Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02117-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02117-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-02117-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
13 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
CONSEJERO DE ESTADO: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR (E)1
Bogotá, D. C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2024-02117-002
Actor : Dorance Cure Janna
Accionado : Tribunal Administrativo de Bolívar y Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B
Vinculados : Libardo Gómez Blanquicett y Nación - Rama Judicial3
Tema : Tutela contra providencia judicial
Derechos :
presuntamente Debido proceso y acceso a la administración de justicia
vulnerados
Procede la Sala a decidir la acción de tutela formulada por Dorance Cure Janna,
en contra del Tribunal Administrativo de Bolívar y el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el demandante frente a la providencia judicial objeto de censura, luego se
revisará lo relativo a la procedencia del mecanismo de amparo constitucional y,
finalmente, se resolverá lo pertinente en torno a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
Mediante la acción de la referencia, Dorance Cure Janna, quien actúa a través de
apoderado judicial, demandó el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso de administración de justicia, presuntamente vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Bolívar y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B.
En consecuencia, solicitó dejar sin efectos las sentencias del (i) 27 de agosto de
2021, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones
de la demanda de reparación directa que promovió, junto con otra persona, contra
la Nación - Rama Judicial (expediente 13001-23-33-000-2016-01174-00/01); y (ii)
4 de marzo de 2024, a través de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera,
1 Encargado del despacho del Consejero de Estado Jorge Portocarrero Banguera, de conformidad
con el Acuerdo 121 del 21 de mayo de 2024 de la Presidencia de la Corporación.
2 Expediente digital disponible en Samai.
3 Vinculados mediante Auto del 20 de mayo del 2024.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-02117-00
Actora: Dorance Cure Janna
Subsección B confirmó esa determinación. En su lugar, pidió ordenar a las
autoridades accionadas emitir una nueva sentencia en la que se acceda a las
súplicas formuladas en el aludido asunto ordinario.
1.3 Hechos.
De los hechos descritos, así como de los documentos adjuntos al presente
trámite constitucional4, se puede evidenciar que Dorance Cure Janna constituyó
hipoteca abierta a favor de Rómulo Betancur Salazar el 4 de noviembre de 1997,
el 20 de noviembre de 1998, promovió un proceso ejecutivo, que le correspondió
por reparto al Juzgado Quinto (5°) Civil del Circuito de Cartagena, dentro del cual
se registró el embargo sobre el bien inmueble con matrícula inmobiliaria 133433,
dicho bien se encuentra ubicado en la carretera de Rocha – Mamonal del Distrito
de Cartagena de Indias.
Refirió que Eduardo Cure Janna contrajo obligaciones en el 2005 y en el 2007 con
el Banco de Bogotá, y ante el incumplimiento en el pago el 16 de julio de 2007 el
Banco promovió un proceso ejecutivo singular, cuyo conocimiento le correspondió
al Juzgado 9 Civil Municipal de Cartagena, en el que el acreedor aseveró que el
inmueble con matrícula inmobiliaria 060-133433, de Dorance Cure Janna, era en
realidad de propiedad de Eduardo Cure Janna.
En razón a ello, el 13 de julio de 2007, el Juzgado 9 Civil Municipal de Cartagena,
dispuso decretar también el embargo del bien inmueble sin haber aportado al
expediente el Certificado de Libertad y Tradición o Folio de Matrícula Inmobiliaria,
motivo por el cual el propietario del inmueble con matrícula 133433, solicitó en
varias oportunidades el desembargo del bien objeto de controversia.
El señor Dorance Cure Janna, propietario del inmueble, suscribió una promesa de
compraventa con el señor Eliecer Vega Contreras. Este recibió parte del pago
acordado por la venta y el resto se pagaría una vez se firmarán las escrituras de
compraventa en la Notaria el 16 de agosto de 2007. No obstante, la compraventa
no fue celebrada debido a que el bien estaba excluido del mercado.
Para el 2013, se presentó vigilancia administrativa y denuncia por parte del actor
por prevaricato, debido los perjuicios ocasionados. En abril del 2016, mediante
prueba oficiosa de inspección, se reconoce el error por parte del Juzgado Noveno
(9°) Civil Municipal de Cartagena, de forma que se ordenó el desembargo del
inmueble.
