Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02079-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02079-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02079-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
14 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., catorce (14) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02079-00
Solicitante: BERENICE CATHERINE MORENO GÓMEZ
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia.
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-Los argumentos de la solicitud carecen de carga argumentativa en cuanto a
la vulneración de derechos fundamentales.
La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por Berenice Catherine Moreno
Gómez contra el Tribunal Administrativo de Santander.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 26 de abril de 2024, Berenice Catherine Moreno Gómez, en nombre propio y en
calidad de Curadora Urbana No. 2 de Bucaramanga, formuló acción de tutela con el
fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa y de acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Santander, al haber proferido la sentencia del 13 de
febrero de 2024, dentro del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos1 que Iván Gonzalo Reyes Ribero interpuso contra la Curaduría
Urbana No. 2 de Bucaramanga y otros.
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Rad. n°. 68001-33-31-006-2010-00183-00/01.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02079-00
Solicitante: Berenice Catherine Moreno Gómez
Acción de tutela – sentencia de primera instancia
En virtud del amparo, solicita que se ordene revocar el fallo del 13 de febrero de 2024
proferido por Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar, se niegen las
pretensiones de la demanda.
2. Hechos relevantes
Iván Gonzalo Reyes Ribero interpuso demanda de acción popular contra la parte
actora y otros 2 , por la vulneración de los derechos colectivos al goce público y
realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, por el
incumplimiento de las normas urbanísticas de provisión de cupos de parqueaderos
que fomenta el estacionamiento de vehículos en el espacio público y endurecimiento
de la zona de antejardín para la creación de bahías lo que perturba la libre circulación
en el sector y la calidad de vida de la comunidad. Considera que la Curadora Urbana
N° 2 y el municipio de Bucaramanga también vulneraron los derechos e intereses
colectivos de los ciudadanos, pues no ejecutaron los cobros correspondientes a los
pagos compensatorios por parqueaderos ni ejercieron control sobre la invasión del
espacio público en el sector objeto de la demanda.
El Juez Quince Administrativo de Bucaramanga mediante fallo del 19 de diciembre
de 2019, declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por la Curadora y amparó los intereses colectivos al goce del
espacio público y de los bienes de uso público y los derechos a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollo urbano que respetan la ley y priorizan la
calidad de vida de los habitantes.
La Curadora Urbana N° 2 de Bucaramanga interpuso recurso de apelación contra
esa decisión. Estima que el juez de primera instancia vulneró su derecho al debido
proceso, ya que incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico por falta de
motivación de la decisión. Señaló que la autoridad judicial no estudió los argumentos
expuestos en el escrito de contestación de la demanda, pues, a pesar de que profirió
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El Municipio de Bucaramanda, la Dirección de Tránasito de Bucaramanga, Sonrisas Excelente S.A.S., Javier
Haylock Ortodoncia y Odontología Estética, Rubiela Casadiego Sánchez, Joseph Ferney Anaya Gómez, Natalia
Alejandra Peñuela Cobos, Jaime David Peñuela Cobos, Pinnk Life S.A., Llilipink Cosmocentro, N..N.N.A R.L.
Gina María del Pilar Giorgi González, Lucio Parra Prada, Galería Verzatyl, Erwin Gamboa Valdés, Domingo
López Morantes y Tu Kasa.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02079-00
Solicitante: Berenice Catherine Moreno Gómez
Acción de tutela – sentencia de primera instancia
el acto de reconocimiento de edificación, no tenía la obligación de exigir unos cupos
de parqueo mínimos, y sostuvo que para expedir la licencia se limitó a revisar que
los planos cumplieran con las disposiciones del Decreto 1077 de 2015 y el Acuerdo
011 de 2014, los cuales no prevén la compensación que se alega. Agregó que es
función de la administración municipal realizar el control urbano y ornato, y esa
entidad debió verificar los deberes urbanísticos de cumplimiento de cupos de
parqueadero asociados al uso del suelo. El actor popular y otros demandados
también apelaron la decisión de primera instancia.
