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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01918-00

Fecha
23 de mayo de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01918-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por la Asociación Encuentros por no cumplir con el requisito de la inmediatez. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01918-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

23 de mayo de 2024

Demandante: Asociación Encuentros
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-01918-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01918-00
Demandante: ASOCIACIÓN ENCUENTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la
Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591
de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Petición de amparo constitucional

Mediante escrito enviado vía electrónica el 18 de abril de 20241, la
Asociación Encuentros, por medio de su representante legal2, instauró acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de decisión
número 6 y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja,
con el fin de que le fueran protegidos sus derechos fundamentales, al debido
proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al principio
de legalidad.

1
Al correo de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. La Secretaría de esta
corporación remitió por competencia al Consejo de Estado mediante correo electrónico del
19 de abril de 2024.
2
El señor Jesús Horacio Cruz García, quien conforme con el certificado de Cámara de
Comercio aportado con la demanda funge también como presidente de dicha asociación.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Asociación Encuentros
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-01918-00

La parte accionante consideró vulneradas tales garantías al proferir los fallos
del 29 de octubre de 2020 y 9 de febrero de 2023, dictados por las
mencionadas autoridades judiciales, respectivamente, que negaron las
pretensiones de la demanda dentro del medio de control de controversias
contractuales instaurado por la accionante contra la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá (Corpoboyacá). Este proceso se identificó con el
radicado 15001-33-33-002-2015-00096-01.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, solicitó lo siguiente:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO
PROCESO, A LA IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA. Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, contenida en el
artículo 86 de Nuestra Constitución Política de 1991, y reglamentada en
el Decreto 2591 de 1991, contra las sentencias judiciales emitidas por el
Juzgado 2 Administrativo Oral del Circuito de Tunja en el proceso No.
150013333002201500096-00 de fecha 29 de octubre del 2020, y la del
Tribunal Administrativo de Boyacá - Sala de Decisión 6 del día 9 de
febrero del 2023, mediante las cuales se dispuso negar las pretensiones
de la demanda

SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTO LA SENTENCIA JUDICIAL
DEL JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA
No. 150013333002201500096-00, DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL
2020

TERCERO: QUE SE DEJE SIN EFECTO LA SENTENCIAS JUDICIAL
EN SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOYACA - SALA DE DECISIÓN No.6 del 9 DE FEBRERO DEL 2023

CUARTO: ORDENAR al Tribunal ADMINISTRATIVO DE BOYACA -
SALA DE DECISIÓN No. 6, que, en el término de esta providencia,
profiera una nueva sentencia dentro del proceso No.
150013333002201500096-00 Juzgado 2 Administrativo Oral del Circuito
de Tunja, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la
jurisprudencia que versa sobre la presente Litis.

QUINTO: Que la Corte Suprema de Justicia, en el término de esta
providencia, profiera una nueva sentencia dentro del proceso No.
150013333002201500096-00 Juzgado 2 Administrativo Oral del Circuito
de Tunja. Teniendo en cuenta el respectivo análisis profesional, la
transparencia, la idoneidad, como las pruebas que se aportaron y
reposan en el expediente, las pruebas que se aportan al presente escrito
de tutela. Las anteriores pretensiones encuentran su fundamento en los
siguientes:…

2

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Demandante: Asociación Encuentros
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-01918-00

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

La parte actora sostuvo que suscribió con Corpoboyacá un convenio de
cooperación número 2010-127 del 16 de noviembre de 2010, por una valor
de $355.673.880, cuyo término de duración era de 12 meses, el cual tenía
por objeto:

“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS CON LA
ASOCIACIÓN ENCUENTROS, PARA EJECUTAR EL PROYECTO
DENOMINADO “PLAN DE REGLAMENTACIÓN Y ORDENAMIENTO
DEL USO DEL RECURSO HIDRICO DE LA CORRIENTE PRINCIPAL
O DE PRIMER ORDEN DE LA CUENCA ALTA DEL RIO
CHICAMOCHA - SEGUNDA FASE (FORMULACIÓN Y RESULTADOS)
Y EL MONITOREO Y DIAGNÓSTICO DE CALIDAD CORRIENTE
PRINCIPAL DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO CHICAMOCHA”

Indicó que, la mencionada corporación consideró que la sociedad actora
había ejecutado parcialmente el objeto precitado, por lo que, estableció un
incumplimiento contractual en la ejecución del 40% inicial; por lo que,
procedió a declarar el siniestro por incumplimiento contractual y, ordenar la
terminación y liquidación unilateral del convenio de cooperación en cita, entre
otros.

