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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-02052-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02052-00

Fecha
20 de junio de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02052-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora María Patricia Tobón Yagarí, respecto a los autos proferidos el 24 de julio de 2023 y el 31 de julio de 2023, por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente, en el trámite incidental de la acción de tutela identificada con el radicado nro. 05001 33 33 021 2023 00037 00/03, por no cumplir con el requisito general de inmediatez. 51 Conforme lo dispuesto por el inciso primero del artículo 120 del Código General del Proceso. 36 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2024 02052 00 Accionante: María Patricia Tobón Yagarí SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al buen nombre de la señora María Patricia Tobón Yagarí, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS los autos proferidos el 20 de octubre de 2023 por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Medellín, el 27 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad y el 12 de marzo de 2024 por el precitado juzgado, en el trámite incidental por desacato de la acción de tutela identificada con el radicado nro. 05001 33 33 021 2023 00037 00/04. CUARTO: ORDENAR al Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Medellín que, en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión teniendo en cuenta las consideraciones aquí expuestas. QUINTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02052-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

20 de junio de 2024

Radicación: 11001 03 15 000 2024 02052 00
Accionante: María Patricia Tobón Yagarí

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 02052 00
Accionante: MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ
Accionados: JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE MEDELLÍN Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUÍA - SALA PRIMERA DE ORALIDAD

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando se
interpone después de seis meses de notificadas las
decisiones judiciales que se cuestionan.

Vulnera el derecho fundamental al buen nombre e
incurre en violación directa de la Constitución la
providencia judicial que impuso una sanción por
desacato, sin tener en cuenta que la orden de tutela no
era posible cumplirla.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora María Patricia
Tobón Yagarí en contra del Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito
de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Oralidad.

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Accionante: María Patricia Tobón Yagarí

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora María Patricia Tobón Yagarí, actuando en nombre propio,
promovió acción de tutela en contra de las precitadas autoridades
judiciales, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de buen
nombre, al patrimonio, al acceso a la administración de justicia, al
debido proceso de la suscrita, y en consecuencia, se ordena al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA
PRIMERA DE DECISIÓN Y JUZGADO VEINTIUNO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN –
ANTIOQUIA, ordenar a dicha autoridad judicial que deje sin efectos
las providencias fechadas el 24 de julio de 2023 y 20 de octubre de
2023, proferidas por el JUZGADO VEINTIUNO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN –
ANTIOQUIA, y confirmadas por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA PRIMERA DE
DECISIÓN, en donde decidió sancionar a la suscrita con multa de
(1) S.M.L.M.V. en cumplimiento de la Sentencia SU – 034 de 2018
y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, en la medida que
no hay posibilidad de señalar fecha de pago y en la actualidad no
cuenta con criterios que permitan acceder al pago de la medida de
indemnización de manera priorizada en la presente vigencia fiscal,
con fundamento en la Resolución nro. 01049 de 2019.

SEGUNDO: DECLARAR la inexistencia de responsabilidad subjetiva
en el trámite incidental de desacato y en la falta de cumplimiento de
la orden judicial.

TERCERO: ORDENAR al JUZGADO VEINTIUNO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN –
ANTIOQUIA y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA – SALA PRIMERA DE DECISIÓN, que comuniquen a
la autoridad encargada de la ejecución de la sanción pecuniaria,
dada la falta de responsabilidad subjetiva en el cumplimiento de la
orden judicial.

CUARTO: CONMINAR al JUZGADO VEINTIUNO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN –
ANTIOQUIA y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA – SALA PRIMERA DE DECISIÓN, a que acaten y
apliquen los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia
del levantamiento de la sanción, con base en la naturaleza
persuasiva del incidente de desacato […]”. (Mayúsculas y negrillas
originales del escrito de tutela).

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2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que la señora Geny Patricia Vélez Echavarría
interpuso acción de tutela en contra de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral de las Víctimas – UARIV, con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales de petición y debido proceso, y
se le indicara una fecha cierta para el pago de la indemnización
administrativa reconocida por dicha entidad a su favor, por el hecho
victimizante de homicidio del señor John Jaime Vélez Echavarría.

Manifestó que la tutela correspondió por reparto al Juzgado Veintiuno
Administrativo del Circuito de Medellín que en auto del 3 de febrero de
2023 la admitió.

Señaló que, “(…) notificada de la acción de tutela, la Unidad para las
Víctimas radicó escrito de contestación informando la imposibilidad de
brindar fecha de pago de la medida de indemnización a personas que no
cuentan con criterios de priorización, y que la fecha de pago dependerá
del resultado del método técnico de priorización al no contar con criterios
de priorización por edad, enfermedad o discapacidad (…)”2.

Indicó que en fallo proferido el 10 de febrero de 2023, el Juzgado
Veintiuno Administrativo del Circuito de Medellín negó el amparo
solicitado por carencia actual de objeto por hecho superado.

Anotó que, inconforme con la anterior decisión, la señora Vélez Echavarría
la impugnó y la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia, en sentencia del 13 de marzo de 2023 la revocó y, en su lugar,
tuteló los derechos fundamentales de petición y debido proceso invocados
y ordenó a la UARIV que, dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles
siguientes a la notificación de dicha decisión, suministrara la respuesta de
fondo a la petición presentada por la señora Vélez Echavarría, indicando

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la fecha probable en la cual tendría acceso efectivo a la medida de
indemnización administrativa.

Sostuvo que la UARIV, en escrito presentado el 15 de marzo de 2023,
informó nuevamente al despacho que el resultado del método técnico de
priorización del año 2022 decidió la improcedencia de efectuar el pago de
la medida de indemnización administrativa debido a que el puntaje
obtenido no alcanzaba para acceder en esa vigencia fiscal y, por ende,
debía esperar la aplicación del método técnico de priorización que se haría
en el año 2023.

Expuso que la señora Vélez Echavarría promovió incidente de desacato y
que el juzgado requirió a la UARIV para que informara las gestiones
administrativas desplegadas para acreditar el cumplimiento de la orden
de tutela.

Adujo que la UARIV atendió el requerimiento de la autoridad judicial e
informó las gestiones administrativas realizadas frente a la aplicación del
método técnico de priorización que se llevó a cabo en el año 2023 y
reportó que no fue posible asignar fecha de pago a la señora Vélez
Echavarría porque no contaba con criterios de priorización.

Agregó que “(…) de acuerdo con la normatividad que regula la materia,
es necesario esperar al resultado favorable del método técnico de
priorización el cual define si el pago de los recursos se hará o no durante
la vigencia fiscal o deberá esperar a una vigencia futura, en igualdad de
condiciones que las demás víctimas del conflicto armado que se
encuentran a la espera de una fecha cierta para el pago de los recursos
por no contar con criterios de priorización (…)”3.

Precisó que, “(…) a pesar de lo anterior, el Juzgado Veintiuno
Administrativo Oral del Circuito de Medellín – Antioquia, mediante
providencia de fecha 16 de junio de 2023, decidió declarar en desacato a

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Accionante: María Patricia Tobón Yagarí

la suscrita (…) a pesar de no ser la funcionaria competente para acreditar
el cumplimiento de la orden, por no señalar una fecha para el pago de la
indemnización administrativa en favor de la accionante, sancionándome
con multa de un (1) S.M.L.M.V. decisión que fue declarada nula por el
superior en proveído de fecha 23 de junio de 2023 (…)”4.

La accionante informó que, en auto del 7 de julio de 2023, el Juzgado
Veintiuno Administrativo Oral del Circuito de Medellín inició un nuevo
trámite incidental y que, a pesar de la nueva respuesta suministrada por
la UARIV, en providencia del 24 de julio de 2023 decidió declararla en
desacato y le impuso una multa de un (1) S.M.L.M.V, decisión que fue
confirmada por el superior.

Manifestó que “(…) en proveído de fecha 20 de octubre de 2023, decidió
declarar nuevamente a la suscrita en desacato y en consecuencia impuso
una sanción de multa de un (1) SMLMV, decisión que fue confirmada por
el superior, a pesar de haber informado textualmente quien es la
funcionaria competente para acreditar el cumplimiento de la orden judicial
(…)”5.

