Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01993-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01993-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-01993-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
8 de agosto de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01993-01
Demandante: Joseph Palma Grosso
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-01993-01
Demandante JOSEPH PALMA GROSSO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO
Temas Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Tercera
instancia. Nulidad y restablecimiento del derecho. Inscripción
escalafón docente.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Joseph Palma Grosso
contra la sentencia del 4 de junio de 2024, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A que dispuso lo siguiente:
«SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 23 de abril de 20241, el señor Joseph Palma Grosso interpuso acción de tutela,
mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y la
Comisión Nacional del Servicio Civil, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad humana y mínimo vital y los
principios de seguridad jurídica, buena fe, confianza legítima y progresividad y no
regresividad.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«En resumen, solicito a su señoría se sirva amparar los derechos fundamentales invocados
como violados por el tribunal mediante el fallo acusado y en su defecto se le ordene expedir
uno nuevo tenido en cuenta los principios que impiden que se violen los derechos adquiridos
o las situaciones jurídicas consolidadas como se reclaman a través de las pretensiones de la
demanda».
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Joseph Palma Grosso participó en el concurso de méritos para
proveer cargos de directivos docentes y docentes convocado por la Comisión
Nacional del Servicio Civil, mediante Acuerdo 187 de 2012 (Convocatoria 143
de 2012). Tras superar las etapas del concurso y ser incluido en la lista de
1 Índice 2 en Samai.
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elegibles, el tutelante fue nombrado en periodo de prueba como docente
orientador en la Institución Educativa Distrital José Consuegra Higgins en el
Distrito de Barranquilla. Finalizado el periodo de prueba, aquel solicitó su
inscripción en el escalafón docente.
2.2. El señor Joseph Palma Grosso presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra del Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla y la Comisión Nacional del Servicio Civil,
pretendiendo la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se
negó su inscripción en el escalafón docente y del acto por el cual fue retirado
del servicio. Como restablecimiento del derecho, solicitó el reintegro a su cargo
y el pago de los sueldos y prestaciones sociales dejadas de percibir desde el
7 de septiembre del 2018.
2.3. El Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla conoció en
primera instancia el asunto (radicado Nro. 08001-33-33-013-2018-00488-01) y,
mediante sentencia del 26 de junio de 2020 negó las pretensiones de la
demanda.
La autoridad judicial desestimó el argumento del demandante consistente en
que se debía aplicar el Decreto 1075 de 2015 en vez del Decreto 915 de 2016.
El actor resaltó que en la primera de estas se establece que el posgrado en
educación o programa de pedagogía puede acreditarse a más tardar al
finalizar el año académico siguiente al nombramiento en periodo prueba,
mientras que con la modificación efectuada por el Decreto 915 de 2016 se
dispuso que el cumplimiento de tal requisito debía acreditarse antes de quedar
en firme la calificación del periodo de prueba.
El juzgado explicó que el artículo 2.4.1.4.1.3 del Decreto 1075 de 2015
modificado por el artículo 3 del Decreto 915 de 2016 regula los requisitos para
la inscripción en el escalafón docente y condiciona la inscripción en el
escalafón docente de los profesionales no licenciados en educación.
Según tal norma, para ser inscrito en este se deben cumplir con las siguientes
condiciones, so pena de negar su inscripción en el escalafón docente: (i) al
momento de quedar en firme la calificación de superación del período de
prueba, el docente debe acreditar que está cursando o que se ha graduado de
un posgrado en educación, o que ha realizado un programa de pedagogía bajo
la responsabilidad de una institución de educación superior; y (ii) cuando el
docente esté cursando un programa de especialización, maestría o doctorado
en educación, el docente debe anexar la certificación de la respectiva
institución de educación superior en la que se indique el plazo máximo con el
que cuenta el profesional para cumplir con los requisitos de grado y obtener el
correspondiente título académico.
La autoridad judicial explicó que el docente Joseph Palma Grosso, no
licenciado en educación, participó en concurso de méritos y que en virtud del
puntaje allí obtenido fue nombrado mediante Resolución 4073 de 6 de abril de
2017 en periodo de prueba en la Institución Educativa Distrital José Consuegra
Higgins. Indicó que su calificación del periodo de prueba se produjo el día 4 de
diciembre de 2017, decisión contra la cual no se presentó ningún recurso, con
lo cual dicha calificación adquirió firmeza.
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El 18 de diciembre de 2017, el docente presentó ante la Secretaría de
Educación Distrital de Barranquilla los documentos relacionados con el soporte
de los estudios exigidos en el artículo 2.4.4.1.3 del Decreto 915 de 2016. Esto
demuestra que aquel «NO acreditó antes de estar en firme el periodo de prueba el día
04 de diciembre de 2017, estar cursando o haberse graduado de postgrado en educación
o haber realizado programa de pedagogía bajo responsabilidad de institución de
educación superior; es decir, no cumplió con los requisitos señalados en la norma
previamente citada».
