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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02057-01

Fecha
18 de julio de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02057-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 21 de mayo de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-02057-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

18 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202402057-01
Actora: Miriam Estela Fonseca Pérez
Demandada: Sala de Decisión núm. 1 del Tribunal Administrativo de Bolívar

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de inmediatez

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad y iii) acceso
a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela
de 21 de mayo de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de
amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Sala de
Decisión núm. 1 del Tribunal Administrativo de Bolívar, porque, a su juicio, al proferir
la sentencia de 29 de octubre de 2021, en el proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02057-01
Actora: Miriam Estela Fonseca Pérez

número único de radicación 130013333001201600261-01, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, con el fin de que se declarara i) la nulidad parcial del acto
administrativo contenido en la Resolución núm. GNR 407654 de 15 de diciembre de
2015, por medio de la cual se reconoció la pensión de vejez; ii) la nulidad de la
Resolución núm. GNR 40407 de 5 de febrero de 2016, por medio de la cual se negó
la reposición; y iii) la nulidad de la Resolución núm. VPB 19117 de 25 de abril de
2016, mediante la cual se desató el recurso de apelación, modificando la prestación
en cuanto a que se reconoció la pensión en la suma de $6.173.711, dejándola en
suspenso hasta la confirmación del retiro del servicio. Precisó que, a título de
restablecimiento del derecho, solicitó se ordenara la reliquidación de la pensión con
la inclusión de todos los factores salariales devengados el último año de servicios,
conforme lo dispone el artículo 1 de la Ley 33 de 29 de enero de 19851.

4. Indicó que, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartagena, profirió
sentencia, en primera instancia, el 21 de noviembre de 2017, mediante la cual negó
las pretensiones de la demanda.

5. Señaló que, la Sala de Decisión núm. 1 del Tribunal Administrativo de Bolívar
profirió sentencia, en segunda instancia, el 29 de octubre de 2021, resolviendo lo
siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia apelada, de conformidad con las
consideraciones previamente expuestas. […]”.

5.1. Al respecto consideró lo siguiente:

1 “Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales

para el Sector Público.”

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02057-01
Actora: Miriam Estela Fonseca Pérez

“[…] La controversia suscitada sugiere entonces, aceptando de entrada que
efectivamente la actora es beneficiaria del Régimen de Transición (asunto que no está
en discusión), dilucidar si el ingreso base de liquidación en el caso particular debe
comprender el salario promedio de todo lo devengado en el último año de prestación
de servicios (tesis sostenida por actor), o si por el contrario, lo que se impone es
admitir que ello se gobierna por la Ley 100 de 1993 (tesis del a quo).

Síguese entonces precisar que no es acorde con el ordenamiento jurídico y
especialmente con la interpretación jurisprudencial de unificación esgrimida por la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado (según se vio supra), exigirle a la
demandada una liquidación pensional con base en la Ley 33 de 1985 (y la
interpretación que de ella hiciera el Consejo de Estado en el año 2010), pues resulta
ser norma No aplicable al asunto concreto.

Evidentemente, en armonía con lo sostenido en la primera instancia, los actos
cuestionados se fincaron precisamente en las normas aplicables al caso particular,
esto es, aquellas comprendidas en la Ley 100 de 1993, según las cuales, a todas las
personas que sean beneficiarias del régimen de transición (art. 36 de la ley 100 de
1993), les es aplicable la norma anterior (ley 33 de 1985), pero solo en lo concerniente
a los requisitos para pensionarse, advirtiendo que en lo referente al IBL, ha de estarse
a lo prescrito en la precitada la ley 100 de 1993, específicamente el artículo 36, de
suyo armónico en esencia con la regla 21 ibídem y sus decretos reglamentarios
(decreto 1158 de 1994 modificatorio del artículo 6 del decreto 691 de 1994).

Por lo anterior, resulta verdad de perogrullo que los cargos achacados a los actos
demandados no pueden prosperar, pues la base normativa que se dice fue
inobservada para su formación, realmente no compone su verdadero fundamento
jurídico tal y como ha quedado establecido en el análisis normativo y jurisprudencial
de esta decisión.

