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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02079-01

Fecha
20 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02079-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la decisión de primera instancia de 14 de junio de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02079-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

20 de septiembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02079-01
Demandante: Berenice Catherine Moreno Gómez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02079-01
Demandante: BERENICE CATHERINE MORENO GÓMEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Temas: Tutela contra providencia judicial – acción popular,
cumplimiento del deber urbanístico de provisión de cupos de
parqueo en la licencia de reconocimiento de edificación-
modificación. Falta de cumplimiento del requisito general de
relevancia constitucional.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia de 14 de junio de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C que declaró improcedente el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 26 de abril de 2024, la señora Berenice Catherine Moreno Gómez, en calidad de
Curadora Urbana Dos de Bucaramanga, interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Santander, por estimar vulnerado el derecho
fundamental al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:

«AMPARAR EL DERECHO DEL DEBIDO PROCESO, DEFENSA Y CONTRADICCIÓN Y
ACCESO A LA JUSTICIAL, Y AL DERECHO A DOBLE INSTANCIA, revocando para tal
efecto el FALLO JUDICIAL DEL 13 DE FEBRERO DE 2024, en su defecto DESISTIMAR
EN SU TOTALIDAD, los argumentos que dieron origen al mismo, y en su lugar ordenar al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, que se resuelva lo que en derecho
corresponde, (...)».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Iván Gonzalo Reyes Ribero interpuso demanda de acción popular contra la
Curaduría Urbana Dos de Bucaramanga y otros 1 , por la vulneración de los

1 Los demandados fueron el municipio de Bucaramanga, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, Sonrisas

Excelente S.A.S., Javier Haylock Ortodoncia y Odontología Estética, Rubiela Casadiego Sánchez, Joseph
Ferney Anaya Gómez, Natalia Alejandra Peñuela Cobos, Jaime David Peñuela Cobos, Pink Life S.A., Llilipink
1
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Demandante: Berenice Catherine Moreno Gómez

derechos colectivos al goce del espacio público y utilización y defensa de los bienes
de uso público, construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, con
fundamento en que: i) los establecimientos de comercio demandados, al no cumplir
con la norma urbanística que exige parqueaderos internos o realizar el pago
compensatorio por la falta de ellos han contribuido al estacionamiento en la vía
pública, lo que genera congestión y contaminación auditiva en el sector; ii) los
establecimientos comerciales cerraron los parqueaderos que aparecían en los
planos originales, o los han modificado sin solicitar las licencias necesarias ante
las curadurías correspondientes; iii) las autoridades municipales permitieron el
funcionamiento de estos establecimientos sin exigirles el cumplimiento de las
normas urbanísticas, dijo que, tampoco realizaron los controles necesarios para
verificar el cumplimiento de la norma.

La Curaduría Urbana Dos de Bucaramanga, representada por la arquitecta
Berenice Catherine Moreno Gómez contestó la demanda, oportunidad en la que
sostuvo que las actuaciones realizadas por esa entidad se adelantaron dentro de
las competencias otorgadas por la ley y de conformidad con las normas aplicables
para la expedición de licencias urbanísticas, tanto en la modalidad de construcción
como en reconocimientos de edificaciones existentes. Afirmó que, aplicó las
regulaciones vigentes y relacionó las normas que respaldaban sus actuaciones,
entre ellas, las exigencias sobre los cupos de parqueaderos. Por otro lado, alegó
falta de legitimación en la causa por pasiva.

El 19 de diciembre de 2019, el Juzgado Quince Administrativo de Bucaramanga
profirió sentencia de primera instancia en la que declaró no probada la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Curaduría Dos de
Bucaramanga y amparó los intereses colectivos al goce del espacio público y de
los bienes de uso público y los derechos a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollo urbano que respetan la ley y priorizan la calidad de vida
de los habitantes. Además, señaló que la Curaduría Urbana Dos de Bucaramanga
vulneró los derechos colectivos invocados, por no haber exigido el cumplimiento
del deber urbanístico de provisión de cupos de parqueo en la licencia de
reconocimiento de edificación-modificación otorgada al predio ubicado en la
Carrera 33 núm. 52-109/111/1152.

