Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02013-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02013-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-02013-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
30 de agosto de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02013-00
Demandante: Víctor Mario Zapata Ararat y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02013-00
Demandante: VÍCTOR MARIO ZAPATA ARARAT Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial – reparación directa.
Defectos sustantivo, por violación directa de la Constitución y
fáctico.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada, por los señores Víctor Mario Zapata
Ararat, Meybines Mosquera Pedraza, -en nombre propio y en representación de sus
hijas menores Heini Jeana Zapata y Hanny Tatiana Zapata Mosquera-, Nelsy Blair
Zapata Ararat, Maricela Zapata Torres y Julio César Zapata Zape, contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo establecido en el artículo 1°
del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 24 de abril de 2024, la parte actora interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca por estimar vulnerados los derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y los
principios de seguridad jurídica, confianza legitima y reparación integral. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«(…) 5.2. Dejar sin efectos la sentencia del 31 de otubre de 2023 proferida por el Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.
5.3. Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, para que, dentro
del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la sentencia,
profieran una nueva decisión judicial bajo los parámetros expuestos con anterioridad».
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Relacionados con el proceso penal
El 4 de mayo de 2011, el Fiscal 119 Seccional de la URI Aguablanca solicitó al juez
de garantías la legalización de la captura, formulación de imputación e imposición de
medida de aseguramiento en contra de Víctor Mario Zapata Ararat y otras personas,
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por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa en concurso con
fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
El Juez Veinte Penal Municipal con funciones de control de garantías accedió a la
solicitud de la fiscalía. Esa decisión fue apelada por la defensa sin resultado favorable.
El 14 y 27 de julio de 2011, el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Conocimiento de
Cali celebró audiencia de acusación y audiencia preparatoria contra el indiciado señor
Zapata Ararat, en dicha diligencia, el fiscal solicitó la preclusión de la investigación,
porque encontró que existía contradicción entre las declaraciones de los testigos con
las rendidas por los uniformados, además, que las grabaciones de la central de radio
de la Policía Nacional demostraban que los indiciados no habían sido capturados en
flagrancia, sino horas después de ocurridos los hechos. Esa solicitud fue negada en
audiencia, contra la cual la defensa interpuso recurso de apelación y el 14 de
septiembre de 2011, el Juez Diecisiete de Garantías celebró audiencia en la que
resolvió favorablemente la solicitud elevada por el fiscal del caso.
El 6 de octubre de 2014, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado con
Funciones de Conocimiento de Cali resolvió decretar la nulidad de lo actuado en el
proceso penal a partir de la audiencia de formulación de acusación de 14 de julio de
2011, al evidenciar que el competente para adelantar dicho trámite eran los Jueces
Penales del Circuito Especializados.
El 24 de junio de 2015, el Juez Cuarto Penal del Circuito Especializado con funciones
de Conocimiento de Cali dispuso la preclusión en favor de los acusados, con
fundamento en los artículos 331 y 332, numeral 6 del Código de Procedimiento Penal,
esto es, porque no fue posible desvirtuar la presunción de inocencia.
Relacionados con el proceso de reparación directa
El señor Víctor Mario Zapata Ararat, junto con su núcleo familiar, interpusieron
demanda de reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación y la Policía
Nacional, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por los
perjuicios materiales y morales ocasionados como consecuencia de la privación de la
libertad a la que fue sometido el señor Zapata Ararat.
El 16 de mayo de 2022, el Juzgado Veintiuno Administrativo de Cali declaró
patrimonialmente responsable a las demandadas por la privación de la libertad que
sufrió el señor Zapara Ararat. En consecuencia, condenó a las entidades demandadas
a pagar, en igual proporción, los perjuicios materiales por concepto de lucro cesante
y morales causados a los demandantes. En síntesis, alegó que aplicaría el criterio
establecido en la sentencia de unificación proferida el 17 de octubre de 2013, vigente
al momento en que se interpuso la demanda de reparación directa, según el cual, en
los casos de privación injusta de la libertad, debía aplicarse el régimen de imputación
de responsabilidad objetivo.
Por ello, al realizar el estudio del caso concreto, concluyó que, debido a que estaba
demostrada la preclusión del proceso penal contra el señor Zapata Ararat, ello
indicaba que no se pudo desvirtuar su presunción de inocencia, en consecuencia, la
Fiscalía General de la Nación era responsable por solicitar la medida de
aseguramiento y la tardía revocatoria de esta; mientras que la Policía Nacional resultó
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responsable por las irregularidades en el procedimiento de captura. Además, resaltó
que el juez de control de garantías, aunque es quien decide sobre la legalidad de la
captura y la imposición de medidas de aseguramiento, lo hace con base en la
información y pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación y la Policía
Nacional.