Resaltó que la UARIV allegó escrito indicando las gestiones
administrativas tendientes a dar cumplimiento a la orden judicial,
informando su falta de competencia para dar cumplimiento y de la
imposibilidad de indicarle a la señora Geny Patricia Vélez Echavarría una
fecha probable para el pago de la indemnización administrativa.

Aseveró que “(…) [la] accionante ya cobró la medida de indemnización
por otro hecho victimizante, cuando hay víctimas que aun contando con
criterios de priorización no han cobrado ni la primera medida y tampoco
ha sido posible brindarles fecha de pago por falta de capacidad
presupuestal (…)”6.

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Ibidem.
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Ibidem.
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Señaló que la UARIV elevó solicitud de inaplicación de las sanciones
impuestas, sin embargo, esta fue negada en auto del 12 de marzo de
2024 proferido por el juzgado accionado, bajo la consideración que la
decisión del tribunal fue informar una fecha de pago cierta en la cual se
efectuaría la entrega de la indemnización administrativa.

Argumentó que conforme con el fallo de tutela de segunda instancia
proferido por la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia en el que se ordenó a la UARIV emitir respuesta en la que se
indicara la vigencia en la cual se efectuaría el pago de la indemnización
administrativa a la señora Geny Patricia Vélez Echavarría, la entidad dio
respuesta a la petición mediante comunicación identificada con el
radicado Lex 7473400, por medio de la cual se le informó que “(…) la
entidad procedió a incluir su caso particular en la práctica del método
técnico de priorización del 2023, y en virtud de ello se asignó un puntaje
como resultado de la ponderación de los componentes de dicho
procedimiento el cual arrojó como resultado el valor de 13.7983 y el
puntaje mínimo para acceder a la medida fue de 27.1273, es decir, que
de acuerdo con la capacidad presupuestal anual con la que cuenta la
entidad, no fue posible pagar en su favor en la presente vigencia fiscal la
medida de indemnización (…)”7.

Sostuvo que la UARIV ha hecho todas las gestiones administrativas a su
alcance para dar cumplimiento al fallo judicial, como lo es aplicar el
método técnico de priorización cada año validando si la señora Vélez
Echavarría cuenta o no con criterios de priorización para el pago, sin
embargo, dadas las circunstancias normativas que regulan la materia, por
el momento no es posible señalar una fecha probable para la entrega de
la indemnización administrativa.

Agregó que la falta de fijación de fecha cierta no es un capricho de la
entidad, sino que obedece al procedimiento administrativo adoptado por

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indicaciones de la Corte Constitucional, específicamente en el auto 206 de
2017, el cual dispuso que el director de la UARIV, en coordinación con el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Departamento Nacional de
Planeación, debía reglamentar el procedimiento que deben agotar las
personas víctimas del conflicto armado para la obtención de la
indemnización administrativa, con criterios puntuales y objetivos, por lo
que la UARIV profirió la Resolución nro. 01049 del 15 de marzo de 2019,
por medio de la cual se adoptó el procedimiento para reconocer y otorgar
la indemnización por vía administrativa y se creó el método técnico de
priorización.

Anotó que “(…) la señora Geny Patricia Vélez Echavarría fue sujeto al
procedimiento contemplado por la Resolución nro. 01049 de 2019,
culminando su actuar administrativo sin acreditar ninguna situación de
extrema vulnerabilidad en la recepción de los documentos allegados. Es
decir, que no le aplicaba ningún criterio de “priorización” para el pago de
la indemnización administrativa (…)”8.

Indicó que lo anterior se le informó a las accionadas a través de
memoriales a través de los cuales “(…) además de informar que la suscrita
accionante no es la funcionaria competente para acreditar el pago de los
recursos, también se informó la imposibilidad de señalar fecha de pago,
sin embargo, la decisión de los operadores hasta ahora ha sido,
desconocer las actuaciones positivas adelantadas, pretendiendo que la
entidad omita el deber legal que le asiste en dar cumplimiento estricto a
la normatividad legal vigente que regula la materia (…)”9.

Respecto a las causales específicas de procedibilidad de la acción de
tutela, alegó que la providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente establecido en la sentencia SU 037
de 2018 de la Corte Constitucional que señala expresamente las reglas
jurisprudenciales para que los jueces de tutela de primera instancia

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modulen el cumplimiento del fallo, en especial las que se relacionan con
el pago de indemnización administrativa.

Aseveró que también se incurrió en defecto fáctico por valoración
defectuosa del material probatorio allegado al proceso debido a que las
autoridades judiciales accionadas, al momento de valorar los escritos
emitidos por la UARIV, así como la resolución que resolvió el
reconocimiento a la medida indemnizatoria de la señora Vélez Echavarría,
valoró las pruebas de manera arbitraria, irracional y caprichosa, y sin
razón valedera dieron por no probado el cumplimiento del fallo de tutela
pese a que se explicó cuál es el procedimiento administrativo que debe
seguirse previo a suministrar fecha de pago. Agregó que tampoco se
valoró en forma íntegra el informe de cumplimiento dado a la orden
judicial por medio del cual se puso de manifiesto todas las acciones
realizadas por la UARIV y se expuso las razones por la cuales es imposible
señalar una fecha o vigencia probable para el pago de la indemnización
administrativa.

Manifestó que se presentó una violación directa de la Constitución, pues
las decisiones de las autoridades judiciales accionadas afectaron los
principios constitucionales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad
jurídica, a la confianza legítima en el sistema judicial y la buena fe, al
desconocer lo previsto en el auto 206 de 2017 y el procedimiento de
reconocimiento de inmunización administrativa establecido por la
Resolución nro. 01049 de 2019.

Finalmente, arguyó que el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito
de Medellín y la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia vulneraron su derecho fundamental al patrimonio y al buen
nombre, pues a pesar de que la UARIV presentó reiterados informes sobre
el cumplimiento del fallo de tutela, no ha sido posible obtener el
levantamiento de la sanción, comoquiera que dichas autoridades
judiciales consideran que no se ha dado cumplimiento a lo ordenado en
dicho fallo.

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3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 25 de abril de 202410 a través del aplicativo
de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y
correspondió por reparto a la Sección Primera que, por auto del 30 de
abril de 202411 la inadmitió puesto que examinado en su conjunto el
escrito de tutela, no se advirtió con claridad cuáles eran las decisiones
judiciales de las autoridades judiciales accionadas contra las cuales dirigía
la solicitud de amparo, por lo que se requirió a la accionante para que
corrigiera la petición formulada en el sentido de precisar cuáles son las
providencias judiciales específicas contra las cuales dirige su tutela.

3.2. Por escrito radicado a través de la ventanilla virtual de esta
Corporación12, la accionante manifestó que subsanaba el escrito de tutela
en los siguientes términos:

“[…] PRETENSIONES DE LA TUTELA

❖ La suscrita solicita vía tutela que el Consejo de Estado reconozca que
la imposibilidad de la Unidad para las Víctimas de informar una fecha
de pago de la vigencia en la cual le será entregada la indemnización
a la señora Geny Patricia Vélez Echavarría, no se traduce en una
responsabilidad subjetiva de la suscrita con base en lo establecido en
la jurisprudencia constitucional.

❖ Que como consecuencia de lo anterior se ordene dejar sin efectos los
autos del 12 de marzo de 2024, 24 de julio de 2023 y 20 de octubre
de 2023 emitidos por el Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del
Circuito de Medellín – Antioquia y los autos de fecha de fecha 31 de
julio de 2023 y 20 (sic) de octubre de 2023 emitidos por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Primera de Decisión (decisiones
que corresponden a los incidentes de desacato).

❖ Que, como consecuencia, se ordene al Juzgado Veintiuno
Administrativo Oral de Medellín – Antioquia emitir decisiones con base

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en la jurisprudencia y en la normatividad sentencia SU-034 de 2018
y auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, en la medida que no
hay posibilidad de señalar fecha de pago a víctimas del conflicto que
no acrediten criterios de priorización o que no resulten favorecidas
con la aplicación del método técnico de priorización, conforme al
procedimiento establecido en la Resolución nro. 01040 de 2019,
aplicando los precedentes jurisprudenciales.

❖ Que, como resultado de lo anterior, se ordene al Juzgado Veintiuno
Administrativo Oral del Circuito de Medellín – Antioquia y al Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Primera de Decisión, que
comuniquen la inaplicación, revocatoria o inejecución de las sanciones
a la autoridad encargada de ejecutarlas, dada la falta de
responsabilidad subjetiva en el incumplimiento de la orden judicial.