Cosmocentro, N..N.N.A R.L., Gina María del Pilar Giorgi González, Lucio Parra Prada, Galería Verzatyl, Erwin
Gamboa Valdés, Domingo López Morantes y Tu Kasa.
2 En lo que interesa a la presente acción de tutela, ordenó:«SEGUNDO: AMPARAR los derechos colectivos los

derechos e intereses colectivos al GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS
BIENES DE USO PÙBLICO, Y LA REALIZACIÓN DE LAS CONTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y
DESARROLLOS URBANOS RESPETANDO LAS DIPOSICIONES JURÍDICAS DE MANERA ORDENADA Y
DANDO PREVALENCIA AL BENEFICIO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, Y LA
UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO Y LA DEFENSA DEL PATRIMONIO
PÚBLICO, por parte de los accionados previsto en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998.
TERCERO: ORDENAR la SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS JURÍDICOS del acto administrativo No. 68001-
2-18-0626 expedido por la Curaduría Urbana No. 2 de Bucaramanga mediante la cual se otorgó licencia de
Reconocimiento de Edificación-Modificación a los predios localizados en la Carrera 33 No. 52-109/111/115
respectivamente, suspensión que recae sólo en aquello que contradiga la norma relacionada con la
compensación del deber urbanístico de provisión de cupos de parqueo.
CUARTO: ORDENAR a la SOCIEDAD SONRISA EXCELENTE, RUBIELA CASADIEGO SÁNCHEZ, JOSEHP
FERNEY ANAYA, NATHALIA ALEJANDRA PEÑUELA COBOS, JAIME DAVID PEÑUELA COBOS en su
calidad de propietarios del inmueble y/o establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 33 No. 52-
109/111/115 de esta ciudad y/o quien haga sus veces para que en el término de UN (1) MES siguiente a la
ejecutoria de la presente sentencia y en coordinación con la CURADURIA URBANA No. 2 de BUCARAMANGA
y el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA realice el pago referente a la compensación transitoria y/o definitiva del
deber urbanístico de provisión de cupos de parqueo en el referido inmueble, debiendo realizar el respectivo
pago anual periódico en el evento que asuma el pago transitorio.
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La actora interpuso recurso de apelación contra esa decisión, con base en que:

(i) El fallo de primera instancia incurrió en defecto fáctico, por omisión de valorar
las pruebas aportadas al expediente que demostraban que la licencia
urbanística cumplió los requisitos previstos en la norma, y falta de motivación
al no realizar un análisis de los argumentos expuestos en la contestación de
la demanda;
(ii) La curaduría no tenía la obligación de exigir cupos de parqueo mínimo en los
actos de reconocimiento de edificaciones existentes, toda vez que su función
es expedir licencias de construcción, previa verificación de que los
documentos presentados cumplan con las normas urbanísticas, de modo
que, el control del el ornato y urbanismo se encuentra en cabeza del
municipio;
(iii) Los curadores urbanos solo tienen la competencia de definir cuántos cupos
de parqueo deben suplirse mediante el sistema de pago compensatorio,
cuando dicha figura es aplicable. De modo que, la Curaduría cumplió con lo
dispuesto en el Decreto 1077 de 2015 y el Acuerdo 011 de 2014, donde no
se establece compensación para los reconocimientos de edificaciones
existentes.
(iv) Debía considerarse que el Acuerdo 065 de 2006 y el Decreto 067 de 2007
no podía aplicarse de forma retroactiva.
(v) En los trámites de reconocimiento de edificación existente y licencia de
construcción en la modalidad de modificación, según lo previsto en POT de
Bucaramanga, no se exigen cupos de parqueaderos. Por lo tanto, las
licencias expedidas por la curaduría no tenían la obligación de verificar el
cumplimiento con el requisito de los cupos de parqueo.
(vi) Las funciones de administrar, recaudar y liquidar pagos compensatorios no
corresponden a los curadores urbanos, sino a la Secretaría de Hacienda y la
Secretaría de Planeación Municipal.
(vii) En consecuencia, afirmó que no era procedente la suspensión del acto
administrativo núm. 68001-2-18-0249, porque cumple con las normas
urbanísticas aplicables, máxime si se tenía en cuenta que el reconocimiento
de edificación existente y la licencia de modificación no requerían cumplir con
el sistema de parqueaderos.

El 13 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander profirió
sentencia de segunda instancia en la que confirmó la decisión inicial, para lo cual
expresó que, en la sentencia T-422 de 1993 la Corte Constitucional señaló que las
reglas sobre los usos del suelo no son estáticas o intangibles y, por el contrario,
pueden ser modificadas en atención a razones de interés social que busquen
equilibrar el desarrollo urbano y el bienestar colectivo. De modo que, dichas
modificaciones o nuevas disposiciones pueden afectar incluso licencias ya
otorgadas, sin que esto implique una violación del derecho de propiedad.

