Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02100-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02100-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02100-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
30 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02100-00
Accionante: ANDRÉS FELIPE MOLINA RÍOS
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA– Ampara derecho fundamental de petición. La parte
accionada no ha resuelto el recurso presentado.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Andrés Felipe Molina
Ríos contra el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Elseñor Andrés Felipe Molina Ríos solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales de petición, al debido proceso y a la seguridad social, cuya
vulneración le atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, con ocasión a la omisión de resolver el recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación interpuesto contra la Resolución núm.
2699 de 29 de enero de 20241.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:
2.1. Señalóque el 3 de febrero de este año le notificaron, a través de correo
electrónico, la Resolución núm. 2699 de 29 de enero de 2024 de la Dirección
1
“Por la cual se liquida un auxilio de cesantía anualizada”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
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Accionante: Andrés Felipe Molina Ríos
Ejecutiva de Administración Judicial, a través de la cual se le liquidó el auxilio de
cesantía anualizada.
2.2. Manifestó que el 7 de febrero de 2024, dentro del término legal, presentó
recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra el mencionado acto
administrativo, el cual remitió a la dirección electrónica
medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co suministrada por la parte accionada para tal
fin:
“[…] Cordial saludo,
Respetuosamente me dirijo a ustedes para interponer el presente RECURSO
DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN CONTRA la Resolución
No. 2699 del 29 de enero de 2024, notificada el 3 de febrero siguiente,
encontrándome dentro del término establecido en la ley 1437 de 2011,
conforme al escrito adjunto.
Agradezco amablemente confirmar el recibido de este correo […]”.
2.3. Indicó que, a la fecha de la presentación de la acción de tutela, no ha recibido
respuesta a su petición.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Se declare que el Consejo Superior de la Judicatura ha vulnerado mi
derecho fundamental de petición y se tutele mi derecho fundamental de
petición.
2. Como consecuencia, se ordene al Consejo Superior de la Judicatura que
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, se dé
respuesta de fondo conforme lo establecen la normatividad y la jurisprudencia
colombianas […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 6 de mayo de 2024, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada se allegaron los
siguientes informes:
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Accionante: Andrés Felipe Molina Ríos
5.1. La
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó, a través de
apoderado judicial, que se le declarara la falta de legitimación en la causa por
pasiva porque no tiene competencia para pronunciarse o resolver los recursos
que se presenten contra las decisiones de las direcciones seccionales de
administración judicial.
5.2. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura pidió, a través de una
de sus magistradas auxiliares, que se le declarara la falta de legitimación en la
causa por pasiva en razón a que la responsabilidad de responder recae sobre la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, autoridad a la cual de acuerdo con
el artículo 2º del Acuerdo PCSJA20-11603 de 27 de julio de 20202 está adscrita la
Unidad de Recursos Humanos, siendo está la oficina que profirió el acto
administrativo contra el que se presentó el recurso de reposición y, en subsidio,
de apelación.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20154, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20215, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20196.
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por la Presidencia del Consejo Superior de
la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20067, señaló lo siguiente:
2
“Por el cual se modifica la estructura de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial”.
3
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
4
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
5
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
4
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Accionante: Andrés Felipe Molina Ríos
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […].” [Negrilla fuera del texto]
9. En este contexto, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial le asiste la
legitimación en la causa por pasiva porque fue vinculada por el mismo accionante
como causante de la vulneración y amenaza de sus derechos fundamentales y,
en cuanto a la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, se observa que
dicha autoridad no fue vinculada en el auto admisorio de la presente acción de
tutela.
10. Por lo expuesto, la Sala denegará las solicitudes de desvinculación elevadas,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer si se vulneraron los derechos fundamentales del señor Andrés Felipe
Molina Ríos, por la presunta omisión de resolver el recurso de reposición radicado
el 7 de febrero de 2024.
VI.4. El núcleo esencial del derecho de petición
12. El artículo 23 de la Constitución Política prevé que toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y también ante
organizaciones privadas, por motivos de interés general o particular y a obtener
una pronta resolución. Se trata de un derecho de aplicación inmediata según el
artículo 85 de la Carta.
13. La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la
connotación de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales
como la información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad
social, el acceso a documentos públicos, entre otros.
