Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02073-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02073-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02073-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
16 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado : 11001-03-15-000-2024-02073-011
Demandante : Nelson Iván Duarte Peñaranda
Demandado : Procuraduría General de la Nación, el Tribunal Administrativo
de Santander y su Secretaría
Vinculados : Eduardo Abril Borrero, la Registraduría Nacional del Estado
Civil y otros2
Acción : Tutela
Derecho : Debido proceso y acceso a la administración de justicia
presuntamente
vulnerado
Decisión : Confirma sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia dentro de la acción de tutela
incoada por Nelson Iván Duarte Peñaranda contra la Procuraduría General de la Nación,
el Tribunal Administrativo de Santander y su Secretaría.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por el
accionante frente al proceso judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a la
procedibilidad de la solicitud de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda
en torno a las pretensiones.
1.2 La demanda de tutela.
Refiere el señor Nelson Duarte, que actúa a nombre propio, que interpuso el recurso de
amparo con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido
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Expediente digital disponible en Samai.
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Vinculados como terceros interesados por disposición del auto del 7 de mayo del 2024, que admitió la acción.
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Demandante: Nelson Iván Duarte Peñaranda
Demandada: Tribunal Administrativo del Santander
proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Santander, la Secretaría General de esa entidad y la
Procuraduría General de la Nación.
Por consiguiente, solicitó que se le ordene al Tribunal Administrativo de Santander y su
Secretaría General que de “[…] Prelación Constitucional al presente proceso y resolver
la Medida Cautelar de manera inmediata, además; de dar solución a todos los yerros
advertidos en el contenido del hecho sexto”, a las mismas entidades que notifiquen “[…]
de manera inmediata al Demandado, hoy alcalde señor EDUARD ABRIL BORRERO” y
que “procedan a resolver el recurso de apelación y la medida cautelar, además; de
informar o advertir si se presenta causal de impedimento”; frente a la Procuraduría
General de la Nación, solicitaron que inicie una vigilancia preventiva sobre los procesos
enunciados.
1.3 Hechos.
Refiere el señor Nelson Duarte, que ante el Tribunal Administrativo de Santander cursan
los procesos de nulidad electoral contra el señor Eduard Abril Borrero, a los que les
correspondió los radicados 68001-23-33-000-2023-00774-00, 68001-23-33-000-2023-
00789-00 y 68001-23-33-000-2023-00864-00, frente a los cuales indicó que existen
varios errores que han imposibilitado su normal desarrollo.
Frente a los dos primeros, manifestó que se encuentran detenidos por un aparente error
en la notificación de los mismos, sobre el tercero manifestó que los errores consisten en
“decir que es de UNICA INSTANCIA, CUANDO ES DE DOBLE INSTANCIA, además,
señalar un nombre diferente a la persona que demanda, INDICAR que la demandante es
la señora Lissela Carolina Mejia Echavarría, cuando no es así” e igualmente, refirió que
no se ha pronunciado el despacho sobre una medida cautelar que reposa en el mismo, a
todo lo anterior le adicionó la siguiente afirmación “[…] [el magistrado] JULIO EDISSON
RAMOS [que adelanta el estudio del proceso acumulado], es amigo íntimo del señor
Giovanni Leal, quien actualmente ejerce como DIPUTADO EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER, pertenece al PARTIDO VERDE”.
1.4 Argumentos de la acción.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-02073-01
Demandante: Nelson Iván Duarte Peñaranda
Demandada: Tribunal Administrativo del Santander
El señor Duarte Peñaranda explicó que su inconformidad proviene de los errores
procesales que se han presentado en los procesos y su impacto en el normal desarrollo
de los mismos, de modo que ello repercute en que el señor Abril Borrero se mantenga en
el cargo de elección popular que fue demandado, con lo que se afecta la estabilidad
política y económica del municipio.
Por ello acusó la configuración de una mora judicial, tanto por no definir la medida cautelar
elevada como por no adoptar medidas encaminadas a terminar el estudio de las
demandas del asunto.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 7 de mayo
del 2024, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se ordenó notificar al al
señor Secretario y a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander como
accionados, adicionalmente se ordenó vincular al señor Eduardo Abril Borrero, a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral y a los ciudadanos
Lorein Elizabeth Osses Méndez, Anderson Javier Rojas Barajas, Giovanny Humberto
Durán Romero, Diana Ine Pérez y Gustavo Andrés Benítez Luna.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 Consejo Nacional Electoral3. Solicitó negar las pretensiones y ser desvinculada
del trámite constitucional por carecer de legitimación en la causa por pasiva, al considerar
que no ha desplegado acción u omisión que atente contra los derechos fundamentales
del actor.
