Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02023-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02023-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02023-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
6 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202402023-00
Actores: Jhon Stiven Rúa Céspedes y otros1
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Temas: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional
Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general
de procedencia de subsidiariedad
Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad y ii) debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Jhon Stiven Rúa Céspedes y
otros2 contra la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. Los actores, en nombre propio, presentaron acción de tutela contra la Sala
Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 10 de abril de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de reparación directa identificado con el número único de
1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI. Documento denominado “5ED_Caratula(.pdf) NroActua 3”. Archivo aportado en
forma digital.
2 Marcelino Rúa Holguín, Margarita María Céspedes Vásquez y Margarita Yulieth Rúa Céspedes.
2
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Actores: Jhon Stiven Rúa Céspedes y otros
radicación 050013333005201300222-01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Manifestaron que, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, con el fin de que se declararan responsables administrativa y
patrimonialmente por los perjuicios derivados de las lesiones sufridas por Jhon
Stiven Rúa Céspedes cuando se encontraba prestando el servicio militar obligatorio
en el Ejército Nacional.
4. Señalaron que, el Juzgado Quinto Administrativo de Oralidad del Circuito de
Medellín profirió sentencia, en primera instancia, el 6 de junio de 2019, mediante la
cual resolvió conceder parcialmente las pretensiones de la demanda.
5. Sostuvieron que, la parte demandada presentó recurso de apelación contra
la sentencia mencionada supra, frente a lo cual, la Sala Séptima de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 10 de abril de 2024,
resolvió:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el
Juzgado Quinto Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín, el seis (6) de
junio de dos mil diecinueve (2019).
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la sentencia, en el sentido de
NEGAR los perjuicios materiales concedidos, en los demás apartes quedará
incólume el numeral.
TERCERO: REVOCAR el numeral TERCERO de la sentencia apelada, referente a
la condena en costas impuesta en primera instancia y en su lugar, NEGAR la
condena en costas […]”.
5.1. Al respecto, consideró lo siguiente:
“[…] Lo primero que se señalará es que, a pesar de que no obra examen de ingreso
del demandante al servicio militar obligatorio, lo cierto es que desde la primera
3
Núm. único de radicación: 110010315000202402023-00
Actores: Jhon Stiven Rúa Céspedes y otros
instancia se realizaron varios requerimientos3 al Ejército Nacional para que allegara
el respectivo análisis, sin que se aportara el mismo al plenario, situación que solo (sic)
es atribuible a la entidad demandada, entidad encargada de los archivos respecto del
personal militar y quien ante los múltiples requerimientos efectuados por el Despacho
Judicial, debió arrimar el examen practicado o indicar las razones del por qué el mismo
no se encontraba en los archivos de la entidad, pero nada de esto ocurrió, por tanto
esta omisión, tiene consecuencias procesales para la entidad.
Así las cosas, esta Sala de Decisión tendrá por probado el hecho de que el
demandante John Stiven ingresó apto a la prestación del servicio militar obligatorio,
en aplicación de lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 48 de 1993 que
regulan el examen de ingreso a la actividad militar y que estipula que superados los
mismos se verifica que el soldado no presenta inhabilidades ni incompatibilidades
para la prestación de su servicio militar […]”.
[…]
“[…] Por lo que, a pesar de que no existe claridad sobre las circunstancias como
sucedieron los hechos, lo importante, según la tesis adoptada por el Consejo de
Estado y que acoge plenamente esta Sala de Decisión, es que se demuestre que
estos ocurrieron cuando se estaba prestando el servicio militar obligatorio, como en
efecto se dio.
Sobre ello, habrá de resaltarse que la parte demandada no probó que operó
cualquiera de las causales eximentes de responsabilidad siendo esta su obligación,
sin que pueda darse por probada con la leve indicación que al respecto señala en el
recurso de apelación, en tanto dentro del proceso no existe una sola prueba a partir
de la cual se pueda dar por acreditada una culpa exclusiva de la víctima.
