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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01866-00

Fecha
23 de mayo de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01866-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA DE INDIAS, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo por no cumplir el requisito general de la relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01866-00 Actora: ESENTTIA S.A. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01866-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

23 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01866-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: ESENTTIA S.A.

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO,
TODA VEZ QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. TERCERA INSTANCIA. LAS
INCONFORMIDADES EXPUESTAS PRETENDEN CONTROVERTIR LA
INTERPRETACIÓN Y EL ANÁLISIS HECHO POR EL TRIBUNAL DE
ARBITRAMENTO A LAS PRUEBAS Y A LA NORMATIVA APLICABLE AL
ASUNTO.

DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra

el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO1 DEL CENTRO DE ARBITRAJE

Y CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE

1
Convocado por la actora contra la Sociedad Asesorías y Construcciones S.A. y conformado por la
arbitro ARLENA HOYOS CAÑAVERA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01866-00
Actora: ESENTTIA S.A.

CARTAGENA DE INDIAS2.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La sociedad ESENTTIA S.A., actuando a través de apoderado

judicial y en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho

fundamental al debido proceso, el cual, a su juicio, le fue vulnerado

por el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO al haber proferido el laudo

arbitral de 29 de septiembre de 2023 y el auto de 17 de octubre de

2023, por medio del cual se resolvió la solicitud de corrección,

aclaración y adición del laudo.

I.2.- Hechos

Indicó que promovió demanda arbitral ante el Centro de Arbitraje y

Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena, con el fin de

dirimir las controversias derivadas del Contrato núm. 5600115921

que suscribió con la sociedad Asesorías y Construcciones S.A. el 19

de julio de 2017.

2
En adelante el Tribunal de Arbitramento.

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Actora: ESENTTIA S.A.

Relató que se designó como árbitro único a la doctora ARLENA

HOYOS CAÑAVERA y mediante auto núm. 4 de 8 de septiembre de

2022, fue admitida la demanda arbitral.

Adujo que solo hasta la etapa de alegatos, el agente del Ministerio

Público puso de presente que se había configurado la caducidad en

el asunto, sin que se hubiese dado la posibilidad de controvertir dicho

argumento que solo se dio, a su juicio, de forma sorpresiva, luego de

haberse surtido todas las etapas previas.

Señaló que, mediante laudo arbitral de 29 de septiembre de 2023, el

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO concluyó que se configuró la

caducidad de la acción contractual.

Manifestó que, como consecuencia de lo anterior, presentó solicitud

de aclaración, corrección y/o complementación del laudo arbitral, al

considerar que no era claro y preciso el conteo de los términos en el

asunto, la cual fue rechazada por improcedente mediante Acta núm.

23 de 17 de octubre de 2023.

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I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentó que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto

sustantivo al aplicar lo dispuesto en el Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3 para efectos de

contabilizar el término de caducidad, dando como resultado un fallo

sin análisis de fondo de la controversia planteada.

Afirmó que el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO también incurrió en

defecto procedimental absoluto, toda vez que actuó de forma

opuesta al procedimiento establecido en la Ley 1563 de 12 de julio

de 20124, en lo que refiere a la caducidad de la acción.

Sostuvo que el CPACA no era la norma procesal aplicable para el

conteo del término de caducidad dentro del proceso arbitral, toda vez

que el artículo 164 ibidem es una norma especial para determinar el

conteo en los asuntos sometidos ante la jurisdicción de lo contencioso

administrativo, no siendo este el caso, además que no se justificó la

aplicación de dicha norma.

3
En adelante CPACA.

4
Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras
disposiciones.

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Actora: ESENTTIA S.A.

Aseguró que también incurrió en defecto fáctico, toda vez que en

el laudo arbitral no hay acreditación e identificación de las pruebas

valoradas para el conteo del término y la consecuente configuración

de la caducidad.

