Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01996-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01996-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01996-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
30 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202401996-00
Actor: Ministerio de Defensa Nacional – Dirección de Asuntos Legales1
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional
Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso
Derecho Fundamental Amparado: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Dirección de Asuntos Legales contra el Tribunal Administrativo de
Santander.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI. Documento denominado “8ED_CaratulaPDF(.pdf) NroActua 3”. Archivo
aportado en forma digital.
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Núm. único de radicación: 10010315000202401996-00
Actor: Ministerio de Defensa Nacional – Dirección de Asuntos Legales
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, a través de apoderada2, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Santander, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 14 de
marzo de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 680013333009202000017-01, vulneró su derecho fundamental
invocado supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, Andrés Mantilla Vásquez presentó demanda contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de que: i) se declarara la nulidad del acto
administrativo contenido en la Resolución núm. 1249 de 28 de marzo de 2019,
mediante la cual se le negó el reconocimiento de pensión por invalidez; y ii) se
ordenara al Ministerio de Defensa Nacional, reconocer y pagar en su favor, pensión
de invalidez como soldado voluntario.
4. Manifestó que, el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga, mediante sentencia de 24 de enero de 2022, negó las pretensiones
de la demanda.
5. Indicó que, el Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de
14 de marzo de 2024, resolvió:
“[…] Primero. Revocar la sentencia proferida el veinticuatro (24) de enero de dos mil
veintidós (2022), proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bucaramanga que niega las pretensiones de la demanda y, en su lugar,
2 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “2_DemandaWeb_Poder(.pdf) NroActua 2”. Archivo
aportado en forma digital.
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Actor: Ministerio de Defensa Nacional – Dirección de Asuntos Legales
se dispone:
Segundo. Declarar la nulidad del acto administrativo acusado, esto es, la Resolución
No. 1249 del 28 de marzo de 2019, por medio de la cual, la directora administrativa
del Ministerio de Defensa negó el reconocimiento de pensión de invalidez.
Tercero. Condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, al
reconocimiento y pago de una pensión de invalidez a favor del señor Andrés Mantilla
Vásquez con efectividad desde el 06 de febrero de 2015, en la forma indicada en la
parte motiva de esta providencia, esto es, de manera actualizada de conformidad con
la fórmula expuesta en la parte motiva de esta providencia.
Cuarto. Declarar probada la prescripción cuatrienal de las mesadas pensionales
causadas con anterioridad al 06 de febrero de 2015
Quinto. Ordenar que sobre las sumas reconocidas al señor Mantilla Vásquez,
producto de la presente condena, se efectué (sic) el descuento de lo percibido por
concepto de indemnización. […]”.
5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Frente a las diferencias que en el tiempo se han generado en torno al porcentaje
requerido para obtener pensión de invalidez, la Corte Constitucional3 en
jurisprudencia prohijada por el H. Consejo de Estado, ha establecido que: <<en todo
caso, cuando la disminución de capacidad laboral iguales o supere el 50% se
reconocerá la pensión de invalidez, ya que la Ley 923 de 2004 dispuso que el
Gobierno Nacional debía reglamentar el tema del reconocimiento de la pensión de
invalidez y que ésta solo (sic) tendría como límite inferior el 50%>>
De lo anterior concluye el Tribunal que, aunque el Decreto Ley 094 de 1989 fijó como
porcentaje requerido para acceder a la pensión de sobreviviente, mínimo el 75% de
disminución de la capacidad laboral, lo cierto es que, la Ley 923 de 2004 fijó como
límite mínimo para acceder a tal prestación, el 50% de disminución de la capacidad
laboral, siendo este el régimen aplicable al caso bajo estudio por favorabilidad, en
virtud de reiterada y pacífica jurisprudencia de la Corte Constitucional y, del Consejo
de Estado, que lo aplican a hechos ocurridos incluso, antes del año 2022, como
sucede con el aquí demandante.
Entonces, por favorabilidad, el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago
de la pensión de invalidez a partir de la fecha en que fue retirado del servicio militar
y, hasta que subsista el estado de invalidez que así lo permite. Situación que, tal y
como se dirá en la parte resolutiva de esta providencia, impone revocar la sentencia
recurrida y, en su lugar declarar la nulidad del acto administrativo demandado
Resolución No. 1249 del 28 de marzo de 2019 ordenando el reconocimiento y pago
de la pensión por invalidez en los términos previstos en la Ley 923 de 2004,
descontado de las sumas causadas con la condena impuesta, el descuento de lo
pagado al demandante por concepto de indemnización ante la pérdida de la
incapacidad psicofísica, toda vez que, como lo ha sostenido de forma consistente y
reiterada el Consejo de Estado, la prestación pensional por invalidez y, la
indemnización por ese mismo motivo, comparten su causa eficiente, esto es, la
merma en la capacidad sicofísica de los miembros de la Fuerza Pública lo que implica
que, en la práctica su reconocimiento simultáneo constituya una doble compensación.