Manifestó el actor, que, debido a la situación mencionada anteriormente, perdió
varias posibilidades de compra del inmueble, razón por la cual acudió a la
4 Debido a una notoria falta de estructura lógico-argumentativa por parte del apoderado del
accionante, esta Sala ha tenido que recurrir a los documentos obrantes en el expediente judicial
para reconstruir los hechos jurídicamente relevantes, es decir, aquellos de los que se desprendan
consecuencias jurídicas necesarias para el caso sometido a estudio.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-02117-00
Actora: Dorance Cure Janna
jurisdicción contenciosa administrativa para interponer el medio de control de
reparación directa el 7 de diciembre del 2016.
Dicho proceso le correspondió en primera instancia a el Tribunal Administrativo de
Bolívar, el cual indicó que los demandantes no demostraron los pagos que se
tuvieron que hacer en consecuencia de la pérdida del negocio jurídico, ni las
pérdidas de los dineros consignados, de forma que no constituyó una perdida, ni
daño emergente, por lo que negó las pretensiones de la demanda de reparación
directa.
De igual manera, según lo dicho por el accionante, el Tribunal Administrativo de
Bolívar refirió que «[a]sí las cosas, no se cumple con el presupuesto del título de
imputación del Error Judicial porque no está configurado el Tercer Elemento del
mismo, el cual es que la providencia que decretó el embargo, este (sic) en firme
ya que la misma fue revocada el 17 de febrero de 2016», por ello el Tribunal varió
el título de imputación de error judicial a defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia en virtud del principio Iura Novit Curia.
Dicho fallo fue apelado por Dorance Cure Janna, por lo que el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B5, en segunda instancia, confirmó la sentencia,
debido a que los demandantes no demostraron que el embargo «dentro del
proceso ejecutivo mixto iba a ser levantado en momentos previos a la fecha
prevista para la firma del negocio prometido. No acreditó, en efecto, que hubiera
saldado la deuda, que contaba con la autorización del Juez 5 Civil del Circuito de
Cartagena o con el beneplácito del acreedor dentro de ese proceso para llevar a
cabo la operación prevista en el contrato de promesa».
1.4 Argumentos de la acción.
Del escrito de tutela, se extraen los siguientes argumentos con los que el
demandante demuestra su inconformidad con las providencias atacadas:
DEFECTO ARGUMENTO CENTRAL
ALEGADO
DEFECTO Por haber variado el título de imputación de error judicial a
PROCEDIMENTAL Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
ABSOLUTO
DEFECTO Por haber ignorado diversas situaciones que se dieron en el
FÁCTICO proceso surtido ante los jueces civiles.
DEFECTO Por no reconocer la vulneración a los derechos fundamentales
SUSTANTIVO alegados al debido proceso, al derecho a la defensa, a la buena fe
y lealtad procesal, acceso a la justicia como función pública y por
ende los principios: a) Igualdad; b) Moralidad; c) Eficacia; d)
Economía; e) Celeridad; f) Imparcialidad; g) Publicidad, y por
interpretar de manera errada los artículos 1521 del Código Civil,
en el sentido de que el auto que aprueba las medidas cautelares
5 C.P. Alberto Montaña Plata.
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Actora: Dorance Cure Janna
no es una sentencia judicial y por lo tanto no se le pueden dar los
efectos de tal; adicionalmente por la mala interpretación del
artículo 90 de la Constitución Política.
DECISIÓN SIN Por no justificar debidamente los fallos judiciales de primera y
MOTIVACIÓN segunda instancia.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación a través de auto del 20 de
mayo del 2024, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión (i) ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Bolívar y Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, y (ii) dispuso vincular al señor Libardo Gómez Blanquicett,
y a la Nación - Rama Judicial, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de
1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 Libardo Gómez Blanquicett. Manifiesta, ordenar a las entidades, que se
encuentran vulnerando el derecho al debido proceso, al derecho de defensa,
buena fe y lealtad procesal y falta a la debida motivación, al no reconocer el
medio de control de reparación directa. De forma que solicita que se reconozca el
defecto de procedimiento absoluto, factico, material o sustantivo; y
desconocimiento de precedente.