2.1.2 Tribunal Administrativo de Santander – Magistrada Carolina Arias Ferreira4.
Realizó un recuento del proceso 68001-23-33-000-2023-00789-00 a su cargo, para
afirmar que dicho expediente se encuentra en el despacho No 08 y por ello corrió traslado
de la solicitud al mismo.
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Visible en el índice 16 del expediente digital en Samai.
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Visible en el índice 17 del expediente digital en Samai.
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Demandada: Tribunal Administrativo del Santander
2.1.3 Tribunal Administrativo de Santander – Magistrada Claudia Ximena Ardila
Pérez5. Realizó un recuento del proceso 680012333000-2023-00789-00 a su cargo,
luego refirió que dadas las actuaciones adelantadas no avizora mora judicial que pueda
lesionar los derechos del accionante, por lo que solicitó negar las pretensiones de la
acción.
2.1.4 Registraduría Nacional del Estado Civil 6. porque las pretensiones no van
encaminadas a actuaciones u omisiones de esa entidad Solicitó ser desvinculada del
trámite constitucional.
2.1.5 Tribunal Administrativo de Santander – Magistrada Luisa Fernanda Flórez
Reyes7. Realizó un recuento del proceso 680012333000-2023-00774-00 a su
cargo, reafirmó que se le ha impartido un trámite célere al proceso del asunto, por
lo que no se evidencia mora judicial o alguna actuación u omisión que lesione los
derechos fundamentales del accionante.
2.2 Sentencia de primera instancia.
La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante providencia del 6 de junio del 2024,
declaró improcedente la acción del asunto porque consideró que el accionante no se
encuentra legitimado por activa para acudir a la acción de tutela, debido a que:
“Sobre el particular, esta Sala ha sostenido que quien promueva una acción de tutela con el
propósito de buscar la protección de sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados
con ocasión de las providencias o actuaciones que se surtan en el trámite de un proceso
judicial, debe acreditar que es o fue parte dentro del mismo.
Corolario a lo anterior, es claro que el señor NELSON IVÁN DUARTE PEÑARANDA no
ostenta ninguna de esas calidades ni se hizo parte dentro de los medios de control de nulidad
electoral origen de la controversia, respecto de los cuales alega una presunta mora judicial
injustificada y errores procesales, razón por la que al no ser titular de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia cuya vulneración
depreca, carece de legitimación en la causa por activa para promover la solicitud de amparo
de la referencia.”8
2.3 Impugnación9
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Visible en el índice 18 del expediente digital en Samai.
6
Visible en el índice 19 del expediente digital en Samai.
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Visible en el índice 20 del expediente digital en Samai.
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Visible en el índice 28 del expediente digital en Samai.
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Visible en el índice 32 del expediente digital en Samai.
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Demandante: Nelson Iván Duarte Peñaranda
Demandada: Tribunal Administrativo del Santander
Inconforme con esa decisión, el actor la impugnó, para ello refirió que si bien no es parte
dentro de los procesos en los que se acusan los defectos, lo cierto es que la nulidad
electoral es una acción constitucional y por ello cualquier ciudadano tiene interés directo
en ella.
2.4 Coadyuvancia10
El señor Anderson Javier Rojas Barajas, remitió un escrito de coadyuvancia en el que
puso de manifiesto que apoyaba las pretensiones de la acción de tutela, en consideración
a que las demoras evidenciadas en los procesos judiciales del asunto lesionan sus
derechos fundamentales al no imprimirle celeridad y definir la situación del municipio en
tiempo.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
En virtud de los artículos 3211 del Decreto ley 2591 de 199112 y 2513 del Acuerdo 80 de
12 de marzo del 201914 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta
Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
3.2 Problema jurídico
Se debe determinar si la acción de tutela interpuesta cumple con los requisitos de
procedibilidad del mecanismo constitucional, de ser procedente, se analizará si los
retrasos indicados por el accionante en los procesos judiciales atacados constituyen la
alegada mora judicial, con lo que se violan así sus derechos fundamentales.
3.3 La acción
La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los
10
Visible en el índice 33 del expediente digital en Samai.
11
“Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes
al superior jerárquico correspondiente (…)”.
12
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
13
“Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por igual
entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga
parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto.”.
14
“Reglamento interno del Consejo de Estado”.
5
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Demandante: Nelson Iván Duarte Peñaranda
Demandada: Tribunal Administrativo del Santander
Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue concebida como
un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los derechos fundamentales de
los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su amenaza o transgresión, en principio,
frente a la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y, en casos concretos
respecto a particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se trate de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.
El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias específicas
que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse presentes, a saber: (i) que
su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta suficiente que exista una mera
posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la gravedad de los hechos sea de tal
magnitud que cause un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) que
resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la acción sea impostergable, esto es, que
de configurarse el perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho15.
3.4 Legitimación en la causa por activa.
El artículo 86 de la Constitución Política señala la facultad que tiene toda persona para
interponer la acción de tutela por sí misma o por quien actúe en su nombre, con el fin de
reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales.