Contra esa decisión presentaron recursos de apelación las entidades demandadas,
así:
• La Fiscalía General de la Nación afirmó que cumplió con su función legal al
solicitar la medida preventiva contra los presuntos implicados en la comisión de
un delito, con fundamento en las normas aplicables y las pruebas obrantes hasta
ese momento. Además, que es el juez de control de garantías el único que
decide sobre la procedencia de la medida. De igual forma, alegó que no es
posible comprometer la responsabilidad de la entidad cada vez que se absuelva
o se precluya una investigación.
• La Policía Nacional indicó que sus agentes respetaron el derecho al debido
proceso que le asistía a los capturados y que lo que se discute es la medida de
aseguramiento, frente a la cual esa institución no tiene responsabilidad.
El 31 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo del Vale del Cauca profirió
sentencia en la que resolvió revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda, con fundamento en que la medida de
aseguramiento de detención preventiva impuesta al señor Zapata Ararat fue
razonable, toda vez que se fundamentó en elementos materiales probatorios y
evidencia física recaudados por la Fiscalía General de la Nación, que permitían inferir
razonablemente que este podía ser autor o partícipe en las conductas investigadas,
lo cual, conforme con la norma vigente al momento de los hechos, hacía viable la
imposición de la medida de aseguramiento1.
Al respecto, precisó que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos
establecidos en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004; la gravedad de los delitos
imputados justificaba la imposición de la medida de aseguramiento, porque la Fiscalía
presentó informes y declaraciones que implicaban a los imputados en los delitos
investigados. De modo que, consideró que la medida de aseguramiento fue
proporcional y razonable, pues, en el momento procesal en que se encontraba la
actuación penal, los elementos de convicción eran suficientes para justificar la
privación de libertad del señor Zapata Ararat.
1 Para el efecto, aclaró el recorrido jurisprudencial en la materia, en el sentido de señalar que, en sentencia de
unificación de 17 de octubre de 2013, expediente 23354, el Consejo de Estado adoptó una tesis de responsabilidad
objetiva en los casos de privación injusta de la libertad, en el sentido de condenar al Estado en los procesos penales
que terminaban con absolución. Sin embargo, la Corte Constitucional, en la SU-072 de 2018, dejó sin efecto dicha
tesis y exigió un análisis más detallado, en el que se considerara si la detención fue inapropiada, irrazonable,
desproporcionada o arbitraria, de conformidad con lo previsto en la sentencia C-037 de 1996.
Precisó que, por otro lado, la Sala Plena del Consejo de Estado modificó la línea jurisprudencial en la sentencia de
unificación del 15 de agosto de 2018, no obstante, esa decisión se dejó sin efecto mediante de tutela del 15 de
noviembre de 2019, exp. 2019-00169-01 y, en cumplimiento de dicha orden, la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, en sentencia del 6 de agosto de 2020, indicó que se debe analizar si la privación de la
libertad fue razonable, proporcional y legal.
Aunado a lo anterior, resaltó que la Corte Constitucional, en la SU-363 de 2021, también indicó que la culpa de la
víctima debe evaluarse respecto a su conducta durante el proceso penal, no en etapas pre procesales, para no
comprometer la presunción de inocencia.
Finalmente, manifestó que el Consejo de Estado, en sentencia del 27 de octubre de 2022, concluyó que, en casos
de responsabilidad por privación injusta de la libertad, el juez debe analizar la razonabilidad, proporcionalidad y
legalidad de la detención, y no basta con que la persona sea absuelta para declarar la responsabilidad del Estado.
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3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio de la parte actora, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en
los defectos fáctico, sustantivo y por violación directa de la Constitución, con
fundamento en los argumentos que se pasan a exponer.
La parte actora afirmó que se configuró defecto fáctico, porque se realizó una
valoración arbitraria de las pruebas. Al efecto, afirmó que estaba demostrado que la
medida de aseguramiento se sustentó en el informe de la policía y las declaraciones
de los miembros de la Policía Nacional. Sin embargo, afirmó que, se desconoció que
en el marco del proceso se acreditaron irregularidades en el procedimiento policial,
tales como, la falta de captura en flagrancia, la ausencia de armas en posesión de los
indiciados en el momento de su detención y el hecho que la escena del presunto ilícito
fue creada por los policías. Además, que dichas circunstancias ocasionaron que el
juez penal de conocimiento ordenara compulsar copias para una investigación penal
en contra de los uniformados que realizaron la captura.
Aunado a lo anterior, el tribunal demandado desconoció que esas pruebas no
permitían concluir que se cumplía los requisitos del artículo 308 del Código de
Procedimiento Penal, máxime si se tenía en cuenta que no se proporcionó una
justificación para demostrar la peligrosidad de los detenidos.