5
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Accionante: Andrés Felipe Molina Ríos
14. Elderecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia constitucional, que ha dispuesto
que son tres los elementos del núcleo esencial de este derecho, a saber: (i) la
pronta resolución; (ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que
sea clara, precisa, congruente y consecuente con lo solicitado; y (iii) que la
decisión adoptada se le notifique al peticionario8.
15. La vulneración del núcleo esencial del derecho fundamental de petición es
objeto de protección a través de la acción de tutela. Sin embargo, la
jurisprudencia ha precisado que el sentido de la respuesta no hace parte del
referido núcleo esencial de este derecho. En virtud de lo anterior, se ha precisado
que la respuesta negativa en ningún caso constituye una vulneración del derecho
fundamental de petición, ya que “[…] existe una diferencia entre el derecho de
petición y el derecho a obtener lo pedido […]”9.
16. En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente
la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea y es congruente si existe
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse
sobre lo pedido.
VI.5. Caso concreto
17. Elseñor Andrés Felipe Molina Ríos solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales de petición, al debido proceso y a la seguridad social, cuya
vulneración le atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, con ocasión a la omisión de resolver el recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación interpuesto contra la Resolución núm.
2699 de 29 de enero de 2024.
VI.5.1. Análisis de caso concreto
18. En el presente proceso se encuentra acreditado que:
18.1. El 29 de enero de 2024 el Director de la Unidad de Recursos Humanos de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial profirió la Resolución núm. 2699, a
través de la cual le reconoció al señor Andrés Felipe Molina Ríos la suma de
ciento sesenta y tres mil seiscientos catorce pesos ($163.614,00) por concepto de
8
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-007 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 18 de enero de 2017.
9
Ibidem.
6
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Accionante: Andrés Felipe Molina Ríos
cesantía anualizada y ochocientos setenta y tres pesos ($873) por concepto de
intereses de ley sobre el valor de cesantía anualizada del periodo liquidado, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de ese administrativo:
18.2. El 3 de febrero de 2024, la Sección de Prestaciones Sociales de la Dirección
de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
DEAJ le notificó personalmente al accionante la Resolución núm. 2699 de 29 de
enero de 202410, y le informó que contra la misma procedía el recurso de
reposición el cual debía remitir al correo electrónico
medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co:
10
“Por la cual se liquida un auxilio de cesantía anualizada”.
7
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Accionante: Andrés Felipe Molina Ríos
18.3. Seguidamente,el 7 de febrero de 2024 el accionante radicó el recurso de
reposición y en subsidio apelación contra la Resolución núm. 2699 de 2024
proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la dirección
electrónica medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co:
19. Mediante el informe de 9 de mayo de 2024, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial pese a ser quien profirió el acto administrativo contra el
que se presentó el recurso de reposición -que no ha sido resuelto- y objeto de la
presente tutela aseguró que: “[…] no tiene competencia para resolver y
pronunciarse sobre decisiones adoptadas por las Direcciones Seccionales de
Administración Judicial, toda vez que ellas son autónomas y sus decisiones se
toman en instancia de cierre, por consiguiente el único recurso que procede es el
de Reposición, el cual si ya le fue resuelto corresponde a la respuesta a la
petición que considero es aquella sobre la cual solicita medida de amparo […]”.
20. Como fundamento de lo anterior se tiene que la accionada no acreditó y mucho
menos informó que se le hubiera dado respuesta al señor Andrés Molina Ríos
sobre el recurso de reposición presentado frente a la Resolución núm. 2699 de
2024.
21. Eneste sentido, la Corte Constitucional ha establecido que los recursos
presentados contra los actos administrativos se consideran una manifestación del
derecho de petición. Al respecto, en la sentencia T-682 de 201711 se señaló:
11
Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Expediente T-6.320.192, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 20 de
noviembre de 2017.
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Accionante: Andrés Felipe Molina Ríos
“[…] [R]especto al tema concerniente a sí los recursos interpuestos en la vía
gubernativa y no decididos por la administración son o no equivalentes a una
petición en los términos del artículo 23 de la Constitución Política, la Corte
Constitucional, en reiteradas ocasiones, ha señalado que su no tramitación en
los términos legales y jurisprudenciales establecidos, vulnera el derecho
fundamental de petición.12
La citada posición fue adoptada desde el año 1994 en Sentencia T-304, M.P.