Acorde con lo anterior, el artículo 10 del Decreto ley 2591 de 1991, al referirse a la
legitimidad e interés para incoar la acción de tutela, dispone:
“[…] La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma
o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.”
La norma que antecede, dispone que la acción de amparo puede ser presentada: i).
Directamente por la persona que estime vulnerados o amenazados sus derechos
15
Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2022, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-02073-01
Demandante: Nelson Iván Duarte Peñaranda
Demandada: Tribunal Administrativo del Santander
fundamentales, ii) Por el representante legal, iii) Por apoderado judicial, iv) Por agente
oficioso y v) Mediante el defensor del pueblo y los personeros municipales.
Así las cosas, se tiene que, si bien una de las características que identifica la tutela radica
en su informalidad, su ejercicio está sujeto al cumplimiento de unos requisitos mínimos
de procedibilidad, que surgen de su propia naturaleza jurídica y de los elementos
especiales que la distinguen. Entre tales exigencias se encuentra la de la legitimación en
la causa por activa o titularidad para promoverla, con la cual se busca garantizar que la
persona que acude a ella tenga un interés directo y particular respecto de la solicitud de
amparo que formula ante el juez constitucional, de manera que pueda establecerse, sin
dificultad, que lo reclamado es la protección de un derecho fundamental del afectado y
no de un tercero16.
3.5 Subsidiariedad de la acción de tutela
El principio de subsidiaridad está consagrado en el inciso 4º del artículo 86 de la
Constitución, que establece: “esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”. En este orden de ideas, al existir otros mecanismos
de defensa judicial que resulten más eficaces para la protección reclamada, se debe
recurrir a ellos antes de pretender el amparo por vía de tutela. Con dicha regla el
constituyente buscó que esta acción no desplace los mecanismos específicos de defensa
previstos en la correspondiente regulación común.17
Por tanto, cuando una persona acude a la administración de justicia en aras de buscar la
protección de sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas
en el ordenamiento jurídico para el caso específico.18 Esto porque la tutela no es un
mecanismo alternativo que remplace los procesos judiciales o que permita adoptar
decisiones paralelas a las del funcionario que está conoce de un determinado asunto
radicado bajo su competencia.19
16
Corte Constitucional, sentencia T-176 de 14 de marzo de 2011, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
17
Ver sentencia T-680 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
18
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo
complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos
constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto,
una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las
mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de
protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
19
Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Pretelt Chaljub.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-02073-01
Demandante: Nelson Iván Duarte Peñaranda
Demandada: Tribunal Administrativo del Santander
En consecuencia, ha manifestado la Corte Constitucional que:
“(…) de perderse de vista el carácter subsidiario de la tutela, el juez constitucional, en este
ámbito, no circunscribiría su obrar a la protección de los derechos fundamentales, sino que se
convertiría en una instancia de decisión de conflictos legales. Nótese cómo de desconocerse
el carácter subsidiario de la acción de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el
constituyente y se deslegitimaría la función del juez de amparo”.20
No obstante, aunque exista un mecanismo ordinario de protección de los derechos del
afectado, la tutela procederá si en el caso concreto se acredita (i) que aquel no es idóneo
o (ii) que al ser apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia de un perjuicio
irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados
constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional de la tutela.
El primer evento se presenta cuando el medio judicial previsto para resolver la respectiva
controversia no resulta idóneo ni eficaz, debido a que, por ejemplo, no permite resolver
el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución pronta, por lo que la
normativa admite que la acción de tutela proceda excepcionalmente. El requisito de la
idoneidad ha sido interpretado por la Corte a la luz del principio según el cual el juez de
tutela debe dar prioridad a la realización de los derechos sobre las consideraciones de
índole formal.21
La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso concreto,
teniendo en consideración las características procesales del mecanismo, las
circunstancias del peticionario y el derecho fundamental involucrado. Esto significa que
un medio judicial excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando salvaguarda de
manera eficaz el derecho fundamental invocado.22
En relación con el segundo supuesto, la Corte Constitucional ha establecido que, si la
tutela se interpone como mecanismo transitorio, debido a que existe un medio judicial
ordinario, es preciso demostrar que la intervención del juez constitucional es necesaria
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Tal perjuicio irremediable se
caracteriza:
20
Cfr. Sentencia T-406 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño
21
Ver sentencias T-106 de 1993, MP. Antonio Barrera Carbonell y T-100 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
22
Ver sentencias T-441 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-02073-01
Demandante: Nelson Iván Duarte Peñaranda
Demandada: Tribunal Administrativo del Santander
“(i) Por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder
prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para
conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea
impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en
toda su integridad”23.
