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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01900-00

Fecha
28 de junio de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01900-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela de Héctor Hernández Botero contra la sentencia del 28 de febrero de 2024 de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01900-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

28 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01900-00

Solicitante: HÉCTOR HERNÁNDEZ BOTERO

Autoridad: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. DEFECTO
SUSTANTIVO-Por indebida interpretación, falta de aplicación o indebida aplicación de un precepto. DEFECTO
FÁCTICO-Por omisión, valoración errónea o ilegalidad de las pruebas. DEFÉCTO FÁCTICO-Debe incidir en el
sentido de la decisión. DEFECTO PROCEDIMENTAL-Por trasgresión absoluta del procedimiento o por exceso
ritual manifiesto. DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN-La ausencia de motivación configura una actuación arbitraria
del juez. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Carácter de cosa juzgada
constitucional del artículo 243 C Pol. RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS ABOGADOS-Garantía de la función
social del abogado. ACCIÓN DISCIPLINARIA CONTRA LOS ABOGADOS-Se ejerce por el Estado. COMISIÓN
NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL-Naturaleza de las decisiones del juez disciplinario. FALTA CONTRA LA
LEALTAD Y HONRADEZ CON LOS COLEGAS-Aceptar la gestión profesional a sabiendas de que le fue
encomendada a otro abogado. PAZ Y SALVO EN REVOCATORIA DEL PODER A ABOGADO-Compete al juez
disciplinario evaluar la justificación para prescindir de este requisito. TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL-Falta de configuración de los defectos alegados.

La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por el solicitante contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 17 de abril de 2024, Héctor Hernández Botero, a través de apoderado judicial,
formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de su derecho
fundamental al debido proceso, que alegó vulnerado por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial -en adelante CNDJ- al proferir la decisión del 28 de febrero de
2024, dentro del proceso disciplinario 1 iniciado por una queja que el abogado
Serafín Hernández Sánchez presentó en su contra.

1
Identificado con rad. n°.: 54001-11-02-000-2019-01248-01.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01900-00
Solicitante: Héctor Hernández Botero
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

En virtud del amparo, se pide dejar sin efectos la decisión reprochada y ordenar a
la autoridad accionada proferir una resolución de reemplazo que «aplique la causal
de justificación prevista en el artículo 36, numeral 2, de la Ley 1123 de 2007».

2. Hechos que sustentan la solicitud de tutela

Según la solicitud de tutela y los documentos que la soportan, la parte actora
fundamenta la petición de amparo en los hechos que se resumen, así:

El 6 de marzo de 2019, Héctor Hernández Botero –socio del departamento de litigios
de la firma Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria– fue contactado para ejercer
la representación de la sociedad Yilcoque S.A.S., filial de la matriz turca Yildirim
Group, dentro de un proceso civil de deslinde y amojonamiento.

El solicitante pidió el paz y salvo del poder otorgado por Yilcoque S.A.S. a su anterior
apoderado y advirtió que no podría desarrollar el encargo sin ese documento. Sin
embargo, Yilcoque S.A.S manifestó la imposibilidad de obtener el paz y salvo,
porque el abogado anterior cerró su oficina y no pudo ser contactado. Por lo anterior,
ante la inminencia de la audiencia de sustentación y fallo fijada para el 24 de abril
de 2019, el solicitante aceptó representar judicialmente la dicha sociedad. Bajo su
gestión, se acordó con la contraparte la suspensión del proceso, el cual finalizó
posteriormente por desistimiento de las pretensiones de la contraparte.

El abogado Serafín Hernández Sánchez –antiguo apoderado de Yilcoque S.A.S.–
formuló queja contra el solicitante por trasgredir los deberes de lealtad y honradez
en sus relaciones con los colegas, contenido en el artículo 28.11 de la Ley 1123 de
2007, así como la comisión del tipo disciplinario previsto en el artículo 36.2 siguiente.
En decisión del 27 de abril de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Norte de Santander y Arauca declaró que el solicitante incurrió en las faltas
imputadas y lo sancionó con suspensión en el ejercicio profesional durante tres
meses.

El solicitante formuló recurso de apelación contra esa providencia. El 28 de febrero
de 2024, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la decisión, al

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01900-00
Solicitante: Héctor Hernández Botero
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

considerar que el abogado Héctor Hernández Botero incurrió, de manera dolosa, en
la falta prevista en el artículo 36.22 de la Ley 1123 al desconocer el deber previsto
en el artículo 28.113 de la referida ley, esto es, faltar a la lealtad y honradez con su
colega. Sostuvo que el abogado Héctor Hernández Botero asumió la defensa de la
sociedad Yilcoque S.A.S en el proceso civil de deslinde y amojonamiento, Rad.
2015-0002, adelantado ante el Juzgado Promiscuo Municipal de San Cayetano
(Norte de Santander), sin que mediara renuncia del poder del quejoso, o paz y salvo
o autorización para que él ejerciera el mandato de la sociedad en ese proceso.

El magistrado de la CNDJ, doctor Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, salvó
parcialmente el voto. Estimó que aunque estaba de acuerdo con la decisión de
confirmar la responsabilidad disciplinaria por la falta prevista en el artículo 36.2 de
la Ley 1123 de 2007, no compartía la decisión de confirmar la sanción impuesta,
porque, a su juicio, no se acreditó en debida forma el criterio del perjuicio causado.
Sostuvo que, conforme al criterio de la Comisión, durante el proceso intelectivo de
determinación y graduación de la sanción se debe garantizar el principio de
proporcionalidad. Consideró que, a pesar de que la mayoría de la Sala encontró
acreditado el daño «sin mayor sustento», más allá de las consideraciones generales
en torno a la tipicidad de la conducta, a su juicio, eso no constituyó un verdadero
perjuicio en el patrimonio del quejoso, por ello, sostiene que la mayoría de la Sala
debió verificar si el correctivo empleado realmente atendía los criterios y principios
enunciados.

La parte actora pidió la aclaración y adición de la decisión del 28 de febrero de 2024.
Sostuvo que la providencia no es clara en cuanto a los siguientes aspectos: (i) la
graduación y dosificación de la sanción impuesta, (ii) las razones por las que negó
una petición de prueba de oficio para llamar en garantía a Nadia y Fernando
Hernández, (iii) las pruebas que acreditaron la inexistencia de acuerdo de
honorarios entre Yilcoque S.A.S. y el quejoso, y (iv) la valoración del auto del 18 de
septiembre de 2020, por el cual el juez de conocimiento del proceso civil advirtió un
posible conflicto de intereses del quejoso.

2
Artículo 36 Constituyen faltas a la lealtad y honradez con los colegas:
2. Aceptar la gestión profesional a sabiendas de que le fue encomendada a otro abogado, salvo que medie la
renuncia, paz y salvo o autorización del colega reemplazado, o que se justifique la sustitución
3
Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:
11. Proceder con lealtad y honradez en sus relaciones con los colegas

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01900-00
Solicitante: Héctor Hernández Botero
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Además, pidió que se adicionara la decisión en cuanto a los siguientes aspectos: (i)
las fuentes de derecho que motivan el deber de requerir al anterior apoderado para
que expida el paz y salvo; (ii) los fundamentos de derecho que establecen que la
revocatoria de un poder debe ser consultada al apoderado revocado, (iii) los
fundamentos legales que requieren, para efectos de revocar un poder, que el
antiguo abogado hubiere abandonado la gestión o ejercido una defensa
inadecuada, y (iv) las pruebas que permiten concluir que la conducta reprochada se
cometió en la modalidad dolosa.

La CNDJ rechazó las solicitudes de aclaración y adición por auto del 22 de abril de
20244. Esa autoridad explicó que los argumentos del solicitante no evidenciaron la
omisión de alguno de los aspectos aducidos en la apelación de la decisión de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial, sino que se encaminaron a cuestionar la
motivación y las conclusiones de la providencia del 28 de febrero de 2024. Advirtió
que tales propósitos son ajenos a los mecanismos de aclaración y de adición de
providencias. Agregó que la decisión de segunda instancia no desatendió el artículo
234 de la Ley 1952 de 2019 –Código General Disciplinario–, que ordena al superior
estudiar los reparos concretos formulados en la impugnación. También, indicó que
el ejercicio de la potestad oficiosa en materia probatoria es una facultad del juez
disciplinario, sin que su ejercicio sea mandatorio por solicitud de las partes.

3. Defectos que el solicitante alega respecto de la decisión reprochada

El abogado Hernández Botero sostiene que la autoridad accionada vulneró su
derecho fundamental al debido proceso, pues la providencia reprochada no se
motivó e incurrió en desconocimiento del precedente y en los defectos fáctico,
sustantivo y procedimental absoluto. Los reparos del solicitante se concretan en:

(i) Defecto sustantivo: Aduce que no tuvo en cuenta la causal de justificación
contenida en el artículo 36.2 de la Ley 1123 de 2007, que autoriza al abogado para
aceptar la gestión profesional previamente encomendada a otro colega, cuando «se
justifique la sustitución». Plantea que el eximente invocado se configuró, porque el

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Situación informada por el apoderado del solicitante en memorial del 7 de mayo de 2024, posterior a la
presentación de la solicitud de tutela.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01900-00
Solicitante: Héctor Hernández Botero
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

cliente había manifestado la imposibilidad de contactar al anterior apoderado y
existía una audiencia inminente programada con anterioridad. Reprocha que, «de
manera burlona», el fallo reprochado estimó que la mala representación judicial y la
«pérdida de confianza» en el anterior abogado se fundaron en la no muy autorizada
convicción de un «estudiante de derecho» y de un «representante legal extranjero
de una multinacional».

(ii) Desconocimiento del precedente: Afirma que la decisión desconoció la ratio
decidendi de la sentencia C-212 de 2007, que estudió la constitucionalidad del
artículo 56.2 del Decreto 196 de 1971, norma retomada por el artículo 36.2 de la
Ley 1123 de 2007. Esa sentencia de constitucionalidad, según la parte actora,
advirtió que la falta a la lealtad profesional se dirige a prevenir la competencia
desleal entre abogados, de modo que exige un elemento subjetivo en cuanto al
desconocimiento del postulado de lealtad profesional.

La sentencia C-212 de 2007 precisó que «en aquellos eventos en los cuales sea
preciso adoptar medidas urgentes en interés de los clientes la gestión puede
ser asumida, aún a sabiendas de haber sido conferida previamente a otro
profesional» (negrillas del texto original).

(iii) Defecto fáctico: El accionante afirma que la autoridad no valoró que la gestión
del anterior apoderado fue inadecuada y, según lo expresado por Yilcoque S.A.S. -
cliente-, «no actuó de forma responsable ni profesional». Ello se evidencia porque
en el informe de gestión del 30 de noviembre de 2018 reportó «óptimos resultados»
en el proceso civil de deslinde y amojonamiento e informó que este «ya se termina
y logramos obtener buenos resultados, con la presente allego copia de la
sentencia».

Sin embargo, aquel reporte: (i) omitió indicar que el proceso no había terminado,
porque estaba en trámite un recurso de queja presentado por la contraparte que le
fue favorable, por ello, se dio inicio al trámite del recurso de apelación ante el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Cúcuta, del cual el cliente se enteró por sus
propios medios y que había una audiencia en segunda instancia en la cual se
adoptaría una sentencia definitiva, y (ii) afirmó que se debía «desmembrar» el predio
objeto de litigio para entregar unos terrenos a los «señores Hernández» -

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01900-00
Solicitante: Héctor Hernández Botero
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

vendedores-, quienes en realidad habían contratado al quejoso e inclusive fueron
condenados al pago de sus honorarios como llamados en garantía en un proceso
ordinario laboral.

Lo anterior, sumado a otras circunstancias como la falta de comunicación, la
generación de conflictos con otros vecinos del predio y la conducta profesional del
quejoso, llevó a la «pérdida de confianza» y a la revocatoria justificada del poder
por parte del cliente. La decisión de la CNDJ desconoció esas circunstancias, al
punto de afirmar que el quejoso fue diligente en el desarrollo de su gestión y logró
un fallo que en nada perjudicó a la sociedad Yilcoque S.A.S.

(iv) Defecto fáctico: Sostiene que la sanción impuesta no contó con respaldo
probatorio para acreditar el supuesto dolo en la conducta y, por el contrario, omitió
las pruebas que acreditan la actuación de buena fe del sancionado. En efecto, la
decisión se limitó a afirmar que el actuar doloso se encontró probado por la ausencia
del paz y salvo o autorización del quejoso, de modo que impuso la sanción con base
en un régimen objetivo de responsabilidad, proscrito en materia sancionatoria. En
ese sentido, arguye que:

El dolo no puede constatarse a partir de hechos completamente ajenos a la voluntad
del investigado, como lo es la simple ausencia de paz y salvo. Se requiere una
constatación de una intención subjetiva de desplazar o remover al anterior
profesional, o como lo indica la jurisprudencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria,
de romper la relación profesional preexistente.

(v) Decisión sin motivación: Reprocha que la decisión impuso suspensión del
ejercicio profesional de tres meses, sin motivar el porqué se optó por esta sanción
y su duración. La solicitud aduce que, en la decisión de primera instancia,
«simplemente se consignaron generalidades sobre la necesidad y la
proporcionalidad, pero no se hizo la aplicación concreta de ninguno de estos
principios a los hechos». Agrega que la CNDJ «pretendió excusar esta absoluta falta
de motivación» y, para ello, indicó que la dosificación de la sanción no requiere «de
una larga prosa», sin ahondar en las razones por las cuales no se impuso otras
sanciones más leves como la censura o multa (artículos 40 a 42 de la Ley 1123 de
2007); tampoco se justificó la suspensión de tres meses y no por lapso menor
(artículo 43 de la Ley 1123 de 2007).

