Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01924-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01924-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-01924-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
19 de septiembre de 2024
Demandante: Jefferson Leonardo Caro Casas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01924-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01924-01
Demandante: JEFFERSON LEONARDO CARO CASAS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Temas: Tutela contra providencia judicial – pérdida de investidura de
concejal elegido en virtud del artículo 25 del Estatuto de la
oposición (Ley 1909 de 2018) – Confirma improcedencia por
falta de relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
proferida en primera instancia el 31 de mayo de 2024 por la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado. En este fallo se declaró improcedente el
amparo solicitado por no superar el requisito de la relevancia constitucional.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Con escrito radicado el 22 de abril de 2024, el señor Jefferson Caro Casas,
actuando por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Primera. Con la solicitud de amparo pretende la
protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al
ejercicio de los derechos políticos de elegir y ser elegido, a la honra, al buen nombre
y de acceso a la administración de justicia.
Desde el punto de vista de la parte actora, la trasgresión de las citadas garantías
constitucionales se la adjudica a la sentencia del 29 de febrero de 2024, proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado que revocó el fallo del 12 de octubre
de 2023 del Tribunal Administrativo de Boyacá y, en su lugar, decretó la pérdida de
investidura del accionante como concejal del municipio de Chiquinquirá para el
período constitucional 2020 – 20231.
1
El proceso de pérdida de investidura se identificó con el radicado 15001-23-33-000-2023-00307-02
(acumulado) 15001-23-33-000-2023-00317-00.
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Jefferson Leonardo Caro Casas
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1.2. Pretensiones
El accionante solicitó:
1. Que se conceda el amparo de los derechos fundamentales vulnerados por
la sentencia del 29 de febrero de 2024, proferida por la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que revocó la sentencia de
primera instancia y decretó la pérdida de investidura de Concejal del municipio de
Chiquinquirá, en contra de Jefferson Leonardo Caro Casas, dentro del proceso de
pérdida de investidura radicado bajo el No. 15001-23- 33-000-2023-00307-02
(acumulado); 15001-23-33-000-2023-00317-00.
2. Se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia y decretó la pérdida
de investidura de Concejal del municipio de Chiquinquirá, en contra de Jefferson
Leonardo Caro Casas, dentro del proceso de pérdida de investidura radicado bajo
el No. 15001-23-33-000-2023-00307-02 (acumulado); 15001-23-33-000- 2023-
00317-00.
3. En subsidio, que bajo el amparo de los derechos fundamentales de
JEFFERSON LEONARDO CARO CASAS, los jueces de tutela adopten las medidas
pertinentes que garanticen la efectividad de sus derechos dentro del proceso de
pérdida de investidura que se cuestiona.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:
El señor Jefferson Leonardo Caro Casas fue nombrado concejal del municipio de
Chiquinquirá, para el período constitucional 2020 – 2023, como consecuencia de
ocupar el segundo lugar en las elecciones para alcalde del ente territorial. Lo
anterior, en virtud del artículo 25 de la Ley 1909 de 2018 2 (Estatuto de la oposición)
y como consecuencia de que el actor manifestó su voluntad de aceptar dicha curul
el 29 de octubre de 2019.
El 18 de diciembre de 2019, el señor Caro Casas radicó un escrito ante el concejo
municipal mediante el cual informó lo siguiente: «por motivos ajenos a mi voluntad,
no me posesionaré al cargo de elección popular como concejal para el período 2020
2
ARTÍCULO 25. Curules en las corporaciones públicas de elección popular de las entidades
territoriales. Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos en
los cargos de Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal, tendrán derecho
personal a ocupar, en su orden, una curul en las Asambleas Departamentales, Concejos Distritales
y Concejos Municipales respectivos, durante el periodo de estas corporaciones. Con la organización
política a que pertenezcan, podrán intervenir en las opciones previstas en el artículo 7 de esta ley y
harán parte de la misma organización política.
Posterior a la declaratoria de elección de los cargos de Gobernador, Alcalde Distrital y Municipal y
previo a la de las Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales respectivamente,
los candidatos que ocuparon el segundo puesto en votación, deberán manifestar por escrito ante la
comisión escrutadora competente, su decisión de aceptar o no una curul en las Asambleas
Departamentales y Concejos Distritales y Municipales. (…)
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– 2023, razón por la cual solicito que se continúe en la declaratoria de elección del
candidato que en derecho le corresponda ocupar la curul correspondiente».