Aseveró que el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, al resolver la

solicitud de aclaración, adición y/o complementación, omitió dar una

respuesta cierta y concreta respecto a cómo se hizo el conteo del

término de caducidad.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:

“[…] Primero: Se DECLARE que el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO
integrado por la Señora Árbitro Único doctora ARLENA HOYOS
CAÑAVERA del CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN
CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA DE INDIAS –
Convocado por ESENTTIA S.A. contra ASESORIAS Y
CONSTRUCCIONES S.A. vulneró los derechos fundamentales de
ESENTTIA S.A., al debido proceso Y de contradicción, y todos los
que encuentre el H. Despacho, dentro del Proceso Arbitral
convocado por el Accionante.
Segundo: Que, como consecuencia de lo anterior, se DECLARE
la nulidad o se deje sin efectos el Laudo Arbitral del 29 de
septiembre de 2023 emitido por TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO
integrado por la Señora Árbitro Único doctora ARLENA HOYOS
CAÑAVERA del CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN
CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA DE INDIAS convocado
por ESENTTIA S.A. contra ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.
a través del cual falla “Niéguese las pretensiones de la demanda

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por las razones expuestas en la parte motiva” por vulnerar los
derechos fundamentales del Accionante.

Tercero: Que, en virtud de lo anterior, se ORDENE al TRIBUNAL
DE ARBITRAMENTO integrado por la Señora Árbitro Único
doctora ARLENA HOYOS CAÑAVERA del CENTRO DE ARBITRAJE
Y CONCILIACIÓN CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA DE
INDIAS convocado por ESENTTIA S.A. contra ASESORIAS Y
CONSTRUCCIONES S.A. proferir un Laudo Arbitral que respete
los derechos fundamentales del Accionante y se emita el fallo
que en derecho corresponda […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO luego de rendir informe

de los trámites surtidos dentro del proceso arbitral, resaltó que todas

las actuaciones en desarrollo del proceso se adelantaron con

acatamiento irrestricto de las normas procesales y sustantivas

aplicables a la controversia sometida a decisión por la actora.

I.6.- Defensa

I.6.1.- La Cámara de Comercio de Cartagena de Indias destacó

que únicamente se limita a cumplir las funciones atribuidas por la

Ley 1563 de 2012 y su reglamento, que son de carácter logístico y

administrativo, por lo que no tiene competencia para disponer

respecto del término de caducidad ni sobre la norma a aplicar para

el caso concreto, por lo que solicitó que se le desvincule del presente

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trámite.

I.6.2.- La sociedad Asesorías y Construcciones S.A. pese a ser

notificada del presente trámite en debida forma, guardó silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la

sentencia.

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Actora: ESENTTIA S.A.

La Sala advierte que la Cámara de Comercio de Cartagena de

Indias solicitó su desvinculación en la presente acción de tutela, por

falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los

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derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la demanda arbitral fue presentada por la actora

ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de

Comercio de Cartagena de Indias, le asiste interés como tercero

en las resultas del proceso, razón por la cual la Sala denegará su

solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por

pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

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tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde

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definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

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e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se

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decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

De la procedencia de la acción de tutela contra laudos

arbitrales

La Corte Constitucional en sentencia T-131 de 20225 dispuso sobre

el particular que, si bien es cierto, en principio, resultan aplicables a

los laudos las mismas causales tanto generales como específicas para

la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

5
M.P. Diana Fajardo Rivera.

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su examen debe ser más riguroso y estricto, de conformidad con la

SU-174 de 20076.

Por su parte, la sentencia SU-033 de 20187 precisó que el respeto

por la decisión de los árbitros y la procedencia de la tutela supone

analizar con especial detenimiento el requisito general de la

relevancia constitucional.

Al respecto, en la mencionada sentencia T-131 de 2022 la Corte

Constitucional sostuvo lo siguiente:

“[…] La relevancia constitucional en materia de tutela
contra laudos arbitrales8 y contra sentencias que resuelven
el recurso extraordinario de anulación. En concordancia con lo
indicado en precedencia, demostrar la relevancia constitucional de
las afectaciones causadas por un laudo arbitral exige una sólida
carga argumentativa. Lo anterior, para que la acción de tutela no
se convierta en una instancia judicial que remplace las vías
ordinarias, de modo tal que las transgresiones alegadas sean
constitucionalmente significativas y trasciendan la esfera legal, el
carácter eminentemente económico de la controversia y la
inconformidad con las decisiones adoptadas por los árbitros.9

6
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

7
M.P. Alberto Rojas Ríos.

8
Al respecto, ver especialmente, las consideraciones expuestas en las sentencias SU-033 de 2018. M.P.
Alberto Rojas Ríos. AV. Alejandro Linares Cantillo y T-133 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

9
En la Sentencia SU-033 de 2018 la Sala Plena refirió, a partir de Ferrajoli, que una distinción entre
los derechos fundamentales y los derechos patrimoniales consiste en que los primeros se destacan
“entre otras características por no ser negociables, mientras que los segundos establecen ‘relaciones
de dominio y de sujeción, es decir, de poder’.” Sentencia SU-033 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos. AV.