Por otro lado, se advierte que, los factores por los que se demanda (doceavas partes
de primas y pagos anuales) la reliquidación pensional, no constituyen factor salarial,
a la luz de la normativa que regula ese aspecto, esto es, el Decreto 1158 de 1994.
[…]”.

[…]

“[…] Ahora bien (en gracia de discusión), tampoco se demostró que dicho rubro
(doceavas parteas (sic) de primas y pagos anuales) haya servido de base para
realizar las cotizaciones al sistema pensional.

Con todo, se reitera, los factores que se alegan como comprensivos de IBL, no deben
diferir de la lista expuesta en la norma transcrita, pues las sub reglas analizadas supra
parten de la idea de la taxatividad.

No sobra precisar que, para que la Sala se forme el convencimiento de que existe un
déficit respecto a factores salariales y demás, debe tener claro, por razón de las
evidencias, cuáles fueron los factores que efectivamente se tuvieron en cuenta para
calcular los aportes al sistema de pensiones del actor (durante los últimos 10 años,
como es el caso del actor, o durante el tiempo que hiciere falta en el caso del inciso
3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993), puesto que esto es lo que constituye la base
para liquidar, aunado a que deben coincidir con el listado esbozado en el artículo 1°
del Decreto 1158 de 1994, luego ante la ausencia de elementos de juicio que arrimen
claridad a la Sala al respecto, se debe estar a lo que los actos administrativos
cuestionados enseñan.

Dicho todo lo anterior, como corolario resta simplemente manifestar para resolver el
problema jurídico que el régimen que regula el IBL de la demandante es la Ley

4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02057-01
Actora: Miriam Estela Fonseca Pérez

General de Pensiones (Ley 100 de 1993) y sus decretos reglamentarios (Decreto
1158 de 1994), no así la ley 33 de 1985; decisión que se apoya en la línea
jurisprudencial ampliamente analizada en el acápite respectivo, de la que hace parte
la sentencia de unificación de nuestro Tribunal de Cierre, proferida el 28 de agosto
del 2018 con efectos retrospectivos, y por medio de la cual se rectificó la postura
asumida en el precedente que se invoca en la demanda como el aplicable.

Por consiguiente, resuelto el problema jurídico planteado, debe colegirse que no se
derribó la presunción de legalidad de los actos demandados, y entonces, lo que debe
imperar es la CONFIRMACIÓN de la sentencia apelada. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. La actora solicitó en su escrito de tutela2:

“[…] PRIMERO: TUTELAR los Derechos Fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A
LA IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y AL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD, toda vez que el Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR- SALA DE DECISION, en sentencia del 29 de
octubre de 2021, incurrió en un DEFECTO SUSTANTIVO, FACTICO y de
VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION, pues se observa que, de manera
errada desconoció la norma aplicable y más favorables a mis derechos adquiridos al
no tener en cuenta el régimen de transición que me es aplicable en el tema pensional
durante el debate procesal, el precedente judicial de LA CORTE CONSTITUCIONAL,
de la Ley 100 de 1993 en especial art.13, 21, 36, Ley 33 de 1985 art. 1 y3, y lo
establecido en el artículo 48 de La Constitución Política.

SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia No. 79/2021 fechada del 29
de octubre de dos mil veintiunos (2021), expedida por la Sala de Decisión No. 001 del
Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro del proceso medio de control, NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, con radicado del expediente 13-001-33-33-
001-2016-00261-01, por lo aquí expuesto.

TERCERO: ORDENAR al Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR-
SALA DE DECISION, qué dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación del fallo, profiera nueva sentencia dentro del proceso
medio de control, NULIDAD Y ESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, con radicado
del expediente 13-001-33-33-001-2016-00261-01, donde se decrete:

1. Declarar nula la Resolución GNR 407654 del 15 de Diciembre de 2015
expedida por la Administradora Colombiana de Pensiones 'COLPENSIONES"-
Gerencia Nacional de Reconocimiento, mediante la cual le fue reconocida a mi
poderdante la suma $5.639.111,oo

2. Declarar nula la Resolución GNR40407 del 05 de Febrero de 2016, expedida por
la Administradora Colombiana de Pensiones "COLPENSIONES".

