Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01998-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01998-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01998-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
23 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C. veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01998-00
Accionante: Municipio de Rionegro Antioquia
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso
de reparación de los perjuicios a un grupo por medio de la cual resolvió reponer
parcialmente el proveído que admitió el recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia.
Decisión: Negar el amparo porque no se acreditó el defecto alegado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por el municipio de Rio Negro Antioquia, actuando por
intermedio de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo de
Antioquia, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido
proceso, ocurrida con ocasión de la expedición de la providencia del 9 de abril de
2024 dentro del proceso de reparación de los perjuicios a un grupo bajo el
radicado 05001-33-33-030-2019-00026-01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
Los señores Alexander García Castrillo, Eblin Marcela Restrepo Orozco, Ancizar
De Jesús Acevedo Ruiz, Anderson Pérez Muñoz, Teresa de Jesús Muñoz Flórez,
Carlos Alberto García Rendon, Eduin Edgar Ruiz Lastra; Gerardo Antonio
Gallego Gallo, Gladis Estella Álvarez Buitrago, Gladys Adriana García
Hernández, John Jairo Garzón Cifuentes, Gloria Patricia Giraldo, Jhon Jairo
Parra Guerrero, Jorge Iván Arbeláez Marín, José Iván Madrigal Londoño, Juan
Pablo Ramírez Madrid, Leidy Johana Arias Otalvaro, Luz Fanny Betancur Pineda,
María Camila Ortega Munera, Rosa Inés Cardona Cardona, Guillermo de Jesús
Serna Echeverri, Tatiana Gómez Pineda, Wilmar Evelio Gil Valencia, Magda
Yolima Arias Cantor, Yubileider Jaramillo Rúa y Lizeth Tatiana Muñoz Jiménez
en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un
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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01998-00
Accionante: Municipio de Rionegro Antioquia
grupo presentaron demanda en contra del municipio de Rionegro y Soluciones
Integrales en Construcciones Civiles S.A.S. (SINCC S.A.S.), a fin de que se les
declararan responsables de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales con
ocasión de los defectos estructurales y de construcción del Edificio Mixto Altos
del Lago P.H., así como de las acciones y omisiones del ente encargado del
control y la vigilancia de los proyectos inmobiliarios.
El proceso por reparto correspondió al Juzgado Treinta Administrativo del Circuito
de Medellín, que mediante sentencia del 21 de noviembre de 2023 resolvió
acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Inconformes con la anterior decisión, tanto los accionantes como el municipio de
Rionegro interpusieron recurso de apelación, los cuales fueron concedidos por el
Juez Treinta Administrativo del Circuito de Medellín en el efecto suspensivo.
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de auto del 17 de
enero de 2024, admitió los recursos de apelación, de conformidad con lo
contemplado en los artículos 37 y 44 de la Ley 472 de 1998, así como con lo
dispuesto en el artículo 205 del CPACA y el artículo 322 del CGP.
En la mencionada providencia se señaló que, dado que la Ley 472 de 1998
guardó silencio respecto del trámite de traslado a las partes para alegar en
segunda instancia, era pertinente aplicar los numerales 4, 5 y 6 del artículo 247
de la Ley 1437 de 2011 con la modificación introducida a través del artículo 67
de la Ley 2080 de 2021, por lo que, debido a que no existían pruebas por practicar
y que ninguna se había referido al recurso de apelación de las otras, era
pertinente omitir esa etapa.
Contra la anterior decisión, el apoderado del municipio de Rionegro presentó
recurso de reposición1, a fin de que se aplicara en su integridad lo dispuesto en
el artículo 322 del CGP, lo que a su juicio implicaba la posibilidad de sustentar el
recurso de apelación.
En atención al referido recurso, la magistrada ponente, mediante auto del 9 de
abril de 2024, resolvió reponer de manera parcial el proveído en el sentido de
admitir el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 322 del CGP y el parágrafo 2° del artículo 243 del CPACA, conforme
a lo cual, la sustentación de las razones de la apelación se debe hacer frente al
juez que dictó la sentencia de primera instancia. Por lo demás, ratificó que no
había lugar a correr traslado a las partes para complementar sus respectivos
recursos.
1 Índice 11 del aplicativo SAMAI, expediente 05001-33-33-030-2019-00026-01.