Jorge Arango Mejía, por medio de la cual la Corte al referirse a los recursos
interpuestos en la vía gubernativa y su relación con el derecho de petición,
consideró que el uso de los recursos señalados por las normas del Código
Contencioso, para controvertir directamente ante la administración sus
decisiones, constituye el desarrollo del derecho de petición, pues, “a través de
ellos, el administrado eleva ante la autoridad pública una petición respetuosa,
que tiene como finalidad obtener la aclaración, la modificación o la revocación
de un determinado acto. Siendo esto así, es lógico que la consecuencia
inmediata sea su pronta resolución”.
Además, en la Sentencia T-316 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández,
se indicó que no existe razón lógica para afirmar que la interposición de
recursos ante la administración no sea una de las formas de ejercitar el
derecho de petición, pues este último aparte de habilitar la participación de los
sujetos en la gestión de la administración, autoriza “como desarrollo de él”, la
controversia de sus decisiones.
En conclusión, se puede afirmar que los recursos interpuestos con la finalidad
de controlar los actos administrativos y agotar la vía gubernativa, constituyen
una de las formas de ejercitar el derecho de petición en la medida que este
último permite a las personas no sólo participar en la gestión que realice la
administración sino también, controvertir directamente ante aquella sus
decisiones.
Lo anterior se infiere porque al interponer los recursos de reposición y
apelación se está presentando una petición respetuosa con el fin de obtener,
ya sea, la aclaración, modificación o revocación de un acto administrativo, en
consecuencia, la administración tiene el deber de resolverlos oportunamente,
de manera suficiente, efectiva y congruente con lo solicitado, de lo contrario
se vulneraría el núcleo esencial del derecho de petición.
16. Ahora bien, en relación con los requisitos señalados, esta Corporación ha
manifestado que una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente
la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; es efectiva si la
respuesta soluciona el caso que se plantea; y es congruente si existe
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución
verse sobre lo pedido y no sobre un tema semejante, sin que se excluya la
posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada
con la petición propuesta13 […]”. [Negrilla y cursiva original del texto y
subrayado fuera del texto]
12
Posición reiterada en varios fallos de tutela, a saber, T-365 de 1998, T-084 de 2002, T-951 de 2003, T-364, T-499, T-
692, T-695 de 2004, T- 213 de 2005, entre otros.
13
Al respecto ver Sentencia T-587 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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22. En igual sentido, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la configuración
de un silencio administrativo negativo no exime a la administración de dar una
repuesta a la petición. Al respecto se ha señalado:
“[…] h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la
obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El
silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el
derecho de petición.
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta
una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta.
Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.”14 […]15.
23. En conclusión, al interponer los recursos de reposición y apelación, se realiza una
solicitud respetuosa con el objetivo de obtener la modificación o revocación de un
acto administrativo. Por consiguiente, es responsabilidad de la Administración
resolver estos recursos de manera oportuna, suficiente, efectiva y congruente con lo
solicitado. De lo contrario, se estaría infringiendo el núcleo esencial del derecho de
petición.
24. En el caso sub examine, se observa que no existe evidencia de que la parte
accionada haya resuelto el recurso presentado por el señor Andrés Felipe Molina
Ríos, a través del cual solicitó la modificación de la Resolución núm. 2699 de
2024, específicamente sobre el tiempo que se tuvo en cuenta para liquidar el
auxilio de cesantías y sus intereses.
25. De la misma manera, se evidencia que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial no aclaró, en su informe enviado en virtud del presente trámite, si le había
contestado o no al accionante.
26. Así las cosas, la Sala amparará el derecho fundamental de petición del señor
Andrés Felipe Molina Ríos y le ordenará a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial que, en un término de cuarenta y ocho (48) horas,
responda y comunique al accionante la repuesta a su derecho de petición, tal
como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
14
Ver Sentencia T-377 de 2000, T-173 de 2013, T-211-14, entre otras.
15
Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-332 de 2015. M.P.: Alberto Rojas Ríos.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02100-00
Accionante: Andrés Felipe Molina Ríos
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Andrés
Felipe Molina Ríos. ORDENAR a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
que, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia, responda y comunique al accionante la repuesta
a su derecho de petición, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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