Agregó que las pruebas acreditan que el docente no se encontraba cursando
la maestría, sino que apenas canceló los derechos para cursarla y «en gracia
de discusión que si (sic) cursaba el curso en el año 2017, tanto la certificación allegada el
día 18/12/2017 como la aportada con el recurso fueron extemporáneas.»
Concluyó que «superado satisfactoriamente el periodo de prueba el docente JOSEPH
PALMA GROSSO no acreditó estar en curso exigido de pedagogía, o haberse graduado
de postgrado en educación o haber realizado programa de pedagogía bajo
responsabilidad de institución de educación superior; de manera extemporánea presentó
documentos que dan cuenta que el día 24/11/2017 solo había cancelado los gastos de
matrícula para iniciar la maestría; en resumen, el docente NO cumplió con lo dispuesto
en el artículo 2.4.1.4.1.3 del Decreto 1075 de 2015 modificado por el artículo 3 del Decreto
915 de 2016».
Finalmente, precisó que el docente ingresó, fue nombrado en periodo de
prueba y evaluado en el año 2017. En consecuencia, la norma aplicable es el
Decreto 915 de 2016 que modificó el artículo 2.4.1.4.1.3 del Decreto 1075 de
2015. De manera que los actos administrativos demandados fueron expedidos
conforme al ordenamiento jurídico vigente.
2.4. El señor Joseph Palma Grosso interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia.
2.5. Por medio de sentencia del 31 de octubre de 2023 (el mensaje de datos a efectos
de notificar la providencia se remitió el 15 de enero de 2024), el Tribunal Administrativo
del Atlántico, Sala de Decisión Oral A confirmó la providencia apelada, por
razones semejantes a las expuestas en la sentencia de primera instancia.
El tribunal aclaró que los decretos reglamentarios cuya aplicación se pretende
desvirtuar no constituyen una verdadera modificación de las reglas del
concurso; y que tampoco son reglas posteriores a los hechos, pues estos son
de los años 2015 y 2016, mientras que el periodo de prueba culminó el 4 de
diciembre de 2017.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora reprochó la sentencia de segunda instancia. Argumentó que, al
proferir dicha providencia, el Tribunal Administrativo del Atlántico incurrió en defecto
sustantivo, por aplicar el Decreto 915 de 2016 como fundamento normativo de su
decisión en vez del Decreto 1075 de 2015.
Explicó que el Decreto 1075 de 2015 (compilador del Decreto 2715 de 2009) dispuso
en su artículo 2.4.1.4.1.3 que el docente el normalista superior, el tecnólogo en
educación, el profesional licenciado en educación o profesional con título diferente
al de licenciado en educación que haya sido vinculado mediante concurso, superado
satisfactoriamente el período de prueba y cumplido los requisitos previstos en la ley
tiene derecho a ser nombrado en propiedad e inscrito en el escalafón docente. A su
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vez, tal norma dispone que «El profesional con título diferente al de licenciado en educación
debe acreditar, adicionalmente, que cursa o ha terminado un posgrado en educación, o que ha
realizado un programa de pedagogía bajo la responsabilidad de una institución de educación
superior en los términos del Decreto 2035 de 2005, en la manera en que queda compilado en
el presente Decreto, y de las normas que lo modifiquen. Dicha acreditación se debe efectuar
a más tardar al finalizar el año académico siguiente al del nombramiento en período de
prueba» (Negrillas propias).
En cambio, el Decreto 915 de 2016 (norma que en criterio del actor no debió aplicarse
en su caso), establece que la acreditación sobre la realización de un posgrado en
educación o programa de pedagogía se debe efectuar «en el momento de quedar en
firme la calificación superación del período de prueba, adicionalmente» (Negrillas propias).
En ese sentido, sostuvo que el Decreto 915 de 2016 introdujo un cambio
significativo, pues dispuso que bajo esa norma la acreditación del estudio de
posgrado se debía realizar antes del nombramiento definitivo en la carrera docente.
Mientras que el Decreto 1075 de 2015 preceptuaba, en favor del administrado, que
esa carga se podía cumplir después del nombramiento definitivo para la inscripción
en la carrera docente, a más tardar al finalizar el año académico siguiente al del
nombramiento en período de prueba. Por lo tanto, en criterio del actor el tribunal
erró al considerar que las dos normas exigen los mismos requisitos.
El actor insistió en que la lista de elegibles, acto definitivo del concurso, fue proferida
en abril del 2015 por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Por lo anterior, indicó
que la norma que rigió el concurso hasta la expedición del mencionado acto
definitivo fue el Decreto 1075 de 2015 compilador del Decreto 2715 de 2009, bajo
el cual el cumplimiento del requisito sobre la realización de un posgrado en
educación o pedagogía podría acreditarse a más tardar al finalizar el año académico
siguiente al del nombramiento en período de prueba.