Por otro lado, consideró que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto
sustantivo y por violación directa de la Constitución, porque se desconoció el
principio de seguridad jurídica y del derecho a la igualdad, en el entendido que el
precedente vigente al momento de interponer la demanda de reparación directa era la
sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, según la cual,
la responsabilidad civil del Estado se generaba cuando una persona era absuelta o se
le precluía la investigación sin que fuera relevante analizar la conducta del investigado
o revisar las providencias de las autoridades encargadas.
4. Trámite previo
El 26 de julio de 2024, el despacho del ponente admitió la acción de tutela, ordenó
notificar al demandante y a los magistrados que conforman la Sala Segunda de
Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Adicionalmente, al titular
del Juzgado Veintiuno Administrativo de Cali, a la Nación – Ministerio de Defensa,
Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, como terceros interesados.
5. Oposiciones
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca pidió que se niegue la acción de
tutela, porque la sentencia cuestionada se fundamentó en la sentencia SU-072 de
2018 de la Corte Constitucional y la sentencia de 6 de agosto de 2020, exp. 2011-
00235-01(46947)A, dictada por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de
Estado. Además, anotó que efectuó un análisis detallado de las pruebas, que
permitían concluir que la medida de aseguramiento cumplió con los principios de
razonabilidad y proporcionalidad bajo el régimen de responsabilidad por falla del
servicio.
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6. Intervención de los terceros con interés
El Juzgado Veintiuno Administrativo de Cali señaló que la actuación censurada
corresponde a la proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por lo
que solicitó que se lo desvinculara del trámite de tutela.
La Policía Nacional pidió que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, con
fundamento en los siguientes argumentos:
En primer lugar, anotó que el amparo constitucional no cumple con el requisito de
inmediatez, porque la tutela fue presentada el 29 de julio de 2024, mientras que la
notificación de la sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca se realizó el 22 de noviembre de 2023. Es decir, transcurrió un lapso de
más de ocho meses, lo cual excede el término razonable para presentar la acción de
tutela.
En segundo lugar, advirtió que, si bien, el señor Víctor Mario Zapata Ararat fue
absuelto en el proceso penal, esto no implica el reconocimiento de responsabilidad de
la entidad demandada en el proceso de lo contencioso administrativo, pues la
valoración probatoria en estos dos ámbitos es diferente. Al respecto, anotó que el
Consejo de Estado ha aclarado que el juicio de responsabilidad en el proceso de
reparación directa no implica una revisión del proceso penal, sino una evaluación de
la actuación del demandante y las condiciones bajo las cuales se produjo la privación
de libertad.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca no vulneró los derechos fundamentales del actor,
porque, con fundamento en las pruebas obrantes en el expediente, determinó que no
hubo falla en el servicio por parte de las entidades demandadas, pues la medida de
detención preventiva no fue desproporcionada y estuvo precedida de una valoración
adecuada de los elementos de convicción que obraban en ese momento en la
investigación penal. Además, advirtió que el juez penal de conocimiento resaltó que,
aunque se señalaron contradicciones en las pruebas presentadas por los agentes de
la Policía Nacional, no se podía descartar completamente la participación de los
procesados en los hechos.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto». Esta acción procede cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
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Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional2, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora cuestiona la sentencia del
31 de octubre de 2023, mediante la que el Tribunal Administrativo del Vale del Cauca
revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda de reparación directa.
A su juicio, la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos fáctico por
valoración arbitraria de las pruebas y aunque invocó los defectos sustantivo y por
violación directa de la Constitución, lo cierto es que lo hizo para invocar el
desconocimiento del precedente vigente al momento de interponer la demanda de
reparación directa, esto es, la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013,
expediente 23.354.
De acuerdo con lo anterior, la Sala analizará sí la presente solicitud de amparo cumple
con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso de ser afirmativa la respuesta, estudiará si el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca incurrió en el defecto por desconocimiento del precedente judicial
en relación con el régimen de responsabilidad objetivo y por la aplicación retroactiva
del mismo y, seguidamente, estudiará si se configuró defecto fáctico, porque, según
2 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en
esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando
al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
3 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial
son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de
la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la
sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido
en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo;
(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece
el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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dice, en el expediente penal se acreditaron irregularidades en el procedimiento policial
de detención.
Sin embargo, de manera previa, se referirá a la solicitud de desvinculación del
Juzgado Veintiuno Administrativo de Cali.
De la legitimación en la causa por pasiva
La Sala observa que, en el caso objeto de estudio, el Juzgado Veintiuno Administrativo
de Cali solicita que se desvincule del trámite constitucional de la referencia. Al
respecto, se aclara que este despacho dictó la sentencia de primera instancia
controvertida en el presente asunto, lo cual justifica su vinculación al presente trámite
como tercero con interés. Por esta razón, se negará su solicitud de desvinculación.
Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso
(i) Requisito general de relevancia constitucional
La Sala anota que la acción de tutela cumple con el referido requisito general porque
la parte actora invoca la protección del derecho fundamental al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, se sustentan con suficiencia las razones por las
que la decisión judicial cuestionada afecta dichos derechos, no se trata de un asunto
de mera legalidad o económico y los cuestionamientos tienen que ver con la ratio
decidendi. Tampoco se emplea como una instancia adicional, porque en primera
instancia se había accedido a las pretensiones de la demanda y fue con ocasión a la
providencia acá cuestionada que se desestimaron las pretensiones de la parte actora.
Además, en caso de que se configure alguno de los requisitos especiales de tutela
contra providencia judicial se estaría afectando el derecho al debido proceso de la
parte actora, en la medida en que la decisión cuestionada implica una negativa sobre
la eventual responsabilidad del Estado de los daños y perjuicios ocasionados a los
demandantes por la privación a la que fue sometido el señor Víctor Mario Zapata
Ararat y que califica como injusta.
Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface,
pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno toda vez que la
sentencia de segunda instancia que se cuestiona por esta vía fue proferida el 31 de
octubre de 2023, notificada el 27 de noviembre de 2023 y el ejercicio de acción de
tutela tuvo lugar el 24 de abril de 2024.
En lo demás, la Sala encuentra que se encuentran satisfechos los demás requisitos
generales de procedencia, si se tiene en cuenta que los accionantes alegan una (iv)
irregularidad procesal que genera un efecto determinante y afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) la parte actora identificó de manera razonable
los hechos que generaron la vulneración y, (vi) no se está cuestionando sentencias
de tutela.
Por lo que, la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos fáctico y por
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desconocimiento del precedente judicial, sin embargo, por razones de índole
metodológica, los abordará en el siguiente orden:
Del defecto por desconocimiento del precedente judicial5 en el caso concreto
En relación con el régimen de responsabilidad objetivo
La parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en
defecto sustantivo, por desconocimiento del precedente judicial y violación directa de
la Constitución Política al no aplicar el régimen objetivo de acuerdo con lo establecido
en la sentencia de unificación de 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, que era
la tesis vigente y de obligatoria observancia al momento en que interpuso la demanda.
Sin embargo, como se anticipó, ese argumento en realidad se enmarca dentro del
denominado defecto por desconocimiento del precedente judicial.
Al respecto, es necesario resaltar que, en relación con el precedente judicial vigente
en materia de privación injusta de la libertad esta Sección ha señalado de manera
reiterada que ese asunto se encuentra resuelto, a partir de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en la materia, como se pasa a explicar.
En la sentencia SU-072 de 2018, la Corte Constitucional explicó que «con
independencia del régimen de responsabilidad estatal que utilice el juez
administrativo, la conducta de la víctima es un aspecto que debe valorarse y que
tiene la potencialidad de generar una decisión favorable al Estado, en otras palabras,
que puede generar una declaratoria de irresponsabilidad administrativa». Es decir, en
términos generales, la Corte Constitucional acepta que el juez del proceso de
reparación directa por privación de la libertad puede aplicar el régimen de
responsabilidad que mejor se ajuste al caso y que debe evaluar la conducta de la
víctima.
Que “determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga la
absolución por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia –aplicación del
principio in dubio pro reo-, o incluso en otros eventos, por ejemplo, cuando no se
acreditó el dolo, es decir, operó una atipicidad subjetiva, el Estado debe ser
condenado de manera automática, esto es, a partir de un título de imputación objetivo,
sin que medie un análisis previo que determine si la decisión a través de la cual se
restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada
5 Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto
en el pasado y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su
pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. El precedente judicial es de
dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el
vertical, que está conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de
los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que
ha previsto el órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y
suficientes para apartarse del precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma
conclusión jurídica al analizar los mismos supuestos de hecho, incurre en la violación al derecho a la igualdad. No
obstante, la importancia de la regla de vinculación del precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pues no se puede desconocer la libertad de
interpretación que rige la actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los principios de
igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, por esa razón, se ha
advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente fijado por el superior
jerárquico, siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su
posición, de ahí que al juez corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con
anterioridad.
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o arbitraria, transgrede un precedente constitucional con efecto erga omnes,
concretamente la sentencia C-037 de 1996”.
Para la Corte, el artículo 90 Superior permite acudir tanto a la falla del servicio como
a un título de imputación objetivo, de esa manera, para decidir diferentes casos ha
matizado posturas rígidas afirmando que el daño antijurídico no excluye la
posibilidad de exigir la demostración de una actuación irregular del Estado.
De ahí que, la única interpretación posible –en perspectiva judicial- del artículo 68 de
la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece un único título de atribución y
que, en todo caso, le exige al juez contencioso administrativo definir si la decisión que
privó de la libertad a un ciudadano se apartó de los criterios que gobiernan la
imposición de medidas preventivas, sin que ello implique la exigencia ineludible y para
todos los casos de valoraciones del dolo o la culpa del funcionario que expidió la
providencia, pues, será en aplicación del principio iura novit curia6, aceptado por la
propia jurisprudencia del Consejo de Estado, que se establezca cuál será el régimen
que ilumine el proceso y, por ende, el deber demostrativo que le asiste al demandante.
