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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02006-00

Fecha
20 de junio de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02006-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE Primero.- AMPÁRASE el derecho fundamental de petición del señor David Alan Hardy, quien actúa por intermedio de apoderado judicial. En consecuencia, Segundo.- ORDÉNASE a la Presidencia de la República -Departamento Administrativo de la Presidencia de la República-, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, otorgue una respuesta a la solicitud presentada el 3 de marzo de 2024, debidamente motivada, en la que sustente la falta de competencia para atender lo solicitado y determine cuál es la autoridad facultada para responder lo pedido, a partir de la verificación del documento del que se pretende obtener su veracidad denominado “Declaración de compromisos por la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción”, lo cual se requiere en el marco de una investigación penal. Tercero.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02006-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

20 de junio de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02006-00
Demandante: David Alan Hardy

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02006-00
Demandante: DAVID ALAN HARDY
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Temas: Tutela contra autoridad administrativa y judicial. Derecho
fundamental de petición. Remisión por competencia prevista en el
artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, con el alcance precisado en la
sentencia C-951 de 2015

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor David Alan Hardy1, quien actúa por intermedio de
apoderado judicial, contra la Presidencia de la República - Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y la Fiscalía General de la
Nación, con el objeto de que se acceda al amparo constitucional del derecho
fundamental de petición, el cual considera vulnerado por la falta de respuesta a la
solicitud presentada el 3 de marzo de 2024, en la que pidió información sobre la
veracidad del documento denominado “Declaración de compromisos por la
transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La parte accionante indicó que el 3 de marzo de 2024, por intermedio del abogado
investigador, presentó solicitud de información a través de la ventanilla virtual ante
la Presidencia de la República, en razón a que ostenta la calidad de víctima dentro
del proceso penal con radicado No. 050016000248201913244, que fue promovido
por la afectación al patrimonio económico y porque se crearon unos documentos
que condujeron al error y a realizar actos de disposición patrimonial. Agregó que la
información requerida se pide con la finalidad de recopilar medios materiales
probatorios, información y evidencia física para allegar a la denuncia penal que le
permitan demostrar la veracidad de los documentos.

Relató que el 8 de marzo de 2024, la Presidencia de la República en virtud de lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 remitió el derecho de petición
con destino a la Fiscalía General de la Nación.

Por último, sostuvo que a la fecha la Presidencia de la República no ha dado
respuesta a lo solicitado, a lo que agregó que la información requerida es de vital

1 Presentada el 24 de abril de 2024.

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importancia dado que debe ser descubierta ante la Fiscalía Treinta y Cuatro
Seccional – Unidad de Delitos contra el Patrimonio y la Fe Pública, donde cursa el
proceso penal, el cual se encuentra en etapa de indagatoria, a lo que agregó que
las víctimas en audiencia de acusación aportan elementos materiales con
vocación de prueba.

2. Fundamentos de la acción

La parte demandante presentó acción de tutela con el objeto de que se ampare su
derecho fundamental de petición, el cual considera vulnerado por la falta de
respuesta a la solicitud formulada el 3 de marzo de 2024, por medio de la que
pidió información sobre la veracidad del documento denominado “Declaración de
compromisos por la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción”.

Hizo referencia a los artículos 23 de la Constitución Política y 1º de la Ley 1755 de
2015, sobre el derecho a presentar solicitudes respetuosas y lo que implica
obtener una respuesta de fondo. Adicionalmente, citó apartes de las sentencias T-
377 de 2000, T-149 de 2013, C-951 de 2014, T-279 de 1994 y T-172 de 2013.

Mencionó que el núcleo esencial del derecho de petición reside en la pronta
resolución de lo solicitado, ya que de nada serviría que la autoridad se reserve
para sí el sentido de lo decidido, y que la ausencia en responder lo solicitado se
traduce en la vulneración al derecho fundamental de petición.

Refirió que la obligación de la entidad no cesa con la simple resolución de lo
pedido, sino que la solución otorgada no debe generar confusiones, pues la
respuesta de fondo debe estar dotada de claridad y congruencia con lo solicitado.