Así las cosas, censuró la aplicación del Decreto 915 de 2016, por tratarse de una
norma posterior al acto definitivo, en lugar de haber aplicado el Decreto 1075 de
2015 que sí estaba vigente al momento de la finalización del proceso de selección.
Circunstancia que en su criterio implicó negar su acceso al cargo de docente como
empleado de carrera. A su juicio, la administración no está habilitada para cambiar
las normas bajo las cuales nació el concurso, en este caso, el Decreto 1075 de
2015.
Agregó que los actos de ejecución, es decir el nombramiento en propiedad e
inscripción en el escalafón docente, también debían fundamentarse en el Decreto
1075 de 2015, por ser la norma que rigió el concurso desde su nacimiento y bajo la
cual se expidió el acto definitivo. Los actos de ejecución no podían regirse por
normas nuevas desfavorables al administrado.
Señaló que la decisión de aplicar el Decreto 915 de 2016 desconoció los principios
de ultraactividad e irretroactividad de la ley, puesto que dicha norma no podía
afectar situaciones jurídicas consolidadas bajo la normativa vigente al momento del
acto definitivo.
Afirmó que el Decreto 1075 de 2015 regulaba su situación de forma más favorable,
ya que «el cumplimiento de la condición de que cursa o ha terminado un posgrado en
educación, o que ha realizado un programa de pedagogía bajo la responsabilidad de una
institución de educación superior en los términos del Decreto 2035 de 2005, lo puede efectuar
DESPUES, a más tardar al finalizar el año académico siguiente al del nombramiento en período
de prueba».
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Según el demandante, esta aplicación indebida de la nueva normativa, es decir del
Decreto 915 de 2016 implicó un desconocimiento de los derechos adquiridos, ya
que la lista de elegibles constituía un acto administrativo definitivo, que consolidaba
los derechos de los participantes y establecía una relación jurídica concreta y
particular. Al imponer retroactivamente una carga adicional, la administración afectó
injustamente los derechos del demandante, quien cumplía con los requisitos según
la normativa vigente al momento de la expedición de la lista de elegibles.
Asimismo, acusó al Tribunal de violar los principios de progresividad, irretroactividad
y ultraactividad de la ley, buena fe y confianza legítima; así como su derecho a ser
nombrado en propiedad bajo condiciones previamente establecidas y sus derechos
adquiridos.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto del 26 de abril de 2024, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Joseph Palma Grosso; se ordenó notificar en calidad
de terceros al Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y a la
Comisión Nacional del Servicio Civil; se requirió al Juzgado Trece
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla para que enviara copia del
expediente; y dispuso efectuar las notificaciones correspondientes.
4.2. El Tribunal Administrativo del Atlántico manifestó que el actor no tenía
derecho a la inscripción en el escalafón docente para el momento en que pidió
la inscripción, pues así lo reguló el reglamento en controversia con la debida
antelación. No era posible, entonces, validar un requisito en una fecha
posterior a la que las reglas propias del concurso lo señalaron, pues no se
concibió así en los decretos que regularon la materia, razón por la cual se
denegaron las pretensiones de la demanda.
Tal postura se fundamentó en los Decretos 1075 de 2015 y 915 de 2016, que
coinciden en exigir para la inscripción en el escalafón docente que antes de la
calificación del periodo de prueba el docente haya acreditado el cumplimiento
del posgrado en pedagogía ya sea que se hubiera graduado o habiendo
terminado los estudios y tuviera programada una fecha para el grado en ese
momento.
A su vez, resaltó que en el escrito de tutela no se acreditó la relevancia
constitucional de lo discutido y por tanto no se cumplió con ese requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Consideró
que la acción de tutela interpuesta por el accionante se limita a un debate de
carácter legal y reglamentario sobre la inscripción en el escalafón docente que
no aborda una cuestión de relevancia constitucional.
Afirmó que no se presentó evidencia convincente de una tensión entre la
decisión judicial y los derechos fundamentales y los principios de igualdad,
razonabilidad y favorabilidad invocados por el accionante.
Subrayó que las actuaciones cuestionadas se llevaron a cabo en cumplimiento
de las normas vigentes y de conformidad con el debido proceso. Indicó que la
acción de tutela no puede ser utilizada como una instancia adicional para
revisar decisiones judiciales, salvo en casos donde se haya incurrido en una
vía de hecho.
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Por lo expuesto, concluyó que no se presentan las condiciones necesarias
para considerar la acción de tutela como procedente y solicitó que se declare
la improcedencia del amparo solicitado, o en su defecto, se nieguen las
pretensiones del accionante.