De acuerdo con lo anterior, la Corporación precisó que, si bien, la jurisprudencia ha
denominado el régimen de imputación de la falla del servicio como restrictivo,
comoquiera que exige un mayor esfuerzo probatorio por parte de quien solicita el
resarcimiento de perjuicios, esa condición no puede interpretarse como un obstáculo
para que el ciudadano reclame la indemnización del daño que no estaba obligado a
soportar, pues en manera alguna los regímenes de imputación están diseñados para
hacer más o menos accesible la administración de justicia contencioso administrativa,
sino para modular el ejercicio probatorio y, sobre todo, para garantizar que la decisión
que se adopte obedezca a criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad
de la medida de aseguramiento.
Que, aceptar que dicho régimen deba ser aplicado en algunos casos o, en otras
palabras, rechazar la idea de que se defina como fórmula inmutable de juzgamiento
del Estado un título objetivo, tampoco puede entenderse como la flexibilización de la
excepcionalidad que caracteriza las medidas preventivas restrictivas de la libertad, en
tanto la exigencia de una mayor rigurosidad probatoria en un proceso de reparación
directa es un asunto autónomo, que de hecho se materializa con posterioridad al
agotamiento del proceso penal y que por esas razones no impone un criterio jurídico
que deba observarse en otros trámites.
De hecho, al referirse respecto de las características que debe tener una medida de
detención o prisión preventiva para ajustarse a las disposiciones de la Convención
Americana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional concluyó que el desarrollo
de esas condiciones, lleva implícitos razonamientos en relación con la finalidad,
idoneidad, la necesidad y proporcionalidad de la medida, a la par del análisis de
los elementos con vocación demostrativa; en otras palabras, se precisa la valoración
del juicio del operador jurídico a fin de establecer si sus conclusiones acerca de la
necesidad de imponer o solicitar la imposición de una medida cautelar privativa de la
libertad fue el resultado de un estudio probatorio objetivo, esto es, si existió una
motivación suficiente.
6 El juez conoce el derecho. En la sentencia T-577 de 2017 se entendió que: “corresponde al juez la aplicación del
derecho con prescindencia del invocado por las partes (…) la determinación correcta del derecho”.
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En suma, la Corte Constitucional estableció que la aplicación de cualquiera de los
regímenes de responsabilidad del Estado mantiene incólume la excepcionalidad y
los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la
presunción de inocencia que preceden a la imposición de una medida de
aseguramiento.
Establecido lo anterior, es necesario traer a colación lo resuelto por la autoridad judicial
demandada en sentencia de 31 de octubre de 2023, que se cuestiona por esta vía, en
lo que concierne a la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad
resaltó lo resuelto en las sentencias C-037 de 1996, SU-072 de 2018, la sentencia de
unificación de 6 de agosto de 2020 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado y citó la sentencia de tutela de 27 de octubre de 2022, en la
que se trajo a colación los fallos anteriormente mencionado, y con fundamento en ello
concluyó que:
«(…) el criterio actual que surgió de la evolución expuesta consiste en que, en los casos
de responsabilidad por privación injusta de la libertad, independientemente del régimen
de responsabilidad a implementar, el juzgador debe analizar, bajo criterios de
razonabilidad, proporcionalidad y legalidad, si la detención de la persona es injusta,
según las particularidades de cada caso. Por lo tanto, el simple hecho de que una
persona resulte absuelta en un proceso penal, luego de haber sido cobijada por medida
de aseguramiento, no es un hecho suficiente para declarar la responsabilidad del Estado.
(…)».
(se destaca)
De manera que, resulta evidente que, el análisis del juez de la responsabilidad atendió
al precedente judicial aplicable, conforme con el cual, debía verificarse que la
imposición de la medida de aseguramiento cumplió con los criterios de
necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, señalados en precedencia, con
independencia de la razón por la que tuvo lugar la decisión de absolución en el
proceso penal.
Dicho de otro modo, en el caso objeto de estudio, no se incurrió en el defecto por
desconocimiento del precedente judicial.
En relación con la falta de aplicación retroactiva del precedente judicial
Ahora bien, la parte actora aduce que la autoridad judicial demandada debió aplicar la
sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, que, era la
postura vigente en el momento en que radicó la demanda de reparación directa.