3.6 Solución al caso concreto
De conformidad con el estudio realizado al expediente allegado, la Sala debe aclarar que
en el caso que nos ocupa no se cumple el requisito de legitimación en la causa por activa
por parte del accionante, por las razones que se pasan a sustentar.
En el sub examine, se evidencia que tal y como lo manifestó el A Quo, las siguientes son
las personas que se encuentran debidamente acreditadas en los procesos atacados:
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00789-00
Demandante: Anderson Javier Rojas Barajas
Demandado: Eduard Abril Borrero
Vinculados: Registraduría Nacional del Estado Civil, Consejo Nacional Electoral y Partido
Alianza Verde
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00864-00
Demandante: Giovanny Humberto Duran Romero
Demandado: Eduard Abril Borrero, Registraduría Nacional Del Estado Civil, Consejo Nacional
Electoral.
Vinculados: Diana Ine Pérez y Lorein Elizabeth Osses Méndez
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00774-0068001-23-33-000-2023-00864-00
Demandante: Lorein Elizabeth Osses Méndez
Demandado: Eduard Abril Borrero
Es decir, de conformidad con el contenido del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 24 y
del 86 de la Constitución Política25, solo quien tiene interés legítimo para acudir a la acción
de tutela puede activar el mecanismo de justicia, ello por la naturaleza intrínseca del
mismo, pues busca proteger los derechos fundamentales del individuo como elemento
fundamental del Estado de Derecho, no de la colectividad o del grupo como pudiese ser
en otras acciones constitucionales.
23
Cfr. sentencia T-896 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
24
“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales”
25
“la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”
9
Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-02073-01
Demandante: Nelson Iván Duarte Peñaranda
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Ha referido el actor que, el medio de control de nulidad electoral es una acción
constitucional y por ello tiene interés directo para acudir a la tutela en su defensa, frente
a ello, esta corporación en jurisprudencia previa26 ha referido sobre la naturaleza de dicho
medio de control que:
“De conformidad con lo preceptuado en el artículo 139 del CPACA, el medio de control de
nulidad electoral habilita a cualquier persona para que acuda ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo en aras de que se examine la legalidad de los actos de elección,
en este caso, por voto popular.
No obstante, a pesar de ser un medio de control susceptible de ser incoado por cualquier
persona –sin necesidad de apoderado judicial–, lo que permite advertir que se trata de una
acción pública, que incluso dispone de rango constitucional, su ejercicio se encuentra
sometido a diversas exigencias que deberán cumplirse para garantizar el debido proceso, el
derecho de defensa y permitir el trámite organizado y sistemático de las etapas que se surten
con éste.”
Esas consideraciones son pertinentes para aclarar que, si bien es una acción ciudadana
que puede ser interpuesta por cualquier persona, incluso con cierto alcance
constitucional, ello no implica que legitime a cualquier persona fuera del proceso para
acudir a la acción de tutela cuándo no son sus derechos procesales los que se encuentran
vulnerados, por lo que se confirma que el accionante no se encuentra legitimado por
activa para acudir a la acción de tutela en este caso.
Ahora, el señor Anderson Javier Rojas Barajas remitió al expediente un escrito de
coadyuvancia donde apoyó las pretensiones del accionante, frente a esto tiene la Sala
que la Corte Constitucional27 ha indicado que “la coadyuvancia tiene las siguientes reglas:
(i) la participación del coadyuvante debe estar acorde con las posiciones y pretensiones
presentadas por el accionante o el accionado en el trámite de tutela, es decir, no puede
formular pretensiones propias de amparo a sus derechos fundamentales; (ii) la
coadyuvancia puede ser llevada a cabo hasta antes de que se expida la sentencia que
finalice el proceso de tutela, es decir, hasta antes de la sentencia de única, de segunda
instancia o de revisión ante la Corte Constitucional, según sea el caso.”.
Se tiene entonces que, el señor Anderson Rojas, fue vinculado como tercero con interés
en el proceso en el Auto Admisorio ya referido, en razón a esa vinculación remitió el
escrito de coadyuvancia una vez fue expedida la sentencia de primera instancia y cuándo
corría el término para conceder la impugnación elevada por el accionante, por lo que en
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejera ponente: Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, sentencia del 14 de marzo de 2019, radicación número: 11001-03-28-000-2018-00051-00
27
Corte Constitucional, Auto A 401 del 2020.
10
Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-02073-01
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razón a su vinculación y su manifestación dentro del proceso, y al demostrarse que tiene
interés directo en el proceso de radicado 68001-23-33-000-2023-00789-00, que fue
acumulado con los otros dos, ello dota de legitimidad la intervención del mismo en la
acción del asunto, por lo que esta situación permite que la tutela que nos ocupa supere
el estudio de legitimidad.