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01900-00
Solicitante: Héctor Hernández Botero
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Cuestiona que, de haber dado aplicación a los criterios de graduación de la sanción
contenidos en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, la CNDJ habría tenido en
cuenta: (i) la falta de trascendencia social de la conducta, que por demás permitió a
un cliente sin representación judicial acceder a la justicia; (ii) las modalidades y
circunstancias del caso, porque el solicitante sólo actuó por la urgencia de la
actuación y la imposibilidad de obtener el paz y salvo; (iii) la inexistencia de algún
perjuicio al quejoso, porque aquel no había reclamado sus honorarios a Yilcoque y
no acreditó alguna afectación a su patrimonio, y (iv) la falta de dolo, motivación
espuria o de intención de desplazar al quejoso, en cuanto a los motivos
determinantes del comportamiento.

(vi) Desconocimiento del precedente de la CNDJ: Plantea que la autoridad
desconoció otras decisiones proferidas por la extinta Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura –en adelante CSJD– y por la
misma CNDJ. Aduce el desconocimiento de varias decisiones que delimitan las
situaciones «justificativas» para la revocatoria del poder a un abogado, así:

La Comisión ha aceptado que se justifica la sustitución cuando se acredita, por
ejemplo un “intento por obtener el respectivo paz y salvo o la autorización” 5 .
Igualmente, se ha contemplado como justificación, la “conducta indiligente” del
anterior abogado6. Sobre este supuesto, la Comisión expresamente ha indicado que
“es posible actuar sin el paz y salvo cuando exista una causa justificante” 7. En
sentencia del 14 de septiembre de 2022 (radicado 54001110200020190006401),
se absolvió a un abogado que asumió directamente su propia defensa, aún a pesar
de haber contratado antes a una abogada debido a que “el investigado tenía una
razón de peso para prescindir de los servicios profesionales de la abogada, al existir
divergencias sobre los dineros que no entregó […]”8. Igualmente, en sentencia del
19 de julio de 2023 (radicado 110011102000201807421 01), la Comisión aceptó la
posibilidad de actuar sin paz y salvo cuando existe “justificación de la sustitución
por comportamiento ilícito del abogado encargado o riesgos de perjuicio para los
intereses que representa” 9.

Por otra parte, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la

5
CNDJ, sentencia del 12 de abril de 2023, Rad. 11001110200020200051401 (sancionó a abogada,
considerando, que “pese a que los testigos […] afirmaron que el jurista […] retuvo distintos oficios hasta tanto
no se cancelaran los honorarios […] esto no justifica el incumplimiento de deberes por parte de la disciplinada,
máxime cuando no se acreditó ningún intento por obtener el respectivo paz y salvo o la autorización del
referido […]”).
6
CNDJ, Rad. 230011102000 2018 00287 01 (sancionó a abogado, debido a que “aceptó el encargo a sabiendas
de que le fue encomendada a otro abogado, sin que se hubiese presentado alguna situación que pudiese
justificar dicho comportamiento. Pues en este caso, como se observó al inicio de este acápite, no se evidencia
una conducta indiligente por parte del abogado […] que mereciese la sustitución del poder o el
desplazamiento del mismo […]”).
7
CNDJ, Rad. 11001110200020200008401.
8
CNDJ, sentencia del 14 de septiembre de 2022, Rad. 54001110200020190006401.
9
CNDJ, sentencia del 19 de julio de 2023, Rad. 110011102000201807421 01.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01900-00
Solicitante: Héctor Hernández Botero
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Judicatura, en sentencia del 2 de julio de 2020 (Rad. 250001102000201600459-
01), señaló que la infracción del artículo 36, numeral 2, no se aplica de manera
objetiva, ya que tal interpretación “traza un precedente de desprotección hacía
(sic) los clientes de los abogados quienes no obstante no querer continuar con
los servicios de un profesional del derecho en todos los casos deberán obtener
el paz y salvo del apoderado, así éste sea indiligente o no conteste a sus
llamadas. Esta Jurisdicción no puede caer en esa hermenéutica eminentemente
formalista, pues es claro que el artículo 228 de la Carta propende por la
realización de una verdadera justicia material sobre la formal” 10 . En el caso
concreto, absolvió a un abogado que aceptó un poder sin paz y salvo, debido a
que este no se pudo obtener “por la negativa a contestar las llamadas
telefónicas” de parte del anterior abogado11.

Afirmó que la decisión reprochada se apartó injustificadamente de los anteriores
criterios, pues le impuso sanción disciplinaria aun cuando (i) el anterior abogado
incurrió en conducta «indulgente», (ii) existían razones de peso para cambiar de
abogado, (iii) el solicitante pidió expresamente el paz y salvo y esperó casi dos
meses para que el cliente lo obtuviera, (iv) el solicitante sólo actuó ante la
imposibilidad de obtener el paz y salvo y la necesidad de adoptar medidas urgentes
en interés de los clientes, y (v) el solicitante no obró con ánimo de desplazar o
remover al anterior abogado, ni de romper la relación profesional preexistente,
porque el cliente había terminado dicha relación antes de establecer el primer
contacto.

También plantea el desconocimiento de estas decisiones que, ante la misma
trasgresión, impusieron sanción de censura: (i) CNDJ, sentencia del 22 de febrero
de 2023, rad. 66001-11-02-000-2019-00024-02; (ii) CNDJ, sentencia del 10 de
agosto de 2023, Rad. 08001-11-02-000-2019-00893-01, y (iii) CSJD, sentencia del
18 de junio de 2020, Rad. 54001-11-02-000-2015-00547-01.

(vii) Defecto procedimental: Por último, cuestiona que la autoridad obró
absolutamente por fuera del procedimiento previsto en la Ley 1123 de 2007 y el
CGP, ya que remitió al Registro Nacional de Abogados la decisión firmada
únicamente por la magistrada ponente y cuando aún estaba pendiente de resolver
la solicitud de adición y aclaración. La falta de firma de los demás magistrados de
la CNDJ y de su secretario omite el mandato de los artículos 105 y 279 del CGP,
irregularidad que no se subsanó en los términos del artículo 288 CGP.

10
CSJD, sentencia del 2 de julio de 2020, Rad. 250001102000201600459-01.
11
Ibíd.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01900-00
Solicitante: Héctor Hernández Botero
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Con fundamento en esas circunstancias, afirma que la decisión se cumplió sin que
estuviera ejecutoriada. Sumado a ello, advierte que la providencia no refirió a algún
salvamento de voto, pero posteriormente se comunicó el salvamento parcial de voto
del magistrado Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo.

Refiere que, en la sentencia de tutela del 18 de septiembre de 2023, rad. 11001-03-
15-000-2023-01644-01 el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A
amparó los derechos fundamentales de una abogada sancionada por la CNDJ.
Indicó que la ejecutoria de la decisión sancionatoria no se rige únicamente por el
artículo 205 de la Ley 734 de 2002 –es decir, al momento de la suscripción de la
decisión–, sino que debe atender a los principios rectores referidos en el artículo 16
de la Ley 1123 de 2007. En ese sentido, conforme a lo establecido por la Corte
Constitucional en sentencia C-1076 de 2002, las decisiones de segunda instancia
no quedarían ejecutoriadas con su suscripción, sino con su notificación. Además,
una decisión judicial no puede estar en firme sin que la conozcan quienes tienen
interés directo en ella y sin haber tenido oportunidad de solicitar su aclaración o
complementación.

4. Trámite procesal

El 2 de mayo de 2024 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación a
la autoridad accionada, así como al abogado Serafín Hernández Sánchez -quejoso-
, en calidad de tercero con interés.

En el escrito de contestación, la CNDJ, al oponerse al amparo, advirtió que la
tutela contra providencias judiciales es de carácter excepcional, pues median
instituciones jurídicas como la seguridad jurídica, la independencia y autonomía del
juez disciplinario y el debido proceso. En esa medida, esgrimió que la solicitud no
satisface el requisito general de relevancia constitucional, pues el actor pretende
que, por la vía del amparo, se haga un juicio de «corrección» a la decisión
sancionatoria, para reabrir el debate legal y probatorio propio del juicio disciplinario.

Planteó que la revocatoria del mandato judicial únicamente se motivó en la
divergencia sobre el pago de honorarios del quejoso, pero no por su actuación

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01900-00
Solicitante: Héctor Hernández Botero
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«indiligente», desleal o contraria a los intereses del mandante, de modo que la
sustitución del quejoso por el abogado sancionado no estuvo justificada.

En cuanto a los defectos específicos alegados por el solicitante, manifestó que las
decisiones sancionatorias de ambas instancias valoraron el informe rendido por
Serafín Hernández Sánchez a Yicolque S.A.S., pero no como una «prueba reina»
que hubiese cambiado el curso de la decisión, en la medida en que ese documento
no acredita alguna conducta desleal con sus mandantes. Afirma que el
cuestionamiento de la solicitud de amparo trasgrede la competencia privativa de
valoración probatoria a cargo del juez disciplinario y reabre un debate –agotado–
sobre la justificación de la revocatoria del mandato judicial del quejoso.

En relación con la valoración probatoria expuesta en la decisión, destacó que
conforme a las pruebas se acreditó que (i) el apoderado revocado fue diligente en
el desarrollo de su gestión a lo largo de casi tres años y no defendió intereses
contrapuestos con alguna otra relación profesional, (ii) se revocó el poder sin que el
cliente hubiera discutido tal situación con el quejoso, (iii) el cliente conoció de la
labor desplegada por el quejoso, pero no estimó estar llamado al pago de los
honorarios y opinó que la gestión profesional no garantizaba sus intereses, y (iv) el
sancionado actuó sin que mediara la revocatoria del poder anterior.

En esa medida, contrario a lo afirmado en la solicitud, la decisión controvertida
encontró suficiente respaldo probatorio, al advertir la falta de justificación para
sustituir al quejoso y el actuar doloso del solicitante, ya que sabía de la
representación previamente adelantada por su colega y, a pesar de ello, decidió
asumir la representación judicial encomendada.

Expuso que la sanción se impuso de manera proporcional con la falta, pues se
acreditó el perjuicio sufrido por el quejoso, que tuvo que recurrir a la jurisdicción
ordinaria laboral para hacer efectivo el pago de sus honorarios.

Adujo que, conforme a las razones expuestas, no se acreditó alguno de los
supuestos en los que el artículo 36.2 de la Ley 1123 de 2007 autoriza la revocatoria
de un abogado sin paz y salvo, de modo que la decisión no incurrió en defecto

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Solicitante: Héctor Hernández Botero
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sustantivo por desconocimiento de esa norma.

En cuanto a la sentencia C-212 de 2007, cuya ratio decidendi se alegó desconocida
en la tutela, dicha decisión estableció que corresponde al órgano de control
disciplinario valorar las razones que justifiquen la sustitución en cada caso concreto
y, por demás, quien asume la gestión judicial debe cerciorarse si algún colega había
sido encargado previamente y poner la sustitución en conocimiento del antecesor.

En cuanto al supuesto precedente horizontal, afirmó que la dosimetría de la sanción
debe ponderarse conforme a cada caso y que la ley disciplinaria no correlaciona la
comisión de la falta del artículo 36.2 de la Ley 1123 de 2007 «única y
exclusivamente» con la sanción de amonestación. Resaltó que, en derecho
sancionatorio, cada asunto debe revisarse en atención a sus particularidades y la
imposición de cada sanción comporta un juicio único y exclusivo que no debe
constituir un antecedente vinculante para la autoridad disciplinaria.

En ese sentido, resaltó que en las siguientes decisiones se impuso sanción de
suspensión por dos meses: sentencia del 1° de febrero de 2023, rad. 76001-11-02-
000-2020-00787-01; sentencia del 20 de septiembre de 2023, rad. 25000-11-02-
000-2019-00087-01, y sentencia del 14 de febrero de 2024, rad. 13001-11-02-000-
2019-00781-01. Destacó que, inclusive, en sentencia del 29 de noviembre de 2023
rad. 13001-11-02-000-2019-00786-01 se impuso sanción de suspensión por el
término de seis meses. Advirtió que la sanción impuesta al solicitante podría haber
sido aún más severa, pues la decisión de primera instancia aplicó un atenuante por
falta de antecedentes disciplinarios que no debió tenerse en cuenta, porque no
comporta una causal de disminución punitiva, sino un condicionante para no
imponer la exclusión del ejercicio profesional.

Sostuvo que no se configura un defecto procedimental absoluto por las razones
planteadas en la solicitud, toda vez que la notificación de la sentencia con la firma
de la magistrada ponente es un procedimiento autorizado en el reglamento de la
CNDJ, que conforme al artículo 56 de la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia (LEAJ), puede determinar la forma como serán expedidas
y firmadas las providencias. Refirió que, como juez de tutela, el Consejo de Estado

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01900-00
Solicitante: Héctor Hernández Botero
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

confirmó la procedencia de dicha práctica en las siguientes decisiones: sentencia
del 27 de enero de 2022, rad. 11001-03-15-000-2021-11147-00, y sentencia del 2
de febrero de 2023, rad. 11001-03-15-000-2022-05857-00.

Asimismo, los literales v) y w) del artículo 26 del Reglamento de la CNDJ permite al
secretario judicial expedir las certificaciones que correspondan conforme a la ley,
así como certificar la existencia de procesos, el estado de estos y la ejecutoria de
providencias judiciales, de modo que estaba autorizado para comunicar al
solicitante la sentencia del 28 de febrero de 2024.