3 T-829 de 2005, T-038 de 2011 y T-839 de 2011.
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Teniendo en cuenta que se accederá al reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez prevista en la Ley 923 de 2004, resulta indispensable verificar la ocurrencia
del fenómeno prescriptivo de las mesadas adeudadas, para lo cual se debe observar
lo previsto en el Artículo 3 de la Ley 131 de 1985 en concordancia con el Artículo 174
del Decreto 1211 de 1990, disposiciones normativas que establecieron un plazo de
cuatro años para que prescriban las acciones que emanan de los derechos que allí
se consagran. El término de cuatro años antes referido, se debe empezar a contar a
partir de la fecha en que la obligación respectiva se hizo exigible, esto es, a partir de
la fecha del retiro del servicio lo que fue el 1 de abril de 1998.
Entonces, la fecha del retiro del servicio obedece al 1 de abril de 1998, presentó
solicitud de reconocimiento pensional ante el Ministerio de Defensa el 06 de febrero
de 2019 (pág.15 archivo 01 OneDrive), quien contestó con el acto aquí acusado,
notificado el 24 de abril del 2019 (Pág.20 ib). La solicitud de conciliación prejudicial
fue presentada el 12 de junio de 2019 y, la demanda radicada el 21 de enero de 2020.
De lo anterior concluye el Tribunal, operó el fenómeno de la prescripción cuatrienal
de las mesadas pensionales, debiéndose contar cuatros hacía atrás desde el 06 de
febrero de 2019, obteniendo que, las mesadas prescritas serán las causadas con
anterioridad al 06 de febrero de 2015.
Por lo expuesto, se condenará a la parte demandada a pagar las mesadas adeudadas
desde el 06 de febrero de 2015 y en adelante las que se causen, en los términos
previstos en el inciso 4 del Artículo 187 del CPACA, descontando como ya se dijo, lo
percibido por concepto de indemnización […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] De acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho que anteceden, respetuosa
me permito solicitar al Juez TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso,
consecuentemente se dicte una nueva sentencia que acoja los preceptos
jurisprudenciales del Consejo de Estado respecto a la Pensión de Invalidez de
miembros de las fuerzas militares, en razón a que el Tribunal accionado incurrió en
defecto sustantivo. […]”.
Actuación
7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 29 de abril de 2024: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo
de Santander; y iii) vinculó, como terceros con interés legítimo, al Juzgado Noveno
Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y a Andrés Mantilla Vásquez,
concediéndoles el término de tres (3) días para rendir informe.
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Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
8. El Tribunal Administrativo de Santander solicitó declarar improcedente la
acción de tutela. Para tal efecto, argumentó lo siguiente:
“[…] Respecto a la situación planteada por la parte actora, se observa que la
providencia proferida por esta Corporación, cumplió a cabalidad con las etapas
propias del proceso, adoptándose el criterio que se consideró ajustado a la legalidad,
en virtud de la autonomía interpretativa – dentro de la legalidad- que le es propia a los
funcionarios judiciales (Arts. 228 y 230 de la Constitución), interpretándose de forma
rigurosa las normas y los criterios jurisprudenciales aplicables al caso concreto. […]”.
[…]
“[…] Adicionalmente, no es cierto lo expuesto en la tutela en cuanto al descuento del
pago realizado por concepto de la disminución de la capacidad psicofísica, ello por
cuanto en el obiter dicta de la providencia se indica que se condenará a la parte
demandada a pagar las mesadas adeudadas desde el 06 de febrero de 2015 y en
adelante las que se causen, en los términos previstos en el inciso 4 del Artículo 187
del CPACA, “descontando como ya se dijo, lo percibido por concepto de
indemnización.”. […]”.
[…]
“[…] Aunado a ello se recuerda que, tratándose de la interpretación de normas de
carácter constitucional, legal, reglamentario, por parte de los funcionarios judiciales
colegiados así como los unipersonales, somos autónomos en nuestras decisiones, al
interpretar y aplicar un precepto determinado en uno u otro sentido en una actuación
judicial, mientras que en la interpretación no haya existido dolo o culpa grave
debidamente comprobada, que indiquen un marcado favorecimiento respecto de una
de las partes, situación que no se presenta en el proceso ordinario instaurado en
contra de la hoy accionante.