2.1.2 Tribunal Administrativo de Bolívar6. Solicitó que se declare improcedente
la acción de tutela al no cumplir con los requisitos de procedencia general, ni
existir causal especifica de procedibilidad contra providencia judicial.
Adicionalmente, menciona que no existe ninguna vulneración de derechos, por lo
que se debe negar el amparo deprecado.
2.1.3. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B7. Manifestó, que «la
providencia y el expediente de la respectiva acción de reparación directa (del que
mi despacho no dispone físicamente), contienen los argumentos y elementos
necesarios para que el juez de la acción de tutela tome la decisión que en
derecho corresponda.»
2.1.4. De lo incorporado en la herramienta electrónica Samai, se advierte que las
demás entidades y particulares vinculados, no allegaron escritos contestatarios.
6 Mediante escrito presentado por Moisés Rodríguez Pérez, Magistrado del Tribunal Administrativo
de Bolivar, visible en el índice 2 del expediente digital en SAMAI, PDF 17.
7 Mediante escrito presentado por Alberto Montaña Plata, Magistrado de la Sección Tercera
Subsección B, visible en el índice 2 del expediente digital en SAMAI, PDF 15.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-02117-00
Actora: Dorance Cure Janna
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021, esta Sala es competente para
conocer de la presente solicitud de amparo contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B.
3.2 Cuestión preliminar.
En el asunto sub examine se solicita revocar las sentencias del (i) 27 de agosto
de 2021, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las
pretensiones de la demanda de reparación directa que promovió, junto con otra
persona, contra la Nación - Rama Judicial; y (ii) 4 de marzo de 2024, a través de
la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B confirmó esa
determinación, lo cierto es que el estudio de esta acción de tutela se limitará a la
sentencia de segunda instancia, dado que es a aquella a la que le correspondería
definir en derecho con los argumentos expuestos la apelación contra la sentencia
de primera instancia.
Además de lo anterior, es evidente la falta de técnica argumentativa del
demandante, y a pesar de haber sido requerido mediante el auto del 6 de mayo
del 2024, para que organizara de mejor manera los hechos, pretensiones y
argumentos de la acción de tutela, lo cierto es que en la subsanación se mantuvo
la carencia y sentido lógico del escrito original, lo que repercute en los defectos
alegados.
Es por ello que, en esta providencia procederemos a hacer el estudio de los
defectos que cumplan con un mínimo argumentativo para su discusión, por lo que
se analizarán el defecto fáctico y el procedimental, frente al defecto por decisión
sin motivación se subsumirá al análisis que se realice sobre el defecto
procedimental absoluto, por otra parte, el defecto sustantivo no se estudiará, dado
que el accionante omitió argumentar el sentido o alcance que para él debió
dársele a las normas citadas, en razón a que estas no son su texto sino la
interpretación que se haga de ellos, y el mínimo argumentativo que debió cumplir
era soportar su afirmación de manera lógica y estructurada.
3.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas
8Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-
2009-01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-02117-00
Actora: Dorance Cure Janna
posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema. 9 Al respecto
señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo,
cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales
derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. […]» [Resalta la Sala].
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado10 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional
para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional11 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,12 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
10 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de
agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004
y C-590 de 2005.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-02117-00
Actora: Dorance Cure Janna
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de
alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o
defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de
derechos fundamentales.13
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir
el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
3.4 Problema Jurídico.
Se contrae a determinar si es dable a través de la tutela examinar el eventual
quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar la sentencia del 4 de
marzo de 2024, a través de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B decidió en segunda instancia el proceso ordinario; y, en caso
afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores invocadas en la solicitud
de amparo.
3.4 Análisis de la Sala
3.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
3.5 Defecto fáctico.
Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión»14.
