RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-01977-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01977-01

Fecha
13 de agosto de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martinez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01977-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Revócase la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la acción de tutela de la referencia de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, dispónese: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Luis Gabriel Urueta, por el incumplimiento de relevancia constitucional. 2°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01977-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez

13 de agosto de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, trece (13) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01977-01
Demandante: LUIS GABRIEL URUETA ROMERIN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
REVOCA. DECLARA IMPROCEDENTE POR
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL

Síntesis del caso: la parte demandante adujo que tanto en la providencia de segundo grado como
en el auto que resolvió las solicitudes de aclaración y adición la autoridad demandada incurrió en
los defectos fáctico y sustantivo porque no valoró las pruebas que supuestamente daban cuenta
de que no debió exigírsele la realización de los exámenes preparatorios o seminarios, así como
que desatendió las normas aplicables al caso. No obstante, se declarará improcedente la acción
de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, tras verificarse que la única
finalidad del mecanismo oes que se profiera una decisión favorable a sus intereses so pretexto
de la configuración de unos defectos.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia de 14 de junio de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado en la que se decidió:

“PRIMERO. - NEGAR el amparo de tutela solicitado por el señor Luis Gabriel
Urueta Romerin, contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión”. (negrillas del original – archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI)

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 23 de abril de 2024, la parte actora promovió proceso de
acción de tutela en contra de la sentencia del 15 de diciembre de 2022 que negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y de la providencia
del 21 de noviembre de 2023, que negó las solicitudes de aclaración y adición frente a
esa decisión, ambas proferidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01977-01
Actor: Luis Gabriel Urueta Romerin
Acción de tutela

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El 4 de agosto del 2009 se matriculó inicialmente en el programa de derecho por
semestres de la Universidad del Atlántico de conformidad con la Resolución Académica
no. 043 del 14 de diciembre de 2006, no obstante, para otorgarle el título de abogado la
universidad exigió unos requisitos distintos a los previstos allí inicialmente1.

2) El 24 de mayo de 2019, los funcionarios del Consejo de la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Universidad del Atlántico, de manera injustificada, le exigieron la
realización de los exámenes preparatorios, en desconocimiento de que la misma
universidad dispuso que una vez vencido el término de un año contado a partir de su
última matrícula ya no estaba obligado a presentarlos y, por tanto, tampoco se le podían
exigir.

3) Presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra la Universidad del Atlántico, en la cual solicitó la nulidad de i) la
Resolución no. 001 de septiembre 24 de 2009, por medio de la cual se reglamentaron los
exámenes preparatorios para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas –
Programa de Derecho; ii) la nulidad del Oficio no. 20183100029671 de 21 de septiembre
de 2018, por medio del cual se devolvieron documentos aportados por el demandante
para el grado, por no anexar la relación de exámenes preparatorios aprobados; iii) Oficio
no. 20183100035461 de octubre 30 de 2018, por medio del cual se resolvió un recurso
de reposición en contra del oficio anteriormente señalado; iv) la nulidad de la respuesta
de fecha 1 de febrero de 2019 del Consejo Académico de la Universidad del Atlántico en
relación con el recurso de apelación presentado de manera subsidiaria y del Acta 015 del
23 de agosto de 2011 de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad en lo que
concierne a la regulación sobre los exámenes preparatorios del plan semestral.

1
“Se establece además que, para optar al título de abogado, el Estudiante deberá “realizar los exámenes
preparatorios de conformidad con la reglamentación vigente en la facultad para su presentación, para ello
tiene un año contado a partir de su última matricula, quien no realice los exámenes preparatorios dentro de
ese término deberá́ hacer los respectivos Seminarios Especializados Presenciales (SEP), previo el
agotamiento del reintegro para tal fin”.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01977-01
Actor: Luis Gabriel Urueta Romerin
Acción de tutela

4) Como sustento de la demanda alegó que la Universidad del Atlántico no podía exigirle
la aprobación de los exámenes preparatorios o seminarios como requisito para otorgarle
el título de abogado, habida cuenta que, para la fecha en que ingresó a la Universidad,
dicho requisito se encontraba eliminado por disposición legal, sin que la demandada
tuviera competencia para reglamentarlo nuevamente.