Mediante Resolución 155 del 30 de diciembre de 2019, el Concejo Municipal de
Chiquinquirá resolvió lo siguiente: «Aceptar la renuncia de la investidura que ostenta
como concejal de esta municipalidad el señor JEFFERSON LEONARDO CARO
CASAS (…) a partir del 20 de diciembre de 2019». Por tanto, el actor no tomó
posesión del cargo de concejal del ente territorial.
En virtud de lo anterior, las señoras Laura Victoria Gorraiz Monroy y Leidy Natalia
Suárez Moya promovieron demanda3 mediante la cual solicitaron que se decretara
la pérdida de investidura del señor Caro Casas y que se declarara «la prohibición
permanente que le asiste (…) de aspirar y desempeñar en el futuro cargos de
elección popular». Lo anterior, al considerar que incurrió en la causal prevista en el
artículo 48, numeral 3 de la Ley 617 del 2000 que dispone:
ARTÍCULO 48.- Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y
distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales
perderán su investidura:
(...)
3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha
de instalación de las asambleas o concejos, según el caso, o a la fecha en que
fueren llamados a posesionarse.
Mediante fallo del 12 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá negó
las pretensiones de la demanda. En el estudio del elemento objetivo de la causal
invocada, sostuvo que se acreditó el requisito de que «el candidato haya sido
elegido», dado que el señor Caro Casas fue designado como concejal del municipio
de Chiquinquirá para el período 2020 – 2023 pues ocupó el segundo lugar en las
elecciones a la alcaldía del ente territorial. A su vez, indicó que en el formulario E-
26 CON se acreditó que el tutelante manifestó por escrito la decisión de aceptar
dicha curul.
Sin embargo, sostuvo que las pruebas daban cuenta «parcialmente del
cumplimiento del segundo presupuesto», esto es, del requisito de que «el elegido,
llamado – designado (…) no haya tomado posesión del cargo dentro de los tres días
siguientes a la fecha de instalación del concejo». Lo anterior, dado que, si bien el
señor Caro Casas no se posesionó, «no lo hizo por cuanto se le había aceptado la
renuncia, con ocasión del escrito presentado ante el Concejo Municipal».
En relación con el tercer requisito, relativo a que «la falta de posesión no sea
atribuible a un caso de fuerza mayor», sostuvo que la manifestación del concejal de
3
Proceso identificado con radicado 15001-23-33-000-2023-00307-00 (acumulado) 15001-23-33-
000-2023-00317-00.
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no posesionarse, que justificó en «motivos ajenos a su voluntad» no constituía un
hecho imprevisible e irresistible para el entonces demandado.
Respecto al elemento subjetivo, argumentó que no se encontraba configurado,
porque no se acreditó una conducta dolosa o gravemente culposa del señor Caro
Casas al momento en que decidió no posesionarse. Esto pues, a su juicio, el
tutelante obró de conformidad con el «acto administrativo que gozaba de presunción
de legalidad y que corresponde a la Resolución 155 del 30 de diciembre de 2019
mediante la cual se le aceptó su renuncia a la investidura de concejal del Municipio
de Chiquinquirá».
Inconforme con esta decisión, la señora Gorraiz Monroy presentó recurso de
apelación. Arguyó que, de conformidad con el artículo segundo4 de la Resolución
2276 del 11 de junio de 2019 expedida por el Consejo Nacional Electoral, los
candidatos que se encontraban en esta situación debían manifestar su aceptación
a la respectiva curul sin posibilidad de retractarse. Agregó que el tribunal desconoció
dicha norma y que, por tanto, la decisión del señor Casas Caro de presentar la
renuncia a ocupar la curul como concejal era errada y transgredía lo estipulado allí.
El señor Caro Casas allegó escrito mediante el cual se pronunció frente al recurso
de apelación y señaló que la decisión de primera instancia estuvo debidamente
motivada y ajustada a derecho. Argumentó que para que procediera el decreto de
pérdida de investidura era necesario probar la manifestación ante la comisión
escrutadora de aceptar la curul en la correspondiente corporación, «declaración de
voluntad que fue sometida por mandato de la ley estatutaria 1090 de 2018 a la
formalidad escrita».
Aseguró que esta formalidad la estableció el artículo 25 del Estatuto de la Oposición
y que, por tanto, dicha manifestación de la voluntad no podía ser suplida por el
formulario E-26 CON o con cualquier otro documento de la autoridad electoral, dada
la solemnidad requerida para ello. Agregó que al expediente se allegó el Oficio No.
DEBOY-RM-CHIQUINQUIRÁ – 165 del 4 de octubre de 2023 mediante el cual el
registrador municipal manifestó que en el archivo físico de la entidad no reposaba
la aceptación por escrito de la curul en cuestión.
