.
Por lo anterior, solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado, comoquiera que atendió el derecho de petición del actor.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01857-00
Actor: JUAN RENE IBARRA MAURY
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19912. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el caso bajo examen, el actor pretende obtener el amparo de sus
derechos fundamentales de petición y al debido proceso, los cuales
estima vulnerados por la COMISIÓN al no haber dado respuesta a
las solicitudes de 6 y 26 de febrero de 2024, en las que pidió
información de las investigaciones adelantadas contra algunos
2
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01857-00
Actor: JUAN RENE IBARRA MAURY
magistrados con ocasión al presunto cartel de las pensiones.
Conforme con lo anterior, corresponde determinar si la autoridad
accionada vulneró los derechos fundamentales deprecados por el
actor, al presuntamente no dar respuesta de fondo, clara y concreta
a las solicitudes formuladas el 6 y 26 de febrero de 2024, o si, por el
contrario, se configura la carencia actual de objeto por hecho
superado, de conformidad con lo expuesto en la contestación
presentada por la COMISIÓN en el presente trámite constitucional.
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará mención
del marco legal del derecho fundamental de petición, para en seguida
abordar el estudio del fondo del asunto.
Del derecho de petición
El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23 de
la Constitución Política, que textualmente indica:
“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01857-00
Actor: JUAN RENE IBARRA MAURY
Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte
Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 20113, estableció
que:
“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos
se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas.
Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por
la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y
T-108 de 2006, señaló:
“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala
que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta
Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en la
Sentencia T-466 de 2004, el núcleo esencial del derecho de
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión,
el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado puesto que
el Seguro Social, según se ha reseñado, no demostró haber dado
respuesta a la petición del actor formulada el 5 de noviembre de
2003. Esta sola circunstancia impedía al a-quo dar aplicación al
artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.
En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:
“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de características esenciales del derecho de
petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial una
de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le permita
presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud
por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del
derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un
agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación
– circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una
petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud
presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”
De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889
de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855
de 2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243
de 2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que
el derecho de petición en su contenido comprende los siguientes
3
M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01857-00
Actor: JUAN RENE IBARRA MAURY
elementos: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir
otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la
materia propia de la solicitud y de manera completa y
congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno
de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo
decidido al peticionario, independientemente de que la
respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe
acceder a lo pedido […]”.
El derecho de petición es considerado fundamental y determinante
para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos
constitucionales, como el de información, participación política y
libertad de expresión.
Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la
posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva
para sí el sentido de lo decidido.
Que, por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser
oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del
peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se incurre
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01857-00
Actor: JUAN RENE IBARRA MAURY
en una vulneración del derecho constitucional fundamental de
petición.
Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 4 se
ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el
Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se
refirió así la citada Ley:
“[…] Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de
petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos señalados en este código, por motivos de interés
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y
de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades
implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el
artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario
invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá
solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de
una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica,
la prestación de un servicio, requerir información, consultar,
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas,
quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse
sin necesidad de representación a través de abogado, o de
persona mayor cuando se trate de menores en relación a las
entidades dedicadas a su protección o formación […]”.
4
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01857-00
Actor: JUAN RENE IBARRA MAURY
En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley
1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción,
excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de
información o consultas a las autoridades en relación con las
materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días,
respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición
en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia
al interesado, antes del vencimiento del término señalado,
precisando los motivos de la demora y el plazo razonable en que se
dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.
Descendiendo al caso concreto, visto el marco normativo y
jurisprudencial aplicable al caso bajo estudio, la Sala procede a
realizar el análisis del acervo probatorio allegado al expediente.
De las pruebas obrantes en el expediente se observa que el 6 de
febrero de 2024, a través de correo electrónico, el señor JUAN
RENE IBARRA MAURY, presentó una solicitud, en los siguientes
términos:
“[…] JUAN RENE IBARRA MAURY, identificado como aparece al pie
de mi firma, en mi reconocida calidad de víctima dentro del proceso
penal citado en la referencia, a través del presente escrito y en uso
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01857-00
Actor: JUAN RENE IBARRA MAURY
de las atribuciones conferidas por la Ley 906 de 2004 en su art. 125
numeral 4° y 9° (CPP) así como en la sentencia C-536 de 2008 de la
Corte Constitucional, elevo ante Usted DERECHO DE PETICIÓN EN
INTERÉS PARTICULAR, amparado en las referidas normas, así
como en el art. 23 C. Pol. y la Ley 1755 de 2015, para que se dé
respuesta a las siguientes interrogantes.
1.- ¿Existe o existió investigación disciplinaria alguna en esa
dependencia judicial contra los magistrados CARMELO DEL CRISTO
RUIZ VILLADIEGO Y CRUZ ANTONIO YÁNEZ ARRIETA en los
años 2011-2012-2013-2014- 2015-2016-2017-2018-2019-2020-
2021- 2022-2023-2024? En caso de ser afirmativa su respuesta, 2.
¿Dígase al suscrito si son por hechos atenientes al denominado cartel
de las pensiones y/ o cartel de fallos irregulares en la ciudad de
Montería Córdoba? ¿Estado actual de las investigaciones? expídaseme
copias de las decisiones por cada investigación
3. ¿Existe o existió en esa dependencia judicial proceso alguno contra
la magistrada MARÍA DEL SOCORRO JIMÉNEZ CAUSIL durante el
periodo del año 2011 al 2024? 4. En caso de ser afirmativa su
respuesta ¿Dígase al suscrito si son por hechos atenientes al
denominado cartel de las pensiones y/ o cartel de fallos irregulares
en la ciudad de Montería Córdoba o el departamento del Caquetá?
¿Estado actual de las investigaciones? Expídaseme copias de las
decisiones por cada investigación.