3. Declarar nula la Resolución No. VPB 19117 del 25 de abril de 2016 expedida por
la Administradora Colombiana de Pensiones "COLPENSIONES” -
VICEPRESIDENCIA DE BENEFICIOS Y PRESTACIONES, mediante el cual se

2 Transcripción literal del texto.

5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02057-01
Actora: Miriam Estela Fonseca Pérez

desató recurso de apelación ejercitado contra la Resolución No. GNR 407654 del 15
de Diciembre de 2015, modificándola en cuanto a que se reconoce en su favor
pensión de vejez por la suma de $6.173.711. oo y la deja en suspenso hasta tanto se
demuestre retiro del servicio.

4. Se restablezca el Derecho y en consecuencia de la Nulidad de los actos acusados,
se ORDENE a la Administradora Colombiana de Pensiones "COLPENSIONES",
liquide la pensión de la señora MIRIAM ESTELA FONSECA PEREZ bajo lo regulado
en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, el cual ordena tomar como índice base de
liquidación el promedio de las sumas devengas durante el último servicio (incluyendo
las doceavas partes por primas y pagos anuales) a las cuales se les aplica el 75% y
el resultado constituye el monto de la pensión.

5. Se reconozca y pague las diferencias entre la suma que le fueron reconocidas en
los actos proferidos por COLPENSIONES por concepto de pensión de la señora
MIRIAM ESTELA FONSECA PEREZ y la suma que realmente le corresponde de
acuerdo a la normatividad favorable y aplicable, de acuerdo al régimen de transición.

6. Se reconozca mi derecho pensional desde el día dos (02) de septiembre de 2016
cuando me retire del servicio definitivo, con el pago del retroactivo correspondiente
desde dicha fecha, por el monto correspondiente y hasta cuando se haga pago
efectivo, con su indexación mes por mes conforme lo regulado en el artículo 187 del
CPACA inciso final.

7. Se reconozca y pague los intereses de mora causados desde la fecha en que
adquirió el derecho de pensión y su respectivo pago. […]”.

6.1. Como fundamento de su solicitud de tutela, la actora manifestó que3:

“[…] Que el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo como el de la
Jurisdicción Constitucional han sentado sus posiciones sobre el tema, habiendo sido
el Consejo de Estado el que inicialmente y por mucho tiempo asumió la postura de
incluir el Ingreso Base de Liquidación dentro del concepto de monto, lo que implicaba
que quedara subsumido en el régimen anterior al régimen general de pensiones
contemplado en la Ley 100 de 1993, mientras que la Corte Constitucional, efectuando
un análisis sistemático y literal del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de tiempo atrás
y en contraposición a lo que primigeniamente había sostenido el Consejo de Estado,
concluye que el Ingreso Base de Liquidación se excluye del régimen de transición y
debe regirse bajo los parámetros del nuevo Sistema General de Pensiones.

Lo anterior, para concluir que el honorable tribunal se acogió a la postura del Consejo
de Estado, a partir de decisión de unificación del año 2018, terminó decantándose,
acoplándose a la de la Corte Constitucional, y rectificando lo que de antaño se venía
sosteniendo incluso también a partir de jurisprudencia de unificación (sentencia de
fecha 4 de agosto del 2010), razón por la cual hoy no es necesario escoger entre una
u otra postura, pues las tesis que en la actualidad impera en los dos altos tribunales
convergen.

Postura que no fue la más favorable para mí, vulnerado mis derechos frente a la
liquidación pensional, por cuanto, el status pensional lo adquirí el día del 30 de
septiembre de 2011, es decir que los precedentes y normas que se le aplica son las
que estaban vigentes cuando se adquirió el statu, nunca precedentes y normas
posteriores, máxime cuando el mismo acto legislativo 01 de 2.005, garantizó, como
DERECHO ADQUIRIDO, el régimen pensional al cual venía afiliada, garantía que