Advirtió que el Decreto 067 de 2007, en concordancia con el Acuerdo Municipal
065 de 2006 y el Decreto 198 de 2015, precisa que son el propietario del predio o
el titular de la licencia comercial, de servicios, industriales o dotacionales frente a
quienes recae el deber urbanístico de contar con los respectivos cupos de

Páragrafo. EXHORTESE a la CURADURÍA URBANA No. 2 DE BUCARAMANGA para que no vuelva a incurrir
en la omisión de la exigencia a sus usuarios del cumplimiento del deber urbanístico de provisión de cupos de
parqueo de forma transitoria y/o definitiva en los trámites de reconocimiento de edificación y en las demás
licencias urbanísticas que así lo exijan.
(…)». (Se transcribe con posibles errores).
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parqueaderos o en caso de no contar con éstos, asumir el pago compensatorio
ante el ente municipal autorizado.

Además, que los artículos 23 del Acuerdo 65 de 2006 y 357 a 364 del Plan de
Ordenamiento Territorial, prevén la obligación de pago obligatorio de
compensación por parqueaderos en cabeza de los propietarios de predios o
titulares de licencias de establecimientos comerciales, de servicios, industriales o
dotacionales que no puedan cumplir con la provisión mínima de parqueaderos en
su infraestructura o mediante la gestión asociada.

Con fundamento en lo anterior, concluyó que el predio ubicado en la Carrera 33
núm. 52 - 109/111/115, se encontraba en una zona comercial. Sin embargo, en el
acto administrativo núm. 68001-2-18-0626, por medio del cual la Curaduría Urbana
Dos de Bucaramanga otorgó licencia de Reconocimiento de Edificación-
Modificación, no tuvo en cuenta las referidas normas, pues omitió exigir el
cumplimiento del deber urbanístico de provisión de cupos de parqueo al expedir
las licencias o, en su defecto, haber solicitado el pago compensatorio
correspondiente al expedir la licencia, de conformidad con el Acuerdo 065 de 2006
y el Decreto 067 de 2007.

En consecuencia, mantuvo la decisión de primera instancia, que suspendió los
efectos jurídicos del acto administrativo núm. 68001-2-18-0626 «licencia de
Reconocimiento de Edificación-Modificación», porque se expidió sin la exigencia de
compensar económicamente la ausencia de cupos destinados a servir de
parqueadero.

3. Argumentos de la acción de tutela

Alegó que el tribunal accionado incurrió defecto sustantivo, para lo cual advirtió
que no se estudió lo previsto por el Decreto 1077 de 2015, que regula el
reconocimiento de edificaciones existentes y las licencias de modificación, ni el
procedimiento establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, específicamente
el artículo 471, que determina los criterios normativos que deben seguir los
curadores urbanos al expedir licencias. De modo que, en el caso de licencias
urbanas en la modalidad de modificación, no ocasiona la obligación de exigir la
compensación por provisión de cupos de parqueadero.

Por ello, afirmó que el trámite de «Reconocimiento de Edificación Existente y
Licencia de Construcción en la modalidad de Modificación, el cual fue aprobado
para el predio con nomenclatura Carrera 33 No. 52-109/111/115, identificado con
cedula catastral No. 68001-01-02-0265-0023-000, y matrícula inmobiliaria No. 300-
38894, de fecha 13 de febrero de 2019», se adelantó con apego a la norma
aplicable.

Además, que no se evaluó si la actuación en cuestión debía cumplir con la provisión
de cupos de parqueadero o el pago compensatorio correspondiente.

Aunado a lo anterior, indicó que la liquidación por compensación de cupos de
parqueo no es competencia de las curadurías urbanas, sino de la administración
municipal, de acuerdo con los artículos 23 a 25 del Acuerdo 065 de 2006. De modo

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que, no existía fundamento legal para que esa curaduría adelantara lo ordenado en
la sentencia cuestionada respecto a dicha compensación.

Asimismo, advirtió que no era posible aplicar de forma retroactiva lo previsto en el
Acuerdo 065 de 2006 y el Decreto 067 de 2007, pues esas normas establecen que
rigen a partir de su publicación.

Respecto al en defecto fáctico porque no tuvo en cuenta que el concepto GDT-
1055 del 14 de marzo de 2019, proferido por la Secretaría de Planeación, que
contiene un informe técnico de visita que fue realizado en cumplimiento del artículo
471 del POT, en el que se establece que el predio ubicado en la Carrera 33 núm.
52-111 Cabecera del llano no aplica la provisión de cupos de parqueadero o el pago
compensatorio de parqueaderos, de acuerdo con las normas del Acuerdo 065 de
2006 y el Decreto 0198 de 2015.