❖ Conminar al Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito de
Medellín – Antioquia y al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Primera de Decisión, a que acaten y apliquen los precedentes
jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de las
sanciones, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de
desacato y la falta de responsabilidad subjetiva del funcionario
encargado dada la falta de capacidad presupuestal de la entidad y la
imposibilidad de comprometer vigencias futuras.

HECHOS RELEVANTES DE LA TUTELA

(…)

❖ El Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito de Medellín –
Antioquia y el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera de
Decisión han adelantado varios incidentes de desacato que
concluyeron con la imposición sanciones de multa a la suscrita
accionante en providencias de fecha 24 de julio de 2023 y 20 de
octubre de 2023 equivalentes a un (1) SMLMV cada una, decisiones
que fueron confirmadas por el tribunal en proveídos del 31 de julio de
2023 y 27 de octubre de 2023 y actualmente tramitan un nuevo
trámite incidental de desacato.

❖ La suscrita elevó solicitud de inaplicación, inejecución, revocatoria o
suspensión de las sanciones de fecha 24 de julio de 2023 y 20 de
octubre de 2023, dada la imposibilidad legal y jurisprudencial de
brindar fecha de pago a la señora Geny Patricia Vélez Echavarría,
aportando para ello las jurisprudencias que respaldaban la solicitud.

❖ Mediante proveído de fecha 12 de marzo de 2024, el Juzgado
Veintiuno Administrativo Oral del Circuito de Medellín – Antioquia
negó la solicitud de (sic) atendiendo a que la decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Primero de Decisión fue informar
una fecha de pago de la vigencia en la cual le será entregada la
indemnización a la señora Geny Patricia Vélez Echavarría […]”.

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3.3. Por auto del 21 de mayo de 202413 esta Sección admitió la acción de
tutela y dispuso notificar14 al Juzgado Veintiuno Administrativo del
Circuito de Medellín y a los magistrados que integran la Sala Primera de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, como partes
accionadas, así como vincular15 a la señora Geny Patricia Vélez
Echavarría, como tercera interesada en el resultado del proceso.

De igual forma, solicitó al Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito
de Medellín y/o al Tribunal Administrativo de Antioquia que allegara copia
digital o el hipervínculo del expediente de la acción de tutela identificada
con el radicado nro. 05001 33 33 021 2023 00037 00/04, el cual fue
remitido16.

3.4. La titular del Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de
Medellín rindió informe17 en el que hizo un recuento del trámite impartido
en la acción de tutela identificada con el radicado nro. 05001 33 33 021
2023 00037 00, promovida por la señora Geny Patricia Vélez Echavarría
en contra de la UARIV, en la que, con posterioridad al fallo de segunda
instancia proferido el 13 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, en el que se ampararon los derechos fundamentales de la
señora Vélez Echavarría, se iniciaron cuatro incidentes de desacato en
contra de la UARIV al considerar que no ha dado cumplimiento al
precitado fallo.

Indicó que “(…) el primer incidente de desacato fue resuelto el 24 de julio
de 2023, a través del cual se sancionó a Patricia Tobón Yagarí, en su
calidad de representante legal de la Unidad Administrativa Especial para

13
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02052 00.
14
Esta orden se cumplió el 23 de mayo de 2024. Visto en el índice 14 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
02052 00.
15
Esta orden se cumplió el 28 de mayo de 2024. Visto en los índices 19 y 20 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
02052 00.
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Visto en los índices 16 y 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02052 00.
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Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02052 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 02052 00
Accionante: María Patricia Tobón Yagarí

la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, con multa equivalente
a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. Sanción que fue
confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en sede de
consulta el 31 de julio de 2023. // El segundo incidente de desacato fue
resuelto el 20 de octubre de 2023 y sancionó nuevamente a la
representante legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y la Reparación Integral a las víctimas. Sanción que fue confirmada por
el Tribunal Administrativo de Antioquia en sede de consulta el 27 de
octubre de 2023. // El tercer incidente fue resuelto el 12 de marzo de
2024, allí se declaró, nuevamente, el desacato de la orden impuesta y se
sancionó con multa equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente. Sanción que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en sede de consulta el 15 de marzo de 2024. Por último, el
cuarto incidente está en trámite en este juzgado (…)”.

Expuso que las precitadas providencias coincidieron en determinar que
existe por parte de la UARIV una omisión en el cumplimiento del fallo de
tutela del 13 de marzo de 2023, el cual fue explícito en señalar que debía
indicar una fecha, siquiera estimada, en la que se realizará el pago de la
indemnización administrativa reconocida a la señora Geny Patricia Vélez
Echavarría.

Sostuvo que las decisiones proferidas por el despacho a su cargo están
debidamente sustentadas en el material probatorio obrante en el proceso
del cual se estableció que, si bien se reconoció a la señora Vélez
Echavarría una indemnización administrativa por el hecho victimizante del
homicidio del señor John Jaime Vélez Echavarría, lo cierto es que nunca
se le indicó la fecha del pago.

En consecuencia, solicitó que se nieguen las pretensiones de la
accionante, comoquiera que las providencias cuestionadas no vulneraron
sus derechos fundamentales.

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Accionante: María Patricia Tobón Yagarí

3.5. El despacho 005 del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Oralidad remitió el expediente solicitado18, sin embargo, no se
pronunció sobre los hechos de la acción de tutela.

3.6. La señora Geny Patricia Vélez Echavarría guardó silencio.

3.7. El expediente ingresó al despacho para fallo el 5 de junio de 202419.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199120 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,21 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202122, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201923 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente24:

18
Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02052 00.
19
Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02052 00.
20
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
21
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
22
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
23
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
24
Lo que se desprende del expediente de la acción de tutela y los incidentes de desacato
identificados con el radicado nro. 05001 33 33 021 2023 00037 00/04. Visto en el índice
18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2024 02052 00.
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4.2.1. Expediente acción de tutela identificada con el radicado nro.
05001 33 33 021 2023 00037 00/0125

4.2.1.1. El Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Medellín, en
fallo de tutela proferido el 10 de febrero de 2023 resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Por configuración de un hecho superado, no se
brinda protección al derecho de petición de información invocado
en la acción de tutela por parte de la señora GENY PATRICIA VELEZ
ECHAVARRIA (…) en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS. Lo anterior teniendo en cuenta que el director de la
UARIV, el pasado 6 de febrero del 2023 notificó a la parte actora el
resultado de la aplicación del Método Técnico de Priorización que
realizó el pasado 31 de julio del 2022 […]”. (Mayúsculas y negrillas
originales de la providencia).

4.2.1.2. La precitada decisión fue impugnada por la señora Geny Patricia
Vélez Echavarría. El Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia de
segunda instancia proferida el 13 de marzo de 2023 la revocó y, en su
lugar, dispuso:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia del diez (10) de febrero de
dos mil veintitrés (2023) proferida por el Juzgado Veintiuno (21)
Administrativo del circuito de Medellín, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Tutelar los derechos fundamentales de petición y debido
proceso administrativo de la señora GENY PATRICIA VÉLEZ
ECHAVARRÍA, vulnerados por la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS – UARIV.

TERCERO: SE ORDENA a la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A
LAS VÍCTIMAS - UARIV, que dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas hábiles siguientes a la notificación de esta providencia,
suministre la respuesta de fondo a la petición presentada por la
señora GENY PATRICIA VÉLEZ ECHAVARRÍA, indicando la fecha
probable en la cual tendrá acceso efectivo a la medida de
indemnización administrativa de la cual es beneficiaria […]”.
(Mayúsculas y negrillas originales de la providencia).

25
Documento denominado “C01Cuaderno Principal” del expediente de la acción de tutela
identificado con el radicado nro. 05001 33 33 021 2023 00037 00. Visto en el índice 18
de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03
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4.2.2. Incidente de desacato identificado con el radicado nro.
05001 33 33 021 2023 00037 00/0326

4.2.2.1. El 15 de mayo de 2023, la señora Geny Patricia Vélez Echavarría
solicitó al Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Medellín que
ordenara a la UARIV el cumplimiento del fallo de tutela proferido por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, comoquiera que “(…) esta entidad
no da respuesta clara y precisa a las órdenes impartidas (…)”.