En definitiva, sostuvo que la precitada garantía individual fue vulnerada “en tanto
no se brindó una respuesta, en ese sentido, al tenor del artículo 1 de la Ley 1755
de 2015, el derecho de petición implica no solo la posibilidad de presentar
peticiones respetuosas y obtener su respuesta, sino también que dicha respuesta
sea de fondo”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formuló la siguiente:

“PRIMERO: Ordenar a la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA dar respuesta de fondo al
correspondiente derecho de petición”.

4. Pruebas relevantes

En el expediente reposan los siguientes documentos:

• Copia de la solicitud presentada el 3 de marzo de 2024, a través de la ventanilla
virtual de la Presidencia de la República a la que se le asignó el radicado No.
EXT24-00033296.

• Copia del documento denominado “Declaración de compromisos por la
transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción”.

• Copia del oficio No. OFI24-00042956/GFPU 13150001 de 8 de marzo de 2024, por
medio del cual se remitió la petición con destino a la Fiscalía General de la Nación.

• Copia del oficio No. OFI24-00042953/GFPU 13150001 de 8 de marzo de 2024, por
medio del cual se le comunicó al demandante la remisión por competencia de la
petición elevada el 3 de marzo de 2024.

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5. Trámite procesal

Mediante auto de 23 de abril de 2024, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de
Medellín ordenó la remisión del asunto con destino a esta corporación, atendiendo
que la demanda de tutela está dirigida contra la Presidencia de la República, en
concordancia con las reglas de reparto dispuestas en el Decreto 333 de 2021.

Por medio de auto de 30 de abril de 2024, la magistrada sustanciadora requirió al
abogado Luis Alirio Urrego Velásquez con el fin de que precisara la calidad en la
que actúa y el interés que le asiste al presentar la solicitud de amparo, y para que
de ser el caso allegara poder especial que lo acredite como tal.

A través de memorial de 2 de mayo de 2024, se aportó el poder especial
debidamente conferido para actuar en representación del señor David Alan Hardy.

Por auto de 15 de mayo de 2024, la magistrada sustanciadora dispuso la admisión
de la acción de tutela y ordenó notificar el contenido de esa providencia a la parte
demandante, a las entidades demandadas -Presidencia de la República –
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a la Fiscalía
General de la Nación-, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, a quienes se les remitió copia de la solicitud de amparo.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones Nos. 204751 a
204755 de 17 de mayo de 2024, con el fin notificar a las partes2.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Presidencia de la República – Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República

La coordinadora del grupo de gerencia de defensa judicial de la entidad solicitó
que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, ante la inexistencia de la
vulneración alegada.

Manifestó que la solicitud presentada el 3 de marzo de 2024, con radicado EXT24-
00033296 fue atendida mediante oficio No. OFI24-00042953/GFPU 13150001 de
8 del mismo mes y año, en el que se indicó que en razón a lo solicitado y de
acuerdo a la estructura de la administración de la Rama Ejecutiva lo pedido fue
remitido por competencia a la Fiscalía General de la Nación, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, según consta en el precitado
oficio.

Sostuvo que conforme con la trazabilidad documental la comunicación fue remitida
a la dirección electrónica informada por el accionante y enviada a la autoridad
competente al correo ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co.

Indicó que en relación con la vulneración al derecho fundamental al debido
proceso, el actor no aclara de qué manera esa entidad vulnera dicha garantía
fundamental, en tanto no hizo alusión a que hubiera promovido un proceso, y
agregó que “ciertamente para vulnerar este derecho debe existir, como es lógico, un
procedimiento administrativo en cabeza de la Presidencia de la República con ocasión de
la situación de hecho invocada, y en este caso, tal procedimiento no existe al interior de la
entidad y por sustracción de materia no podría vulnerar tal derecho fundamental”.

2 Las partes demandante y demandada fueron notificadas a las siguientes direcciones de correo electrónico:

luis.urrego@uoasesorias.com, notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co,
andrestapias@presidencia.gov.co, agencia@defensajuridica.gov.co,
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co, notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co,
contacto@presidencia.gov.co, juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co,
jur.notificacionesjudicial@fiscalia.gov.co

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Por último, señaló que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 3 de la Ley
2213 de 2022, envío copia del informe en forma simultánea a la dirección
electrónica suministrada por el demandante.