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[…]

Así mismo, la Sala Séptima de Revisión determinó que carecen de
relevancia constitucional los asuntos que (i) se contraen a dirimir
discusiones estrictamente económicas o patrimoniales relacionadas
con la condena impuesta en el laudo arbitral; o (ii) tienen una
relación directa con la interpretación de un contrato o su valoración
probatoria por parte del tribunal de arbitramento.10 Precisó,
también, que el carácter económico de la discusión no
excluye, per se, la posibilidad de que el caso comprometa la
faceta constitucionalmente protegida del debido proceso, pero
además de los perjuicios económicos, debe demostrarse el
desconocimiento de un derecho fundamental o la intervención en
otros bienes y derechos constitucionalmente relevantes como la
libertad personal o la eficaz administración de justicia.11

44. Ahora bien, aunque específicamente la jurisprudencia
constitucional no ha realizado una distinción en la determinación
de los supuestos que acreditan la relevancia constitucional o la
tornan carente en el análisis de procedencia de la acción de tutela
contra laudos arbitrales y contra la sentencia que resuelve el
recurso extraordinario de anulación,12 importa señalar que en éste
último escenario sí ha precisado que se debe tener en cuenta la
naturaleza especial que enmarca al recurso extraordinario de
anulación y justamente el alcance restringido que tienen sus
causales de procedencia. Lo anterior porque es ese el escenario
natural para que el juez verifique la adecuación del laudo a la
Constitución respecto de las causales que están enfocadas en la
valoración del derecho al debido proceso por posibles errores in
procedendo, y en ese sentido el análisis de relevancia
constitucional que se realiza en sede de tutela se torna más estricto
con miras a que el amparo no se utilice como un nuevo espacio
procesal para reexaminar cuestiones jurídicas y fácticas que fueron
objeto del proceso arbitral, o para cuestionar el criterio que empleó

Alejandro Linares Cantillo. Criterio reiterado en la Sentencia T-354 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo. AV. Antonio José Lizarazo Ocampo. AV. Gloria Stella Ortiz Delgado.

10
Sentencia T-131 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

11
Ver sentencia T-102 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

12
Así ocurre, por ejemplo, en las Sentencias T-244 de 2007, SU-174 de 2007, SU-033 de 2018 y SU-
500 de 2015, entre otras.

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el fallador dentro de su ámbito de autonomía.13 […]”.

Caso concreto

En el caso bajo examen, la sociedad actora pretende que se dejen

sin efectos el laudo arbitral de 29 de septiembre de 2023 y el

auto de 17 de octubre de 2023, proferidos por el TRIBUNAL DE

ARBITRAMENTO, por medio de los cuales se resolvió la controversia

planteada por la accionante contra la sociedad Asesorías y

Construcciones S.A. y la solicitud de aclaración, corrección y

complementación del laudo arbitral.

La controversia tiene origen en una demanda presentada por la

actora ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de

Comercio de Cartagena de Indias contra la sociedad Asesorías y

Construcciones S.A., con el fin de dirimir las controversias derivadas

del Contrato núm. 5600115921, celebrado el 19 de julio de 2017

entre las partes.

13
Al respecto se pueden consultar las Sentencias SU-500 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez;
SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; y, SU-081 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.

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17

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Actora: ESENTTIA S.A.

El proceso fue asumido por el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO que,

mediante laudo de 29 de septiembre de 2023, declaró que se

configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales, lo

que impedía realizar el estudio de fondo del conflicto planteado.

Finalmente, el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO mediante auto de

17 de octubre de 2023, rechazó por improcedente la solicitud de

aclaración, adición y complementación presentada al considerar que

lo pretendido era debatir el término de caducidad de la acción de

controversias contractuales, no siendo ese el escenario para discutir

lo decidió en el laudo arbitral.