3 Transcripción literal del texto.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02057-01
Actora: Miriam Estela Fonseca Pérez

además data del 1 de abril de 1994 fecha de entrada en vigencia la ley 100 de 1993,
la cual en su artículo 36, bajo ciertos requisitos, le garantizó, el derecho a permanecer
en el régimen al cual venía afiliada. […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, los asuntos deben analizarse en cada caso particular en su
aplicación normativa FAVORABLE y vigente, por ello no tiendo porque el Honorable
Tribunal insistió en aplicar la jurisprudencia del CONSEJO DE ESTADO y no de la
CORTE CONSTITUCIONAL, como más favorable donde avala su posición
interpretativa del IBL de las pensiones del régimen de transición, en tanto corresponde
al definido en el régimen anterior, excluyendo la discusión sobre la constitucionalidad
de otros regímenes pensionales especiales o creados, entre esos, el de la Ley
33 de 1985 y los de la Rama Ejecutiva, Rama Judicial y Ministerio Público. […]”.

[…]

“[…] Siendo, así las cosas, se puede determinar contundentemente que el Tribunal
Administrativo del Quindío (sic), incurrió en vía de hecho al revocar la decisión del a
quo y negar las pretensiones de la demanda instaurada por mi poderdante, toda vez
que erradamente aplico el fenómeno jurídico de la prescripción, trasgredió derechos
constitucionales fundamentales […]”.

Actuación

7. El Despacho sustanciador de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, mediante auto de 30 de abril de 2024: i) admitió la acción de tutela; ii)
ordenó notificar a los magistrados de la Sala de Decisión núm. 1 del Tribunal
Administrativo de Bolívar; y iii) vinculó a la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones y al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Cartagena, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de
dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

8. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartagena manifestó:

“[…] En cuanto a las actuaciones surtidas por este despacho dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No 13001-33-33-001-
2016- 00261-00, se tiene que se dictó sentencia de primera instancia en la audiencia
inicial llevada a cabo el 21/11/2017, en la cual se negaron las pretensiones de la
demanda. Esta providencia fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Bolívar
mediante sentencia del 29/10/2021.

Es de precisar que en la providencia en mención se concluyó que la señora MIRIAM
ESTELLA FONSECA PEREZ no tenía derecho a que su pensión se liquide teniendo
en cuenta el último año de servicios en la forma prevista en la Ley 33 de 1985 porque
este aspecto no está sujeto a la transición debiendo aplicarse la regla prevista en el
artículo 21 de la ley 100 de 1993, esto es, teniendo en cuenta el promedio de los

7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02057-01
Actora: Miriam Estela Fonseca Pérez

salarios sobre los cuales hubiese cotizado el accionante durante los diez años
anteriores al reconocimiento de la pensión, tal como lo hizo la de demandada al
expedir el acto por medio del cual le reconoció la pensión a la actora.

Lo anterior en consideración a que en la fecha de la entrada en vigencia de la ley 100
de 1993 a la actora le faltaban más de 10 años de servicio para adquirir el derecho
toda vez contaba con 7 años, 7 meses y 1 día de servicios en el sector público y tenía
39 años de edad.

Para tales efectos este despacho aplicó el criterio expuesto en la sentencia C258/13
y ratificado en la sentencia SU-230/15 en las cuales la Corte Constitucional precisó la
interpretación que debe darse al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 señalando al
respecto que el régimen de transición contemplado en tal disposición permite la
aplicación ultractiva de los requisitos previstos en la legislaciones especiales
anteriores pero sólo los relacionados con la edad, tiempo de servicio y tasa de
reemplazo y no con el ingreso base de liquidación -IBL-, el cual debe ser determinado
conforme al régimen general, es decir, según lo regulado en los artículos 21 y 36,
inciso tercero de la referida ley 100. […]”.

[…]

“[…] También este despacho hizo alusión a la posición del Consejo de Estado en
torno al tema, advirtiendo que esta Corporación para la época había adoptado una
tesis contraria a la expuesta por la Corte Constitucional, la cual fue plasmada en la
sentencia de Sala Plena de la Sección Segunda de fecha 25 de febrero de 2016 -
expediente 25000-23-42-000-2013-01541-01(4683-13), C.P. GERARDO ARENAS
MONSALVE- y ratificada en sentencia del 19 de enero de 2017, con ponencia del
doctor CÉSAR PALOMINO CORTÉS, en la cual que se reiteró la posición, afirmando
que son de la esencia del régimen de transición: la edad, el tiempo de servicio y el
monto de la pensión y que este último comprende tanto el porcentaje como la base
reguladora e integran una unidad inescindible.