En sentencia del 13 de febrero de 2024 el Tribunal Administrativo de Santander
confirmó la decisión de primera instancia, al encontrar acreditado el incumplimiento
del pago urbanístico por compensación de cupos de parqueadero. Estimó que el
Decreto 0067 de 2007, en consonancia con el Acuerdo 065 de 2006 y el Decreto 198
de 2015 establecen que el propietario del predio o el titular de la licencia comercial,
de servicios, industriales o dotacionales es quien debe realizar los aportes por
concepto de la compensación del cupo de parqueo. Advirtió que la Curaduría
también omitió la exigencia del cumplimiento del deber urbanístico de provisión de
cupos en el trámite previo a la expedición de la licencia que otorgó.
3. Fundamentos de la solicitud
La parte actora sostiene que le vulneraron los derechos fundamentales invocados,
«al omitirse realizar un análisis de los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en
la contestación de la demanda y en el recurso de apelación interpuesto, así como al
aplicarse indebidamente las normas existentes en materia de compensación de
cupos de parqueaderos asociados al uso de suelo establecidos en el Acuerdo 065
de 2005, Decreto 067 de 2007, Decreto 0198 de 2015 y el Plan de Ordenamiento
Territorial Acuerdo 011 de 2014, normas estas del Municipio de Bucaramanga, para
el trámite de licencias urbanísticas y reconocimiento de edificaciones existentes». En
consecuencia la autoridad judicial incurrió en:
Defecto sustantivo: Estima que el Tribunal se apartó de una interpretación razonable
de las normas que regulan la actuación del reconocimiento y de la licencia de
construcción en la modalidad de modificación. En particular señaló que la autoridad
judicial no estudió la definición del Decreto 1077 de 2015, frente a lo que es un
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02079-00
Solicitante: Berenice Catherine Moreno Gómez
Acción de tutela – sentencia de primera instancia
reconocimiento de edificación existente ni valoró qué es una licencia de modificación
y tampoco revisó el artículo 471 del POT.
Afirmó que el fallo reprochado, tiene una falta de motivación porque no se sustenta
en norma alguna que aplicable al caso y se desconoce el precedente jurisprudencial
que le fue puesto en conocimiento en la sustentación del recurso de apelación en la
acción popular. En ese sentido, reiteró que el acto de reconocimiento en conjunto
con la licencia de construcción en la modalidad de modificación que expidió no
vulnera ningún derecho colectivo y sus actuaciones se ajustaron a sus competencias
y a la aplicación normativa vigente.
Defecto fáctico: Considera que la autoridad judicial dio por sentado las circunstancias
establecidas por el actor popular sin darle valor probatorio a las pruebas aportadas
tales como el concepto estipulado por la Secretaría de Planeación en el GDT-1055
del 14 de marzo de 2019, el cual contiene un informe técnico de visita que fue
realizado en cumplimiento del artículo 471 del POT y en el que se establece que en
el caso no aplica la provisión de cupos de parqueadero.
Trámite procesal
El 3 de mayo de 2024, el Despacho admitió la acción de tutela y ordenó su
notificación a los Magistrados del Tribunal Administrativo de Santander que dictaron
la sentencia del 14 de febrero de 2024. Asimismo, a Iván Gonzalo Reyes Ribero, al
municipio de Bucaramanga, a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, a Sonrisa
Excelente S.A.S. y/o a Javier Haylock Ortodoncia y Odontología Estética, a Rubiela
Casadiego Sánchez, a Joseph Ferney Anaya Gómez, a Natalia Alejandra y Jaime
David Peñuela Cobos, a Pink Life S.A. y/o a Lili Pink Cosmocentro N.A.R.L., a Gina
María del Pilar, Giorgi González, a Lucio Parra Prada, a Galería Verzatil y/o a Erwin
Gamboa Valdés, Domingo López Morantes y/o Tu Kasa S.A., como terceros
interesados en el resultado de esta acción, a quienes se les remitirá copia de la
solicitud. También, comunicó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para lo de su cargo.
En el escrito de contestación la Secretaría de Planeación del municipio de
Bucaramanga afirmó no tener injerencia en esta acción de tutela, al estimar que los
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02079-00
Solicitante: Berenice Catherine Moreno Gómez
Acción de tutela – sentencia de primera instancia
reproches van dirigidos contra el Juez Quince Administrativo de Bucaramanga y el
Tribunal Administrativo de Santander.