6.2. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación

La auxiliar del Fiscal Treinta y Cuatro Seccional de la Unidad de Delitos contra el
Patrimonio Económico y Fe Pública solicitó acceder a lo pretendido y que se
ordene a la Presidencia de la República otorgar una respuesta a la solicitud
presentada el 3 de marzo de 2024.

Manifestó que en ese despacho se adelanta la investigación por los delitos de
estafa, falsedad en documento privado y falsedad material en documento público,
que se encuentra en etapa de indagatoria, la cual fue promovida por el accionante
en calidad de denunciante.

Señaló que en la investigación penal la indiciada “para presuntamente engañar al
denunciante, le presentó varios documentos expedidos por muchas entidades públicas,
como la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía General de la Nación, Tribunales, Consejo de
Estado, Presidencia de la República, entre otros, indicándole a la víctima que debía de
pagar específicas sumas de dinero a estas entidades”, las cuales debían ser
consignadas a diferentes cuentas.

Refirió que en la investigación penal se han realizado muchas búsquedas para
establecer las transferencias y consignaciones de dinero, y “solo hace falta verificar
con todas las entidades públicas si ellos emitieron cada documento respectivo, y como es
una labor muy ardua, el apoderado de la víctima contrató a unos investigadores para
llevar a cabo esta labor y comenzar a solicitar a cada entidad que certifiquen si cada
documento fue expedido por dicha entidad, anexando igualmente el documento tachado
por falso suscrito por cada entidad pública”.

Mencionó que la anterior labor ha sido complicada debido a que las entidades
remiten las solicitudes a la Fiscalía General de la Nación y terminan en el
despacho para que se resuelvan las mismas. Sin embargo, insistió que
únicamente está adelantando la investigación y no puede contestar si cada
documento es original, dado que lo puede realizar la respectiva entidad.

Por último, aludió que a la fecha varias entidades no han otorgado respuesta por
lo que los investigadores han promovido acciones de tutela con el fin de que
brinden las mismas. Agregó que en el presente caso la Presidencia de la
República no se pronunció y se requiere que lo realice para que se presente ante
el despacho el informe completo con la totalidad de respuestas que permitan
formalizar la imputación.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

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2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si la Presidencia de la República –
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República-, vulneró al
demandante el derecho fundamental de petición, al no resolver la solicitud
formulada el 3 de marzo de 2024, por intermedio del abogado investigador, en la
que pidió información sobre la veracidad del documento denominado “Declaración
de compromisos por la transparencia, la integridad y la prevención de la
corrupción”, suscrito por el Secretario de Transparencia de esa entidad, el
entonces alcalde municipal de Medellín y otros funcionarios de ese ente territorial,
y dispuso la remisión por competencia a la Fiscalía General de la Nación con
fundamento en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.

3. El derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

En lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte Constitucional
ha precisado que:

“(…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes
elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y efectiva de
elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta debe ser pronta y
oportuna, es decir, la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que
debe ser lo más corto posible, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la
solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos
y cada uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido
al peticionario, independiente de que la respuesta sea favorable o no, pues no
necesariamente se debe acceder a lo pedido.

Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la satisfacción de
este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta clara, precisa y de fondo o
material dentro del término previsto en la ley:

‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos
sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que
conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la
petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio,
examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo
significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a
conocimiento directo e informado del solicitante.

De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito
de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para
informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello.

Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el
derecho de petición se concreta con la respuesta clara, concisa y de fondo a lo
solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al particular sobre la
respuesta adoptada por la entidad”3. (destacado fuera de texto)

Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de
la Ley 1755 de 2015, establece los términos en los que deben resolverse las
peticiones, incluyendo una posibilidad excepcional de resolver por fuera del
mismo, en cuyo caso, tal circunstancia debe ser informada por la autoridad, antes
del vencimiento del término, señalando expresamente los motivos de la demora

3 Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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así como el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto. La citada disposición establece:

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término
especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los
diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha
sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de
dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán
dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos
aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del
vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y
señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no
podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.