Refirió que, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales,
solicitó la declaratoria de nulidad de los siguientes actos administrativos
relacionados con el mencionado convenio:

i) Resoluciones 3428 del 8 de noviembre de 2011, 2161 del 21 de agosto de
2012, 240 del 28 de febrero de 2013, 2356 del 11 de diciembre de 2013, 942
del 15 de mayo de 2014, y todos los demás que se deriven de los anteriores
actos, los cuales conllevaron a la declaratoria de siniestro por incumplimiento
contractual, ordenaron la terminación unilateral del contrato del convenio y la
liquidación unilateral del mismo, respectivamente.

ii) Resoluciones 811 del 30 de abril de 2014, 1561 del 11 de julio de 2014,
2501 del 3 de octubre de 2014 y 142 del 30 de enero de 2015, actos
derivados de un proceso de cobro coactivo.

Expuso que también solicitó la condena por los perjuicios que le causó la
aludida corporación. Dicho expediente se identificó con el radicado 15001-33-
33-002-2015-00096-01.

Expuso que, mediante sentencia del 29 de octubre de 2020, el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja negó las pretensiones
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de la demanda presentada en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales, al considerar que pese a que la demandante realizó acciones
para la ejecución del convenio, las mismas no fueron suficientes para lograr
el cumplimiento de las obligaciones, lo que conllevó a que la demandada
emitiera permanentes requerimientos por incumplimiento, para luego declarar
el siniestro en los actos demandados.

Precisó que, presentó un recurso de apelación en contra de la decisión
anterior, al considerar que, entre otros motivos, el servicio fue prestado por la
demandante habiendo alcanzado un avance parcial del 40%, conforme al
informe presentado a la demandada, el cual si bien tuvo demoras fue por
causas dolosas atribuibles al grupo supervisor y a los funcionarios del
contratante.

Señaló que, a través de sentencia del 9 de febrero de 2023, el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión número 6, confirmó la
providencia de primera instancia, al establecer que, no se desvirtuó la
presunción de legalidad de los actos demandados mediante los cuales
Corpoboyacá declaró la ocurrencia de un siniestro por incumplimiento parcial
y luego total, ordenó el reinicio del convenio, impuso una multa, ordenó la
liquidación y liquidó unilateralmente el convenio; así como tampoco se
desvirtuó la legalidad de los actos expedidos con ocasión del cobro coactivo.
Al respecto, se indicó:

…actos que tal y como quedó acreditado a lo largo del proceso
estuvieron soportados en el reiterativo incumplimiento de las
obligaciones adquiridas por parte de la ASOCIACIÓN ENCUENTROS;
consecuencias jurídicas que fueron acordadas por las partes desde el
mismo momento de la suscripción del convenio, conforme las cláusulas
décimo segunda, décimo tercera y décimo cuarta, mediante las cuales
se facultó a la entidad para dar por terminado el convenio por
incumplimiento de alguna de las obligaciones a cargo del Ejecutor,
disponer la liquidación unilateral en caso de que el ejecutor no acudiera
a la bilateral e imponer multas en caso de mora o retardo en la
ejecución del objeto convenido (sic), y por ello, contrario a lo pretendido
por la apelante no hay lugar al reconocimiento de la indemnización de
perjuicios ocasionados a los trabajadores de la Asociación, por la
alegada terminación unilateral del contrato (sic).