Por medio de sentencia del 29 de febrero de 2024, la Sección Primera del Consejo
de Estado revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, decretó «la pérdida de
4
ARTÍCULO SEGUNDO OPORTUNIDAD PARA ACEPTAR LA CURUL EN LA CORPORACIÓN
PÚBLICA.- Dentro de las 24 horas siguientes a la declaratoria de elección de los cargos de
gobernador, alcalde distrital y/o municipal y previo a la de las asambleas departamentales y concejos
distritales y/o municipales respectivamente, los candidatos que ocuparon el segundo (2) puesto en
votación, deberán manifestar por escrito por una sola vez y sin posibilidad de retracto, su decisión
de aceptar o no una curul en las asambleas departamentales y concejos distritales y/o municipales.
En el acta de escrutinio respectiva y E-28 que declare la elección de alcalde distrital yo municipal y
gobernador, deberá́ dejarse constancia de que candidato ocupó el segundo (2o) lugar en votación,
darse lectura de la misma en la correspondiente audiencia.
La manifestación de que trata el presente artículo, y dentro del término señalado, podrá́ hacerse ante
la comisión escrutadora encargada de realizar la declaratoria de elección del cargo uninominal, o
ante la comisión escrutadora competente para declarar las corporaciones públicas. (…)
4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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investidura del señor Caro Casas, concejal del municipio de Chiquinquirá, período
constitucional 2020 – 2023».
Con respecto al escrito allegado por el señor Caro Casas, advirtió que el reproche
relacionado con la falta de prueba de la existencia de la formalidad escrita en la
aceptación de la curul ante la comisión escrutadora no sería examinado en la
segunda instancia del proceso. Lo anterior, pues dicho memorial se presentó frente
al recurso elevado por la demandante y el interesado no apeló lo decidido por el
tribunal, según el cual, el formulario E-26 CON acreditaba la elección de los
concejales del municipio de Chiquinquirá para el período 2020 – 2023, entre los que
se encontraba el señor Caro Casas.
Agregó que en dicho documento constaba que el tutelante manifestó por escrito la
decisión de aceptar la curul al concejo, por lo que no era procedente que en tal
instancia se examinara el reproche expuesto, dado que el artículo 320 del Código
General del Proceso establecía que el recurso de apelación tiene por objeto que el
superior estudie lo decidido «únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante».
Consideró que se cumplieron los requisitos para la configuración del elemento
objetivo de la causal invocada en la demanda pues: i) el enjuiciado fue designado
como concejal puesto que fue segundo en la votación para alcalde del municipio y
manifestó su decisión de aceptar la curul al concejo municipal como derecho que le
otorgó el Estatuto de la Oposición; y, ii) no se posesionó en el cargo dentro del
término otorgado por el ordenamiento jurídico, esto es, 3 días siguientes a la
instalación del primer período de sesiones ordinarias de la vigencia fiscal 2020.
A su vez, se sostuvo que no medió fuerza mayor como eximente de responsabilidad
en la causal invocada, pues el actor decidió no tomar posesión del cargo como
concejal por «motivos ajenos a [su] voluntad», sin acreditar la existencia de algún
hecho imprevisible, irresistible y externo.
En relación con el elemento subjetivo, sostuvo que el señor Caro Casas ya había
expresado desde el 18 de diciembre de 2019 que no tomaría posesión del cargo,
pese a que era su deber por haber manifestado que aceptaba la curul. En tal sentido,
concluyó que la actuación fue negligente porque a pesar de esta aceptación, luego
manifestó voluntariamente que no tomaría posesión del cargo sin aducir razones de
fuerza mayor. En este sentido, calificó la conducta a título de culpa grave, dado que
no estuvo respaldada de buena fe proveniente de un error invencible.
1.4. Fundamentos de la vulneración
Afirmó que la Sección Primera del Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico
por omisión en la valoración probatoria pues no tuvo en cuenta la «ausencia de la
aceptación escrita de la curul».
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Sostuvo que el artículo 25 de la Ley 1909 de 2018 contempló que la manifestación
de aceptar la respectiva curul debía ser por escrito. Adujo que «sin la prueba del
formalismo comentado, la aceptación se tiene por inválida, al incumplir su
presupuesto de existencia» por tratarse de un documento solemne que no puede
suplirse con otra prueba para la configuración del derecho político que otorga el
Estatuto de la oposición.