5) Mediante sentencia de 30 de septiembre de 2021, el Juzgado Doce Administrativo del
Circuito Judicial de Barranquilla negó las pretensiones de la demanda, en consideración
a que las universidades pueden exigir los exámenes preparatorios u otros requisitos
distintos a los vigentes para otorgar el título de abogado de acuerdo con sus planes de
estudios.

6) Apeló tal decisión con base en que el a quo omitió valorar todas las pruebas aportadas
con la demanda y su reforma, las trasladadas del Juzgado Tercero Administrativo de
Bogotá y los testimonios rendidos por los señores Eddien Enrique Carrillo Navarro, Keyla
Pereira González, Merly Herrera Tinoco, Yuranis Esther Carrillo Cervantes, José Ignacio
Zapata Meriño, Elis Yohana Zapata Meriño.

7) A través de providencia de 15 de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo del
Atlántico confirmó la decisión por considerar que “pese a la referida derogatoria, las
universidades pueden exigir los exámenes preparatorios u otros requisitos distintos a los
vigentes para otorgar el título de abogado de acuerdo con sus planes de estudios, con
miras al cumplimiento de los objetivos y propósitos de los mismos, en ejercicio de la
autonomía universitaria que les reconoce artículo 69 constitucional”.

8) Contra esa decisión solicitó aclaración y adición, las cuales fueron negadas mediante
auto de 21 de noviembre de 2023.

Fundamentos de la vulneración

La parte actora alegó que el Tribunal Administrativo del Atlántico incurrió en un defecto
fáctico por indebida valoración probatoria, ya que omitió valorar algunas pruebas que
habrían cambiado el sentido de la sentencia del 15 de diciembre de 2022.

Por otra parte, señaló que se presentó un defecto sustantivo porque se aplicó de manera
errada el numeral 4 del Acta no. 019 del 20 de septiembre de 2018, aprobada y
modificada por el punto tercero del artículo segundo de la Resolución Académica no.

4
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01977-01
Actor: Luis Gabriel Urueta Romerin
Acción de tutela

000030 del 20 de septiembre de 2018 y adoptado por el punto tercero de la Resolución
Académica no. 000005 del 7 de enero de 2020.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“1. Que se me amparen mis derechos constitucionales fundamentales al Debido
Proceso, a la Educación, a aplicación del principio de favorabilidad, Derechos
Adquiridos.

2. Que se Dejen sin efectos las providencias atacadas mediante la presente
acción.

3. Que se les ordene a los jueces de Instancia a expedir una nueva providencia
teniendo en cuenta que la Universidad del Atlántico carece de competencia
temporal para exigir los exámenes preparatorios después de transcurrido un
año, contado a partir de la última matrícula del egresado, de conformidad con
el debido Proceso Administrativo desarrollado por el Punto Tercero del Artículo
Segundo de la Resolución Académica No. 0000005 del 7 de enero de 2020.

4. Que se le ordene a los jueces de instancia a emitir nuevas providencias
teniendo en cuenta de conformidad con el Debido Proceso Administrativo
(desarrollado por los artículos Primero y Sexto del Acuerdo Superior No. 008
del 13 de julio de 1992) la realización de los SEP no es obligatoria para
estudiantes o egresados durante el periodo comprendido entre el 13 de julio de
1992 y el 11 de septiembre de 2018, momento en el cual OPTÉ al título de
Abogado.

5. Que se surtan las notificaciones de rigor”.

Actuación procesal

Mediante auto de 25 de abril de 2024, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó la notificación a los magistrados
integrantes del Tribunal Administrativo del Atlántico, así como la vinculación de la
Universidad del Atlántico y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con el
fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

Sentencia de primera instancia

A través de sentencia de 14 de junio de 2024, la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado negó las pretensiones, tras sostener que la autoridad judicial
accionada, en ejercicio de los principios de autonomía funcional, independencia y sana
crítica, efectuó un análisis probatorio coherente y válido de las pruebas allegadas al

5
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01977-01
Actor: Luis Gabriel Urueta Romerin
Acción de tutela

proceso, las cuales, a pesar de no resultar satisfactorias a la parte accionante, permitieron
colegir que su actuación no fue contraria a derecho.