Por otra parte, de manera anticipada se debe anunciar que, frente a la 4° pretensión 28,
referente a que se le ordene a la Procuraduría General de la Nación iniciar una vigilancia
preventiva en los procesos judiciales cuestionados, la misma resulta improcedente, ello
porque no existe ni en el expediente de tutela, ni en los expedientes de los procesos
ordinarios evidencia de que el actor haya remitido peticiones a la entidad en dicho sentido,
con lo que no habría agotado todos los medios previos para acudir a la acción de tutela
con esa solicitud.
Por lo demás, esta Sala procederá a realizar el estudio de las restantes pretensiones.
3.6.1 Análisis frente a la Mora Judicial.
El derecho fundamental al acceso a la administración de justicia comporta la facultad de
toda persona de acudir ante los jueces de la República, en aras de resolver las
controversias que vulneran o amenazan sus prerrogativas.
Dicha atribución constitucional no solo refiere a la posibilidad de poner en funcionamiento
el aparato jurisdiccional del Estado, sino también a la de recibir una pronta solución al
conflicto, para lo cual las autoridades cuentan con la facultad de adoptar las medidas
coercitivas previstas en el sistema normativo.
Ahora bien, cuando los funcionarios judiciales no actúan dentro de los términos fijados
en las normas procesales, se configura la mora judicial, que constituye un “fenómeno
multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de
acceso a la administración de justicia, pero que muchas veces una buena parte de la
misma es el resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la
28
“CUARTO: Decretar y ordenar al a la Señora PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN, iniciar VIGILANCIA PREVENTIVA,
por lo expuesto, en especial, porque está llamado a prosperar el medio de control de Nulidad electoral, en contra del Acto de elección
de EDUARD ABRIL BORRERO que integra la lista DEL PARTIDO VERDE, a la ALCALIDIA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN por
la circunscripción territorial ordinaria de SANTANDER”.
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capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los
procesos”29.
No obstante, el mero retraso en las actuaciones judiciales no vulnera el derecho
fundamental que ahora se estudia, por cuanto debe mediar una tardanza injustificada por
parte de los funcionarios para quebrantar esa garantía, caso en el cual será susceptible
de protección a través de la solicitud de amparo.
Resulta oportuno advertir que, la jurisprudencia de la Corte Constitucional30 ha indicado
que, como regla general, el juez de tutela no debe inmiscuirse en el trámite de los
procesos judiciales debido a que podría desconocer el principio de autonomía judicial.
Sin embargo, cuando se evidencia que la tardanza no obedece a cuestiones relacionadas
con carga de trabajo, problemas estructurales o complejidad de los asuntos que se
conocen, la acción de tutela resulta procedente para proteger el derecho fundamental al
acceso a la administración de justicia.
Por tanto, para establecer la prosperidad de la acción de tutela en los casos de mora
judicial, se deben analizar las particularidades de cada situación en concreto con el fin de
determinar si el retardo es justificado o no.
Una vez revisado lo anterior, lo pertinente es entrar a analizar la alegada mora judicial
dentro de los procesos acumulados, frente a ello tenemos que los procesos judiciales
atacados fueron acumulados, el expediente principal es el 68001-23-33-000-2023-00789-
00, pero con el fin de dilucidar si ha habido retrasos injustificados que ameriten la
intervención del juez constitucional haremos la revisión de cada expediente hasta la
determinación de acumulación.
3.6.1.1 Expediente 68001-23-33-000-2023-00789-00.
De acuerdo con las actuaciones registradas en el aplicativo SAMAI31,
Actuación estado
27/06/2024 Notifica fallo de tutela primera instancia
7/06/2024 Constancia de envío y de recibo respuesta requerimiento
29
Corte Constitucional, Sentencia T 052 del 2018 Magistrado ponente Alberto Rojas Ríos
30
Sentencia T 136 de 2015, M. P. María Victoria Calle Correa.