Por otro lado, advirtió que el fallo incurrió en desconocimiento del precedente
judicial, punto en el que citó la sentencia proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado del 29 de abril de 2015, en el expediente radicado 25000-23-
24-000-2005-90568-013, en la que «se establece la provisión de cupos de parqueaderos
para licencias de adecuación, que es de obligatorio cumplimiento». Por ello, consideró
que no podía pretenderse equiparar dicha actuación con el acto administrativo
proferido por esa curaduría, que corresponde a un reconocimiento de edificación y
licencia de modificación.

Finalmente, anotó que la actuación de la Curadora Urbana Dos de Bucaramanga,
en la expedición de la licencia en cuestión se ajustó a las normas vigentes y no
vulneró derechos colectivos.

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en auto de 3 de mayo de
2024, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Santander. Además, vínculo a Iván Gonzalo Reyes Ribero, al
municipio de Bucaramanga, a la Dirección de tránsito de Bucaramanga, a Sonrisa
Excelente S.A.S. y/o a Javier Haylock Ortodoncia y Odontología Estética, a Rubiela
Casadiego Sánchez, a Joseph Ferney Anaya Gómez, a Natalia Alejandra y Jaime
David Peñuela Cobos, a Pink Life S.A. y/o a Lili Pink Cosmocentro N.A.R.L., a Gina
María del Pilar, Giorgi González, a Lucio Parra Prada, a Galería Verzatil y/o a Erwin
Gamboa Valdés, Domingo López Morantes y/o Tu Kasa S.A, en calidad de terceros
con interés en el proceso.

3 Dicho caso trato de que la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, solicitó una licencia de
construcción y se comprometió a proveer 27 cupos de parqueo o, en su defecto, realizar un pago compensatorio
al Fondo de Estacionamientos del IDU. Para ello, esa fundación compró un predio destinado a suplir los cupos
de parqueo, pero no informó oportunamente al IDU ni tramitó la modificación de la licencia de construcción.
En la sentencia se decidió que, aunque la Fundación adquirió el predio para cumplir con los cupos de parqueo,
su incumplimiento en la tramitación formal de la modificación de la licencia permitió que el IDU exigiera el pago
compensatorio. Por lo tanto, se confirmó la validez de la actuación del IDU y la fundación fue obligada a pagar
la compensación.
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5. Oposición

El Tribunal Administrativo de Santander no se pronunció sobre los hechos que
dieron origen a la presente acción.

6. Intervención de los terceros con interés

La Secretaría de Planeación de Bucaramanga expresó que no tiene injerencia
en lo pretendido en el presente asunto, ni capacidad de vulnerar los derechos
invocados, pues la actora controvierte la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander.

El señor Iván Gonzalo Reyes Ribero solicitó que se nieguen las pretensiones de
la demanda, porque el tribunal demandado adelantó las actuaciones de la acción
popular conforme a derecho y con fundamento en las pruebas aportadas en el
expediente.

Por otro lado, expresó que la curaduría actora, en el escrito de tutela reconoció la
falta de 3 a 8 parqueaderos y que los propietarios de los inmuebles están obligados
a tramitar las licencias para reformas según el Decreto 1469 de 2010.

Indicó que las normas del municipio de Bucaramanga han exigido desde 1945 la
obligación de proveer parqueaderos.

Asimismo, relató que la construcción del establecimiento «Tu Kasa» se realizó sin
la licencia adecuada y sin la provisión de parqueaderos exigida por las normas
locales, lo que generó la invasión de espacio público.

7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia del 14 de
junio de 2024, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional, porque la actora propone en sede de tutela
los mismos argumentos expuestos en el recurso de apelación y plantea
divergencias de carácter netamente legal, las que, en todo caso, fueron resueltas
en la sentencia cuestionada. Por ello, concluyó que pretende utilizar el mecanismo
constitucional como una instancia adicional para reabrir y debatir decisiones ya
adoptadas en un proceso judicial.

En cuanto al «defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
jurisprudencial», expresó que no está justificada con la carga argumentativa
suficiente que permita al juez de tutela valorar ese tema.

8. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, con fundamento en los
siguientes argumentos:

Expresó que la solicitud de amparo cumple con el requisito de relevancia
constitucional, porque, «si bien se hicieron reproches que fueron expuestos en el recurso
de apelación surtido contra el fallo que es objeto de acción de tutela», debía tenerse en
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cuenta que la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos fáctico,
sustantivo y desconocimiento del precedente judicial. Por esa razón, solicita que se
revise en sede de tutela la actuación controvertida, «pues precisamente los reproches
planteados dan cuenta de la vulneración de los derechos invocados en la acción de
tutela.».