En definitiva, la garantía del derecho fundamental de petición conlleva el deber
constitucional y legal de dar respuesta a las peticiones de fondo, en forma clara,
precisa y congruente con lo solicitado, dentro de los términos establecidos por la
ley, siendo así que su inobservancia, hace procedente la protección por el juez
constitucional, a través de la acción de la tutela. Empero, la autoridad respectiva,
en caso de no ser competente para atender la solicitud, tiene el imperativo legal de
remitirla a quien sí lo sea, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la
Ley 1437 de 20114.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El señor David Alan Hardy, por intermedio de apoderado judicial, presentó
acción de tutela en defensa del derecho fundamental de petición, el cual considera
vulnerado por la Presidencia de la República – Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, al no resolver la solicitud formulada el 3 de marzo de
2024, por intermedio del abogado investigador, en la que pidió información sobre
la veracidad del documento denominado “Declaración de compromisos por la
transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción”, suscrito por el
Secretario de la Transparencia de esa entidad, el entonces alcalde municipal de
Medellín y otros funcionarios de ese ente territorial, y dispuso la remisión por
competencia a la Fiscalía General de la Nación con fundamento en el artículo 21
de la Ley 1437 de 2011.

De conformidad con las pruebas allegadas con la demanda de tutela, la solicitud
con data 3 de marzo de 2024, fue presentada por el abogado investigador del
accionante que lo representa como víctima dentro de la investigación penal con
radicado No. 05001600024820191324, a través de la ventanilla virtual de la
Presidencia de la República –en la que solicitó:

4 La disposición en cita establece: “ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado

por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a quien se dirige la
petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de
los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario
competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente
a la recepción de la Petición por la autoridad competente”.

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“De acuerdo a los hechos ya denunciados, en los que el patrimonio del señor
DAVID ALAN HARDY se vio afectado por un acontecer delictivo donde se crearon
unos documentos y que permitieron inducir al error y realizar diversos actos de
disposición patrimonial. Se solicita de manera muy respetuosa la siguiente
información, de acuerdo al oficio que se anexa nombrado “DOCUMENTO
DECLARACIÓN DE COMPROMISOS POR LA TRANSPARENCIA” a la presente
petición:

1. Indique si el documento en su forma y estructura es verdadero o si este se
encuentra alterado.

2. Indique si el oficio carece de alguna característica propia que demuestre
la originalidad y veracidad de que el documento fue expedido por la Entidad.

3. Indique si el número de radicado corresponde al control y seguimiento de
los oficios que salen de la entidad, y si el número que se aporta se encuentra
completo o incompleto, así́ mismo indique si ese es el deber ser de la radicación.

4. Indique si para la fecha que aparece en el documento el tipo de
formato/membrete, se encontraba vigente, o si había sido cambiado o actualizado.
De ser afirmativa la respuesta, indicar la fecha en que institucionalmente se hizo el
cambio.

5. Indique si dicho documento pudo haber sido firmado por quienes lo
suscriben”.

Mediante correo electrónico de 8 de marzo de 2024, la Presidencia de la
República -Departamento Administrativo de la Presidencia de la República-, emitió
el oficio No. OFI24-00042953/GFPU13150001 dirigido al accionante en el que le
informó lo siguiente:

“(...)

I. De acuerdo con la estructura y administración de la Rama Ejecutiva del Poder
Público, se han creado entidades que apoyan la gestión del Primer Mandatario;
en ese orden los ministerios, Departamentos Administrativos, las entidades
adscritas y vinculadas y las sociedades de Economía Mixta, son las encargadas
de brindar soporte y canalizar los temas como los que usted menciona en su
comunicación.

II. Asunto materia de consulta. Por lo anterior, en razón a su solicitud, me permito
informarle que, de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437
de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo", modificado por la Ley 1755 de 2015, se ha dado
traslado de su comunicación a la Fiscalía General de la Nación, entidad(es)
legalmente facultada(s), para conocer del tema expuesto por usted en su misiva,
y tomar las acciones a que haya lugar, de acuerdo a la consideración y fines
pertinentes”.

De igual manera, está demostrado que el 8 de marzo de 2024 por medio de oficio
No. OFI24-00042956/GFPU13150001, la Presidencia de la República -
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República-, remitió la
solicitud presentada el 3 de marzo de 2024 a la Fiscalía General de la Nación, en
los siguientes términos:

“(...)