4.3. La Comisión Nacional del Servicio Civil sostuvo que existe falta de
legitimación en la causa por pasiva, debido a que las pretensiones de la acción
constitucional están dirigidas a que se ordene al Tribunal Administrativo del
Atlántico emitir un nuevo fallo, situación frente a la cual no tiene injerencia
alguna. Indicó que vela por el cumplimiento de la normativa que posibilita el
funcionamiento del sistema de carrera. En consecuencia, solicitó que no se
adopte ninguna decisión en su contra.
4.4. La Secretaría de Educación del Distrito Especial Industrial y Portuario de
Barranquilla manifestó que no ha vulnerado ningún derecho fundamental del
accionante. También indicó que lo pretendido es revocar un acto administrativo
y dicha discusión ya fue resuelta por un juez natural en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Por lo anterior, solicitó negar por
improcedente la acción de tutela.
5. Providencia impugnada
Mediante sentencia del 4 de junio de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A declaró la improcedencia de la acción de tutela, porque consideró que
la tutela no cumplía con el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional, puesto que la parte actora pretende reabrir el debate del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
En la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en la apelación y en el
escrito de tutela, el accionante sostuvo que debía aplicarse el Decreto 2715 de 2009
compilado a través del Decreto 1075 de 2015 que permitía a los docentes no
licenciados en educación acreditar su posgrado en pedagogía al finalizar el año
académico siguiente al nombramiento en período de prueba.
Por lo anterior, en criterio del actor, al aplicarse a su caso el Decreto 915 de 2016,
disposición posterior y menos favorable, se desconoció la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, los principios de buena fe, confianza legítima, igualdad, pro homine,
progresividad e inmutabilidad de las reglas de los concursos.
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A indicó que dichos
cuestionamientos fueron abordados tanto en primera como en segunda instancia
por los jueces naturales. En relación con el marco jurídico aplicable al caso, el
Tribunal indicó que el Decreto Ley 1278 de 2002, en su artículo 21 determinó los
requisitos para la inscripción al escalafón docente.
Como reglamentación de esa temática se profirió el Decreto 1075 de 2015 que
realizó una precisión frente a los requisitos que inicialmente contemplaba aquella
disposición; tal norma especificó el momento en que se deben acreditar los
requisitos para acceder a la inscripción o actualización en el escalafón docente.
Posteriormente, se expidió el Decreto 915 de 2016, por medio del cual se
reglamentó el Decreto Ley 1278 de 2002 en materia de concursos de ingreso al
sistema especial de carrera docente; este último subrogó un capítulo y modificó
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otras disposiciones del Decreto 1075 de 2015 y entró a regir a partir de la fecha de
su publicación.
Con base en el anterior marco normativo, el juez de tutela resaltó que en la decisión
de segunda instancia el Tribunal explicó que:
«la parte actora efectivamente incumplió la carga dispuesta por los Decretos 1075 de
2015 en su artículo 2.4.1.1.23 y 915 de 2016 en su artículo 2.4.1.1.23. Que pese a ser
subrogados, coinciden en la exigencia para acceder a la inscripción en el escalafón
docente, e indican que, antes de la realización de la calificación del período de prueba, el
docente no licenciado debe presentar a la autoridad la demostración del cumplimiento de
los requisitos exigidos sobre el posgrado en pedagogía, ya sea que estuviera en curso, o
terminado y con fecha de grado. En el caso bajo estudio, esa acreditación debió realizarse
antes del 4 de diciembre de 2017 cuando se realizó la calificación del período de prueba».
El juez de tutela afirmó que en la sentencia controvertida el Tribunal explicó que tal
reglamentación, vigente para la fecha de los hechos, consigna las pautas generales
sobre la materia y que reguló una situación en la que existía un vacío.
El Tribunal precisó que esto no constituye una modificación de las reglas del
concurso, ni se trata de una regla posterior, debido a que la calificación del período
de prueba del 4 de diciembre de 2017 se consolidó después de la entrada en
vigencia del Decreto Único del Sector Educación y su posterior modificación en
mayo de 2015 y luego en junio de 2016.
Por lo tanto, consideró que el accionante reiteraba en sede de tutela los reproches
que ya había propuesto en el proceso ordinario. De ahí que la Subsección A de la
Sección Tercera no identificó un motivo de verdadera relevancia constitucional para
que el juez de tutela interviniera en el contenido de la decisión acusada, pues de
esta se desprende que, en ejercicio de su autonomía judicial y en aplicación de los
criterios de libre apreciación probatoria y sana crítica, el juez ordinario valoró de
forma razonable el acervo probatorio obrante en el expediente confrontándolo con
los preceptos legales y jurisprudenciales aplicables.