En cuanto al defecto sustantivo, expresó que el juez constitucional de primera
instancia y el Tribunal Administrativo de Santander no efectuaron «un análisis,
normativo de las actuaciones de Reconocimiento de Edificación Existente, ni de las
condiciones normativas establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio
de Bucaramanga, para la procedencia de dichos actos, y cuando estos se tramitan con una
Licencia de Construcción en sus distintas modalidades, al igual, que no realiza un análisis
respecto de las normas que regulan el sistema de estacionamientos del municipio de
Bucaramanga.». En otras palabras, que no todas las actuaciones de licencias son
generadores de cupos de parqueadero, pues dicha obligación no se genera en «el
reconocimiento de edificación existente con la modalidad de licencia de construcción en la
modalidad de modificación». Para sustentar esa afirmación, citó el artículo 471 del
Acuerdo Municipal 011 de 2014 -Plan de Ordenamiento Territorial-, el Acuerdo
Municipal 065 de 2006 y el Decreto 1077 de 2015.

Asimismo, advirtió que los curadores urbanos no son los competentes para liquidar
el pago compensatorio de cupos de parqueadero, pues estas obligaciones le
corresponden a la Secretaría de Planeación Municipal, de acuerdo con los artículos
23 a 25 del Acuerdo 065 de 2006 y el Decreto 0198 de 2015. De modo que, los
curadores urbanos «no proceden a realizar procedimientos distintos a la expedición de
licencia», es decir «no tienen la competencia legal de realizar liquidaciones distintas a las
expensas por tramites de licencias urbanísticas, actos de reconocimiento y otras
actuaciones, como son el cargo fijo y cargo variable».

Por ello, expresó que no existía fundamento para que en la sentencia se impartiera
una orden para la cual carece de competencia, esto es, liquidar el pago
compensatorio de parqueaderos.

Respecto al defecto fáctico, reiteró que la autoridad judicial demandada no tuvo
en cuenta que al expediente fue aportado el concepto GDT-1055 del 14 de marzo
de 2019, proferido por la Secretaría de Planeación, el cual contiene un informe
técnico de visita para el predio con nomenclatura Carrera 33 núm. 52-109/111/115,
identificado con cedula catastral núm. 68001-01-02-0265-0023-000, y matrícula
inmobiliaria núm. 300-38894, de fecha 13 de febrero de 2019, que fue realizado en
cumplimiento del artículo 471 del POT, en el cual se establece que no aplica la
provisión de cupos de parqueadero, por ninguno de los sistemas regulados en el
Acuerdo 065 de 2006, inclusive lo correspondiente al pago compensatorio de
parqueaderos.

En lo atinente al desconocimiento del precedente judicial, indicó que el juez de
tutela de primera instancia no realizó el análisis de los argumentos expuestos «sin
identificar siquiera aquel precedente desconocido» y se limitó a afirmar que la actora
alegó defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

Anotó que, en el escrito inicial, citó la sentencia proferida por la Sección Primera
del Consejo de Estado el 29 de abril de 2015, en el expediente radicado No. 25000-
23-24-000-2005-90568-01, en la que «se establece la provisión de cupos de
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parqueaderos para licencias de adecuación, que es de obligatorio cumplimiento», por ello,
afirmó que no podía pretender «equiparar dicha actuación (…) con el acto administrativo
de reconocimiento de edificación y licencia de modificación (…)».

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional4, para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales5 y específicas6 de
procedencia de la acción de tutela.

4 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después

del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se
destaca)
5 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia

judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
6 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya

incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02079-01
Demandante: Berenice Catherine Moreno Gómez

Problema jurídico

Como fundamento de la impugnación, la parte actora argumenta que la acción de
tutela cumple con el requisito general de relevancia constitucional, al tiempo que,
reitera que el Tribunal Administrativo de Santander vulneró los derechos
fundamentales invocados, porque incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y por
desconocimiento del precedente judicial.

De acuerdo con los argumentos de la impugnación, corresponde a la Sala
establecer si los defectos invocados cumplen con el requisito general de relevancia
constitucional y los demás requisitos generales de procedencia, solo respecto de
los cargos que superen dichos requisitos, será posible desplegar el análisis de
fondo.

Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20147, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 8.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio

7 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:

11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
8 Ibidem.

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decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v)Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)

Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala anticipa que, tal como lo concluyó el a quo, la acción de tutela no cumple
el requisito de relevancia constitucional, porque la parte actora emplea el presente
mecanismo como una instancia adicional al proceso ordinario.