En este orden de ideas, es claro que los hechos relatados y los fundamentos de
derecho expuestos por la accionante como sustento de la acción de tutela instaurada,
no reúnen los requisitos de procedencia determinados por la jurisprudencia
constitucional, ya que como se ha insistido, la actuación procesal surtida en el curso
del referido medio de control de nulidad y restablecimiento observó los parámetros de
interpretación del Consejo de Estado y la Corte Constitucional así como de la
normatividad que la rige y en ningún momento se apartó de ella.
En consideración a lo expuesto, el Tribunal solicita al C. Ponente y demás integrantes
de la Sala, declare improcedente la presente acción de tutela, pues de manera alguna
se evidencia la existencia de actuación de la cual se pueda derivar la vulneración de
los derechos fundamentales aducida por la parte actora. […]”.
9. El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga solicitó
“[…] Declarar que este Juzgado no ha vulnerado Derecho Fundamental alguno del
Ministerio de Defensa Nacional. […]”.
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10. El señor Andrés Mantilla Vásquez manifestó lo siguiente4:
“[…] DESCONTAR LO PAGADO POR INDEMNIZACIÓN AL RETROACTIVO DE LAS
MESADAS PENSIONALES DEJADAS DE PERCIBIR
Sobre este punto, Honorables Magistrados, el suscrito considera que la
indemnización que recibió ANDRES MANTILLA VASQUEZ no se debe descontar de
las mesadas pensionales, por lo siguiente:
I. La indemnización es un pago único que se le da al trabajador por haber perdido un
porcentaje de su capacidad laboral.
II. La pensión es un pago sucesivo que se le da al trabajador por haber quedado con
una discapacidad laboral mayor al 50%.
III. La indemnización la recibe el trabajador aun sin que tenga derecho a la pensión.
IV. Cuando el trabajador queda pensionado por invalidez porque ha perdido más del
50% de su capacidad laboral, el Ministerio de Defensa le paga una indemnización y
le reconoce una pensión de invalidez, simultáneamente. No le descuentan de las
mesadas pensionales, el monto de la indemnización.
Sin embargo, entiendo que la postura de la jurisprudencia es que se debe descontar
la indemnización de las mesadas pensionales.
SITUACIÓN MEDICA ACTUAL DEL SOLDADO MANTILLA VASQUEZ
El derecho a recibir una pensión, esta dada por la perdida de la capacidad laboral
establecida por la Junta Medico Laboral que valora al trabajador, en este caso
ANDRES MANTILLA VASQUEZ.
En el año 1998, Sanidad Militar le practico la Junta Medica Laboral a ANDRES
MANTILLA VASQUEZ, y le determino una disminución de la capacidad laboral de
(59.98%).
De acuerdo a los informativos por lesiones, el soldado Mantilla Vásquez sufrió
lesiones graves en los oídos y sus piernas que a la fecha han ido desmejorando su
salud.
Este tipo de lesiones son progresivas porque siempre van a estar expuestas al ruido
en el caso de los oídos y al movimiento repetitivo y peso constante en el caso de las
rodillas.
Al aplicarse el artículo 32 del Decreto 4433 del 2004 bajo el principio de favorabilidad,
los requisitos para tener derecho a la pensión por invalidez, están dados, sin
necesidad de hacer una nueva valoración médica al soldado Mantilla Vásquez, tal
como lo sustento el Tribunal.
Honorables Magistrados, de esta manera dejo el informe que, en conclusión, los
Honorables Magistrados del Tribunal Administrativo de Santander de ninguna manera
violaron el derecho al debido proceso, y por el contrario, la sentencia esta ajustada a
derecho, a la Jurisprudencia y al debido proceso, pues el reconocimiento de la
pensión al soldado Mantilla Vásquez Andrés esta sustentado en normas legales
4 Transcripción literal del texto.
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vigentes y jurisprudencia de las altas Cortes, por lo que es un derecho que tiene y así
se le reconoció por el Tribunal. […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
11. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20216 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20197, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
12. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
13. Corresponde a la Sala establecer: si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.
14. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) análisis del caso
concreto y finalmente las v) conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
15. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena8, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
16. Esta Sección adoptó9 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200510, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
17. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un
perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto
de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
10 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”11 que encaje en dichos parámetros.
19. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
20. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
21. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional
22. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
11 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
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201413, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [14]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [15].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [16].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [17].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
13 Ut supra página 6.
[14] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[15] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[16] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[17] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
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Actor: Ministerio de Defensa Nacional – Dirección de Asuntos Legales
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [18]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [19].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [20]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
23. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado21:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
[18] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[19] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[20] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
21 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”22
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”23
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
24. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y
ii) cuando la actora en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.
