Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01919-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01919-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01919-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
1 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., primero (1o.) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2024-01919-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: NINFA MARINA GONZÁLEZ BEJARANO
TESIS: SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO QUE DENEGÓ EL
AMPARO SOLICITADO. LA PROVIDENCIA CUESTIONADA NO
INCURRIÓ EN LAS IRREGULARIDADES ADUCIDAS POR LA ACTORA.
LA DECISIÓN FUE RAZONABLE Y ADMISIBLE, CONFORME CON LAS
PARTICULARIDADES DEL CASO. RECURSO EXTRAORDINARIO DE
REVISIÓN INFUNDADO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, A LA DIGNIDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA Y AL TRABAJO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la
sentencia de 24 de mayo de 2023, proferida en primera instancia por
la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE
ESTADO1 que denegó el amparo solicitado.
1
En adelante SECCIÓN TERCERA.
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Número único de radicación: 110010315000-2024-01919-01
Actora: Ninfa Marina González Bejarano
I.– ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La señora NINFA MARINA GONZÁLEZ BEJARANO, actuando a
través de apoderado, en ejercicio de la acción de tutela prevista en
el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
dignidad, al acceso a la administración de justicia y al trabajo, los
cuales estima vulnerados por la SALA ESPECIAL DE DECISIÓN
NÚM. 7 DEL CONSEJO DE ESTADO2 al proferir la sentencia de 27
de septiembre de 2023, dentro del recurso extraordinario de revisión
identificado con el número único de radicación 110010315000-2023-
00949-00.
I.2.- Hechos
Indicó que el 16 de febrero de 1983 fue vinculada como empleada
en provisionalidad a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES -DIAN- y, posteriormente, incluida en carrera
2
En adelante la SALA ESPECIAL DE REVISIÓN.
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Número único de radicación: 110010315000-2024-01919-01
Actora: Ninfa Marina González Bejarano
administrativa a partir del 1o. de junio de 1993 en aplicación del
artículo 116 del Decreto 2117 de 29 de diciembre 19923.
Explicó que los días 22 de septiembre de 2008 y 3 de julio de 2012
presentó ante la DIAN solicitudes de reconocimiento y pago de la
prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente
calificada, las cuales fueron resueltas negativamente en los oficios
00360 de 14 de noviembre de 2008 y 001449 de 27 de julio de 2012.
Manifestó que, ante la negativa de la entidad, promovió un medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que fue identificado
con el número único de radicación 250002342000-2015-03953-01 y
atribuido para su trámite en primera instancia a la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA4 que, mediante
sentencia de 5 diciembre de 2019, denegó las pretensiones al estimar
que no cumplía con los requisitos de tiempo de servicio de
experiencia altamente calificada.
3
“Por el cual se fusiona la dirección de impuestos nacionales y la dirección de aduanas nacionales en
la unidad administrativa especial dirección de impuestos y aduanas nacionales y se dictan disposiciones
complementarias.”
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En adelante el TRIBUNAL.
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Número único de radicación: 110010315000-2024-01919-01
Actora: Ninfa Marina González Bejarano
Expuso que la referida decisión fue confirmada en sentencia de 20
de enero de 2022 por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”-
DEL CONSEJO DE ESTADO5.
Explicó que al estimar que la referida providencia desconoció los
principios de congruencia y non reformatio in pejus, promovió la
acción de tutela identificada con el número único de radicación
110010315000-2022-02412-00, decidida en primera instancia a
través de sentencia de 23 de junio de 2022 por la SECCIÓN
PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO que declaró improcedente la
solicitud por subsidiariedad, por la existencia del recurso
extraordinario de revisión.
Agregó que la referida decisión fue confirmada por la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO,
mediante sentencia de 2 de septiembre de 2022.
Anotó que el 21 de febrero de 2023 interpuso el recurso
extraordinario de revisión identificado con el número único de
radicación 110010315000-2023-00949-00, contra la sentencia de 20
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En adelante la SECCIÓN SEGUNDA.
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de enero de 2022, por la configuración de la causal 5 del artículo 250
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -CPACA6, al estimar configurados los defectos de
congruencia y desconocimiento del principio de non reformatio in
pejus.