En efecto, esta aseveración realizada por el apelante no encuentra sustento ni fáctico
ni probatorio alguno, pues tal y como se expuso en esta decisión, ante la falta de
prueba de la entidad, sobre el estado de salud al momento del ingreso, se dio por
demostrado que el mismo había sido optimo (sic) y como quiera que al momento del
egreso se diagnosticó una lesión de rodilla y una pérdida de la capacidad laboral
dictaminada por el mismo médico adscrito a la entidad, no puede darse por acreditada
una culpa exclusiva de la víctima.
Finalmente, en relación con el argumento según el cual no es el Acta de la Junta
Médico Laboral no es la prueba pertinente para demostrar la pérdida de capacidad
laboral del actor, es claro que la parte tampoco precisó en su sentir, cual es el medio
probatorio indicado, en tanto conforme el Decreto 1796 de 2000 es la Junta Médico
Laboral Militar la autoridad competente para determinar la disminución de la
capacidad psicofísica y calificar el origen de la enfermedad de los miembros de la
Fuerza Pública, lo que ha sido indicado por el Consejo de Estado4 en varias
oportunidades, por tanto la prueba valorada para efectos de determinar la disminución
de la capacidad si es la pertinente, por tanto el argumento del apelante, no se
encuentra debidamente soportado […]”.
[…]
“[…] Dado que en el presente asunto no se vislumbra una conducta reprochable
respecto de la parte vencida, que hubiere conducido al entorpecimiento del proceso,
al ocultamiento de pruebas o a no coadyuvar en el buen funcionamiento de la
administración de justicia, se accederá a lo solicitado en el recurso de apelación
3 Fl.226, fl.227
4 Consejo de Estado, sentencia del 28 de octubre de 2019, M.P. Cesar Palomino Cortes, radicado: 73001-23-
33-000-2015-00225-01
4
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Actores: Jhon Stiven Rúa Céspedes y otros
formulado por la parte demandada, en el sentido de revocar la condena en constas
(sic) impuesta en primera instancia.
De otro lado, y teniendo en cuenta que la norma faculta al Juez para condenar en
costas, pero no impone necesariamente su condena, en cada caso concreto debe
efectuarse un análisis particular con el objeto de determinar si procede. En el caso
bajo análisis, estima la Sala que no procede la condena en costas en contra de la
parte vencida, en tanto, de un lado, en el expediente no aparece que se hayan
causado, y de otro, no se advierte conducta procesal que así lo justifique […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. Los actores solicitaron en su escrito de tutela5:
“[…] PRIMERO: TUTELAR a mi favor el amparo de los derechos fundamentales: a la
IGUALDAD Y AL DEBIDO PROCESO, consagrados en los artículos 13 y 29 de la
Constitución Política de Colombia.
SEGUNDO: DECLARAR que la Sentencia emitida el 10 de abril de 2024, por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOOUIA – SALA SÉPTIMA DE ORALIDAD,
integrada por los magistrados: MARTHA NURY VELÁSQUEZ BEDOYA, GONZALO
ZAMBRANO VELANDIA y CARLOS CRISTOPHER VIVEROS ECHEVERRI, vulneró
los derechos fundamentales a la IGUALDAD Y AL DEBIDO PROCESO, consagrados
en los artículos 13 y 29 de la Constitución Política de Colombia.
TERCERO: ORDENAR la revisión de la Sentencia proferida el 10 de abril de 2024,
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOOUIA – SALA SÉPTIMA DE
ORALIDAD, a fin de que se garantice los derechos fundamentales de los suscritos
accionantes a la igualdad y al debido proceso consagrados en los artículos 13 y 29,
de la Constitución Política de Colombia, ordenando al accionado, proceda a emitir en
el término que el Juez Constitucional estime pertinente y según la complejidad del
caso, nueva sentencia en la cual observe los precedentes en casos similares,
examinando bajo las reglas de la sana crítica, las pruebas legalmente recaudadas en
la actuación procesal […]”.