5. ¿Existió denuncia o queja disciplinaria alguna presentada por el
doctor LUIS GUILLERMO GRIJALBA GRIJALBA en esa
dependencia contra la magistrada MARÍA DEL SOCORRO JIMÉNEZ
CAUSIL? En caso de ser afirmativo su respuesta ¿Dígase al suscrito
si son por hechos atenientes al denominado cartel de las pensiones
y/ o cartel de fallos irregulares en el departamento del Caquetá?
¿Estado actual de las investigaciones? expídaseme copias de las
decisiones por cada investigación. ¿Se vinculo en dicha investigación
al magistrado JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB?
Quiero recalcar y dejar de presente que dicha información va hacer
utilizada única y exclusivamente dentro del proceso penal citado en
la referencia […]” (Resaltado pertenece al texto).
Posteriormente, el 26 de febrero de 2024, el actor reiteró la
anterior petición, vía correo electrónico, así:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01857-00
Actor: JUAN RENE IBARRA MAURY
“[…] buenas tardes esta petición fue radicada el pasado 06 de febrero
del año 2024 y requiero la respuesta con un poco de urgencia, el
término de vencimiento es el 29 de febrero y no quisiera tener que
interponer acción de tutela, ruego excelentísimos magistrados
ayudarme prontamente con la debida respuesta […]”.
Como consecuencia de lo anterior, la Sala observa que la COMISIÓN
resolvió las solicitudes en el trámite del presente asunto, de la
siguiente manera:
“[…] De manera atenta y teniendo en cuenta su petitorio, se envía
respuesta de acuerdo a lo suministrado por la Secretaría Judicial y
relatoría de esta corporación. La constancia secretarial da cuenta de
todos los procesos de los magistrados de su referencia y la relatoría
nos envía el estado actual de los procesos junto con su contenido.
Nos informa la misma relatoría que la nominación de los procesos que
se le ha dado no coincide con los instrumentos de búsqueda y sólo se
encuentran en la relatoría los que llegan a esta instancia corporativa.
De acuerdo a la relatoría de esta corporación las providencias que se
envía corresponden a las emanadas del nivel central y la búsqueda se
dificultó cuando se trató de clasificar por asuntos como "cartel de las
pensiones o de "fallos irregulares. El primer archivo corresponde a la
respuesta del derecho de petición, allí se encuentran también el
reporte de procesos de la Secretaria Judicial.
Esperamos haber contribuido a dar respuesta a su petición […]”.
La citada respuesta le fue enviada debidamente al actor el 26 de abril
de 2024, al correo electrónico juanibarra.abogado@gmail.com,
como se observa a continuación:
“[…]
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01857-00
Actor: JUAN RENE IBARRA MAURY
[…]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01857-00
Actor: JUAN RENE IBARRA MAURY
En ese entendido, para la Sala es evidente que la COMISIÓN, en el
curso de la presente acción, atendió la solicitud del actor remitiéndole
los documentos relacionados con las investigaciones adelantadas en
contra de los magistrados referidos en la petición, por lo que se
advierte que las circunstancias fácticas que generaron la presunta
vulneración desaparecieron y se entiende que se ha configurado la
carencia actual de objeto, por hecho superado.
Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia
actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han
sido encomendados»5. Y en la misma sentencia se precisó que el
fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las
siguientes figuras:
“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la vulneración
que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que
con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete
el peligro, no es factible que el juez constitucional dé una orden al
respecto.
El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la violación
o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo es procedente
5
Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01857-00
Actor: JUAN RENE IBARRA MAURY
el resarcimiento del daño originado por la violación del derecho.
Cuando al momento de la interposición de la acción de tutela el daño
ya está consumado, por regla general, esta resulta improcedente,
puesto que dicha acción tiene una finalidad preventiva y no
indemnizatoria.
(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en el
que, entre el momento en que se interpone la demanda de
amparo y el fallo se evidencia que, como producto del obrar de
la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los derechos
fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta
solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, se
superó la afectación y resulta inocua cualquier intervención
que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección
de unos derechos que, en la actualidad, no se encuentran
afectados ni amenazados (regulada en el artículo 26 del Decreto
2591 de 1991) .
(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta en
casos en que como producto del acaecimiento de una situación
sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la parte
demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea porque
el actor asumió la carga que no le correspondía, porque a raíz de dicha
situación perdió interés en el resultado de la litis, o por cualquier otro
hecho que haga inútil o innecesaria la intervención del juez de tutela
[…]”6. (Negrilla fuera del texto).
En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los cuales
se ha dado cumplimiento a lo perseguido por el actor, ha indicado lo
siguiente:
“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite cesan o
desaparecen los motivos que generan la amenaza o la vulneración, o
su consumación impide el ejercicio del derecho, el objeto o la
pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde su efecto
necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que justifica la
intervención preferente del juez constitucional. Se sigue de lo dicho,
que la carencia actual de objeto se presenta a través de dos eventos,
a saber: el hecho superado y el daño consumado. El primero acaece
cuando se supera la afectación de tal manera que el pronunciamiento
6
Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01857-00
Actor: JUAN RENE IBARRA MAURY
del juez pierde su finalidad constitucional por cuanto la decisión que
pudiere adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento en
que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con ello no se
va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia constitucional lo
explica así: La carencia actual de objeto por hecho superado se da
cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y
el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida
en la demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial
en tal sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”7.
Consecuente con lo anterior, comoquiera que tal hecho ha sido
superado, la Sala declarará la carencia actual de objeto, pues la
petición presentada por el actor el 6 de febrero de 2024 y la
reiteración de 26 de febrero de 2024 ya fue resuelta de forma clara,
completa y de fondo, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33-
000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda. Demandado: Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01857-00
Actor: JUAN RENE IBARRA MAURY
PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de mayo de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.