Precisó que, mediante sentencia de 27 de septiembre de 2023, la
SALA ESPECIAL DE REVISIÓN del Consejo de Estado declaró
infundado el recurso extraordinario de revisión, debido a que no
encontró configurada la causal de revisión alegada.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Expuso que al proferir la sentencia cuestionada la autoridad judicial
accionada no podía “[…] conceptuar que no está configurada la
causal 5 del artículo 250 del CPACA sino para decidir de fondo por
tratarse de un presupuesto procesal cuyo cumplimiento dio lugar al
auto admisorio de la demanda del 29 de mayo de 2023 […]”.
Agregó que en la providencia la autoridad judicial señaló que “[…] no
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En adelante CPACA.
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estableció cómo, en la sentencia objeto del presente recurso, se
configuró alguna de las causales de nulidad […]”, situación que, en
su sentir, no está prevista en la norma, por lo que exigió un requisito
extralegal.
Anotó que ni el juez de tutela ni el de revisión han efectuado el
estudio de sus reproches, puesto que se quedaron en la etapa de los
presuntos presupuestos procesales.
Precisó que, en ese orden de ideas, al proferir la sentencia
cuestionada la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto
procedimental al “[…] no fundamentarse la decisión en los hechos,
derecho y peticiones contenidos en el recurso, como si no existieran,
sino en un requisito inexistente que no haría procedente el recurso y
cuyo incumplimiento lo daría por inadmitido fuera de la oportunidad
procesal y, por ende, sin darse los presupuestos para estructurar una
decisión de fondo, las violaciones ostensibles al debido proceso no se
hacen esperar y entre ellas la transgresión al principio de la
congruencia […]”.
Explicó que de igual forma se encuentra configurado el defecto
sustantivo, al exigírsele un requisito inexistente, como fue el de “[…]
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establecer cómo en la sentencia objeto del presente recurso se
configuró alguna de las causales de nulidad previstas expresamente
en la ley […]”.
Argumentó que, además, la providencia cuestionada carece de
motivación y desconoce la Constitución, esto último por inaplicación
del artículo 29 de la norma superior que prevé el derecho al debido
proceso.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:
“[…] PRIMERO.- Tutelar los derechos fundamentales y principios
mínimos fundamentales que estimo vulnerados consagrados en
los artículos 1, 13, 25, 29,53, 84 y 229 de la Constitución
Nacional.
SEGUNDO.- Ordenar a la Sala Especial de Decisión No 7 de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que
revoque la sentencia del 27 de septiembre de 2023 impugnada
y expida una nueva que resuelva de fondo el recurso
extraordinario de revisión, como en derecho corresponde, y
cesen las vulneraciones a los derechos fundamentales y
principios mínimos fundamentales cuyo amparo solicito.
TERCERO: realizar todas las diligencias y actuaciones que fueren
necesarias para hacer posible que las anteriores peticiones
tengan cumplimiento […]”.
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I.5.- Defensa
I.5.1.- La SALA DE REVISIÓN manifestó que no participaría en el
presente asunto como parte, no obstante, estar atenta a las
determinaciones que se hagan en la sentencia respectiva.
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN TERCERA de esta Corporación, mediante sentencia de
24 de mayo de 2024, luego de determinar que la acción de tutela
cumplía con los requisitos generales de procedibilidad, realizó un
estudio del fondo del asunto, para concluir que no había lugar a
conceder el amparo deprecado.
Sostuvo que los argumentos de la actora se reducían a los defectos
sustantivo y falta de motivación, razón por la cual le correspondería
determinar si la autoridad judicial accionada exigió requisitos
extralegales "[...] para determinar la configuración de la causal 5 del
artículo 250 del CPACA, para la procedencia del recurso
extraordinario de revisión presentado y, si la decisión adoptada se
emitió sin la debida motivación […]”.
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Expuso que, en efecto, en la providencia cuestionada se mencionó la
falta de argumentación por parte de la accionante sobre la manera
en que se configuró la nulidad alegada, consideración que “[…] no
tenía lugar, en la medida en que, de acuerdo con esa misma
providencia, la parte accionante había invocado la vulneración a los
principios de no reformatio in pejus y congruencia, como causales de
nulidad, lo que resultaba suficiente para proceder el estudio de la
causal de revisión […]”.
Precisó que, no obstante, en la sentencia objeto de reparos en tutela
se declaró infundado el recurso de revisión, debido a que no se
encontraron configuradas las causales de nulidad invocadas, a saber,
vulneración a los principios de no reformatio in pejus y congruencia.