7. Los actores en su escrito de tutela indicaron que la autoridad judicial incurrió
en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y, además,
desconoció el principio de congruencia. Para tal efecto, manifestaron lo siguiente6:
“[…] Lo anterior, es la síntesis que realiza el Tribunal respecto al recurso de alzada
presentado por la entidad demandada; de lo cual es posible concluir que en ningún
momento se pronuncia la antecitada respecto a la condena por lucro cesante emitida
por el juzgado en primera instancia, razón por la cual no está facultado el Ad quem
para modificar o realizar pronunciamiento alguno respecto al mismo. Esto, porque en
reiterada jurisprudencia ha manifestado el órgano de cierre (Consejo de Estado) que
el juez de conocimiento del recurso interpuesto solo podrá pronunciarse respecto a
5 Transcripción literal del texto.
6 Idem pie de página núm. 6 supra.
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Actores: Jhon Stiven Rúa Céspedes y otros
los asuntos materia de apelación y es claro que en el expediente nada se dijo de los
perjuicios materiales como para que el Tribunal ahonde en modificar un asunto que
no fue objeto de debate dentro de la litis desplegada […]”.
[…]
“[…] Así las cosas, en la presente solicitud no se pretende reabrir el debate jurídico
surtido en el medio de control de reparación directa, sino que lo pretendido es la
protección del derecho fundamental al debido proceso por el desconocimiento del
precedente judicial por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, pues, como ya
se manifestó, no puede el Tribunal modificar un asunto que no fue controvertido
dentro del recurso, perjudicando los derechos fundamentales de las víctimas […]”.
[…]
“[…] De ello se desprende una importante diferencia que desconoce el Tribunal en el
presente caso, para no reconocer los perjuicios materiales, pues es de reiterar que
en pacifica jurisprudencia se ha establecido la diferencia de la relación que vincula a
los soldados conscriptos y los soldados profesionales respecto del Ejército, ya que
los primeros no cuentan con un vínculo laboral, sino que su vínculo se desprende del
cumplimiento de un deber que impone la Constitución Política, para el caso de los
segundos, sí se establece una relación laboral-legal, teniendo en cuenta esto, la
sentencia emitida por el Tribunal es sumamente alejada del precedente al establecer
que la prestación otorgada al joven Jhon Estiven Rúa por un concepto de $5.979.000,
se refiere al reconocimiento del lucro cesante, lo cual es erróneo y no constituye una
acumulación de pretensiones toda vez que ambas indemnizaciones tiene diferente
origen y no hacen referencia al mismo concepto […]”.
[…]
“[…] En el presente caso, se evidencia claramente el desconocimiento del precedente
para modificar la Sentencia de primera instancia, puesto que el Consejo de Estado sí
se ha manifestado y ha sido enfático en que las indemnizaciones por vía
administrativa o reparación objetiva de manera prestacional a los soldados
CONSCRIPTOS, NO EXCLUYE de la obligación de reparación por los daños
causados durante la prestación del servicio militar obligatorio, pues debe de tenerse
en cuenta el régimen aplicable y la presunta relación laboral entre el soldado regular
y el Ejército Nacional, toda vez que es diferente a la relación entre un soldado
profesional y la entidad […]”.
[…]
“[…] En el presente caso se desconoce el principio de Congruencia, el cual hace
referencia a que el juez debe pronunciarse únicamente conforme a los argumentos
expuestos en el recurso de apelación, esto, debido a que el Tribunal resuelve y
modifica la sentencia en aspectos que no fueron mencionados por el apelante.
Si bien es cierto, existe un criterio amplio que permite que el juez de segunda instancia
pueda resolver sobre asuntos que no fueron motivo de apelación, lo anterior, debe
acogerse a ciertos parámetros señalados por el Consejo de Estado en reiterada
jurisprudencia para poder pronunciarse respecto de estos asuntos, los mismos deben
de guardar relación con lo expresamente peticionado en el recurso y no como sucede
en el presente caso, en el cual el Tribunal resolvió sobre aspectos no mencionados o
no relacionados con el recurso de alzada […]”
6
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Actores: Jhon Stiven Rúa Céspedes y otros
Actuación
8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 2 de mayo de 2024: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala Séptima de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia; y iii) vinculó al Juzgado Quinto
Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín y a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional, en calidad de terceros con interés legítimo,
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
9. La Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia rindió
informe en los siguientes términos:
“[…] Se tiene que, para el caso indicado y contrario a lo afirmado por el tutelante, la
parte demandada en su recurso de apelación sí controvirtió lo relativo a los perjuicios
concedidos por el juez de instancia, de manera específica sobre el porcentaje de
pérdida de capacidad laboral emitido por la Junta Médico Laboral, situación que llevó
a la Sala de Decisión a realizar el estudio relativo a los perjuicios concedidos.