Damos traslado del escrito en mención, para que, en el ámbito de sus funciones y
competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437
de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo”, modificado por la Ley 1755 de 2015, se sirva ordenar
a quien corresponda, evaluar el caso expuesto en el documento anexo, y tomar las
acciones a que haya lugar”.

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Demandante: David Alan Hardy

Por su parte, con el informe rendido a este trámite constitucional, la Fiscalía
General de la Nación indicó que adelanta la investigación penal por los delitos de
estafa, falsedad en documento privado y falsedad material en documento público,
bajo el radicado No. 050016000248201913244 iniciada en razón a la denuncia
formulada por el accionante. Solicitó ordenar a la autoridad administrativa otorgar
respuesta a lo pedido, en tanto requiere el pronunciamiento de la misma para
formalizar la imputación, y precisó que únicamente está adelantando la
investigación, por lo que no puede contestar si el documento es original, dado que
solo la respectiva entidad lo puede realizar.

4.2. De conformidad con lo expuesto, la Sala anticipa que amparará el derecho
fundamental de petición del accionante, por encontrar que la conducta desplegada
por la Presidencia de la República – Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República no garantizó lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley
1437 de 2011, teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación no fue la
entidad que emitió el documento del cual se solicita la información, y dado que
ante la misma se encuentra en curso una investigación penal que inició por
denuncia promovida por el actor.

Según se desprende de la petición de la cual se solicita el amparo, fue presentada
por el abogado investigador del demandante que lo representa como víctima
dentro de la investigación penal con radicado No. 05001600024820191324, la cual
está encaminada a que la autoridad indique si el documento denominado
“Declaración de compromisos por la transparencia, la integridad y la prevención de
la corrupción”, i) es verdadero o si se encuentra alterado; ii) si carece de alguna
característica que demuestre la veracidad del mismo; iii) si el radicado
corresponde al control y seguimiento de los oficios provenientes de la entidad; iv)
si para la fecha de expedición del mismo el membrete se encontraba vigente y v)
si pudo ser suscrito por quienes lo firman.

La Presidencia de la República -Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República-, declaró la falta de competencia para atender lo requerido por el
demandante y dispuso ordenar la remisión de la solicitud con destino a la Fiscalía
General de la Nación, aun cuando la petición había sido presentada por conducto
del abogado investigador del demandante, que lo representa como víctima dentro
de la investigación penal.

Como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, el artículo 21 de
la Ley 1437 de 2011 señala que, si la autoridad a quien se dirige la petición no es
la competente para atender lo pretendido, deberá informar al interesado y remitir la
solicitud a la autoridad competente, para lo cual los términos para decidir o
responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición.

La Corte Constitucional en la sentencia C-951 de 2015, al efectuar el control de
constitucional al proyecto de ley estatutaria que, posteriormente, fue sancionado
como Ley 1755 de 2015, declaró la constitucionalidad de ese contenido normativo,
con la precisión de que sobre la autoridad recae el deber de motivación para
declarar su incompetencia. Al respecto, señaló que la norma tiene como propósito
evitar dilaciones injustificadas y garantizar de forma sustancial una pronta
respuesta, para lo cual la autoridad que declara que no cuenta con competencia
debe no solo manifestarlo al interesado e indicar que la otra autoridad lo es, sino
que además, la “información deberá estar motivada, de modo que la respuesta que en
este sentido dé la entidad deberá indicar: i) por qué no es competente la autoridad ante la
que se presenta la petición; y ii) por qué es competente la autoridad a la que se remite la
misma5”. A lo que agregó, que de tal manera se puede asegurar una decisión
transparente de la administración y de fondo para el peticionario.

5 Sentencia C-951 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02006-00
Demandante: David Alan Hardy

Lo anterior quiere decir, que no basta con remitir la petición a cualquier autoridad,
sino que se requiere i) un deber de motivación de tal manera que se indique al
peticionario por qué no cuenta con competencia para absolver lo pretendido, ii) el
fundamento por el cual considera que la autoridad a la que remite la solicitud es la
facultada para responder lo pedido, así como, iii) informar al interesado del estado
de la petición -remisión-, para que se garantice una pronta resolución sin
dilaciones injustificadas.