Sin embargo, ese argumento tampoco está llamado a prosperar, porque, la sentencia
de segunda instancia dentro del proceso ordinario de reparación directa, se profirió el
31 de octubre de 2023 y como lo ha explicado esta Sección7 «para el momento en que se
profirió la providencia acusada, el marco jurídico del análisis del título de imputación de privación injusta
de la libertad estaba determinado por: (i) la Sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU-072
de 2018 que recordó lo indicado por esa misma Corte en la Sentencia C-037 de 1996 , relativo a que
el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 no establece un título de imputación único bajo el cual deban
analizarse los casos de privación injusta de la libertad, sino que corresponde al juez de la causa en
cada caso determinarlo».
7 Sentencia del 27 de octubre de 2022, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2022-04502-00,
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. M.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
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Justamente, en sentencia SU-406 de 2016, la Corte Constitucional precisó que “(…) el
cambio de una determinada posición jurisprudencial por el respectivo órgano de cierre implica una
modificación en la interpretación jurídica, es decir, del contenido normativo de determinada disposición
y que, en atención al carácter vinculante general e inmediato del precedente, determina la
aplicación judicial -en el orden horizontal y vertical- del derecho sustancial o procesal, según sea el
caso (…)”.
Por lo tanto, correspondía al tribunal accionado aplicar las reglas jurisprudenciales
vigentes al momento de proferir la decisión de segunda instancia, esto es, la sentencia
de unificación SU-072 de 2018, en la medida que, en principio, los efectos de estas
providencias son generales e inmediatos.
De ahí, que la autoridad judicial demandada procediera con el análisis de los
elementos probatorios aportados al proceso, a fin de determinar si la medida de
aseguramiento impuesta contra el señor Zapata Ararat atendió los requisitos legales
para su imposición.
Mismas razones, por las que la Sala pasa a pronunciarse sobre el defecto fáctico
alegado en el caso objeto de estudio.
Del defecto fáctico8 en el caso concreto
La parte actora consideró que se configuró defecto fáctico porque la autoridad judicial
demandada no tuvo en cuenta que la medida de aseguramiento se sustentó en el
informe de la policía y las declaraciones de los uniformados, a pesar de que, de forma
posterior, se demostraron irregularidades en el procedimiento de captura. Asimismo,
que expresó que esas pruebas no permitían concluir que se cumplía los requisitos del
artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, máxime si se tenía en cuenta que no
se proporcionó una justificación para demostrar la peligrosidad de los detenidos.
De la lectura del expediente, se encuentra que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, inicialmente y como se expuso de forma antecedente, señaló que acogería el
estado actual de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado
en la materia, por lo que el título de imputación que aplicaría sería el subjetivo de
responsabilidad bajo el título de imputación por falla probada del servicio y que
analizaría si la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos de necesidad,
razonabilidad y proporcionalidad.
Al efecto, tuvo en cuenta los elementos materiales probatorios, que, para el momento
de la imposición de la medida de aseguramiento justificaron tal decisión, tales como:
(i) el informe presentado por los agentes de policía, que habían sido presuntamente
atacados por los indiciados, y; (ii) las declaraciones rendidas por los uniformados.
Asimismo, resaltó los delitos que le fueron imputados a los indiciados - homicidio
agravado en grado de tentativa en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas
de fuego municiones.
8 Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T-015 de 2012 señaló que se produce cuando
de la actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió
la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Esta
situación ocurre cuando se produce la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando
el juez simplemente la ignora u omite, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia
que de la misma emerge clara y objetivamente.
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De igual forma, resaltó el número y la gravedad de los delitos que le fueron imputados
a los indiciados – homicidio agravado en grado de tentativa en concurso con
fabricación, tráfico y porte de armas de fuego municiones-, con el fin de analizar si la
medida de aseguramiento cumplió los requisitos previstos en que los artículos 308 y
310 de la Ley 906 de 2004, de la siguiente forma:
«64.Obsérvese además que, se determinó que los imputados resultaban ser un peligro
para la comunidad, en razón al número de delitos que se les imputaba y la naturaleza de
los mismos, por lo que se estableció la necesidad de la imposición de la medida.
65. Sobre este último aspecto vale la pena citar el artículo 310 de la Ley 906 de 2004, el
cual señala:
“ARTÍCULO 310. PELIGRO PARA LA COMUNIDAD. Modificado Ley 1142 de 2007, art.24,
modificado Ley 1453 de 2011, art. 65, modificado Ley 1760 de 2015, art.3°. Para estimar si la
libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la comunidad, además de la
gravedad del hecho y modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez deberá valor
las siguientes circunstancias:
(…).
2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos.
(…)”.
(…)
67.Adicional a lo anterior, se tiene que la investigación penal a la cual fue vinculado el
señor VICTOR MARIO ZAPATA ARARAT, se adelantó por el delito de homicidio agravado
en grado de tentativa con tráfico, fabricación y porte de armas de fuego o munición; el
primero consagrado en el artículo 103 y 104 del Código Penal y, el segundo en el artículo
365 del mismo estatuto, y las cuales son investigables de oficio y comportan como pena
mínima 208 y 48 meses de prisión, respectivamente. Por manera que, en los términos del
numeral segundo del artículo 313 de la Ley 906 de 2024 (sic), era procedente la imposición
de la detención preventiva.