31
Visibles en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000202300789006800123
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-02073-01
Demandante: Nelson Iván Duarte Peñaranda
Demandada: Tribunal Administrativo del Santander
30/05/2024 Finaliza proceso por acumulación
4/06/2024 Cambio de ponente por acumulación
4/06/2024 Acta de sorteo de acumulación
31/05/2024 Comisión nacional de disciplina judicial solicita información
29/05/2024 Constancia publicación sorteo en el micrositio
16/05/2024 Se contesta requerimiento al HCE
15/05/2024 Al despacho para contestar tutela
14/05/2024 Requiere dirección de notificación
2/04/2024 Se notifica auto
1/04/2024 Suspende el trámite de este proceso por acumulación
7/03/2024 Constancia de publicación de aviso
7/02/2024 Memorial Vilma Esperanza Restrepo Murillo
31/01/2024 Al despacho
31/01/2024 Cambio de ponente
29/01/2024 Se remite expediente
29/01/2024 Se notifica auto ordena remisión de expediente
26/01/2024 Compensa el proceso por encontrar fundado el impedimento
25/01/2024 Memorial de Anderson Javier Rojas
23/01/2024 Memorial del demandado
23/01/2024 Solicitud de vinculación
22/01/2024 Se remite respuesta de acción de tutela
22/01/2024 Se notifica auto resuelve sobre la reforma de la demanda
19/01/2024 Notifica auto que admite reforma
19/01/2024 Admite reforma a la demanda
19/01/2024 Contestación demanda - RNEC
18/01/2024 Notifica auto que admite tutela
17/01/2024 Reforma demanda y solicitud medida cautelar
19/12/2023 Solicitud impulso procesal - resolver medida cautelar
13/12/2023 Parte demandante allega reforma demanda
13/12/2023 Solitud demandante aclaración auto admisorio
6/12/2023 Respuesta requerimiento registraduría nacional
6/12/2023 Se notifica auto admite demanda
5/12/2023 Para notificar auto admisorio
5/12/2023 Auto admisión
29/11/2023 Al despacho para considerar admisión
29/11/2023 Radicación realizada desde el portal SAMAI
Evidencia entonces la Sala, que el proceso fue radicado el 29 de noviembre del 2023, la
demanda se reformó el 17 de enero del 2024 y luego se admitida esa reforma el 19
siguiente, por lo demás, las actuaciones visibles del proceso provienen de una
declaratoria de impedimento aprobada contra la Magistrada Claudia Ximena Ardila Pérez,
así como la posterior acumulación de procesos, entre dichas actuaciones existen
memoriales con solicitudes de parte del demandante que han sido resueltas dentro de un
término prudente.
3.6.1.2 Expediente 68001-23-33-000-2023-00864-00.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-02073-01
Demandante: Nelson Iván Duarte Peñaranda
Demandada: Tribunal Administrativo del Santander
De acuerdo con las actuaciones registradas en el aplicativo SAMAI32,
Actuación Estado
13/08/2024 Devolución de expediente por parte del C.E.
27/06/2024 Notifica fallo de tutela primera instancia
4/06/2024 Diligencia sorteo de acumulación
4/06/2024 Actuación automática: se finaliza el proceso
29/05/2024 Constancia publicación sorteo en el micrositio
27/05/2024 Actuación automática: salida temporal
27/05/2024 Respuesta acción de tutela
17/05/2024 Memorial Carlos Leonardo Hernández
16/05/2024 Contestación al requerimiento del CE
15/05/2024 Para notificar auto concede recurso de queja
15/05/2024 Notifica auto admisión tutela
15/05/2024 Concede recurso de queja
14/05/2024 Requerimiento Consejo de Estado
2/05/2024 Memorial de Anderson Javier Rojas Barajas
2/05/2024 Memorial de Anderson Javier Rojas Barajas
2/05/2024 Memorial de Xirys María Mora Alvarado
2/05/2024 Respuesta a derecho de petición
30/04/2024 Al despacho para decidir sobre recurso de queja
29/04/2024 Memorial de Gustavo Benítez
24/04/2024 Se notifica auto admite demanda
23/04/2024 Para notificar auto decide recurso de apelación
19/04/2024 Rechaza por improcedente el recurso de apelación
18/04/2024 Memorial de Alonso Diaz Carvajal
8/04/2024 Al despacho para resolver recurso de apelación
1/04/2024 Memorial de Gustavo Andrés Benítez Luna
22/03/2024 Se notifica auto de tramite
21/03/2024 Auto de tramite
20/03/2024 Acepta coadyuvancia niega terminación
19/03/2024 Memorial de Lorein Elizabeth Osses Méndez
19/03/2024 Memorial de Lorein Elizabeth Osses Méndez
6/03/2024 Memorial de Xirys María Mora Alvarado
1/03/2024 Memorial de Gustavo Andrés Benítez Luna
1/03/2024 Memorial de Bladys Leonardo Caamaño de la Ossa
26/02/2024 Memorial de Lorein Elizabeth Osses Méndez
23/02/2024 Memorial de Giovanny Humberto Durán Romero
22/02/2024 Memorial de Giovanny Humberto Duran Romero
22/02/2024 Memorial de Giovanny Humberto Duran Romero
19/02/2024 Memorial de Bladys Leonardo Caamaño de la Ossa
9/02/2024 Para estudio de solicitud de vinculación de litisconsorcio
9/02/2024 Solicitud vinculación litis consorte obligatorio
8/02/2024 Memorial de Omar Vicente Guevara Parada
6/02/2024 Se notifica auto admite demanda
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Visibles en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000202300864006800123
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-02073-01
Demandante: Nelson Iván Duarte Peñaranda
Demandada: Tribunal Administrativo del Santander
25/01/2024 Contestación CNE
19/01/2024 Desistimiento de retiro de demanda de nulidad
18/01/2024 Solicitud retiro de la demanda
18/01/2024 Se notifica auto admite demanda
17/01/2024 Recibe auto admite demanda
17/01/2024 Avoca y corre traslado
15/12/2023 Para estudio de admisión
15/12/2023 Radicación realizada desde el portal samai
En este expediente, es evidente que la radicación del proceso fue el 15 de diciembre del
2023, que el 18 de enero el demandante solicitó el retiro de la demanda y luego desistió
del retiro, posteriormente, en el interregno entre el 8 de febrero del 2024 al 2 de mayo del
2024 se presentaron 18 memoriales de los intervinientes en el proceso, pero por lo
demás, se aprecia que no ha pasado un mes entre actuaciones surtidas por el Tribunal
Administrativo, incluyendo las actuaciones relacionadas con el trámite de la acción de
tutela que nos ocupa y los recursos presentados contra las decisiones tomadas.