La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos
o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el
funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para
ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que
alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los
eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra15.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
14 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
15 Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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Actora: Dorance Cure Janna
3.6 Defecto procedimental.
Este criterio específico de procedibilidad de la acción de tutela contra la
providencia judicial, se fundamenta en los artículos 29 y 228 de la Constitución
Política, referentes a los derechos al debido proceso, acceso a la administración
de justicia y prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales, que
puede presentarse en dos modalidades: (i) absoluto, cuando el funcionario judicial
se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido, y (ii) por exceso
ritual manifiesto, que ocurre cuando «[…] hay una renuncia consciente de la
verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación
de las normas procesales»16, es decir, se privilegian aspectos formales sobre el
derecho sustancial, lo que afecta la garantía de acceso a la administración de
justicia17.
3.7 Solución al caso concreto.
En el asunto sub judice la Sala evidencia que la inconformidad del actor radica
esencialmente en que en la providencia censurada se varió el título de imputación
de error judicial a defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ello
en aplicación del principio Iura Novit Curia, en la decisión de primera instancia se
refirió que:
«Así las cosas, no se cumple con el presupuesto del título de imputación del
error judicial porque no está configurado el tercer elemento del mismo, el cual
es que la providencia que decretó el embargo, este en firme ya que la misma
fue revocada el 17 de febrero de 2016. El daño que el demandante pretende
le sea resarcido, consiste en el tiempo en que estuvo su bien fuera del
comercio producto de una medida cautelar que no estaba obligado a soportar
y en los yerros en la actuación del Juzgado Noveno Civil Municipal de
Cartagena y en el retardo en la misma que llevaron que durante tanto tiempo
estuviera su bien afectado con una medida cautelar».
El accionante alegó que la decisión de variar el título de imputación contraría su
posición original y es que la actuación surtida ante los juzgados civiles de
Cartagena fue un error judicial, basado en una deficitaria actividad de
administración de justicia, pero ello se contradice con los hechos y las pruebas
allegadas al Tribunal Administrativo y al Consejo de Estado, pues de ellas se tiene
que el auto que decretó la medida de embargo18 no se encontraba en firme como
lo exigía la norma jurídica, es decir, ya no se encontraba surtiendo sus efectos
materialmente.
16 Corte Constitucional, sentencia T-620 de 2013, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
17 Sentencia T-386 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
18 Una vez revisado el expediente allegado al proceso de tutela, no se ha podido identificar el Auto
referido, pero de los fallos de primera y segunda instancia, así como de la apelación contra esos
fallos y la presente acción de tutela se tiene que era un hecho conocido por todas las partes esta
situación.
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Actora: Dorance Cure Janna
Así las cosas, el Tribunal Administrativo en primera instancia y el Consejo de
Estado en segunda instancia lo que hicieron fue proteger los derechos
fundamentales del accionante al adecuar el título de imputación a uno que se
ajustaba a las pruebas allegadas al despacho, lo que a su vez permite evidenciar
la justificación vertida por los operadores judiciales en sus fallos frente a tal
decisión.
Así entonces, no se configura el defecto por exceso ritual manifiesto, pues no se
ha configurado en el procedimiento ordinario alguno de los siguientes elementos.
Aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de
Exceso derechos constitucionales en un caso concreto
Ritual Exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva,
Manifiesto constituyéndose incluso en cargas imposibles de concluir.
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Incurre en rigorismo procedimental en la aplicación de las pruebas.
Se omite el decreto oficioso de pruebas cuándo hay lugar a ello.
En efecto, de acuerdo con lo ya indicado, la Ley 270 de 1996 refiere en sus
artículos 66, 67 y 69 las diferencias existentes entre las figuras de error judicial y
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, siendo que el primero
«Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su
carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una
providencia contraria a la ley» y contiene como presupuestos que (i) El afectado
deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el
artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando
ésta se produzca en virtud de una providencia judicial y (ii) La providencia
contentiva de error deberá estar en firme.
Mientras que, por su parte, el defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia establece que «quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de
la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación.»,
este hecho dañoso puede ser la mora judicial o cualquier otra actuación que
genere un daño palpable y debidamente demostrable.