Frente a la anterior divergencia de criterios, el despacho acogió el criterio
jurisprudencial contenido en la sentencia C-258 de 2013, dado el carácter vinculante
y obligatorio de la interpretación que en sede de constitucionalidad hizo dicha
Corporación respecto de los alcances del artículo 36 de la ley 100 de 1993.

Así mismo, en cuanto a los factores salariales que debían tenerse en cuenta en el
IBL, se determinó que debía aplicarse igualmente lo establecido en la ley 100 de 1993,
los cuales se encuentran contenidos en el decreto 1158 de 19944, en el que se
enlistaron los factores que conforman el salario mensual para calcular las cotizaciones
al Sistema General de Pensiones, descartándose por tanto la aplicación del
precedente contenido en la sentencia de unificación de fecha 4 de agosto de 2010
invocada por la parte actora. […]”.

9. Colpensiones solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de tutela, al
considerar que:

“[…] Así pues, debe tenerse en cuenta que decidir de fondo las pretensiones del
accionante y acceder a las mismas, invade la órbita del juez ordinario y su
autodominio, pero además excede las competencias del juez constitucional, en la
medida que no se probó vulneración a derechos fundamentales, ni la existencia de
un perjuicio irremediable que haga viable proteger derecho alguno. […]”.

[…]

8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02057-01
Actora: Miriam Estela Fonseca Pérez

“[…] En presencia de lo expuesto, solicito respetuosamente a esa H. Corporación se
declare improcedente la presente acción de tutela por cuanto no se ha materializado
ningún vicio, defecto o vulneración de derechos fundamentales por parte del
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, así como por la abierta improcedencia
de la tutela contra sentencias judiciales, teniendo en cuenta que, nuestra legislación
ha dispuesto mecanismos tales como los recursos judiciales para debatir lo allí
determinado, sin que esta pueda constituirse en una tercera instancia […]”.

10. El Tribunal Administrativo de Bolívar allegó copia digital del expediente del
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación
130013333001201600261-01.

La sentencia impugnada

11. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 21 de mayo de 2024, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de inmediatez. […]”.

11.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] 7.- La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela porque no supera
el requisito de inmediatez, el cual ha sido establecido jurisprudencialmente en un
término de 6 meses tratándose de tutelas contra providencias judiciales.

7.1.- Revisado el historial del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
número de radicado 13001-33-33-001-2016-00261-01 en el portal de Consulta de
Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial y el expediente digital aportado por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, la Sala observa que la sentencia del 29 de
octubre de 2021 de la Sala de Decisión 1 del Tribunal Administrativo de Bolívar se
notificó a las partes mediante correo electrónico del 20 de abril de 2022.

7.2.- En este sentido, teniendo en cuenta que el escrito de tutela se presentó el 25 de
abril de 2024, la acción no cumple con el requisito de procedencia de la inmediatez,
pues transcurrieron 2 años desde la notificación de la providencia atacada. Además,
la accionante no alegó ni se advierte de oficio una situación extraordinaria para el
amparo de sus derechos fundamentales que permita flexibilizar o inaplicar este
término. […]”.

La impugnación

12. La actora impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas expresó lo siguiente:

9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02057-01
Actora: Miriam Estela Fonseca Pérez

“[…] En la lectura del fallo de la referencia, me permito señalar de manera respetuosa,
que la decisión tomada por el Despacho de conocimiento no llevó a cabo un análisis
que tuviera en cuenta las razones fácticas o jurídicas por las cuales me llevaron a
presentar la Acción Constitucional de la referencia […]”.

[…]

“[…] Como concepto de violación se consigna en esencia a que: Dicha circunstancia
permite determinar una clara omisión al principio de favorabilidad desarrollado en el
presente punto, por cuanto se está dejando de aplicar, aun cuando la accionante
ostenta en sus requisitos y derechos adquiridos la posibilidad de tener una pensión
da mayor valor, de acuerdo a lo estipulado par la Ley Laboral Colombiana […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20196, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

15. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02057-01
Actora: Miriam Estela Fonseca Pérez

la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedencia de la inmediatez.

16. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental a la igualdad; v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; procediendo
posteriormente a vi) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

17.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena7, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

18. Esta Sección adoptó8 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20059, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

19. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328.
9 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02057-01
Actora: Miriam Estela Fonseca Pérez

estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de
un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra
tutela.

20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos parámetros.

21. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

22. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

23. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez como requisito
general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,

10 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02057-01
Actora: Miriam Estela Fonseca Pérez

dispuesto por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional12.

Acerca del requisito general de procedencia de inmediatez dentro del marco
de la acción de tutela

24. Si bien es cierto el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199113 estableció que
la acción de tutela puede presentarse en todo momento, no significa que no deba
interponerse dentro de un plazo razonable. La Corte Constitucional en la sentencia
SU-961 de 199914 dijo:

“[…] La inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción
de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de
este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser
ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez
está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial
y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.

Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de
establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de
verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se
convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción […]”.

25. Ahora bien, el Consejo de Estado frente al cumplimiento del requisito general
de procedencia de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales en sentencia de unificación dijo:

“[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este
aspecto.

Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados
a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Se ha
estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva
y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i)
que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso
jurisdiccional […]15.

12 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
14 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1 de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 5 de agosto

de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01.

13

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02057-01
Actora: Miriam Estela Fonseca Pérez

26. Con fundamento en el anterior criterio jurisprudencial, es posible advertir que
la acción de tutela contra providencias judiciales debe interponerse dentro de los
seis meses siguientes a la notificación de la providencia, para efectos de acreditar
el cumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez.

27. Además, la Corte Constitucional en jurisprudencia reiterada ha dicho16:

“[…] Más recientemente, la Sala Octava de Revisión, en sentencia T- 322 del 10 de
abril de 200817, estimó que, al momento de determinar si se presentaba el fenómeno
de la inmediatez en materia de acción de tutela contra providencias judiciales, era
necesario examinar los siguientes aspectos: (i) si obra en el expediente prueba
alguna que justifique la inactividad del peticionario en cuestionar en sede de
amparo la constitucionalidad de la providencia; (ii) si se está en presencia de
un sujeto de especial protección o de una persona que se encontrase en una
situación de especial indefensión; y (iii) la existencia de un plazo
razonable.[…]”.

28. De igual manera frente al tema y concretamente cuando se trata del
reconocimiento de prestaciones periódicas, esta Sección ha dicho18:

“[…]…la Sala (Expediente nro. 2013-02423-0119, Actora: Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
-UGPP-), concluyó que “[…] siempre que se trate de una acción de tutela contra
providencia judicial que verse sobre prestaciones periódicas, se realizará el análisis
del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, incluido el de
inmediatez, el cual deberá efectuarse desde los criterios de i) que se demuestre
que la vulneración de los derechos permanezca, esto es, que sea continua y
actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela; y ii) que el actor se encuentre en condición de
debilidad manifiesta […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

29. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

16 Corte Constitucional, sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
17 Corte Constitucional, sentencia T- 322 del 10 de abril de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de mayo de

2018, C.P María Elizabeth García González, número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-00293-00.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de

2014, C.P Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación: 11001-03-15-000-2013-02423-01.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02057-01
Actora: Miriam Estela Fonseca Pérez

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

30. Atendiendo a que, la Corte Constitucional20 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia

31.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

32. Atendiendo a que, la Corte Constitucional21 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida

20 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
21 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02057-01
Actora: Miriam Estela Fonseca Pérez

protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad

33. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

34. Atendiendo a que la Corte Constitucional22 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Análisis del caso concreto

35. La Sala estudia si en el presente caso se cumple con el requisito general de

22 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

16

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02057-01
Actora: Miriam Estela Fonseca Pérez

procedencia de inmediatez.

36. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Sala de
Decisión núm. 1 del Tribunal Administrativo de Bolívar, porque, a su juicio, al proferir
la sentencia de 29 de octubre de 2021, en el proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 130013333001201600261-01, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.

37. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

38. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

39. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

39.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 130013333001201600261-01.