En cuanto a la ejecutoria de las decisiones disciplinarias, refirió al artículo 8 de la
Ley 2213 de 2022 sobre notificaciones personales y al artículo 138 del Código
General Disciplinario, que dispone que las decisiones que decidan los recursos de
apelación y queja quedan en firme desde el día de su notificación, y al artículo 140
siguiente, según el cual el auto que desestime la corrección, aclaración o adición no
afecta la ejecutoria del fallo.

En esa medida, se entiende que el 15 de marzo de 2024 se remitió el fallo al
solicitante, de modo que quedó notificado de la decisión dos días después, es decir,
el 20 de marzo siguiente. Como en esa fecha quedó en firme la decisión judicial, sin
perjuicio de la solicitud de aclaración y adición, el 20 de marzo de 2024 se solicitó
al director del Registro Nacional de Abogados inscribir la sanción de suspensión por
tres meses ahí impuesta. Por demás, la solicitud de aclaración y adición no afectó
la ejecutoria de la decisión, pues fue rechazada en auto del 22 de abril de 2024,
cuya sustanciación correspondía al ponente.

Con base en las razones expuestas, la CNDJ pidió que se declare improcedente la
solicitud de tutela, por falta de relevancia constitucional, o subsidiariamente se
niegue el amparo por falta de configuración de los defectos específicos invocados
en la solicitud. Aportó enlace digital al expediente ordinario.

Serafín Hernández Sánchez, tercero con interés, guardó silencio.

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CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la decisión
del 28 de febrero de 2024, proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
que declaró al solicitante disciplinariamente responsable y le impuso sanción de
suspensión en el ejercicio profesional por tres meses.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Nacional y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo n°. 80 del 12 de
marzo de 2020 de la Sala Plena de la Corporación y el Decreto 333 de 2021.

6.1. Naturaleza de las decisiones disciplinarias de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial

La Constitución Política de 1991 determinó la creación de una jurisdicción para
conocer y sancionar las faltas disciplinarias cometidas por los funcionarios judiciales
y los abogados en ejercicio de su profesión (artículos originales 254 a 257,
reemplazados por el artículo 257A C. Pol, «adicionado» por el artículo 19 del Acto
Legislativo 2 de 2015)12. En la cabeza de esa jurisdicción se encuentra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial –antes Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura–. Esta autoridad tiene como rasgo esencial y definitorio
ser un «órgano imparcial e independiente, al cual se encomendó por la Constitución
la misión de administrar justicia en materia disciplinaria, en el interior de la Rama
Judicial y, por fuera de ella, en relación con los abogados»13, no obstante, para estos
últimos se condicionó la permanencia de esta competencia a que ley la difiera a un
Colegio de Abogados la condición de órgano disciplinario, situación que aún no se
ha concretado. Junto con la Comisión Nacional cumplen la función disciplinaria las

12
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-285 de 2016 [fundamento jurídico 9].
13
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-417 de 1993 [fundamento jurídico 4].

14
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Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial. El artículo constitucional en cita
dispone que la ley establecerá las instancias en las que tanto la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial como las Comisiones Seccionales conocerán de los procesos
disciplinarios.

La existencia de una jurisdicción disciplinaria especializada, como lo enseña la
doctrina constitucional, obedece al propósito del Constituyente de fortalecer la
autonomía e independencia de los jueces, mediante el establecimiento de un órgano
igualmente independiente y autónomo que juzgue su conducta en lo disciplinario,
sin renunciar a la necesaria existencia de controles al ejercicio de la función de
administrar justicia14.

Es necesario advertir que el «modelo original» que traía la Constitución Política de
1991, en relación con la jurisdicción disciplinaria, se modificó por el Acto Legislativo
2 de 2015 que sustituyó la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. El nuevo
órgano disciplinario conservó las funciones en materia disciplinaria, no obstante, se
le retiró las competencias referidas al conocimiento de acciones de tutela y la
decisión de conflictos de competencia entre jurisdicciones, atribución que ahora
corresponde a la Corte Constitucional (artículo 241.11 C. Pol, adicionado por el
artículo 14 Acto Legislativo 2 de 2015 y artículo 257A C. Pol). A su vez, las Salas
Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura
desaparecieron y, en su lugar, se crearon las Comisiones Seccionales de Disciplina
Judicial.

Al desarrollar la Constitución, el artículo 111 LEAJ prevé que mediante el ejercicio
de la función jurisdiccional disciplinaria se resuelven los procesos que por infracción
al régimen disciplinario se adelanten contra los funcionarios de la Rama Judicial,
salvo sobre aquellos que gocen de fuero especial según la Constitución Política.
También, los procesos de la misma naturaleza que se sigan contra los abogados y
aquellas personas que ejerzan función jurisdiccional de manera transitoria u
ocasional. Esta norma armonizada con el artículo 257A constitucional debe
entenderse en el sentido que la jurisdicción la integran la Comisión Nacional de

14
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-879 de 2003 [fundamento jurídico 4].

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Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial15.

La norma estatutaria dispone que las providencias que en disciplinaria se dicten en
relación con funcionarios judiciales y los otros sujetos de la jurisdicción disciplinaria
–abogados en ejercicio de su profesión y particulares en ejercicio transitorio de
jurisdicción– son actos jurisdiccionales y, por tanto, no son susceptibles de acción
contencioso administrativa. De ahí que toda decisión disciplinaria de mérito, contra
la cual no proceda recurso alguno, adquiere la fuerza de cosa juzgada. La Corte
Constitucional, en sentencia C-037 de 1996, estudió la constitucionalidad de esta
disposición y la declaró ajustada al mandato superior16.

No obstante, en esa decisión de constitucionalidad y en otras que la reiteran, la
Corte Constitucional precisó que, tal como ocurre con todas las sentencias, las
decisiones de la jurisdicción disciplinaria pueden ser objeto de la acción de tutela,
siempre y cuando incurran en una «vía de hecho». De modo que, sobre la
naturaleza de las decisiones de la jurisdicción disciplinaria, la doctrina de la Corte
Constitucional ha sido consistente en señalar que aquellas tienen naturaleza
jurisdiccional, por tanto, gozan de los mismos atributos que se predican de las
decisiones de otros jueces –inclusive la cosa juzgada– y no son susceptibles de ser
infirmadas por otras autoridades judiciales, salvo en las precisas circunstancias de
procedencia de la acción de tutela17.

Con esa perspectiva, al conciliar la procedencia de la acción de tutela contra las
decisiones de la jurisdicción disciplinaria con la teoría de las causales genéricas y
especiales de procedibilidad, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación,
precisó que, para abordar el estudio del amparo frente a las providencias del órgano
de cierre en materia jurisdiccional disciplinaria, debía seguirse la misma
metodología estatuida en la sentencia C-590 de 200518.

Ahora bien, cuando las controversias disciplinarias tratan sobre la conducta de los

15
El Proyecto de Ley 295 de 2020 de la Cámara de Representantes y 475 de 2020 del Senado contienen las
modificaciones a la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia. Aunque este proyecto de ley ya
tiene fallo de constitucionalidad, sentencia C-134 de 2023, aún la ley no se ha promulgado.
16
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996 [fundamento jurídico artículo 111].
17
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-248 de 1999 [fundamento jurídico 4] y sentencia C-879 de 2003
[fundamento jurídico 4].
18
Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-396 de 2017 [fundamentos jurídicos 1.2 a 1.9 y 1.25].

16
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abogados en el ejercicio de su profesión, el régimen sustantivo está contenido en la
Ley 1123 de 2007, por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado.
Tanto en estos juicios, como en los que se siguen contra los funcionarios judiciales
la actividad disciplinaria se enmarcan dentro del «ejercicio de la potestad punitiva
del Estado», de ahí que la jurisprudencia constitucional ha precisado que el
señalamiento de los comportamientos reprochables disciplinariamente, así como las
sanciones, los criterios para su fijación y los procedimientos para adelantar su
imposición, corresponden a una materia que compete desarrollar de manera
exclusiva a la ley, y a disposiciones con fuerza de ley19.

6.2. La procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental20. De conformidad
con su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia
constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio
irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una
irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la
solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción
de tutela21.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

19
Corte Constitucional, entre otras, sentencia C-948 de 2002 [fundamento jurídico 4.2.1].
20
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
21
Ibidem.

17
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6.2.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra
providencia judicial

La Sala observa que en el presente caso se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, según el criterio fijado
por la Corte Constitucional, así:

(i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
La Sala estima que el asunto satisface el requisito de relevancia constitucional, pues
los argumentos esgrimidos en la solicitud giran en torno a la vulneración del derecho
al debido proceso del solicitante, con impacto directo en el derecho al trabajo,
porque la decisión sancionatoria impuso una sanción de suspensión de 3 meses en
el ejercicio de la profesión. El derecho al debido proceso por su carácter
constitucional fundamental, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
permite la procedencia excepcional del amparo contra decisiones judiciales y
habilita el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional22.

Asimismo, esta controversia también plantea otra discusión de orden constitucional,
porque se alega que la decisión cuestionada restringe injustificadamente el derecho
de defensa de un poderdante que, afectado por la indebida gestión de un apoderado
al que se revoca el poder y no entrega el paz y salvo, requiere la representación
judicial de otro profesional del derecho.

(ii) Que se hayan agotado todos los medios judiciales -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
advierta la ocurrencia de un perjuicio iusfundamental irremediable. Se advierte que
la sentencia del 28 de febrero de 2024, dictada por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, es una decisión de segunda instancia contra la cual no procede
recurso alguno.

(iii) Que se cumpla el requisito de inmediatez. La acción de tutela se promovió
en un término razonable y proporcional al de la ocurrencia del hecho que
presuntamente originó la vulneración, pues la sentencia reprochada en tutela se

22
Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU215 de 2022 [fundamento jurídico 6].

18
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dictó el 28 de febrero de 2024 y la solicitud de tutela se presentó el 17 de abril de
2024. En consecuencia, no transcurrieron más de 6 meses, término razonable para
el uso de este mecanismo conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

(iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y
que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. El solicitante alega que
en el caso bajo estudio se presenta una irregularidad procesal específica, ya que se
registró la sanción a pesar de que la providencia no había resuelto una solicitud de
aclaración y adición de la providencia. Dicha irregularidad incide de manera directa
en la alegada vulneración del derecho al debido proceso del solicitante, de modo
que este requisito se satisface.

(v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Para el
caso concreto, el accionante identificó las razones puntuales por las que estima
vulneradas garantías de orden constitucional con ocasión de la sentencia proferida
por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En este sentido, se logró identificar
con claridad los hechos que generaron la presunta violación planteada por vía de
tutela y los derechos vulnerados.

(vi) Que no se trate de una sentencia de tutela. Los hechos expuestos en la tutela
no se refieren a una solicitud de amparo contra una sentencia de tutela, sino contra
una sentencia proferida dentro del trámite de un proceso disciplinario que se inició
en contra del accionante.

Al encontrarse acreditado el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala estudiará
las causales específicas de procedibilidad de tutela que se endilgan a la sentencia
controvertida, es decir, los defectos fáctico, sustantivo, procedimental, decisión sin
motivación y desconocimiento del precedente.

6.2.2. Análisis de las causales específicas de procedencia de la acción de

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tutela contra providencias judiciales invocadas por el solicitante

(i) Defecto sustantivo

El defecto sustantivo se configura por el yerro de una providencia originado en la
indebida interpretación, falta de aplicación o la indebida aplicación de un precepto
al resolverse una controversia23. Así una providencia judicial incurre en ese defecto:
i) cuando se sustenta en una norma que no está vigente o no es aplicable al asunto;
ii) cuando la interpretación o aplicación de la norma es manifiestamente errada; iii)
cuando desconoce la norma aplicable al asunto.

Desde luego, como la acción de tutela contra providencias judiciales tiene carácter
excepcional, el defecto sustantivo solo procede por una protuberante equivocación
del juez natural en la aplicación o interpretación de un precepto, pues, como está
revestido de la independencia que gobierna la actividad judicial, otros jueces -como
el de tutela- no pueden invadir su competencia en cuanto a la identificación e
interpretación de la norma de derecho aplicable a una controversia24.

La Corte Constitucional ha señalado que, conforme a los principios de autonomía e
independencia judicial, el juez natural del asunto tiene un amplio margen para la
interpretación y aplicación del derecho, por ello, la mera inconformidad con el
análisis que efectúe la autoridad judicial no habilita la intervención del juez
constitucional25.

En virtud de lo anterior, señaló:

En consecuencia, ante la invocación de un defecto sustantivo, “el camino a seguir
por el juez de tutela […] es estrecho”, ya que él no es el llamado a señalar “la
interpretación correcta o conveniente en un caso específico por encima del juez
natural” 26 . De ahí que el juez constitucional deba comprobar la incidencia o
trascendencia del error en la decisión27 y solo pueda intervenir en aquellos casos
en que la interpretación objeto de censura sea irrazonable, desproporcionada,
arbitraria, caprichosa y contraria a la efectividad de los derechos fundamentales.28

23
Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-949 de 2014 [fundamento jurídico 5.1.1].
24
Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-400 de 2012 [fundamento jurídico 6.1].
25
Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-060 de 2021 [fundamento jurídico 47].
26
Sentencia SU-949 de 2014. Al respecto, también se puede consultar la Sentencia SU-149 de 2021.
27
Sentencia SU-245 de 2021.
28
Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-138 de 2024 [fundamento jurídico 208].