La sociedad actora estima que el laudo arbitral y el auto cuestionado

vulneraron su derecho fundamental al debido proceso, dado que, en

su sentir, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos

sustantivo, procedimental absoluto y fáctico, al declarar la

caducidad de la acción, pues para efectos de contabilizar el término

no se debió dar aplicación a lo dispuesto en el CPACA sino a Ley 1563

de 2012; además, que en el laudo arbitral no hay acreditación e

identificación de las pruebas valoradas para el conteo del término y

la consecuente configuración de la caducidad.

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Actora: ESENTTIA S.A.

Finalmente, estimó que el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, al

resolver la solicitud de aclaración, adición y/o complementación,

omitió dar una respuesta cierta y concreta respecto a cómo se hizo

el conteo del término de caducidad.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial, especialmente contra laudo arbitral y, de

ser así, establecer si el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO vulneró el

derecho fundamental al debido proceso invocado e incurrió en los

defectos sustantivo, procedimental absoluto y fáctico al haber

proferido el laudo arbitral de 29 de septiembre de 2023 y el auto de

17 de octubre de esa misma anualidad.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, especialmente contra laudos arbitrales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación.

Sea lo primero advertir que en el escrito de tutela la actora alegó que

se cumple con el requisito general de la subsidiariedad, dado que no

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Actora: ESENTTIA S.A.

cuenta con otro mecanismo de defensa en el asunto, pues no es

posible elevar el recurso extraordinario de anulación previsto en el

artículo 41 de la Ley 1653 de 2012 bajo la causal 2, comoquiera que

el alcance de la causal de anulación por caducidad de la acción está

circunscrita únicamente a casos en los que los árbitros deciden de

fondo la cuestión litigiosa a pesar de haber operado la caducidad, no

así cuando se pretende controvertir la declaratoria de la misma,

comoquiera que ello implicaría por parte del juez de la anulación un

estudio de fondo.

En este punto, cabe señalar que comoquiera que dicha postura no se

encuentra unificada y que en la actualidad es objeto de controversia

por parte de la Sección Tercera de esta Corporación14, la Sala

considera que, en efecto, la actora no cuenta con otro mecanismo de

defensa idóneo en el asunto para alegar la indebida declaratoria de

caducidad en el laudo arbitral acusado.

14
La postura de la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado considera que la causal
de anulación por caducidad de la acción prevista en el numeral 2, del artículo 41 de la Ley 1653 de
2012 procede cuando: i) el laudo arbitral resuelva de fondo el asunto sin haber declarado la caducidad
y ii) cuando fue declarada la caducidad a pesar de no haber operado.

Por el contrario, según el criterio acogido por las Subsecciones “A” y “C” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, únicamente procede la causal segunda de anulación de la referida norma cuando el
Tribunal de Arbitramento decide de fondo el asunto, a pesar de estar caducada la acción, siendo este
el único evento.

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Aclarado lo anterior, la Sala advierte que, frente a la relevancia

constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta

Corporación15, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014,

sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene
dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces
(artículos 228 y 230 de la Carta)”; por otro, evita que la acción
de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”.

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios.

15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del
actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de
relevancia constitucional por la afección de sus derechos
fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional.

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no
puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida
para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial
que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de
relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que
se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una
cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en
cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a
una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios,
es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras
palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un
asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad. Si bien no
siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional

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de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha
sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de
diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los
antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de
1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al
debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y
que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que
es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente
debido proceso.

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29
CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas
de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías
esenciales son el derecho al juez natural; el derecho a presentar y
controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el
derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en
el proceso penal; el principio de predeterminación de las reglas
procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de
los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios
secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y
arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y
contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de
manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de
procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando se
trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como
lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917
de 2013. […]” (Destacado fuera del texto).

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

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discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela

se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir

las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Ahora, de conformidad con lo expuesto en líneas anteriores, el

requisito general de la relevancia constitucional resulta más

exigente para la procedencia de la acción de tutela contra

laudos arbitrales, de tal forma que dicho presupuesto no se

encuentra superado cuando i) el asunto resulta estrictamente

económico o versa sobre discusiones patrimoniales relacionadas con

la condena impuesta en el laudo o ii) tiene una relación directa con

la interpretación probatoria dada en el laudo.