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Acción de Tutela
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2.2. Fundamentos jurídicos
La parte accionante sostiene que la decisión objeto de cuestionamiento adolece
de defecto sustantivo porque el Tribunal omitió aplicar en su integridad lo
dispuesto en el artículo 322 del CGP y conceder la oportunidad de sustentar el
recurso de apelación interpuesto contra la decisión de primera instancia para
garantizar el derecho fundamental al debido proceso, pues si bien la norma en
mención otorga un término para ello, lo cierto es que el parágrafo 2° del artículo
243 del CPACA, señala que el recurso siempre deberá sustentarse ante el juez
de primera instancia dentro del término previsto para recurrir, lo que permitiría
inferir que «no se otorga la oportunidad procesal, a pesar de ser reconocida la
aplicación de las normas especiales que regula el asunto objeto de análisis».
2.3. Pretensiones
La parte accionante solicitó:
«1. Tutelar el derecho fundamental a la defensa y al debido proceso que
fuere conculcado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera
de Oralidad, con ocasión de la expedición del auto interlocutorio 277 del 09
de abril de la corriente anualidad; acotando que de encontrarse que son
otros los derechos fundamentales a amparar, o por unas razones diferentes
a las expuestas, se proceda de conformidad según las posibilidades de fallar
extra y ultra petita que rigen en sede de tutela.
2. Consecuencia de lo anterior, se solicita dejar sin efecto el auto reseñado,
en aras de garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso
constitucional y, se ordene aplicar en su integridad el artículo 322 del Código
General del Proceso para el trámite de la segunda instancia del recurso de
apelación interpuesto por el municipio de Rionegro y la parte demandante
en contra de la sentencia del 21 de noviembre de 2023. Y, en consecuencia,
el Honorable Tribunal otorgue traslado a las partes para sustentar en debida
forma el recurso de apelación concedido por el Juzgado 030 Administrativo
del Circuito de Medellín en auto del 17 de enero de 2024.» (Sic a toda la
cita)
2.4. Intervenciones
La acción de tutela fue admitida mediante auto del 29 de abril de 2024, a través
del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia como
accionado y a Soluciones Integrales en Construcciones Civiles S.A.S. SINCC; a
la Aseguradora Solidaria de Colombia AXA Colpatria S.A.; a los señores
Alexander García Castrillo, Eblin Marcela Restrepo Orozco; Ancizar De Jesús
Acevedo Ruiz; Anderson Pérez Muñoz, Teresa de Jesús Muñoz Flórez, Carlos
Alberto García Rendon, Eduin Edgar Ruiz Lastra; Gerardo Antonio Gallego Gallo,
Gladis Estella Álvarez Buitrago, Gladys Adriana García Hernández, John Jairo
Garzón Cifuentes, Gloria Patricia Giraldo, Jhon Jairo Parra Guerrero, Jorge Iván
Arbeláez Marín, José Iván Madrigal Londoño, Juan Pablo Ramírez Madrid, Leidy
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Accionante: Municipio de Rionegro Antioquia
Johana Arias Otalvaro, Luz Fanny Betancur Pineda, María Camila Ortega
Munera, Rosa Inés Cardona Cardona, Guillermo de Jesús Serna Echeverri,
Tatiana Gómez Pineda, Wilmar Evelio Gil Valencia, Magda Yolima Arias Cantor,
Yubileider Jaramillo Rúa y Lizeth Tatiana Muñoz Jiménez como terceros con
interés en el resultado del proceso.
3.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia señaló que la acción de tutela
carece de relevancia constitucional, toda vez que las inconformidades planteadas
en la demanda eran propias de la dinámica del litigio en el que no se observa
afectación a derechos fundamentales.
Finalmente, indicó que el mecanismo constitucional no cumple con el requisito de
subsidiaridad porque si bien el numeral 3.° del artículo 243A del CPACA
establece que no procede el recurso de reposición contra el auto que lo resuelve,
lo cierto es que en la misma disposición normativa señala que sí es procedente
cuando se agregan elementos nuevos.
En este caso, al desatar la reposición se incluyó un nuevo punto en la providencia
del 9 de abril de 2024, que modificó la admisión de la apelación contra la
sentencia de instancia bajo nuevos considerandos no asumidos en el auto
recurrido en reposición, por lo que la parte afectada bien pudo y debió manifestar
su inconformidad contra este nuevo elemento de la decisión repuesta
parcialmente.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.
3.2. Cuestión Previa
El señor Santiago Rojas Díaz, actuando como “apoderado judicial de los
accionantes del primer grupo (…) dentro del proceso de segunda instancia de
reparación de los perjuicios a un grupo, bajo el radicado 05001- 33-33-030-2019-
00026-01” a través de memorial solicitó la coadyuvancia, figura respecto de la
cual el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone:
«ARTICULO 13.- Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes.
La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas
por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá
dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por
ejercida contra el superior.