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(ii) Defecto fáctico

Según la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, la valoración de las
pruebas corresponde al juez natural del asunto, en ejercicio de los principios de
autonomía e independencia judicial y en su condición de director del proceso, bajo
los principios de inmediación y apreciación racional de la prueba. No obstante, para
el ejercicio de esas facultades el juez está sujeto a la Constitución y a la ley. En esa
medida, las facultades se deben ejercer conforme a criterios objetivos, racionales y
rigurosos, según las reglas de la sana crítica, los postulados de la lógica, la ciencia
y de la experiencia29.

El defecto fáctico se configura cuando: (i) se omite el decreto o la práctica de
pruebas determinantes; (ii) las pruebas se practicaron, pero no se valoraron o se
valoraron de manera inadecuada y (iii) los medios probatorios adoptados para tomar
la decisión son ilegales o se allegaron al proceso con manifiesta contradicción de
las formalidades30. De modo que este defecto se presenta por omisiones del juez
en relación con las pruebas, por un indebido proceder al incorporarlas al proceso o
por una errónea apreciación31.

La configuración del defecto fáctico requiere que el funcionario judicial haya
adoptado una decisión sin respaldo probatorio o que la prueba omitida o valorada
indebidamente sea determinante en el caso, es decir, que tenga el alcance de
modificar el sentido de la providencia acusada. Para acceder al amparo, el error en
que se haya incurrido debe ser manifiesto y evidente. Además, el juez de tutela debe
encontrar acreditada dicha relevancia de la prueba omitida, tergiversada o incluida
de manera ilegal32.

En este orden de ideas, el juez natural es autónomo y sus actuaciones se presumen
de buena fe, de modo que puede valorar los elementos y decidir por el que le resulte
convincente. En ese sentido, incumbe a los solicitantes argumentar y demostrar las
irregularidades alegadas en materia probatoria. Así las cosas, la Corte

29
Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-214 de 2022 [fundamento jurídico 132].
30
Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-259 del 6 de agosto de 2021 [fundamento jurídico 27].
31
Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-214 del 16 de junio de 2022 [fundamentos jurídicos 134 y 135].
32
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-261 del 8 de mayo de 2013 [fundamento jurídico 4.2].

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Constitucional ha señalado que «la intervención del juez constitucional al momento
de evaluar la posible configuración de un defecto fáctico «es limitada en virtud de
los principios de autonomía judicial, juez natural e inmediación», y en atención a
que la acción de tutela no tiene la vocación de convertirse en una nueva instancia,
razón por la cual, no se puede adelantar un nuevo examen del material probatorio»33

(iii) Defecto procedimental

Este defecto tiene dos variantes: el defecto procedimental absoluto y el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto. Ambos eventos exigen la concurrencia
de los siguientes elementos:

(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de
acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela;

(ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de
ser vulneratorio de los derechos fundamentales;

(iii) que la irregularidad haya sido alegada en el interior del proceso ordinario, salvo
que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso
específico; y

(iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los
derechos fundamentales34.

El defecto procedimental absoluto ocurre cuando el juez de instancia actúa
completamente al margen del procedimiento constituido o de las formas propias de
cada juicio, porque la autoridad judicial accionada siguió un trámite totalmente ajeno
al asunto o pretermitió etapas sustanciales del procedimiento en detrimento del
derecho de defensa y contradicción de alguna de las partes35. En esa medida, la
jurisprudencia constitucional ha establecido algunos escenarios en los que se
configura este defecto:

(…) (i) cuando el funcionario judicial actúa por fuera de los postulados procesales
aplicables al caso y, desconoce de manera evidente los supuestos legales,
teniendo como consecuencia una decisión arbitraria lesiva de derechos
fundamentales; (ii) cuando el funcionario judicial prefiere la aplicación irreflexiva
y excesiva de las formalidades procesales sobre la eficacia del derecho
sustancial y, en consecuencia, sus actuaciones devienen en una denegación
arbitraria de justicia; (iii) cuando el funcionario judicial pretermite etapas o fases
sustanciales del procedimiento establecido, en detrimento del derecho de

33
Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-214 del 16 de junio de 2022 [fundamentos jurídicos 136 y 137].
34
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-264 de 2009 [fundamento jurídico 3.1.2].
35
Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-016 de 2024 [fundamento jurídico 106].

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defensa y contradicción de una de las partes del proceso; (iv) cuando en el
proceso se presenta una demora injustificada que impide la adopción de la
decisión judicial definitiva; y (v) cuando la vulneración proviene del
desconocimiento de “los derechos fundamentales al debido proceso, al derecho
de defensa y de contradicción, y por desconocimiento del principio de legalidad36.

El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se configura cuando la
autoridad judicial «utiliza o concibe» la ley procesal, bajo una «irreflexiva obediencia
procesal» como un obstáculo para dar eficacia al derecho sustancial37.

(iv) Decisión sin motivación

La Corte Constitucional ha precisado que el defecto por decisión sin motivación
implica el incumplimiento de la autoridad judicial de exponer los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones, pues dicha argumentación soporta la
legitimidad de su órbita funcional38. Además, la motivación y sustentación de las
decisiones limitan la arbitrariedad del juzgador, porque permiten verificar su sujeción
al ordenamiento jurídico (artículo 230 de la Constitución) y brindan una base objetiva
que permite plantear y decidir los recursos que las partes interpongan39.

Se ha precisado que este defecto no procede «por la mera circunstancia de no
compartir la argumentación del juez, o por señalar en ella un defecto menor», sino
que requiere acreditar una argumentación decididamente defectuosa, abiertamente
insuficiente o inexistente, de modo que la providencia judicial se limite a un mero
acto de voluntad caprichoso y arbitrario del juez40.

(v) Desconocimiento del precedente constitucional

Este defecto autónomo se configura exclusivamente por el desconocimiento de los
precedentes fijados por la Corte Constitucional en cuanto al alcance de un derecho
fundamental o la interpretación constitucionalmente admisible de un precepto. La
jurisprudencia constitucional ha previsto que se materializa cuando:

36
Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-335 de 2023 [fundamento jurídico 113].
37
Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-081 de 2024 [fundamentos jurídicos 125 y 126].
38
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
39
Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-770 de 2014 [fundamento jurídico 5.2.6].
40
Ibídem.

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(i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por
sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de
sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un
precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto
superior (…)

La fuerza vinculante de dichas decisiones encuentra respaldo en el artículo 241 de
la Constitución, que defiere a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y
supremacía de la norma fundamental. En desarrollo de esa disposición, se ha
establecido que las decisiones de la Corte Constitucional son obligatorias tanto en
su parte resolutiva como en su ratio decidendi41.

Agotada la revisión de los defectos alegados en la solicitud de tutela, la Sala
abordará el marco normativo necesario para decidir el asunto. En ese orden de
ideas, se expondrán nociones atinentes al régimen disciplinario de los abogados y
a la falta disciplinaria contenida en el artículo 36.2 de la Ley 1123 de 2007.

6.3 Naturaleza y marco normativo de la acción disciplinaria contra los
abogados

El Decreto 196 de 1971 establece el estatuto del ejercicio de la abogacía, según el
cual «tiene como función social la de colaborar con las autoridades en la
conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de
una recta y cumplida administración de justicia». Por su parte, la Ley 1123 de 2007,
Código Disciplinario del Abogado, regula los principios rectores de la actuación
disciplinaria, los deberes e incompatibilidades, las faltas, las sanciones y el
procedimiento disciplinario aplicable a los abogados en ejercicio de su profesión,
derogando en lo pertinente las disposiciones del Decreto 196 de 1971 sobre esas
precisas materias.

Según el artículo 256.3 de la Constitución Política, el Consejo Superior de la
Judicatura y los Consejos Seccionales de la Judicatura eran competentes para
examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial,
así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión. En concordancia, el
artículo 2 de la Ley 1123 de 2007 señaló que corresponde al Estado, a través de las

41
Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-168 de 1999 [fundamento jurídico 4].

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Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los
Consejos Seccionales de la Judicatura, conocer de los procesos que por la comisión
de alguna de las faltas previstas en la ley se adelanten contra los abogados en
ejercicio de su profesión.

Sin embargo, los artículos 17 y 19 del Acto Legislativo 02 de 2015 -conforme a la
exequibilidad parcial declarada en sentencia C-285 de 2016- derogaron el numeral
3 del artículo 256 de la Constitución, adicionaron el artículo 257A de la Constitución,
suprimieron las autoridades mencionadas y crearon, en su reemplazo, la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina
Judicial 42 . Así, dichas autoridades ejercen la función jurisdiccional disciplinaria
respecto de los abogados, en tanto la ley no atribuya esa función a un Colegio de
Abogados.

Al estudiar la constitucionalidad del Decreto 196 de 1971, que en aquel entonces
fungía también como código disciplinario, la Corte Suprema de Justicia destacó la
función social de la abogacía en tanto esta se dedica al ejercicio profesional del
derecho, que impone reglas de conducta a los hombres que viven en sociedad,
planteando que el cumplimiento de las normas generales de la ética en la abogacía
es necesario para mantener la interdependencia o solidaridad social. Por ello, el
incumplimiento de los deberes sociales y profesionales del abogado amerita una
sanción43.

6.4 Falta por aceptar la gestión previamente encomendada a otro abogado

El artículo 28.11 de la Ley 1123 de 2007 establece como deber del abogado
proceder con lealtad y honradez en sus relaciones con los colegas. En desarrollo
de ese precepto, el artículo 36 siguiente regula las faltas a la lealtad y honradez con
los colegas y el numeral 2 de esa disposición contiene el tipo disciplinario bajo
análisis, esto es: «Aceptar la gestión profesional a sabiendas de que le fue

42
Conforme al parágrafo transitorio 1° del artículo 257A de la Constitución, a partir de la posesión de los
Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial -31 de enero de 2021-, esa autoridad judicial asumió
los procesos disciplinarios a cargo de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
43
Cfr. Corte Suprema de Justicia-Sala Plena, sentencia del 22 de mayo de 1975 [fundamentos jurídicos segundo
a cuarto]. La Corte Constitucional también ha destacado el rol del estatuto de la abogacía y la misión social del
abogado en las siguientes sentencias: C-002 de 1993, C-540 de 1993, C-060 de 1994, C-190 de 1996, C-619
de 1996, C-098 de 2003, C-393 de 2006, C-212 de 2007, C-884 de 2007, C-290 de 2008 y C-398 de 2011.

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encomendada a otro abogado, salvo que medie la renuncia, paz y salvo o
autorización del colega reemplazado, o que se justifique la sustitución».

En sentencia C-212 de 2007, la Corte Constitucional se pronunció sobre una
demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 56.2 del Decreto 196 de
1971, norma que disponía esa falta disciplinaria de manera idéntica. Valoró que tal
disposición «reclama una actuación diligente, transparente y solidaria» de los
abogados que asuman un nuevo negocio, pues deben verificar que dicha actuación
no haya sido encomendada a nadie con antelación, que el abogado anterior haya
finiquitado su gestión, que haya mediado renuncia o autorización del colega
reemplazado o que existan motivos que justifiquen su sustitución44. Esta decisión
goza del carácter de la cosa juzgada constitucional, de conformidad con el artículo
243 superior y es oponible autoridades.

Precisó que, para que se configure la infracción descrita, el ordenamiento jurídico
colombiano exige que el abogado investigado obre a sabiendas de la gestión
profesional anterior y que no se configuren las excepciones previstas en la norma.
Advirtió que los argumentos que justifiquen la sustitución, entre ellos el de
salvaguardar el derecho de defensa técnica del representado, deberán ser
apreciados por el órgano de control disciplinario en cada caso concreto. Sin
embargo, el abogado está en el deber de (i) cerciorarse si alguien había sido
encargado previamente, y (ii) poner en conocimiento «cuanto antes» al antecesor
respecto de la sustitución45.

Destacó que la finalidad de esa prohibición es evitar la competencia desleal entre
colegas, de modo que se exige la presencia de un elemento subjetivo, es decir:

(…) que quien asume la gestión sabía de antemano que había sido encomendada
previamente a otro o a otra colega y no obstante la aceptó desconociendo el
postulado de lealtad profesional, pues no se pudo demostrar que había mediado
autorización para la sustitución, o renuncia ni que se presentaban razones para
justificar la sustitución46 (Resaltado fuera del texto).

44
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-212 de 2007 [fundamento jurídico 19].
45
Ibídem [fundamentos jurídicos 32 a 34].
46
Ibídem [fundamento jurídico 42]. La Corte Constitucional, inclusive, cita jurisprudencia de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que, en caso de duda sobre la presencia del
elemento subjetivo, estima necesario resolverla a favor de quien asume la gestión.

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Al realizar un estudio de derecho comparado, afirmó que otros códigos de la
abogacía disponen que esta profesión tiene una acentuada proyección social, de
modo que la lealtad entre colegas adquiere mayor trascendencia. Advirtió que
algunas de estas disposiciones, como el artículo 5.6.2. del Código Deontológico de
los Abogados de la Unión Europea y el artículo 9 del Código Deontológico de la
Abogacía Española, permiten al nuevo abogado adoptar medidas urgentes en
interés del cliente, previo aviso al antecesor47.