Todo lo cual lo llevó a concluir que el señor Palma Grosso no cumplió dentro del
término legal establecido con la obligación que tenía de demostrar que estaba
cursando o que había terminado un posgrado en pedagogía, de conformidad con lo
dispuesto el Decreto 915 de 2016 artículo 2.4.1.1.23.
Agregó que, aun cuando se desvirtuó la relevancia constitucional, no se encuentra
motivo para censurar la interpretación normativa realizada por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que consideró ajustado a derecho. Todos los decretos
que se profirieron después de iniciado el concurso docente establecían que
empezaban a regir desde la fecha de su publicación, sin establecer ningún tipo de
periodo de transición respecto a los concursos previos o en trámite.
Conforme lo anterior, el juez de tutela declaró improcedente la acción de tutela
presentada.
6. Impugnación
El actor impugnó la sentencia de primera instancia.
Transcribió los Autos 014 de 1993, 005 de 1999, 045 de 1998 y 006 de 1999 de la
Corte Constitucional que indican que el recurso de impugnación no requiere
sustentación.
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En memorial posterior, el actor sustentó la impugnación reiterando los argumentos
expuestos en el escrito de tutela. Asimismo, censuró que el juez de tutela de primera
instancia haya afirmado que la tutela se está empleando como una tercera instancia.
Calificó tal postura como «despectiva y discriminatoria». Aseguró que, contrario a lo
expuesto por el juez, la acción se ejerció con el objeto de procurar protección de los
derechos fundamentales vulnerados con la interpretación hecha por las autoridades
judiciales.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes.
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala
establecer si le asistió razón al juez de primera instancia al declarar improcedente
la tutela. En caso de superar dicho análisis, y de cumplirse los demás requisitos de
procedibilidad, se determinará si en la providencia del 31 de octubre de 2023, en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tramitado bajo
el radicado Nro. 08001-33-33-013-2018-00488-01 se incurrió en defecto sustantivo.
4. Requisito de relevancia constitucional
La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional.
Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que
son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo
señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5
de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018, ha
fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de
tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales»6. Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios argumentos
para atacar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
6 Ibidem.
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procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se
trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional
del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que
se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, el
presupuesto de relevancia constitucional lo que persigue es que el juez de tutela
evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de importancia iusfundamental y que
corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural7.
Con base en el último criterio expuesto, hay lugar a afirmar que la relevancia
constitucional supone que la tutela no se emplee para insistir en las inconformidades
ya resueltas en el proceso ordinario. Es deber del juez de tutela, entonces, verificar
que la acción no se esté utilizando como una instancia adicional al proceso en el
cual se profirió la providencia atacada.
Para tal propósito, se estudia si los cargos expuestos en el proceso en que se
profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela son
iguales. En caso de que se trate de los mismos argumentos es factible que el juez
de tutela concluya que el mecanismo constitucional se está empleando como una
instancia adicional, pues que lo perseguido por el tutelante es insistir en los
argumentos planteados ante el juez natural, con la esperanza de que el juez de
tutela, a diferencia del primero, acceda a sus pretensiones.
5. Análisis en el caso
5.1. Con fundamento en las reglas expuestas previamente, la Sala considera que
la acción de tutela analizada se está empleando como una instancia adicional,
pues esta última es una reiteración de los argumentos presentados en el medio
de control, específicamente en el recurso de apelación interpuesto contra la
providencia de primera instancia.
Así, en esa oportunidad procesal, como en el escrito de tutela, la parte actora
argumentó que la norma aplicable en su caso era el Decreto 1075 de 2015 y
no el Decreto 915 de 2016. Indicó que la Administración no estaba facultada a
desconocer las normas que rigen el concurso, para en su lugar aplicar
normativa posterior, desfavorable y no vigente al momento en que se expidió
la convocatoria del concurso, como lo es el Decreto 915 de 2016. Según se
expuso en el recurso de apelación, tal aplicación normativa vulneró los
principios de buena fe, confianza legítima, pro homine, progresividad,
favorabilidad, entre otros.
La identidad entre dichos cargos y los formulados en el escrito de tutela se
corrobora del siguiente aparte del recurso de apelación mencionado:
(sic para toda la cita) «Frente al presente caso estamos en presencia de una violación del
principio de la buena fe, en su especialidad de la confianza legítima.