Afirmó que las pretensiones contenidas en la solicitud de amparo no están llamadas
a prosperar, ya que no hubo vulneración de ninguna garantía constitucional más aún
cuando ha realizado loas trámites ordenados en las decisiones de primera y segunda
instancia de la acción popular.
El señor Iván Gonzalo Reyes Ribero presentó memorial por el cual afirma que en el
caso no se vulneraron los derechos fundamentales alegados. Advirtió que, durante
todo el trámite del proceso de la acción popular se le respectaron las garantías
procesales a la accionante.
Señaló que en el expediente ordinario de aportaron pruebas que acreditan que las
construcciones no tenían licencia urbana legal que se ajustara a las obras actuales
ni a los planos anteriores aprobados y que, además, no hubo compensación de
parqueaderos. Por último, resaltó que los fallos ya ejecutoriados beneficiaron a los
ciudadanos, pues se liberó la ocupación del espacio público, el municipio de
Bucaramanga recauda dinero para generar parqueaderos en la ciudad y así se
garantiza que la gente pasee por los andenes. Por todo lo anterior, solicitó negar las
pretensiones de la tutela.
CONSIDERACIONES
4. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra el fallo del 13
de febrero de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del
medio de control de la acción popular que Iván Gonzalo Reyes Ribero interpuso
contra la Curaduría Urbana No. 2 de Bucaramanga y otros.
5. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Nacional y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02079-00
Solicitante: Berenice Catherine Moreno Gómez
Acción de tutela – sentencia de primera instancia
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental3. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela4.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Relevancia constitucional
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional5: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
3
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
4
Ibidem.
5 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02079-00
Solicitante: Berenice Catherine Moreno Gómez
Acción de tutela – sentencia de primera instancia
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:
«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la
preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para
la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la
prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de
los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal».
Caso concreto
La providencia reprochada confirmó el fallo de primera instancia al encontrar
acreditado el incumplimiento del pago urbanístico por compensación de cupos de
parqueadero. Estimó que el Decreto 0067 de 2007, acorde al Acuerdo 065 de 2006
y el Decreto 198 de 2015 establecen que el propietario del predio o el titular de la
licencia comercial, de servicios, industriales o dotacionales debe realizar los aportes
por compensación del cupo de parqueo. Advirtió que la Curaduría también omitió la
exigencia del cumplimiento del deber urbanístico de provisión de cupos de parqueo
en el trámite previo a la expedición de la licencia que otorgó. En términos de esa
Sala:
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Solicitante: Berenice Catherine Moreno Gómez
Acción de tutela – sentencia de primera instancia
Sea lo primero rememorar que, la Honorable Corte Constitucional señaló que el derecho
a que las decisiones emitidas por las autoridades nacionales o territoriales, según el
caso, que impliquen la modificación de los usos del suelo y que puedan afectar a
licenciatarios y propietarios, se ajusten a las normas vigentes y sean debidamente
motivadas, constituye un desarrollo directo de la cláusula de Estado Social (art. 1º
superior), del principio de legalidad (art. 6º constitucional) y de los principios de
transparencia y publicidad que rigen la actuación de las autoridades públicas (art. 209
ibídem). En esa medida, precisa que no existe un derecho a la intangibilidad de las
reglas que definen el uso del suelo en los planes de ordenamiento territorial, ni aun
cuando ello afecte el alcance de licencias otorgadas o la destinación de edificaciones
efectuadas conforme a estas licencias, en tanto, la modificación de las mismas se funda
en el interés social y, como lo ha destacado este Tribunal, “la legislación urbana
constituye una fuente legítima de relativización del contenido del derecho de
propiedad sobre los inmuebles”
Conforme a ello “la correcta ordenación y el desarrollo equilibrado de las ciudades,
particularmente en lo que respecta a los usos del suelo, incesantemente introduce
exigencias de orden social que gravitan sobre las titularidades privadas, lo que no puede
considerarse excepcional y externo al derecho de propiedad sino por el contrario
connatural a éste e incorporado a su núcleo esencial” 6 . De manera que, los
particulares no pueden pretender la intangibilidad de las normas adoptadas en los
procesos de planificación urbana dado que, por razones asociadas al interés público,
social o común, los municipios y distritos pueden adoptarlas con fundamento en los
artículos 1º, 58 y 82 de la Constitución.