6.5 Caso concreto

La Sala procede a decidir los cargos formulados en la solicitud de tutela, según los
cuales la sentencia del 28 de febrero de 2024, proferida por la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, incurrió en los siguientes yerros:

(i) Defecto sustantivo

El accionante aduce que la autoridad judicial no tuvo en cuenta la causal de
justificación contenida en el artículo 36.248 de la Ley 1123 de 2007, que habilita al
abogado para aceptar la gestión profesional previamente encomendada a otro
colega cuando «se justifique la sustitución». Plantea que el eximente invocado se
configuró, ya que el cliente había manifestado la imposibilidad de contactar al
anterior apoderado y existía la necesidad de adoptar medidas urgentes en interés
del cliente ante la inminencia de una audiencia que se encontraba programada con
anterioridad. Reprocha que, «de manera burlona», el fallo reprochado estimó que la
mala representación judicial y la pérdida de confianza en el anterior abogado se
fundaron en la convicción de un estudiante de derecho y de un representante legal
extranjero de una multinacional.

Sostiene que el abogado no actuó de manera diligente y puso en riesgo los intereses
del cliente, debido a que informó de manera equivocada que el proceso había
terminado; sin embargo, estaba pendiente de decisión un recurso de queja, que fue

47
Ibídem [fundamentos jurídicos 21 y 22].
48
«Artículo 36. Constituyen faltas a la lealtad y honradez con los colegas. (…)
2. Aceptar la gestión profesional a sabiendas de que le fue encomendada a otro abogado, salvo que medie
la renuncia, paz y salvo o autorización del colega reemplazado, o que se justifique la sustitución.»

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desfavorable a Yilcoque, por ello, el proceso siguió en segunda instancia. El
abogado revocado no informó esta situación ni preparó lo necesario para afrontar la
otra instancia del proceso civil. Además, según lo informado por la empresa
Yilcoque, esta requirió al abogado Serafín Hernández Sánchez para que entregara
el paz y salvo, pero ese apoderado no tuvo disposición y la poderdante tampoco
pudo establecer contacto directo con el apoderado, porque había cerrado la oficina.

La sentencia del 28 de febrero de 2024, que se censura, sancionó al accionante en
el ejercicio de la profesión por el término de 3 meses por incurrir, de manera dolosa,
en la falta descrita en el artículo 36.2 de la Ley 1123 de 2007, al considerar que
abogado Héctor Hernández Botero, a pesar de que conocía que otro abogado
ejercía el mandato en el proceso de deslinde y amojonamiento, no exigió la entrega
del paz y salvo para asumir la representación de la empresa Yicolque S.A.S en ese
proceso.

Respecto a los argumentos que alega el accionante para justificar la sustitución del
poder en procura del derecho de defensa de la empresa Yicolque S.A.S, el órgano
disciplinario, señaló:

En conclusión, los reparos encaminados en deprecar que se solicitó el paz y salvo
y que estaba justificada la revocatoria resultan imprósperos, en tanto cierto es que
quien debía expedir el paz y salvo es el desplazado, quien no estaba en todo caso
obligado a entregarlo hasta que no se resolvieran las cuestiones relacionadas con
el pago de honorarios, para lo que se sabe existen caminos como el incidente de
honorarios, mas no ello convertirse en la excusa que llevó a considerar al
exculpado el deber de contar con el paz y salvo previo a asumir el poder conferido,
aunado a que en todo caso el encartado debió solicitarlo directamente a su colega
dado que el contratante le manifestó la imposibilidad de allegarlo.

(…)

Así como es claro que el abogado revocado, aquí quejoso, fue diligente en el
desarrollo de su gestión, concurrió en oportunidad a ejercer la defensa de los
intereses de su mandante durante casi 3 años y derivado de su representación
profesional salió un fallo que en nada perjudicó a la mandante, tanto así que una
vez se le revocó el poder la parte demandante en el proceso de deslinde y
amojonamiento optó por desistir de sus pretensiones.

Mírese que en sub lite en nada resulta transcendente que se hubiese comunicado
la solicitud de expedición de paz y salvo, pues lo que ha considerado como
justificante esta alta Corte de cierre es que el abogado abandone el mandato
y no le sea dable al representado acceder a la administración de justicia por
cuenta de la ausencia de representación, eventos en los cuales con la simple
comunicación de la solicitud del paz y salvo resulta plausible el cambio de

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abogado, pues en efecto se pone en riesgo el acceso a la administración de
justicia cuando el abogado no concurre diligentemente a defender los
interese su mandante, característica que el sub examine brilla por su ausencia
dado que incluso el poder se le revocó al abogado de espaldas a que aquél
pudiese conocer porque se lo retiraban.

Luego al conocer previamente el doctor Héctor Hernández Botero que su colega
no quiso expedir el Paz y Salvo, pues estaba en el derecho de no expedirlo hasta
tanto se satisficieran los derechos económicos que le asistían por el ejercicio
profesional, debió con toda prevención contactarlo para solicitárselo directamente
o en todo caso abstenerse de recibir un mandato en el que sabía que mediaba
paz y salvo de quien lo debía expedir.

(…) debe decirse que ni siquiera esgrimieron las razones sobre las que se pudo
edificar el convencimiento de que el abogado no ejercía una buena defensa, más
allá de señalar que se perdió la confianza en el togado, lo que por supuesto le es
dable a los clientes, pese a lo anterior para poder despojar del mandato al
abogado sin consecuencias jurídicas para el jurista que asume la
representación el cliente debe contar con el paz y salvo, o el abogado debe
expedírselo al colega, o el mandatario haber renunciado a la representación
o en su defecto mediar la autorización del desplazado, alternativas todas que
resultan ausentes y en consecuencia decantan el actuar doloso del profesional,
(…)». (Negrita fuera del texto)

Ahora bien, la sentencia C-212 de 2007 de la Corte Constitucional decidió la
exequibilidad del inciso 2° del artículo 56 del Decreto 196 de 197149, precepto que
fue retomado por el artículo 36.2 de la Ley 1123 de 2007, y estimó que:

(…)30. ¿implica el cumplimiento del deber que surge a partir del postulado de
lealtad entre colegas, eliminar o restringir la posibilidad de que las personas puedan
contar con una defensa que gestione sus intereses ante el aparato judicial?
¿Significa el precepto contenido en el inciso segundo del artículo 56 del Decreto
196 de 1971 restringir el derecho de defensa en tanto que componente del derecho
a acceder a la justicia y presupuesto de la garantía del debido proceso?

31. A juicio de la Corte, el precepto acusado se orienta a impedir la competencia
desleal entre colegas pero no involucra el desconocimiento del derecho de defensa
en tanto que uno de los componentes del derecho a acceder a la justicia y
presupuesto de la garantía del debido proceso. Más arriba tuvo la Corte oportunidad
de indicar, cómo en los Códigos de Ética Profesional de diversos países del mundo
existe una previsión igual o muy similar a la contenida en el inciso segundo del
artículo 56 del Decreto 196 de 1971. En materia de sustitución, la persona
profesional de la abogacía que asume una nueva gestión está disciplinariamente
obligada a cerciorarse que se han adoptado las medidas conducentes a finiquitar la
gestión de quien se sustituye. No obstante, en todas estas normatividades se
admite que en aquellos eventos en los cuales sea preciso adoptar medidas
urgentes en interés de los clientes la gestión puede ser asumida aún a sabiendas
de haber sido conferida previamente a otro u otra profesional.

32. En el caso del Estatuto del Ejercicio de la Abogacía que se examina, para caer
bajo el supuesto de hecho previsto en el inciso demandado, es conditio sine qua

49
Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía

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non que se obre a sabiendas de haber sido encomendada la gestión a otra persona
profesional de la abogacía. Únicamente bajo esta circunstancia puede aplicarse la
sanción disciplinaria. Cuando se presentan las excepciones previstas en esa misma
disposición, entonces, puede la persona profesional del derecho asumir la gestión,
bien sea por cuanto quien fue encomendado o encomendada con antelación
presentó su renuncia, sea porque autorizó la sustitución o porque se justifica
la sustitución.

En otras palabras, bajo los supuestos descritos por la norma acusada se presentan
las siguientes eventualidades: el apoderado judicial inicial puede renunciar
sustentadamente al mandato conferido o aceptar que lo reemplace otra u otro
profesional, caso en el cual se configuraría una excepción respecto de la sanción
disciplinaria prevista en el artículo demandado. En segundo lugar, puede la persona
profesional de la abogacía aceptar la gestión a sabiendas de haber sido
encomendada con antelación a otra o a otro profesional, sin que medie renuncia o
aceptación por parte del reemplazado. Únicamente en esta segunda posibilidad se
produce, en principio, una infracción contra el postulado de lealtad, y habría lugar a
la imposición de una sanción disciplinaria, pues se desconoce el deber de
“abstenerse de asumir encargo hasta tanto el cliente y el abogado antecesor
resuelvan el mandato primigeniamente acordado.”

33. Sin embargo, queda en esta contingencia la posibilidad de justificar la
sustitución mediante razones que deberá apreciar el órgano de control
disciplinario en cada caso concreto, entre las cuales se puede argumentar
precisamente la necesidad de salvaguardar el derecho de defensa técnica del
representado. De esta manera, el o la mandante no resulta despojado de su
derecho a ser representado o representada en juicio pues este es un derecho
constitucional fundamental inalienable e irrenunciable.

34. Lo anterior, en efecto, no es óbice para que quien asume la gestión profesional
• por cuanto se presenta algún evento que lo justifica - adopte las medidas
tendientes a cerciorarse si alguien había sido encargado o encargada previamente.
Si lo anterior se confirma, la persona profesional del derecho debe poner en
conocimiento cuanto antes al colega antecesor respecto de la sustitución, de lo
contrario, estaría dejando de observar la exigencia que se desprende del artículo
56 inciso segundo del Decreto 196 de 1971 y, en ese orden, estaría faltando al
deber de lealtad entre colegas.

(…)

36.- De conformidad con lo expuesto, no encuentra la Corte que el postulado de
lealtad establecido en el inciso segundo del artículo 56 del Decreto 196 de 1971
produzca una situación de indefensión que impida a las personas gozar del derecho
a estar representadas en juicio o les obstaculice solicitar la protección judicial de
sus derechos o les impida presentar pruebas o controvertir aquellas que se allegan
en su contra. En suma, la disposición acusada no coarta el derecho de las personas
a acceder al aparato judicial ni desconoce la garantía de su derecho de defensa
bajo estricta y cumplida aplicación de los criterios propios del debido proceso.

37.- Algo bien distinto sucede, como lo recordaron algunos de los intervinientes,
cuando con la aplicación del precepto acusado eventualmente se incurre en una
violación del derecho de defensa en tanto que componente del derecho a acceder
a la justicia y presupuesto del debido proceso. Pero esto es una hipótesis que no
se deriva de la disposición demandada considerada en sí misma sino de su
aplicación defectuosa en el caso concreto y, como se sabe, existen los instrumentos
y las vías constitucionales y legales para evitar la aplicación desviada, arbitraria y

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desproporcionada de preceptos jurídicos. Justo en este mismo sentido se
pronunciaron algunas intervenciones cuando subrayaron que no podía partirse de
una supuesta hipótesis de aplicación desviada o arbitraria de la disposición
contenida en el inciso 2º del artículo 56 del Decreto 196 de 1971 para de allí
pretender derivar reparos de constitucionalidad. Como se expuso, la norma
acusada tiene también un marcado carácter preventivo y a partir de la existencia de
una previsión no es factible concluir la presencia de un obstáculo para que las
personas profesionales de la abogacía puedan ejercer a cabalidad la función que
se espera de ellas en la vida social.

38.- Por los motivos expuestos, estima la Corte que lo preceptuado en la disposición
acusada respeta el derecho de defensa en tanto que uno de los componentes del
derecho a acceder a la justicia y presupuesto de la garantía del debido proceso tal
como está consignado en la norma fundamental y como lo ha comprendido la
jurisprudencia constitucional. Una vez constatado lo anterior, pasa la Corporación a
realizar el estudio del segundo cargo. (Subrayado y negrita fuera del texto)

Conforme lo señalado por la Corte Constitucional, la Sala advierte que corresponde
de manera exclusiva al órgano judicial disciplinario, esto es, la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, valorar las razones que justifiquen la sustitución en cada caso
concreto y la procedencia de prescindir del requisito legal del paz y salvo, expedido
por el anterior abogado. Por demás, quien asuma la gestión judicial debe cerciorarse
si algún colega había sido encargado previamente y poner la sustitución en
conocimiento del antecesor para obtener la autorización respectiva, si a ello hay
lugar.

En virtud de lo anterior, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial valoró los
argumentos planteados por el solicitante para «justificar» su intervención en el
proceso de deslinde y amojonamiento, sin haber obtenido el paz y salvo del
apoderado revocado. Estimó que, a pesar de que el accionante alegó que existía la
necesidad de adoptar medidas urgentes en interés del cliente para asistirlo en la
audiencia que se encontraba programada y así salvaguardar el derecho de defensa
técnica de la sociedad, ese argumento no era de recibo en la controversia, pues la
revocatoria del poder en esos términos y la omisión de la expedición del paz y salvo
del anterior abogado, sólo se podía justificar cuando el abogado abandonara el
mandato, y al mandante no le fuese posible acceder a la administración de justicia
debido a la ausencia de representación.

A juicio de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, autoridad, que por mandato
constitucional tiene la competencia para determinar si es justificada la revocatoria
del poder sin obtener el paz y salvo del abogado revocado, en este caso no se

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configuraron las circunstancias que permitían a un nuevo apoderado asumir la
representación sin el cumplimiento del requisito del artículo 36.2 de la Ley 1123 de
2007.