Sobre este punto, consideró la Sala que no es posible realizar el cúmulo de
indemnizaciones derivadas del reconocimiento de pensión o compensación y de
reparación por lucro cesante, acogiendo la posición reciente del Consejo de Estado
según la cual cuando la causa jurídica de la reparación sea la misma no es procedente
dicha acumulación […]”.
10. El Juzgado Quinto Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín
manifestó que “[…] Estimo oportuno señalar que, de acuerdo a lo anterior, este
Juzgado no incurrió en vulneración de ninguno de los derechos fundamentales
invocados por el accionante, toda vez que se respetaron los derechos procesales
que le asisten, así como los términos y las oportunidades para oponerse a las
decisiones proferidas en cada una de las instancias, contando cada decisión con la
motivación jurídica y jurisprudencial correspondiente; en forma adicional, no se
evidencia vulneración de cualquier otro derecho fundamental por parte de este
Juzgado, por lo que solicito se niegue la solicitud de tutela con relación a este
Juzgado […]”.
11. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional solicitó negar
las pretensiones de la solicitud de tutela. Para tal efecto manifestó:
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“[…] El accionante en tutela que nos ocupa, omite su deber en señalar con claridad
los defectos en los que incurrió el Tribunal Administrativo de Antioquia, al momento
de proferir su sentencia, dado que su argumentación se traza en reparos contra el
fallo de segunda instancia, argumentando que se transgredió el principio de
congruencia modificando los perjuicios materiales en su totalidad, aun cuando esto
no fue mencionado en la apelación, hecho que no es cierto, por cuanto la apelante si
lo mencionó en su recurso.
Ante la ausencia de los supuestos hechos vulnerantes y derechos afectados no queda
otro camino que manifestar al Honorable Despacho que la presente acción no cumple
con los requisitos sustanciales y procedimentales para que proceda la protección
constitucional […]”.
[…]
“[…] En el contenido de la presente acción de tutela interpuesta, NO CUMPLE CON
LOS REQUISITOS PARA HABILITAR EL ESTUDIO DE LA ACCIÓN, porque la actora
no realizó un estudio de los requisitos específicos de procedencia ni tampoco acredita
la presunta vulneración del derecho fundamental, se puede evidenciar con el escrito
de tutela que el actor menciona una vulneración a derechos fundamentales por parte
de lo fallado por las autoridades judiciales aquí accionadas pero en ninguno de sus
acápites argumenta y justifica tal aseveración […]”.
[…]
“[…] La parte tutelante pretende que se revoque el numeral segundo de la sentencia
de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el
sentido de conceder los perjuicios materiales al demandante, argumentando que
“Frente a la decisión del A quo, la parte demandada interpone el recurso de apelación,
únicamente frente a los elementos de la responsabilidad y a los efectos de la Junta
Médico Militar, pero no se refiere a la tasación de perjuicios materiales en ningún
momento”, sin embargo, dicha manifestación no es de asidero, por cuanto la
apoderada del Ministerio de Defensa en su recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia, en el acápite “Motivos de inconformidad con el fallo”, manifestó:
“Así las cosas la parte demandante no logró demostrar que la lesión del señor JHON
STIVEN RUA CESPEDES lo inhabilite para desarrollar actividades de la vida civil; lo
tanto la condena por perjuicios morales, a salud y materiales no es procedente, al no
ser responsable administrativamente la Entidad que represento” (negrilla fuera del
texto); lo que a todas luces evidencia que el Ad quem si tenía la facultad de
pronunciarse sobre el particular, por lo tanto la judicatura respetó el debido proceso y
profirió su decisión valorando el material probatorio aportado al proceso y decidiendo
de conformidad con las normas vigentes aplicables al caso concreto […]”.
12. La Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia allegó
copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control
de reparación directa identificado con el número único de radicación
050013333005201300222-01.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19917, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20218 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 9, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
14. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las
autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados.
Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
15. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplieron
con los requisitos generales de procedencia de la subsidiariedad y de relevancia
constitucional.
16. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental a la igualdad; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
7 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
8 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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derecho fundamental al debido proceso; procediendo posteriormente a v) resolver
el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se
satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
17. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena10, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
18. Esta Sección adoptó11 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200512, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
19. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra.
María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328.
12 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”13 que encaje en dichos parámetros.
21. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
22. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201414.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
23. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de relevancia
constitucional y de subsidiariedad como requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, dispuesto por la sentencia C-590 de
2005, proferida por la Corte Constitucional15.
Acerca del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
24. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de
agosto de 201416, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, sostuvo lo siguiente:
13 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
15 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
16 Ut supra página 6.
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“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedencia tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [17]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”[18].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [19].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa dla (sic) actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedencia de la tutela
contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [20].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
[17] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[18] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[19] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[20] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
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relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [21]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [22].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [23]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedencia y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]” (Resaltado fuera del texto).
25. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha considerado24:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto objeto
de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto puesto a
consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”25
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
[21] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[22] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[23] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
24 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
25Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”26
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
26. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, y
esa presunta afectación no tiene su origen en un debate estrictamente legal,
económico o probatorio, ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con
satisfacer una carga argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por
las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en algunas de las causales
especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; y iii)
cuando se demuestra que el amparo presentado no se utiliza como una instancia
procesal adicional.
27. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202227 precisó, en
relación con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
26 Ibidem.
27 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
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acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).
Acerca del requisito general de agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales
28. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos
86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 28, indica que
la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener la
protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone su
procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.
29. En ese orden de ideas, uno de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales es el agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios que existen en el ordenamiento jurídico para controvertir
la providencia atacada, teniendo en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo
subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se encuentra en presencia de un
perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso concreto que dichos
mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de los derechos
fundamentales.
30. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional29:
“[…] Bajo esta perspectiva, la sentencia T-211 de 200930 precisó al menos cuatro
razones por las que el estudio del requisito de subsidiariedad es fundamental para
determinar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:
“La primera consiste en que las sentencias son decisiones emanadas de un juez que
recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción
determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia.
Cuando la acción de tutela se instaura como recurso alternativo o como último
recurso judicial para obtener una decisión favorable en cualquier materia, se
desconoce la división de competencias que la misma Carta ha delineado, y se niega
el principio de especialidad de la jurisdicción. Adicionalmente, cuando se promueve
28 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
29 Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 8 de marzo de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
30 Corte, Constitucional, sentencia T-211 de 27 de marzo de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En el
mismo sentido, puede consultarse Corte Constitucional, sentencia T-649 de 1 de septiembre de 2011, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva, en la cual se estudió la idoneidad y eficacia del recurso de revisión en la
jurisdicción contencioso administrativa que hacía improcedente la acción de tutela porque existía otro medio
de defensa judicial.
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el amparo de manera complementaria a los procesos judiciales ordinarios, la
decisión del juez constitucional –que por la naturaleza de la acción de tutela tendrá
que adoptar una decisión en menor tiempo- puede terminar imponiendo
interpretaciones de carácter legal al juez que está encargado del proceso.
En uno y otro caso, la acción de tutela que no es presentada con apego estricto al
principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la
cual, una persona sólo puede ser procesada por su “juez natural”.
Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial. Las
etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio
de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo
que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido que la
sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de instrumentos dirigidos a la
preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal
como lo acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original). Por tanto, no es
admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho
fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso,
pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas
necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales que
puedan afectarle.
Como tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales,
cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de protección, atenta contra
la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace parte de los fines naturales de la
acción de tutela el causar incertidumbre jurídica entre los asociados. Por esto, la
Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende
sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o están
pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de
subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro
recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones a
derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad
jurídica.”
7. En suma, corresponde al juez constitucional evaluar de forma rigurosa la
subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales teniendo en
cuenta las pautas generales sobre la existencia de otros medios de defensa judicial
y si se trata de un proceso concluido o en curso. La anterior verificación del requisito
de subsidiariedad conlleva la salvaguarda de las siguientes garantías: i) el juez
natural; ii) el respeto por el debido proceso propio de cada actuación judicial; y iii) la
protección de la seguridad jurídica y la cosa juzgada […]”.