Se destaca que, aun cuando el carácter económico no excluye, per

se, la posibilidad de que se comprometan principios y derechos

constitucionales, en este caso se debe demostrar el desconocimiento

de un derecho fundamental relevante como la libertad personal o la

eficaz administración de justicia.

En el caso bajo examen, la solicitud de tutela se fundamentó en el

hecho, según el cual, el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO no debió

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contabilizar el término de caducidad de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 164 del CPACA, sino conforme con lo previsto en la Ley

1563 de 2012; además, que no existió en ningún momento debate

probatorio sobre el momento a partir del cual se debía contabilizar la

caducidad, razón por la cual el laudo arbitral omitió identificar las

pruebas que fueron valoradas para el conteo del término y la

consecuente configuración de la caducidad.

Conforme con lo anterior, la Sala advierte que las inconformidades

descritas por la parte actora pretenden retrotraer asuntos que fueron

objeto de análisis dentro del proceso arbitral, en la medida en que lo

pretendido por la sociedad ESENTTIA S.A. es que se realice un

nuevo análisis respecto de la caducidad de la acción, como si este

mecanismo constitucional se tratara de una instancia adicional.

Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos que invoca la parte

actora como fundamento de la presunta vulneración del derecho

deprecado, carecen de una perspectiva constitucional, máxime

cuando lo pretendido es debatir la interpretación probatoria expuesta

por el juez natural del asunto en cuanto a los elementos de prueba

que sirvieron de sustento para concluir que se configuró la caducidad,

pretendiendo con ello crear una instancia adicional trayendo

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argumentos que ya fueron suficientemente debatidos por el juez del

litigio.

En efecto, revisada la providencia de 29 de septiembre de 2023, se

observa que el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO fundamentó su

decisión, la cual estuvo suficientemente motivada de la siguiente

manera:

“[…] RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL CONTRATO
DEBATIDO

[…]

En Consonancia con lo anterior, el Agente del Ministerio Público en
su concepto rendido durante la audiencia de alegaciones, manifestó
que respecto a las empresas industriales y comerciales del Estado
como ECOPETROL y ESENTTIA S.A., en materia contractual se les
aplica el régimen del derecho privado, no obstante sus litigios son
de competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa o de
los tribunales de arbitramento cuando quiera que exista cláusula
compromisoria o compromiso, por tener una participación del
estado superior al 51% de su capital social, en atención a lo
dispuesto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011.

Con fundamento en lo anterior se concluye por este panel arbitral,
que el contrato sometido a revisión dentro del presente proceso
arbitral es contrato estatal especial, que se rigen por las normas
del derecho privado y no por las contenidas en la ley 80 de 1993,
de acuerdo con lo previsto en la normativa y jurisprudencia antes
citadas.

[…]

CADUCIDAD DE LA ACCION

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[…]

Sobre este presupuesto procesal, vale la pena concretar que, aun
cuando ni en las oportunidades procesales respectivas ni dentro del
debate del proceso se planteó la caducidad de la acción como
excepción, es indispensable que sea abordada la temática como
presupuesto procesal esencial para proferir el correspondiente
laudo arbitral, máxime cuando ha sido el Agente del Ministerio
Público en la etapa de alegaciones quien se ha referido a este
fenómeno jurídico para el caso bajo estudio.

[…]

En la misma línea corrobora el Honorable Consejo de Estado, lo
siguiente; “Así las cosas, concluye la Sala que dado que el contrato
en cuestión es estatal y que, por tal razón, las controversias que
con ocasión suya se originen son de competencia de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, en vía judicial las normas
procesales que le son aplicables son las previstas en el Código
Contencioso Administrativo - Decreto 01 de 1984 - normativa que
prevé de manera expresa un término de caducidad para presentar
la acción de controversias contractuales y no uno de prescripción.16

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, en el contrato
bajo estudio, que como se dejó sentado tiene el carácter de
contrato estatal especial, el mecanismo procesal adecuado
para la reclamación de las controversias derivadas del
negocio jurídico público, es la acción contractual
desarrollada en el artículo 141 del C.P.C.A.
independientemente de que la relación jurídica contractual
haya estado sometida a normas jurídicas de derecho público
o de derecho privado, con la finalidad de que se dirima la
respectiva controversia contractual.