De este modo, la Sala encuentra que la respuesta dispensada al accionante el 8
de marzo de 2024, por la Presidencia de la República - Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República-, en la que informó que remitiría
su petición a la Fiscalía General de la Nación, carece de motivación en los
términos precisados por la sentencia C-951 de 2014, como elemento que hace
parte del núcleo esencial del derecho fundamental de petición cuando la solicitud
se remite por competencia, pues si bien expone que de acuerdo a la estructura y
administración de la entidad se han creado otras encargadas de brindar soporte,
no se refiere a las competencias de la autoridad que considera competente, ni
realiza un análisis del asunto objeto de petición el cual se concreta en pedir
información sobre la veracidad de un documento que fue expedido por el
secretario de la transparencia de esa entidad, el alcalde municipal de Medellín y
algunos funcionarios de esa entidad territorial.

Adicionalmente, no se puede pasar por alto que la petición fue promovida por el
abogado investigador que representa al accionante en calidad de víctima dentro
de la investigación penal, y que según lo indicó en la contestación la Fiscalía
asignada para tramitar la denuncia interpuesta por el actor, la respuesta a la
solicitud se requiere para formalizar la imputación y solo la respectiva entidad
puede indicar si el documento es original.

Dicho en otros términos, la remisión por competencia no se puede entender como
una actividad meramente formal de la administración, sino que allí se deben hacer
consideraciones sustanciales respecto de las atribuciones asignadas por la
Constitución Política y la ley, para determinar con una carga de motivación porqué
se debe hacer esa remisión para que se brinde una respuesta de fondo. De lo
contrario, el administrado estaría ante un vaivén de remisiones de una autoridad a
otra, sin que obtenga realmente un pronunciamiento de fondo a lo solicitado, lo
que se enmarca en una de las garantías básicas de un Estado social de derecho:
el derecho fundamental de petición.

Por lo anterior, si la Presidencia de la República consideraba que no era la
autoridad competente para resolver sobre la valoración de la veracidad del
documento, debió tener en cuenta el relato efectuado por el accionante y que la
petición de información estaba encaminada a obtener un pronunciamiento con el
fin de aportarlo a una investigación penal.

En ese sentido, la falta de motivación para efectuar la remisión por competencia
de la solicitud realizada por el demandante, por intermedio de su abogado
investigador, vulneró el derecho fundamental de petición, pues esta garantía
deriva no solo de informar al peticionario a quien se le envío la solicitud, pues
como se dijo en líneas anteriores la entidad debe exponer de manera clara y
concreta las razones que fundamentan tanto su falta de competencia, como las
atribuciones de la autoridad a quien remite la petición que la habilitan para atender
lo solicitado dentro de un término oportuno.

Por todo lo anterior, la Sala amparará el derecho fundamental de petición del
señor David Alan Hardy, quien actúa por intermedio de apoderado judicial. En
consecuencia, se ordenará a la Presidencia de la República -Departamento

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02006-00
Demandante: David Alan Hardy

Administrativo de la Presidencia de la República-, que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, otorgue
una respuesta a la solicitud presentada el 3 de marzo de 2024, debidamente
motivada, en la que sustente la falta de competencia para atender lo solicitado y
determine cuál es la autoridad facultada para responder lo pedido, a partir de la
verificación del documento del que se pretende obtener su veracidad denominado
“Declaración de compromisos por la transparencia, la integridad y la prevención de
la corrupción”, lo cual se requiere en el marco de una investigación penal.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero.- AMPÁRASE el derecho fundamental de petición del señor David Alan
Hardy, quien actúa por intermedio de apoderado judicial. En consecuencia,

Segundo.- ORDÉNASE a la Presidencia de la República -Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República-, que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, otorgue
una respuesta a la solicitud presentada el 3 de marzo de 2024, debidamente
motivada, en la que sustente la falta de competencia para atender lo solicitado y
determine cuál es la autoridad facultada para responder lo pedido, a partir de la
verificación del documento del que se pretende obtener su veracidad denominado
“Declaración de compromisos por la transparencia, la integridad y la prevención de
la corrupción”, lo cual se requiere en el marco de una investigación penal.

Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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