Por otra parte, frente al defecto fáctico alegado tiene este despacho judicial que el
accionante no mencionó prueba específica que no haya sido valorada de manera
adecuada, por lo que el análisis constará de dos partes, la primera que pretenderá
identificar si hubo omisión por cuenta de la autoridad judicial frente a la práctica
probatoria solicitada por el accionante, lo segundo será identificar si alguna de las
pruebas valoradas lo fue con violación a las garantías mínimas de la sana crítica.
Las siguientes fueron las pruebas valoradas en la primera instancia:
«- Demanda de proceso ejecutivo instaurada por el Banco de Bogotá contra el
señor Eduardo Cure Janna.
19 Corte Constitucional, sentencia T 404 del 2017, M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-02117-00
Actora: Dorance Cure Janna
• Escrito de embargo y secuestro solicitado por el apoderado del Banco
Bogotá, sobre el bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No.
060- 133433 de propiedad del señor Eduardo Cure Janna.
• Auto del 16 de julio de 2007, por medio del cual el Juzgado Noveno Civil
Municipal libró mandamiento de pago a favor del Banco de Bogotá.
-Providencia del 14 de abril de 2008, por medio del cual Juzgado Noveno se
decreta el secuestro del inmueble identificado con folio de matrícula No. 060-
133433.
• Auto del 11 de junio de 2009, mediante el cual el juzgado en comento
dispone que se tengan por cedidos los derechos del ejecutante al Fondo
Nacional de Garantías.
• Proveído del 24 de mayo de 2010, por medio del cual el Juzgado de
conocimiento ordena seguir adelante la ejecución a favor del Fondo Nacional
de Garantías.
• Petición del demandante donde solicita la perención del proceso y el
levantamiento de la medida cautelar de fecha 23 de junio de 2011.
• Derecho de petición elevado por el actor ante el Juzgado Noveno Civil
Municipal el 24 de junio de 2011, en donde aporta un certificado de matrícula
inmobiliaria No. 060-133433 donde acredita ser el titular de dicho bien
inmueble.
• Providencia calendada 28 de junio de 2011, por la cual el juez de
conocimiento resuelve no darle trámite a la petición del actor por no ser parte
dentro del proceso, manifestándole que deberá adelantar los trámites
necesarios ante la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos para que
corrija en caso de existir algún yerro.
• Solicitud de cancelación de embargo radicado por la Registradora de
Instrumentos Públicos de Cartagena el 17 de agosto de 2011, ante el
Juzgado Noveno Civil Municipal, debido a que, el folio matrícula inmobiliaria
No. 060-133433 no pertenece al demandado Eduardo Cure Janna.
• Auto de fecha 7 de septiembre de 2011, que niega la petición anterior.
-Certificado expedido por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de
Cartagena el 18 de mayo de 2012, por medio del cual hace constar que el
inmueble registrado con folio matrícula inmobiliaria No. 060-133433,
pertenece al señor Dorance Cure Janna.
• Proveído que reconoce al Dr. Libardo Gómez como apoderado de Dorance
Cure Janna.
• Copia de la demanda Ad-excludemdum presentada por el actor el 22 de
agosto de 2013 ante el Juzgado Noveno Civil Municipal.
• Auto del 11 de abril de 2014, por medio del cual el juzgado Noveno previo a
la admisión de la demanda Ad-excludemdum, oficia a la Oficina de Registro e
Instrumentos Públicos de Cartagena, para que informe a nombre de quien
aparece el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 060-
133433.
• Auto del 1 de octubre de 2014, proferido por el Juzgado Noveno Civil
Municipal, en el que inadmite la demanda como tercero Ad-excludemdum
presentada por el actor.
-Recurso de apelación interpuesto por el señor Dorance Cure, en contra del
Auto del 1 de octubre de 2014, que inadmitió la demanda Adexcludemdum.
• Certificado de tradición de la matricula inmobiliaria No. 060-165195,
expedida por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Cartagena.
-Providencia del 13 de julio de 2015, mediante el cual el Juzgado Noveno
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-02117-00
Actora: Dorance Cure Janna
requiere al registrador de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de
Cartagena, para que certifique la situación jurídica de los bienes inmuebles
distinguidos en los folios de matrícula No. 060-133433 y No. 060-165195.