Indicó que no se tuvo en cuenta la certificación del registrador del Chiquinquirá –
Oficio No. DEBOY-RM-CHIQUINQUIRÁ – 165 del 4 de octubre de 2023 – según la
cual no existía ninguna aceptación escrita de la curul de concejal ante la
Registraduría Nacional del Estado Civil, con lo que no se cumplía lo dispuesto por
la norma.
Argumentó que la autoridad judicial demandada incurrió, a su vez, en una indebida
valoración del escrito presentado el 18 de diciembre de 2019. Indicó que no se tuvo
en cuenta que, una vez aceptada su renuncia por parte del concejo municipal, no
estaba obligado a posesionarse en dicho cargo, dado que no tenía ningún vínculo
específico con esta autoridad.
Señaló que ello implicó una errada valoración de la Resolución 155 del 30 de
diciembre de 2019, por medio de la cual el Concejo de Chiquinquirá aceptó su
renuncia a partir del 20 de diciembre de 2019. Agregó que a través de este acto
administrativo, «proveniente de profesionales del derecho adscritos al Concejo de
Chiquinquirá», se validó su convicción de que no estaba obligado a posesionarse.
En este orden de ideas, aseguró que se materializó la buena fe cualificada, pues el
actor «buscó salir de cualquier tipo de error», mediante la aceptación de su escrito
de renuncia, al amparo de la decisión que profesionales en derecho tomaron y que
justificó su no asistencia al acto de posesión. Alegó que dicha resolución «es un
acto administrativo cuya juridicidad no ha sido desvirtuada por ninguna autoridad
judicial» y que goza de presunción de legalidad, en los términos del artículo 88 de
la Ley 1437 de 2011.
Por último, alegó que se incurrió en violación directa de la Constitución, dada la
aplicación del artículo 2 de la Resolución 2276 de 2019 del Consejo Nacional
Electoral que, en el caso en concreto, resulta contrario a las previsiones del artículo
23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Argumentó que se advierte
la presencia de una incompatibilidad que amerita el pronunciamiento de un juez de
tutela», pues allí se establece «una regla de acuerdo con la cual, solo la ley dispone
de la habilitación» de restringir los derechos políticos en los ordenamientos jurídicos.
Señaló que de conformidad con la sentencia Gustavo Petro Urrego contra Colombia,
la Corte Interamericana consideró que la convención no permite que un órgano
administrativo pueda aplicar una sanción que implique una restricción a una persona
por su conducta social para el ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser
elegido. Esto, pues tales derechos solo pueden restringirse mediante sentencia de
un juez competente en un proceso penal.
6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Sostuvo que la accionada también incurrió en violación directa de la Constitución
por vulneración del derecho a la doble conformidad contenido en el artículo 8 de la
Convención Americana de Derechos Humanos. Esto, pues el numeral 6 del artículo
14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce que toda
persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio
y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior. De tal
forma, aseguró que el numeral 2 del artículo 8 convencional reconoce el derecho de
toda persona a recurrir el fallo.
Afirmó que esta garantía no se predica únicamente en temas penales, según la
Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990 que establece que ello rige
en materias relacionadas con derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal
o de cualquier otro carácter.
Señaló que, en materia de derechos políticos y, en especial, en los mecanismos
que los limitan o restringen, debe operar dicho principio de doble conformidad.
Argumentó que en el caso de Gustavo Petro contra Colombia, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos consideró que procesos como los de pérdida
de investidura desconocían los postulados del artículo 23.2 de la Convención, pues
las sanciones allí impuestas fueron determinadas por una autoridad administrativa.
Agregó que, si bien la restricción de derechos políticos no debe ser proscrita por un
juez penal, debe existir un respeto por las garantías dadas en un proceso de
naturaleza penal y que, en tal medida, se debe garantizar el principio de doble
conformidad. Argumentó que, según la sentencia SU-424 de 2016, en el trámite de
pérdida de investidura deben salvaguardarse dichas garantías, bajo el entendido de
que la sanción que de aquella deriva reduce por completo el derecho a ser elegido.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto del 24 abril de 2024, el magistrado ponente de la decisión de primera
instancia admitió la acción de tutela y dispuso la notificación de la Sección Primera
del Consejo de Estado. Además, ordenó la vinculación como tercero con interés del
Tribunal Administrativo de Boyacá, y de las señoras Laura Victoria Gorraiz Monroy
y Leidy Natalia Suárez Moya.