Anotó que, en relación con la nulidad por vulneración al principio de
no reformatio in pejus, la autoridad accionada estableció que no hubo
una afectación, por cuanto la sentencia de segunda instancia se
limitó a confirmar la decisión adoptada por el juez de primera
instancia.
Agregó que respecto de la nulidad por la vulneración al principio de
congruencia, en la providencia objeto de tutela se determinó que
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“[…] la demandante busca discutir el fundamento jurídico de la
decisión recurrida” con lo que “pretende revivir una instancia
procesal, lo cual no es viable en el marco del recurso de revisión […]”
Destacó que, si bien la accionante invocó la existencia de una
incongruencia en la sentencia objeto de revisión, “[…] los cargos del
recurso hacían alusión al indebido cómputo del tiempo de experiencia
de 3 años que tenía la demandante y al desconocimiento del régimen
de transición del Decreto 1724 de 1997, reparos que no exponían
una falta de congruencia, sino que reiteraban los fundamentos de
legalidad discutidos en el proceso ordinario […]”.
Concluyó que en ese orden de ideas la SALA ESPECIAL DE
REVISIÓN no incurrió en defecto alguno como lo adujo la actora,
razón por la cual no había lugar a conceder el amparo deprecado.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora impugnó la sentencia proferida en primera instancia
indicando que las sentencias proferidas en el proceso ordinario, el
recurso de revisión y la decisión de a quo son incongruentes, porque
no están en consonancia con los hechos y pretensiones de sus
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demandas.
Aclaró que su disenso radica en el hecho de que la autoridad judicial
accionada haya exigido requisitos diferentes a los previstos en el
artículo 252 del CPACA para la procedencia del recurso de revisión,
al requerirle argumentar “[…] cómo, en la sentencia objeto del
presente recurso, se configuró alguna de las causales de nulidad
previstas expresamente en la ley […]”.
Agregó que las “[…] anteriores situaciones no las considera el juez
de tutela, quien pareciera asumir la competencia que es propia del
juez de revisión con la pretensión de cubrir sus deficiencias,
revisando el fallo, lo cual es contrario a derecho […]”.
Anotó que la SALA ESPECIAL DE REVISIÓN debió pronunciarse
frente a su escrito de tutela “[…] no simplemente limitarse a acatar
la decisión que se adopte para responder ante las graves violaciones
al debido proceso y derechos fundamentales […]”.
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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Cuestión previa
Previo a resolver el asunto sub examine, la Sala advierte que el señor
consejero de Estado OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, mediante escrito
visible en el índice 4 del expediente digital7, manifestó su
impedimento para actuar en el proceso de la referencia, por cuanto
como integrante de la Sala núm. 7 Especial de Decisión participó en
la adopción de la sentencia de 27 de septiembre de 2023, proferida
7
El expediente digital se encuentra en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial, SAMAI.
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dentro del recurso extraordinario de revisión identificado con el
número único de radicación 110010315000-2023-00949-00, objeto
de la presente tutela.
Por lo anterior, considera que se encuentra incurso en la causal de
impedimento prevista en el numeral 6 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal -en adelante CPP-.
Para resolver, SE CONSIDERA:
La causal prevista en el numeral 6 del artículo 56 del CPP, prevé lo
siguiente:
“[…] Causales de impedimento.
Son causales de impedimento:
6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya
revisión se trata, o hubiere participado dentro del
proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera
permanente o pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario
que dictó la providencia a revisar […]” (Resaltado fuera del
texto original).
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A juicio de la Sala, los hechos que soportan el impedimento
manifestado por el señor consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ,
configuran la causal alegada, como quiera que el citado magistrado
suscribió la sentencia de 27 de septiembre de 2023, proferida por la
Sala núm. 7 Especial de Decisión dentro del recurso extraordinario
de revisión objeto de la presente solicitud de amparo.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará fundado el impedimento
manifestado por el citado consejero para intervenir en la acción
constitucional de la referencia, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
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observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
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genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
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vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
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o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto la
sentencia de 27 de septiembre de 2023, proferida por la SALA
ESPECIAL DE REVISIÓN dentro del recurso extraordinario de
revisión identificado con el número único de radicación
110010315000-2023-00949-00.
A través de la referida providencia la autoridad judicial accionada
declaró infundado el recurso interpuesto contra la sentencia dictada
el 20 de enero de 2022 por la SECCIÓN SEGUNDA del Consejo de
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Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación
250002342000 2015 03953 01, a través de la cual le fue negado a
la actora el reconocimiento de una prima técnica como funcionaria
de la DIAN.