4.2.2.2. El Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Medellín, por
auto del 7 de julio de 2023 dispuso:

“[…] Se ordena la apertura de incidente de desacato en contra la
doctora PATRICIA TOBON YAGARI, en calidad de Representante
Legal de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS y se
ordena notificar la presente providencia, otorgándole un término
máximo de dos (2) días, para que se pronuncien al respecto […]”.
(Mayúsculas y negrillas originales de la providencia).

4.2.2.3. El 10 de julio de 2023, la representante judicial de la UARIV dio
respuesta al requerimiento indicando que:

“[…] se informa que se emitió respuesta de fondo a la solicitud de la
accionante comunicación Cod Lex 7462424 enviada al correo
electrónico aportado en tutela.

(…)

(…) no hay lugar a dar apertura al trámite incidental, toda vez que
la Unidad realizó cumplimiento a fallo mediante comunicación a la
accionante, en el cual informó acerca de la indemnización
administrativa, se reconoce la medida y condicionó su entrega a la
aplicación del método técnico de priorización, ya que no acreditó
alguna situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidades
(sic), por tanto, se le informó los resultados de la aplicación del
método técnico de priorización 2022, los requisitos para priorizar la
medida, la imposibilidad de brindar fecha cierta o probable de pago,
se indicó que se aplicará nuevamente el método técnico de
priorización en la presente vigencia 2023 en el mes de septiembre.

(…)

26
Documento denominado “C02IncidenteDesacato” del expediente de la acción de tutela
identificado con el radicado nro. 05001 33 33 021 2023 00037 00. Visto en el índice 18
de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03
15 000 2024 02052 00.
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Para mayor claridad le informamos que el Método Técnico es:

• Un proceso técnico que le permite a la Unidad para las Víctimas
generar el orden más apropiado para entregar la indemnización
administrativa de acuerdo con la disponibilidad presupuestal
destinada para tal fin.

• Se aplicará anualmente y será respecto de la totalidad de víctimas
que al finalizar el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior
cuenten con decisión de reconocimiento de indemnización
administrativa a su favor.

• En el evento de no alcanzar la disponibilidad presupuestal para el
desembolso de la medida de indemnización de acuerdo con el orden
establecido en la aplicación del Método Técnico de Priorización, se
pondrá a disposición de las víctimas la información que les permitirá
saber que su desembolso no fue priorizado y que se deberá aplicar
nuevamente este proceso técnico en la vigencia siguiente, con el
propósito de establecer un nuevo orden de entrega.

Por lo anterior, es muy importante indicar al despacho que no es
posible brindar fecha cierta o probable de pago de la indemnización,
teniendo en cuenta los preceptos de la Resolución 1049 de 2019 y
que en tal sentido la señora Geny Patricia Vélez Echavarría no
acreditó alguna situación de urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidades (sic) […]”.

4.2.2.4. El Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Medellín, por
auto del 24 de julio de 2023 dispuso:

“[…] PRIMERO: DECLARAR que la DOCTORA PATRICIA TOBON
YAGARÍ en calidad de Representante Legal de la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL
A ALS VÍCTIMAS – UARIV, ha desacatado la sentencia de segunda
instancia emitida por el Honorable Tribunal Administrativo de
Antioquia, el día 13 de marzo del 2023, dentro de la acción de tutela
interpuesta por la señora Geny Patricia Vélez Echavarría (…).

SEGUNDO: Se impone a la DOCTORA PATRICIA TOBON YAGARÍ
en calidad de Representante Legal de la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
– UARIV, una sanción equivalente a un salario mínimo mensual legal
vigente […]”. (Mayúsculas, negrillas y resaltado originales de la
providencia).

4.2.2.5. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad,
por auto del 31 de julio de 2023, al resolver el grado jurisdiccional de
consulta confirmó la sanción por desacato impuesta a la señora María
Patricia Tobón Yagarí.
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4.2.3. Incidente de desacato identificado con el radicado nro.
05001 33 33 021 2023 00037 00/0427

4.2.3.1. El 15 de septiembre de 2023, la señora Geny Patricia Vélez
Echavarría solicitó nuevamente al Juzgado Veintiuno Administrativo del
Circuito de Medellín que se ordenara a la UARIV “(…) que de cumplimiento
con lo ordenado en primer lugar por su honorable despacho y en segundo
lugar por el Tribunal Administrativo de Antioquia, ya que la Sra. María
Patricia Tobón Yagarí, hace caso omiso a lo ordenado por los distintos
jueces de la república, violando así los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario (…)”.

4.2.3.2. Por auto del 25 de septiembre de 2023, el Juzgado Veintiuno
Administrativo del Circuito de Medellín dispuso lo siguiente:

“[…] PRIMERO: REQUIÉRASE al representante legal o a quien haga
sus veces de Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas – UARIV, previo a la apertura de incidente de
desacato, para que en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles
subsiguientes a la notificación de la presente providencia se sirva dar
cumplimiento a fallo de tutela, proferido por el Tribunal Administrativo
de Antioquia el 13 de marzo de 2023, e informar al actor y al despacho
la decisión que hubiese adoptado […]”. (Mayúsculas y negrillas
originales de la providencia).

4.2.3.3. El 26 de septiembre de 2023, la representante judicial de la
UARIV dio respuesta al requerimiento previo a desacato, en los siguientes
términos:

“[…] La sanción impuesta a la Dra. Patricia Tobón Yagarí está llamada
a ser inaplicada, considerando que nos encontramos ante una orden
judicial que resulta imposible de cumplir, toda vez que no es viable
informar a Geny Patricia Vélez Echavarría la fecha probable en la cual
tendrá acceso efectivo a la medida de indemnización administrativa
reconocida mediante Resolución nro. 04102019-961687 del 23 de
diciembre de 2020, esto teniendo en cuenta que, si bien es cierto se
reconoció el derecho a la medida de indemnización por el hecho
victimizante de homicidio de Jhon Jaime Vélez Echavarría, también lo

27
Documento denominado “C03IncidenteDesacatoNuevo18-09-2023” del expediente de
la acción de tutela identificado con el radicado nro. 05001 33 33 021 2023 00037 00.
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02052 00.
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Accionante: María Patricia Tobón Yagarí

es que dicho acto administrativo supeditó el pago de la misma a la
aplicación del Método Técnico de Priorización.

Método que para el caso de Geny Patricia fue aplicado el año 2022 y
del resultado se determinó que NO es procedente materializar la
entrega de la medida indemnizatorio en la vigencia fiscal 2022,
resultado que le fue remitido al extremo actor mediante comunicación
emitida el 25 de julio de 2023 bajo el radicado 2023-1036524-1.

Por otro lado, es necesario que se considere que la medida no se
puede materializar la entrega de la medida indemnizatoria, en
atención a que la accionante no acreditó un (sic) situación de urgencia
manifiesta o extrema vulnerabilidad establecidos en el artículo 4 de
la Resolución 1049 de 2019 y artículo primero de la Resolución 582
de 2021, y tampoco resultó favorecida en la aplicación del método
técnico de priorización 2022 […]”.

En consecuencia, solicitó lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA de
dar cumplimiento al fallo judicial dado que Geny Patricia Vélez
Echavarría no han (sic) sido priorizados (sic) para recibir el pago de
la indemnización administrativa y no han (sic) demostrada tener
alguno de los criterios de urgencia o extrema vulnerabilidad
contenidos en los artículos 4 de la Resolución 1049 de 2019 y primero
de la Resolución 582 de 26 de abril de 2021, así mismo que de la
aplicación método técnico de priorización de (sic) determinó que NO
es procedente materializar la entrega de la medida indemnización en
la vigencia fisca (sic) 2022, razón por la cual no se le puede informar
la fecha probable en la cual tendrá acceso efectivo a la medida de
indemnización administrativa.

SEGUNDO: INAPLIQUESE la sanción impuesta en auto de fecha 24
de julio de 2023 a la Dra. Patricia Tobón Yagarí y desvincúlese a la
misma por las razones expuestas en el presente memorial […]”.
(Mayúsculas y negrillas originales del escrito).

4.2.3.4. Por auto del 3 de octubre de 2023, el Juzgado Veintiuno
Administrativo del Circuito de Medellín resolvió:

“[…] PRIMERO: NEGAR la solicitud de inaplicación de la sanción
impuesta por este despacho mediante auto de 25 (sic) de julio de
2023 a la doctora Patricia Tobón Yagarí, en calidad de representante
legal de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas – UARIV, con ocasión del incidente de desacato
promovido dentro de la acción de tutela incoada por la accionante.