-Oficio No. 0602015EE04509 del 27 de julio de 2015, por medio de la cual la
Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Cartagena, adjunta los
certificados de los folios de matrícula Nos. 060-133433 y No. 060-165195.
• Auto de fecha 8 de febrero de 2016, que ordena inspección judicial en la
oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Cartagena, con el objeto de
clarificar la situación jurídica del inmueble embargado.
• Acta de inspección judicial practicada el 17 de febrero de 2016, sobre los
registros históricos y documentales de los bienes inmuebles identificados con
los folios de matrícula Nos. 060-133433 y No. 060-16519547, donde se
ordena levantar la medida cautelar sobre el bien identificado con FMI. 060-
133433, por no ser de propiedad del demandado Eduardo Cure Janna, sino
de Dorance Cure Janna.
-Oficio No. 504 del 17 de marzo de 2016, mediante el cual el Juzgado Noveno
solicita a la oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Cartagena el
desembargo del folio de matrícula No. 060-133433.
• Comprobantes de egresos pagados al señor Eliecer Vega Contreras, por
distintas sumas por concepto de pago de multa y devolución por
incumplimiento del contrato.
-Promesa de compraventa celebrada entre el señor Dorance Cure Janna y el
señor Eliecer Vega Contreras el 16 de febrero de 2007, por el lote de terreno.
En porción A ubicado en la carretera a Rocha Mamonal por un área de 5.592
mts2.
-Oferta de compra presentada por el señor Julio Ribon Ortiz el 28 de junio de
2008, al señor Dorance Cure Janna “por el lote de terreno en porción 3 zona
"A” ubicado en la carretera a rocha en Mamonal en Cartagena con superficie
aproximada de Cinco Mil Quinientos Noventa y Dos (5.592 M2) metros
cuadrados, Registro o Referencia Catastral nbmero 01-10-0577- 0110-000,
localizada en el Perímetro Urbano de Cartagena, alinderado de la siguiente
forma: Por el norte mide Cincuenta y Cuatro (54 Mts), con Catalina Sebastierri
y Pablo Gal~ndo¡ (sic) Por el oeste mide Treinta y Seis (36 Mts), con Pablo
Galindo; Por el sur mide Cuarenta y Cinco (45 Mts) (75-30) con Gomez
Pamba; Por el este mide Noventa y Ocho (98 Mts) (123-25) con Bidiana
Locarno y · Emiro Villero. Con matricula inmobiliaria No-. 060-133433”.
-Oferta de compra presentada por el señor Jose Constantino Torres Higuera
el 30 de agosto de 2009, “por el lote de terreno en porción 3 zona "Al ubicado
en la carretera a rocha en Mamonal en Cartagena con superficie aproximada
de Clndo (sic) Mlil Quinientos Noventa y Dos (5.592 M2) metros cuadrados,
Registro o Referencia Catastral número 01-10-0577-0110-000, localizada en
el Perímetro Urbano de Cartagena, alinderado de la si~uie+e (sic) forma: Por .
el norte mide Cincuenta y Cuatro (54 Mts), con Catalina Sebastierri y Pablo
Gal~ndo¡ Por el oeste mide Treinta y Seis (36 Mts), con Pablo Galindo; Por el
sur mide Cuarenta y Cinco (45 Mts) (75-30) con Gomez Pamba; Por el este
mide Noventa y Ocho (98 Mts) (123-25) con Bidiana Locarno y Emiro Villero.
Con matricula inmobiliaria No-. 060-133433”.
-Testimonio de Eliecer Vega Contreras»
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-02117-00
Actora: Dorance Cure Janna
Una vez contrastados estos elementos, con las pruebas allegadas al proceso por
Dorance Cure Janna,20 se tiene que coinciden íntegramente con los documentos
allegados para la valoración del juez de instancia, dado que el demandante no
indicó en qué forma la interpretación de los mismos fue errada, pues solo
manifestó que no se valoraron algunas circunstancias que acontecieron en el
proceso surtido ante los jueces civiles.