1.6. Intervenciones e informes
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes intervenciones:
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Primera
Solicitó declarar la improcedencia del amparo por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional, tomando en consideración que la acción de tutela está
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siendo empleada para controvertir la valoración probatoria y la interpretación
normativa efectuada por el juez natural de la causa.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Boyacá
Argumentó que la acción constitucional no es procedente y que se evidencia que el
fallo cuestionado no está viciado de ningún defecto constitutivo de las vulneraciones
a los derechos fundamentales que se alegaron. En tal sentido, solicitó que se
desestimaran las pretensiones formuladas.
A pesar de ser debidamente notificadas, las señoras Laura Victoria Gorraiz Monroy
y Leidy Natalia Suárez Moya guardaron silencio.
1.7. Sentencia de tutela de primera instancia 5
La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, mediante fallo del 31 de
mayo de 2024 declaró la improcedencia de la acción de tutela al considerar que no
cumplió con los requisitos de relevancia constitucional y la subsidiariedad.
Advirtió que el mecanismo de amparo estaba dirigido a revivir el estudio efectuado
por la autoridad judicial accionada en el medio de control de pérdida de investidura,
con lo que la pretensión del actor era el uso de la acción como una instancia
adicional al proceso ordinario.
Argumentó que el actor pretende que se valoren nuevamente las razones
formuladas en el trámite en cuestión, por lo que la controversia se circunscribe a un
asunto eminentemente legal relacionado con normas que regulan la pérdida de
investidura en relación con las curules en las corporaciones públicas de elección
popular y, en específico, respecto a los candidatos que sigan en votos a quienes la
autoridad electoral declare elegidos en el cargo de alcalde municipal.
En relación con la vulneración al principio de la doble conformidad que alegó el
actor, sostuvo que no obraba prueba de que el señor Caro Casas hubiera acudido
al juez ordinario en procura de solicitar dicha garantía, pues «al momento de
descorrer el traslado del escrito de apelación, no hizo mención específica sobre esta
prerrogativa».
No obstante, afirmó que en sentencia del 8 de septiembre de 2020 6, la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado precisó que el derecho a la
doble conformidad tiene aplicación exclusiva en materia penal, sin posibilidad de
extenderlo a procesos sancionatorios.
Por su parte, aseguró que el actor puede acudir al recurso extraordinario de revisión
previsto en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 y, con ello, invocar la causal
contemplada en el numeral 5 de dicha disposición.
5
Notificada el 2 de julio de 2024 vía correo electrónico.
6
Rad.: 11001-03-15-000-2019-04145-01.
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1.8. Impugnación 7
El actor solicitó revocar el fallo de primera instancia para lo cual aseveró que a pesar
de que se plantearon argumentos jurídicos expuestos en el proceso de pérdida de
investidura, la controversia es de naturaleza constitucional pues se pone de
presente una vulneración arbitraria y desproporcionada de derechos fundamentales
como el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y políticos.
Indicó que en el litigio propuesto no se buscaba reabrir un debate meramente legal,
de carácter privado y con efectos estrictamente económicos, pues formuló un
escenario arbitrario y desproporcionado que tuvo lugar en la sentencia cuestionada.
Ello en la medida que, a su juicio, la valoración de las pruebas no se realizó acorde
con las reglas de la lógica y la sana crítica, pues se llegó a conclusiones
irrazonables. Al respecto, sostuvo:
el presente caso es una preocupante muestra de la inconstitucional forma en que
los jueces de instancia vienen dando aplicación a la pérdida de investidura sobre
las curules concedidas en razón al estatuto de oposición política, dado el
incumplimiento procesal de verificación probatoria sobre los nuevos requisitos para
su procedencia establecidos en la recién estrenada norma, como claramente se ha
iterado por esta defensa, respecto del requisito legal de formalidad escrita en la
aceptación voluntaria y libre de vicios de tales curules, diáfanamente establecida en
el art. 25 de la ley estatutaria 1909 de 2.018. Aplicación judicial omisiva del principio
de legalidad que constitucionalmente no solo trasgrede per se el debido proceso
(art. 29 C.P.) sino que en efecto deviene en una violación directa a los derechos
políticos de todos los actores ciudadanos que intervinieron en la elección popular
de alcaldes, concejales, gobernadores y diputados, establecidos no sólo en el art.
40 de la Constitución Política sino en el bloque de constitucionalidad que resulta del
análisis de la naturaleza de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la
forma en que juiciosamente fue explanado en el líbelo de acción de Tutela.
Arguyó que el caso en concreto era uno de los primeros asuntos en que se daba
aplicación de la Ley 1909 de 2018, por lo que ello reclamaba una «posición
jurisprudencial clara y de fondo del Consejo de Estado sobre el requisito de
aceptación por escrito de las curules de oposición política como formalidad ad
substantiam actus y sus innegables consecuencias para la garantía de igualdad
ante la ley e imputación subjetiva en el proceso de pérdida de investidura».