SEGUNDO: Abrir incidente por desacato en contra de la señora
María Patricia Tobón Yagarí, en su calidad de representante legal de
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación
Integral a las Víctimas (…), para que, en un término máximo de tres
(3) días, proceda sin más dilaciones al cumplimiento de la sentencia
que se emitió el 13 de marzo de 2023, por el Honorable Tribunal
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Administrativo de Antioquia dentro del expediente de la referencia
[…]”. (Mayúsculas y negrillas originales de la providencia).

4.2.3.5. El 3 de octubre de 2023, la representante judicial de la UARIV
rindió informe de incidente de desacato en el que alegó que, en
cumplimiento de la orden judicial, mediante comunicación identificada con
el código Lex 7473400 se le dio respuesta a la señora Geny Patricia Vélez
Echavarría, en los siguientes términos:

“[…] la Entidad procedió a incluir su caso particular en la práctica del
método técnico de priorización del 2023, y en virtud de ellos se asignó
un puntaje como resultado de la ponderación de los componentes de
dicho procedimiento el cual arrojó como resultado el valor de 13.7983
y el puntaje mínimo para acceder a la medida fue de 27.1273, es
decir que de acuerdo con la capacidad presupuestal anual con la que
cuenta la entidad, no fue posible pagar en su favor en la presente
vigencia fiscal la medida de indemnización (…).

Así las cosas, comoquiera que usted no cuenta con criterios de
priorización por edad, enfermedad o discapacidad y ya cobró una de
las medidas de indemnización que le han sido reconocidas, a
diferencia de otras víctimas del conflicto armado que aun estando
priorizadas no han podido acceder al pago de la primera
indemnización, deberá esperar que la entidad culmine el pago de los
recursos en favor de todas las víctimas del conflicto al menos una vez
o en su defecto esperar a resultar favorecida en la aplicación del
método técnico de priorización que se realiza de manera anual […]”.

4.2.3.6. Por auto del 20 de octubre de 2023, el Juzgado Veintiuno
Administrativo del Circuito de Medellín, dispuso:

“[…] PRIMERO: DECLÁRESE que María Patricia Tobón Yagarí (…),
en su condición de Representante Legal de la Unidad Administrativa
Especial de Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, incurrió en
desacato al fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 13 de marzo de 2023 dentro de este expediente.

SEGUNDO: SANCIÓNESE a María Patricia Tobón Yagarí (…), en su
condición de Representante Legal de la Unidad Administrativa
Especial de Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, con multa
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, multa que
deberá consignar a favor del Consejo Superior de la Judicatura […]”.
(Mayúsculas y negrillas originales de la providencia).

4.2.3.7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad,
en auto proferido el 27 de octubre de 2023, al resolver el grado

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jurisdiccional de consulta, confirmó la sanción por desacato impuesta a la
señora María Patricia Tobón Yagarí.

4.2.3.8. Por oficio identificado con el radicado nro. 2024-02003071-1 del
20 de febrero de 2024, la representante judicial de la UARIV solicitó al
Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Medellín que inaplicara
las sanciones impuestas a la señora María Patricia Tobón Yagarí.

4.2.3.9. El Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Medellín, en
auto interlocutorio nro. 109 del 12 de marzo de 2024, dispuso lo
siguiente:

“[…] PRIMERO: NIÉGUESE la solicitud de inaplicación de la sanción
impuesta por este despacho mediante auto de 20 de octubre de 2023
a la doctora PATRICIA TOBÓN YAGARÍ, en calidad de representante
legal de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS – UARIV, con ocasión del
incidente de desacato promovido dentro de la acción de tutela incoada
por la accionante Geny Patricia Vélez Echavarría […]”.

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, la parte actora promovió acción de tutela
pretendiendo la protección de sus derechos fundamentales que estima
fueron vulnerados con ocasión de las providencias proferidas el 24 de julio
de 2023, el 20 de octubre de 2023 y el 12 de marzo de 2024 por el
Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Medellín; así como las
dictadas el 31 de julio de 2023 y el 27 de octubre de 2023 por la Sala
Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, en los
incidentes de desacatos promovidos en la acción de tutela identificada con
el radicado nro. 05001 33 33 021 2023 00037 00.

En ese sentido, la Sala estima pertinente analizar, por una parte, los autos
proferidos el 24 de julio de 2023 y el 31 de julio de 2023; y por otra, los
dictados el 20 de octubre de 2023, el 27 de octubre de 2023 y el 12 de
marzo de 2024, dado que se profirieron con ocasión de trámites
incidentales distintos.

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4.3.1. Frente a los autos proferidos el 24 de julio de 2023 y el 31
de julio de 2023, por el Juzgado Veintiuno Administrativo del
Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia,
respectivamente

Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la jurisprudencia constitucional ha
considerado que, dado que la finalidad de la tutela es la protección
urgente e inmediata de los derechos fundamentales, ésta debe formularse
en un plazo razonable contado a partir del hecho que originó la amenaza
o vulneración, pues aceptar lo contrario desvirtuaría su carácter
excepcional.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia del 5 de agosto de 2014, unificó su jurisprudencia28 y, en cuanto
al requisito de inmediatez, estableció que “(…) la Sala Plena, como regla
general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente (…)”. (Negrillas del texto).

Así entonces, en los casos que se controvierten providencias judiciales,
por regla general, la acción se debe interponer dentro de los seis (6)
meses siguientes a la notificación de la providencia que se cuestiona,
teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos
previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y
extraordinarios y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas
logren certeza y estabilidad, plazo que deberá ser analizado en cada caso
particular, tomando en consideración las circunstancias especiales de
modo, tiempo y lugar en que se encuentre el accionante.

28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de
agosto de 2014. M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.:11001-03-15-000-2012-
02201-01.
21
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 02052 00
Accionante: María Patricia Tobón Yagarí

La parte actora cuestiona el auto del 24 de julio de 2023 proferido por el
Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Medellín que la sancionó
por desacato, así como el auto del 31 de julio de 2023, notificado ese
mismo día, dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia que
resolvió el grado jurisdiccional de consulta en el sentido de confirmar la
precitada sanción.

Por su parte, la acción de tutela fue radicada el 25 de abril de 2024, de
donde se desprende que la solicitud de amparo no cumple con el requisito
general de inmediatez, dado que, se instauró pasados más de seis meses
desde que se notificó el auto que resolvió el grado jurisdiccional de
consulta en el trámite incidental.

En ese sentido, se declarará improcedente la acción de tutela respecto a
los autos proferidos el 24 de julio de 2023 y el 31 de julio de 2023, por el
Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, respectivamente, por no superar el requisito
de inmediatez.

4.3.2. Frente a los autos proferidos el 20 de octubre de 202329, el
27 de octubre de 202330 y el 12 de marzo de 202431

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

En ese sentido, la Sala se pronunciará sobre (i) los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y, de

29
Por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Medellín que la sancionó por
desacato y le impuso una multa de 1 salario mínimo mensual legal vigente.
30
Por el Tribunal Administrativo de Antioquia que, al resolver el grado jurisdiccional de
consulta, confirmó la sanción impuesta en el auto del 20 de octubre de 2023 proferido
por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Medellín.
31
Por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Medellín que negó la solicitud
de inaplicación de la sanción impuesta en el mencionado auto del 20 de octubre de 2023.
22
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Accionante: María Patricia Tobón Yagarí

estar cumplidos, descenderá a (ii) los requisitos o causales especiales de
procedibilidad invocados en el caso concreto.

4.3.2.1 Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial.

El primer requisito general de procedencia que debe verificarse es la
relevancia constitucional.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 32 para que
esté cumplido es necesario que se reúnan los siguientes tres criterios: (i)
restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales; (ii) preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; e (iii) impedir que la
acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces. De este modo, si no se logra
acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional33.

(i) El primer criterio, implica que el asunto involucre un debate que gire
en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental 34 e
igualmente la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019 indicó
que este elemento “supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que
no es lo mismo que una simple relación con aquel”. Este criterio fue
reiterado en las sentencias SU-128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215
de 2022.