Sobre el tema que aquí nos interesa, se ha sentado en
jurisprudencia arbitral lo siguiente: “…La Sala no considera que
esta perspectiva del problema sea la correcta, como quiera que la

16
Consejero ponente: H Consejo de Estado. Sala de Lo Contencioso Administrativo. Sección
Tercera. Subsección A. Sala Plena. Consejero ponente ERNAN ANDRADE RINCON Bogotá D.C.,
catorce (14) de agosto de dos mil trece (2013). Radicación número: 25000-23-26-000-2009-01045
01(45191.

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acción que se ejerce, para reclamar cualquier derecho, procedente
de una relación contractual –sin importar si el negocio jurídico se
rigió por el derecho privado o por el público-, es la prevista en el
art. 87 CCA. De hecho, en otras ocasiones ha abordado problemas
técnicamente similares, como cuando se ejercita la cláusula
compromisoria o el compromiso (…) En este orden de ideas, no
queda duda que la acción procedente para acudir a esta
jurisdicción, por parte del actor de este proceso, sí era la prevista
en el artículo 87 CCA., y no una especial, como lo da a entender en
el recurso. Por esta misma razón, el término de caducidad aplicable
es el previsto para las acciones contractuales, es decir, el art.
136.10 CCA…”. (Cursivas fuera de texto).

Pero de igual manera plenamente aplicable al caso que nos ocupa.

De las anteriores circunstancias, nace entonces el hecho de
que el término para la caducidad de la acción, según lo
indicado en el literal j del numeral 2 del artículo 164 del
C.P.C.A., se circunscribe a que la acción debe promoverse
por parte del sujeto interesado, en las relativas a contratos,
el termino para demandar será de los dos (2) años
siguientes, contados a partir del día siguiente al de
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le
podrían servir de fundamento.

[…]

De la revisión del material probatorio aportado e incorporado
formalmente al expediente, en las diferentes oportunidades
procesales, resultan los siguientes hechos relevantes:

1. El contrato No. 5600115921 para el Montaje Sistema
Contraincendios Bodega Autoportante, bajo análisis fue suscrito el
día 19 de julio de 2017 y que si bien se pactó un término de
duración de noventa (90) días a partir del Acta de inicio, que esta
fechada 31 de agosto de 2017, posteriormente en Virtud del Otro
sí No. 1, del 27 de noviembre de 2017, se amplió el plazo hasta el
31 de diciembre de 2017, y seguidamente por Otro si No. 2 del 20
de diciembre de 2017 se amplió el plazo hasta el 31 de enero de
2018, no consta en el expediente que se hubiese pactado entre las
partes otra ampliación del plazo.

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2. Dentro del clausulado del contrato No. 5600115921 para el
Montaje Sistema Contraincendios Bodega Autoportante, encuentra
el panel arbitral que las partes no pactaron expresamente la
liquidación bilateral o unilateral del negocio jurídico celebrado, pero
se dijo dentro de los TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE
CONTRATACIÓN “ LIQUIDACIÓN: Para efectos de liquidación del
contrato suscrito a la terminación del mismo, se levantará un acta
suscrita por las partes en la cual se declarará el informe general de
ejecución del contrato. Por otro lado, en la estipulación No. 19 del
negocio jurídico se dispuso “APLICACIÓN TÉRMINOS Y
CONDICIONES GENERALES: Al presente contrato le serán
aplicables los términos y condiciones de contratación previstos por
ESENTTIA y, por tanto, formarán parte integral del presente
contrato …”, esto independientemente de que no es un contrato
sujeto a liquidación, toda vez que su régimen es el de derecho
privado como se ha dejado sentado. El Tribunal Arbitral observa
que en los hechos de la demanda arbitral no se hizo referencia a
liquidación del contrato sub examine, pero tampoco en los términos
y condiciones se estableció un término para ella.