En ese sentido, para la autoridad judicial disciplinaria, Yilcoque S.A.S le revocó el
poder a Serafín Hernández Sánchez a sus espaldas y sin conocer la razón del
porqué de su retiro, a pesar de haber ejercido de «manera leal y diligente» la
defensa de los intereses de la sociedad durante casi tres años y obtener un fallo
favorable al mandante. Por ello, para el juez accionado no se cumplió con el
supuesto que justificaba que un nuevo apoderado asumiera la representación sin el
paz y salvo del anterior, ya que el apoderado revocado no abandonó su gestión. Por
el contrario, según la autoridad disciplinaria, la sociedad poderdante revocó el
mandato, sin fundamento objetivo, pues no se evidenció que el abogado Serafín
Hernández hubiera ejercido una defensa negligente de los intereses de la
mandante; sólo se esgrimió una supuesta «pérdida de confianza» en el apoderado.

Así las cosas, la autoridad accionada al valorar el caso en concreto, no encontró
acreditada la causal de justificación prevista en el artículo 36.2 de la Ley 1123 de
2007 que habilitaba al doctor Hector Hernández Botero a asumir el poder conferido
al abogado revocado. Consideró que, para despojar del mandato al abogado, sin
consecuencias jurídicas para el abogado que asumió la representación se requería:
(i) que el cliente contara con el paz y salvo, o, en su defecto, que el abogado
revocado lo expidiera a su colega, (ii) o que el abogado revocado hubiera autorizado
la gestión del nuevo abogado, circunstancias que no se configuraron en el caso.

Para la Sala, no se configura el defecto sustantivo alegado, pues al revisar los
fundamentos jurídicos que motivaron la decisión, estos provienen de una
interpretación razonable del marco legal aplicable al caso. Por demás, conforme a
la sentencia de constitucionalidad C-212 de 2007, que goza del carácter de cosa
juzgada constitucional (art. 243 C. Pol), la verificación de la justificación para
prescindir del requisito del paz y salvo del antiguo o revocado apoderado
corresponde al juez disciplinario, tal como sucedió en este caso. Quiere decir esto
que escapa al ámbito de competencia del juez de tutela desvirtuar las razones del
juez disciplinario –salvo que se trate de una decisión manifiestamente arbitraria-,

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porque, se insiste, corresponde únicamente a este último calificar si se justificó o no
la revocatoria del poder y la asunción del caso por un nuevo abogado, sin el
cumplimiento del requisito legal de la expedición del paz y salvo por parte del
anterior apoderado.

En consecuencia, como no se advierte que la actuación haya sido arbitraria o
caprichosa, sino que la decisión se adoptó en el marco de las competencias
constitucionales y legales del Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el juez de
tutela no puede sustituir la interpretación y alcance dado por el juez disciplinario y,
mucho menos, desconocer la autonomía e independencia que de la que está
revestida toda la actividad judicial, inclusive las decisiones de la CNDJ (arts. 228,
230 y 257A C. Pol).

(ii) Defecto fáctico por valoración errónea del Informe de Gestión del abogado
Serafín Hernández Sánchez

El accionante argumentó que la decisión del 28 de febrero de 2024 incurrió en
defecto fáctico al valorar erróneamente el informe de gestión del 30 de noviembre
de 2019, que presentó el quejoso, en el que se reportó «óptimos resultados» en el
proceso de deslinde y amojonamiento e informó que aquel proceso «ya se termina
y logramos obtener buenos resultados, con la presente allego copia de la
sentencia».

A juicio del accionante, ese informe omitió indicar que el proceso no había
terminado, ya que estaba en trámite un recurso de queja presentado por la
contraparte que le fue favorable, por ello, se dio inicio al trámite del recurso de
apelación ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cúcuta del cual el cliente se
enteró, por sus propios medios, y que había una audiencia en segunda instancia en
la cual se adoptaría una sentencia definitiva. Además, según el solicitante, también
se dejó de lado la supuesta generación de conflictos con otros vecinos del predio y
la conducta profesional del quejoso, que conllevó a la «pérdida de confianza» y a la
revocatoria justificada del poder por parte del cliente. Estas circunstancias, según la
parte actora, darían cuenta de la gestión inadecuada del abogado Serafín
Hernández Sánchez.

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Para estudiar este cargo contra la providencia reprochada, se hace necesario
verificar el análisis probatorio que realizó la CNDJ, para ello, se transcribe en lo
pertinente la decisión:

Destáquese que en el sancionatorio se dijo con mucho ahínco que el revocante
necesitaba con urgencia que un abogado asumiera la defensa técnica en el
proceso de marras y para ello se destacaron sentencias de la Corte
Constitucional de las que convenientemente resaltó la primacía del derecho de
acceso a la administración de justicia cuando se le impide al prohijado la defesa
al interior de un proceso con la no expedición del paz y salvo, pese a lo anterior
no puede perderse de vista que fue el propio Gerente de la empresa Yilcoque
S.A.S. quien expuso a su representada a tal riesgo, pues de manera inconsulta
con el abogado optó por revocar el mandato el 25 de febrero de 2019, so
pretexto de concluir que no se estaba adelantando una buena representación
judicial de los intereses de la empresa por la que consideró necesario conseguir
un mejor profesional.

Luego en ningún aparte de las declaraciones testimoniales se reclama que
se hubiese advertido que el abogado abandonó la gestión o que se perdió
el proceso por una inadecuada defensa de los intereses de la mandante, lo
único que se alcanza advertir es la convicción de un estudiante de derecho y de
un representante legal extranjero de una compañía multinacional de una mala
representación judicial y de la pérdida de confianza en el abogado, por cuanto
los vecinos del predio adquirido señalaron que el abogado estaba reclamando
tierras que no le pertenecían a la multicitada compañía, sin que ello si
quiera fuera objeto de prueba y en todo caso resultaría irrelevante dado que
de ser auscultada la actuación del togado debió ser en relación con el proceso
de deslinde y amojonamiento, causa procesal donde tenía que desplegar sus
conocimientos para defender los intereses de la poderdante sin que se
reprochara en ningún momento ni por los testigos, ni por la defensa del
disciplinado que se hubiese realizado una salvaguardia defectuosa de los
intereses de la demandada, todo lo contrario se dijo que no se conversó con el
abogado la intención de revocarle el poder pues no consideraron prudente
hacerlo.

Ahora bien, en punto de los supuestos intereses contrapuestos que representó
el togado y de que ello justificó la revocatoria del mandato debe decir esta
Colegiatura, que se comparte la conclusión de la Sala Primigenia en tanto el
poder conferido el 19 de julio de 2017 lo fue para perseguir dentro del
proceso de deslinde y amojonamiento los excedentes del área de la Finca
Buenos Aires, mas no las superficies que se le encargaron defender a
quienes asumieron la representación judicial, entre ellos al abogado sustituto
Serafín Hernández, y por lo mismo aunque se quiera hacer ver ello como un
actuar que justificó la revocatoria del mandato tal situación no dilucidó que el
abogado hubiese afectado los intereses de su cliente, dado que como el
quejoso deponente lo señaló fue diligente en la representación judicial, al
punto que obtuvo sentencia favorable en favor de su mandante, luego si la
razón para revocarle el mandato se sustentó en la pérdida de confianza en el
abogado ello debía tener como fundamento un hecho concreto y
demostrado en el averiguatorio y no un asunto que quedó en el ámbito de
la especulación dado que no se llegó a probar de qué manera la compañía
Yilcoque S.A.S. se perjudicó con el actuar del apoderado sustituto Serafín
Hernández.

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Por lo demás una razón que el abogado desplazante debía conocer previamente
a realizar el análisis que dijo haber agotado para avanzar con la aceptación del
poder, pues resulta inverosímil que se diga que estaba justificada por esa
razón la revocatoria del mandato pero que en el curso de este averiguatorio
se evidencie que la alegada “justificación” solo vino a salir a la luz pública
cuando pudieron conocer que el abogado había recibido poder de Germán
y Fernando Hernández, luego las reglas del experiencia permiten a esta
Comisión advertir que la mentada justificación de la representación de
intereses contrapuestos no fue nunca discutida con el representante legal
de la empresa contratante.
(…)
Entonces muy contrario al defecto atribuido a la decisión de instancia, no existió
ni la omisión de la valoración probatoria, ni la indebida valoración de las pruebas,
ello por cuanto la comunidad de la prueba fue precisamente lo que permitió
arribar a la conclusión de que en grado de certeza se incurrió en la
conducta típica disciplinaria enrostrada desde la formulación de cargos, pues
ni los testimonios traídos a la guisa refutaron que no se contó con el paz y
salvo a la hora de asumir el mandato por parte del abogado Héctor Hernández
Botero.

Así como es claro que el abogado revocado, aquí quejoso, fue diligente en el
desarrollo de su gestión, concurrió en oportunidad a ejercer la defensa de
los intereses de su mandante durante casi 3 años y derivado de su
representación profesional salió un fallo que en nada perjudicó a la
mandante, tanto así que una vez se le revocó el poder la parte demandante en
el proceso de deslinde y amojonamiento optó por desistir de sus pretensiones
(Negrita fuera del texto).

En relación con los reproches del accionante a la valoración del reporte de gestión
del abogado desplazado, la Sala encuentra que la sentencia cuestionada hizo una
exposición del material probatorio recaudado y sustentó sus conclusiones en los
documentos aportados al expediente y en las declaraciones rendidas en el proceso
disciplinario, las cuales resultaron insuficientes para concluir una gestión indebida o
negligente del abogado Serafín Hernández Sánchez.

Se advierte que el argumento referido a la valoración equivocada del informe que
rindió el abogado revocado, también fue alegado por el solicitante en el recurso de
apelación contra la decisión de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Arauca y Norte de Santander, de modo que este tema fue objeto de estudio en la
sentencia reprochada, pues ya había sido analizada por el juez disciplinario de
primera instancia. Así, la CNDJ estimó que, conforme al material probatorio, pudo
establecer que el quejoso fue diligente en la representación judicial, al punto que
ejerció la defensa durante casi tres años y obtuvo una sentencia favorable para su
mandante. Para llegar a esta conclusión, la autoridad disciplinaria valoró el informe
de gestión del abogado revocado de manera conjunta con las otras pruebas del

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01900-00
Solicitante: Héctor Hernández Botero
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

proceso.

Asimismo, la decisión reprochada indicó que ninguno de los testimonios evidenció
que el abogado Serafín Hernández Sánchez hubiera abandonado la gestión,
tampoco que el proceso civil se hubiera decidido en contra de los intereses de la
sociedad poderdante por una inadecuada defensa técnica de ese profesional. A
juicio de la autoridad disciplinaria, la sociedad poderdante sólo contó con la
«convicción» de un estudiante de derecho y de un representante legal extranjero
para aducir una «mala representación judicial» y la «pérdida de confianza» en el
abogado. La CNDJ también resaltó que no se aportaron las pruebas que
demostraran que la sociedad Yilcoque S.A.S. se vio perjudicada por alguna acción
u omisión del apoderado.

En este sentido, para la Sala no hay motivos que acrediten una valoración arbitraria
e irrazonable del informe de gestión que alega el solicitante, pues para adoptar la
decisión, el juez natural en la materia disciplinaria hizo un análisis conjunto de las
pruebas del proceso, conforme a las reglas de la sana crítica y en ejercicio de los
principios de autonomía e independencia judicial (artículo 96 de la Ley 1123 de
2007). Por ello, concluyó que el actuar del abogado Serafín Hernández fue diligente
y no fue contrario a los intereses de su poderdante. Además, que la sociedad no
contaba con algún hecho concreto o prueba que sustentara la «pérdida de
confianza» en el abogado.

Así las cosas, la acción de tutela no es el escenario para revisar las pruebas
allegadas al proceso disciplinario y, con base en esta, determinar si los jueces
disciplinarios de instancia «acertaron» en su juicio. Cabe señalar que una prueba
puede ser valorada de diferentes maneras, siempre que ello se haga de manera
razonable. De ahí que el juez de tutela, al abordar el estudio del defecto fáctico,
debe tener en cuenta que el juez natural de la causa es a quien corresponde
determinar el valor probatorio de los medios de convicción y los hechos que se
acreditan con estos, de conformidad con los postulados de la sana crítica y en virtud
de su autonomía e independencia.

En los términos expuestos, la Sala concluye que el defecto fáctico invocado no está

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Solicitante: Héctor Hernández Botero
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

llamado a prosperar, porque de la revisión de la sentencia cuestionada se advierte
que el juez disciplinario valoró el informe de gestión del abogado Serafín Hernández
–que se alega como prueba omitida–. En realidad, sobre esta cuestión se debe
poner de presente que sobre un mismo documento, valorado en conjunto por la
autoridad judicial con otras pruebas, esta llegó a una conclusión distinta al criterio
que sostiene el solicitante en el escrito de tutela, circunstancia que no convierte, por
sí sola, a la sentencia cuestiona en una decisión irrazonable. Por el contrario, como
se ha evidenciado, las conclusiones de la CNDJ están soportadas y razonadas.
Cosa distinta es que el afectado por la decisión disciplinaria no las comparta.

(iii) Defecto fáctico porque la sanción no contó con respaldo probatorio y se
omitieron las pruebas que acreditan la buena fe del sancionado

El solicitante sostiene que la sanción no contó con respaldo probatorio para
acreditar el dolo y, por lo contrario, omitió las pruebas que acreditan la actuación de
buena fe del procesado. Asimismo, que la decisión se «limitó» a afirmar que el
actuar doloso del solicitante se encontró acreditado por la ausencia del paz y salvo
o autorización del quejoso para la concesión de un nuevo poder. De ahí que la
sanción se impuso con base en un régimen «objetivo» de responsabilidad, proscrito
en materia disciplinaria.