32
Sentencia SU-573 del 27 de noviembre de 2019. Criterio reiterado en la Sentencia
SU-128 de 2021 y SU-103 de 2022.
33
Sobre los elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 03 15 000 2022 02850 01.
34
Corte Constitucional. Sentencia SU-573 de 2019.
23
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Accionante: María Patricia Tobón Yagarí

Siguiendo los pronunciamientos de la Corte Constitucional, para superar
el primer elemento que compone a la relevancia, no basta con la mera
enunciación de los derechos fundamentales, sino que supone que la parte
actora en el escrito de tutela (1) invoque la vulneración de derechos
fundamentales; (2) exponga los motivos por los que considera la
providencia judicial está vulnerando tales derechos fundamentales y (3)
compruebe que la transgresión suponga un atentado contra el núcleo
esencial de los derechos invocados, requisitos que exigen del juez de
tutela un examen de los motivos aducidos por la parte actora para afirmar
que hay amenaza o vulneración de los derechos fundamentales,
comparados con el núcleo esencial del mismo.

En el asunto bajo examen, la parte actora alegó la vulneración de los
derechos fundamentales al patrimonio, al buen nombre, al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia, con fundamento en que las
decisiones proferidas el 20 de octubre de 202335, el 27 de octubre de
202336 y el 12 de marzo de 202437 no tuvieron en cuenta que la orden de
amparo era de imposible cumplimiento.

Lo primero que advierte la Sala, es que “el patrimonio” no es un derecho
de carácter fundamental susceptible de ser protegido a través de la acción
de tutela, por lo que el examen del requisito de relevancia constitucional
se abordará respecto de aquellos derechos que tienen la naturaleza de
fundamentales, es decir, el debido proceso, el acceso a la administración
de justicia y el buen nombre.

En cuanto al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, la
Sala considera que no se cumple el requisito de relevancia constitucional,
por cuanto la parte actora no explicó las razones por las que la providencia
atacada afecta el contenido o núcleo esencial de dichos derechos. Al

35
Por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Medellín que la sancionó por
desacato y le impuso una multa de 1 salario mínimo mensual legal vigente.
36
Por el Tribunal Administrativo de Antioquia que, al resolver el grado jurisdiccional de
consulta, confirmó la sanción impuesta en el auto del 20 de octubre de 2023 proferido
por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Medellín.
37
Por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Medellín que negó la solicitud
de inaplicación de la sanción impuesta en el mencionado auto del 20 de octubre de 2023.
24
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efecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-103 de 2022 sostuvo
que “para acreditar el requisito de relevancia constitucional no es
suficiente alegar una violación del derecho al acceso a la administración
de justicia o del debido proceso con fundamento en una simple relación
de los hechos del caso con aquellos, sino que se exige demostrar, de
manera razonable, una restricción desproporcionada sobre algunos de sus
elementos”.

Sobre este punto, la Corte Constitucional ha señalado que el núcleo
esencial del debido proceso está integrado por las siguientes garantías:
(i) el derecho a la jurisdicción; (ii) el derecho al juez natural; (iii) el
derecho a la defensa; (iv) el derecho a un proceso público; (v) el derecho
a la independencia del juez y (vi) el derecho a la independencia e
imparcialidad del juez38.

En cuanto al derecho al acceso efectivo a la administración de justicia, la
Corte Constitucional ha explicado que tiene un contenido múltiple del cual
se pueden identificar tres categorías, la primera, aquellas que tienen que
ver con el acceso efectivo de la persona al sistema judicial, la segunda,
las garantías previstas para el desarrollo del proceso, la tercera, lo
relacionado con la ejecución material del fallo39.

La primera categoría comprende: (i) el derecho de acción; (ii) a contar
con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de
derechos y obligaciones; y (iii) a que la oferta de justicia permita el acceso
a ella en todo el territorio nacional. La segunda incluye el derecho a (iv)
que las controversias planteadas sean resueltas dentro de un término
prudencial y sin dilaciones injustificadas; (v) que éstas sean decididas por
un tribunal independiente e imparcial; (vi) a tener todas las posibilidades
de preparar una defensa en igualdad de condiciones; (vii) que las
decisiones sean adoptadas con el pleno respeto del debido proceso; (viii)
que exista un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo

38
Corte Constitucional. Sentencia C-341 de 2014.
39
Corte Constitucional. Sentencia T-799 de 2011.
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de controversias; (ix) que se prevean herramientas necesarias para
facilitar el acceso a la justicia por parte de las personas de escasos
recursos. La última de éstas abarca (x) la posibilidad efectiva de obtener
respuesta acorde a derecho, motivada y ejecutable; y que (xi) se cumpla
lo previsto en ésta.

Teniendo en cuenta el contenido o núcleo esencial del derecho al debido
proceso y del acceso efectivo a la administración de justicia, se observa
que, la parte actora en el escrito de tutela no expuso ningún argumento,
ni se advierte de los hechos señalados que prima facie las precitadas
garantías puedan resultar comprometidas, por lo que el requisito general
de relevancia constitucional no está superado frente a estos dos derechos.

Situación distinta ocurre con el derecho al buen nombre previsto por el
artículo 15 de la Constitución Política, toda vez que, el núcleo esencial de
este derecho está dirigido “a proteger la reputación o el concepto que de
un sujeto tienen las demás personas, ante expresiones ofensivas e
injuriosas, o la propagación de informaciones falsas o erróneas que
distorsionen dicho concepto”40. Además, la Corte Constitucional ha
explicado que el derecho al buen nombre se diferencia del derecho a la
honra en que el primero “se refiere a la apreciación que se tiene del sujeto
por asuntos relacionales ligados a la conducta que observa en su
desempeño dentro de la sociedad”41, mientras que, el derecho a la honra
responde a la apreciación que se tiene de la persona a partir de su propia
personalidad y comportamientos privados directamente ligados a ella 42.

De esta manera, si la parte actora en la acción de tutela argumenta que
no ha vulnerado los derechos fundamentales de la señora Geny Patricia
Vélez Echavarría, pero las providencias judiciales cuestionadas sostienen
que sí, ello involucra prima facie el derecho al buen nombre, dado que, el
supuesto para que la aquí accionante se la haya sancionado por desacato
se fundamenta en que no ha dado cumplimiento a la orden del fallo de

40
Corte Constitucional. Sentencia T-007 de 2020.
41
Ibidem.
42
Ibidem.
26
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tutela proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 13 de marzo
de 2023, lo que está relacionado con la conducta que desempeña dentro
de la sociedad.

Por consiguiente, el primer criterio de la relevancia está cumplido, toda
vez que el debate propuesto por la parte actora gira en torno al contenido
del derecho fundamental al buen nombre.

(ii) El segundo criterio que compone el requisito general de relevancia
constitucional, esto es, preservar la competencia y la independencia de
los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional, implica que
la discusión planteada no se limite a la determinación de aspectos legales
o de evidente naturaleza o contenido económico43.

En este caso, el segundo elemento de la relevancia se acredita, toda vez
que la discusión planteada por la parte actora no gira en torno a un
aspecto netamente legal o económico, sino que, como quedó visto, el
debate compromete el contenido y alcance del derecho al buen nombre.

(iii) El tercer componente de la relevancia constitucional es impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces, lo que conlleva a que en la
solicitud de amparo no sea procedente discutir asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia
judicial44.

En este caso, el tercer elemento también se comprueba, comoquiera que
la parte actora no está utilizando la acción de tutela como una instancia
adicional para controvertir el análisis probatorio o la interpretación de las
normas que hicieron los jueces naturales de la causa, sino que su
inconformidad radica en que no había lugar a sancionarla por desacato,
ante la imposibilidad material para cumplir lo ordenado en el fallo de
tutela.

43
Corte Constitucional. Sentencia SU-573 de 2019.
44
Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
27
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Por lo anotado, el requisito general de relevancia constitucional está
superado por cuanto están cumplidos los tres elementos que la
componen.

Ahora bien, frente a los demás requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela, la Sala advierte lo siguiente:

(i) La parte actora no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para
controvertir las decisiones proferidas en el trámite incidental; (ii) la acción
de tutela se presentó dentro de un término razonable45 habida cuenta que
la providencia que resolvió el grado jurisdiccional de consulta fue proferida
el 27 de octubre de 2023 y la que negó la solicitud de inaplicación de la
sanción el 12 de marzo de 2024, mientras que, la tutela fue radicada el
25 de abril de 2024; (iii) la accionante manifestó en qué irregularidades
incurrieron los autos cuestionados; (iv) no se trata de una providencia
contentiva de una sentencia de tutela y (v) la situación que se afirma
generó la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente
puntualizada.