222. Así mismo concluye la Sala que, a partir del contenido del convenio
no se observa que, al menos en el plano formal, se hubiere pactado una
relación patrimonial conmutativa entre CORPOBOYACÁ y al
ASOCIACIÓN ENCUENTROS que apunte a calificarlo como un contrato
estatal sujeto al régimen de la Ley 80 de 1993, y que permita, de haber
sido configurado, declarar el desequilibrio económico que en el presente
asunto alega el apelante. Lo que se estipuló fue la conjunción de
esfuerzos técnicos y financieros para ejecutar el proyecto denominado
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Demandante: Asociación Encuentros
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
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“Plan de reglamentación y ordenamiento del uso del recurso hídrico de
la corriente principal o de primer orden de la cuenca alta del Rio
Chicamocha – segunda fase y el monitoreo y diagnóstico de calidad
corriente principal de la cuenca media del Rio Chicamocha”, permitiendo
concluir que CORPOBOYACÁ no contrató a la hoy demandante -
ASOENCUENTROS - a cambio de una remuneración. Según el
esquema reflejado en el convenio, la entidad pública demandada no
obtendría una contraprestación directa por su ejecución; aunado a que
conforme la cláusula segunda se pactó la cofinanciación,
correspondiéndole al ejecutor, hoy demandante, aportar setenta y un
millones ciento treinta y cuatro mil setecientos setenta y seis pesos
MCTE ($71.134.776), representados en recurso humano, bienes y
servicios (sic), prestaciones que son las que, sin lugar a ello, se
reclaman en el presente asunto.

Mencionó que, la anterior decisión se notificó con estado que se fijó el 15 de
febrero de 2023 y mediante correo electrónico enviado el en la misma fecha.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora sostuvo que al interior del medio de control de controversias
contractuales objeto de demanda se vulneraron los derechos constitucionales
fundamentales pues, a su juicio, en las sentencias acusadas se tuvo en
cuenta únicamente las pruebas que favorecían a la contraparte; con lo que
se configuró un defecto fáctico.

Mencionó que, las decisiones judiciales cuestionadas se emitieron sin
atender a la “realidad”, toda vez que, se restó el peso probatorio a los
testigos de la asociación, quienes no fueron citados al proceso. Al respecto,
expuso lo siguiente:

94- Esta sentencia no fue juiciosa ni jurídicamente analizada, y no se
basó el mismo en un juicioso estudio ni en un detallado contenido, pues
no comprendió, entre otros aspectos:

95- La sentencia fue fallada de carácter eminentemente subjetivas que
se apartan de toda veracidad respecto a los verdaderos factores
objetivos que deben tener en cuenta las verdaderas pruebas para rendir
un fallo.

96- Este fallo se profirió a "ojímetro" que, basado en soportes jurídicos,
prueba de ello, es que no se analizaron en debida forma las obrantes en
el libelo de la demanda, ni las solicitadas por el apoderado de la parte
demandante, con los cuales se le darían un sustento y verdadero
dictamen jurídico, (que concluye que del expediente),

97- lo que nos remitiría necesariamente a concluir que los fallos en
primera y segunda instancia rendido por el Señor juez segundo
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administrativo de Tunja, como el Tribunal Administrativo de Boyacá, no
está ajustado en cuanto a derecho se refiera sí no que está diseñado a
beneficiar a la parte demandada es decir a Corpoboyacá.

…

Destacó que en las providencias cuestionadas estaban afectadas por “error
grave” y que favorecían a la Corpoboyacá, ya que, no fueron valoradas la
totalidad de las pruebas y no se respetó el derecho de defensa y
contradicción al no escuchar los testigos que respaldaban la tesis de la
asociación y porque no prosperó la objeción que formuló sobre la prueba
pericial.

1.5. Trámite de la solicitud de tutela

Mediante auto del 25 de abril de 2024 se admitió la acción de tutela y, en
consecuencia, se dispuso la notificación de los magistrados que integran el
Tribunal Administrativo de Boyacá, así como al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Tunja.

A su vez, se dispuso la vinculación de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá (Corpoboyacá). Se requirió el expediente objeto de demanda.