En ese sentido, según el tutelante: «El dolo no puede constatarse a partir de hechos
completamente ajenos a la voluntad del investigado, como lo es la simple ausencia
de paz y salvo. Se requiere una constatación de una intención subjetiva de
desplazar o remover al anterior profesional, o como lo indica la jurisprudencia de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria, de «romper la relación profesional preexistente».

Los argumentos planteados por el accionante deben analizarse con base en las
pruebas que se alegan desconocidas por la parte actora, ya que la acción de tutela
no es una instancia adicional para que el juez constitucional revise oficiosamente la
valoración probatoria planteada por la autoridad judicial.

Al revisar el escrito de tutela, se advierte que el solicitante adujo que la autoridad
accionada «no encontró ni apreció prueba alguna» de la voluntad o intención del

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Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

doctor Hernández Botero de romper una relación profesional preexistente. No
obstante, la Sala considera que la sentencia cuestionada sí ofrece argumentos para
soportar el juicio de reproche a la conducta del sancionado, razones estas que, por
demás, se soportan en las pruebas del proceso disciplinario. En efecto, la sentencia
razonó así:

En punto de la inexistencia de la culpabilidad en el actuar del sancionado, debe
decir esta Colegiatura que muy al contrario de lo señalado por la recurrente es claro
que existió conocimiento y voluntad de cometer el ilícito disciplinario, pues
como quedó probado en el curso del averiguatorio el abogado Hernández
Botero sabía que debía contar con el paz y salvo para poder asumir la defensa
y aunque pretendió excusar su ingreso al proceso de deslinde y amojonamiento so
pretexto de que el contratante no pudo conseguirlo, ya bajo la tesis de haberlo
solicitado y el togado haber sido renuente o ya con base en la convicción creada
por el mandante de no haber podido notificar al abogado de la solicitud, tales
argumentos defensivos no borran la voluntad probada de asumir la defensa sin
que se contara con el multicitado documento o con la anuencia del
desplazado, mucho menos de que mediara una causal de justificación pues la
misma además de no hacer presencia, en lo alegado en la defensa no se advierten
los supuestos intereses contrapuestos del mandante, como tampoco el cliente era
el llamado a calificar el desempeño del togado, de quien además debe señalarse
fue diligente en el actuar profesional, aunado a que el ejercicio del derecho es una
actividad de medios y no de resultados.

Sumado a lo mencionado debe decirse que ni siquiera se esgrimieron las razones
sobre las que se pudo edificar el convencimiento de que el abogado no ejercía una
buena defensa, más allá de señalar que se perdió la confianza en el togado, lo que
por supuesto le es dable a los clientes, pese a lo anterior para poder despojar del
mandato al abogado sin consecuencias jurídicas para el jurista que asume la
representación el cliente debe contar con el paz y salvo, o el abogado debe
expedírselo al colega, o el mandatario haber renunciado a la representación o en
su defecto mediar la autorización del desplazado, alternativas todas que resultan
ausentes y en consecuencia decantan el actuar doloso del profesional, de
quien se advierte su amplia y muy reconocida posición en el ejercicio profesional,
lo que no da lugar a una aplicación más rigurosa de la ley, sino a una aplicación en
condición de igualdad como lo establece el artículo 13 de la Constitución Política,
es decir con un mismo racero para todo disciplinable (Negrita fuera del texto).

Pues bien, el escrito de tutela plantea que «la intención y voluntad del doctor
Hernández Botero, desde un comienzo, fue la de que el doctor Serafín Hernández
Sánchez tuviera información oportuna de la revocatoria del poder y que se le
solicitara el paz y salvo, lo cual efectivamente se le solicitó, sin que este hubiera
cooperado con el cliente Yilcoque». Tal como lo resaltó la autoridad accionada,
dicha afirmación no tiene soporte probatorio, tampoco obra en el proceso
disciplinario medio de convicción alguno que acredite que la CNDJ omitió alguna
prueba que diera cuenta que se intentó comunicar al abogado revocado el
otorgamiento de un nuevo poder y un requerimiento del paz y salvo. Dicho en otras

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01900-00
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Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

palabras, no se advierte la existencia de un oficio, correo certificado o electrónico
en el que se hubiera requerido al abogado Hernández Sánchez para que hiciera
entrega del referido paz y salvo.

En virtud de lo anterior, la autoridad accionada consideró que el abogado Hernández
Botero había incurrido en una falta dolosa, pues conocía que otro abogado había
adelantado el proceso de deslinde y amojonamiento durante tres años y, a pesar de
esta circunstancia, aceptó el poder –sin obtener el paz y salvo– para asumir la
representación de la sociedad. A juicio de la CNDJ se configuraron los elementos
de conocimiento y voluntad que identifican un proceder doloso.
Así las cosas, la Sala advierte que el órgano de control disciplinario hizo una
valoración razonable y fundada de las pruebas allegadas al proceso, para así
concluir que existió conocimiento y voluntad del accionante de incurrir en la falta
disciplinaria, en la modalidad de dolo. En efecto, la autoridad explicó que el abogado
Hernández Botero sabía que debía contar con el paz y salvo para poder asumir la
defensa de Yilcoque S.A.S, sin embargo, no contaba con este documento al
momento de aceptar el poder. Por demás, como se anotó, no obra prueba en el
proceso que dé cuenta de las gestiones adelantadas por el accionante para solicitar
ese documento.

Conviene poner de presente que las afirmaciones del solicitante –sin soporte
probatorio–, en este punto, por sí solas, no son suficientes para desvirtuar o
descartar las razones aducidas por la CNDJ para concluir la conducta dolosa.
Ciertamente la procedencia de la tutela por un defecto fáctico, obliga a quien la
formula brindar con toda certeza elementos de convicción –pruebas– que lleven a
la irrefutable conclusión que la sentencia reprochada incurrió en ese defecto. Por
supuesto tales pruebas deben obrar en el proceso primigenio, pues la tutela no
constituye una instancia adicional para subsanar las falencias probatorias del
proceso disciplinario.

La Sala reitera que el juez natural del proceso disciplinario es autónomo e
independiente, por ello, tiene la facultad de valorar los elementos probatorios
allegados al proceso y adoptar la decisión que resulte convincente con base en esas
pruebas y con apego a los criterios objetivos y racionales –las reglas de la sana

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01900-00
Solicitante: Héctor Hernández Botero
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

crítica, los postulados de la lógica, la ciencia y la experiencia–. En esa medida, la
intervención del juez de tutela, al estudiar la configuración del defecto fáctico, es
limitada y excepcional. El amparo no es el escenario para realizar un «nuevo análisis
del material probatorio» que obra en el proceso ordinario, porque esa función
corresponde de manera privativa al juez natural de la causa.

Además, tal como lo ha señalado de manera reiterada la jurisprudencia
constitucional, la discrepancia en la valoración de las pruebas no puede
considerarse como un defecto fáctico, ya que, ante múltiples interpretaciones, es el
juez natural quien debe determinar cuál es la que mejor se ajusta al caso objeto de
estudio50.

Teniendo en cuenta que no se evidencia una valoración probatoria arbitraria o
irracional del material probatorio allegado al proceso, y el análisis del defecto fáctico
no autoriza al juez de tutela a sustituir o desplazar el análisis probatorio del juez
ordinario de la controversia disciplinaria, sino a analizar, a partir de los hechos y
pruebas, si la decisión del juez natural es razonable en el marco de independencia
judicial, la Sala encuentra que la autoridad judicial sí hizo una valoración racional
del material probatorio que obra en el proceso y con fundamento en este
concluyeron que existió conocimiento y voluntad del accionante de incurrir en la falta
disciplinaria, porque a pesar de que tenía el deber de requerir el paz y salvo a su
colega, no lo hizo. En consecuencia, el defecto fáctico será negado.

(iv) Decisión sin motivación

La solicitud plantea la ausencia de motivación de la sentencia del 28 de febrero de
2024, porque no sustentó la suspensión por tres meses en el ejercicio de la
abogacía, en perjuicio de otras opciones de sanción como la amonestación o un
tiempo menor de suspensión. También reprocha que la decisión guardó silencio
respecto de los criterios que aplicó para dosificar la sanción.

Ahora bien, la providencia argumentó la «racionalidad de la sanción», así:

50
Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017 [fundamento jurídico 6].

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01900-00
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Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

«En punto del cuestionamiento de la “racionalidad de la sanción” se dice que no se
hizo referencia a la carga probatoria y argumentativa que debe proceder para
cualquier imposición de una sanción, reparo que como los anteriores no tiene
vocación de prosperidad, dado que entre las motivas que presentó el a quo para
dosificar la imposición se señaló como criterio de ponderación la ausencia de
antecedentes disciplinarios, yerro que incluso favoreció al disciplinado en
tanto el mismo no es un criterio autónomo de atenuación, dado que para esta
especialidad la ausencia de antecedentes disciplinarios ese es el deber ser en el
ejercicio profesional, mírese que lo que el legislador dispuso es que de presentarse
la confesión de la falta, la ausencia de antecedentes se convierte en un
condicionante que impide que al infractor disciplinario se le imponga la exclusión de
la profesión, en consecuencia ante el error de la primera instancia procedería
una redosificación de la punición impuesta al abogado Hernández Botero,
pese a lo anterior ello no es dable pues en aplicación del principio de la non
reformatio in pejus esta Colegiatura no puede hacer más gravosa la situación
del sancionado y por lo mismo debe mantenerse la suspensión de tres meses
en el ejercicio profesional.

En punto de la ausencia probatoria para demostrar la «racionalidad de la pena»
debe decirse que la primera instancia trajo a la guisa el perjuicio causado al
desplazado, criterio que estuvo bien considerado pues en el averiguatorio se hizo
evidente que el abogado tuvo que recurrir a la jurisdicción laboral en procura
del pago de sus honorarios y durante el curso del sancionatorio con justificada
molestia se señaló por el quejoso, bajo la gravedad del juramento, que luego de
trabajar diligentemente en la defensa de los intereses de su prohijada, se trajo a un
abogado que asumió una representación judicial sin que mediara el paz y salvo,
luego aunque la defensora alegue que esta jurisdicción sancionó en primera
instancia a su defendido sin hacer una demostración de la carga probatoria y
argumentativa, lo cierto es que la sanción estuvo motivada y ante todo
justificada bajo los principios y los criterios que el legislador dispuso como
parámetros para la dosificación de la sanción y que el hecho de que tal raciocinio
no se acompañe de una larga prosa no implica que se presente el vicio resaltado
en la alzada de la defensora suplente» (Negrita fuera del texto).

La Sala estima que la decisión cuestionada justifica la graduación de la sanción con
razones explícitas, a tal punto que advirtió su desacuerdo con la dosificación de la
suspensión determinada por el juez disciplinario de primera instancia y la
imposibilidad de modificar los meses de suspensión conforme al postulado de la
prohibición de la reforma en peor –non reformatio in peius–. En efecto, la CNDJ dijo
que la Comisión Seccional erró al tomar como criterio de atenuación la inexistencia
de antecedentes disciplinarios del solicitante, pues ese estado es el deber ser de la
conducta del abogado. En cuanto al perjuicio causado al abogado revocado, la
autoridad destacó que este debió acudir a la jurisdicción ordinaria laboral en procura
de obtener los honorarios pendientes de pago.

El carácter subsidiario del amparo y su procedencia excepcional frente a
providencias judiciales, impide al juez constitucional inmiscuirse en una controversia

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01900-00
Solicitante: Héctor Hernández Botero
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

de orden legal –la dosificación de una sanción de suspensión– o reemplazar al juez
ordinario en el análisis de asuntos que son propios de la experticia de este último.
En ese orden de ideas, la Sala considera que los argumentos referidos a cuestionar
la supuesta falta de motivación de la sentencia, antes que evidenciar una carencia
de argumentos de la decisión, en realidad, están encaminados a rebatir las razones
de la autoridad accionada. Por demás, tanto la providencia de primera instancia,
como la decisión en segunda instancia del proceso disciplinario son coincidentes en
determinar la responsabilidad disciplinaria del solicitante. La autoridad accionada,
en el marco de sus competencias como juez de la apelación, puso de presente su
inconformidad con el monto de la suspensión, no obstante, en aplicación de la
prohibición de reforma en peor, mantuvo lo decidido por la Comisión Seccional de
Disciplina.

La Sala no pasa por alto que respecto de la providencia reprochada el magistrado
Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo presentó salvamento parcial de voto,
encaminado a expresar su disidencia respecto la graduación de la suspensión y la
presunta falta de sustentación de la sanción, en función del perjuicio sufrido por el
abogado revocado.

Si bien, el magistrado disidente expuso sus juiciosos y autorizados argumentos para
separarse del criterio mayoritario de la CNDJ, en particular, los referidos a su
discrepancia con los criterios seguidos por la decisión reprochada para determinar
la proporcionalidad de la sanción de suspensión de tres meses del solicitante, en
relación con el perjuicio sufrido por el abogado revocado, lo cierto es que la
existencia de ese voto particular no configura una razón suficiente para invalidar la
decisión adoptada por la mayoría.