31. En ese orden de ideas, quien interponga una acción de tutela contra
providencias judiciales, debe agotar previamente todos los recursos ordinarios y
extraordinarios.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
32. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
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“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
33. Atendiendo a que la Corte Constitucional31 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
34. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
35. Atendiendo a que, la Corte Constitucional32 ha definido el derecho al debido
31 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
32 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Análisis del caso concreto
36. Los actores, en nombre propio, presentaron acción de tutela contra la Sala
Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 10 de abril de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 050013333005201300222-01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.
37. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
38. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.
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Acervo y análisis probatorios
39. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
39.1. Copia digital del expediente de proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de reparación directa identificado con el número único de radicación
050013333005201300222-01.
Solución al caso en concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional
40. Para la Sala, frente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, que señalaron los actores, el presente asunto no se encuentra comprendido
dentro de los que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara
relevancia constitucional. Los actores señalaron que:
“[…] De ello se desprende una importante diferencia que desconoce el Tribunal en el
presente caso, para no reconocer los perjuicios materiales, pues es de reiterar que
en pacifica jurisprudencia se ha establecido la diferencia de la relación que vincula a
los soldados conscriptos y los soldados profesionales respecto del Ejército, ya que
los primeros no cuentan con un vínculo laboral, sino que su vínculo se desprende del
cumplimiento de un deber que impone la Constitución Política, para el caso de los
segundos, sí se establece una relación laboral-legal, teniendo en cuenta esto, la
sentencia emitida por el Tribunal es sumamente alejada del precedente al establecer
que la prestación otorgada al joven Jhon Estiven Rúa por un concepto de $5.979.000,
se refiere al reconocimiento del lucro cesante, lo cual es erróneo y no constituye una
acumulación de pretensiones toda vez que ambas indemnizaciones tiene diferente
origen y no hacen referencia al mismo concepto […]”.
[…]
“[…] En el presente caso, se evidencia claramente el desconocimiento del precedente
para modificar la Sentencia de primera instancia, puesto que el Consejo de Estado sí
se ha manifestado y ha sido enfático en que las indemnizaciones por vía
administrativa o reparación objetiva de manera prestacional a los soldados
CONSCRIPTOS, NO EXCLUYE de la obligación de reparación por los daños
causados durante la prestación del servicio militar obligatorio, pues debe de tenerse
en cuenta el régimen aplicable y la presunta relación laboral entre el soldado regular
y el Ejército Nacional, toda vez que es diferente a la relación entre un soldado
profesional y la entidad […]”.
41. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por los actores ya
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fue objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra
providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate
resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad judicial
accionada incurrió en la vulneración de derechos fundamentales.
42. Además de lo anterior, para la Sala, los actores plantean la afectación de
derechos fundamentales que tiene su origen en últimas en un debate estrictamente
legal, probatorio y económico el cual ya fue expuesto dentro del proceso de
reparación directa y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le
corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que
ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.
43. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el
escrito de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales […]”.
44. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de
tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes
transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia
se encuentra limitado a asuntos meramente legales, probatorios y económicos cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
45. Para la Sala, la controversia planteada por los actores es de naturaleza
puramente legal, probatoria y económica; y no gira en torno al contenido, alcance y
goce de los derechos fundamentales indicados supra.
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46. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada,
es decir, los actores acuden al juez constitucional buscando la corrección del criterio
jurídico del juez natural y reabrir un debate legal, probatorio y económico concluido
que escapa de la órbita de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, los
actores alegan la vulneración de los derechos fundamentales indicados supra, el
criterio de la relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación,
sino mediante la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o
vulneración de los mismos, lo cual no aconteció en el caso sub examine.