Adicionalmente, cuando la acción de tutela se presenta contra
providencias proferidas en un trámite incidental, la Corte Constitucional,
en la sentencia SU-034 de 2018, indicó que, además del cumplimiento de
los requisitos generales, deberá verificarse que “(…) i) La decisión dictada
en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la
acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el
trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso– (…)
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser
consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de

45
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de
agosto de 2014, Radicado nro. 11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio
Ramírez Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de
Estado – Sección Primera, donde se dijo que acogiendo la jurisprudencia de la Corte
Constitucional era razonable que se presentara el amparo máximo en seis (6) meses
después de notificada la providencia que se cuestionaba en sede constitucional, sin
perjuicio de estudiar en cada caso, las circunstancias particulares para determinar el
cumplimiento del requisito de inmediatez.
28
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desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas,
que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar
nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato
y que el juez no tenía que practicar de oficio (…)”.

En este evento, estos requisitos adicionales también están superados,
dado que la acción de tutela se presentó una vez finalizado el trámite
incidental promovido por la señora Geny Patricia Vélez Echavarría el 15
de septiembre de 2023, y los argumentos de la parte actora no están
encaminados a presentar cuestionamientos distintos a los señalados en el
expediente o a solicitar nuevas pruebas, sino que su inconformidad radica
en que no había lugar a sancionarla por desacato, dado que la orden de
tutela era de imposible cumplimiento.

En este punto, la Sala advierte que en el escrito de tutela, la parte actora
alegó que la providencia atacada incurrió en desconocimiento del
precedente de la sentencia SU-034 de 2018 proferida por la Corte
Constitucional; sin embargo, no cumplió con la carga de identificar cuál
fue la regla jurisprudencial desatendida y que resultaba aplicable al caso,
lo que supone identificar los problemas jurídicos resueltos, junto con las
pretensiones y los fundamentos de hecho y de derecho en los dos casos,
lo que le impide al juez constitucional descender en el examen de este
reparo. Lo mismo ocurre en cuanto al defecto fáctico, dado que la parte
actora no identificó las pruebas que dejaron de ser valoradas en el trámite
incidental, sino que se limitó a señalar que hubo una valoración
defectuosa del material probatorio.

En consecuencia, y comoquiera que están cumplidos los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra la providencia
judicial que se profiere en un trámite incidental, es procedente descender
al estudio del defecto por violación directa de la Constitución, lo que se
fundamenta en que los autos cuestionados vulneran los derechos
fundamentales al desconocer el procedimiento para el reconocimiento de
la indemnización administrativa, dado que no era posible el cumplimiento

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de la orden de amparo, por lo que podría estar comprometido el artículo
15 de la Constitución Política, que establece el derecho al buen nombre,
en tanto que las providencias atacadas sancionaron por desacato a la aquí
accionante al considerar que no había dado cumplimiento de la orden de
amparo.

4.3.2.2. Requisitos o causales especiales de procedibilidad
invocados en el caso concreto

En este caso, lo alegado por la parte actora es que las providencias
atacadas incurrieron en el defecto de violación directa de la
Constitución. Esta causal de procedibilidad se fundamenta en el principio
de supremacía constitucional previsto en el artículo cuarto Superior, en
virtud del cual los preceptos y mandatos allí dispuestos son normas
jurídicas de aplicación inmediata, de carácter vinculante y eficacia directa,
cuya fuerza normativa impone a todos los operadores judiciales el deber
de velar por su cumplimiento y prevalencia46.

A este respecto, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que el
actual ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los
preceptos superiores, al punto en que de ellos se derivan mandatos y
previsiones cuya aplicación corresponde a las distintas autoridades y, en
determinados eventos, a los particulares. En esas circunstancias, resulta
plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través
de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e
irrazonablemente tales postulados47.

En criterio de la Corte Constitucional, esta causal tiene lugar cuando el
juez ordinario adopta una decisión que representa la inaplicación de una
norma constitucional para el caso concreto, o cuando aplica una norma
de rango inferior a la constitucional, al margen de los dictados de la
Constitución48.

46
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018, M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
47
Corte Constitucional, Sentencia SU-1073 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
48
Corte Constitucional, Sentencia T-704 de 2012, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. En
este mismo sentido pueden verse las sentencias T-967 de 2014, M.P. Gloria Stella Ortiz
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La Corte ha explicado que la violación directa de la Constitución debe ser
entendida como una causal específica autónoma de procedencia del
amparo constitucional contra una decisión judicial, ante la exigencia de
razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo que
realizan los jueces o autoridades administrativas, el cual siempre estará
sujeto, entre otros aspectos, a la concordancia con la Carta Política49.

Esta causal de procedibilidad de la acción de tutela no supone el
desconocimiento de cualquier norma constitucional sino concretamente la
infracción de normas superiores relativas a derechos y garantías
fundamentales, en consideración a que es precisamente para el amparo
de éstos que se encuentra instituida en la Carta Política la acción de tutela.
Por ende, es indispensable que el análisis que efectúe el juez al examinar
esta causal se circunscriba a las citadas normas constitucionales.

En el asunto bajo examen, la accionante controvierte los autos proferidos
-) el 20 de octubre de 2023 por el Juzgado Veintiuno Administrativo del
Circuito de Medellín que la sancionó con una multa de 1 salario mínimo
legal mensual vigente; -) el 27 de octubre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que al resolver el grado jurisdiccional de
consulta confirmó la sanción impuesta, y el dictado -) el 12 de marzo de
2024 por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Medellín que
negó la inaplicación de la sanción impuesta en el precitado auto del 20 de
octubre de 2023. Como argumento, aduce que no era posible el
cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela.

Para fundamentar lo anterior, indicó que tanto en el año 2022 como en el
2023 la Unidad para las Víctimas aplicó el método técnico de priorización
al caso de la señora Geny Patricia Vélez Echavarría; sin embargo, del
resultado de la aplicación de dicho método técnico arrojó que no era
procedente la entrega de la indemnización.

Delgado; T-310 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo y T-555 de 2009 M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
49 Corte Constitucional, Sentencia T-088 de 2018. M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.

31
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Por lo anterior, y conforme con el procedimiento administrativo
establecido en la Resolución nro. 1949 de 2019, a la Unidad para las
Víctimas le es imposible otorgar una fecha de pago de la precitada
indemnización, debido a que, una vez aplicado el método técnico de
priorización al caso de la señora Vélez Echavarría, no obtuvo el puntaje
mínimo requerido, y tampoco acreditó ninguna situación de urgencia o
extrema vulnerabilidad.

La Sala, para determinar si se incurrió en el defecto de violación directa
de la Constitución, estima pertinente referirse a las actuaciones más
relevantes en el trámite del incidente de desacato, de la siguiente
manera:

(i) Se recuerda que el Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia
de segunda instancia proferida el 13 de marzo de 2023 dispuso:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia del diez (10) de febrero de
dos mil veintitrés (2023) proferida por el Juzgado Veintiuno (21)
Administrativo del circuito de Medellín, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Tutelar los derechos fundamentales de petición y debido
proceso administrativo de la señora GENY PATRICIA VÉLEZ
ECHAVARRÍA, vulnerados por la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS – UARIV.

TERCERO: SE ORDENA a la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A
LAS VÍCTIMAS - UARIV, que dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas hábiles siguientes a la notificación de esta providencia,
suministre la respuesta de fondo a la petición presentada por la
señora GENY PATRICIA VÉLEZ ECHAVARRÍA, indicando la fecha
probable en la cual tendrá acceso efectivo a la medida de
indemnización administrativa de la cual es beneficiaria […]”.
(Mayúsculas y negrillas originales de la providencia).

(ii) El 15 de septiembre de 2023 la señora Geny Patricia Vélez Echavarría
solicitó al Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Medellín que
ordenara a la UARIV el cumplimiento del fallo de tutela dictado por el
Tribunal Administrativo de Antioquia el 13 de marzo de 2023.