En primer lugar, frente a los argumentos dirigidos a señalar que la autoridad judicial
demandada incurrió en defecto sustantivo al desconocer que los acuerdos
municipales 011 de 2014, 065 de 2006 y el Decreto 1077 de 2015 no establecen la
obligación de pago compensatorio de cupos de parqueadero en los casos de
«reconocimiento de edificación existente con la modalidad de licencia de construcción en
la modalidad de modificación»; que dicha tesis fue adoptada en el concepto suscrito
por la Secretaría de Planeación en el GDT-1055 del 14 de marzo de 2019 y que los
curadores urbanos no son los competentes para liquidar dicha compensación; la
Sala advierte que fueron expuestos en el recurso de apelación, por lo tanto, fueron
resueltos por el Tribunal Administrativo de Santander y, ahora, son alegados como
fundamento de la presente acción de tutela.

Al respecto, se encuentra el señor Iván Gonzalo Reyes Ribero interpuso demanda
de acción popular contra la Curaduría Urbana Dos de Bucaramanga y otros
personas, por la vulneración de los derechos colectivos al goce del espacio público
y, utilización y defensa de los bienes de uso público, construcciones, edificaciones
y desarrollos urbanos, con fundamento en que: i) los establecimientos de comercio
demandados no cumplieron con la norma urbanística que exige parqueaderos
internos o realizar el pago compensatorio por la falta de ellos; ii) los
establecimientos comerciales cerraron los parqueaderos que aparecían en los
planos originales, o los han modificado sin solicitar las licencias necesarias ante las
curadurías correspondientes; iii) las autoridades municipales permitieron el
funcionamiento de estos establecimientos sin exigirles el cumplimiento de las
normas urbanísticas

El Juzgado Quince Administrativo de Bucaramanga, amparó los derechos
colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso
público, y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al
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beneficio de la calidad de vida de los habitantes, y la utilización y defensa de los
bienes de uso público y la defensa del patrimonio público. Por ello: (i) en el artículo
tercero, ordenó la suspensión de los efectos jurídicos del acto administrativo núm.
68001-2-18-06269 expedido por la Curaduría Urbana 2 de Bucaramanga; (ii) en el
artículo cuarto, ordenó a los propietarios de los inmuebles ubicados Carrera 33
núm. 52-109/111/115 a que, en coordinación con la Curaduría Urbana Dos de
Bucaramanga y el municipio de Bucaramanga, realicen el pago referente a la
compensación del deber urbanístico de provisión de cupos de parqueadero.

La actora apeló la referida decisión, con fundamento en que: (i) de conformidad con
el Decreto 1077 de 2015 y el Acuerdo 011 de 2014, no era posible exigir cupos de
parqueaderos en el trámite de reconocimientos de edificación y licencias de
modificación, por lo que la licencia, conferida al predio ubicado en la Carrera 33
núm. 52 - 109/111/115, no estaba obligada a verificar ese requisito; (ii) la liquidación
de los pagos compensatorios corresponde a la Secretaría de Hacienda y la
Secretaría de Planeación; (iii) el Acuerdo 065 de 2006 y el Decreto 067 de 2007 no
podían aplicarse retroactivamente; (iv) el juez de primera instancia incurrió en
defecto fáctico al no analizar las pruebas aportadas al expediente.

La Sala observa que el Tribunal Administrativo de Santander, en la providencia
cuestionada, relacionó los argumentos de la apelación propuesta por el actor, en
los siguientes términos:

«La Curadora Urbana No. 2 de Bucaramanga alega que dio cumplimiento a lo establecido
en el Decreto 1077 de 2015, y el Acuerdo 011 de 2014 artículos 364 y 471, atendiendo a
que el RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION EXISTENTE con la modalidad de
LICENCIA DE CONSTRUCCION en la modalidad de MODIFICACION, es el único trámite
en el que conforme al POT actual de Bucaramanga, no se exigen cupos de parqueaderos,
por lo que la licencia expedida no requería dar cumplimiento a los deberes urbanísticos de
cumplimiento de cupos de parqueadero asociados al uso de suelo».

Por su parte, en el escrito de tutela, la parte actora manifestó que la autoridad
judicial demandadas incurrió en defecto sustantivo, porque desconoció que el
Decreto 1077 de 2015 y el POT de Bucaramanga no prevén que las licencias
urbanas, en la modalidad de modificación, generen la obligación de compensación
por provisión de cupos de parqueo. Además, que la liquidación de esa
compensación no recaía sobre esa entidad, sino que le correspondía a la
administración municipal y no era posible la aplicación retroactiva lo previsto en el
Acuerdo 065 de 2006 y el Decreto 067 de 2007. Asimismo, que se configuró defecto
fáctico, porque no se tuvo en cuenta el concepto GDT-1055 del 14 de marzo de
2019, proferido por la Secretaría de Planeación, que contiene un informe, en el que
se establece que el predio ubicado en la Carrera 33 núm. 52-111 Cabecera del
llano no aplica el pago compensatorio de parqueaderos.