7 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
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De otro lado, la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU 913 DE 2009, señaló que se
vulnera el derecho fundamental a la igualdad al desconocer las reglas del concurso público y
al principio de inmodificabilidad de las reglas señaladas para las convocatorias son las leyes
del concurso, salvo que ellas sean contrarias a la Constitución, la ley o resulten violatorias de
derechos fundamentales (…)
La Corte mediante la sentencia SU-133 de 1998, sostuvo que se quebranta el derecho al
debido proceso que, según el artículo 29 de la Constitución obliga en todas las actuaciones
administrativas y se infiere un perjuicio cuando el nominador cambia las reglas de juego
aplicables al concurso y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fe. Así
mismo, se lesiona el derecho al trabajo cuando una persona es privada del acceso a un empleo
o función pública a pesar de que el orden jurídico le aseguraba que, si cumplía con ciertas
condiciones-ganar el concurso-, sería escogida para el efecto. En este orden, observamos que el discurso argumentativo del a quo está en contradicción con
los principios de la Constitución y la interpretación que hace la Corte Constitucional de los
mismos, puesto que la afirmación de que su ascenso en el escalafón y consecuente
determinación del nivel salarial, debía determinarse conforme a las normas vigentes al
momento del nombramiento en propiedad del accionante, y que en este caso, se tiene que la
norma vigente para el 2 de febrero de 2017, está contenida en el Decreto 915 de 2016, es
contraria a la interpretación que ha hecho siempre la Corte Constitucional. (…)
Al señalarse en la convocatoria que el concurso se regiría por las normas allí señaladas, hace
alusión a las normas vigentes que regulan el concurso, lo cual, al significado otorgado por el
profesor Kelsen, en su obra denominada Teoría de las Normas jurídicas debe entenderse que
una norma existe si está vigente y para que sea vigente, debe ser establecida. En efecto, para
cuando se abrió el concurso de docente, el decreto 915 de 2016, como norma, no estaba
establecido, por tanto, no era vigente, así, tampoco existente. La norma existente, vigente, era el decreto 1075 DE 2015, artículo 2.4.1.4.1.3., el cual le
permite al docente aportar el requisito de que cursaba o ha terminado un posgrado en
educación, o que ha realizado un programa de pedagogía bajo la responsabilidad de una
institución de educación superior en los términos del Decreto 2035 de 2005, en la manera en
que queda compilado en el presente Decreto, y de las normas que lo modifiquen. Dicha
acreditación se debe efectuar a más tardar al finalizar el año académico siguiente al del
nombramiento en período de prueba. Contrario a lo anterior, el decreto 915 del año 2016 prescribe que la entrega de ese requisito
debe hacerse antes de quedar en firme el acto de evaluación del docente. El a quo, al decidió
la instancia, con fundamento en esta última norma. (…)
El a quo, no se percató que el decreto 915 de 2016, expedido por la administración, violó el
principio de la buena fe y su especial de la confianza legítima, en cuanto que la administración
cambió las reglas del juego, que afectó, en principio, el derecho fundamental del trabajo a mi
poderdante, dado que como lo dice la Corte en su sentencia SU 913 DE 2009.
De la misma
forma se vulneró el derecho fundamental a la igualdad por cuanto desconoció las reglas del
concurso público y al principio de inmodificabilidad de las reglas señaladas, que para las
convocatorias son las leyes del concurso, puesto que al haberse señalado por la
administración, las mismas se convierten en reglas particulares obligatorias tanto para los
participantes como para la administración; es decir, que a través de dichas reglas la
administración se auto vincula y auto controla, en el sentido de que debe respetarlas y que su
actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o
empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada, de modo que no puede actuar
en forma discrecional al realizar dicha selección. Por consiguiente, como dice la Corte, cuando la administración se aparta o desconoce las
reglas del concurso o rompe la imparcialidad con la cual debe actuar, o manipula los resultados
del concurso, falta a la buena fe (art. 83 C.P.), incurre en violación de los principios que rigen
la actividad administrativa (igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad), y por contera, puede
violar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de quienes
participaron en el concurso y resultan lesionados en sus intereses por el proceder irregular de
aquélla. Previamente, la Corte, mediante la sentencia SU-133 de 1998, sostuvo que se quebranta el
derecho al debido proceso -que, según el artículo 29 de la Constitución obliga en todas las
actuaciones administrativas y se infiere un perjuicio cuando el nominador cambia las reglas
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de juego aplicables al concurso y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fe.
Así mismo, se lesiona el derecho al trabajo cuando una persona es privada del acceso a un
empleo o función pública a pesar de que el orden jurídico le aseguraba que, si cumplía con
ciertas condiciones-ganar el concurso, sería escogida para el efecto.
En efecto, la administración, al haber desaplicado la normativa señalada en el artículo 6º del
acuerdo No 187 de octubre 2 del año 2012, contentivo de la convocatoria 143 de 2012,
contentivo del decreto 2715 del año 2009, artículo 3º, compilado por el decreto 1075 de 2015,
artículo 2.4.1.4.1.3., sino que aplicó el decreto expedido posteriormente a la convocatoria,
como es el decreto 915 de 2016, regresivo, contrarió los principios de la buena fe, confianza
legítima, debido proceso, igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad y al trabajo, tal como lo
señala la Corte Constitucional.