3.6.1.3 Expediente 68001-23-33-000-2023-00774-00.
De acuerdo con las actuaciones registradas en el aplicativo SAMAI33,
Actuación Estado
14/08/2024 Memorial de Vilma Esperanza Restrepo Murillo
13/08/2024 Memorial de Carlos Leonardo Hernandez
11/07/2024 Para resolver excepciones - fijar litigio
8/07/2024 Memorial de Anderson Javier Rojas Barajas
3/07/2024 Auto niega medidas cautelares
28/06/2024 Niega suspensión provisional
27/06/2024 HCE notifica fallo de primera instancia tutela
4/06/2024 Para resolver solicitud de coadyuvante
31/05/2024 Cambio de ponente por sorteo
30/05/2024 Acta diligencia de sorteo
29/05/2024 Publicación de sorteo en micrositio
16/05/2024 Contesta requerimiento HCE
15/05/2024 Notifica auto admisión de tutela
14/05/2024 HCE requiere dirección de notificaciones
5/04/2024 Auto orden a secretaría
11/03/2024 Auto rechaza recurso de suplica
8/03/2024 Rechaza recurso de suplica
7/03/2024 HCE notifica fallo de tutela primera instancia
5/03/2024 Auto orden a secretaría realizar notificación
5/03/2024 Informe sobre indebida notificación
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Visibles en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000202300774006800123
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-02073-01
Demandante: Nelson Iván Duarte Peñaranda
Demandada: Tribunal Administrativo del Santander
1/03/2024 Auto decreta acumulación
29/02/2024 Ordena sorteo de magistrado ponente
29/02/2024 Cambio de ponente
29/02/2024 Al despacho
25/02/2024 Memorial de Lorein Elizabeth Osses Méndez
23/02/2024 Traslado art 110 CGP
14/02/2024 Cambio de ponente
6/02/2024 Traslado
31/01/2024 Memorial de Lorein Elizabeth Osses Méndez
29/01/2024 Auto solicitando informe de secretaría sobre notificación
29/01/2024 Notificación auto rechaza recurso de reposición
26/01/2024 Auto solicitando informe de secretaria
26/01/2024 Auto rechaza recurso de reposición
26/01/2024 Recurso de apelación contra la decisión
26/01/2024 Solicita informe para decidir sobre acumulación
24/01/2024 Memorial de Eddy Alexandra Villamizar Schiller
23/01/2024 Para resolver recurso de reposición en subsidio de apelación
23/01/2024 Recurso de reposición y en subsidio apelación
23/01/2024 Auto niega medidas cautelares
23/01/2024 Accionante corre traslado de la solicitud
19/01/2024 Auto niega medidas cautelares
19/01/2024 Contestación demanda - RNCE
18/01/2024 Registro de proyecto en sala de decisión
18/01/2024 HCE notifica auto que admite tutela
17/01/2024 Derecho de petición - notificación del demandado
17/01/2024 Se da respuesta a información sobre notificación
16/01/2024 Memorial de superintendencia de notariado y registro
16/01/2024 Memorial de derecho de petición
15/01/2024 Memorial de Lorein Elizabeth Osses Méndez
13/01/2024 Solicitud de respuesta derecho de petición
12/01/2024 Memorial de reforma de la demanda
12/01/2024 Memorial de solicitud notificación del demandado
12/01/2024 Memorial de Lorein Elizabeth Osses Méndez
12/01/2024 Memorial de Lorein Elizabeth Osses Méndez
19/12/2023 Reitera solicitud de desistir del retiro de la demanda
18/12/2023 Solicitud de anulación del retiro de la demanda
15/12/2023 Se publica constancia secretarial
14/12/2023 Para resolver retiro
13/12/2023 Desistimiento de recursos y retiro de la demanda
13/12/2023 Respuesta oficio RNEC
12/12/2023 Recurso de reposición y en subsidio de apelación
11/12/2023 Notifica auto que admite demanda
11/12/2023 Respuesta a requerimiento RNEC
11/12/2023 Reitera requerimiento
11/12/2023 Auto niega medidas cautelares
7/12/2023 Niega medida cautelar y requiere nuevamente
6/12/2023 Se remite aviso a la secretaria general
6/12/2023 Reitera oficios
6/12/2023 Solicitud medida cautelar
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-02073-01
Demandante: Nelson Iván Duarte Peñaranda
Demandada: Tribunal Administrativo del Santander
29/11/2023 Se notifica auto de admisión
29/11/2023 Oficios librados
28/11/2023 Auto admite demanda
23/11/2023 Al despacho
23/11/2023 Radicación realizada desde el portal SAMAI
Así como se percibe, hasta el 30 de mayo del 2024, fecha en que se acumularon los
procesos, hubo un evidente y constante impulso procesal en el proceso del asunto, pues
el despacho al que se le asignó el estudio no duró un mes sin realizar actuaciones
encaminadas a llevar a buen término el proceso judicial, ahora, a partir del 30 de mayo,
pueden destacarse que hubo un pronunciamiento expreso sobre las medidas cautelares
que se encontraban en los expedientes acumulados.