A partir de lo anterior, la Sala advierte que la señora Moreno Gómez, en calidad de
Curadora Urbana Dos de Bucaramanga, propone la misma discusión jurídica que
presentó en la acción popular en la que fungió como demandada, lo cual evidencia
que lo que pretende la parte actora es hacer uso de la presente solicitud de amparo,
como una instancia adicional.

9 Mediante la cual la Curaduría Urbana Dos de Bucaramanga otorgó una licencia de reconocimiento de
edificación y modificación a los predios localizados en la Carrera 33 No. 52-109/111/115.
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La anterior conclusión, se refuerza si se tiene en cuenta que la misma actora, en la
impugnación, acepta que en sede constitucional reiteró los argumentos que fueron
expuestos en el trámite de la acción popular.

En efecto, de lo expuesto hasta aquí se evidencia que la discusión planteada por la
actora ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Santander en providencia
del 13 de febrero de 2024, que, en lo que interesa, consideró:

«- De la vulneración de los derechos e intereses colectivos por parte de la Curadora Urbana No. 2
de Bucaramanga, al omitir la exigencia del cumplimiento del deber urbanístico de provisión de cupos
de parqueo en la licencia de Reconocimiento de Edificación-Modificación al predio ubicado en la
Carrera 33 No. 52 - 109/111/115.

(…)

Aclarado lo concerniente a la obligatoriedad de las normas sobre uso de suelo y descendiendo al
caso en concreto, se tiene que, la Curaduría Urbana No. 2 de Bucaramanga sostiene que la licencia
expedida no requería dar cumplimiento a los deberes urbanísticos de cumplimiento de cupos de
parqueadero asociados al uso de suelo.

Al respecto, se advierte que el Decreto 0067 de 2007 en concordancia con el Acuerdo municipal No.
065 de 2006 y Decreto 198 de 2015 establece de forma precisa frente a quienes recae el deber
urbanístico de contar con los respectivos cupos de parqueaderos o en caso de no contar con éstos,
asumir el pago compensatorio ante el ente municipal autorizado; de tal modo que es el propietario
del predio o el titular de la licencia comercial, de servicios, industriales o dotacionales quien debe
realizar los aportes por concepto de la compensación del cupo de parqueo. Indica el Acuerdo No.
065 del 29 de diciembre de 2006, en su Capítulo IV, frente al pago compensatorio de parqueaderos:
(…)

Esta retribución, como lo indica el Acuerdo, pretende compensar la ausencia de cupos de
parqueadero atendiendo de manera puntual el uso de suelo dado a la zona en la que se encuentre
el inmueble, siendo una obligación en aquellas áreas de actividad comercial, industrial y dotacional
que no cumplan con la cuota mínima de parqueo por gestión asociada, a cargo de quien represente
el establecimiento comercial, a través de la compensación transitoria de acuerdo a su área y
actividad comercial. Lo anterior, se corrobora atendiendo lo dispuesto por el Plan de Ordenamiento
Territorial del municipio de Bucaramanga en cuyo Título III “Componente Urbano del Plan de
Ordenamiento Territorial del municipio de Bucaramanga”, Subtítulo 3º “Normas urbanísticas
generales”, Capítulo 3º “PARQUEOS ASOCIADOS AL USO” y desarrolla en los artículos 357 a 364
el pago compensatorio de parqueaderos o compensación transitoria del deber urbanístico de
provisión de cupos de parqueo, a cargo de los establecimientos comerciales, así:
(…)

Es así que, tratándose de una zona comercial, como en este caso ocurre con el predio ubicado en
la Carrera 33 No. 52 - 109/111/115 del cual se expidió el acto administrativo No. 68001-2-18-0626
por medio del cual otorgó licencia de Reconocimiento de Edificación-Modificación al mismo, donde
en la descripción del proyecto se evidencia que la misma fue expedida para “Acto de Reconocimiento
y licencia de construcción modalidad Modificación de un predio de altura de dos pisos para uso
comercial/servicios (…)”, existe deber de compensar económicamente la ausencia de cupos destinados
a servir de parqueadero, la cual si bien debe ser asumida por el tenedor del bien que desarrolle uso
distinto al de vivienda, dicha situación debió de ser tenida en cuenta por parte de la Curaduría en el
momento del trámite previo a la expedición de la licencia, como quiera que tanto el artículo 23 del
Acuerdo No. 065 de 2006 como el artículo 6 del Decreto 0067 de 2007 son claros en establecer la
obligatoriedad que asiste a las edificaciones, establecimientos comerciales, de servicios, industriales
o dotacionales cuya infraestructura de parqueadero es inadecuada, y no pueden cumplir al interior
de sus predios con la cuota mínima de parqueos asociados al uso o no los provean a través del
sistema de gestión asociada, de acogerse a la figura de pago compensatorio.