En efecto, la administración, al haber desaplicado la normativa señalada en el artículo 6º del
acuerdo No 187 de octubre 2 del año 2012, contentivo de la convocatoria 143 de 2012,
contentivo del decreto 2715 del año 2009, artículo 3º, compilado por el decreto 1075 de 2015,
articulo 2.4.1.4.1.3., sino que aplicó el decreto expedido posteriormente a la convocatoria,
como es el decreto 915 de 2016, regresivo, contrarió los principios de la buena fe, confianza
legítima, debido proceso, igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad y al trabajo, tal como lo
señala la Corte Constitucional.
Confiado mi poderdante en que su proceso nació bajo la égida de las normas señaladas en el
artículo 6º del acuerdo de la convocatoria, estaba convencido que el requisito consistente en
que como profesional de la educación con título diferente al de licenciado en educación, podía
acreditar la certificación de que cursaba o había terminado un posgrado en educación, hasta
más tardar al finalizar el año académico siguiente al del nombramiento en período de prueba
y no inmediatamente como lo prescribió el nuevo decreto. Es decir, aplicado el derecho, justo,
el docente tiene o tuvo como derecho, para presentar o cumplir con ese requisito, hasta el día
6 de abril del año 2017 y no hasta el día 19 de diciembre del año 2016 como lo manifestó la
administración.
Así las cosas, se denota que la administración defraudó la confianza del administrado en tanto
que en vez de concluir la actuación administrativa del concurso con las normas que existían
al momento de abrirse el mismo, cual es la norma original del decreto 2715 del año 2009,
artículo 3º, compilado a través del decreto 1075 DE 2015, artículo 2.4.1.4.1.3 Nombramiento
en propiedad e inscripción en el Escalafón Docente, el cual señala que el docente tenía hasta
más tardar al finalizar el año académico siguiente al del nombramiento en período de prueba,
aplicó el decreto 915 de 2015 que señaló que dicho requisito de la certificación de estar
cursando que se ha graduado de un postgrado de educación, o que ha realizado un programa
de pedagogía bajo la responsabilidad de una institución de educación superior debía
presentarlo "al momento de quedar en firme lo calificación de superación del periodo de prueba"
Lo anterior, violó también los principios POR HOMINE Y PROGRESIVIDAD.
Sobre el caso en examen, el demandante cumplió con todos los requisitos para ser nombrado
en propiedad dado que como se analizó, tenía la, oportunidad de aportar el requisito exigido
de decreto 1075 DE 2015, artículo 2.4.1.4.1.3., a más tardar al finalizar el año académico
siguiente al del nombramiento en periodo de prueba.", es decir, hasta el día 6 de abril del año
2017 y no hasta el 19 de noviembre del año 2016».
Se observa, entonces, que los reparos expuestos en el medio de control son
una reproducción de los argumentos desarrollados en el escrito de tutela. De
manera que la parte actora está empleando la acción como si fuera una
instancia adicional, pues los mismos cargos sobre la indebida aplicación
normativa ya fueron objeto de debate en el medio de control. Así se desprende
del contenido de la sentencia de 31 de octubre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, en la cual tales
cargos fueron resueltos en los siguientes términos:
«38. En cuanto al caso en concreto, se pasa a examinar la decisión adoptada por el Juzgado
en primera instancia, que dispuso la denegación de las pretensiones de la demanda. De ello,
examinadas las pruebas que conforman el expediente, se tiene que, en el presente caso,
efectivamente existió la convocatoria No. 143 de 2012 – Acuerdo 0187 de 2012, mediante la
cual se proveen una serie de cargos en el Distrito de Barranquilla, para personal docente, el
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cual implicaba conforme a la regulación vigente sobre la materia de inscripción en el escalafón
docente.
39. En ese orden, se logra observar en el expediente, que inicialmente el accionante fue
nombrado en periodo de prueba bajo la Resolución 4073 el día 6 de abril de 2017, y que dicho
periodo de prueba feneció el día 4 de diciembre de 2017 sin que este presentará recurso
alguno frente a la calificación, quedando en firme.
40. Posteriormente el señor Joseph Palma presentó solicitud de inscripción en el escalafón
docente el día 18 de diciembre de 2017, adjuntando la documentación tendiente a acreditar
los requisitos establecidos en el artículo 2.4.4.1.3 del Decreto 915 de 2016 según se señala;
la cual fue resuelta de forma negativa mediante Resolución 2476 del 23 de febrero de 2018,
argumentando que el solicitante no acreditó de forma oportuna ni idónea, el lleno de los
requisitos exigidos para la inscripción. Igual suerte corrieron los recursos presentados. Con
ello, en el debate judicial, el A quo acogió los argumentos presentados por la parte demandada
como se da cuenta en la sentencia de fecha 26 de junio de 2020.