Por último, indicó que ante la falta de estudio de los cargos formulados con ocasión
de la declaratoria de improcedencia, se remitía a los argumentos expuestos en el
escrito de tutela y solicitó que se revocara la decisión de primera instancia y, en su
lugar, se accediera al amparo invocado.
1.9. Actuaciones en segunda instancia
El entonces magistrado ponente, Pedro Pablo Vanegas Gil, presentó proyecto de
fallo en la sesión que se convocó para el 8 de agosto de 2024, sin embargo, la
7
Mediante memorial remitido el 5 de julio de 2024.
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ponencia no alcanzó la mayoría necesaria para ser aprobada. En consecuencia, se
ordenó sorteo para la designación de conjueces.
El 14 de agosto de 2024, se llevó a cabo la diligencia para la realización del sorteo,
resultando designado el doctor Álvaro Andrés Motta Navas.
La ponencia en mención fue presentada nuevamente el 29 de agosto de 2024, no
obstante, fue derrotada en Sala de 5 de septiembre siguiente, razón por la cual el
expediente pasó al magistrado que sigue en turno, para plasmar la posición
mayoritaria en el fallo correspondiente.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 31 de mayo de 2024 por
la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado. Lo anterior de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Problema jurídico
Corresponde determinar si procede confirmar, modificar o revocar la providencia de
31 de mayo de 2024, por medio de la cual la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado, declaró la improcedencia de esta solicitud de amparo por no
cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.
Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad; y (iii) el análisis
del caso concreto, con fundamento en los cargos propuestos en la demanda de
tutela.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 8
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 9.
8
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
9
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 10.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 11, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Para la sala resulta necesario anunciar que, en consonancia con el análisis
efectuado por el a quo, el requisito de relevancia constitucional no se advierte
superado en el asunto de la referencia, marco en el cual la solicitud de amparo
elevada por el señor Jefferson Leonardo Caro Casas no cumple con las reglas
establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de
junio de 2022.
En el referido fallo la alta corte señaló que, en tratándose del ejercicio de acciones
de tutela contra providencia judicial, se requiere que el interesado proponga un
debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulnerador a de
sus garantías fundamentales, más no un juicio de corrección de la providencia
reprochada por cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión
de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial».
Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial».
En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de
relevancia constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la
acción y en la especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con
el fin de evitar que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la
esfera funcional de otras autoridades judiciales.
10
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
11
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la
carga de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los
derechos fundamentales».
En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:
El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de
las partes.
Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe
cumplir con las siguientes finalidades:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal. 12
Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez
de tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención
satisface el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:
a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente
a un asunto meramente legal y/o económico13; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales». 14
b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos
legales como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la
excepción de los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los
derechos y deberes constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, que no
12
Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
13
Sentencia SU-103 de 2022.
14
Sentencia SU-573 de 2019.
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representen un interés general” 15. En este orden, el examen de la relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la simple
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.
c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia,
más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la
existencia de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental». 16
d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta corte, el examen de este requisito debe ser más
riguroso17, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u
omisión arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación
de derechos fundamentales, toda vez que estas colegiaturas actúan como
tribunales de cierre.
2.4.2. Ahora, al descender al análisis del escrito inicial y el de impugnación, esta
colegiatura no avizora que las inconformidades del señor Jefferson Leonardo Caro
Casas contengan la carga argumentativa ius fundamental requerida. Es decir, al
tratarse de una tutela contra providencia judicial, es indispensable que la parte
accionante, además de identificar los yerros de los cuales adolece la decisión, así
como las garantías superiores que considera vulneradas, exponga con suficiencia
las razones del porqué el asunto implica la intervención del fallador de esta sede.
Si bien la parte actora resaltó que en este caso se configuró una vulneración al
debido proceso, lo cierto es que al punto del debate no se advierte que la sentencia
proferida por la Sección Primera fuese arbitraria, irrazonable o caprichosa debido a
que en el marco de su autonomía judicial determinó que se cumplieron los requisitos
para la configuración del elemento objetivo de la causal invocada en la demanda
puesto que: i) el enjuiciado fue designado como concejal en la medida que fue
segundo en la votación para alcalde del municipio y manifestó su decisión de
aceptar la curul al concejo municipal como derecho que le otorgó el Estatuto de la
Oposición; y, ii) no se posesionó en el cargo dentro del término otorgado por el
ordenamiento jurídico, esto es, 3 días siguientes a la instalación del primer período
de sesiones ordinarias de la vigencia fiscal 2020.