Impugnación

La parte actora insistió en los mismos argumentos del escrito inicial de la tutela
relacionados con que la norma del punto tercero del artículo segundo de la Resolución
Académica no. 000005 del 7 de enero de 2020, aplicada para resolver el caso, no permitía
la exigencia de la realización de exámenes preparatorios a los egresados después de
transcurrido un año, ya que era un imposible jurídico debido a que para tal fin se debía
agotar el reintegro y ninguna norma interna autorizaba tal figura para quienes culminaron
totalmente el plan de estudios.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Atlántico con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados con ocasión de
la providencia de 15 de diciembre de 2022.

6
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01977-01
Actor: Luis Gabriel Urueta Romerin
Acción de tutela

En la sentencia de primera instancia la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, si bien reconoció que el interés de la parte actora era volver sobre la discusión
de instancia con el fin de obtener un nuevo pronunciamiento que le resultara favorable a
los intereses del actor, negó las pretensiones de la acción de tutela por considerar, por
un lado, que hubo una valoración razonable de las pruebas obrantes en el expediente y,
por el otro, la decisión estuvo soportada en un estudio de la normativa aplicable al caso,
decisión que fue impugnada por la parte actora

En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala revocará la sentencia
de primera instancia que negó las pretensiones de la acción de tutela para, en su lugar,
declarar su improcedencia por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, por las razones que procederán a exponerse:

1) En resumen, el actor invocó la existencia de un defecto fáctico porque, a su juicio, la
autoridad judicial accionada omitió valorar unas pruebas que supuestamente daban
cuenta la Universidad del Atlántico no podía exigirle la aprobación de los exámenes
preparatorios o seminarios como requisito para otorgarle el título de abogado, habida
cuenta que, para la fecha en que se matriculó dicho requisito había sido eliminado por
disposición legal, sin que la universidad tuviera competencia para reglamentarlo
nuevamente.

2) Asimismo, que se presentó un defecto sustantivo porque se aplicó de manera errada
el numeral 4 del Acta no. 019 del 20 de septiembre de 2018, aprobada y modificada por
el punto tercero del artículo segundo de la Resolución Académica no. 000030 del 20 de
septiembre de 2018 y adoptado por el punto tercero de la Resolución Académica no.
000005 del 7 de enero de 2020.

3) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del proceso ordinario, con
miras a que se declarara la nulidad de los actos administrativos demandados

4) En efecto, en el recurso de apelación que presentó contra la sentencia de primer grado
el demandante indicó, en los mismos términos que ahora plantea, que el juzgado omitió
valorar unas pruebas que consideró determinantes para probar que la exigencia de
realizar los exámenes preparatorios o seminarios eran ilegal:

7
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01977-01
Actor: Luis Gabriel Urueta Romerin
Acción de tutela

“1. La Sentencia de primera instancia omitió́ concederle al demandante las peticiones
de los numerales 2.12 y 2.13 cuyos hechos relacionados con las mismas de los
numerales 2.10, 2.12, 2.15, 2,16, 2.25, 2.33, 2.34, 2.34 y 2.41 están debidamente
acreditas mediante las pruebas obrantes en los folios de expediente que allí se
señala.

2. Aunque la providencia judicial recurrida relacionó todos los hechos de la demanda,
solo reconoció́ probado que “el Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la
Universidad del Atlántico reglamentó el Estatuto Estudiantil de Pregrado en sus
artículos 83 y 100 a través de la Resolución No. 001 del 24 de septiembre de 2009 y
del Acta No. 015 del 23 de agosto de 2011.

3. La Sentencia de primera instancia apelada no dio por probado los demás hechos
de la demanda, estándolo.

4. La Sentencia Judicial de Primera Instancia de manera injustificable e inmotivada
no tuvo en cuenta las siguientes normas legales y estatutarias de la Universidad del
Atlántico y no realizó sobre ellas razonamiento legal que le ordena el imperio de la
ley, la providencia guardó silencio sobre este particular actuó́ como si dichas normas
específicas no hubiesen sido invocadas en la demanda y su reforma como violadas o
como si no existiesen, aspecto que se encuentra documentado y probado como se
verifica a folios o páginas 10 y 276 del archivo 01. 08001333301220190019100.pdf
del expediente digital, así́:

5. Así́ mismo, y en estrecho vínculo con la omisión anterior, la Sentencia de Primera
instancia omitió́ tener en cuenta y realizar un análisis y valoración crítico sobre todas
las siguientes pruebas oportunamente solicitadas, aportadas con la demanda y su
reforma, decretadas y practicadas por el Despacho Judicial, las cuales obran a folios
o páginas 8 y 9 del archivo 01.08001333301220190019100.pdf del expediente digital,
todas las que a continuación subrayo:

La omisión de la valoración de todas las anteriores pruebas y análisis normativo
resultó de trascendental importancia para los resultados de la decisión, puesto que,
demuestran que la competencia para reglamentar el estatuto estudiantil, se encuentra
radicada en cabeza del Consejo Superior Universitario y no del Consejo de Facultad
de Ciencias Jurídicas y de haberlas tenido en cuenta la sentencia de primera instancia
habría declarado la nulidad de los actos administrativos acusados, así́ mismo, el daño
moral padecido por el demandante acreditado mediante los testimonios, finalmente,
con los testimonios rendidos se demostró́ que muchos estudiantes fueron graduadas
sin preparatorios debido a que no habían sido adoptados dentro del programa de
derecho, los estudiantes que los realizaban los acordaban verbalmente con la facultad
de ciencias jurídicas y por ello no eran obligatorios o exigibles.

6. La Sentencia de primera instancia ignoró los siguientes cargos de nulidad contra
los actos acusados y la explicación del Concepto de Violación de (…)

7. La Sentencia de primera instancia debió́ declarar la nulidad de los actos acusados
al pronunciarse sobre la causal de nulidad por falta de competencia del órgano que
los profirió.

8. Por otra parte, la sentencia de primera instancia aplicó indebidamente los artículos
26 y 69 Constitucionales, 62 y 109 de la Ley 30 de 1992, artículos 23 y 76 de la Ley
115 de 1994, y las normas jurisprudenciales de las Sentencias C-1053 de 2001, C-
505 de 2001, SU-783 de 2003 y T117 de 2004 emitidas por la Corte Constitucional.

8
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01977-01
Actor: Luis Gabriel Urueta Romerin
Acción de tutela

9. La Sentencia de primera instancia omitió́ de manera injustificable e inmotivada
estudiar y declarar la nulidad solicitada por haber sido expedidos los actos acusados
de manera irregular:

10. El Procedimiento Reglamentación de los artículos 83 literal “g” y 100 del
Reglamento Estudiantil de la Universidad del Atlántico, su aprobación y su adopción
Culminó el día 07 de enero de 2020 y la Resolución mediante la cual el requisito de
exámenes preparatorios se incluyó́ y adoptó para el Plan de Estudios del Programa
de Derecho no tiene la posibilidad de ser aplicada de manera retroactiva.

11.La Sentencia de manera injustificable e inmotivada omitió́ estudiar y pronunciarse
frente al cargo de nulidad formulado por el demandante contra los actos acusados por
haber sido expedidos con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió́
y omitir la declarar la nulidad de los actos acusados por este aspecto probado dentro
del proceso:

La Sentencia judicial de primera instancia no tuvo en cuenta que el Consejo de
la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Atlántico carece de
competencia funcional para mediante la resolución No. 001 del 24 de septiembre
de 2009, modificar el estatuto estudiantil como lo hizo al introducir un nuevo sujeto, al
EGRESADO, como destinatario de la norma de los artículos 83 literal “g” y 100 del
Estatuto Estudiantil, carga que solo tiene como destinatario a la persona con calidad
de ESTUDIANTE y que, además, la citada norma del reglamento estudiantil no le
confiere competencia funcional alguna al Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas
para modificarlo.(archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo
SAMAI- negrillas de la Sala).