41. Bajo tal escenario, se evidencia que la parte actora, efectivamente incumplió la carga
dispuesta por los Decretos 1075 de 2015 en su artículo 2.4.1.1.23 y No. 915 de 2016 en su
artículo 2.4.1.1.23 precitados y que pese a ser subrogados, regulan en identidad los requisitos,
los cuales coinciden en la exigencia para acceder a la inscripción en el escalafón docente, e
indican que, antes de la realización de la calificación del periodo de prueba se debe presentar
a la autoridad, la demostración del cumplimiento de los requisitos exigidos sobre el posgrado
en pedagogía, ya sea que se hubiera graduado o habiendo terminado los estudios, tuviera
programada fecha de grado, que en el caso bajo estudio, debió ser antes del 4 de diciembre
de 2017 cuando se realizó la calificación del periodo de prueba.
42. Ahora bien, el recurrente señala que, dichos artículos, no podían ser aplicados al sub
judice, en la medida que, conforme al principio del debido proceso, igualdad de oportunidad y
confiabilidad, dispuestos en la motivación de las reglas que expresa directamente la
Convocatoria 143 de 2012 – Acuerdo 0187 de septiembre de 2012, a la par de que
precisamente en su artículo 6 fija una serie de normas, en las que evidentemente no figuran
los Decretos reglamentarios mencionados en líneas considerativas anteriores.
43. Sobre este argumento, se debe señalar que, los Decretos reglamentarios cuya aplicación
se pretende desvirtuar, pese a que no figuran en las normas que estipula la convocatoria del
concurso, son pautas que por su carácter reglamentario general sólo se refieren al desarrollo
mismo del concurso y la ley que regula la materia, que, para el particular se refiere, a una
situación en la que existía un vacío que luego fue suplido por los Decretos en comento, lo que
no constituiría una verdadera modificación de las reglas del concurso, sobre todo cuando
resultaría incoherente expresar que, se trata de una regla posterior cuando la situación del
cumplimiento de la calificación del periodo de pruebas se consolidó después de la entrada en
vigencia del Decreto Único del Sector Educación, y su posterior modificación, esto es, desde
mayo de 2015 y luego en junio de 2016 siendo antes del 04 de diciembre de 2017.
44. Por todo lo anotado, se concluye que, no hay lugar a la declaratoria del derecho a la
inscripción en el escalafón docente pretendido por la parte demandante, habida demostración
de los argumentos que sostienen la anulación pretendida no logra desvirtuar la presunción de
legalidad desde la óptica aquí examinada, pues se ajusta a las preposiciones legales
aplicables a la actualización efectuada por el ente territorial».
Así entonces, el cotejo del recurso de apelación interpuesto contra la
providencia de primera instancia, el escrito de tutela y la sentencia de 31 de
octubre de 2023 dan cuenta de que los argumentos expuestos en el escrito de
tutela ya fueron desestimados por el juez natural.
Por consiguiente, dado que en el caso se corrobora la identidad de los cargos
expuestos en el medio de control, la Sala considera que en el caso la tutela se
está utilizando como si fuera un recurso más propio del debate ante el juez de
la causa. De ahí que la acción carece de la relevancia constitucional necesaria
cuando la tutela se interpone frente a una providencia judicial, pues se está
empleando como si la tutela fuera una instancia adicional del debate judicial.
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5.2. Precisado lo anterior, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye
en sí misma una vulneración de derechos fundamentales.
Justamente, lo advertido en el caso es que el accionante presentó tutela por
no estar de acuerdo con la decisión adoptada por la autoridad accionada. Sin
embargo, tal discrepancia de criterios no implica una vulneración real a su
derecho al debido proceso ni al acceso a la administración de justicia.
De manera reiterada, se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto; lo que no ocurre en este caso.
Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de cosa juzgada, independencia, autonomía funcional y juez natural.
Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar
una decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional.
En consecuencia, si los requisitos generales de procedibilidad no se cumplen,
no hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para
analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los
presupuestos generales se cumplan a cabalidad. Solo así será procedente,
proseguir al segundo estadio de análisis consistente en determinar si las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos planteados por
el tutelante.
6. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala concluye que no se satisface el requisito de
relevancia constitucional, porque los reproches expuestos en el escrito de tutela son
una reproducción de los cargos presentados en el medio de control. En
consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia mediante la cual
se declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Joseph
Palma Grosso por no cumplir a cabalidad con los requisitos generales de
procedibilidad de este mecanismo contra providencias judiciales.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 4 de junio de 2024, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se declaró la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Joseph Palma
Grosso, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión.
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2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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