Ahora, si bien es cierto que la parte accionante invocó como yerros (i) el fáctico por
indebida valoración del Oficio No. DEBOY-RM-CHIQUINQUIRÁ – 165 del 4 de
octubre de 2023 y de la Resolución 155 del 30 de diciembre de 2019, por medio de
la cual el Concejo de Chiquinquirá aceptó su renuncia a partir del 20 de diciembre
de 2019; y (ii) la violación directa de la Constitución, para lo cual enfatizó sobre
15
Ibídem.
16
Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
17
Sentencia SU-573 de 2019.
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la doble conformidad y los principios de buena fe y de la confianza legítima; también
lo es que ambos defectos fueron abordados por el juez natural de la causa al
momento de proferir sentencia de segunda grado, lo cual evidencia que se pretende
convertir la acción de tutela en una tercera instancia.
Para demostrar lo anterior se considera oportuno resaltar que la Sección Primera
abordó correctamente el estudio de la causal alegada que fue la prevista en el
artículo 48, numeral 3 de la Ley 617 del 2000 que dispone:
ARTÍCULO 48.- Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y
distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras
locales perderán su investidura:
(...)
3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la
fecha de instalación de las asambleas o concejos, según el caso, o a la fecha
en que fueren llamados a posesionarse.
Ahora bien, de conformidad con el artículo segundo de la Resolución 2276 del 11
de junio de 2019 expedida por el Consejo Nacional Electoral, «los candidatos que
ocuparon el segundo puesto en votación deberán manifestar por escrito, por una
sola vez y sin posibilidad de retracto, su decisión de aceptar o no una curul en las
asambleas departamentales y concejos distritales y/o municipales».
Precisado lo anterior, en el fallo cuestionado la Sección Primera aseveró que la
expresión «sin posibilidad de retracto» fue demandada en el medio de control de
nulidad electoral y la Sección Quinta de esta corporación, en sentencia del 16 de
diciembre de 2020, consideró que la autoridad electoral no excedió su potestad
reglamentaria. Esto, pues si bien la ley estatutaria respectiva no hizo manifestación
alguna sobre la posibilidad de retracto, ello incide directamente en el reparto de las
curules pues en el caso de las asambleas y concejos, dicha aceptación constituye
la disminución de un escaño a asignar en la votación obtenida directamente en los
comicios.
De otra parte, en relación con la vulneración al principio de doble conformidad que
se alegó en la causa ordinaria, puso de presente que no existe discusión frente a
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha
reiterado que la doble conformidad tiene una aplicación restringida al campo de la
acción del Estado tendiente a la represión y sanción del delito, sin que exista
posibilidad de que ello se extienda a los juicios en que se debate la acción judicial
en materia sancionatoria, como es el caso de la pérdida de investidura.
Finalmente, en la sentencia cuestionada se llevó a cabo una valoración probatoria
razonable y acorde con las reglas de la lógica y la sana crítica del Oficio No. DEBOY-
RM-CHIQUINQUIRÁ – 165 del 4 de octubre de 2023, pues a pesar de que en este
documento se consignó que no obraba en el archivo de la Registraduría de
Chiquinquirá manifestación escrita del actor de su curul, lo cierto es que el formulario
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E-26 CON acreditó dicha aceptación ante la autoridad escrutadora. Es necesario
poner de presente que esta prueba, al ser un acto administrativo, goza de
presunción de legalidad y no fue tachado de falso en ninguna etapa del proceso.
Bajo el mismo análisis sostuvo que de conformidad con el Acta 1 del 2 de enero de
2020 de la sesión especial del Concejo Municipal de Chiquinquirá y la certificación
expedida el 24 de julio de 2023 por el presidente, se acreditó que el señor Caro
Casas no tomó posesión del cargo.
De igual manera, la autoridad judicial accionada argumentó que quien acepta la
designación como concejal porque ha quedado en segundo lugar en la votación
para la alcaldía, queda a partir de ese momento sujeto a las causales de pérdida de
investidura que están previstas taxativamente pues «a partir del momento de la
aceptación, ya tiene vocación de desempeñarse en ese cargo, y no en otro, en
condiciones de igualdad con los demás concejales».
Como viene de leerse, para la Sala, el análisis de la Sección Primera es totalmente
razonable frente a la configuración del elemento objetivo, en adelante se ahondará
en el elemento subjetivo.