El disenso de la actora deviene del hecho de que, en su sentir, la
SALA ESPECIAL DE REVISIÓN no decidió de fondo sus reproches,
al exigirle requisitos procesales no dispuestos en el artículo 252 de
CPACA, en particular, especificar la manera en que se configuraron
las causales de nulidad de la sentencia invocadas, situación a partir
de la cual aquella estima que se configuraron los defectos sustantivo,
procedimental, decisión sin motivación y violación directa de la
Constitución.
En el curso de la primera instancia la SECCIÓN TERCERA de esta
Corporación estudió el caso a partir del marco jurídico de los defectos
sustantivo y decisión sin motivación, para establecer que no había
vulneración alguna, comoquiera que la decisión cuestionada obedeció
a que no se configuraron las causales de nulidad alegadas, no así a
la falta de estudio de estas.
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En la impugnación, la actora insistió en sus argumentos iniciales y
destacó que su inconformidad deviene de las exigencias que, en su
sentir, hizo la autoridad judicial de requisitos adicionales a los
previstos en el artículo 252 del CPACA, además reprochó que el a
quo no haya estudiado todos los defectos que planteó en su
demanda.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que
debe resolver consiste en determinar si hay lugar a confirmar,
modificar o revocar la sentencia impugnada, para lo cual, en primer
lugar, debe estudiar si el caso cumple con los presupuestos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
y, de ser así, establecer si la SALA DE REVISIÓN vulneró los
defectos invocados, al haber proferido la sentencia de 27 de
septiembre de 2024.
La Sala observa que en el presente caso, se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, por cuanto la actora plantea con
suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en su
criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales y se
configuraron los defectos alegados; contra la decisión cuestionada
no proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los
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recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y
unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de
tutela se interpuso en un plazo razonable8, la solicitud identifica los
hechos y derechos que se estiman lesionados; y, por último, no se
trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
Visto que el presente asunto cumple con los requisitos generales de
procedibilidad, la Sala hará mención al marco jurídico de los defectos
alegados por la actora, para enseguida efectuar el estudio del fondo
del asunto.
Del defecto sustantivo
En relación con el defecto sustantivo, la Corte Constitucional9 ha
precisado que este se presenta cuando “[…] la autoridad judicial
aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la
que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraría
los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica […]”.
8
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
9 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a
conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten
vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia
T-949 de 200910, la Corte Constitucional señaló los siguientes:
“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha
perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente d)
ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que
la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la
norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a
los expresamente señalados por el legislador”.
(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima
facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes” o cuando en una decisión judicial “se aplica una norma
jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal
decisión judicial […]”
De igual forma, la Corte Constitucional11 ha dicho que al examinar
estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa ruptura
con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión “[…]no
10
M.P Mauricio González Cuervo.
11
Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del
grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados
por el Juez ordinario, sino que se restringe a identificar la
incompatibilidad entre estos y las normas jurídicas que regulan la
materia debatida en sede jurisdiccional […]”.
Del defecto procedimental
En relación con el defecto procedimental, esta Sala ha señalado 12 lo
siguiente:
“[…] La jurisprudencia constitucional ha reconocido dos tipos de
defectos procedimentales: el denominado defecto procedimental
absoluto y el llamado defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto. Se ha señalado que el defecto procedimental
absoluto se configura cuando “[…] el funcionario judicial se
aparta por completo del procedimiento establecido legalmente
para el trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe
a un trámite completamente ajeno al pertinente -desvía el cauce
del asunto-, o ii) omite etapas sustanciales del procedimiento
establecido legalmente afectando el derecho de defensa y
contradicción de una de las partes del proceso […]”13. De otra
parte, se ha afirmado que el defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto tiene lugar cuando el funcionario, por el apego
excesivo e irrestricto a las formas, termina generando un
obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y, en
consecuencia, sus actuaciones se convierten en una clara
denegación de justicia14. Se incurre en esta modalidad cuando,
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de marzo
de 2019, C.P Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001031500020180402301.
[13] “Sentencia T-327 de 2011”.
[14] “Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva”.
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entre varias interpretaciones posibles, el juez prefiere aquella
que no favorece el principio pro homine e impide al ciudadano el
acceso efectivo a la administración de justicia […]”.