Solución al caso en concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez

40. En el expediente está plenamente acreditado que i) la Sala de Decisión núm. 1
del Tribunal Administrativo de Bolívar profirió la sentencia el 29 de octubre de 2021,

17

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02057-01
Actora: Miriam Estela Fonseca Pérez

la cual quedó notificada el 22 de abril de 202223; y ii) la actora presentó la acción
de tutela el 24 de abril de 202424, es decir que, desde el 23 de abril de 2022 (día
en el que empezaron a correr los términos una vez surtida la notificación personal)
a la fecha de presentación de la acción de tutela, la actora presentó la acción de
tutela por fuera del plazo razonable.

41. No obstante, la misma jurisprudencia ha considerado que el requisito de
inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales
debe ser analizado en cada caso concreto, y que existen situaciones especiales
que permiten establecer un plazo superior al determinado25, como por ejemplo en
los casos donde se controvirtieren asuntos sobre prestaciones periódicas, donde
se deben verificar los requisitos antes mencionados en la parte motiva de esta
sentencia como lo son: “[…] que se demuestre que la vulneración de los derechos
permanezca, esto es, que sea continua y actual, pese a que el hecho que la originó
sea muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y ii) que el actor se
encuentre en condición de debilidad manifiesta […]”. (Resaltado por la Sala).

42. En el análisis del caso concreto, se cumple el primer requisito toda vez que la
pensión de vejez constituye una prestación periódica y la presunta vulneración
alegada es continua y actual, teniendo en cuenta que lo que se procura es que tal
prestación le sea reconocida, con los reajustes respectivos.

43. En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad manifiesta26,
conviene traer a colación las precisiones hechas por esta Sección en sentencia de
28 de mayo de 201527, por medio del cual unificó su jurisprudencia en cuanto a la

23 Al respecto, la Sala precisa que la notificación personal se entiende realizada una vez transcurridos dos días

hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación. Por consiguiente, en el caso sub examine el mensaje de datos que puso en conocimiento la
providencia cuestionada se envió el 20 de abril de 2022, se entiende notificada personalmente el 22 de abril de
2022 y los términos comenzaron a correr a partir del 23 de abril de 2022.
24 Cfr. Índice 2 de SAMAI, documento denominado “3ED_EscritoCorreoElectronico(.pdf) NroActua 2”. Archivo

aportado en forma digital.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
26 Sobre los sujetos de especial protección constitucional por encontrarse en una situación de debilidad

manifiesta con fundamento en el artículo 13 de la Constitución Política de 1991, ha dicho la Corte
Constitucional: “La categoría de sujeto de especial protección constitucional, según ha definido esta
Corporación, está constituida por aquellas personas que, debido a su condición física, psicológica o social
particular merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad efectiva. Así se ha
considerado que entre los grupos de especial protección constitucional se encuentran los niños, los
adolescentes, los ancianos, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las
personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en situación de extrema pobreza”. ( Corte
Constitucional, Sentencia T-979 de 19 de diciembre de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 28 de mayo de

2015, C.P María Elizabeth García González, número único de radicación: 11001-03-15-000-2015-00001-01.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02057-01
Actora: Miriam Estela Fonseca Pérez

aplicación de los criterios que deben tenerse en cuenta para analizar el requisito de
la inmediatez en estos casos particulares, especialmente, el que hace referencia a
la “condición de debilidad manifiesta”, en donde señaló que:

“[…] Pues bien, comoquiera que por medio de la providencia transcrita, se estableció
“el criterio que, en adelante observará la Sala para analizar la procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias que traten de prestaciones periódicas”; en casos
como el presente, en que se controvierte una sentencia relacionada con la
reliquidación de una prestación periódica, se ha acudido al citado lineamiento
Jurisprudencial de manera invariable, para determinar si el hecho de haber
superado el plazo prudencial para interponer la acción de tutela merece ser tratado
en forma especial, esto es, a la luz de los criterios de ”que i) se demuestre que la
vulneración de los derechos permanece en el tiempo, esto es, que es continua y
actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela; y que ii) el actor se encuentre en un condición de
debilidad manifiesta.”