1.6. Contestaciones

Surtidas las notificaciones, se recibieron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión número 6

Esta autoridad judicial se opuso a la prosperidad de lo solicitado por la
asociación demandante, al considerar que lo pretendido es que se declare
sin efectos el fallo proferido en segunda instancia dictado en el proceso de
controversias contractuales; no obstante, tales pretensiones no resultan
procedentes, en tanto que en ese asunto la decisión ya fue objeto de debate
jurídico.

Destacó que, si bien la accionante tiene derecho acceder a la administración
de justicia, también le asiste el deber de hacerlo en los términos que fija la
ley para ello, y al no cumplir con tal deber no puede invocar vulneración de
derechos fundamentales.

Indicó que resulta evidente que la presente acción de tutela no es procedente
y en caso de serlo, se puede evidenciar claramente que las providencias
cuestionadas no están viciadas de ningún defecto que dé lugar a vulnerar los
derechos fundamentales invocados por la actora, por lo que solicito que se
desestimen las pretensiones de la acción de amparo.
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1.6.2. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja

Este despacho judicial aportó copia digital el expediente objeto de demanda.

A su vez, en escrito separado presentó su informe, con el cual se opuso a la
prosperidad de la demanda constitucional, al considerar que sentencia de
primera instancia se efectuó un estudio de cada medio de prueba legalmente
allegado, y respecto del cual se adelantó en debida forma su contradicción, al
punto de descartar un dictamen pericial que no atendió a las reglas de la
prueba.

Indicó que, la decisión de negar las pretensiones de la demanda se fundó en
razones jurídicas conforme al marco legal que regula el asunto y con el
análisis de los diversos medios de pruebas como testimonios, actos
administrativos y documental que se produjo en desarrollo del contrato, que
permitieron concluir que no resulta procedente acceder a lo pretendido por la
Asociación demandante al interior del medio de control, decisión que fue
objeto de apelación y fue confirmada por el superior en la sentencia de 9 de
febrero de 2023.

Precisó que, desde que se profirió el fallo de segunda instancia el 9 de
febrero de 2023, que se notificó a la Asociación Encuentros el 15 de febrero
de ese año, hasta la interposición de la acción (22 de abril de 2024) trascurrió
más de un año y dos meses, con lo que se desconoce el principio de
inmediatez, el cual es un presupuesto para la procedencia del amparo.

Destacó que, ante la falta del presupuesto de inmediatez, la acción de tutela
deviene en improcedente. En su defecto, manifestó que deben negarse las
pretensiones ya que este mecanismo constitucional se utilizó como una
tercera instancia para cuestionar decisiones judiciales fundadas en las
pruebas allegadas.

Aportó la constancia de notificación del 15 de febrero de 2023 del fallo de
segunda instancia, mediante enlace virtual.

1.6.3. Corpoboyacá

Este vinculado se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda
constitucional, al considerar que no se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la relevancia constitucional, la inmediatez y la subsidiariedad.

Señaló que, el reproche del actor radica es en el cobro coactivo que adelanta
la aludida corporación en su contra, por valor de “poco más de ciento trece
millones de pesos”; por tanto, el verdadero interés que le asiste a la
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asociación demandante es económico, razón por la cual, el asunto no es
relevante constitucionalmente.

Indicó que la sentencia de segunda instancia del 9 de febrero de 2023, fue
notificada a las partes el 15 del mismo mes y año; por lo que, la acción de
tutela se presentó con más de 14 meses después de ejecutoriada dicha
decisión. Por lo que no se acreditó el primer presupuesto en mención.

Hizo referencia a los testigos que fueron decretados, pero que no asistieron
la audiencia de pruebas, del que sí asistió pero no presentó su documento de
identidad y luego de reprogramar la diligencia, tampoco asistió. Precisó que,
en cuanto al dictamen pericial, la corporación demandada presentó solicitud
de aclaración y complementación, y la asociación en cita lo objeto por error;
pero que, el perito no compareció a la siguiente audiencia en la que debía
pronunciarse frente a tales solicitudes.