Conforme con lo expuesto en cita, al alegarse el defecto
procedimental contra una providencia judicial, lo correcto es que el
interesado ilustre la manera en que la autoridad judicial accionada
desconoció el trámite establecido para la adopción de aquella, esto
es, que demuestre que el proceso judicial que dio lugar a la decisión
acusada fue adelantado sin observar el trámite que las normas
adjetivas establecen para tal efecto.
De la falta de motivación
La exigencia de motivación de las decisiones judiciales constituye una
garantía de quienes concurren a la administración de justicia, en la
medida que permite a estos conocer las razones y fundamentos de
la decisión respectiva, blindándolos así de actuaciones arbitrarias y
discrecionales.
Respecto del deber de motivación de las decisiones judiciales, el
numeral 7 del artículo 42 del Código General del Proceso prevé:
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“[…] ARTÍCULO 42. DEBERES DEL JUEZ. Son deberes del juez
[…]
7. Motivar la sentencia y las demás providencias, salvo los autos
de mero trámite.
La sustentación de las providencias deberá también tener en
cuenta lo previsto en el artículo 7 sobre doctrina probable […]”.
De la violación directa de la Constitución
Esta causal especial de procedibilidad de la acción de tutela
encuentra su sustento en el artículo 4° de la Constitución Política,
según el cual “[…] la Constitución es norma de normas. En todo caso
de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales […]”.
La referida Corporación Judicial15 ha señalado que este defecto se
estructura cuando una sentencia judicial desconoce o inaplica
determinados postulados del texto superior, bien sea porque los
omite por completo, los contradice, o les atribuye un alcance
insuficiente.
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-490 de 13 de septiembre de 2016, M.P.: GABRIEL EDUARDO
15
MENDOZA MARTELO.
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En cuanto a la configuración de esta causal como requisito de
procedibilidad, la Corte16 ha sostenido que el juez ordinario
desconoce la Constitución Política cuando:
“[…]
(i) Deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso
concreto, es decir, cuando (a) en la solución del caso se deja
de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad
con el precedente constitucional, (b) se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata, y (c) el juez en sus
decisiones vulnera derechos fundamentales y no tiene en
cuenta el principio de interpretación conforme con la
Constitución.
(ii) Aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución.
Hace referencia al deber de aplicar las normas
constitucionales con preferencia a las legales, mediante el
ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad.
[…]”.
Caso concreto
A través de la sentencia de 27 de septiembre de 2023, la SALA
ESPECIAL DE REVISIÓN de esta Corporación declaró infundado el
recurso extraordinario de revisión interpuesto por la actora, con base
en el siguiente análisis:
“[…] 9.1.- En primer lugar, la recurrente no estableció cómo, en
la sentencia objeto del presente recurso, se configuró alguna de
16
Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, sentencia T-587 de 21 de septiembre de 2017, C.P.:
ALBERTO ROJAS RÍOS.
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las causales de nulidad previstas expresamente en la ley, lo cual
es necesario para la procedencia del recurso con base en la
causal 5° del artículo 250 del CPACA. Las causales de nulidades
procesales son taxativas. En ese sentido, la nulidad que se
origina en la sentencia debe estar expresamente consagrada en
una norma de carácter legal: por ejemplo, se profiere la
sentencia sin dar traslado a alegatos o se toma la decisión por
un número distinto de los magistrados que deben hacerlo. Así,
las nulidades deben ser definidas previamente por normas de
carácter general: el legislador indica qué vulneraciones
específicas del debido proceso pueden dar lugar a que la
sentencia sea nula.
9.2.- El artículo 29 constitucional consagra una causal de nulidad
en su inciso final: <>. La norma constitucional también define
previamente los supuestos de hecho para que haya una nulidad.
El mismo constituyente estableció que no toda violación al
debido proceso genera nulidades. Se reitera, entonces, que
corresponde al legislador (o al constituyente) calificar
previamente cuáles son las irregularidades que dan lugar a esa
sanción (nulidad) sobre los actos procesales.
10.- En gracia de discusión, no es cierto que la sentencia hubiera
incurrido en las irregularidades alegadas: por una parte, no hubo
afectación al principio de non reformatio in peius porque la
sentencia de segunda instancia se limitó a confirmar la decisión
adoptada por el juez de primera instancia; por la otra, es claro
que lo alegado no constituye una violación al principio de
incongruencia, pues la demandante busca discutir el fundamento
jurídico de la decisión recurrida: pretende revivir una instancia
procesal, lo cual no es viable en el marco del recurso de revisión
[…]”.