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Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá
intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad
pública contra quien se hubiere hecho la solicitud». (negrillas de la
Sala).
Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que «(…) la coadyuvancia surge
en los procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el
resultado del proceso que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos
expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda
realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las
hechas por el demandante (…)2.
Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que quien presentó la solicitud de
coadyuvancia ni siquiera indica cuales son «los accionantes del primer grupo»,
para efectos de determinar si son parte en el presente proceso, lo que no permite
tener por acreditado el requisito señalado por la norma y la jurisprudencia
constitucional, si se tiene en cuenta que ni siquiera aporta el poder.
Por lo anterior, la Sala procederá a negar la solicitud de coadyuvancia, por las
razones antes expuestas.
3.3. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
si el Tribunal Administrativo de Antioquia al proferir el auto del 9 de abril de 2024,
por medio de la cual resolvió reponer parcialmente el proveído que admitió el
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, incurrió en defecto
sustantivo.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
2 Corte Constitucional, sentencia T-1062 de 16 de diciembre de 2010, magistrado ponente:
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados se encuentran plenamente
individualizados.
3.4.1.2. Por lo anterior, la Subsección advierte que la providencia objeto de tutela
carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.
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3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la notificación de la providencia del 9 de abril de 2024.
3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la
medida que se centra en establecer una posible vulneración ius fundamental
como consecuencia del defecto sustantivo en que presuntamente incurrió la
autoridad judicial demandada.
Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. Caso concreto
En el presente asunto la parte accionante reprocha el auto del 9 de abril de 2024,
por medio del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió reponer
parcialmente el proveído que admitió el recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia, al considerar que incurrió en defecto sustantivo.
Ahora bien, de las piezas procesales aportadas al proceso, la Sala observa lo
siguiente:
El Juzgado Treinta Administrativo de Medellín mediante sentencia del 21 de
noviembre de 2023 resolvió acceder de manera parcial a las pretensiones de
acción de grupo.
El 28 de noviembre de 2023, el municipio de Rionegro interpuso recurso de
reposición contra la anterior decisión.
Por lo anterior, el juzgado en mención mediante auto del 17 de enero de 20243
resolvió conceder los recursos de apelación interpuestos por el municipio de
Rionegro y algunos de los miembros del grupo en el efecto suspensivo.
Así las cosas, el Tribunal Administrativo de Antioquia a través de proveído del 1.°
de marzo de 20244 resolvió admitir el recurso en los siguientes términos:
«Por encontrarse debidamente presentado y sustentado conforme el artículo
37 y 44 de la Ley 472 de 1998, así como el 205, modificado, de la ley 1437
de 2011 y el artículo 322 del CGP, SE ADMITE el recurso de apelación
interpuesto tanto por la entidad territorial demandada como por el primer
grupo demandante, vía correo electrónico dentro de la oportunidad legal,
contra la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Treinta
Administrativo Oral del Circuito de Medellín el 21 de noviembre de 2023.
En atención a que la Ley 472 guardó silencio respecto del trámite de traslado
a las partes para alegar de conclusión en la anotada instancia, o del traslado
3Información que se extrae del documento 212ConcedeRecursosApelacionSentencia,
AdvierteSobreSolsInclusionGrupo%20(1).pdf
4 Ver documento 218AutoAdmiteApelacion.pdf
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al Ministerio Público para que conceptúe sobre la Litis, resulta necesario
aplicar lo pertinente en la jurisdicción Contencioso administrativo, artículo
247 de la Ley 1437 de 2011, así:
“(…) 4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la
ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales
podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por
los demás intervinientes.
5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior
autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un
término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado
para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar
sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para
alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso. 6. El Ministerio Público
podrá emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta antes de que
ingrese el proceso al despacho para sentencia (…).”
En consecuencia, es pertinente advertir a las partes que no habrá lugar a
dar traslado para alegar de conclusión en el evento en que no existen
pruebas por practicar y, por ende, una vez finalicen los términos estipulados
en el numeral 4° del artículo en cita, se ordenará la remisión del expediente
al Despacho para lo pertinente».
Inconforme con la anterior decisión, el apoderado del municipio de Rionegro
interpuso recurso de reposición5, al considerar que se debía aplicar en su
integridad lo contemplado en el artículo 322 del CGP y en consecuencia correr
traslado para sustentar el recurso de apelación.