Ahora bien, el tutelante cimentó un defecto fáctico en la «indebida valoración de la
Resolución 155 del 30 de diciembre de 2019 expedida por el Concejo Municipal de
Chiquinquirá» por medio de la cual se decide «Aceptar la renuncia de la investidura
que ostenta como concejal de esta municipalidad el señor JEFFERSON
LEONARDO CARO CASAS (…) a partir del 20 de diciembre de 2019», a su criterio,
con ocasión de dicho acto, su actuar para no posesionarse estuvo justificado bajo
los principios de buena fe y confianza legítima que le generó esa decisión.
Nótese que dicho yerro impacta directamente en el análisis de la conducta, aspecto
valorativo que es muy amplio y, precisamente, como el asunto involucra el estudio
de una conducta -elemento subjetivo- no se puede imponer un criterio de
interpretación a la Sección Primera, si bien existen líneas generales de la Sala Plena
del Consejo de Estado sobre la valoración de la conducta en sus diferentes títulos
lo cierto es que no hay un catálogo o tesis imperante en el asunto.
Así las cosas, no es dable ordenar prevalecer la postura que pretende el actor
referida a que se encontraba cobijado por los principios de buena fe y confianza
legítima con la expedición de la Resolución 155 de 2019 expedida por el Concejo
Municipal de Chiquinquirá, invalidando de manera tajante la consideración o tesis
de la autoridad judicial acusada, la cual es igualmente razonable, al afirmar
concretamente frente al mismo cargo que, de una parte, el proceso de pérdida de
investidura no es el medio de control para examinar la legalidad de dicho acto
administrativo y, de otra, que no es de recibo la excusa según la cual dich a
resolución generó confianza y convicción en el accionado; por el contrario, observó
que ello daba cuenta de la intención de sacar provecho de una decisión
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administrativa a todas luces errática y así evadir los efectos nocivos de una
conducta que estuvo en capacidad de conocer desde el principio.
Entonces invalidar esa valoración de la autoridad judicial accionada, quebrantaría
el principio de la autonomía e independencia de los jueces; sobre el punto es
pertinente recordar que cuando la discusión versa sobre la valoración probatoria, la
intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado por el juez natural
es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido, puesto que el respeto por el
principio de autonomía judicial y el principio del juez natural impiden que aquel
realice un examen exhaustivo del material probatorio. En ese sentido, el juez de
tutela únicamente puede intervenir cuando el yerro sea ostensible, flagrante y
manifiesto, lo cual no ocurrió en el sub lite, valga recordar lo señalado en las
primeras líneas en las cuales se destacó el juicioso análisis de la causal invocada.
En otras palabras, para la Sala es evidente que, como lo anotó el a quo
constitucional, la inconformidad elevada por el accionante se circunscribe a recabar
una discusión meramente legal y queda en evidencia que la solicitud de amparo se
empleó como una instancia adicional a la causa natural, debido a que no va más
allá de la iteración de las inconformidades que se debatieron en el trámite de la
acción de pérdida de investidura, en consecuencia, no cuenta con un ejercicio de
sustentación desde la esfera constitucional y de la violación de las garantías que la
parte actora alegó como desatendidas, que demuestren lo urgente de la
intervención del juez de tutela y de su pronunciamiento en el asunto de la referencia.
En otras palabras, pretender que este medio se emplee como ejercicio de una
tercera sede del proceso agotado atenta contra los principios de autonomía judicial,
debido proceso y legalidad que son pilares en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Además, porque esta Sala de Decisión no advierte una transgresión palmaria, sino
una simple inconformidad de la parte actora frente a la decisión que no le resultó
favorable.
Así las cosas, es evidente que este medio de amparo carece de la carga
argumentativa suficiente a través de la cual se justifique la relevancia del caso a
partir de la exposición del concepto de la violación, lo cual implica un ejercicio
explicativo jurídico y lógico que le permita a esta colegiatura advertir una prominente
vulneración de sus prerrogativas superiores con ocasión de la providencia dictada
por la autoridad censurada, en el sentido riguroso que señaló la Corte Constitucional
en las sentencias de unificación 215 y 103 de 2022.
2.5. Conclusión
La Sala confirmará la sentencia proferida en primera instancia el 31 de mayo de
2024 por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado que declaró
improcedente la presente acción constitucional.
16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de mayo de 2024 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C que declaró improcedente la
presente acción constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
(Ausente con permiso)
ÁLVARO ANDRÉS MOTTA NAVAS
Conjuez
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01924-01
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
(salvamento de voto)
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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