22 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
23 Ibidem.
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25. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202224 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
26. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
27. Atendiendo a que, la Corte Constitucional25 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
25 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
Análisis del caso concreto
28. La actora, a través de apoderada, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Santander, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 14 de
marzo de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 680013333009202000017-01, vulneró su derecho fundamental
invocado supra.
29. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
30. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
31. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
31.1. Copia digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 680013333009202000017-01.
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Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional
32. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. La actora en su escrito de tutela indicó lo siguiente26:
“[…] Señor Juez de tutela, se advierte del sustento del fallo de segunda Instancia,
como es que el Tribunal Administrativo de Santander; da paso al principio de
favorabilidad y termina aplicando disposiciones legales que no estaban vigentes para
el momento de la ocurrencia y materialización del hecho; como quiera este data del
27 de marzo de 1998 y termina dando alcance a la Ley 923 de 2004; transgrediendo
con ello el principio de irretrospectividad; máxime cuando al interior del proceso, el
actor no acreditó que la disminución alegada de hace 22 años, persistiera; y pese a
ello ordena el reconocimiento pensional.
SEXTO: Honorables Consejeros, el Tribunal Administrativo de Santander Con
ponencia del Dr. Iván Fernando Prada, profiere un fallo de segunda instancia, alejado
de la realidad fáctica, probatoria y contrariando el precedente judicial frente a la
aplicación del Decreto 4433 de 2004 una vez declarada la nulidad del Art. 30.
SEPTIMO: Por si fuera poco, culmina haciendo mixtura de normas violando
igualmente el principio de inescindibilidad de la ley; al aplicar para el reconocimiento
pensional la Ley 923 de 2004; pero frente a la prescripción acoger las disposiciones
del Decretero 1211 de 1990, cuando lo correcto y cuando hay lugar al reconocimiento
pensional, que este no es el caso, su prescripción es trienal.
OCTAVO: De igual forma el fallo, si bien en su parte considerativa cita lo pagado por
concepto de indemnización por disminución de la capacidad psicofísica; se abstiene
de ordenar el descuento realizado por dicho concepto; incurriendo en mas yerros que
no son aceptables al amparo del precedente judicial.
NOVENO: Con la anterior providencia se incurrió en defecto fáctico y total
desconocimiento del precedente judicial frente a la aplicación del Decreto 4433 de
2000 y violación directa de la Constitución, específicamente porque la decisión
adoptada contraría el principio de seguridad jurídica, principio de inescindibilidad e
irretrospectividad de la ley; sin dejar de lado la ausencia de prueba para concluir que
actualmente el actor tiene porcentaje de disminución que lo haga acreedor a un
reconocimiento pensional. […]”.
33. Para la Sala el asunto controvertido por la actora ya fue objeto de estudio por la
autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra providencia judicial no
constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez
26 Transcripción literal del texto.
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natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad judicial accionada incurrió en
la vulneración de derechos fundamentales.
34. Además de lo anterior, para la Sala, la actora plantea la afectación los derechos
fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un debate
estrictamente legal y probatorio, el cual ya fue expuesto dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho y fue decidido por el juez natural de la causa,
por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento
adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e
independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo
en una instancia adicional.
35. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.
36. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios cuya competencia se
encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
37. Para la Sala, la controversia planteada por la actora es de naturaleza puramente
legal y probatoria; y no gira en torno al contenido, alcance y goce del derecho
fundamental indicado supra.
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38. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada,
es decir, la actora acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio
jurídico del juez natural y reabrir un debate legal concluido que escapa de la órbita
de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, la actora alega la
vulneración del derecho fundamental indicado supra, el criterio de la relevancia
constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante la
acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración del
mismo, lo cual no aconteció en el caso sub examine.
39. Los supuestos de vulneración del derecho fundamental al debido proceso
enunciado por la actora, no se evidencian en el caso sub examine, toda vez que el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se adelantó ante el juez
competente, en respeto de las formas propias del proceso, y se respetó el derecho
de presentar y controvertir las pruebas allegadas. Además, no concurre una
situación de amenaza o alguna causal de vulnerabilidad que amerite la actuación
del juez constitucional, no se trata de amparar el derecho fundamental de un sujeto
de especial protección constitucional.
40. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.
41. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien la actora
enuncia la trasgresión del derecho fundamental al debido proceso, esa presunta
afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal y probatorio.
Conclusiones de la Sala
42. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
tutela.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por
la actora contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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