5) Ahora bien, en la providencia del 15 de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo
del Atlántico confirmó la decisión con los siguientes argumentos:

“La Sala abordará los argumentos planteados en el recurso de apelación así: En
cuanto al cargo de la presunta indebida valoración probatoria, se tiene que del estudio
realizado por el a quo frente al cargo de nulidad de la Resolución No 001 de
septiembre 24 de 2009, por medio de la cual, reglamentó los exámenes preparatorios
para los estudiantes de dicha facultad y el Acta No 015 del 23 de agosto de 2011, a
través de la cual, complementa dicha reglamentación, por cuanto el referido Consejo
no tenía competencia para ello, habida cuenta que la misma recae en el Consejo
Superior Universitario, en efecto se avizora que el artículo 100 del Acuerdo No 010
de agosto 3 de 19896, expedido por su Consejo Superior, dispone:

“EXÁMENES PREPARATORIOS, TRABAJO DE GRADO Y CURSOS DE
ACTUALIZACIÓN. ARTÍCULO 100. Son los que el estudiante presenta como
requisito para optar el título. Los Consejos de Facultades reglamentaran estas
pruebas...”

Al respecto, la Corte Constitucional ha sido reiterativa al indicar que “El reglamento
estudiantil constituye una pieza esencial para la concreción de la autonomía
universitaria, en tanto establece la autorregulación filosófica y administrativa de cada
institución, que son precisamente los elementos definitorios de la autonomía
universitaria; además, en el reglamento se establecen los derechos y obligaciones de
la comunidad académica, mediante normas vinculantes”

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia T- 281 de 2012, insistió́ en que: “Bajo
el legítimo ejercicio del principio constitucional en mención, las instituciones de
educación superior están en completa libertad para establecer los requisitos,
pre-requisitos y con-requisitos que consideren necesarios para el

9
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01977-01
Actor: Luis Gabriel Urueta Romerin
Acción de tutela

mejoramiento de la calidad de la educación, siempre que sean razonables y
legítimos constitucionalmente”. La sentencia SU – 783 de 20038, providencia
unificadora del asunto bajo estudio, señaló́ que “las universidades, orientadas
por el propósito de garantizar una óptima calidad de formación de sus
egresados, pueden exigir exámenes preparatorios, diferentes tipos de pruebas
de conocimiento, la realización de cursos especiales para la profundización en
determinados temas, o la demostración satisfactoria del dominio de un idioma,
como requisito de grado, siempre y cuando sean razonables y respeten la
Constitución Política”.

En el sub examine el Consejo Superior está facultado para establecer como exigencia
para el grado, la realización de exámenes preparatorios, y así́ mismo, en su calidad
de máximo órgano de la Universidad del Atlántico, y en virtud de la posibilidad de
establecer su propia estructura, otorgar al Consejo de Facultad, la competencia para
reglamentar lo concerniente a dichos exámenes, de donde deviene la inexistencia de
irregularidad alguna por este hecho, tal como lo señaló el a quo. Además, sin perjuicio
de lo anterior, el Consejo Académico reglamentó la modificación del programa de
derecho mediante el cual se adoptó́ la presentación y aprobación de exámenes
preparatorios o SEP como requisitos estatutarios de grado contenida en el Acta No.
019 del 20 de septiembre de 2018 y la cual fue aprobada por medio de la Resolución
Académica No. 000030 del 20 de septiembre de 2018.

Sumado a lo anterior, de la revisión de los reglamentos, resoluciones y demás
normativas que componen el marco jurídico que rige el plantel educativo
demandado se vislumbra que no contienen disposiciones contrarias a la
Constitución Política, que como se ha insistido, otorgó protección de rango
constitucional a las entidades de educación superior para darse sus propios
reglamentos.

Ahora bien, en cuanto al cargo de la no retroactividad de la aplicación de la
reglamentación académica adoptada por la Facultad de Ciencias Jurídicas contenida
en la Resolución Académica No. 000005 del 07 de enero de 2020 la cual adoptó para
el Programa de Derecho Semestralizado la presentación y aprobación de exámenes
preparatorios como requisito estatutario de grado como la reglamentación sobre
preparatorios, finalmente fue adoptada mediante la resolución Académica No. 000005
del 07 de enero del año 2020, porque se alega que a que durante el tiempo que cursó
y aprobó́ el programa de derecho que le fue ofertado dicho requisito al accionante no
había sido oficialmente adoptado como tal a través del plan de estudios, no se acoge
dicha postura por cuanto su situación no está definida o consolidada, por lo
que debe acogerse a los postulados, requisitos y normatividad que lo cobija.