Sin embargo, cuando el tema ha involucrado prestaciones periódicas en las
modalidades de pensión o asignación de retiro, la aplicación de dichos criterios
frente al requisito de la inmediatez, en cada caso concreto, ha dado lugar a
soluciones divergentes, habida cuenta de que la Sala ha aceptado que el pensionado,
por el simple hecho de serlo, ostenta una calidad que le permite enervar dicho
requisito de procedibilidad, pero también ha entendido que en ocasiones se requieren
elementos adicionales a tal condición para proceder al estudio de fondo […]”.

[…]

“[…] Dichas divergencias merecen ser precisadas y, por lo tanto, en esta oportunidad
la Sala, con el propósito de unificar su Jurisprudencia, determinará como lineamiento
único y preciso, en cuanto a la exigencia o no del requisito de inmediatez de la tutela
contra providencias judiciales, cuando el solicitante del amparo constitucional es un
pensionado o persona que goza de Asignación de Retiro, que tal condición no es
per se circunstancia que permita enervar el citado requisito, habida cuenta de que es
necesario que confluyan elementos adicionales que permitan concluir que el actor se
encuentra en “la especial situación” que “convierte en desproporcionado el
hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre
otros”, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional en sentencia T-158 de 2006
y esta Sala en el Expediente núm. 2013-02423-01, Consejero Ponente doctor Marco
Antonio Velilla Moreno.

Obsérvese que la Corte cita, solo a manera de ejemplo, algunas circunstancias que
pueden tenerse en cuenta para determinar si el actor está o no en una ESPECIAL
SITUACIÓN, que justifique su inactividad en el tiempo frente a la defensa de sus
derechos, dentro de las cuales sugiere “el estado de indefensión, abandono, minoría
de edad, incapacidad física, entre otras…” sin que éstas constituyan taxatividad
alguna. Justamente por ello, esta Sala introdujo dentro de dicha lista al pensionado,
por tratarse de un sujeto de protección especial, conforme lo ha determinado la
Jurisprudencia Constitucional.

Pero, ocurre que el concepto de sujeto de especial protección incluye, además de los
pensionados, a otros grupos de personas, tales como: indígenas, padres y madres
cabeza de familia, mujer embarazada, menores de edad, minusválidos, ancianos,
defensores de derechos humanos, enfermos graves, desplazados, entre otros; sin

19

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02057-01
Actora: Miriam Estela Fonseca Pérez

que sea aceptable concluir que en todos los casos, éstos resulten eximidos de
cumplir el requisito de procedibilidad de inmediatez, cuando acudan a la tutela para
obtener la pérdida de efectos de una providencia judicial, por el solo hecho de ser
denominados sujetos de especial protección[…]”.

44. Al respecto, se advierte que la actora no demostró, ni siquiera con prueba
sumaria, que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta que justificara su
inactividad por más de seis (6) meses para interponer este mecanismo de
protección constitucional contra la providencia que presuntamente violó sus
derechos fundamentales invocados supra, ni demostró que la providencia objeto de
la acción de tutela no le hubiera sido notificada en debida forma como hecho
relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción y flexibilizar el
término de inmediatez.

45. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU – 354 de
201728, reiteró la importancia del requisito general de procedencia de inmediatez en
la acción de tutela contra providencias judiciales, sin embargo, al decidir este caso
hizo una excepción en el término de los seis meses establecidos por regla general
como tiempo razonable para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, haciendo un análisis particular del caso, por lo que
consideró que la acción de tutela en el caso bajo estudio procedía diez meses
después de haber sido notificada la decisión que se controvertía en la acción de
tutela. La anterior decisión se tomó con fundamento en la existencia de un hecho
relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción, circunstancia
que no se observa en el presente caso.

46. En ese orden de ideas, para la Sala no se cumple con el requisito general de
procedencia de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales, toda vez que se interpuso por fuera del plazo razonable,
teniendo en cuenta que con fundamento en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, el amparo debe ser presentado dentro de
los seis (6) meses siguientes contados a partir de la notificación de la providencia.

28 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 25 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02057-01
Actora: Miriam Estela Fonseca Pérez

Conclusiones de la Sala

47. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 21
de mayo de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 21 de mayo de 2024 proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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