3. Adicionalmente a lo anterior, resulta trascendental del acervo
probatorio el hecho que en inspección visual del 7 de mayo de
2019, en los hallazgos, se da cuenta de fallas presentes en los
trabajos objeto del contrato para el montaje de sistema
contraincendios bodega autoportante en relación con que “Las
áreas afectadas con agrietamientos pasantes coinciden con
discontinuidades relevantes (defecto por la calidad de la soldadura)
localizadas en el cordón de raíz”, y previamente en el informe del
29 de diciembre de 2018 de IEC S.A.S, se dejó sentado en el punto
“CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES” que las fallas en el
sistema contra incendios ocurren en las uniones soldadas
defectuosas mediante el proceso de corrosión bajo tensión (CBT),
indicando como causa defectos del proceso de soldadura, porosidad
y faltas de penetración entre otras, y se hacen unas
recomendaciones que implicaba reparaciones y pruebas.

4. Para este Tribunal de Arbitraje, los hechos expuestos en el
numeral 3 anterior, tiene íntima relación con los motivos de hecho
y de derecho de la demanda arbitral, porque se observa que la
misma se fundamenta a partir de incumplimiento en la prestación
del servicio objeto del contrato, por los fallas y defectos
presentados en las obras, tal como se puede corroborar con las

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pretensiones declarativas No. 4, 5, 6 y 7, de igual manera con la
pretensión No. 9. Adicionalmente, con la pretensión No. 13 de
condena. En las que en resumen deprecan que se declare que una
vez finalizó el plazo de ejecución del Acuerdo de Voluntades, las
obras no cumplieron con las condiciones exigidas por las
especificaciones técnicas, motivo por el cual Esenttia S.A. no
recibió a satisfacción la obra; además, pretende que se declare que
el sistema contra incendios que construyó el contratista presentó
uniones soldadas de mala calidad con defectos de fabricación
como: falta de penetración, quemones entre otros.

Para abundar en razones, es pertinente traer a colación, lo
expuesto por la demandante en el hecho 14 de la demanda arbitral,
en que se dijo que el 29 de agosto de 2018, Esenttia recibió el
informe de una inspección aleatoria por ultrasonido de 36 juntas
soldadas del Sistema contraincendios, cuyo resultado indica que el
47% de las juntas presentan indicaciones y/o defectos en la
soldadura, para dicha inspección Esenttia contrató a la firma IEC
S.A.S. Posteriormente, en el hecho 16 de la demanda arbitral, se
dice que el 29 de noviembre de 2018 Esenttia recibió el análisis de
falla realizado por la compañía IEC S.A.S., en el cual se presentan
las siguientes conclusiones: “Las causas del modo de falla de las
soldaduras se deben a: Defectos producto del proceso de
soldadura: porosidad y faltas de penetración , principalmente”

Pese a todo lo anterior, la demanda arbitral sólo fue presentada el
15 de julio de 2022. En conclusión para este panel arbitral, a partir
del hecho probado que en inspección visual del 7 de mayo de 2019,
en los hallazgos, se da cuenta de fallas presentes en los trabajos
objeto del contrato para el montaje de sistema contraincendios
bodega autoportante en relación con que “Las áreas afectadas con
agrietamientos pasantes coinciden con discontinuidades relevantes
(defecto por la calidad de la soldadura) localizadas en el cordón de
raíz”, y con los antecedentes citados, se colige que desde el 7
de mayo de 2019 Esenttia tenía conocimiento de los hechos
en que se fundamenta la solicitud de convocatoria y
demanda arbitral, por lo que debió ser interpuesta antes del
día 8 de mayo de 2021 y lo fue el día 15 de julio de 2022, es
decir, por fuera del término indicado. En efecto, los anteriores
elementos de juicio son suficientes para que este Tribunal de
Arbitramento concluya que se configuró el fenómeno jurídico de la
caducidad de la acción contractual previsto en la normatividad y

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jurisprudencia antes citada con relación a la acción de
controversias contractuales impetrada en este proceso arbitral, lo
que le impide realizar el estudio y análisis del fondo del conflicto
planteado y así lo resolverá en la parte pertinente de este proveído.
Con fundamento legal en que el término para formular la acción de
controversias contractuales es de 2 años que inician a partir del día
siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que
sirvan de fundamento, según el inciso 1 del literal j) numeral 2 del
artículo 164 del CPACA, siempre que no se trate de cualquiera de
los demás eventos previstos en la citada norma […] (Destacado
fuera de texto)

Conforme con la transcripción en cita, la Sala advierte que el

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO en el fallo cuestionado de 29 de

septiembre de 2023, discurrió de forma amplia y detallada respecto

de los motivos por los cuales debía declarar la caducidad de la acción.