El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante proveído del 9 de abril de 2024,
resolvió reponer de manera parcial el auto que admitió el recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, para lo cual determinó:
«Para resolver la objeción sobre la aplicación del artículo 247 del CPACA
en el asunto bajo examen, se tiene que, aun cuando resulta cierto lo
afirmado por la parte acerca de que no debió correrse traslado a las partes
para pronunciarse sobre los recursos de apelación contra la sentencia de
instancia en la acción constitucional de la referencia, porque esta
disposición no viene al caso por la remisión normativa del estatuto especial
hacia el CGP; no resulta acertado el trámite solicitado sobre la audiencia
de sustentación del recurso en segunda instancia, toda vez que, bajo las
reglas de la modificación que supuso la Ley 2080 de 2021, integra el
trámite procesal bajo examen conforme al parágrafo 2° del artículo 243 del
CPACA.
(…)
El artículo 243 en cita, en su parágrafo segundo prescribe que en los
procesos regulados en estatutos especiales, tal y como sucede con las
acciones de grupo, las apelaciones proceden conforme a las normas
especiales, que para el caso sería el artículo 322 del CGP, por la remisión
5 Ver documento 225RecursoReposicionMpioRionegro.pdf
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de la Ley 472 de 1992, sin embargo, la interposición de la alzada deberá
sujetarse a la radicación y sustentación del recurso ante el juez que emitió
la providencia6.
No resulta procedente la solicitud para sustentar el recurso en segunda
instancia de la parte recurrente, toda vez que, la norma que actualmente
regula la apelación contra sentencia, debe interponerse ante el funcionario
judicial que profirió la sentencia, sin que resulte de recibo la posibilidad de
abrir audiencia para la sustentación, sino que se admite de plano, como ha
procedido la jurisprudencia referida con posterioridad a la vigencia de la
Ley 2080 de 2021, sino que si se desea complementar el recurso de
apelación, esto se puede efectuar durante la ejecutoria del auto que
concede la apelación y no el que la admite.
(…)
En conclusión, (…) como quiera que el recurso fue interpuesto bajo la
vigencia de la ley 2080 de 2021, simplemente se admite el mismo sin
necesidad de audiencia de sustentación, habida consideración que el
artículo 243 del CPACA, parágrafo 2°, dispone que los recursos
interpuestos en procesos desarrollados en estatutos especiales deberá
sustentarse ante el funcionario judicial que dictó la providencia».
En relación con los argumentos por los cuales se determinó que no había lugar
a correr traslado a las partes para sustentar sus respectivos recursos de
apelación, esta Sala de Subsección no advierte que se haya configurado un
defecto sustantivo, pues las conclusiones a las que llegó el funcionario judicial
para reponer de manera parcial el auto por medio del cual admitió el recurso de
apelación interpuesto por el municipio de Rionegro no obedecieron a un capricho
o arbitrariedad, ni se fundamentaron en su simple voluntad, sino que, por el
contrario, se basaron en lo previsto en los artículos 322 del CGP y parágrafo 2°
del artículo 243 del CPACA, disposiciones normativas aplicables a la materia.
Adicionalmente, la magistrada ponente hizo referencia a la forma en la que el
Consejo de Estado ha resuelto las posibles antinomias que surgen entre la Ley
472 de 1998 y la Ley 1437 de 2011, y sustentó su negativa a correr un nuevo
traslado a las partes.
Así las cosas, para la Sala no es de recibo cuando la parte actora alega que el
Tribunal Administrativo de Antioquia no debió aplicar lo dispuesto en el parágrafo
2° del artículo 243 del CPACA porque lo que se evidencia en el asunto bajo
examen es un estudio lógico y plausible, de conformidad a las normas vigentes
aplicables al asunto, por lo que la divergencia de criterios en cuanto a la
aplicación e interpretación de la ley no puede considerarse per se, como violatoria
de derechos fundamentales, pues dicha manifestación corresponde únicamente
al ejercicio de la función prevista a cargo de los jueces, conforme se deduce del
6 “Artículo 243. (…) Parágrafo 2o. En los procesos e incidentes regulados por otros estatutos
procesales y en el proceso ejecutivo, la apelación procederá y se tramitará conforme a las normas
especiales que lo regulan. En estos casos el recurso siempre deberá sustentarse ante el juez de
primera instancia dentro del término previsto para recurrir”. Énfasis fuera de texto.
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contenido normativo de los principios constitucionales de autonomía e
independencia judicial.
En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales. Por lo tanto, al no hallarse estructurado
el defecto invocado, se negarán las pretensiones formuladas.
En consecuencia, la Sala negará el amparo constitucional reclamado por la parte
accionante, al no configurarse ninguna vulneración ius fundamental.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor Santiago
Rojas Díaz, por las razones antes expuestas.
Segundo: Negar el amparo solicitado por el municipio de Rionegro (Antioquia),
mediante la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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