Esta situación permite concluir, que no se ha presentado demora injustificada dentro de
los procesos acusados, ello se soporta en las actuaciones transcritas que demuestran
una actitud proactiva en la actividad judicial, no sobra recordar que si bien los procesos
judiciales deben estar regidos por el principio de celeridad procesal, ello no puede llevar
a actuar de manera apresurada y con posible violación del derecho al debido proceso de
todos los intervinientes, es por ello que se observan en los mismos actuaciones
tendientes a sanear el proceso judicial y pronunciamientos sobre todos los recursos
interpuestos por los demandantes.
Por último, en el caso bajo estudio se tiene que el accionante, ha manifestado que el
magistrado ponente del proceso acumulado pudiese encontrarse inmerso en una
situación que debería obligarlo a apartarse del conocimiento del proceso acusado, ante
esta situación, la Sala le recuerda al accionante que el ordenamiento jurídico contempla
la figura de la recusación, la cual se encuentra prevista en los artículos 130 y 132 del
CPACA, de la cual puede hacer uso si lo considera.
Esta figura, se ha contemplado como una garantía al debido proceso, entendiéndose que
uno de los componentes de su núcleo esencial es la imparcialidad del juez, entendida
como la exigencia frente al operador judicial de fallar conforme a los hechos,
pretensiones, argumentos y pruebas que obren en el expediente judicial.
Este principio, de imparcialidad, resulta de una importancia esencial para la constitución
17
Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-02073-01
Demandante: Nelson Iván Duarte Peñaranda
Demandada: Tribunal Administrativo del Santander
de cualquier Estado de Derecho que imponga límites al ejercicio del poder público34, pues
esa característica es una de las partes integrantes de la legitimidad de la actividad judicial
y, dicho sea de paso, un requisito esencial para mantener el pacto social que implica la
constitución política de cualquier nación, así se entendió desde la configuración de los
Estados de derecho modernos.
De igual manera, esta Corporación ha entendido de manera pacífica que la imparcialidad
es esencial en nuestro Estado, por ello indicó que la manifestación más evidente de dicha
situación es la existencia o configuración de un “[…] interés particular, personal, cierto y
actual, que tenga relación, al menos mediata, con el caso objeto de juzgamiento de
manera que impida una decisión imparcial”35.
En vista de las anteriores razones, es palpable que la acción es procedente para su
estudio pero del mismo se desprende que al actor y al coadyuvante no le asiste la razón
frente al pedimento de protección constitucional.
IV. DECISIÓN
Aunque en este caso el análisis efectuado supera el requisito de legitimación en la causa
por activa, pero no se encontró mérito para conceder la acción, siendo lo procedente
revocar la decisión de primera instancia que declaró improcedente la solicitud, para en
su lugar negar el amparo; debido a que los efectos prácticos son los mismos, la Sala
confirmará la sentencia del 6 de junio del 2024, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Primera, en el entendido que se negarán las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 6 de junio del 2024, a través de la cual el
Consejo de Estado, Sección Primera declaró improcedente la acción de tutela de la
34
Elemento sine qua non se puede determinar la existencia de un Estado Constitucional, determinado así en el artículo 16 de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, donde se determinó que “Una Sociedad en la que no esté
establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”.
35
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de diciembre de 2003, expediente S-166. Consejero
Ponente, Dr. Tarsicio Cáceres Toro
18
Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-02073-01
Demandante: Nelson Iván Duarte Peñaranda
Demandada: Tribunal Administrativo del Santander
referencia, en el sentido de negar el amparo solicitado por el señor Nelson Iván Duarte
Peñaranda, por las razones expuestas en la motivación de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFÍQUESE esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
19
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