68. Así las cosas, la medida de internamiento se afianzó en los elementos materiales
probatorios y evidencia física recaudados por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN, que permitían inferir razonablemente que el aquí demandante podía ser autor o
partícipe en las conductas investigadas y la medida perseguía un fin constitucionalmente
válido, pues dada la gravedad de los delitos imputados, éstos podían constituir un peligro
para la sociedad; además, la pena a imponer dejaba en evidencia la configuración de
varios supuestos que daban la viabilidad para disponer la privación de la libertad del señor
VICTOR MARIO ZAPATA ARARAT».
Elementos de juicio que dieron mérito para concluir la medida de aseguramiento
cumplió con los requisitos de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
Justamente, la valoración probatoria que llevó a cabo el juez de conocimiento
determinó que, en efecto, la motivación para imponer la medida de aseguramiento se
encontraba acorde con el ordenamiento jurídico, sin que le fuera dado al juez de la
reparación realizar una nueva valoración del material probatorio obrante en el proceso
penal para determinar si, para ese momento, existían otros elementos que pudieran
desvirtuar la necesidad o no de imponer la medida de aseguramiento.
Dicho de otro modo, el estudio que desplegó el juez de la reparación estableció que
la medida de aseguramiento impuesta se ajustó al ordenamiento, que los parámetros
bajo los que se impuso y los argumentos expuestos resultaron razonables a la luz del
ordenamiento jurídico penal vigente para el momento, sin que le fuera dado revisar
otros elementos probatorios que pudieron existir dentro del proceso penal que
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sugirieran que no había lugar a imponer la medida de aseguramiento, pues es una
valoración propia del juez penal que se surtió al interior de ese proceso.
En suma, tal como se advierte de la lectura de la providencia cuestionada, la autoridad
judicial demandada estableció que la medida de aseguramiento atendió los requisitos
necesarios para su imposición, análisis que implicó los elementos de la razonabilidad,
necesidad y proporcionalidad de la medida, cosa distinta es que la parte actora se
encuentre en desacuerdo con el resultado de dicho análisis, que como se indicó con
suficiencia, atiende a la motivación de las sentencias SU-072 de 2018 y C-037 de
1996.
La autoridad judicial de conocimiento valoró en contexto las pruebas allegadas al
proceso, con fundamento en las cuales concluyó que la medida cumplió con los
requisitos legales para su imposición y, en esa medida, no fue injusta la privación de
la libertad por el tiempo que perduró.
En coherencia con lo anterior, no es posible concluir que la autoridad judicial
demandada no tuvo en cuenta las irregularidades que se presentaron en el trámite de
detención por parte de los agentes de policía, sino que, los elementos materiales
probatorios que obraban en el proceso, en el momento de la imposición de la medida
de aseguramiento, implicaban al señor Zapata Ararat en el hecho punible que era
objeto de investigación.
Por lo tanto, los argumentos que plantea la parte actora para sustentar el defecto
fáctico no prosperan, porque, en últimas, proponen una valoración paralela de la
decisión que impuso la medida de aseguramiento en sede del proceso penal y no
propiamente del proceso de la reparación directa que es el que se cuestiona por esta
vía.
Al respecto, se anota que esta Sala ya ha precisado, que, por un lado, una cosa es el
daño o transgresión de los bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento,
calificación que le compete al juez penal sobre la conducta del investigado, conforme
con la normativa propia de esa área del derecho y, otra, es la valoración que hace el
juez contencioso administrativo en los casos en que se discute la responsabilidad del
Estado por la presunta privación de la libertad. En efecto, tal como lo ha sostenido la
Sección Tercera del Consejo de Estado9:
«El Juez Administrativo tiene la posibilidad de apartarse de la sentencia penal, o su equivalente, ya
que no tiene incidencia ni efectos de cosa juzgada en el proceso de reparación directa que se
adelanta ante esta jurisdicción por cuanto:
“…(i) las partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del ejercicio de
la acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para
ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del ejercicio de la
acción de reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios
que le ha causado el Estado con una acción que le sea imputable; (ii) los principios y normas que
rigen ambos procesos son, en consecuencia, diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en
los efectos de las cargas probatorias, así: en el proceso penal la carga de la prueba de la
responsabilidad del sindicado la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de
inocencia que por mandato constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en la acción
9 En expediente con radicado número: 11001031500020190514101 la Sección Cuarta del Consejo de Estado citó
al “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, 11 de julio de 2013,
radicado: 66001-23-31-000-2006-00083-01 (36.295) C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa”. Reiterada en la
sentencia del 13 de agosto de 2020, en el expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2020-03190-00,
Sección Cuarta del Consejo de Estado.