47. Los supuestos de vulneración a los derechos fundamentales a la igualdad y
al debido proceso enunciados por los actores, no se evidencian en el caso sub
examine, toda vez que el proceso de reparación directa se adelantó ante el juez
competente, en respeto de las formas propias del proceso, y respetó el derecho de
presentar y controvertir las pruebas allegadas. Además, no concurre una situación
de amenaza o alguna causal de vulnerabilidad que amerite la actuación del juez
constitucional, no se trata de amparar los derechos fundamentales de un sujeto de
especial protección constitucional.
48. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal,
probatorio y económico, no es una circunstancia que habilite por sí misma la
procedencia de la tutela contra una providencia judicial.
49. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple
con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del
marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien
los actores enuncian la trasgresión de los derechos fundamentales a la igualdad y
al debido proceso, esa presunta afectación tiene su origen en un debate
estrictamente legal, probatorio y económico.
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de
subsidiariedad
50. Ahora bien, frente al cargo por vulneración del principio de la congruencia de
la sentencia acusada, esta Sección considera que no se cumple con el requisito
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general de procedencia de la subsidiariedad, toda vez que, los actores cuentan con
otro medio de defensa judicial, que es el recurso extraordinario de revisión.
51. En efecto, esta Sección33 al resolver un asunto en el que se discutía el
desconocimiento del principio de congruencia de la sentencia, señaló:
“[…] En efecto de acuerdo con la decisión adoptada por la Sala 22 Especial de
Revisión de esta Corporación34, y acogida por esta Corporación en posteriores
providencias35, el desconocimiento del principio de congruencia da lugar a la nulidad
originada en la sentencia, situación que se encuentra prevista como una de las
causales que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión, en los términos
del numeral 5º del artículo 250 del CPACA.
Señala la providencia en mención lo siguiente:
“[…] 2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad
de la sentencia
Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala Plena
Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo 188
del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la
sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le
condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.
Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión contra los
fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega
el desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas implica una
actuación sin competencia […]”.
[…]
“[…] En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que
la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -
antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se
puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la
congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre
en una clara violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que
la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de
cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente
a los cuales no se podía pronunciar […]”. (Resaltado por la Sala)
52. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, con fundamento en la
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de
2018, número único de radicación 11001 03 15 000 2017 03037 00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 2 de febrero de
2016, número único de radicación: 11001-03-15-000-2015-02342-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 4 de octubre de
2017, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-02229-00(AC), C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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Núm. único de radicación: 110010315000202402023-00
Actores: Jhon Stiven Rúa Céspedes y otros
jurisprudencia citada supra, existen en el caso sub examine otros mecanismos de
control judicial para garantizar la protección de los derechos de los actores, como
lo es el recurso extraordinario de revisión, previo al cumplimiento de los requisitos
legales, para controvertir lo decidido en la sentencia, respecto de la presunta
vulneración del principio de congruencia, antes de acudir a la acción de tutela36.
53. Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala considera que en el presente
caso no se cumple con el requisito general de procedencia de subsidiariedad, toda
vez que, previo al cumplimiento de los requisitos legales, los actores cuentan con el
recurso extraordinario de revisión.
Análisis del perjuicio irremediable
54. Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.
55. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela, la Corte Constitucional37 ha considerado que:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así
lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha
de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”38[…]”.
36 Frente al incumplimiento del requisito de subsidiariedad dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales cuando se alega un defecto procedimental por violación del principio de congruencia y
la parte actora cuenta con un mecanismo idóneo y eficaz para lograr la protección de sus derechos
fundamentales, como lo es el recurso extraordinario de revisión, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2018, C.P Hernando Sánchez Sánchez,
número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-03664-00, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de diciembre de 2018, C.P Hernando Sánchez Sánchez,
número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-03870-00.
37 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
38 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
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Núm. único de radicación: 110010315000202402023-00
Actores: Jhon Stiven Rúa Céspedes y otros
56. En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. En efecto, del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que los actores se
encuentren en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales.
57. La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo
para lograr la protección de los derechos alegados, en atención a que se trata de
un mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan
otros recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses de
los afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable que en el presente caso no se configuró.
Conclusiones de la Sala
58. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela que presentaron los actores contra la autoridad judicial accionada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela que presentaron
los actores contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
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Actores: Jhon Stiven Rúa Céspedes y otros
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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