(...) Es así que, tratándose de una zona comercial, como en este caso ocurre con el
predio ubicado en la Carrera 33 No. 52 - 109/111/115 del cual se expidió el acto
administrativo No. 68001-2-18-0626 por medio del cual otorgó licencia de
Reconocimiento de Edificación-Modificación al mismo, donde en la descripción del
proyecto se evidencia que la misma fue expedida para “Acto de Reconocimiento y
licencia de construcción modalidad Modificación de un predio de altura de dos pisos
para uso comercial/servicios (…)”, existe deber de compensar económicamente la
ausencia de cupos destinados a servir de parqueadero, la cual si bien debe ser asumida
por el tenedor del bien que desarrolle uso distinto al de vivienda, dicha situación debió
de ser tenida en cuenta por parte de la Curaduría en el momento del trámite previo a la
expedición de la licencia, como quiera que tanto el artículo 23 del Acuerdo No. 065 de
2006 como el artículo 6 del Decreto 0067 de 2007 son claros en establecer la
obligatoriedad que asiste a las edificaciones, establecimientos comerciales, de
servicios, industriales o dotacionales cuya infraestructura de parqueadero es
inadecuada, y no pueden cumplir al interior de sus predios con la cuota mínima de
parqueos asociados al uso o no los provean a través del sistema de gestión asociada,
de acogerse a la figura de pago compensatorio.
Es así como, se concluye que la Curaduría Urbana No. 2 de Bucaramanga en efecto
omitió la exigencia del cumplimiento del deber urbanístico de provisión de cupos de
parqueo en la licencia de Reconocimiento de Edificación-Modificación al predio ubicado
en la Carrera 33 No. 52 - 109/111/115, razón por la cual la decisión de primera instancia
6
Sentencia T-422/93 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02079-00
Solicitante: Berenice Catherine Moreno Gómez
Acción de tutela – sentencia de primera instancia
en lo que respecta a los motivos de inconformidad de la Curaduría, se encuentra
ajustada a la normatividad.
La Sala advierte que los argumentos presentados por la parte solicitante no acreditan
una vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que presentan la mera
inconformidad de la accionante que alega divergencias de carácter netamente legal.
En efecto, al estudiar la solicitud de tutela, las pruebas y el proceso ordinario, se
evidencia que la actora propuso en sede de tutela los mismos planteamientos
expuestos en el proceso que ya fueron resueltos en la sentencia reprochada.
En particular, se observa que, en el recurso de apelación de la sentencia, la actora
propuso los mismos reproches que aquí se alegan: (i) que la licencia que expidió no
requería cumplir con los deberes urbanísticos de cumplimiento de cupos de
parqueadero y (ii) que hubo indebida valoración del concepto de la Secretaría de
Planeación en el GDT-1055 del 14 de marzo de 2019, el cual establece que no aplica
la provisión de cupos de parqueadero. Al respecto, la Sala considera que la tutela no
procede para revivir oportunidades procesales precluidas, ni para reemplazar el
criterio del juez natural al valorar normas aplicables ni las pruebas obrantes en el
expediente.
Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad judicial
accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no es
una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las
razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.
La solicitante enunció que el fallo reprochado incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente jurisprudencial, al estimar que la autoridad judicial no
valoró la jurisprudencia que invocó en el recurso de apelación de la sentencia en el
proceso ordinario sin identificar siquiera aquel precedente desconocido. De lo
antedicho, es claro que la discusión planteada en el escrito de tutela, se reitera, está
motivada en el desacuerdo con la apreciación legal de la providencia dictada por el
juez natural y además, no está justificada con la carga argumentativa suficiente que
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02079-00
Solicitante: Berenice Catherine Moreno Gómez
Acción de tutela – sentencia de primera instancia
permita al juez de tutela valorar la procedencia de la solicitud, en procura del respeto
por la cosa juzgada, seguridad jurídica y la garantía de independencia y autonomía de
los jueces, como elementos fundamentales para el cimiento de la actividad judicial del
Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela de Berenice Catherine
Moreno Gómez contra el Tribunal Administrativo de Santander.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
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