Por último, el apelante señaló como motivación para la revocatoria de la sentencia
que “los actos administrativos mediante los cuales se le está exigiendo al demandante
la relación de preparatorios o SEP fueron expedidos con desviación de las
atribuciones propias del órgano o funcionario que los profirió puesto que quebrantan
el Artículo 1 de la Ley 552 de 1999, artículos 24, 28, 29, 65 literal “d” parágrafo único,
107, 108, 109, 138 y 140 de la ley 30 de 1992, Inciso final del artículo 11 de la Ley
962 del 2005 al exigir un requisito legal derogado a un sujeto que por vigencia actual
del mandato derogatorio legal ya no es destinatario de dicha carga y le está
expresamente prohibido a la entidad demandada revivir dicho requisito, por lo que, se
ha incurrido en esta causal de nulidad de los actos administrativos”.

Así las cosas, pese a la referida derogatoria, las universidades pueden exigir los
exámenes preparatorios u otros requisitos distintos a los vigentes para otorgar el título
de abogado de acuerdo con sus planes de estudios, con miras al cumplimiento de los
objetivos y propósitos de los mismos, en ejercicio de la autonomía universitaria que
les reconoce artículo 69 constitucional, por lo que no hay lugar a revocar la sentencia
apelada.” (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI-
negrillas de la Sala).

10
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01977-01
Actor: Luis Gabriel Urueta Romerin
Acción de tutela

6) Para sustentar la vulneración de los derechos fundamentales el actor expuso similares
planteamientos a aquellos del recurso de apelación en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, dirigidos de manera exclusiva a revivir la discusión frente a
la valoración efectuada frente a todas las pruebas allegadas al proceso.

7) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha
situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de
tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el recurso de
apelación, los cuales fueron resueltos en la providencia en la que se concluyó que del
estudio del material probatorio allegado al expediente se observaba que el Consejo
Académico reglamentó la modificación del programa de derecho mediante el cual se
adoptó la presentación y aprobación de exámenes preparatorios o SEP como requisitos
estatutarios de grado contenida en el Acta No. 019 del 20 de septiembre de 2018 y la
cual fue aprobada por medio de la Resolución Académica no. 000030 del 20 de
septiembre de 2018.

8) En todo caso, de acuerdo con las particularidades del caso y en virtud de los principios
de autonomía e independencia judicial, la autoridad judicial accionada frente al reparo
según el cual “los actos administrativos mediante los cuales se le está exigiendo al
demandante la relación de preparatorios o SEP fueron expedidos con desviación de las
atribuciones propias del órgano (...) al exigir un requisito legal derogado a un sujeto que
por vigencia actual del mandato derogatorio legal ya no es destinatario de dicha carga y
le está expresamente prohibido a la entidad demandada revivir dicho requisito (...)”,
consideró que la Corte Constitucional en sentencia C-1053 de 2001 aclaró la
interpretación y aplicación de las derogatorias que incluye la Ley 552 de 1999.

9) De modo que las universidades pueden exigir los exámenes preparatorios u otros
requisitos distintos a los vigentes para otorgar el título de abogado de acuerdo con sus
planes de estudios, con miras al cumplimiento de los objetivos y propósitos de los
mismos, en ejercicio de la autonomía universitaria que les reconoce artículo 69
constitucional, análisis que no se advierte irrazonable, ilógico o que desborde los
principios de la sana crítica.

11
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01977-01
Actor: Luis Gabriel Urueta Romerin
Acción de tutela

10) Ahora, si bien no se efectuó un análisis pormenorizado de las pruebas que señaló la
parte actora, lo cierto es que las mismas fueron valoradas de manera conjunta y arrojaron
cono resultado la negativa a las pretensiones de la demanda.

11) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
que era propio del trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el
que es los mismos términos que ahora pretende el actor aludió a una supuesta indebida
valoración de las pruebas y ese asunto ya fue decidido y el resuelto, de modo que al juez
constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia.

12) En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la acción de tutela y, en su lugar, declarará improcedente la acción de
tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, toda vez que al juez
constitucional le está vedado de inmiscuirse en el criterio del juez natural más allá de
encontrarse o no conforme con él.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revócase la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la acción de
tutela de la referencia de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia. En su lugar, dispónese:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Luis Gabriel
Urueta, por el incumplimiento de relevancia constitucional.

2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.

12
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01977-01
Actor: Luis Gabriel Urueta Romerin
Acción de tutela

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.