Para arribar a lo anterior, la autoridad judicial accionada explicó el

régimen jurídico aplicable al contrato debatido y concluyó que aun

cuando a las empresas industriales y comerciales del Estado, como

lo es el caso de ESENTTIA S.A., en materia contractual se les aplica

el régimen de derecho privado, sus litigios son de competencia de la

jurisdicción contenciosa administrativa o de los tribunales de

arbitramento cuando exista clausula compromisoria, por tener una

participación del Estado superior al 51% de su capital, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del CPACA, de tal

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forma que el contrato sometido a revisión era un CONTRATO

ESTATAL ESPECIAL, regido por las normas de derecho privado.

Ahora, al entrar a analizar la caducidad de la acción, con fundamento

en lo anterior, el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO logró concluir

que, comoquiera que el contrato objeto de controversia tenía el

carácter de CONTRATO ESTATAL ESPECIAL, el mecanismo

procesal adecuado para la reclamación de las controversias derivadas

del negocio jurídico público, era la acción contractual prevista en el

artículo 141 del CPACA, de tal manera que el término de caducidad

era el dispuesto en el literal j del numeral 2 del artículo 164 ibidem,

esto es, 2 años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia

de los motivos de hecho o de derecho que le podrían servir de

fundamento para demandar.

Así las cosas, luego de revisar el material probatorio obrante en el

expediente, la autoridad judicial accionada afirmó que comoquiera

que desde el 7 de mayo de 2019 la actora tenía conocimiento de los

hechos en los que fundamentó la demanda arbitral, esta debió ser

interpuesta a más tardar el 8 de mayo de 2021, mientras que lo fue

hasta el 15 de julio de 2022, esto es, fuera del término previsto en

la normativa aplicable al asunto.

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Ahora, frente a la inconformidad expuesta por la actora relativa a que

el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO al resolver la solicitud de

aclaración, adición y complementación omitió dar una respuesta

cierta y concreta respecto a cómo se hizo el conteo del término de

caducidad, la Sala observa que, revisado el auto de 17 de octubre de

2023, la autoridad accionada encontró que dicha petición no

resultaba procedente, en la medida en que lo pretendido por la parte

actora con ello era debatir el término de caducidad de la acción de

controversias contractuales, no siendo este el fin de la solicitud de

aclaración.

Así las cosas, la Sala estima que los motivos en los que se

fundamentó la solicitud de amparo de la referencia, son una serie de

reproches a la interpretación del juez en el laudo arbitral, sin que el

asunto revista contenido constitucional, de tal forma que lo que se

pretende es cuestionar una decisión judicial como si este mecanismo

se tratase de un recurso o instancia adicional, sin que en todo caso

se vislumbre que la autoridad accionada pudo haber actuado de

forma abiertamente arbitraria o desbordando los límites del principio

de la autonomía.

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Lo anterior significa que lo pretendido por la actora es que el juez de

tutela haga un nuevo examen integral de las pruebas arrimadas al

trámite arbitral y a las normas aplicables al asunto, con la finalidad

de que se corrija el análisis que hizo el TRIBUNAL DE

ARBITRAMENTO y se acoja la interpretación que propone, como si

el mecanismo de amparo fuera una instancia o recurso adicional a

los previstos.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala encuentra que la acción de

tutela de la referencia es improcedente por falta del requisito

general de relevancia constitucional, porque a través de esta la

actora pretende es cuestionar una decisión judicial como si este

mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional al laudo

arbitral.

Situación distinta es que la accionante no comparta la tesis allí

dispuesta al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la

decisión sea arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía

judicial de la que goza el juez de conocimiento, se decidió el asunto

sometido a su consideración.

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Aunado a lo anterior, no se advierte la existencia de algún perjuicio

irremediable en el asunto, esto es, un daño cierto o inminente que

amerite la intervención del juez constitucional en el caso concreto,

razón por la que la Sala declarará improcedente el amparo por

incumplir el requisito general de la relevancia constitucional, como

en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la CÁMARA DE

COMERCIO DE CARTAGENA DE INDIAS, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo por

no cumplir el requisito general de la relevancia constitucional, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

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TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de mayo de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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