Agregó que, en cuanto a la inconformidad de la parte actora relativa a que en
la sentencia no se tuvo en cuenta el material probatorio (testimonios y prueba
pericial) de dicha asociación actora y sobre la parcialización en favor de
Corpoboyacá, lo que se presentó fue una ausencia de diligencia en la
práctica de los testimonios (artículos 217 y 218 del Código General del
Proceso y, en cuanto a la prueba pericial se reseñó que al no comparecer el
perito a su sustentación, esta no tenía fuerza probatoria (artículo 228 ibidem).

Expuso que, adicionalmente, era en esa etapa probatoria que la aquí
accionante debía interponer los recursos idóneos en defensa de sus
intereses, pero eso no ocurrió; por lo que, la acción de tutela no es la vía
para solventar las falencias de las partes y, tampoco se puede utilizar como
“tercera instancia”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia,
en atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37
del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si se cumplen los presupuestos generales
de procedencia de la acción de tutela y, de ser así, si el tribunal demandado
incurrió en los defectos específicos invocados por la parte actora al confirmar
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la decisión que negó las pretensiones del medio de control de controversias
contractuales instaurado por la accionante contra la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá (Corpoboyacá), el cual se identificó con el radicado
15001-33-33-002-2015-00096-01.

Al respecto, se precisa que, si bien la parte accionante cuestionó tanto la
sentencia de primera como la segunda instancia dictadas en el proceso
ordinario, lo cierto es que, el siguiente análisis recaerá sobre la sentencia de
segunda instancia demandada, pues le puso fin a la controversia.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 20123, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.4

Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado
su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta
el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no

3
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
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Ibídem.

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puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.5

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal
entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y,

ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Inmediatez

En lo particular se encuentra que la asociación accionante cuestionó la
sentencia segunda instancia dictada el 9 de febrero de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de decisión número 6, en el proceso de
controversias contractuales que promovió contra Corpoboyacá, pues con
dicha decisión se confirmó la sentencia que negó las pretensiones de su
demanda contra los actos administrativos que, entre otros asuntos,
declararon el siniestro por incumplimiento contractual y, ordenó la

5
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.

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terminación y liquidación unilateral del convenio de cooperación suscrito
entre ambas entidades.

Para tal efecto, hizo alusión a un presunto defecto fáctico pues consideró que
se tuvo en cuenta únicamente las pruebas que favorecían a la contraparte y
se le restó el peso probatorio a sus testigos y no prosperó su objeción frente
al dictamen pericial presentado, con lo cual se le ocasionó un grave perjuicio
a la sociedad demandante, el cual demandó a través del medio de control de
controversias contractuales.

El tribunal y juzgado demandados se opusieron a la prosperidad de la acción
de tutela al coincidir que no se cumple con el requisito de la inmediatez y, en
su defecto, tampoco se trata de un asunto con relevancia constitucional.

Adicionalmente Corpoboyacá en calidad de vinculado también alegó la falta
de acreditación de tal presupuesto, así como el de la relevancia
constitucional por ser un asunto económico por el cobro coactivo que
adelanta dicha corporación en contra de la actora y, a la subsidiariedad pues
la asociación demandante no formuló los recursos del caso frente a las
decisiones relativas a las pruebas reprochadas.

En relación con la falta de cumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad
alegada por la corporación vinculada, se considera necesario anotar que, en
efecto, la acción de tutela no es una vía correctiva ante las falencias
probatorias de la parte actora en cuanto a la defensa de sus intereses en el
medio de control en mención. Esto, en razón de la naturaleza subsidiaria de
este medio constitucional.

Adicionalmente, se observa que, si bien la controversia contractual y la
materialización de los actos demandados tienen un contorno económico por
lo del cobro coactivo en cita, lo cierto es que, lo que expresamente se
cuestionó en esta sede constitucional corresponde a la providencia que
confirmó la sentencia que negó las pretensiones de aquel medio de control,
decisión judicial sobre la cual recaerá el siguiente análisis:

Así las cosas, se precisa que la providencia de segunda instancia
demandada se notificó con estado que se fijó el 15 de febrero de 2023 y
mediante correo electrónico enviado el en la misma fecha; por su parte, la
acción de tutela de la refencia se presentó el 18 de abril de 2024. De modo
que, entre una fecha y otra transcurrió más de un año.