Es así como, se concluye que la Curaduría Urbana No. 2 de Bucaramanga en efecto omitió la
exigencia del cumplimiento del deber urbanístico de provisión de cupos de parqueo en la licencia de
Reconocimiento de Edificación-Modificación al predio ubicado en la Carrera 33 No. 52 - 109/111/115,
razón por la cual la decisión de primera instancia en lo que respecta a los motivos de inconformidad
de la Curaduría, se encuentra ajustada a la normatividad.

• De la suspensión de los efectos jurídicos del acto de reconocimiento y la obligación a los
propietarios del inmueble y/o establecimiento de comercio predio ubicado en la Carrera 33 No.
52 - 109/111/115 de realizar el pago de la compensación transitoria y/o definitiva del deber
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urbanístico de provisión de cupos de parqueo en la licencia otorgada en la modalidad de
Reconocimiento – Modificación:

Tal como quedó expuesto en el anterior acápite, existió una omisión por parte de la Curaduría Urbana
No 2 de Bucaramanga al expedir la licencia de Reconocimiento de Edificación-Modificación al predio
ubicado en la Carrera 33 No. 52 - 109/111/115 sin la exigencia del cumplimiento del deber urbanístico
de provisión de cupos de parqueo, razón por la cual esta Sala comparte la decisión de primera
instancia por medio de la cual se suspendieron los efectos jurídicos del acto administrativo No.
68001-2-18-0626 expedido por la Curaduría Urbana No. 2 de Bucaramanga, sólo en aquello que
contradiga la norma relacionada con la compensación del deber urbanístico de provisión de cupos
de parqueo.

En ese sentido, al haberse concedido una licencia de Reconocimiento de Edificación-Modificación
sobre el mencionado inmueble, en la que no se exigió la compensación del deber urbanístico de
provisión de cupos de parqueo, cuando debió haberse dispuesto, es claro que la decisión del juez
de primera instancia consistente en ordenar a NATHALIA ALEJANDRA PEÑUELA COBOS y JAIME
DAVID PEÑUELA COBOS en su calidad de propietarios del inmueble y/o establecimiento de
comercio ubicado en la Carrera 33 No. 52 - 109/111/115 realicen el pago referente a la
compensación transitoria y/o definitiva del deber urbanístico de provisión de cupos de parqueo en el
referido inmueble, debiendo realizar el respectivo pago anual periódico en el evento que asuma el
pago transitorio, constituye una obligación que les asiste.».

Siendo así, como se expuso, aunque la parte actora alega que la providencia objeto
de tutela vulneró los derechos fundamentales invocados porque presuntamente
incurrió en defecto sustantivo y fáctico al desconocer que no existía supuestos
fácticos y jurídicos para exigir que en la licencia de Reconocimiento de Edificación-
Modificación a los predios localizados en la Carrera 33 núm. 52 - 109/111/115 se
exigiera el cumplimiento del pago de la compensación por provisión de
parqueaderos y, que no tenía la competencia para liquidar dicha compensación,
como se vio, ya fueron resueltos por el juez natural.

Así, queda demostrado que los cargos por los defectos fáctico y sustantivo no
cumplen el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la parte actora insiste
en los mismos aspectos que ya fueron expuestos al juez ordinario, lo que evidencia
es su inconformidad con la forma como se hizo el análisis del caso por el juez
natural de cierre en segunda instancia.

Finalmente, en cuanto al desconocimiento del precedente judicial, la Sala comparte
lo resuelto por el juez de primera instancia, atinente a que la actora no cumplió con
la carga mínima argumentativa que le corresponde, toda vez que, en el mismo
escrito de tutela la actora afirmó que en la sentencia de 29 de abril de 201510 se
analizó un caso con unos supuestos fácticos y jurídicos distintos al sub examine,
pues se trató de un asunto de provisión de cupos de parqueaderos para licencias
de adecuación en el distrito de Bogotá y no se analizó el trámite de reconocimiento
de edificación y licencia de modificación en el municipio de Bucaramanga.

Lo anterior, es suficiente para confirmar la sentencia de primera instancia proferida
por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, que declaró
improcedente el amparo invocado por la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

10 Consejo de Estado, Sección primera, sentencia de 19 de abril de 2015, expediente No. 25000-23-24-000-

2005-90568-01.
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FALLA

1. Confirmar la decisión de primera instancia de 14 de junio de 2024, dictada por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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