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(iii) Luego de surtido el trámite correspondiente, el Juzgado Veintiuno
Administrativo del Circuito de Medellín, por auto del 20 de octubre de
2023 dispuso:

“[…] PRIMERO: DECLÁRESE que María Patricia Tobón Yagarí (…),
en su condición de Representante Legal de la Unidad Administrativa
Especial de Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, incurrió en
desacato al fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 13 de marzo de 2023 dentro de este expediente.

SEGUNDO: SANCIÓNESE a María Patricia Tobón Yagarí (…), en su
condición de Representante Legal de la Unidad Administrativa
Especial de Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, con multa
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, multa que
deberá consignar a favor del Consejo Superior de la Judicatura.

TERCERO: ORDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de
Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, para que, en un término
de dos (2) días, cumpla el fallo de tutela de 13 de marzo de 2023, en
el sentido de que suministre la respuesta de fondo a la petición
presentada por la señora Geny Patricia Vélez Echavarría, indicando la
fecha probable en la cual tendrá acceso efectivo a la medida de
indemnización administrativa de la cual es beneficiaria tal como se
ordenó en la providencia referida […]”. (Mayúsculas y negrillas
originales de la providencia).

Lo anterior, al considerar que:

“[…] la UARIV ha desacatado la orden impartida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en el fallo de segunda instancia de tutela
de 13 de marzo de 2023, en el cual se ampararon los derechos
fundamentales de petición y debido proceso administrativo de la
señora Geny Patricia Vélez Echavarría.

Además, ordenó a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS que, dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes a la notificación de
esta providencia, suministre la respuesta de fondo a la petición
presentada por la señora Geny Patricia Vélez Echavarría, indicando la
fecha probable en la cual tendrá acceso efectivo a la medida de
indemnización administrativa de la cual es beneficiaria.

Por lo anterior, esta agencia judicial concluye que persiste la situación
que generó la vulneración de los derechos fundamentales amparados,
configurándose el fenómeno de desacato […]”.

(iv) El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, por
auto del 27 de octubre de 2023, al resolver el grado jurisdiccional de

33
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 02052 00
Accionante: María Patricia Tobón Yagarí

consulta confirmó la sanción impuesta a la señora María Patricia Tobón
Yagarí con fundamento en que:

“[…] se tiene que la orden que dio el juez constitucional en el fallo de
tutela, debe ser el criterio principal para la verificación de la protección
de los derechos fundamentales tutelados en favor del peticionario,
pues su desconocimiento configuraría una inseguridad jurídica. Si bien
existe una regulación que establece criterios de priorización para las
víctimas del conflicto armado, la UARIV no puede usar esta
herramienta para desconocer los fallos emitidos por el juez
constitucional.

Frente a la solicitud de desvinculación de la representante legal de la
entidad, se advierte que la Corte Constitucional ha señalado el poder
coercitivo del trámite del incidente de desacato, en el cual se busca
que la autoridad de mayor jerarquía de cumplimiento al fallo de tutela,
sin justificar falta de competencia para el cumplimiento del mismo,
pues lo que se busca es la protección de los derechos fundamentales
de la parte accionante, sin dilaciones.

Así entonces, se evidencia que la vulneración a los derechos
fundamentales de la accionante no ha cesado todavía, ya que la
entidad accionada no ha dado cumplimiento a la orden proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del 13 de marzo de
2023 […]”.

(v) Por auto interlocutorio nro. 109 del 12 de marzo de 2024, proferido
por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Medellín se negó
la inaplicación de la sanción impuesta a la hoy accionante en auto del 20
de octubre de 2023, al estimar que:

“[…] es claro para el Despacho que la vulneración de los derechos
protegidos a la accionante, para este momento, no ha sido superada
(…).

Recuérdese que, precisamente, la no respuesta a la petición de la
afectada fue lo que llevó al Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante providencia de 13 de marzo de 2023, a revocar la decisión
de primera instancia y, en su lugar tuteló loa derechos fundamentales
de la accionante.

En consecuencia, sin mayores consideraciones, para este Despacho no
es de recibo el argumento que expuso la entidad en la solicitud de
inaplicación de sanción, porque se encuentra acreditado que la
accionada no ha cumplido con lo ordenado […]”.

En ese contexto, la Sala considera que el auto proferido el 27 de octubre
de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de

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Oralidad, que confirmó el dictado el 20 de octubre de 2023 por el Juzgado
Veintiuno Administrativo del Circuito de Medellín, así como el proferido el
12 de marzo de 2024 por este mismo juzgado, incurrieron en violación
directa de la Constitución del artículo 15 Superior.

Lo anterior, porque de las consideraciones planteadas en dichas
providencias, se desprende que la aquí accionante no ha garantizado la
protección de los derechos fundamentales de la señora Geny Patricia
Vélez Echavarría debido a que, la orden de tutela consistió en que “(…) se
suministre la respuesta de fondo a la petición presentada por la señora
GENY PATRICIA VÉLEZ ECHAVARRÍA, indicando la fecha probable en la
cual tendrá acceso efectivo a la medida de indemnización administrativa
de la cual es beneficiaria (…)”, lo cual, conforme estiman las autoridades
judiciales hoy accionadas, no se ha cumplido.

No obstante, para la Sala es claro que la orden de amparo no era de
posible cumplimiento en los términos en que se profirió, comoquiera que,
tal como explicó la UARIV50 en las respuestas presentadas a los
requerimientos efectuados por el Juzgado Veintiuno Administrativo del
Circuito de Medellín en los trámites incidentales, no es posible para la
entidad informarle al señora Geny Patricia Vélez Echavarría la fecha en la
que se hará el pago de la indemnización administrativa, pues dicha
situación está sujeta al método técnico de priorización, el cual se aplica
anualmente de manera proporcional a los recursos asignados a la unidad
en la respectiva vigencia fiscal.

Así las cosas, los autos proferidos el 20 de octubre de 2023 por el Juzgado
Veintiuno Administrativo del Circuito de Medellín, el 27 de octubre de
2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Oralidad y el 12 de marzo de 2024 por el precitado juzgado, incurrieron
en el defecto de violación directa de la Constitución, debido a que

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Oficios identificados con los radicados nro. 2023-0964294-1 del 10 de julio de 2023,
2023-1453569-1 del 26 de septiembre de 2023, 2023-1491379-1 del 3 de octubre de
2023 y 2024-0203071-1 del 20 de febrero de 2024.
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infringieron el artículo 15 de la Constitución Política, que establece el
derecho al buen nombre, toda vez que sancionaron por desacato, y
negaron la inaplicación de la sanción, respectivamente, a la aquí
accionante con fundamento en que no había cumplido la orden del fallo
de tutela, sin tener en cuenta que dicha orden era de imposible
cumplimiento.

En consecuencia, para proteger el derecho fundamental de la accionante,
la Sala dejará sin efectos los autos proferidos el 20 de octubre de 2023
por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Medellín, el 27 de
octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera
de Oralidad y el 12 de marzo de 2024 por el precitado juzgado, en el
trámite incidental por desacato de la acción de tutela identificada con el
radicado nro. 05001 33 33 021 2023 00037 00/04 y, en su lugar, se
ordenará al Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Medellín que,
en el término de diez días51 contados a partir de la notificación de esta
providencia, profiera una nueva decisión teniendo en cuenta las
consideraciones aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada
por la señora María Patricia Tobón Yagarí, respecto a los autos proferidos
el 24 de julio de 2023 y el 31 de julio de 2023, por el Juzgado Veintiuno
Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, respectivamente, en el trámite incidental de la acción de tutela
identificada con el radicado nro. 05001 33 33 021 2023 00037 00/03, por
no cumplir con el requisito general de inmediatez.

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Conforme lo dispuesto por el inciso primero del artículo 120 del Código General del
Proceso.
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SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al buen nombre de la
señora María Patricia Tobón Yagarí, según lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.

TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS los autos proferidos el 20 de octubre
de 2023 por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Medellín,
el 27 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Oralidad y el 12 de marzo de 2024 por el precitado juzgado,
en el trámite incidental por desacato de la acción de tutela identificada
con el radicado nro. 05001 33 33 021 2023 00037 00/04.

CUARTO: ORDENAR al Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de
Medellín que, en el término de diez (10) días contados a partir de la
notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión teniendo en
cuenta las consideraciones aquí expuestas.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si
no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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