En efecto, la providencia del 28 de febrero de 2024 expuso que, en el entender de
la Sala de la CNDJ, la suspensión de tres meses determinada por la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Arauca y Norte de Santander habría podido ser
insuficiente dadas las particularidades del caso, pues la conducta del sancionado
habría podido merecer una mayor sanción, por la modalidad dolosa de la conducta
y el perjuicio causado al abogado Hernández Sánchez. No obstante, por haber sido
el sancionado apelante único, el postulado de non reformatio in peius impedía

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01900-00
Solicitante: Héctor Hernández Botero
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

incrementar la sanción.

Este salvamento integra la decisión cuestionada, como lo ordena el artículo 56
LEAJ, y es parte del procedimiento con el que los jueces colegiados toman sus
decisiones, pues, precisamente, permite a quien no comparte el criterio mayoritario,
dejar plasmados los motivos de discrepancia, sin que ello implique que la decisión
mayoritaria contenga una ilegalidad o sea contraria a la Constitución. Tampoco, que
por la existencia del salvamento de voto automáticamente sea procedente una
acción de tutela para invalidar la decisión del juez ordinario del asunto.

De ahí que el ámbito de competencia del juez de tutela no se extiende a «dirimir»
las razones acogidas por la mayoría de un juez colegiado en perjuicio de los
argumentos de disidencia del magistrado que optó por salvar el voto. El control del
juez de tutela se justifica en la guarda de los derechos constitucionales
fundamentales (art. 86 C. Pol) y no en privilegiar o escoger el criterio «correcto»
cuando se aducen diferentes tesis sobre un determinado punto de derecho. No se
olvide que la procedencia excepcional de la tutela contra una providencia judicial no
autoriza al juez constitucional para inmiscuirse en aspectos de la controversia
disciplinaria que son de la exclusiva competencia del juez disciplinario, pues
integran el marco en el que ejerce la autonomía e independencia propias de la
actividad judicial, en lo que interesa al caso, la graduación de la sanción hace parte
del juicio de reproche que el juez disciplinario realiza a determinada conducta, en
función de la verificación de la falta y la correlativa pena, artículos 3 y 5 de la Ley
1123 de 2007, que prevén los postulados de legalidad y culpabilidad de las faltas
disciplinarias de los abogados.

En consecuencia, no se encuentra configurado el defecto acá estudiado.

(v) Desconocimiento del precedente

El solicitante afirmó que la providencia controvertida incurrió en el defecto de
desconocimiento del precedente, pues no tuvo en cuenta la ratio decidendi de la
sentencia C-212 de 2007, según la cual (i) la falta disciplinaria endilgada exige un
elemento subjetivo en cuanto al desconocimiento de la lealtad profesional, y (ii) la

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01900-00
Solicitante: Héctor Hernández Botero
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

sustitución del anterior apoderado está justificada cuando sea preciso adoptar
medidas urgentes en interés de los clientes.

La Sala no desconoce el valor de estas precisiones de la Corte Constitucional como
criterio de apoyo a la actividad judicial (artículos 230 C. Pol y 48.1 LEAJ). Tampoco
encuentra que esas razones se opongan a la decisión reprochada. Sin embargo, la
Corte Constitucional en esa misma decisión de constitucionalidad –C-212 de 2007–
también advirtió que la revocatoria del poder sin paz y salvo se debe justificar
«mediante razones que deberá apreciar el órgano de control disciplinario en cada
caso concreto, entre las cuales se puede argumentar precisamente la necesidad de
salvaguardar el derecho de defensa técnica del representado».

Según lo anterior, y en consonancia con lo expuesto al analizar el defecto sustantivo
alegado, corresponde al juez disciplinario calificar las razones que justifiquen la
sustitución o revocatoria del poder sin paz y salvo del abogado revocado, conforme
a las particularidades de cada caso. Así, si bien la Corte Constitucional formuló
algunas precisiones relevantes para la aplicación del tipo disciplinario contenido en
el artículo 36.2 del Código Disciplinario del Abogado, lo cierto es que su
interpretación y alcance le corresponde a la respectiva autoridad disciplinaria en
cada caso en concreto.

En esta ocasión, la autoridad judicial estimó que, a pesar de que la parte argumente
la necesidad de proteger el derecho a una defensa técnica del representado, eso
no excusa que el abogado que asuma la gestión profesional se abstenga de (i)
cerciorarse si alguien había sido encargado previamente, y (ii) poner en
conocimiento «cuanto antes» al antecesor respecto de la sustitución. De lo contrario
estaría faltando al deber de lealtad profesional.

En virtud de lo anterior, la autoridad disciplinaria estudió el caso en concreto y
consideró que no se encontraban acreditados los supuestos para justificar la
revocatoria del poder sin paz y salvo del revocado, pues no estaba comprometida
la defensa técnica de Yicolque S.A.S. Según el fallo reprochado, no se probó que el
abogado hubiera abandonado la gestión o hubiera perdido el proceso por una
inadecuada defensa de los intereses del mandante.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01900-00
Solicitante: Héctor Hernández Botero
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Ahora bien, más allá de que la sociedad poderdante hubiera informado al abogado
Hernández Botero sobre la imposibilidad de conseguir el paz y salvo, la autoridad
disciplinaria estableció que el accionante tenía el deber de requerir ese documento
a su colega, «lo que no se torna en absurdo como lo arguye la recurrente dado que
el deber ético se encamina a garantizar la lealtad entre abogados y no la defensa
de los intereses del cliente que pretende desconocer el trabajo adelantado por el
desplazado».

Así las cosas, no es posible predicar el desconocimiento del precedente, pues el
órgano de control disciplinario hizo el análisis concreto del caso, conforme a las
pruebas allegadas, las normas aplicables y según su propio el criterio
jurisprudencial. Además, la aplicación del tipo disciplinario contenido en el artículo
36.2 de la Ley 1123 de 2007 no desbordó el alcance fijado por la Corte
Constitucional en sentencia C-212 de 2007, decisión que hizo tránsito a cosa
juzgada constitucional y cuya observancia es obligatoria para efectos del análisis de
dicho precepto (artículo 243 de la Constitución). Por las razones expuestas, el
defecto por desconocimiento del precedente alegado será denegado.

(vi) Desconocimiento del precedente de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial

El accionante plantea que la autoridad judicial desconoció otras decisiones
proferidas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura y por la propia Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Esgrime que no
se tuvieron en cuenta varias providencias que, por una parte, delimitan las
situaciones justificantes para la sustitución de un anterior abogado y, por otra parte,
establecen criterios más favorables en cuanto a la graduación de la sanción
impuesta.

La jurisprudencia constitucional ha advertido que el precedente consiste en una
sentencia –o un conjunto de sentencias– que resulte relevante para decidir un
asunto, porque contiene un pronunciamiento sobre un problema jurídico «basado
en hechos similares, desde un punto de vista jurídicamente relevante» 51 . Para

51
Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022 [fundamento jurídico 4.1].

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01900-00
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determinar si una decisión judicial desconoció el precedente, se debe:

(i) determinar la existencia de un precedente o grupo de precedentes aplicable y
distinguir las reglas de decisión contenidas en ellos, (ii) constatar que la providencia
judicial cuestionada debió tener en cuenta ese precedente o grupo de precedentes
para no incurrir en un desconocimiento del principio de igualdad y (iii) verificar si
existieron razones fundadas para apartarse del precedente, por ejemplo, la
necesidad de adoptar una decisión distinta con el fin de lograr una interpretación
más armónica con los principios constitucionales y más favorable a la vigencia y
efectividad de los derechos fundamentales52.

Al analizar el caso concreto, la Sala considera que en esta controversia no se
advirtió un «precedente», a modo de criterio unificado de la autoridad disciplinaria,
aplicable a los asuntos planteados por el solicitante. La solicitud de tutela contiene
varias decisiones que se alegan desconocidas en cuanto a la justificación de la
sustitución y la graduación de la sanción. Sin embargo, al controvertir este
argumento, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial puso de presente varias
decisiones similares -e inclusive más estrictas- a la que se cuestiona en la tutela. Lo
anterior, no permite concluir que la controversia en cuestión se separe del criterio
que la misma autoridad ha aplicado consistentemente, a título de precedente, para
decidir la misma cuestión jurídica que aquí se plantea.

Por demás, en sentencia C-212 de 2007 la Corte Constitucional sostuvo que los
argumentos dirigidos a justificar la sustitución del anterior apoderado deben ser
apreciados por la autoridad disciplinaria en el caso concreto. Ello también resulta
predicable a la dosimetría de la sanción, asunto que se pondera conforme a las
particularidades de la respectiva conducta investigada y en atención a los
parámetros fijados por el legislador, que tampoco se evidencia desobedecidos.

Como las razones expuestas en la solicitud de tutela resultan insuficientes para
plantear o acreditar la configuración de un defecto por «desconocimiento del
precedente», este defecto será denegado.

(vii) Defecto procedimental absoluto

La solicitud de tutela planteó la configuración de un defecto procedimental absoluto
con motivo de la ejecución de la sanción impuesta en la sentencia controvertida, ya

52
Ibídem [fundamento jurídico 4.5].

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01900-00
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que no había cobrado ejecutoria por cuanto (i) no se encontraba debidamente
firmada, al tenor de los artículos 105 y 279 del CGP, y (ii) estaba pendiente de
resolver una solicitud de aclaración y de adición.

Respecto a la supuesta irregularidad en la firma de la providencia, el artículo 56
LEAJ autoriza a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para definir la forma
como serán expedidas y firmadas las providencias proferidas en el trámite del
proceso disciplinario y, conforme a dicha previsión, el artículo 20 del Acuerdo 003
de 2021, Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
establece que las providencias aprobadas se remiten a la Secretaría de la
corporación firmadas por el ponente para su correspondiente notificación. En
consecuencia, la sentencia reprochada da cuenta de que fue discutida y aprobada
en Sala n°. 13 del 28 de febrero de 2024 y fue firmada por la magistrada ponente.
Además, uno de los magistrados integrantes del cuerpo colegiado elaboró
salvamento parcial de voto respecto de la providencia.

Ahora bien, en cuanto a la notificación y ejecutoria de la sentencia reprochada, el
artículo 71 de la Ley 1123 de 200753 prevé que la notificación de la sentencia que
se dicta dentro del proceso disciplinario, contra abogados, se surte de manera
personal. El artículo 72 del mismo precepto autoriza que esa notificación personal
se agote por medios electrónicos, sea mediante el número de fax o la dirección de
correo electrónico del disciplinable o de su defensor. Sumado a ello, el artículo 8 de
la Ley 2213 de 202254, aplicable a los procedimientos de todas las jurisdicciones,
dispone que la notificación personal se entiende realizada una vez transcurridos dos
días hábiles siguientes al envío del mensaje.

En cuanto a la ejecutoria de la decisión disciplinaria, el artículo 83 de la Ley 1123
de 2007 únicamente regula la firmeza de las providencias contra las que proceden
recursos, sean estas dictadas en audiencia o por fuera de ella, sin embargo, guarda
silencio respecto de la ejecutoria de las decisiones contra las que no proceden
recursos. Por ello, procede aplicar la integración normativa prevista en el artículo

53
Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado
54
Cuyo objeto (artículo 1) abarca, entre otras, la jurisdicción disciplinaria.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01900-00
Solicitante: Héctor Hernández Botero
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

1655 de la Ley 1123 de 2007, que remite a lo dispuesto en el Código Disciplinario
Único. Ahora bien, como la Ley 1952 de 2019 -Código General Disciplinario- derogó
la Ley 734 de 2002 -Código Disciplinario Único- a partir del 29 de marzo de 2022,
para el análisis de la ejecutoria de la sentencia reprochada procede la aplicación
supletoria del Código General Disciplinario.

Así las cosas, el artículo 138 del Código General Disciplinario dispone que las
decisiones que decidan los recursos de apelación y queja quedan en firme desde el
día de su notificación56. Sumado a ello, el artículo 140 siguiente dispone que el auto
que rechace la corrección, aclaración o adición de la sentencia lo dicta el mismo
magistrado que la profirió y no afecta la ejecutoria del fallo.

En virtud de lo anterior, la decisión sancionatoria se remitió al solicitante el 15 de
marzo de 2024 por medio electrónico, de modo que se entiende notificada a los dos
días hábiles siguientes a su envío, esto es, el 20 de marzo de 2024, y cobró
ejecutoria ese mismo día. Además, como en auto del 22 de abril de 2024 se rechazó
la solicitud de aclaración y adición presentada por el disciplinado, dicha solicitud no
afectó la ejecutoria del fallo.

Como el 20 de marzo de 2024, día en el que la sentencia reprochada cobró
ejecutoria, se remitió copia de la decisión al director del Registro Nacional de
Abogados a efectos de registrar la sanción impuesta, tal acto de ejecución no
incurrió en algún vicio procesal, ya que se practicó respecto de una sentencia que
cumplía los requisitos legales y conforme a las disposiciones procesales aplicables.
Por lo anterior, el defecto procedimental absoluto planteado no prospera.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

55
ARTÍCULO 16. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS E INTEGRACIÓN NORMATIVA. En la aplicación del régimen
disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en la Constitución Política y en esta ley. En lo no
previsto en este código se aplicarán los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y deontología de los
abogados, y lo dispuesto en los Códigos Disciplinario Único, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento
Civil, en lo que no contravenga la naturaleza del derecho disciplinario.
56
Este precepto retomó la postura fijada por la Corte Constitucional en sentencia C-1076 de 2002, que declaró
la exequibilidad condicionada del artículo 119 de la Ley 734 de 2002.

48
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-01900-00
Solicitante: Héctor Hernández Botero
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela de Héctor Hernández Botero contra la
sentencia del 28 de febrero de 2024 de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AUSENTE CON EXCUSA
NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

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