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de reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia de prueba de
los elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el fundamento de la
responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable
a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al servidor por considerar que no obró de
manera dolosa o culposa, en los delitos que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser
condenado a indemnizar el daño causado, bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad
y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio lugar a esa
condena no haber tenido nexo con el servicio. Adicionalmente, se observa que la responsabilidad
patrimonial del Estado no constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables
las normas relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión
indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la responsabilidad
del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en los eventos
en los cuales se causa un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen de que
ese daño hubiera sido causado con una conducta regular o irregular10.»
Finalmente, la Sala observa que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca tuvo
en cuenta lo señalado en la audiencia de preclusión celebrada por el Juzgado Cuarto
Penal Especializado con funciones de conocimiento, en la que se determinó que, si
bien, accedía a la solicitud de preclusión, esta se hacía con fundamento en la causal
prevista en el numeral 6 del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, es decir, por la
imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia de los sindicados. Asimismo,
que dicho juzgado advirtió que no resultaba coherente afirmar que se trató de un
“montaje” por parte de la policía. Se transcribe lo pertinente:
«55. El 24 de junio de 2015 se adelantó la continuación de la audiencia de preclusión, en
la que Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento
de Cali resolvió declarar la preclusión de la investigación a favor del señor VICTOR MARIO
ZAPATA ARARAT, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 331 y 332-6 del
Código de Procedimiento Penal.
(…)
57. De igual manera, la Juez de conocimiento señaló lo siguiente (minuto 18:25 a 21:07):
“(…) Ahora, no podemos predicar una total ajenidad de los procesados en hechos
delictivos, pues tampoco resulta coherente pensar que todo se trató de un falso positivo,
en efecto se concluye que algún tipo de circunstancia irregular sucedió aquel día. De allí
la reacción de la Policía. Empero, ante las contundentes contradicciones que surgen en el
proceso, en donde no es factible aseverar que los hechos sucedieron como fueron
relatados por los agentes del orden y que por el contrario estos acomodaron la verdad a
sus relatos, lo cierto es que resultaría un desgaste innecesario del aparato judicial ventilar
en juicio oral hechos que se saben, no ocurrieron como fueron planteados. (…) Por ende,
al no haber ningún elemento indicativo, en el sentido de que los señores Zapata y Rentería
son responsables de los punibles endilgados, lo aconsejable es acceder a la pretensión
invocada por la funcionaria Fiscal. Ahora bien, recuérdese que la preclusión no opera por
el solo hecho de que el Fiscal considere que no existe mérito para acusar, se requiere que
esta afirmación esté acompañada de la demostración de una de las causales consagradas
en el artículo 332 (…), dígase entonces que en casos como el presente, donde la
presunción de inocencia permanece incólume porque el organismo de persecución penal
no ha podido desvirtuarla, no podría mantenerse a la persona imputada en una
inestabilidad jurídica, razón suficiente para emitir en su favor la decisión de preclusión tal
como lo disponen los artículos 331 y 336, numeral 6º, de la Ley 906 de 2004, pues no se
trata de una falencia del ente investigador, sino de un derecho de la persona a que se le
defina prontamente su situación.
(…)
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de 2011,
expediente 19123. En similar sentido se encuentran las sentencias del 30 de julio de 2008, expediente 16572 y del
24 de marzo de 2011, expediente 17993.
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Demandante: Víctor Mario Zapata Ararat y otros
(…) es menester señalar, que si bien se refirió en el trámite del proceso penal que se
advertían unas contradicciones en los elementos de prueba presentados por los agentes
de la POLICÍA NACIONAL, lo cierto es que dentro de dicho trámite también se dejó claro
por la Juez de conocimiento que no se podía predicar una total ajenidad de los procesados
en los hechos, como quiera que tampoco resultaba coherente pensar que todo se trató de
un falso positivo, ya que algún tipo de circunstancia irregular debió suceder aquel día para
generar en los uniformados una reacción.»
De lo anterior, se encuentra que la autoridad judicial demandada se pronunció y
analizó los medios probatorios que el actor considera fueron desconocidos. Además,
para resolver el asunto, tuvo en cuenta lo señalado por el juez penal, quien accedió a
la preclusión del caso con fundamento en la causal prevista en el numeral 6 del artículo
332, esto es, por la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia.
Luego, los argumentos en que la parte actora fundamentó el defecto fáctico, propuesto
en el escrito inicial, no prosperan.
De modo que, la Sala encuentra que la decisión cuestionada no incurrió en defecto
fáctico alegado, distinto es que la parte demandante no se encuentre de acuerdo con
las conclusiones probatorias a las que llegó el juez natural de conocimiento, porque
no coinciden con sus intereses.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la parte actora.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Salvo voto
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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