Conforme con la trascripción en cita la autoridad judicial accionada
determinó que la actora no estableció la forma cómo la providencia
recurrida configuró la causal de nulidad invocada, pero en particular,
advirtió que no se configuraron las irregularidades que se le atribuían
a la sentencia allí cuestionada.
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En primer lugar, en relación con el presunto desconocimiento al
principio de non reformatio in peius que la actora alegaba en el
recurso extraordinario de revisión, la SALA ESPECIAL DE
REVISIÓN de esta Corporación encontró que la providencia
recurrida no adolecía de dicha irregularidad, comoquiera que en esta
la SECCIÓN SEGUNDA del Consejo de Estado solo había confirmado
la decisión del TRIBUNAL en la que se le había negado el
reconocimiento de la prima especial reclamada.
En segundo lugar, respecto de la falta de congruencia, la autoridad
judicial accionada indicó que los argumentos de la actora no estaban
dirigidos a demostrar este defecto, sino a discutir el fundamento de
la decisión recurrida para revivir una instancia procesal.
En ese orden de ideas, la Sala no encuentra que al proferir la
providencia cuestionada, la SALA ESPECIAL DE REVISIÓN de esta
Corporación haya incurrido en los defectos sustantivo,
procedimental, decisión sin motivación, violación directa de la
Constitución, ni cualquier otra irregularidad, derivada del hecho de
que haya señalado que correspondía a la actora establecer cómo la
sentencia objeto del recurso estaba incursa en la causal de nulidad
invocada.
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En efecto, los numerales 2 y 3 del artículo 252 del CPACA, prevén
que corresponde al recurrente indicar los hechos y omisiones que le
sirvan de fundamento, así como indicar de forma precisa y
razonada la causal invocada, en los siguientes términos:
“[…] ARTÍCULO 252. REQUISITOS DEL RECURSO. El recurso
debe interponerse mediante escrito que deberá contener:
1. La designación de las partes y sus representantes.
2. Nombre y domicilio del recurrente.
3. Los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento.
4. La indicación precisa y razonada de la causal invocada.
Con el recurso se deberá acompañar poder para su interposición
y las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder
y solicitará las que pretende hacer valer […]”. (Destacado fuera
de texto)
Ahora bien, no es cierto que la falta de prosperidad del recurso
extraordinario de la actora haya obedecido únicamente a su falta de
argumentación, puesto que como se indicó tal situación devino del
hecho de que la autoridad judicial no haya encontrado configuradas
las irregularidades cuya existencia aquella alegaba, lo cual en todo
caso resultaba razonable.
En efecto, teniendo en cuenta que de forma general el principio de la
no reformatio in pejus es una garantía para que al apelante único no
le sea desmejorada su situación, era razonable que la autoridad
judicial accionada haya denegado su desconocimiento, comoquiera
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que a través de la sentencia de 20 de enero de 2022, la SECCIÓN
SEGUNDA de esta Corporación confirmó en su integridad la decisión
en la que fueron denegadas las pretensiones de la actora, sin
disponer consecuencia jurídica adicional que empeorara su posición.
Asimismo, comoquiera que en el recurso extraordinario de revisión
los argumentos de la actora respecto de la presunta falta de
congruencia de la providencia recurrida estaban dirigidos a
demostrar el cumplimiento de los requisitos de la prima especial17,
no así la correspondencia entre las partes de la sentencia o de esta
con los argumentos planteados por las partes, era claro que no había
lugar a entender que dicha irregularidad estaba configurada.
Por lo anterior, comoquiera que los argumentos planteados por la
actora en su impugnación no tienen vocación de prosperar, puesto
que no se advierte que la actuación cuestionada haya sido arbitraria
o haya vulnerado sus derechos fundamentales, tal situación impone
a la Sala confirmar la decisión impugnada, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
17
En los antecedentes de la providencia cuestionada, respecto del los argumentos de la actora, la
autoridad judicial accionada resumió: “[…] 6.2.- Se vulneró el principio de congruencia porque la
demandante tenía derecho a la prima técnica pero la sentencia de segunda instancia: (i) cuantificó
inadecuadamente la experiencia de tres años que tenía la demandante y (ii) desconoció el régimen de
transición del Decreto 1724 de 1997 […]”.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el
señor consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, para intervenir en la
acción constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
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y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de agosto de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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