A pesar de lo anterior, lo que si puede evidenciar la Sala es que más allá de las
situaciones particulares de ese último proceso, el Consejo de Estado refirió que
con la totalidad de las pruebas no se encontraba que el accionante en hubiese
sufrido un perjuicio que no estuviese llamado a soportar, pues:
«Dentro de este proceso de reparación directa, no se cuestionó la validez de
la medida cautelar decretada dentro del proceso ejecutivo en el que se
perseguía la garantía real, embargo que, de acuerdo con la legislación
procesal, tenía prelación sobre el que, de manera equivocada, decretó con
posterioridad el Juzgado Civil Municipal de Cartagena. La consecuencia
inmediata del registro de la medida cautelar de embargo dentro del proceso
ejecutivo mixto, conllevaba que el inmueble quedaba excluído del comercio
por disposición de la ley, pues la venta de cosa embargada es sancionada
con nulidad absoluta por objeto ilícito, salvo que la autorice el juez o el deudor
consienta en ella.
Por lo demás, no se allegó prueba de que el embargo decretado dentro del
proceso ejecutivo mixto, hubiera sido levantado y que el embargo que se
decretó de manera errónea hubiera permanecido vigente, produciendo los
efectos que le son propios. Así las cosas, dado que no está cuestionada la
imposición y práctica de esa medida cautelar inicial, las afectaciones que
experimentó el patrimonio del extremo actor con ocasión de ella debían
asumirse legítimas y, por lo mismo, se encontraba en la obligación jurídica de
soportarlas.
El hecho de que, con posterioridad a la primera medida cautelar decretada, se
hubiera inscrito, de manera equivocada, otro embargo sobre el mismo bien
(anotación 7, inscrita el 27 de julio de 2007), era una vicisitud que, en la
situación jurídica que ya se encontraba el extremo actor, no configuraba un
daño autónomo o distinto, ni agravaba el que ya padecía. El primer embargo
practicado sobre el inmueble de su propiedad, por sí solo, tenía por objeto y
como efecto, la imposibilidad de que sobre ese bien se realizaran actos de
carácter dispositivo. Esa limitación al derecho de domino, se insiste, no está
discutida, por lo que debe asumirse que Cure Janna ya padecía de manera
legítima.»
Es decir, contrario a lo afirmado por Dorance, la valoración probatoria realizada en
el proceso de reparación directa fue realizada de manera integral y con
observancia de la sana crítica, pues identificó adecuadamente que sobre el
20 Visibles en el expediente SAMAI, índice 17, archivo ZIP PRUEBAS_OneDrive_1_2352024, PDF
01.
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Actora: Dorance Cure Janna
mismo bien inmueble se encontraba otra medida cautelar impuesta en un proceso
distinto, por lo que el bien estaba excluido del comercio por dicha orden judicial,
sin que se hubiese probado al menos que contaba con el permiso del juez para
poder comercializarlo.
Esto implica que, en lo que atañe a la acción de tutela aquí adelantada, las
actuaciones de la autoridad judicial no se evidencian como abusivas, arbitrarias o
evidentemente contrarias a las reglas de la sana critica y a la argumentación
como fuente de legitimidad de la actividad judicial, cosa distinta es que las
resultas del proceso fuesen contrarias a los intereses del demandante, lo que en
manera alguna lo habilita para interponer la acción de tutela contra las
providencias judiciales, habida cuenta que este instrumento no puede ser
considerado como una acción que habilite una tercera instancia.
Por último, no puede dejar pasar la Sala un llamado de atención para el
apoderado Dorance Cure Janna, pues el ejercicio de la abogacía implica la
necesaria actitud de mejoría personal y profesional, lo que se debe reflejar
necesariamente en la calidad de los textos jurídicos con los que se acude ante los
jueces en busca de la recta justicia.
IV. DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto la parte
actora no acreditó la violación alegada contra sus derechos fundamentales, razón
por la cual, se negará la acción de amparo solicitada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1º. NEGAR el amparo del derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia invocados por Dorance Cure Janna, de conformidad con
las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
2º. NOTIFÍQUESE esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
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Actora: Dorance Cure Janna
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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