El requisito de la inmediatez exige que la tutela se interponga tan pronto se
produce el hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales o, por lo menos, dentro de un término prudencial y
consecuencial a su ocurrencia, esto es, seis meses.
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Demandante: Asociación Encuentros
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-01918-00

Lo anterior, debido a que el paso prolongado del tiempo indica que se ha
disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección deprecada,
desvirtuándose así la inminencia de la afectación6, tal plazo prudencial, el
cual se ha fijado en 6 meses por la Corte Constitucional y acogido por el
Consejo de Estado, y ha de analizarse en cada caso concreto para
determinar si un exceso en el mismo se halla justificado como para omitir su
consideración y entrar al fondo del debate jurídico planteado.

Además de lo anterior, la Corte Constitucional7 ha advertido que este
requisito responde a necesidades adicionales como son proteger derechos
de terceros que pueden verse vulnerados por una tutela ejercida en un plazo
irrazonable, impedir que el amparo se convierta en factor de inseguridad
jurídica y evitar el uso de este mecanismo constitucional como herramienta
supletiva de la propia negligencia en la defensa de los derechos.

Sin embargo, la Corte Constitucional8 y esta Sala9 han admitido la
procedencia de la acción constitucional interpuesta cuando ha transcurrido
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que:

i) Exista un motivo válido para la inactividad del demandante, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros;

ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión;

iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los interesados; y

iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y
que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual.

6
Al respecto la Corte Constitucional en el fallo T-142 de 1 de marzo de 2012, con ponencia
del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, reiteró la tesis según la cual “la tutela resulta
improcedente cuando la demanda se interpone después de transcurrido un lapso irrazonable
y extenso, desde la fecha en que sucedieron los hechos o viene presentándose el hecho
vulnerador que la parte accionante estima que afecta sus derechos fundamentales”.
7
Sentencia T-033 del 26 de enero de 2015, con ponencia de la doctora María Victoria Calle
Correa.
8
Sentencia T-246 del 30 de abril de 2015, con ponencia de la magistrada Martha Victoria
Sáchica Méndez.
9
Ver entre otras la sentencia del 27 de agosto de 2015, proferida en el expediente número
11001-03-15-000-2015-01579-00 (AC). con ponencia de la consejera Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez.

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En lo atinente, se estima pertinente indicar que, tratándose de acciones de
tutela interpuestas en contra de providencias judiciales, el demandante debe
acreditar el cumplimiento de los presupuestos generales de procedibilidad
para que pueda analizarse el fondo del caso concreto.

Así, este mecanismo constitucional fue estatuido por el constituyente con el
objeto de proveer una protección inmediata de los derechos fundamentales
conculcados, lo que supone su amparo rápido, urgente, actual y eficaz 10.

Por consiguiente, en el presente asunto, la sala no encuentra un ejercicio
pronto de la acción dentro del plazo de los seis meses dispuesto para ello,
pues se reitera que, desde el día siguiente a la ejecutoria de la providencia
cuestionada hasta la presentación de la acción de tutela, ha transcurrido
más de un año.

Adicionalmente, tampoco existe un motivo válido que justifique la inactividad
de la parte accionante para promover la solicitud de amparo dentro de los
referidos seis meses, ni que la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión, ni existe un
nexo causal entre el ejercicio inoportuno de esta vía constitucional y la
vulneración de los derechos de los interesados. Además, la situación
desfavorable que alega respecto de la decisión acusada no es continua y
actual.

En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela, pues
en el presente asunto no se cumple con el presupuesto general de
procedencia de la inmediatez.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada
por la Asociación Encuentros por no cumplir con el requisito de la inmediatez.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

10
El artículo 86 de la Carta prevé que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales.

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TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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